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¿Es competente la Sección Tercera del Consejo de Estado para conocer recurso de apelación contra sentencia de primera instancia proferida por un tribunal administrativo, referente a la adjudicación de rutas de transporte? Sí
El contratista puede interponer un recurso de apelación ante la Sección Tercera del Consejo de Estado contra una sentencia de primera instancia proferida por un tribunal administrativo, siempre que la cuantía de la pretensión supera los 500 SMLMV y el asunto esté relacionado con actos administrativos que no sean contratos estatales, como la adjudicación de rutas de transporte. En este caso, la entidad demandada adjudicó una ruta de transporte terrestre, y el recurso de apelación fue competente para la Sección Tercera del Consejo de Estado, pese a que la Resolución 084 de 2011 podría haber sido atribuida a la Sección Primera según el Acuerdo 058 de 1999. La distribución de competencia entre secciones no altera la competencia funcional del Consejo de Estado, y la Sección Tercera ha reiterado su competencia para resolver demandas contra la adjudicación de rutas de transporte, siempre que el acto sea un acto administrativo y no un contrato estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, frente al acto que adjudica una ruta terrestre de transporte de pasajeros?¿Se entenderán demandados los actos que resolvieron los recursos interpuestos contra un acto administrativo definitivo, cuya nulidad se pretende?¿El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho fue presentado dentro de los cuatro meses siguientes a notificación de la resolución que resolvió el recurso de apelación interpuesto…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas2022-04-26Sala Consulta y Servicio CivilEDGAR GONZÁLEZ LÓPEZRad. 11001030600020220001700CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es competente para resolver un conflicto de competencias administrativas cuando la solicitud sobre la cual recae el conflicto se refiere al ejercicio de funciones jurisdiccionales? No
De esta manera, debe señalarse que la solicitud se ha formulado con el objetivo de obtener una decisión dentro del marco del ejercicio de funciones jurisdiccionales, y no de funciones administrativas. En ese orden, la solicitud sobre la cual recae el conflicto de competencias no es administrativa sino jurisdiccional, lo que determina la falta de competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil para definir el asunto que se pone a su consideración.… Teniendo en cuenta que la Superintendencia de Transporte manifiesta que no cuenta con facultades jurisdiccionales, será el Tribunal Superior de Bogotá el que deberá determinar si es la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Transporte u otra que tenga a cargo funciones judiciales la que deba conocer del asunto.
También resuelve:¿La Superintendencia de Transporte es la entidad competente para conocer sobre las presuntas irregularidades e infracciones en las que pudo incurrir una empresa de transporte en el marco de un…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas2024-12-04Sala Consulta y Servicio CivilANA MARIA CHARRY GAITANRad. 11001030600020240048400CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿El Ministerio de Transporte, es la autoridad competente para resolver de fondo una petición sobre la entidad o concesión a cargo de la intervención, mantenimiento y rehabilitación del tramo vial de la Ruta Nacional 5601 comprendido entre el PR 47+240 (Valla Fin Concesión) y el PR 48 +500 (Barrio Los Urrea), a la entrada de la zona urbana del municipio de La Unión (Antioquia)? Sí
Conforme a los elementos fácticos y jurídicos que circunscriben el presente caso, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado declarará competente al Ministerio de Transporte, en el asunto de la referencia, por las razones que a continuación se expresan: (i) El tramo de la carretera objeto de debate, hace parte de una vía del orden nacional, que de acuerdo con los artículos 11 y 12 de la Ley 105 de 1993 hace parte de la infraestructura nacional de transporte. (ii) Se trata de una ruta nacional, adicionalmente, porque así lo reconoce el Decreto 1735 de 2001, que la considera infraestructura de transporte a cargo de la Nación, y la describe como la ruta general 5601, en los tramos Medellín-Don Diego La Unión-Sonsón, Sector Medellín-La Unión y Medellín-Don Diego-La Unión Sonsón, Sector La Unión- Sonsón.
