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¿La repetición promovida por el Ministerio de Educación en contra de la señora (...) se radicó dentro del término contemplado por el literal l, numeral 2º del artículo 164 del CPACA? No
El contratista no puede promover una demanda de repetición fuera del término legal establecido, ya que la caducidad del medio de control opera si la demanda se presenta después del plazo de dos años desde que el dinero reconocido por concepto de indemnización moratoria fue puesto a disposición del docente. La Sala sostiene que el término de caducidad se inicia cuando el dinero está disponible para el beneficiario, no cuando se efectúa el pago. Por lo tanto, si la demanda se presenta después de este plazo, la acción de repetición es improcedente y no se condena en costas, lo que reitera la protección del derecho de defensa del patrimonio público y el interés público en la correcta administración de los recursos estatales.síntesis automática
¿Procede la condena en costas cuando el accionante persigue un interés público? No
Cuando el proceso de repetición persigue la protección del patrimonio público, no procede la condena en costas, pues el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 excluye de esa condena los procesos en los que se ventile un interés público. La regla se apoya en tres razones. Primera, la norma dispone que la sentencia se pronuncia sobre costas salvo en los procesos en que se ventile un interés público, y su liquidación se rige por el Código de Procedimiento Civil. Segunda, la Subsección ha considerado que la repetición es un proceso de interés público porque busca proteger el patrimonio público. Tercera, en el caso el ente territorial, al resultar vencido, perseguía ese interés público, de modo que no debía condenarse en costas. Por ello se revoca la condena en costas de primera instancia y se niega en segunda instancia. El documento reitera la línea de la Subsección sobre la materia.síntesis automática
También resuelve:¿El asunto objeto de la censura se circunscribe a analizar la procedencia de la condena en costas impuesta a la demandante?¿La sentencia dispondrá sobre la condena en costas, excepto en los procesos en que se ventilan intereses públicos?
¿Puede prosperar la acción de repetición contra los ex servidores públicos cuando la entidad demandante no logra demostrar, con pruebas idóneas, la existencia de una conducta personal, directa y gravemente culposa que haya generado la condena impuesta al Estado? No
El contratista no puede prosperar en una acción de repetición contra ex servidores públicos si no demuestra, con pruebas idóneas, la existencia de una conducta personal, directa y gravemente culposa que haya generado la condena impuesta al Estado, ya que la ley establece que la responsabilidad subjetiva requiere la identificación clara y precisa de dicha conducta, y no basta con afirmaciones generales. Además, las actas de conciliación extrajudicial no tienen valor probatorio para acreditar la ocurrencia de los hechos que sustentan las pretensiones, según reiterada jurisprudencia. Por lo tanto, la Sala modifica la decisión al confirmar que la entidad demandante no logró demostrar la culpa grave que le endilgó a los demandados, lo que implica que en casos futuros será necesario presentar pruebas documentales sólidas para establecer la responsabilidad personal.síntesis automática
También resuelve:¿Procede imponer condena en costas en el proceso de repetición, cuando este se adelanta para proteger el patrimonio público y, por tanto, se considera que ventila un interés público…
¿Procede negar las pretensiones de repetición contra el rector de la Universidad, al acreditarse que el pago de la diferencia salarial reconocida al trabajador en la conciliación judicial, no constituyó una afectación patrimonial? Sí
Cuando el pago de una diferencia salarial reconocida al trabajador en una conciliación judicial corresponde a funciones efectivamente prestadas, no hay detrimento del patrimonio público y la acción de repetición contra el funcionario que dio lugar al acuerdo no prospera. La regla se sostiene en tres razones: la repetición es una acción prevista para proteger el patrimonio público, de modo que sin afectación patrimonial no hay objeto que restablecer; el pago de la diferencia no fue un gasto sin contraprestación, pues la entidad recibió el servicio de un cargo de mayor grado; y el monto pagado corresponde a lo que el trabajador debió percibir por las funciones asignadas. En el caso, se negaron las pretensiones de repetición porque la diferencia pagada en la conciliación remuneró las funciones de un asesor de grado superior, sin que se afectara el patrimonio de la universidad. La caducidad se contó desde el pago, que ocurrió dentro del plazo de diez meses, por lo que la demanda fue oportuna. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la repetición exige demostrar un perjuicio patrimonial efectivo y no solo el pago de una condena.síntesis automática
