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Consejo de Estado
Providencia
El término de caducidad de la acción de controversias contractuales se cuenta a partir de la liquidación del contrato
Sentencia — Sentencia
2022-03-30
Sección Tercera (Subsección B)
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Rad. 05001233100019990195502
ACCION CONTRACTUAL
¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales se cuenta a partir de la liquidación del contrato? Sí
El contratista no puede demandar por controversias contractuales después de que caduque la acción, y el término de caducidad se cuenta a partir de la fecha en que se realiza la liquidación bilateral del contrato, no desde cuando debió liquidarse, según el auto de unificación del 1° de agosto de 2019. En este caso, la liquidación bilateral se efectuó mediante un acta de finiquito conforme a lo pactado en el pliego de condiciones, y el término de caducidad se extendió hasta el primer día hábil siguiente a la fecha límite de presentación de la demanda, permitiendo así su interposición. Además, el contrato estatal estaba sujeto al derecho privado, por lo que EPM no estaba obligada a restablecer el equilibrio económico del contrato por la alteración de la ecuación financiera, y cumplió sus obligaciones al pagar las obras a los precios pactados por la modalidad de precios unitarios. El dictamen pericial no acreditó la existencia y el monto de los perjuicios reclamados, ya que no cumplió con los requisitos establecidos para probar la existencia de situaciones imprevistas que justificaran un ajuste en los precios unitarios del contrato.síntesis automática
También resuelve:
¿El contrato estaba sujeto a las normas de derecho privado?
¿EPM cumplió sus obligaciones contractuales en tanto que pagó las obras realizadas a los precios pactados en el contrato por la modalidad de precios unitarios?
¿La prueba pericial aportada brindó los elementos técnicos suficientes para determinar la existencia y el monto de los perjuicios reclamados?
Consejo de Estado
Providencia
Contrato de concesión: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2025-07-02
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 70001233100019980028901
ACCION CONTRACTUAL
¿El régimen aplicable al contrato de concesión suscrito para el mantenimiento de la infraestructura del alumbrado público, es el contenido en la Ley 80 de 1993 y sus reformas, no solo porque dicho servicio no se encuentra incorporado dentro del régimen de la Ley 142 de 1994 ateniente a los servicios públicos domiciliarios, sino también porque fue suscrito por una entidad estatal territorial? Sí
El contratista y la entidad estatal territorial celebran un contrato de concesión para el mantenimiento de la infraestructura del alumbrado público, cuyo régimen jurídico es el contenido en la Ley 80 de 1993 y sus reformas, no solo porque el servicio no está incorporado en el régimen de la Ley 142 de 1994, sino también porque la celebración del contrato se ajusta a la competencia de la entidad territorial conforme a los artículos 2 y 32 de la Ley 80 de 1993. La Sala confirma que el contrato se perfeccionó a pesar de las irregularidades en las pólizas de garantía, al diferenciar el perfeccionamiento del contrato de su ejecución, reiterando la jurisprudencia sobre la valoración de copias simples de documentos y la procedencia de la acción de controversias contractuales en casos de incumplimiento.síntesis automática
También resuelve:
¿La acción de controversias contractuales resulta procedente para solicitar la declaratoria de incumplimiento del contrato de concesión objeto de estudio?
¿La legitimación en la causa en las acciones contractuales se encuentra en cabeza de las partes del contrato de concesión…
¿Cuentan con valor probatorio los documentos allegados al proceso en copia simple?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Tampoco es suficiente dicho argumento para desvirtuar la cuantificación de los perjuicios del acto demandado
Sentencia — Sentencia
2024-02-05
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000232600020090087102
ACCION CONTRACTUAL
¿El proceso de contratación directa para la construcción de las obras resulta suficiente para desvirtuar la existencia de los perjuicios sufridos por la entidad contratante? No
La existencia del perjuicio por la entrega deficiente del objeto de un contrato de consultoría no se desvirtúa con argumentos sobre el proceso de contratación directa posterior, sino con prueba de que el producto cumplía las exigencias contractuales de calidad. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la frustración del objeto pactado en la consultoría fue determinante, y el argumento sobre la contratación directa no acredita que los productos satisficieran la necesidad contratada. Segunda, la cuantificación del perjuicio se fundó en la efectividad del amparo de calidad por el valor asegurado, y esa cuantificación no fue desvirtuada por la parte actora. Tercera, conforme a la carga de la prueba, quien alega el cumplimiento de la calidad debía demostrarlo. La providencia revoca la decisión de primera instancia y mantiene la cuantificación del acto. La consecuencia práctica es que el contratista que pretende desvirtuar la indemnización por calidad deficiente debe probar la calidad del producto y no basta con la existencia de otro proceso de contratación.síntesis automática
También resuelve:
¿Los productos resultantes de la consultoría satisficieron la necesidad para la cual fueron contratados?
