Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.
¿El objeto del convenio interadministrativo 2011-SS-15-017, suscrito entre el departamento de Antioquia y el municipio de Itagüí, comprendía la infraestructura para conectividad y la compra de los primeros diez mil (10.000) computadores del proyecto que con este negocio jurídico era apoyado, por lo cual la inversión de los recursos entregados por el departamento en dicha infraestructura y en el pago de esos computadores no constituyó un acto de incumplimiento del municipio? Sí
Al punto, advierte la Sala que el presupuesto del proyecto con radicación núm. 20110200019932, referido en el objeto del convenio interadministrativo 2011-SS-15- 01733, así como en el oficio transcrito en precedencia, en efecto contenía un ítem de obra física, con una actividad consistente en “contratar la instalación y lograr conectividad inalámbrica probada de los equipos en las d [sic]”. Pero, en todo caso, de acuerdo con lo estipulado en dicho convenio, la financiación de esta actividad no estaba a cargo del departamento de Antioquia. Por lo tanto, la destinación de los fondos departamentales para la adecuación de la infraestructura tecnológica de las sedes que albergaban a los estudiantes beneficiarios del proyecto constituía una modificación de la matriz de inversión estipulada en el convenio, como lo manifestó el propio municipio de Itagüí, dándole así esa aplicación al negocio jurídico.
También resuelve:¿Incumplió el departamento de Antioquia el convenio interadministrativo 2011- SS-15-017 de 2011 por no haber entregado los recursos a su cargo a la firma del acta de iniciación…¿Es válido afirmar que la parte vencida en primera instancia no debe ser condenada en costas, de acuerdo con el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso…
¿Las dificultades asociadas a los diseños fueron la causa que impidió a la contratista cumplir sus obligaciones contractuales? No
El contratista no puede alegar dificultades asociadas a los diseños como justa causa de incumplimiento contractual cuando las partes adoptaron acciones y llegaron a acuerdos que las llevaron a concluir que tales aspectos técnicos habían sido superados, por lo que resulta contrario al principio de buena fe y a la prohibición de ir contra los propios actos pretender excusarse en los mismos fundamentos previamente declarados superados. Asimismo, en relación con la condena en costas en el proceso contencioso administrativo, de conformidad con el artículo 188 del CPACA y el artículo 365 del Código General del Proceso, se condena en costas a la parte demandante cuando se resuelve desfavorablemente su recurso de apelación, sin que se requiera la apreciación de una conducta temeraria, toda vez que en el régimen actual dicha condena se determina con fundamento en un criterio netamente objetivo frente a la parte que ha resultado vencida en el litigio, debiendo adelantarse su liquidación de manera concentrada en el Tribunal de primera instancia.síntesis automática
También resuelve:¿En los contratos de obra, cuando su celebración esté precedida de licitación pública, la interventoría debe contratarse con una persona independiente de la entidad y del contratista?¿La alegada ausencia de interventoría en obra justifica el incumplimiento del contratista?¿Procede la condena en costas a la parte demandante?