¿Corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo el conocimiento de una demanda contra un acto administrativo proferido por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, cuya pretensión económica supera los 300 SMLMV, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo proferido por una entidad pública del orden nacional, conforme al artículo 104 del CPACA, pues el objeto del litigio es la legalidad de ese acto. La regla se apoya en que la competencia se determina por la naturaleza pública de la entidad que expide el acto, y en que el Consejo de Estado resuelve la apelación de la sentencia del tribunal conforme a los artículos 150 y 152 del CPACA, vigentes a la fecha de radicación de la demanda, por la cuantía de la pretensión. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, los actos de entidades públicas nacionales que afecten derechos económicos del administrado quedan sometidos al control de esta jurisdicción, y su apelación corresponde al Consejo de Estado cuando la cuantía lo exige.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es la vía judicial idónea para solicitar la nulidad del acto de adjudicación proferido dentro del proceso de selección abreviada por…¿Una demanda presentada el 13 de diciembre de 2017 contra un acto administrativo notificado en estrados el 30 de mayo de 2017…¿Están legitimadas en la causa por activa las sociedades que integran una unión temporal para demandar la nulidad del acto administrativo de adjudicación cuando participaron en el proceso de…
13001-23-33-000-2018-00715-01_AP2021-07-23Sección Primera
ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DE LA RED VIAL NACIONAL PRIMARIA,SECUNDARIA Y TERCIARIA,CATEGORIZACIÓN DE LA RED VIAL,INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE,PLANIFICACION Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE,ESPACIO PÚBLICO,VÍAS –…
¿Cuál es el régimen jurídico aplicable a las sociedades de participación mayoritaria estatal que desarrollan actividades en competencia para contratar esquemas de participación privada?
El contratista debe cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, independientemente del régimen contractual que adopte, lo que implica que las sociedades de participación mayoritaria estatal que desarrollan actividades en competencia con el sector privado deben regirse por las normas específicas del sector en el que operan, como el Estatuto Nacional de Transporte para el transporte ferroviario. Esto significa que aunque estas entidades pueden optar por contratar esquemas de participación privada bajo su propio régimen contractual, no pueden desplazar o modificar las normas sectoriales que regulan sus actividades, como los requisitos de habilitación y permiso de operación. La entidad contratante debe verificar y consignar en los estudios y documentos previos el cumplimiento de estos requisitos, y su determinación de la modalidad contractual debe responder a los principios que rigen los regímenes especiales de contratación, lo que implica que la sola habilitación para contratar esquemas de participación privada no garantiza su adecuación y conveniencia.síntesis automática
También resuelve:Transporte ferroviario: Ley 336 de 1996, habilitación y permiso de operaciónServicio público de transporte: Decreto 1079 de 2015, título habilitantePlaneación: Ley 1150 de 2007, Artículo 13
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2022-06-17Sala Consulta y Servicio CivilANA MARIA CHARRY GAITANRad. 11001030600020210008400CONCEPTOS PARA PRECAVER LITIGIOS
¿Un aeropuerto de uso público y a cargo de una entidad con carácter de Unidad Administrativa Especial es objeto pasivo del impuesto predial y contribución por valorización? No
Conforme a lo explicado en este concepto, los aeropuertos públicos que son propiedad de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, o son administrados directamente por ella, en ejercicio de sus funciones legales, no pueden ser gravados, en principio, con el impuesto predial ni con la contribución de valorización, salvo algunas áreas, en cualquiera de los siguientes dos casos: i) Las construcciones, edificaciones o cualquier tipo de mejora sobre estos bienes, que estén en manos de particulares, pueden ser gravadas con el impuesto predial unificado, por parte de los distritos, tal como lo establecen el artículo 6, numeral 3°, de la Ley 768 de 2012 y el artículo 26, numeral 3°, de la Ley 1617 de 2013.
