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¿La solicitud de autorización para la cesión de la participación de CONSTRUCTEC S.A.S. en la unión temporal generó silencio administrativo positivo que habilitó la sustitución del integrante sin el consentimiento previo de la entidad estatal contratante y, en consecuencia, excluyó a dicha sociedad de la responsabilidad solidaria derivada de la ejecución contractual? No
El integrante de una unión temporal no se exime de la responsabilidad solidaria derivada de la ejecución contractual mediante una solicitud de cesión de su participación que no logre configurar silencio administrativo positivo por la inobservancia de las condiciones legales sustanciales. En este litigio de controversias contractuales, la Sala modifica la sentencia de primera instancia para declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, determinando que la ficción jurídica del silencio administrativo exige un pronunciamiento insatisfecho de la entidad contratante frente a una petición formal.síntesis automática
También resuelve:¿La entrega de 2.166 losas de concreto rígido con defectos clasificados con severidad media y baja por parte de la UTTB genera la obligación de indemnizar a INVÍAS por el menoscabo patrimonial…¿INVÍAS acreditó un daño patrimonial imputado al incumplimiento en la entrega de los planos as built, de manera que resulte procedente imponer una condena indemnizatoria en la liquidación del…¿Debe imputarse a la aseguradora obligación indemnizatoria a favor de INVÍAS con fundamento en el amparo de cumplimiento de la póliza n.º 43069273…
¿Es procedente repetir lo pagado por indexación? No
El contratista no puede repetir lo pagado por indexación ya que esta actualización monetaria representa el mismo valor que se pagó originalmente, y la pérdida de capacidad adquisitiva debe ser asumida por la entidad estatal como una forma de compensación por haber tenido el capital a su disposición durante un tiempo. En este caso, la Corporación Autónoma Regional de Defensa de la Meseta de Bucaramanga no sufrió una afectación patrimonial al pagar la indexación, lo que implica la ausencia de uno de los presupuestos esenciales para ejercer el medio de control de repetición. La Sala consideró que la repetición es una acción subsidiaria para proteger el patrimonio público, y dado que no hubo detrimento patrimonial, las pretensiones del medio de control de repetición son improcedentes. Esto implica que el contratista no puede exigir la restitución de sumas pagadas por indexación, ya que no se ha producido un detrimento patrimonial del Estado que pueda ser imputado a la conducta del agente estatal.síntesis automática
También resuelve:¿El pago de la indexación por parte de la corporación autónoma demandante no le representó una afectación patrimonial?¿El medio de control de repetición solo se activa cuando ocurre un detrimento patrimonial del Estado que puede ser imputable a la conducta dolosa o gravemente culposa de uno de sus agentes?¿La restitución del dinero adeudado por el Estado a un ciudadano que no tenía la obligación legal de asumir patrimonialmente una contribución por valorización…
¿El demandante en la acción de repetición acreditó que la conducta desplegada por el demandado comportara una actuación gravemente culposa? No
A la luz del exiguo material probatorio, la Sala concluye que no se acreditó que la conducta desplegada por el ex funcionario [del Incoder] comportara una actuación gravemente culposa. En este caso, en contravía de las exigencias que requiere la prueba del elemento subjetivo de la acción de repetición, el demandante se limitó a consignar afirmaciones en torno a una supuesta conducta gravemente culposa con base en las mismas consideraciones expuestas por el tribunal administrativo en la sentencia que condenaron al Instituto, dejando de probar la presunción de culpa grave con base en la cual soportó la pretensión reversiva. Por consiguiente, se confirmará la decisión impugnada que negó las pretensiones de la demanda.
También resuelve:¿Se probó que el demandado hubiese obrado de manera imprudente y negligente para la adopción de la decisión que declaró insubsistente el nombramiento?¿Se probó una conducta gravemente culposa imputable al demandado?¿Los documentos obrantes en el proceso acreditan que el INCODER pagó la totalidad de la obligación impuesta?