También resuelve:¿El término de caducidad del medio de control de repetición empezó a contar desde el pago del acuerdo conciliatorio logrado por las partes en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho?¿Se acreditaron los presupuestos de condena, pago y calidad de agente del Estado para la procedencia del medio de control de repetición?¿El pago realizado en virtud del acuerdo conciliatorio dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que ordenó el reconocimiento de la diferencia salarial al trabajador…
¿El Ejército Nacional, entidad demandante, está acudiendo indebidamente al medio de control de repetición y desconociendo una decisión que ya hizo tránsito a cosa juzgada? Sí
En el medio de control de repetición, la pretensión no procede cuando busca desconocer una decisión que ya hizo tránsito a cosa juzgada y en la que la jurisdicción contencioso administrativa se pronunció sobre la misma controversia. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la entidad demandante no puede acudir a la acción de repetición para reabrir un asunto ya resuelto por una sentencia ejecutoriada, porque ello desconoce la cosa juzgada. Segunda, la acción de repetición está destinada a recuperar lo pagado por la condena, y no a revisar nuevamente la responsabilidad que la sentencia ya declaró. En el caso, la sentencia anterior estableció que el Estado debía responder por las lesiones, y la entidad pretendía discutir de nuevo ese asunto mediante la repetición. La providencia rechaza las pretensiones y, en esa medida, revoca la decisión de primera instancia. En la práctica, la entidad que quiera repetir debe verificar que su pretensión no reproduzca el objeto de una sentencia previa con fuerza de cosa juzgada.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de repetición está prevista para solicitar el reintegro de lo pagado por el Estado en una condena judicial?¿La demanda de repetición debe presentarse en el término de dos (2) años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice el pago de la condena?¿La condena en costas es procedente en la acción de repetición porque en esta se ventilan intereses patrimoniales de las entidades públicas?
¿El cumplimiento de la orden dada en la sentencia de nulidad y restablecimiento consistente en la restitución de lo pagado por el contratista por concepto de multa, configura uno de los requisitos de procedencia del medio de control de repetición, el cual es la existencia de una condena judicial de carácter indemnizatorio? No
La entidad pública que demanda en ejercicio del medio de control de repetición contra un servidor público requiere acreditar la existencia previa de una condena judicial de carácter indemnizatorio que le haya generado un detrimento patrimonial al obligarla a pagar una indemnización por daño antijurídico. En consecuencia, resulta improcedente esta acción cuando la obligación que pretende recuperarse proviene de una sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho que anula resoluciones sancionatorias y ordena restituir al contratista los dineros pagados por concepto de una multa contractual. Dicha orden judicial de restitución no impone el pago de una indemnización ni configura una afectación patrimonial en los términos del inciso segundo del artículo 90 de la Constitución y de la Ley 678 de 2001, pues simplemente restablece la situación jurídica afectada con el acto administrativo y devuelve al particular sumas que nunca debieron ingresar al haber patrimonial de la administración.síntesis automática
También resuelve:¿La responsabilidad patrimonial de los servidores del Estado es de carácter subsidiario y reparatoria, tiene como finalidad restituir patrimonialmente la suma pagada como consecuencia de una condena…¿El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho tiene como finalidad obtener la declaratoria de nulidad del acto administrativo demandado y restablecer el derecho para retrotraer el…