También resuelve:¿La existencia de operadores de prestación de servicio de transporte aéreo de pasajeros y de carga, en un aeropuerto de uso público a cargo de una entidad con carácter de Unidad Administrativa…¿La existencia de operadores de prestación de servicio de transporte aéreo de pasajeros y de carga, en un aeropuerto de uso público a cargo de una entidad con carácter de Unidad Administrativa…¿La existencia de locales comerciales y la explotación económica de estos por parte de particulares, dentro de los aeropuertos a cargo de una entidad con carácter de Unidad Administrativa Especial…
¿El recurso de apelación determina el marco de competencia del juez de segunda instancia cuando hay apelante único? Sí
El juez de segunda instancia debe limitar su competencia al marco establecido por el recurso de apelación presentado por el apelante único, conforme al artículo 328 del Código General del Proceso, que reitera la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado. En el caso de controversias contractuales, la jurisdicción contenciosa administrativa es competente para resolver disputas sobre la legalidad de actos administrativos contractuales que imponen multas en contratos de concesión, según el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 75 de la Ley 80 de 1993. El cómputo del término de caducidad para acciones de controversias contractuales se inicia desde la fecha en que el acto administrativo demandado cobró firmeza, como lo establece el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998. Para contratos de concesión celebrados por entidades del Estado, la normativa aplicable es la del Estatuto General de Contratación y la normatividad específica del servicio público de transporte masivo de pasajeros, según la naturaleza y composición accionaria de la entidad concesionaria.síntesis automática
También resuelve:¿Es competente la jurisdicción contenciosa administrativa para resolver la controversia por la declaración de nulidad del acto administrativo contractual que impone multa en el marco de un contrato…¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando en la demanda se solicita la declaración de nulidad del acto administrativo contractual que…¿Cuál es el régimen jurídico aplicable al contrato de concesión suscrito por una Empresa Industrial y Comercial del Estado (“EICE”) que tiene por objeto el transporte público masivo de pasajeros?
¿La Sección Tercera del Consejo de Estado tiene competencia para resolver en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos? Sí
El contratista tiene competencia para interponer un recurso de apelación ante la Sección Tercera del Consejo de Estado en segunda instancia contra las sentencias dictadas por los tribunales administrativos, siempre y cuando la cuantía del daño emergente y lucro cesante supere el monto mínimo establecido en la Ley 1437 de 2011. Esta posición se sustenta en el artículo 150 de la misma ley, que otorga al Consejo de Estado la facultad de conocer en segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias de los tribunales administrativos. Además, la Sección Tercera puede conocer de casos que normalmente serían de competencia de la Sección Primera, siempre y cuando no haya objeciones por parte de las partes y el acto no sea precontractual. Esta decisión reitera y unifica la jurisprudencia existente sobre la competencia de la Sección Tercera en casos de nulidad y restablecimiento del derecho relacionados con la adjudicación de rutas de transporte.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda fue presentada dentro del término para el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho?¿La resolución demandada se profirió con falta de competencia por cuanto el procedimiento administrativo ya se había agotado?¿Se acreditaron en debida forma los perjuicios materiales para que proceda su reconocimiento?
¿Es posible utilizar los Documentos Tipo de Obra Pública de Infraestructura de Transporte en su versión 3ra para un proceso que será publicado durante el año en curso (2024)?
La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente realizó modificaciones a los documentos tipo del sector de infraestructura de transporte - a las modalidades de Licitación Pública, selección abreviada (menor cuantía) y a los documentos tipo de mínima cuantía.