¿Procede el estudio de las pretensiones de nulidad contra las resoluciones que declararon el incumplimiento parcial del contrato al no haber sido planteadas en la demanda? Sí
El contratista no puede plantear pretensiones de nulidad contra resoluciones que declararon el incumplimiento parcial del contrato si no fueron objeto de la demanda inicial, ya que estas resoluciones gozan de presunción de legalidad y no pueden ser revisadas fuera del marco establecido. Asimismo, no procede el reconocimiento de un mayor valor al pactado en el contrato por la ejecución de ítems no previstos, cuando estos fueron aprobados mediante prórrogas y el contrato fue celebrado a precio global, sin evidencia de desequilibrio económico o renuencia de la entidad a permitir salvedades. Además, la condena en costas a la parte demandante es procedente conforme a la normatividad aplicable, especialmente cuando la parte demandada no intervino en la instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el reconocimiento de un mayor valor al pactado en el contrato en favor del contratista?¿Procede la condena en costas atendiendo a la normatividad aplicable al proceso?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2026-04-17Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 25000233600020240006601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El decreto de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos procede cuando de su confrontación con el ordenamiento jurídico superior se advierta una contradicción o discordancia, y de su sustentación pueda entenderse satisfecho el concepto de violación de la norma? Sí
El contratista puede solicitar la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos cuando se advierta una contradicción o discordancia entre el acto demandado y el ordenamiento jurídico superior, y se cumpla con la carga argumentativa necesaria para justificar la violación de la norma, sin que sea suficiente la mera argumentación de la demanda. La Sala de Decisión del Consejo de Estado modificó su criterio anterior, estableciendo que la entidad estatal pierde competencia para declarar el incumplimiento y liquidar unilateralmente un contrato estatal a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda, siempre que las pretensiones o hechos sometidos al conocimiento judicial coincidan con los asuntos objeto del procedimiento administrativo correspondiente, lo que garantiza la seguridad jurídica de la comunidad.síntesis automática
También resuelve:¿La entidad estatal pierde competencia para expedir actos administrativos mediante los cuales declara el incumplimiento y liquida unilateralmente un contrato estatal a partir de la notificación del…¿Resulta procedente decretar la suspensión provisional de los actos administrativos mediante los cuales el Instituto de Desarrollo Urbano declaró el incumplimiento del contrato…
¿El procedimiento adelantado por la autoridad minera se ajustó a las normas legales correspondientes para determinar las causas de un accidente minero ocurrido en 2011? Sí
El contratista no desvirtúa el incumplimiento de las obligaciones contractuales que dan lugar a la declaratoria de caducidad del contrato de explotación minera, ya que debe demostrar en sede administrativa o judicial que las obras requeridas fueron ejecutadas y cumplen con los estándares de seguridad y funcionamiento óptimos para el ejercicio de la actividad minera. En este caso, la contratista no acreditó que hubiera adelantado las obras comprometidas ni que las condiciones de seguridad estuvieran en regla, lo que llevó a la entidad estatal a declarar la caducidad del contrato. La entidad minera no incurrió en irregularidades al no aplicar por analogía normas de procedimiento no previstas para la investigación del accidente minero, y la participación del comité paritario en la investigación no era obligatoria en la fecha del accidente. La regla reitera la obligación del contratista de cumplir con las condiciones de seguridad y ejecutar las obras requeridas para mantener la validez del contrato, lo que implica que cualquier incumplimiento puede dar lugar a la declaratoria de caducidad del mismo.síntesis automática
También resuelve:¿Los demandantes desvirtuaron el incumplimiento de las obligaciones contractuales que dieron lugar a la declaratoria de caducidad del contrato?¿Cuándo el recurso de apelación no prospera, la parte que lo interpuso debe ser condenada en costas?
¿El incumplimiento contractual declarado en el procedimiento administrativo sancionatorio adelantado por el IDU está relacionado con las pretensiones de la demanda? Sí
El incumplimiento declarado en un procedimiento administrativo sancionatorio contractual está relacionado con las pretensiones de la demanda cuando el acto que lo declara se funda en la persistencia de deficiencias que impiden el recibo a satisfacción de la obra y en la omisión del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones de ejecución. La regla se sostiene en tres razones: el procedimiento administrativo se originó en que, vencido el plazo de ejecución, no fue posible el recibo a satisfacción de las obras por infiltraciones y humedades; las consideraciones del acto sobre los descargos del contratista corroboran la persistencia de esas deficiencias y la exigencia de personal técnico adecuado; y la responsabilidad del contratista por la ejecución defectuosa se mantiene aunque la entidad haya tramitado el procedimiento. Por ello, la declaración de incumplimiento del acto administrativo es pertinente para resolver las declaraciones solicitadas en la demanda. La providencia se confirma en este punto.síntesis automática