¿La devolución de un tributo con su respectivo reajuste monetario implica una pérdida patrimonial para la entidad pública? No
En el medio de control de repetición, la devolución de un tributo con su reajuste monetario, ordenada por sentencia judicial, no constituye una obligación reparatoria ni una pérdida patrimonial de la entidad pública. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la acción de repetición exige una condena que tenga naturaleza reparatoria del daño causado a un particular, y la devolución de un tributo pagado indebidamente no reúne ese carácter. Segunda, el reajuste monetario que se reconoce con la devolución no implica un daño patrimonial para la entidad, pues corresponde al valor del tributo ya pagado. En el caso, la Sala concluye que no se acredita el primer presupuesto de la repetición, y la providencia niega las pretensiones. La providencia subraya que el valor devuelto no representa un daño indemnizable para la entidad. En la práctica, la entidad que pretenda repetir contra un funcionario por la devolución de tributos debe demostrar que la condena tuvo carácter reparatorio y produjo una pérdida patrimonial efectiva.síntesis automática
También resuelve:¿La decisión judicial que ordenó la devolución de una suma dinero por el pago de un tributo es producto de un daño antijurídico?¿La Ley 678 de 2001 reguló los aspectos sustanciales y procesales de la acción de repetición?¿La CDMB está legitimada en la causa por activa, pues fue la entidad pública que devolvió una suma de dinero derivada de una sentencia judicial?
PRINCIPAL / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / ERROR INEXCUSABLE / DAÑO CAUSADO POR OMISIÓN / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DEBER DE NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA DEL AGENTE DEL ESTADO / LIQUIDACIÓN DE LAS CESANTÍAS / ACTO DE RELIQUIDACIÓN DE LAS CESANTÍAS / RELACIÓN DE CAUSALIDAD / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA / PAGO DEL AUXILIO DE CESANTÍAS / RECLAMACIÓN DE LAS CESANTÍAS / ABONO A CRÉDITO HIPOTECARIO / CONFIRMACIÓN DEL FALLO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿La reliquidación del auxilio de cesantías objeto del acuerdo conciliatorio extrajudicial que sustenta la pretensión de reembolso es atribuible a los demandados, a título de culpa grave, por el incumplimiento de la función de notificación de los actos administrativos de reconocimiento y liquidación del auxilio de cesantías, que presuntamente tenían a su cargo como directores, jefes y asesores de las áreas de recursos humanos y prestaciones sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores? No
En la acción de repetición, la culpa grave no se configura cuando la entidad no demuestra la omisión inexcusable de la función imputada al agente ni una relación causal clara entre esa omisión y el hecho que motivó la conciliación extrajudicial. La regla se apoya en dos razones. Primera, la omisión de expedir y notificar el acto de liquidación de cesantías no quedó probada como inexcusable para cada uno de los demandados, pues la entidad no acreditó el supuesto de hecho de la culpa grave imputada. Segunda, la convocante, como afiliada, tuvo conocimiento de las consignaciones anuales del auxilio en su cuenta individual, lo que impide atribuir a los agentes el pago reconocido en la conciliación. La providencia confirma la negativa de las pretensiones y no altera el régimen probatorio de la culpa grave. En la práctica, la entidad que promueva la repetición debe probar individualmente la conducta de cada demandado y su relación causal con el pago, sin trasladar al agente el costo de un acuerdo conciliatorio cuando falta esa prueba. Esa carga resulta especialmente exigente cuando el daño se atribuye a una omisión de notificación que la propia administración debía cumplir.síntesis automática
También resuelve:¿En los documentos allegados consta a cuál de los servidores o exservidor demandados le correspondía la función de reconocer el auxilio de cesantías y notificar el acto de reconocimiento?¿El pago asumido por el ente accionante con motivo de la reliquidación del auxilio de cesantías de la servidora devino por la aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional?¿La legitimación en la causa se clasifica en procesal o de hecho, y material?