¿El dictamen pericial carece de la fuerza probatoria necesaria para desvirtuar los hechos que le dieron sustento al acto administrativo demandado?
¿La declaratoria del siniestro trató de ocultar la negligencia en adelantar la construcción de la obra?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
El régimen de contratación de EPM, se gobierna por el derecho común o privado y los actos expedidos
Sentencia — Sentencia
2024-09-23
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 05001233100020020068401
ACCION CONTRACTUAL
¿El régimen de contratación de EPM, se gobierna por el derecho común o privado y los actos expedidos con ocasión del negocio jurídico, son actos contractuales? Sí
El contratista no puede anular la resolución de EPM que liquida unilateralmente un contrato de obra, ya que este régimen de contratación se rige por el derecho privado y no por el derecho administrativo, por lo que los actos expedidos en el marco del contrato no son actos administrativos sino contractuales. La Sección Tercera del Consejo de Estado confirma que la liquidación unilateral es un acto contractual y no administrativo, por lo que no está sujeto a los mismos requisitos y efectos que un acto administrativo. Esta decisión reitera la jurisprudencia que establece que las empresas de servicios públicos domiciliarios como EPM se rigen por el derecho privado en sus contratos, lo que implica que las cláusulas de liquidación son pactos accesorios y no actos administrativos obligatorios.síntesis automática
También resuelve:
¿Es pasible de anulación la Resolución 196502 de 2001, mediante la cual EPM liquidó unilateralmente el contrato de obra 1104308 de 1999, después de que, como aduce la parte recurrente…
¿Es procedente incluir cláusulas de exoneración de responsabilidad en los contratos, en cuanto esta estipulación no implique una condonación del dolo futuro…
¿Incumplió EPM su obligación de restablecer el equilibrio económico del contrato 1104308 de 1999, al no reconocer, a favor de la contratista…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía
Sentencia — Sentencia
2025-09-01
Sección Tercera (Subsección A)
MARÍA ADRIANA MARÍN
Rad. 85001233300020150006402
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación en segunda instancia en contratos estatales por razón de su cuantía, conforme al artículo 152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), y su legitimación en la causa se acredita tanto para la entidad pública como para el contratista. La competencia del juez de segunda instancia se limita a los argumentos del recurso de apelación, conforme al artículo 328 del Código General del Proceso, y no puede reformar puntos íntimamente relacionados con la modificación salvo que sea indispensable, garantizando la non reformatio in pejus. Además, el reconocimiento de componentes de utilidad (AIU) en un convenio de asociación para el desarrollo de vivienda de interés social es improcedente cuando no se pactó precio y el vínculo negocial es no conmutativo, ya que la Ley 388 de 1997 permite la celebración de contratos de fiducia sin las limitaciones del régimen de contratación estatal, pero no establece una regulación especial para proyectos de vivienda de interés social. Esta decisión reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y limita la actuación del juez en apelaciones, mientras que matiza la posibilidad de reconocer AIU en convenios de asociación para vivienda de interés social.síntesis automática
También resuelve:
¿El contratista y la entidad pública contratante como partes del negocio jurídico que sirve como fuente de la controversia, se encuentran legitimados para acudir al proceso?
¿La competencia del juez de segunda instancia se encuentra delimitada por los argumentos del recurso de apelación?
¿Es improcedente el reconocimiento de componentes de utilidad (AIU) en un convenio de asociación para el desarrollo de vivienda de interés social…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La acción de controversias contractuales se ejerció en el término bienal previsto por la ley
Sentencia — Sentencia
2024-11-08
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 15001233100020120006801
ACCION CONTRACTUAL
¿La acción de controversias contractuales se ejerció en el término bienal previsto por la ley? Sí
El término bienal de caducidad de la acción de controversias contractuales depende de si el contrato debe liquidarse y de cómo se liquida. Según el artículo 136, numeral 10, del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, el conteo inicia desde la firma del acta de liquidación bilateral, desde la ejecutoria del acto que aprueba la liquidación unilateral o, si ninguna se realizó, desde el vencimiento del plazo para liquidar. Los plazos supletorios de la Ley 80 de 1993 son de cuatro meses para la liquidación bilateral y de dos meses para la unilateral. Si la liquidación bilateral se firma dentro de los dos años posteriores al vencimiento del plazo para la liquidación unilateral, el conteo inicia desde el día siguiente a la firma del acta. En el caso concreto la acción se ejerció dentro del término bienal y la decisión de primera instancia fue revocada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que el término se calcula sobre los plazos de liquidación y no sobre la fecha de terminación de la obra.síntesis automática
También resuelve:
¿El hecho de que la contratista deje de obtener las utilidades esperadas o surjan mayores costos en la ejecución del contrato, constituye un rompimiento del equilibrio económico del contrato?