También resuelve:Documentos tipo: licitación de obra pública, infraestructura de transporte
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-11-11Sección Tercera (Subsección A)JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZRad. 25000233600020180102302LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La conciliación y la transacción son mecanismos jurídicos diferentes en cuanto a su naturaleza, procedimiento e intervención de terceros? Sí
El contratista y la entidad estatal deben distinguir entre la conciliación y la transacción, mecanismos que aunque buscan resolver conflictos de manera consensuada, difieren en su naturaleza y procedimiento. La conciliación requiere la intervención de un conciliador o un agente del Ministerio Público, y su objetivo es extinguir la obligación en conflicto mediante la mediación de un tercero. En contraste, la transacción es un contrato bilateral en el que las partes realizan concesiones recíprocas para poner fin a un litigio pendiente o potencial sin la intervención de un tercero. La Sala reitera que la conciliación prevalida debe contar con la intervención de un conciliador, y que la transacción celebrada por entidades públicas debe cumplir con los requisitos contractuales y contar con la autorización previa de la autoridad competente, lo que implica que un acuerdo suscrito sin dicha intervención o autorización no puede ser considerado como una conciliación válida y debe ser tratado como una transacción, cuya aceptación depende de la legalidad y procedencia de los requisitos y autorizaciones respectivas.síntesis automática
También resuelve:¿Puede calificarse como conciliación un acuerdo suscrito entre entidades y particulares sin la intervención de un agente del Ministerio Público o de un juez?¿Debe una transacción cumplir requisitos contractuales y contar con autorización previa de la autoridad competente cuando es celebrada por entidades públicas?
¿Debe la adquisición de ambulancias de transporte asistencial medicalizado y de transporte asistencial básico, financiadas con recursos del Presupuesto General de la Nación, ser clasificada como ‘dotación biomédica’ para efectos del parágrafo 2 de la Resolución 1440 de 2024 y, en consecuencia, someterse obligatoriamente a la modalidad de convocatoria pública prevista en la Resolución 5185 de 2013 por medio de la cual se fijan los lineamientos contractuales aplicables a las Empresas Sociales del…
El contratista debe clasificar la adquisición de ambulancias de transporte asistencial medicalizado y de transporte asistencial básico como dotación biomédica para efectos del parágrafo 2 de la Resolución 1440 de 2024, dado que estas entidades de régimen especial, como las Empresas Sociales del Estado, deben someterse a reglas mínimas que garanticen el cumplimiento de principios de la función pública y del control fiscal, incluyendo la obligación de expedir manuales de contratación que regulen sus procedimientos contractuales. Esta regla implica que la adquisición de ambulancias debe someterse obligatoriamente a la modalidad de convocatoria pública prevista en la Resolución 5185 de 2013, lo que asegura transparencia y calidad en los procesos contractuales de las ESE.síntesis automática
También resuelve:Entidades con régimen especial: definiciónEmpresas sociales del estado: régimen jurídico, reglas aplicables, Resolución 5185 de 2013, lineamientos en la adopción del Estatuto de ContrataciónAdquisición de ambulancias de transporte asistencial medicalizado y transporte de asistencia básica: estudios y documentos previos, análisis técnico y normativo, determinación dotación biomédica
¿El indicador de Patrimonio únicamente es exigible para los proyectos de obra cuyo presupuesto oficial sea mayor o igual a 40.000 SMMLV y cuente con un plazo de ejecución igual o superior a 24 meses?
La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente realizó modificaciones a los documentos tipo del sector de infraestructura de transporte, en las modalidades de licitación pública, selección abreviada de menor cuantía, y a los de mínima cuantía.
También resuelve:Documentos tipo: licitación de obra pública, infraestructura de transporteDocumentos tipo de infraestructura de transporte: requisitos de capacidad financiera y organizacional, patrimonio
¿Cómo opera el indicador de patrimonio en los documentos tipo de licitación de infraestructura de transporte –versión 4–, particularmente, cuando se trata de MiPymes?
