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AUSENCIA DE FUERZA MAYOR

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Consejo de Estado Providencia

No se probó un caso fortuito o fuerza mayor

Sentencia — Sentencia 2023-11-30 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 13001233300020170056701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se probó un caso fortuito o fuerza mayor, en los términos del artículo 64 del Código Civil; esto es, de un imprevisto que no era posible resistir? No
El caso fortuito o la fuerza mayor, en los términos del artículo 64 del Código Civil, exige un imprevisto que no era posible resistir, de modo que la parte que lo invoca debe demostrar tanto su imprevisibilidad como su irresistibilidad. Una razón es que las solicitudes que la parte presentó a la entidad contenían las razones que, a su juicio, justificaban el cambio de predios, pero no se demostró el carácter imprevisible ni irresistible de esas razones. Otra razón es que aunque los documentos acompañados demostraron el compromiso e inversión de recursos y algunas actividades previstas, no se acreditó que esos recursos se invirtieran según el plan operativo anual ni que las actividades se ajustaran a las exigencias técnicas del convenio. En el caso, la Sala no encontró probada la fuerza mayor alegada para el incumplimiento del convenio, por lo que modificó la sentencia apelada en el monto a restituir y en el valor proporcional de la cláusula penal. Su consecuencia práctica es que el asociado que invoca la fuerza mayor para justificar el incumplimiento debe demostrar la imprevisibilidad e irresistibilidad del hecho y la correcta ejecución de los recursos.síntesis automática
También resuelve: ¿Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta? ¿Procede la condena en costas contra la parte a la que se le resolvió desfavorablemente el recurso de apelación?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

No es procedente declarar la nulidad del acto administrativo contractual que negó la solicitud de suspensión de un contrato

Sentencia — Sentencia 2024-03-18 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000232600020081003002 ACCION CONTRACTUAL
¿Es procedente declarar la nulidad del acto administrativo contractual que negó la solicitud de suspensión de un contrato de concesión por razones de fuerza mayor? No
En el marco del contrato de concesión de mediana minera n.° 16.715 del 15 de septiembre de 1993, para la explotación de materiales de construcción, en un terreno ubicado en el municipio de La Calera, Cundinamarca, suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y el señor Jorge Enrique Ponguta Orduz, quien después lo cedió a la sociedad Constructora Palo Alto Cía S. en C., se solicita la nulidad de los artículos primeros de las resoluciones n.°s DSM 751 y DSM 369 del 26 de julio de 2006 y del 20 de abril de 2007, respectivamente, por medio de las cuales el Instituto Colombiano de Geología y Minería, en adelante, Ingeominas, negó la solicitud de suspensión temporal de las obligaciones derivadas de la referida concesión.
También resuelve: ¿Se configura una fuerza mayor como presupuesto para la suspensión de un contrato la aplicación de normas de orden público… ¿Es la acción de controversias contractuales la procedente para que el Consejo de Estado resuelva en segunda instancia la demanda por nulidad de un acto administrativo contractual? ¿Está configurada la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación-Ministerio de Minas y Energía, pues es el Ingeominas el legitimado en este asunto?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida

Sentencia — Sentencia 2023-10-17 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 76001233100020120056001 ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El Consejo de Estado es funcionalmente competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, en los términos del artículo 129 del C.C.A., modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998. Por otra parte, el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, y este por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006, estableció que la jurisdicción de lo contencioso administrativo juzgaría las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas. De tal modo, como EMCALI es una empresa oficial de servicios públicos domiciliarios, constituida como empresa industrial y comercial del Estado (artículo 17 de la Ley 142 de 1994), es una entidad pública del nivel territorial, perteneciente al sector descentralizado por servicios, en los términos de la Ley 489 de 1998.
También resuelve: ¿La acción de controversias contractuales fue presentada dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento? ¿Procede el reconocimiento de la valoración de la copia simple de documento? ¿Los contratos celebrados por EMCALI E.I.C.E. E.S.P. se rigen por el derecho privado pero deben respetar los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal y el régimen de…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Obligación contractual: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-11-04 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 20001233300320140006901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Si el incumplimiento es imputable al deudor y es la causa de un daño cierto, personal y directo, el acreedor tiene derecho a pedir la indemnización integral de los perjuicios? Sí
El incumplimiento de las obligaciones contractuales, imputable al deudor y causante de un daño cierto, personal y directo, confiere al acreedor el derecho a solicitar la indemnización integral de los perjuicios. Este principio se fundamenta en el equilibrio económico del contrato estatal, que busca garantizar la continuidad del servicio público y los intereses generales. La responsabilidad contractual y el desequilibrio financiero del contrato estatal son conceptos distintos, con la primera orientada al derecho de crédito y la segunda al mantenimiento del servicio público. La variación de la causa petendi impide pronunciamiento de fondo, reiterando la importancia de la congruencia y la imparcialidad en el proceso judicial.síntesis automática
También resuelve: ¿El equilibrio económico del contrato estatal se concreta en el derecho del contratista a que se mantenga la equivalencia entre derechos y obligaciones surgida al momento de proponer o contratar? ¿El incumplimiento de obligaciones contractuales y el desequilibrio financiero del contrato estatal son diferentes? ¿La variación de la causa petendi impide pronunciamiento de fondo?
Consejo de Estado Providencia

El debido proceso es un principio y derecho fundamental que intrínsecamente se entrelaza con el principio de legalidad

Sentencia — Sentencia 2025-02-07 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020180084801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede analizar bajo la causal de falsa motivación los argumentos esbozados por la parte actora en el recurso de apelación, relativos a la ilegalidad de las Resoluciones 1282 del 27 de octubre de 2016 y 255 del 6 de abril de 2017, dado que la autoridad minera desconoció, de forma aparente, las peticiones que acreditaban la disminución de los volúmenes de producción; procuraban la modificación del Programa de trabajos y Obras; y, demostraban la reducción del valor de la póliza minero ambiental? Sí
El contratista puede analizar bajo la causal de falsa motivación los argumentos presentados en el recurso de apelación, relacionados con la ilegalidad de las resoluciones que desconocieron aparentemente las peticiones que acreditaban la disminución de los volúmenes de producción, la modificación del Programa de Trabajos y Obras, y la reducción del valor de la póliza minero-ambiental, ya que la falsa motivación se configura ante la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica que induce a la producción del acto y los motivos argüidos por la administración. Esta regla reitera la jurisprudencia existente, permitiendo a los contratistas cuestionar la legalidad de los actos administrativos en términos de falsa motivación cuando se evidencie una distorsión en los fundamentos de estos.síntesis automática
También resuelve: ¿Si la posesión o tenencia de los predios que contienen los minerales son de propiedad exclusiva del Estado, al margen de quien detente su dominio… ¿El beneficiario del título minero debe presentar a la Agencia Nacional de Minería el Programa de Trabajos y Obras en el que describa la planificación… ¿Para ejecutar el contrato de concesión minera el concesionario debe constituir a favor de la autoridad minera una póliza independiente para cada etapa de ejecución del contrato…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida

Sentencia — Sentencia 2022-12-16 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 05001232600019950118501 ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El contratista puede recurrir al Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo, conforme al artículo 129 del Decreto Ley 1 de 1984, que establece la competencia del Consejo para resolver recursos de apelación. Esta competencia se extiende a casos en que la cuantía de la pretensión supera la suma prevista en el artículo 132 numeral 8 del mismo decreto, según el artículo 20 numeral 2 del Código Contencioso Administrativo. La modificación de este precedente facilita el acceso a la justicia en controversias contractuales de alto valor, permitiendo una revisión más amplia de las decisiones judiciales en primera instancia.síntesis automática
También resuelve: ¿Es procedente la acción de controversias contractuales para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se solicita el incumplimiento del contrato y la nulidad de los… ¿La acción de controversias contractuales frente a las pretensiones relativas a la nulidad del acto que declaró la caducidad del contrato se presentó dentro de los dos años establecidos en la ley? ¿La acción de controversias contractuales frente a las pretensiones relativas a la nulidad del acto que liquidó unilateralmente el contrato se presentó dentro de los dos años establecidos en la ley?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

La prueba del enervante de la responsabilidad le corresponde a quien la alega.