¿Es procedente repetir lo pagado por indexación? No
El contratista no puede repetir lo pagado por indexación ya que esta actualización monetaria representa el mismo valor que se pagó originalmente, y la pérdida de capacidad adquisitiva debe ser asumida por la entidad estatal como una forma de compensación por haber tenido el capital a su disposición durante un tiempo. En este caso, la Corporación Autónoma Regional de Defensa de la Meseta de Bucaramanga no sufrió una afectación patrimonial al pagar la indexación, lo que implica la ausencia de uno de los presupuestos esenciales para ejercer el medio de control de repetición. La Sala consideró que la repetición es una acción subsidiaria para proteger el patrimonio público, y dado que no hubo detrimento patrimonial, las pretensiones del medio de control de repetición son improcedentes. Esto implica que el contratista no puede exigir la restitución de sumas pagadas por indexación, ya que no se ha producido un detrimento patrimonial del Estado que pueda ser imputado a la conducta del agente estatal.síntesis automática
También resuelve:¿El pago de la indexación por parte de la corporación autónoma demandante no le representó una afectación patrimonial?¿El medio de control de repetición solo se activa cuando ocurre un detrimento patrimonial del Estado que puede ser imputable a la conducta dolosa o gravemente culposa de uno de sus agentes?¿La restitución del dinero adeudado por el Estado a un ciudadano que no tenía la obligación legal de asumir patrimonialmente una contribución por valorización…
¿En el medio de control de repetición, se acreditó el actuar gravemente culposo del demandado? No
Cuando se reclama en repetición la culpa grave de un directivo por la enfermedad profesional de un subalterno, no basta con demostrar la enfermedad y su origen; debe probarse que el directivo conocía con anticipación la afectación de salud y omitió las medidas necesarias. La regla se apoya en tres razones. Primera, la prueba de la pensión de invalidez, el diagnóstico y la calificación de origen profesional no demuestran por sí solos un actuar gravemente culposo del demandado. Segunda, no existe evidencia de que, entre los años previos a la desvinculación, ya hubiera noticia de las disminuciones de salud y que estas fueran conocidas por el directivo. Tercera, el demandado sí puso en conocimiento de sus superiores la necesidad de nombrar funcionarios y el alto volumen de trabajo de la seccional en varias oportunidades, lo que desvirtúa el reproche. En consecuencia, por ausencia de medios probatorios que evidencien culpa grave, se confirmó la decisión que negó las pretensiones. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El demandado puso en conocimiento de sus superiores la necesidad de nombramiento de funcionarios y advirtió el alto índice de trabajo que recaía sobre la seccional?¿Se probó la violación inexcusable de contenidos normativos por parte del demandado?¿El funcionario demandado se ocupaba periódicamente de administrar los horarios de los funcionarios bajo su cargo con la concertación de todos ellos en las respectivas reuniones?
¿La parte actora debió probar que los demandados en repetición actuaron de forma grosera, negligente, despreocupada o temeraria? Sí
En la acción de repetición, la parte actora debe probar la conducta del agente que reprocha como gravemente culposa, pues incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. La regla se apoya en el artículo 167 del Código General del Proceso y en que las decisiones adoptadas en otros procesos no bastan por sí solas para acreditar el elemento subjetivo del agente. Por ello, la ausencia de medios que demuestren irregularidades en la planeación y ejecución de la operación impide determinar la culpa grave. En el asunto, la actora aportó decisiones de otros procesos, pero no probó que los militares al mando actuaran de forma grosera, negligente, despreocupada o temeraria, y la Sala confirmó la sentencia de primera instancia. En la práctica, la entidad que repite debe aportar pruebas directas de la conducta del agente y no solo decisiones previas que la condenaron.síntesis automática