¿Compete al Consejo de Estado conocer en única instancia de la demanda de repetición iniciada contra los miembros de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión, dentro de los que se encuentra su representante legal? Sí
La competencia para conocer en única instancia de la demanda de repetición contra los miembros de un órgano colegiado de una entidad del orden nacional cuando entre ellos figura su representante legal, para asegurar unidad de criterio frente a una misma conducta, corresponde al Consejo de Estado. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el numeral 13 del artículo 149 del CPACA, en su redacción original, atribuye a esta corporación las demandas contra representantes legales de órganos y entidades del orden nacional. Segunda, el artículo 14 de la Ley 182 de 1995 precisa que la representación legal corresponde al director de la junta directiva, de modo que el director responde en esa calidad. Tercera, el parágrafo 2 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 dispone que, si la acción se dirige contra varios funcionarios, es competente el juez del de mayor jerarquía. La providencia precisa que, aunque no todos los demandados eran representantes legales, la competencia recae en la corporación. La consecuencia práctica es que la demanda contra los miembros de un órgano colegiado que actuó con una misma conducta se tramita en única instancia ante el Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve:¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de repetición, derivado de la condena patrimonial impuesta contra la Comisión Nacional de Televisión mediante laudo arbitral…¿La Autoridad Nacional de Televisión se encuentra legitimada en la causa por activa por ser la persona jurídica de derecho público que asumió las funciones como autoridad de la Comisión Nacional de…¿Los demandados en repetición se encuentran legitimados en la causa por pasiva al ser miembros de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión…
¿Se probó la violación del derecho al debido proceso de la compañía contratista? No
La vulneración del derecho al debido proceso alegada contra un acto administrativo sancionatorio del contratista debe ser probada por quien la invoca, porque el supuesto de hecho del vicio requiere prueba cuya omisión impide su reconocimiento. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, conforme a la regla de la carga de la prueba, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Segunda, en el caso no se probó la infracción del debido proceso del contratista, y el cargo no tiene vocación de prosperar. Tercera, la sentencia constató que no operó la prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro y que los actos no adolecen de incompetencia temporal ni de infracción de la Constitución. La providencia confirma la negativa de las pretensiones. La consecuencia práctica es que el contratista que alega el desconocimiento de su debido proceso en la sanción debe aportar las pruebas que lo demuestren, y no basta con invocar la vulneración.síntesis automática
También resuelve:¿Se encuentra acreditado que hubiera operado la prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro?¿Los cargos alegados por la aseguradora y la contratista relacionados con la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro y la incompetencia temporal tienen vocación de prosperar?¿Es deber de los contratistas constituir a favor de las entidades contratantes garantías de cumplimiento?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2023-01-26Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 05001233300020190175301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Si las medidas cautelares son de carácter patrimonial, se debe agotar el requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial? No
Cuando las medidas cautelares solicitadas tienen carácter patrimonial, el demandante no debe agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial. La regla se apoya en tres razones. Primera, los ordenamientos procesales excusan la audiencia de conciliación cuando se piden medidas cautelares porque se requiere una decisión rápida sobre ellas. Segunda, la exigencia de contenido patrimonial del artículo 161 del CPACA busca evitar que se acuda a las medidas cautelares para eludir la conciliación cuando el patrimonio del demandante no se afecta sin la medida. Tercera, en el caso la solicitud pretendía impedir la celebración del contrato con el adjudicatario, lo que tenía consecuencias patrimoniales evidentes. Por ello el auto se revoca, y el tribunal no podía fundarse en que la suspensión provisional de actos administrativos carece de carácter patrimonial. Así, la Subsección revoca el auto del tribunal que había exigido la conciliación previa a la solicitud cautelar. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿La razón por la cual los ordenamientos procesales excusan la realización de la audiencia de conciliación en los eventos en los que se solicitan medidas cautelares es la necesidad de una decisión…¿El tribunal se refirió a una providencia proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado conforme con la cual la solicitud de suspensión provisional de actos administrativos nunca tiene…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2025-12-12Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 11001032600020130011501LEY 1437 REPETICION