Sentencia — Sentencia 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000233600020150041601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Al declarar el incumplimiento parcial del contrato, la Aerocivil actuó con desviación de poder, e incurrió en violación del principio de buena fe y la obligación de cooperación estipulada en el contrato, por no acceder a las solicitudes de prórroga necesarias para que el contratista cumpliera con el objeto contractual, al considerar que no era viable exceder la vigencia fiscal para la cual estaba presupuestado el pago de ese negocio jurídico? No
Para dar respuesta al primer problema jurídico planteado, corresponde a la Sala determinar si la Aerocivil actuó con desviación de poder, vulneró el principio de buena fe y faltó a la obligación de cooperación estipulada en el contrato, al declarar el incumplimiento parcial del contrato 1000097-OK-2010, a través de las resoluciones 06260 de 2012 y 0442 de 2013, sin haber accedido a las prórrogas requeridas y necesarias para que el contratista hubiera podido cumplir con el objeto contractual, bajo el argumento de que no era posible exceder la vigencia fiscal para la cual había sido presupuestado el pago del negocio jurídico.… En relación con el vicio de desviación de poder,… el demandante se limitó a argumentar que los actos demandados habrían sido expedidos con desviación de poder, o con ausencia o falsa motivación, porque el ente contratante no habría informado el inicio de dos procedimientos sancionatorios…
También resuelve: ¿Las Resoluciones 06260 de 2012 y 0442 de 2013, con las cuales la Aerocivil declaró el incumplimiento parcial del contrato 1000097-OK-2010, impuso pena pecuniaria… ¿En el procedimiento sancionatorio iniciado por la Aerocivil fue vulnerado el debido proceso por no garantizarse el derecho de contradicción y defensa del contratista… ¿La liquidación del contrato estatal es una etapa que está destinada para que las partes acuerden los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y, si no se logra arreglo en ello…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Las partes pactaron la modalidad ‘llave en mano’

Sentencia — Sentencia 2024-04-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000232600020110046301 ACCION CONTRACTUAL
¿El contrato "llave en mano" para la construcción e instalación de módulos en bastiones para la estación móvil de policía del corregimiento de Puerto Arica, Leticia – Amazonas, en el que uno de los contratantes es un establecimiento público y se celebró en vigencia de la Ley 80 de 1993, es de obra y se rige por las disposiciones del citado estatuto? Sí
El contrato denominado llave en mano, en el que el contratista se obliga a diseñar, construir, instalar y entregar en funcionamiento un proyecto determinado a cambio de una remuneración que usualmente se estipula a precio global, es un contrato de obra cuando una de las partes es un establecimiento público y se celebra en vigencia de la Ley 80 de 1993, caso en el cual se rige por las disposiciones de ese estatuto. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la modalidad llave en mano, de común utilización en obras de infraestructura, consiste en que el contratista entrega un producto terminado en funcionamiento, lo que corresponde a la noción de obra. Segundo, la fecha de celebración del contrato y la naturaleza pública de una de las partes determinan la aplicación de la Ley 80 de 1993 al negocio. La providencia confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, el régimen aplicable se determina por la fecha de celebración, la naturaleza de la entidad contratante y el objeto de la obra entregada en funcionamiento.síntesis automática
También resuelve: ¿Tienen valor probatorio los documentos aportados en copia simple que no han sido tachados de falsos? ¿Resulta procedente la objeción por error grave presentada por la demandada contra el dictamen pericial practicado a solicitud de la actora para determinar el valor de los perjuicios? ¿Tienen valor probatorio las fotografías tomadas al río Putumayo de las que no hay certeza de quién las realizó y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fueron tomadas?
CONFIRMA