También resuelve:¿La imputación de la conducta gravemente culposa de los demandados, formulada por la parte actora, se basa en las decisiones adoptadas en el marco de los procesos disciplinario y de reparación…¿La acción de repetición es autónoma e independiente del proceso que le dio origen, razón por la que deben ser allegadas las pruebas que logren demostrar el actuar culposo de los demandados?¿No cualquier equivocación, no cualquier error de juicio, ni cualquier actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, permite deducir la responsabilidad pues debe comprobarse la gravedad de la…
¿Procede la acción de repetición en casos en los que la entidad estatal logra acreditar que existe culpa grave o dolo por parte del ex funcionario público en su actuar, por lo cual debe declararse la responsabilidad patrimonial del mismo, de lo contrario como en el caso concreto, no puede accederse a las pretensiones de la interesada por falta de prueba? Sí
El contratista no puede acceder a la acción de repetición en casos en los que la entidad estatal no logre acreditar la existencia de culpa grave o dolo por parte del ex funcionario público en su actuar, ya que la ley exige que se demuestre claramente la responsabilidad personal del agente estatal para que la entidad pueda ejercer la acción de repetición. La entidad debe probar la culpa grave mediante pruebas directas y no puede basarse únicamente en decisiones de otros procesos penales o disciplinarios. En el caso concreto, la Sala determinó que no había pruebas suficientes para acreditar la culpa grave del demandado, por lo que no procedió la acción de repetición. Esta decisión reitera la necesidad de una demostración clara y directa de la culpa grave o dolo para que la entidad estatal pueda ejercer la acción de repetición contra el ex funcionario, lo que implica que las entidades deben recopilar y presentar pruebas robustas en cada caso para poder acceder a esta acción.síntesis automática
También resuelve:¿La parte demandante esta en la obligación de probar la conducta en la actuación desplegada por el demandado y por la cual requiere se declare la responsabilidad patrimonial del mismo…¿La entidad pública debe allegar medios de prueba que permitan establecer en forma individual y congruente el dolo o la culpa grave del exfuncionario del Estado?¿En procesos en los que se ventile un interés público, como lo es el de repetición, no procede la condena en costas procesales para la parte vencida?
¿Se configuró la nulidad absoluta del contrato de obra pública por las conductas penales en las que incurrieron los ex gobernadores del departamento demandado, en la celebración de dicho negocio jurídico? Sí
El contrato estatal y sus adicionales se encuentran viciados de nulidad absoluta por causa ilícita y desviación o abuso de poder cuando su celebración no obedece a los fines esenciales de la contratación estatal sino a conductas contrarias a la legalidad que defraudan el patrimonio público, conforme al artículo 1743 del Código Civil y el numeral 3 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993. Para acreditar fehacientemente tales irregularidades, las sentencias penales condenatorias y los preacuerdos celebrados con la fiscalía general de la nación ofrecen suficiencia probatoria sobre los hechos relevantes y la responsabilidad penal de los intervinientes, sin que ello signifique una renuncia al poder punitivo por parte del Estado ni afecte el control judicial sobre la validez del negocio jurídico.síntesis automática
También resuelve:¿Tiene valor probatorio el preacuerdo suscrito entre el ex gobernador del departamento y la Fiscalía General de la Nación?¿Los preacuerdos suscritos por los ex gobernadores del departamento demandado y la Fiscalía, contaron con respaldo probatorio y gozan de validez al haber sido aprobados por el juez…¿El reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas dentro de un contrato que posteriormente es declarado nulo por objeto o causa ilícita…
¿Para definir el régimen aplicable al caso en acción de repetición debe verificarse la fecha del hecho dañoso y la ley vigente en ese momento, que en este caso es la Ley 678 de 2001? Sí
El contratista no tiene legitimación en la causa por pasiva para ser demandado en una acción de repetición cuando no ha sido probada su participación en los hechos que generaron la condena al Estado, ya que la acción de repetición es personal y se dirige específicamente contra el servidor o exservidor que con su conducta dio origen a la condena. Además, la legitimación en la causa requiere que entre la persona demandada y el derecho invocado exista un vínculo que legitime esa intervención, lo cual no se da si no se ha probado la participación del demandado en los hechos que generaron la condena. En consecuencia, la Sala desestima la demanda en contra del oficial del Ejército que no se encontraba en el lugar de los hechos y cuya participación no fue probada, lo que implica que el Estado no puede repetir contra este oficial.síntesis automática