Los documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte, versión 4, son de obligatoria observancia para las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, por lo que no pueden variar los requisitos que en ellos se fijan ni establecer reglas o requisitos adicionales para la presentación de ofertas y la acreditación de los requisitos habilitantes. El indicador de patrimonio se regula en el numeral 3.8 del documento base, que describe cuándo debe solicitarse y las particularidades que aplican cuando el proponente se presenta bajo una figura plural. El concepto precisa que, en el nuevo documento tipo, el patrimonio solo se solicita como indicador adicional de capacidad financiera en los proyectos de obra cuyo presupuesto oficial sea igual o superior a 40.000 smmlv y cuyo plazo de ejecución sea igual o superior a 24 meses. Fuera de ese supuesto, el indicador no hace parte de los requisitos del proceso. La consecuencia práctica es que la entidad debe verificar primero el monto y el plazo del proyecto antes de incluir el patrimonio como requisito.síntesis automática
También resuelve:Documentos tipo: fundamento normativoDocumentos tipo de infraestructura de transporte: licitación, versión 4, patrimonio, indicadores financieros y organizacionales
¿Se desvirtuó la presunción de legalidad de la declaración de caducidad contractual? No
El contratista no desvirtúa la presunción de legalidad de la declaración de caducidad contractual cuando incumple gravemente las obligaciones contractuales, especialmente si estos incumplimientos ponen en riesgo la continuidad del servicio y la naturaleza intuito personae del contrato. En este caso, el contratista no obtuvo la habilitación necesaria para el centro público o privado, lo que puso en grave riesgo la continuidad del servicio, además de otros incumplimientos graves que justificaron la caducidad del contrato. La entidad estatal, al declarar la caducidad, actuó dentro de sus facultades legales y no se desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo. Esta regla reitera la importancia de cumplir con las obligaciones contractuales y las condiciones establecidas para la continuidad del servicio, lo que implica que la entidad estatal puede declarar la caducidad del contrato ante incumplimientos graves que afecten la prestación del servicio.síntesis automática
También resuelve:¿Se desvirtuó la presunción de legalidad de la cual gozan los actos administrativos demandados?¿El oficio suscrito por el secretario de tránsito constituyó autorización al contratista para constituirse como una SAS?¿La administración también sustentó la caducidad del contrato en el hecho de que la garantía única del contrato amparaba a la UT y no a la nueva SAS?
¿Cómo se evalúa la experiencia del personal clave evaluable en los documentos tipo de interventoría de infraestructura de transporte, particularmente, en el caso de director o residente de interventoría?
El contratista debe evaluar la experiencia del personal clave evaluable en los documentos tipo de interventoría de infraestructura de transporte, conforme a la Matriz 4 de Colombia Compra Eficiente, que estandariza requisitos de experiencia y formación académica. La entidad contratante debe diligenciar o completar los apartados relevantes de los documentos tipo, como el Anexo 1 y el numeral 3.8.2 del documento base. La Matriz 4 no incluye el cargo de subdirector de interventoría como equivalente para el perfil de Director de Interventoría, pero la entidad puede determinar si las funciones del subdirector son equivalentes a las del Director o Residente de Interventoría, aplicando las homologaciones indicadas. La experiencia en cargos de Director o Residente de Obra no necesariamente es válida para los cargos de Director o Residente de Interventoría, debido a las funciones adicionales en aspectos administrativos, técnicos, financieros y jurídicos. Esta regla reitera la obligación de las entidades estatales de aplicar los documentos tipo en los procesos de contratación, permitiendo a cada entidad evaluar la experiencia del personal clave evaluable de acuerdo con las particularidades del proceso de contratación.síntesis automática
También resuelve:Documentos tipo: fundamento normativo, obligatoriedadDocumentos tipo de interventoría de infraestructura de transporte: matriz 4, lineamientos de requisitos del personal, evaluación de la experiencia del personal clave evaluable, equivalencias
¿Cuál es el alcance de los métodos de ponderación de la experiencia y la TRM?