¿El recurso de reposición fue interpuesto oportunamente, dentro del término establecido en el estatuto procesal aplicable? Sí
El juez examina la oportunidad en la interposición de un recurso de reposición contra una providencia que aprueba la liquidación de costas procesales. De conformidad con el artículo 242 del CPACA, modificado por el artículo 61 de la Ley 2080 de 2021, el recurso de reposición procede contra todos los autos salvo norma legal en contrario, aplicando en cuanto a oportunidad y trámite lo dispuesto en el Código General del Proceso. En el caso analizado, el auto impugnado que aprobó la liquidación de costas realizada por la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado se notificó por estado electrónico y el recurso se radicó el 28 de febrero de 2024. Aplicando la normatividad de la Ley 2080 de 2021, se concluye que el recurso fue interpuesto oportunamente dentro del término legal establecido en el estatuto procesal aplicable.síntesis automática
También resuelve:¿En los procesos que involucran intereses particulares de entidades públicas o de particulares, la condena en costas sería aplicable a la parte vencida…¿Se confirma la decisión adoptada a través de la cual se aprobó la liquidación de costas realizada?¿Al juez le corresponde tramitar los escritos de impugnación a través de los recursos procedentes, pese a que la parte haya invocado una vía procesal inadecuada?
¿Procede la excepción de contrato no cumplido cuando una de las partes de un contrato bilateral acredita un incumplimiento actual, relevante e imputable de la otra parte, que afecta directamente la exigibilidad de sus propias obligaciones, siempre que quien la alega no se encuentre en incumplimiento grave? Sí
El contratista o la parte interviniente en un contrato bilateral opone legítimamente la excepción de contrato no cumplido cuando acredita fehacientemente un incumplimiento actual, relevante e imputable de su contraparte que afecta de manera directa la exigibilidad de las obligaciones propias, siempre que quien la alega no se encuentre en una situación de incumplimiento grave. Este mecanismo de defensa, fundamentado en el artículo 1609 del Código Civil y en el principio de buena fe, busca restablecer la equivalencia de las prestaciones recíprocas sin constituir una suspensión indefinida o arbitraria del acuerdo de voluntades.síntesis automática
También resuelve:¿Puede prosperar la excepción de contrato no cumplido cuando se fundamenta en incumplimientos pretéritos que fueron superados mediante modificaciones contractuales posteriores aceptadas por las…¿Puede prosperar la excepción de contrato no cumplido invocada por el contratista para justificar la no entrega de las obras…¿La asignación de tramos no previstos inicialmente y la modificación sustancial del objeto contractual mediante acuerdos bilaterales configuran, por sí mismas…
¿Se probó el enriquecimiento patrimonial de la entidad demandada? No
En la acción de enriquecimiento sin causa el demandante debe probar el enriquecimiento patrimonial de la entidad demandada y su propio empobrecimiento, así como la prestación efectiva de los servicios que alega, de modo que no basta con afirmar la existencia de la prestación ni con un dictamen que se limite a actualizar el valor de las facturas. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, el demandante que no formula reparos a la conclusión del tribunal sobre la inexistencia del enriquecimiento no sustenta su pretensión en segunda instancia. Segundo, el empobrecimiento exige probar la prestación alegada, y las pruebas documentales y periciales deben acreditar su realización. Tercero, un peritaje que solo actualiza el valor de las facturas y del monto total del proyecto no demuestra el enriquecimiento ni el empobrecimiento. La providencia confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, la prueba de los servicios prestados y del beneficio obtenido por la entidad debe aportarse de manera específica en el proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Los requisitos del enriquecimiento sin causa están ausentes de prueba en el caso que ocupa la atención de la Sala?¿El Tribunal advirtió que no se había acreditado el enriquecimiento alegado?
¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y en segunda instancia el Consejo de Estado, es competente para conocer del proceso y del recurso de apelación, conforme a los artículos 104, 150 y 152 del CPACA, dado que los actos fueron expedidos por la Aerocivil y la cuantía superaba 500 SMLMV? Sí
El juez contencioso administrativo es competente para conocer de los litigios derivados de actos administrativos expedidos por entidades públicas como la Aerocivil en relación con contratos estatales, según el artículo 104 del CPACA. En este proceso sobre las Resoluciones No. 01310 y 02933 de 2019 vinculadas al contrato No. 14000165-OK, la jurisdicción asumió el conocimiento del asunto. Asimismo, el Consejo de Estado desata el recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca conforme a los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA, al superar la pretensión mayor los 500 SMLMV.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el medio de control de controversias contractuales para solicitar la nulidad de las Resoluciones 01310 de 2019 y 2933 de 2019…¿La Compañía Mundial de Seguros S.A. y la Aerocivil estaban legitimados para intervenir como parte activa y pasiva en la demanda por la declaratoria del siniestro…¿Debe declararse la caducidad del medio de control de controversial contractuales cuando el demandante presentó la demanda una vez vencido el término de cuatro meses previsto en el artículo 164 del…
¿Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración tienen la prerrogativa de imponer unilateralmente multas y penas pecuniarias a través de un acto administrativo, ejecutorio y ejecutable? Sí
El contratista no puede impugnar la legalidad de un acto administrativo sancionatorio ejecutorio y ejecutable emitido por la entidad estatal, ya que este se ampara en la presunción de legalidad y no ha sido declarado nulo, además de que la demanda de reconvención presentada por el contratista no cumplió con los requisitos de procedibilidad, como la conciliación prejudicial. La entidad estatal tiene la prerrogativa de imponer unilateralmente multas y penas pecuniarias a través de un acto administrativo, ejecutorio y ejecutable, conforme al artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, lo que reitera la jurisprudencia existente y confirma la competencia del Consejo de Estado para resolver el recurso de apelación en controversias contractuales que involucran a entidades del orden nacional. Esta regla implica que los contratistas deben cumplir con los requisitos legales y contractuales antes de impugnar actos administrativos sancionatorios.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca?¿En caso de que las partes no liquidaran el contrato bilateralmente, ni la Administración lo hiciera unilateralmente, el interesado podría acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede…¿Los patrimonios autónomos de remanentes pueden ser sujetos pasivos de acciones y responder por obligaciones de una entidad ya liquidada?
¿Se acreditó la calidad de servidor o exservidor público del demandado en repetición? No
El contratista no acredita la calidad de servidor o exservidor público del demandado en repetición, ya que incumple con la carga procesal de probar este elemento esencial, lo que impide la procedencia del medio de control de repetición. La Sala establece que para que proceda la repetición, es necesario demostrar la calidad de agente estatal del demandado, y en este caso, no se presentaron pruebas documentales como el acto de nombramiento o posesión, o certificación por parte del jefe de personal, que demuestren la vinculación laboral del demandado con el Estado en el momento de los hechos. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los requisitos legales y probatorios para ejercer el medio de control de repetición, lo que implica que la entidad demandante debe aportar pruebas concluyentes sobre la calidad de servidor público del demandado para que la acción sea procedente.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de repetición tiene carácter patrimonial y deberá ejercerse en contra del servidor, consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa?¿Para que proceda la repetición debe probarse la calidad de agente del Estado del demandado?¿La entidad demandante no aportó al plenario el acto de nombramiento o posesión del demandado, o certificación por parte del jefe de personal de la Armada Nacional?