También resuelve:¿Tienen legitimación en la causa los herederos indeterminados de un servidor público que falleció antes de iniciar la acción de repetición?¿Tiene legitimación en la causa por pasiva un oficial del Ejercito que no se encontraba en el lugar de la operación donde murieron dos civiles y cuya participación en los hechos no fue probada?¿La carga de sustentación que corresponde cumplir a la parte recurrente impone que se ataquen los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la providencia en aquello que se…
¿Se rigen por la Ley 678 de 2001, en todos sus aspectos sustanciales y procesales, los hechos ocurridos en vigencia de esta, relativos a la acción de repetición? Sí
El contratista está sujeto a la Ley 678 de 2001 en todos sus aspectos sustanciales y procesales para los hechos ocurridos durante su vigencia, incluyendo la acción de repetición, ya que esta ley desarrolló el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución y estableció las presunciones legales para calificar la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor público. La entidad estatal es competente para ejercer la acción de repetición contra el agente estatal cuya conducta ha generado una condena contra la entidad, incluso en segunda instancia, siempre que se cumplan los requisitos de competencia funcional y cuantía. El término de caducidad para formular pretensiones en repetición comienza a contar desde el pago efectivo de la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses para su pago, según el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. La legitimación en la causa por activa recae sobre la entidad pública que pagó la condena, mientras que la legitimación en la causa por pasiva recae sobre el agente que con su conducta dolosa o gravemente culposa dio lugar al daño. Estas reglas reiteran y matizan precedentes anteriores, proporcionando mayor claridad sobre la aplicación de la Ley 678 de 2001 en casos de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿Es competente el Consejo de Estado para conocer en segunda instancia de un proceso de repetición instaurado contra un agente estatal cuya conducta dolosa o gravemente culposa generó una condena…¿El término de caducidad del medio de control de repetición empieza a contar desde el pago efectivo de la condena, o desde el vencimiento del plazo dispuesto en la ley para efectuarlo?¿La legitimación en la causa por activa recae sobre la entidad pública que asumió el pago de la condena impuesta al Estado…
¿Se pudo establecer que el demandado actuó bajo el convencimiento de que al estar facultado por la junta directiva del Instituto Financiero de Boyacá para realizar la reestructuración de la planta de personal contaba con la aprobación del gobernador? Sí
El servidor público que dirige un establecimiento público no incurre en dolo ni en culpa grave a efectos del medio de control de repetición cuando expide actos administrativos de reestructuración de la planta de personal bajo el convencimiento de contar con la aprobación del gobernador del departamento. Así ocurre si la junta directiva de la entidad descentralizada, presidida por el mandatario departamental conforme al decreto aplicable, delega al gerente general la determinación de la planta de personal y conoce y aprueba las decisiones adoptadas en las reuniones de reestructuración, pues ello lleva consigo la aquiescencia de la autoridad territorial. De igual manera, los funcionarios subalternos que no suscribieron ni firmaron los actos administrativos parcialmente anulados tampoco están llamados a responder patrimonialmente a título de dolo o culpa grave, por lo que, ante la ausencia del elemento subjetivo, procede negar las pretensiones de la demanda de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿Se probó que los demandados actuaron con dolo y/o culpa grave en los hechos bajo examen?¿La anulación de los actos administrativos por falta de cumplimiento de requisitos legales, lleva consigo la conclusión de que se obró con dolo o culpa grave?¿El hecho de que la junta directiva del Infiboy delegara al gerente para determinar la planta de personal, llevaba consigo la aquiescencia del gobernador del departamento?