¿Los reparos formulados por el INVIAS al dictamen pericial, se ajustan a los que se consideran como de error grave conforme lo dispuesto en el artículo 238 del CPC y a la jurisprudencia…
¿Probó la accionante que la interventoría empleó tiempo excesivo para aprobar definitivamente los estudios y diseños presentados oportunamente por la contratista; y que, por causa de esto…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
El documento suscrito el 30 de noviembre de 1990 constituye un contrato minero de naturaleza administrativa
Sentencia — Sentencia
2025-09-17
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 25000232600020040152202
ACCION CONTRACTUAL
¿El documento suscrito el 30 de noviembre de 1990 constituye un contrato minero de naturaleza administrativa, de modo que las controversias derivadas de él corresponden a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo? Sí
El contratista no puede alegar la inexistencia del contrato minero para desestimar la acción de controversias contractuales, ya que la naturaleza administrativa del documento suscrito el 30 de noviembre de 1990, celebrado por una entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, lo convierte en un contrato administrativo conforme a las disposiciones del Decreto Ley 2655 de 1988 y el Decreto Ley 222 de 1983, por lo que las controversias derivadas de él corresponden a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Además, el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de este tipo de litigios, siempre que la cuantía del asunto supere los 500 SMLMV, tal como dispone el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. Esta sentencia reitera y matiza la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa en controversias contractuales mineras, lo que implica que las partes deben acogerse a esta jurisdicción para resolver disputas relacionadas con contratos mineros, independientemente de la existencia o no del contrato en términos formales.síntesis automática
También resuelve:
¿Corresponde al Consejo de Estado conocer, en segunda instancia, del litigio contractual minero objeto del proceso, conforme a las reglas generales de competencia previstas en el CCA tras la…
¿El hecho de que durante el análisis de fondo que se realiza en el marco de la acción de controversias contractuales, se advierta que el contrato es inexistente…
¿La pretensión de obtener la declaración de existencia e incumplimiento del vínculo contractual basta para concluir que la acción de controversias contractuales fue adecuadamente escogida…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
El recurso extraordinario de anulación no puede ser utilizado como una segunda instancia
Sentencia — Sentencia
2025-07-18
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 11001032600020230011900
LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El recurso extraordinario de anulación no puede ser utilizado como una segunda instancia, en el entendido de que el juez contencioso administrativo no funge como superior de los árbitros, sino que, le corresponde efectuar un control fundado en la verificación del acatamiento de las causales precisas prestablecidas en la ley para ese fin? Sí
El contratista no puede utilizar el recurso extraordinario de anulación como una segunda instancia, ya que el juez contencioso administrativo no actúa como superior de los árbitros, sino que realiza un control basado en la verificación del acatamiento de las causales precisas establecidas en la ley. Este control se limita a detectar posibles falencias procedimentales o sustanciales, sin invadir la independencia y autonomía del tribunal arbitral. La Corporación reitera que el recurso no permite continuar, reabrir o replantear el debate sobre el fondo del proceso, lo que implica que el juez debe abstenerse de revisar los razonamientos jurídicos del tribunal de arbitramento para dilucidar si son o no errados, y se centra exclusivamente en los errores in procedendo.síntesis automática
También resuelve:
¿La causal del fallo en conciencia o en equidad opera cuando el tribunal de arbitramento profiere el laudo apartándose del sistema jurídico, normativo o probatorio?
¿La competencia de la autoridad jurisdiccional en sede del recurso extraordinario de anulación, se limita al examen de errores in procedendo?