¿Las controversias derivadas del incumplimiento de los convenios interadministrativos pueden ser resueltas judicialmente a través del medio de control de controversias contractuales? Sí
El contratista puede resolver judicialmente controversias derivadas del incumplimiento de convenios interadministrativos a través del medio de control de controversias contractuales, ya que estos acuerdos se consideran contratos que generan derechos y obligaciones vinculantes entre entidades públicas, permitiendo la exigibilidad de las obligaciones y la posibilidad de indemnización por daños. La ausencia de una reglamentación específica para estos convenios implica que su regulación se basa en la autonomía de la voluntad y en los principios generales del derecho contractual, incluyendo la buena fe y la normatividad de los contratos, lo que permite determinar el alcance de las obligaciones y resolver conflictos derivados de su naturaleza. Los convenios interadministrativos se caracterizan por su finalidad de cooperación entre entidades públicas sin ánimo de lucro, su naturaleza atípica y su desarrollo en un plano de igualdad entre las partes, lo que implica que deben cumplirse en consonancia con la finalidad perseguida por el legislador al concebir estos instrumentos.síntesis automática
También resuelve:¿La ausencia de una reglamentación específica para los convenios interadministrativos implica que su regulación debe basarse en la autonomía de la voluntad y en los principios generales del derecho…¿Los convenios interadministrativos se caracterizan por su finalidad de cooperación entre entidades públicas sin ánimo de lucro…¿El rasgo "causa" de los convenios interadministrativos explicita los principios constitucionales de coordinación y colaboración administrativa y el cumplimiento de los deberes positivos de conducta…
¿El pago que realizó la entidad constituyó un pago indemnizatorio? No
El contratista no puede ejercer el medio de control de repetición para recuperar el pago indemnizatorio realizado por la entidad estatal, ya que la acción de repetición está orientada a proteger el patrimonio público y en este caso no se ha afectado el patrimonio de la entidad, ni por la devolución del dinero ni por el pago de la corrección monetaria. La Sala considera que la pérdida de capacidad adquisitiva del capital pagado debe ser asumida por el Estado, no por el contratista, por lo que la repetición por indexación es improcedente. Además, los intereses de mora no resultan imputables al demandado ya que no tenía la obligación de hacer el pago, ese rubro corresponde a la demora en que incurrió la entidad. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre la finalidad del medio de control de repetición y la protección del patrimonio público, limitando su aplicación en casos donde no se ha producido una afectación real al patrimonio estatal.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de repetición tiene una finalidad de interés público como es la protección del patrimonio público?¿Las pretensiones son improcedentes, porque el patrimonio público de la demandante no se vio afectado por la devolución del dinero ni por el pago de la corrección monetaria de la suma que fue…¿Los intereses de mora no resultan imputables al demandado ya que no tenía la obligación de hacer el pago, ese rubro corresponde a la demora en que incurrió la entidad?
¿Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer del proceso de repetición promovido por la Corporación Autónoma Regional de Defensa de la Meseta de Bucaramanga dada su connotación de entidad pública del orden nacional? Sí
La competencia para conocer en única instancia de la acción de repetición contra el exdirector general de una corporación autónoma regional de la Meseta de Bucaramanga corresponde al Consejo de Estado, por cuanto esa entidad tiene la connotación de entidad pública del orden nacional según la jurisprudencia citada, y que a los hechos posteriores a la vigencia de la Ley 678 de 2001 se aplica esa ley. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el numeral 13 del artículo 149 del CPACA atribuye a la corporación las demandas de repetición contra los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional. Segunda, la jurisprudencia citada en la nota de relatoría reconoce a esa entidad la connotación de orden nacional. Tercera, como los hechos ocurrieron en 2003, después de la vigencia de la Ley 678 de 2001, esa ley rige el análisis del dolo o de la culpa grave. La providencia niega las pretensiones de la demanda. La consecuencia práctica es que la competencia para repetir contra el representante legal de esa corporación se radica en el Consejo de Estado en única instancia, mientras el fondo se decide conforme a la Ley 678.síntesis automática
También resuelve:¿El régimen de responsabilidad de los servidores públicos aplicable a este caso es el de la Ley 678 de 2001, ya que el hecho dañoso origen de la condena ocurrió en el año 2003?¿La entidad demandante demostró la existencia de una condena judicial resarcitoria que haya impuesto a la misma la carga de cancelar una suma de dinero…¿Debe condenarse en costas a la parte vencida en el recurso de apelación?