También resuelve:¿Puede declararse el incumplimiento contractual del contratista aun cuando se niegue la indemnización de perjuicios por falta de prueba de los daños alegados por la entidad contratante?¿La liquidación judicial realizada en primera instancia se ajusta a la realidad del contrato y la ejecución del mismo?¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
¿Se desvirtuó la legalidad de las resoluciones acusadas y se estableció que las decisiones adoptadas en los actos administrativos enjuiciados son contrarias a derecho? No
Cuando el demandante no logra acreditar que las decisiones adoptadas en los actos administrativos son contrarias a derecho, la legalidad de esos actos se mantiene, porque la carga de demostrar el incumplimiento que se atribuye a la entidad recae sobre quien lo alega. La revisión de las pruebas aportadas y decretadas en el proceso debe permitir establecer que el incumplimiento estaba probado para que pueda anularse la decisión de la entidad. Además, la condena en costas tiene fundamento en el vencimiento de la parte, y no procede revocarla cuando el proceso no ventila un interés público, pues no se trata de una acción pública, de mera legalidad o de control objetivo. En el caso concreto, la entidad decidió sobre el incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato de interventoría, y el demandante no acreditó que tales supuestos estuvieran superados, de modo que la providencia de primera instancia que negó las súplicas fue confirmada, incluida la condena en costas. Como consecuencia práctica, quien impugne actos de incumplimiento debe demostrar con las pruebas del expediente que las obligaciones se cumplieron, pues la mera afirmación en la demanda o en la apelación no basta.síntesis automática
También resuelve:¿La decisión de denegar las súplicas de la demanda en primera instancia fue acertada por corresponder con la realidad procesal y lo efectivamente probado?¿Los incumplimientos objeto de investigación no fueron subsanados en modo alguno por parte de la universidad contratista?¿El recurso de apelación trata de unos puntos que no fueron expuestos en las pretensiones, cargos de nulidad, ni en los fundamentos de hecho o de derecho?
¿Se encuentra acreditado que la entidad estatal ante la entrega de la obra pública decidió revocar la resolución que declaró el incumplimiento del contrato? Sí
La entidad contratante puede revocar la declaratoria de incumplimiento cuando, tras el vencimiento del plazo, el contratista ejecuta las obras faltantes y la entidad las recibe a satisfacción, de modo que la revocatoria se sustenta en el recibo de la totalidad del objeto contratado. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, al vencer el plazo la obra no estaba ejecutada en su totalidad, lo que habilitaba la declaratoria de incumplimiento y la imposición de la cláusula penal y el cobro de la garantía. Segunda, después del vencimiento el contratista completó las actividades faltantes y la entidad las recibió con concepto técnico favorable de un perito, mediante acta de entrega y recibo definitivo. Tercera, al resolver el recurso de reposición, la entidad revocó el acto sancionatorio con base en ese recibo, lo que se ajusta a la buena fe contractual. La providencia revoca la sentencia de primera instancia en lo que corresponde. La consecuencia práctica es que la recepción de la obra completa después del plazo, seguida de la revocatoria del acto sancionatorio, reconoce el cumplimiento sustancial del contrato y limita el alcance de la sanción.síntesis automática
También resuelve:¿La buena fe contractual es un parámetro de conducta para valorar el cumplimiento del contrato estatal?¿La entrega de la obra pública por fuera del plazo del vencimiento del contrato es justificación para que la entidad contratante no realice el pago de esta?¿Procede la liquidación del contrato por vía judicial ante la ausencia de esta?
¿Se probó el cumplimiento de la concesionaria y el reiterado incumplimiento del municipio demandado? Sí
Cuando la sentencia reconoce sumas líquidas a título de condena, los intereses moratorios sobre esas sumas se causan desde la ejecutoria de la providencia que las liquide, y no desde una fecha anterior. Esta regla se apoya en que solo a partir de esa liquidación las sumas adquieren carácter líquido y exigible para efectos de intereses. Por ello, cuando el contrato termina por el incumplimiento de la entidad, la declaración de incumplimiento se confirma y la condena pecuniaria se ajusta solo en el momento en que se causan los intereses. En el caso concreto se probó el cumplimiento de la concesionaria y el reiterado incumplimiento de la entidad territorial, por lo que se confirmó la declaración de incumplimiento y de terminación del negocio jurídico. Solo se modificó la sentencia en la precisión sobre el inicio de los intereses. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la fecha de causación de intereses debe ligarse a la providencia de liquidación de la condena.síntesis automática
También resuelve:¿El municipio tampoco se comprometió o allanó al cumplimiento de las obligaciones, por lo cual en el presente asunto no tiene vocación de prosperidad la excepción de contrato no cumplido pretendida?¿De los riesgos asumidos en cabeza del concesionario no hay ningún evento que releve al municipio de su compromiso de asignar los cuatro mil cupos estudiantiles durante el plazo de ejecución del…¿El presente asunto se trata de una discusión en relación con el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el municipio de Bello con la suscripción del contrato de concesión?