¿El laudo arbitral objeto del recurso extraordinario de anulación se profirió en conciencia y no en derecho, dado que la declaración sobre incumplimiento del INVÍAS de la obligación de entrega de…
INFUNDADO
Consejo de Estado
Providencia
No hay lugar al reconocimiento de los costos administrativos por la mayor permanencia en obra
Sentencia — Sentencia
2024-04-24
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 25000232600020120075901
ACCION CONTRACTUAL
¿Hay lugar al reconocimiento de los costos administrativos por la mayor permanencia en obra, producto de la vulneración del principio de planeación por la falta de definición de los diseños y estudios para la obra por parte del IDU? No
Cuando el pliego de condiciones impone al contratista la carga de revisar, verificar, ajustar y complementar los diseños y estudios que la entidad entrega de manera incompleta, la suspensión y la adición de tiempo y dinero derivadas de esos ajustes no configuran violación del principio de planeación ni dan lugar al reconocimiento de costos administrativos por mayor permanencia en obra. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, el contratista que presenta su oferta conociendo que la entidad no entregó diseños y estudios definitivos asume la obligación de apropiarse de ellos mediante la revisión y complementación previstas en el pliego. Segundo, la apropiación de los diseños mediante acta demuestra que el ajuste fue una obligación asumida por el contratista y no una falla de planeación imputable a la entidad. La providencia concluye que no hay lugar al reconocimiento reclamado; en la práctica, el contratista que alegue mayor permanencia por deficiencias de los diseños debe demostrar que estos le impedían ejecutar la obra en las condiciones del pliego.síntesis automática
También resuelve:
¿Procede el reconocimiento de los costos por mayor permanencia en la obra por actividades de mejoramiento que no estaban contempladas en el contrato original?
¿Procede el reconocimiento de volúmenes de rajón descontados por la interventoría en el Acta No. 7 y dejados de pagar por el IDU?
¿Procede practicar la liquidación judicial del contrato?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Acción de controversias contractuales: Sentencia Unificación
Sentencia Unificación — Sentencia
2023-07-27
Sección Tercera (Subsección C)
Rad. 05001233100019990215101
ACCION CONTRACTUAL
¿Aunque la parte no haya elevado una reclamación específica o no haya formulado una salvedad cuando se firman suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual o se pactan contratos adicionales u otrosíes o haya guardado silencio al suscribir tales acuerdos, es deber del juez estudiar las pretensiones, desentrañar, en cada caso, cuál fue el acuerdo de las partes y su alcance según las reglas de interpretación de los contratos? Sí
En los contratos estatales, el juez debe estudiar las pretensiones relativas a la ejecución aunque la parte no haya formulado reclamación específica ni salvedad al suscribir suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual o contratos adicionales. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el alcance de estos acuerdos debe interpretarse en cada caso, pues su firma no implica necesariamente la renuncia a reclamar. Segunda, el deber del juez consiste en desentrañar la verdadera intención de las partes frente a esos acuerdos, con el fin de determinar si la reclamación está vigente. En el caso, la providencia niega la pretensión de la parte que alegaba que su silencio al firmar los acuerdos impedía el estudio de sus reclamaciones. En la práctica, la firma de prórrogas o adicionales sin salvedad no cierra automáticamente la discusión de los perjuicios de la ejecución, y el juez examinará si las partes quisieron renunciar a ellos.síntesis automática
También resuelve:
¿La jurisdicción Contencioso Administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas?
¿La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se legan los perjuicios originados en una…
¿Se configuró la caducidad de la acción de controversias contractuales?
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
No hay lugar a declarar el rompimiento del equilibrio económico del contrato por mayor permanencia en obra
Sentencia — Sentencia
2022-04-20
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 05001233100020100215001
ACCION CONTRACTUAL
¿Hay lugar a declarar el rompimiento del equilibrio económico del contrato por mayor permanencia en obra? No
El contratista no puede declarar el rompimiento del equilibrio económico del contrato por mayor permanencia en obra, ya que las partes acordaron modificaciones contractuales que regularon los costos adicionales y prorrogaron el plazo de ejecución, y el contratista no demostró los perjuicios reclamados ni cumplió con la carga probatoria que le correspondía. Además, la fuerza obligatoria del contrato se basa en la voluntad de las partes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales, y en este caso el contratista no probó los costos administrativos adicionales. Por lo tanto, la Sala reitera que la acción contractual es el mecanismo adecuado para resolver controversias derivadas del contrato estatal, pero en este caso declina las pretensiones principales del contratista debido a la falta de prueba.síntesis automática
También resuelve:
¿La acción contractual es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal?
¿Se presenta caducidad de la acción de controversias contractuales?