¿Procede la condena en costas contra la entidad pública vencida en el medio de control de repetición? Sí
En el medio de control de repetición, la condena en costas tiene carácter objetivo valorativo, de modo que se impone a la parte vencida cuando en el expediente aparece que se causaron y en la medida de su comprobación, sin depender de la temeridad o la mala fe. La regla se apoya en el cambio que el CPACA introdujo frente al criterio subjetivo del Código Contencioso Administrativo y en las reglas del Código General del Proceso que regulan la liquidación de costas. Por ello, el juez debe pronunciarse sobre costas en toda sentencia y decidir si las condena o se abstiene según las pruebas de su causación. En el asunto, la entidad demandada vencida tuvo que incurrir en gastos para acudir al proceso, y la Sala modificó la sentencia en el punto pertinente a las costas. En la práctica, la condena en costas en repetición no depende de la conducta procesal de las partes sino de los gastos comprobados en el expediente.síntesis automática
También resuelve:¿Se condena en costas a la entidad demandante y se fijan las agencias en derecho en 3 SMLMV?¿La demandada compareció al proceso mediante apoderado judicial, quien realizó actividades de defensa judicial?¿El medio de control procedente es el de repetición porque se solicita declarar a los demandados patrimonialmente responsables del pago realizado en cumplimiento de una condena?
¿Se probó la alteración grave de la ecuación económica contractual y fue antijurídica la conducta de la entidad demandada? No
La alteración grave del equilibrio económico del contrato debe probarse por quien la alega, y el simple incremento de un tributo no basta para acoger las pretensiones económicas del contratista. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el gravamen de la estampilla alcanzaba a los documentos de cobro de obligaciones a cargo de la empresa pública, por lo que no hubo aplicación retroactiva del acuerdo municipal que lo creó. La segunda es que el contratista no allegó la propuesta económica del contrato ni otra prueba que permitiera concluir que el cobro adicional alteró gravemente el equilibrio o lo dejó en pérdida. En consecuencia, se negaron las pretensiones de la demanda por falta de prueba del desequilibrio y de la conducta antijurídica de la entidad. El documento no indica que modifique un precedente; su consecuencia práctica es que el contratista no obtiene la compensación reclamada por el tributo.síntesis automática
También resuelve:¿La sociedad contratista acreditó la alteración grave del equilibrio financiero del contrato?¿Se acreditó el desequilibrio económico del contrato?¿Fue antijurídica la conducta de Metro Cali SA de aplicar el acuerdo del Concejo Municipal?
¿Se probó el daño antijurídico alegado como elemento primario y esencial de la responsabilidad? No
El demandante no puede obtener una indemnización sin probar el daño antijurídico causado por la administración de justicia, ya que este es un elemento primario y esencial para configurar la responsabilidad del Estado. En este caso, la Sala confirmó la sentencia que negó las pretensiones de la demanda, al constatar que no se acreditó el daño antijurídico alegado. La Sala estableció que la prueba del daño antijurídico es responsabilidad del demandante, quien debe demostrar la existencia de una lesión injustificada a los derechos fundamentales. Además, la vinculación a un proceso penal no implica automáticamente un daño antijurídico, especialmente cuando la conducta presuntamente desplegada por el demandante puede enmarcarse en una conducta típica que amerite investigación. En consecuencia, la Sala reitera que la falta de prueba del daño antijurídico impide la configuración de la responsabilidad del Estado y, por ende, la imposibilidad de obtener una indemnización.síntesis automática
También resuelve:¿La prueba de la antijuricidad del daño no solo es necesaria sino que su prueba corresponde a quien lo alega y reclama?¿A la persona que se vincula a un proceso penal se le ocasiona un daño antijurídico de forma automática?¿El ente investigador tenía el deber constitucional de adelantar la investigación y el consecuente ejercicio de la acción penal?