¿El negocio jurídico estuvo gobernado por el derecho privado y los instrumentos expedidos por la contratante no tienen la connotación de actos administrativos? Sí
El contratista no puede emplear la vía contenciosa para sustituir a la administración en el cumplimiento de sus deberes, ya que el negocio jurídico celebrado para la vigilancia de las obras afectadas por el fenómeno de La Niña está gobernado por el derecho privado, y los instrumentos expedidos por la contratante no tienen la connotación de actos administrativos. La entidad contratante puede perseguir por vía judicial el cierre financiero del contrato si el balance definitivo no se ha producido pese al interés reiterado de la contratante y el plazo convencional ha expirado, siempre que no pueda practicar la liquidación de forma unilateral. Además, las modificaciones a la causa petendi mediante el recurso de apelación son inadmisibles en virtud del derecho al debido proceso y el principio de congruencia, que imponen fallar de forma coherente con los hechos y las pretensiones formulados en la demanda. Esta decisión reitera y matiza precedentes, estableciendo límites claros para el uso de la jurisdicción contenciosa en casos de liquidación de contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿Existe causa suficiente para que la entidad hiciera uso de la pretensión de perseguir por vía judicial el cierre financiero del negocio…¿Son inadmisibles las modificaciones a la causa petendi mediante el recurso de apelación, en virtud del derecho al debido proceso y el principio de congruencia…¿La sociedad contratista detenta la condición de extremo pasivo de la relación jurídico procesal, por lo cual no se encuentra habilitada para formular pretensiones que introduzcan cuestiones…
¿El demandante tiene derecho a retener los $100’000.000 del precio pagados por el municipio como arras confirmatorias-penales del contrato de promesa de compraventa? Sí
El contratista tiene derecho a retener los $100’000.000 pagados por el municipio como arras confirmatorias-penales en un contrato de promesa de compraventa, dado que el municipio incumplió con la obligación de otorgar la escritura pública, lo que permite que las arras operen como cláusula penal y no como parte del precio. La naturaleza confirmatoria-penal de las arras se evidencia en el contrato, donde se estipula que operan como pena en caso de incumplimiento, y no como arras de retracto, ya que no conceden facultad de desistimiento. Esta decisión modifica la interpretación previa sobre el alcance de las arras confirmatorias-penales en contratos estatales, reforzando que estas pueden operar como cláusula penal en caso de incumplimiento contractual.síntesis automática
También resuelve:¿Los recursos entregados a título de arras dejaron de operar como parte del precio y se convirtieron en una pena cuyo alcance debe ser entendido en consonancia con las normas sobre cláusula penal?¿Si las partes no definen la naturaleza de las arras se entiende que son de retracto?¿Ante la desaparición del título jurídico en virtud del cual el demandado ostentaba la tenencia del predio, el demandante se encuentra habilitado para recuperarlo?
¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, dada la vocación de doble instancia del proceso? Sí
El contratista es competente para interponer un recurso de apelación contra una sentencia de primera instancia emitida por un tribunal administrativo, dado que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tiene competencia para conocer de la controversia contractual, conforme al artículo 104 del Código Procesal Administrativo y Contencioso Administrativo (CPACA). Esta competencia se fundamenta en que la demanda se dirige contra una entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios y que la pretensión supera los 500 SMLMV, lo que se ajusta a los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA. Además, el contrato de obra celebrado por la empresa de servicios públicos se rige por el derecho privado, conforme al artículo 31 de la Ley 142 de 1994, y las resoluciones emitidas por la empresa se consideran actos contractuales de derecho privado. La aseguradora que expidió la póliza de garantía contractual para el contrato de obra también tiene legitimación en la causa por activa para demandar, ya que tiene un interés jurídico directo en la controversia. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado para resolver recursos de apelación en casos de doble instancia y confirma la naturaleza privada de los actos contractuales de las empresas de servicios públicos.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato de obra que tuvo por objeto la construcción del acueducto y alcantarillado se rige de modo preferente por el derecho privado?¿A la aseguradora demandante le asiste un interés jurídico para demandar y se encuentra legitimada en la causa por activa…¿El juez de lo contencioso administrativo en sede de apelación se encuentra atado a resolver únicamente lo que la parte recurrente le formule…
¿Puede la entidad contratante iniciar un procedimiento sancionatorio por presunto incumplimiento contractual con fundamento en elementos probatorios distintos al informe de interventoría, sin transgredir el derecho al debido proceso del contratista? Sí
El contratante puede iniciar un procedimiento sancionatorio por presunto incumplimiento contractual basándose en elementos probatorios distintos al informe de interventoría, sin vulnerar el derecho al debido proceso del contratista, ya que la entidad contratante tiene la facultad y el deber de vigilar y controlar el contrato, incluyendo la imposición de sanciones, independientemente del medio o instrumento que origine el conocimiento del incumplimiento. Además, la citación a audiencia en un procedimiento sancionatorio puede dirigirse exclusivamente al representante legal del consorcio, sin implicar una violación al debido proceso, dado que la ley otorga al representante la capacidad para actuar en nombre del consorcio en todas las actuaciones contractuales y administrativas. Esta decisión reitera y refuerza la autonomía del contratante en el ejercicio de sus facultades contractuales y administrativas, garantizando la efectividad del contrato estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Puede considerarse válida la citación a una audiencia dentro de un procedimiento sancionatorio contractual cuando se dirige exclusivamente al representante del consorcio…¿En el procedimiento administrativo sancionatorio contractual existió una violación al debido proceso?¿Vulnera la entidad contratante el derecho al debido proceso si, tras analizar un dictamen pericial y confrontarlo con los demás elementos probatorios obrantes en el expediente…
¿La entidad pública demandada respetó el debido proceso durante el desarrollo del procedimiento administrativo tendiente a declarar el incumplimiento del contrato? Sí
El contratista no puede invocar la excepción de contrato no cumplido cuando no demuestra la imposibilidad de ejecución de sus obligaciones, por lo que la entidad estatal no violó el debido proceso al declarar su incumplimiento parcial y establecer la penalidad proporcional al grado de incumplimiento, en este caso, el 8.999% del valor total del contrato. La Sala modifica el fallo al precisar que, aunque las sanciones por incumplimiento se imponen de acuerdo a la participación de cada uno de los miembros de la unión temporal, la devolución de los dineros recibidos y no ejecutados es solidaria entre los integrantes de la unión temporal, conforme al artículo 7 de la Ley 80 de 1993. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los requisitos legales para excusarse del incumplimiento contractual y establece que la entidad estatal debe garantizar el debido proceso en los procedimientos administrativos de liquidación unilateral del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Como el incumplimiento en que incurrió la unión temporal contratista fue del 45%, el valor a pagar como penalidad corresponde al 8.999% del valor total del contrato?¿Los argumentos de los apelantes que sustentaban la falsa motivación de las resoluciones por inexistencia de incumplimiento tienen vocación de prosperidad?¿Se justifica la demora en la obligación de disposición de personal y en las demás obligaciones secundarias a cargo del contratista?