¿La entidad demandada incumplió el contrato al aplicar incorrectamente la fórmula de ajuste pactada y no efectuar el pago de la totalidad de los valores a que tenía derecho el contratista…
Consejo de Estado
Providencia
El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia desde la fecha de ejecutoria del acto
Sentencia — Sentencia
2022-12-16
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 05001233100019930137401
ACCION CONTRACTUAL
¿El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia desde la fecha de ejecutoria del acto de liquidación unilateral del contrato, por lo que, dada la fecha de presentación de la demanda, ésta se presentó oportunamente? Sí
El contratista puede presentar oportunamente la acción de controversias contractuales dentro de los dos años siguientes a la fecha de ejecutoria del acto de liquidación unilateral del contrato, independientemente de que éste haya sido expedido con posterioridad al plazo legal para su emisión, ya que este acto, aunque extemporáneo, mantiene su naturaleza de acto administrativo contractual no separable y su validez presunta, lo que implica que el cómputo del término de caducidad se inicia desde la fecha de ejecutoria del acto de liquidación. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente, estableciendo que la liquidación unilateral del contrato, aunque extemporánea, no impide el ejercicio de la acción de controversias contractuales dentro del plazo legal, lo que permite a los contratistas defender sus derechos ante posibles incumplimientos o irregularidades en el proceso de liquidación del contrato.síntesis automática
También resuelve:
¿Romenergo no es responsable por los perjuicios ocasionados con el incumplimiento en la entrega de los equipos objeto el Contrato 3756-E…
¿Las objeciones por error grave contra el dictamen financiero practicado en este proceso están llamadas a prosperar?
¿Cuenta con eficacia probatoria el dictamen pericial financiero allegado al proceso, salvo en lo que toca a la definición de lo que constituyen perjuicios indemnizables y la forma en que la pena…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Las partes pactaron la modalidad ‘llave en mano’
Sentencia — Sentencia
2024-04-24
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 25000232600020110046301
ACCION CONTRACTUAL
¿El contrato "llave en mano" para la construcción e instalación de módulos en bastiones para la estación móvil de policía del corregimiento de Puerto Arica, Leticia – Amazonas, en el que uno de los contratantes es un establecimiento público y se celebró en vigencia de la Ley 80 de 1993, es de obra y se rige por las disposiciones del citado estatuto? Sí
El contrato denominado llave en mano, en el que el contratista se obliga a diseñar, construir, instalar y entregar en funcionamiento un proyecto determinado a cambio de una remuneración que usualmente se estipula a precio global, es un contrato de obra cuando una de las partes es un establecimiento público y se celebra en vigencia de la Ley 80 de 1993, caso en el cual se rige por las disposiciones de ese estatuto. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la modalidad llave en mano, de común utilización en obras de infraestructura, consiste en que el contratista entrega un producto terminado en funcionamiento, lo que corresponde a la noción de obra. Segundo, la fecha de celebración del contrato y la naturaleza pública de una de las partes determinan la aplicación de la Ley 80 de 1993 al negocio. La providencia confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, el régimen aplicable se determina por la fecha de celebración, la naturaleza de la entidad contratante y el objeto de la obra entregada en funcionamiento.síntesis automática
También resuelve:
¿Tienen valor probatorio los documentos aportados en copia simple que no han sido tachados de falsos?
¿Resulta procedente la objeción por error grave presentada por la demandada contra el dictamen pericial practicado a solicitud de la actora para determinar el valor de los perjuicios?
¿Tienen valor probatorio las fotografías tomadas al río Putumayo de las que no hay certeza de quién las realizó y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fueron tomadas?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Está probada la responsabilidad del consorcio interventor por culpa grave por la condena pagada por la entidad demandante
Sentencia — Sentencia
2022-08-22
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 25000233600020150217803
LEY 1437 REPETICION
¿Está probada la responsabilidad del consorcio interventor por culpa grave por la condena pagada por la entidad demandante? Sí
La responsabilidad de la interventoría por culpa grave no se configura cuando los intereses moratorios pagados por la entidad no se originaron en su actuación, sino en la decisión de la entidad de no pagar el acta de obra. La regla se apoya en tres razones. Primera, el pago tardío del acta que dio lugar a los intereses no provino de la interventoría, sino de la decisión de la entidad de abstenerse de pagarla. Segunda, la causa del daño no reside en la actuación de la parte demandada, por lo que no se acredita el nexo que requiere la repetición. Tercera, aunque hubo improvisación y falencias de planeación en la ejecución de las obras, la entidad recibió las obras necesarias, contaba con recursos para pagarlas y debía reconocer lo adeudado en sede administrativa. En consecuencia, se niega la repetición y se confirma la decisión. La Sala reitera que los intereses moratorios no fueron resultado de actuaciones u omisiones de la interventoría.síntesis automática
También resuelve:
¿El Consejo de Estado es competente para conocer el asunto porque se trata de una apelación interpuesta contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo en el marco de un medio de…
¿Es procedente el medio de control de repetición porque se solicita declarar a los integrantes del Consorcio Colectivo de Ingeniería patrimonialmente responsables del pago realizado por FONADE en…
¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición cuando el proceso se rige por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo…
CONFIRMA