El contratista debe utilizar la parte decimal de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para determinar el método de ponderación de la experiencia entre cuatro alternativas: mediana con valor absoluto, media geométrica, media aritmética alta y media aritmética baja. La TRM se toma el segundo día hábil después de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluación, lo que permite conocer la TRM posterior a la subsanación de posibles errores en la propuesta. Esta modificación busca prevenir situaciones que puedan llevar a colusión y garantizar la transparencia en la contratación estatal, reiterando la importancia de seguir los Documentos Tipo expedidos por Colombia Compra Eficiente para evitar irregularidades.síntesis automática
También resuelve:Documentos tipo de interventoría de infraestructura de transporte: versión 3, numeral 4.1 del documento base, métodos de ponderación de la experiencia del proponente, ponderación de la experiencia
¿En la experiencia específica de la actividad 3.3 de la Matriz 1 de los documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte – versión 4, la expresión “ENROCADOS O ESCOLLERAS MARITIMAS” admite enrocados ejecutados en ambientes fluviales, y pueden las entidades estatales precisar o ampliar ese alcance?
El contratista debe acreditar la experiencia específica de enrocados o escolleras marítimas según la Matriz 1 de la experiencia en documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte, lo que implica que la entidad estatal no puede ampliar el alcance de esta experiencia a enrocados ejecutados en ambientes fluviales, a pesar de que la experiencia general permita proyectos en ambos entornos. La entidad estatal no puede modificar ni precisar el alcance de la experiencia específica establecido en la matriz, ya que esta define las condiciones de experiencia que deben observarse en los procesos de contratación pública, lo que implica que cualquier interpretación distinta requeriría una modificación formal de la matriz por parte de Colombia Compra Eficiente.síntesis automática
También resuelve:Documentos tipo: infraestructura de transporte, experienciaDocumentos tipo de infraestructura de transporte: matriz 1, actividad 3.3, enrocados o escolleras, obras marítimas y fluvialesLa actividad 3.3 de la matriz 1 se denomina: “proyectos de construccion o mejoramiento o rehabilitacion o reconstruccion o mantenimiento de obras complementarias a canales de acceso maritimo, a canales navegables fluviales, obras de proteccion de orilla o control de inundaciones o de encauzamiento”
¿Quién debe suscribir el FORMATO 8 – Vinculación de personas con discapacidad del documento tipo de licitación de obra pública de transporte en el caso de los proponentes plurales?
El contratista debe suscribir el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad, ya sea la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, para certificar el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente y cumplir con el requisito de acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en la planta de personal, como lo establece el Decreto 1082 de 2015. En el caso de proponentes plurales, cada integrante debe presentar de forma independiente su formato 8, y la entidad evaluará el requisito considerando la planta de personal del integrante que aporte al menos el 40% de la experiencia requerida en el proceso de selección, lo que implica que cada integrante debe cumplir con este requisito individualmente sin que sea necesario que lo haga el representante legal de la estructura plural.síntesis automática
También resuelve:Documentos tipo: fundamento Normativo –Ley 2022 de 2020Puntaje adicional: personas con discapacidad, requisitos, acreditación, formato 8
¿El manejo de los precios artificialmente bajos es obligatorio?
Cuando el valor de una oferta parezca artificialmente bajo, el manejo de ese precio es obligatorio para la entidad. El artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 dispone que la entidad debe requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido, y que el comité evaluador analiza esas explicaciones para recomendar rechazar la oferta o continuar con su análisis. Si las dudas responden a circunstancias objetivas del oferente y de su oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento del contrato, la entidad debe continuar con el análisis de evaluación. El deber de análisis de que trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del mismo decreto obliga a la entidad a advertir si una oferta parece artificialmente baja. En los documentos tipo de infraestructura de transporte, versión 4, el requerimiento se formula en la audiencia efectiva de adjudicación, de acuerdo con el numeral 4.1.3. Por el contrario, si no observa ninguna oferta artificialmente baja, la entidad no tiene que hacer requerimiento alguno y continúa con el proceso de selección. Así, la expresión si es necesario de los documentos tipo condiciona el requerimiento a que la entidad advierta el precio artificialmente bajo.síntesis automática
También resuelve:Precios artificialmente bajos: nociónDocumentos tipo de infraestructura de transporte: precios artificialmente bajos, manejo, requerimiento, audiencia efectiva de adjudicación
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