¿La sociedad demandante cumplió con la carga de probar las circunstancias graves que le atribuye a la entidad pública como generadoras del incumplimiento del contrato? No
Quien alega como causa del incumplimiento contractual unas circunstancias graves atribuibles a la entidad pública tiene la carga de probarlas, conforme al artículo 167 del Código General del Proceso, pues sin esa prueba la excepción de contrato no cumplido no puede prosperar. Esta carga se justifica en dos razones. Una razón es que la omisión que se atribuye a la entidad como causa del incumplimiento no quedó demostrada, porque el contrato no evidenció que la sociedad hubiera presentado planes de inversión o solicitudes de aprobación de inversiones ante el municipio, como le correspondía. Otra razón es que la actora no aportó las pruebas que sustentaran las circunstancias graves que invocó, de modo que no pudo declararse la inejecución atribuida a la entidad. En el caso, la sociedad concesionaria pretendió la nulidad de los actos administrativos sancionatorios por la terminación unilateral del contrato de concesión del matadero municipal. La decisión de primera instancia se revocó y las pretensiones fueron negadas. Su consecuencia práctica es que el contratista debe probar los hechos que atribuye a la entidad antes de excusar su propio incumplimiento.síntesis automática
También resuelve:¿El municipio autorizó la realización de obras para adecuar el matadero así como la realización del plan gradual de cumplimiento?¿Obran elementos de prueba que conduzcan a determinar que con ocasión de la expedición del decreto la comercializadora hubiese presentado al Municipio algún plan de inversión?¿Se revoca el numeral segundo de la parte resolutiva del fallo recurrido por comportar una decisión extra petita?
¿Está probado el incumplimiento del contrato por parte del contratista en el pago de obligaciones parafiscales y respecto de la herramienta informática denominada “autenticador electrónico del ciudadano”? Sí
El contratista es declarado incumplidor del contrato por no cumplir con el pago de salarios y aportes parafiscales, así como por la calidad deficiente de la herramienta informática "autenticador electrónico del ciudadano", lo que implica la solidaridad de todos los integrantes de la unión temporal en el incumplimiento. La Sala mantiene que no es requisito que la entidad declare el incumplimiento mediante acto administrativo para que el juez pueda declararlo, y que la entidad debe informar sobre el estado de cumplimiento del contrato en el proceso administrativo. La Sala también considera que la renuencia a responder sobre el estado de cumplimiento del contrato por parte de los representantes legales de la unión temporal constituye un indicio grave en su contra, lo que reafirma la declaración de incumplimiento. Esta decisión modifica la jurisprudencia existente, reforzando la responsabilidad solidaria de los integrantes de la unión temporal y la importancia de la carga probatoria en casos de incumplimiento contractual.síntesis automática
También resuelve:¿Es requisito que la entidad haya declarado el incumplimiento del contrato mediante acto administrativo para que se puedan y deban estudiar las pretensiones tendientes a obtener que se declare que el…¿Es obligación por parte de la entidad informar el estado de cumplimiento del contrato en el proceso administrativo?¿Se probó mediante dictamen pericial el cumplimiento del contrato, es decir, se probó el funcionamiento del software?
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos? Sí
El contratista es competente para ceder su posición contractual en favor de una persona jurídica privada, como una distribuidora de licores, siempre y cuando se notifique y obtenga la aceptación del gobernador del departamento, tal como lo establece la normativa de contratación estatal. Esta regla se fundamenta en que la cesión del contrato no altera el régimen jurídico aplicable, y que la legitimación en la causa tanto por activa como por pasiva se mantiene en la entidad estatal y la cesionaria. La Sala modifica precedentes al establecer que la cesión de la posición contractual y los créditos y derechos litigiosos derivados del contrato son válidos cuando se cumplen los requisitos legales, lo que implica que las partes cesionarias deben cumplir con las formalidades establecidas para mantener la validez del contrato y la legitimación en el proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Ante la ausencia de un pacto para la liquidación del contrato, resulta procedente aplicar las disposiciones de la Ley 80 de 1993, frente a la liquidación del contrato en el cómputo de la caducidad?¿La unión temporal contratista cedió su posición contractual, así como los créditos y derechos litigiosos que se derivan del contrato, en favor de la distribuidora de licores cesionaria?¿Al delimitar el alcance del recurso de apelación, en aras de la solución del mismo, corresponde mantener invariable la causa petendi?
¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar la nulidad del acto que declaró el incumplimiento del contrato estatal y de ocurrencia del siniestro, cuando se observa que la liquidación unilateral del contrato se realizó por fuera de los términos establecidos par tal efecto? Sí
Cuando el contrato requiere liquidación y la liquidación bilateral se practica después del término pactado o supletorio, el conteo de la caducidad inicia al día siguiente de la firma del acta bilateral, según la regla de unificación de la Sección Tercera, y esa regla no alcanza al acto de liquidación unilateral expedido de forma extemporánea cuando el demandante impugna precisamente ese acto. La regla de unificación se refiere a la liquidación bilateral y no precisa el efecto de la liquidación unilateral fuera de término, por lo que el caso escapa a ella. Además, el contrato de obra fijó 240 días de ejecución desde el acta de inicio, de modo que el cuatrimestre de liquidación bilateral corrió desde el vencimiento de ese plazo. En el caso, la Sala concluyó que la demanda fue presentada en tiempo y revocó la decisión que había declarado la caducidad. La providencia matiza la regla de unificación en lo relativo al acto de liquidación unilateral extemporáneo. Su consecuencia práctica es que el demandante debe verificar la fecha en que se expidió el acto que impugna antes de calcular el término de caducidad.síntesis automática
También resuelve:¿Se presentó de forma oportuna la demanda incoada para solicitar la nulidad de los actos que liquidaron de forma unilateral el contrato estatal…¿El elemento relativo a la competencia, como requisito esencial que constituye y determina la validez de toda manifestación unilateral de la Administración…¿La declaratoria de incumplimiento encaminada a hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria podrá realizarse luego de expirar el plazo contractual?
¿El Consejo de Estado tiene competencia para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del medio de control de controversias contractuales? Sí
El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en un medio de control de controversias contractuales, dado que la controversia involucra a un establecimiento público y la cuantía de las demandas acumuladas supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, el medio de control de controversias contractuales es procedente para demandar la nulidad de los actos administrativos que declararon el incumplimiento del contrato, y las demandas fueron presentadas oportunamente dentro del plazo de dos años desde la ejecutoria de los actos cuestionados. La Sala también admite la valoración de documentos en copia simple, siempre y cuando no hayan sido tachados de falsedad por las partes y no existan disposiciones legales que exijan copias auténticas. Esta decisión reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y confirma la procedencia del medio de control de controversias contractuales para resolver disputas relacionadas con contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales es el procedente para demandar la nulidad de los actos administrativos que declararon el incumplimiento del contrato?¿Las demandas en los procesos acumulados fueron presentadas oportunamente?¿Procede la valoración de documentos en copia simple?
¿El consorcio omitió adoptar las medidas de mitigación previstas en el pliego de condiciones e informar a la entidad sobre la incidencia de las lluvias en el cabal avance de la obra? Sí
El contratista omite adoptar las medidas de mitigación previstas en el pliego de condiciones e informar a la entidad sobre la incidencia de las lluvias en el avance de la obra, lo que implica un incumplimiento del contrato y justifica la liquidación del mismo, según establecen los artículos 4 de la Ley 1150 de 2007, 88 del Decreto 2474 de 2008 y 27 de la Ley 80 de 1993. En este caso, el consorcio no cumplió con estas obligaciones, lo que llevó a la entidad a declarar el incumplimiento y liquidar el contrato, sin que el contratista pudiera alegar que el fenómeno climático justificaba su abandono de la obra sin notificar a la administración. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con las obligaciones contractuales y las medidas de mitigación frente a eventos climáticos, evitando que el contratista pueda simplemente abandonar la obra sin consecuencias legales.síntesis automática
También resuelve:¿Las obras extras guardaban relación con los ítems que la entidad demandada echó de menos al declarar el incumplimiento del consorcio?¿Se cumplieron los supuestos legales y procedimentales que habilitaban a la entidad estatal para imponer la cláusula penal?¿Se configuró la situación de incumplimiento que la contratante declaró en los actos acusados y por tanto la causal de procedencia de la cláusula penal?
Usamos una cookie técnica de sesión, necesaria para que el
buscador funcione, y, si lo aceptas, cookies de Google Analytics
con IP anonimizada para medir visitas de forma agregada. No usamos cookies de
publicidad ni de perfilamiento. Puedes cambiar tu decisión en cualquier momento
desde la Política de cookies.