¿Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración tienen la prerrogativa de imponer unilateralmente multas y penas pecuniarias a través de un acto administrativo, ejecutorio y ejecutable? Sí
El contratista no puede impugnar la legalidad de un acto administrativo sancionatorio ejecutorio y ejecutable emitido por la entidad estatal, ya que este se ampara en la presunción de legalidad y no ha sido declarado nulo, además de que la demanda de reconvención presentada por el contratista no cumplió con los requisitos de procedibilidad, como la conciliación prejudicial. La entidad estatal tiene la prerrogativa de imponer unilateralmente multas y penas pecuniarias a través de un acto administrativo, ejecutorio y ejecutable, conforme al artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, lo que reitera la jurisprudencia existente y confirma la competencia del Consejo de Estado para resolver el recurso de apelación en controversias contractuales que involucran a entidades del orden nacional. Esta regla implica que los contratistas deben cumplir con los requisitos legales y contractuales antes de impugnar actos administrativos sancionatorios.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca?¿En caso de que las partes no liquidaran el contrato bilateralmente, ni la Administración lo hiciera unilateralmente, el interesado podría acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede…¿Los patrimonios autónomos de remanentes pueden ser sujetos pasivos de acciones y responder por obligaciones de una entidad ya liquidada?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-05-22Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 63001233300020190024601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La presentación de la demanda resulta oportuna tal como acertadamente lo concluyó el Tribunal a quo? Sí
La entidad contratante y los extremos procesales calculan el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales a partir del vencimiento del plazo conferido para la liquidación bilateral y el posterior periodo de liquidación unilateral, configurándose la oportunidad procesal en la presentación de la demanda dentro de los plazos legales vigentes, mientras el juez interpreta la ocurrencia del siniestro del contrato de seguro de cumplimiento conforme al conocimiento efectivo de la inobservancia de las obligaciones contractuales pactadas, sin que resulte admisible concebir dicha póliza bajo las reglas del seguro de responsabilidad civil consagradas expresamente en el artículo 1131 del Decreto 410 de 1971 dentro de la actuación procesal adelantada por la respectiva autoridad judicial competente.síntesis automática
También resuelve:¿El municipio de Armenia tenía dos años para acudir en forma oportuna ante la jurisdicción, sin embargo, la entidad territorial presentó la demanda cuando ya había operado la prescripción de la…¿La Sala comparte el argumento expuesto en la providencia recurrida que concibe el seguro de cumplimiento como un seguro de responsabilidad?¿El contrato era de aquellos que requerían liquidación pero esta no se llevó a cabo por las partes de común acuerdo ni de forma unilateral por la administración?
¿Se presentó de forma oportuna la demanda de repetición en el caso sub examine, considerando que, aunque a este asunto le resultan aplicables las normas contenidas en la Ley 1437 de 2011, la condena objeto de recaudo del sub lite se profirió en un proceso de reparación directa que inició su trámite en vigencia del Decreto 01 de 1984? Sí
La entidad pública que promueve el medio de control de repetición bajo la Ley 1437 de 2011 respecto de una condena dictada en un proceso de reparación directa iniciado en vigencia del Decreto 01 de 1984 cuenta con un plazo de 18 meses para efectuar el pago desde el día siguiente a la ejecutoria del fallo, conforme al artículo 177 de dicho decreto. Para contabilizar el término de caducidad de la acción de repetición resulta determinante la fecha del pago o el vencimiento de ese plazo legal, lo que ocurra primero. Adicionalmente, en atención al principio de congruencia previsto en el artículo 281 de la Ley 1564 de 2012, tanto el juez de primera instancia como el superior jerárquico deben circunscribir la valoración de la conducta del agente estatal exclusivamente a las omisiones y hechos imputados en la demanda, estándoles vedado analizar actuaciones u obligaciones adicionales no atribuidas en el escrito inicial.síntesis automática
También resuelve:¿Existe legitimación en la causa por activa por parte de la demandante en cuanto es la persona sobre la que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, es decir…¿El juez de primera instancia desconoció el principio de congruencia de la sentencia, al pronunciarse sobre unas actuaciones que no fueron imputadas en la demanda?¿Resulta procedente el estudio de los cargos de alzada que no hicieron parte del petitum y de la causa petendi de la demanda?
¿El contrato de seguro de cumplimiento es accesorio al contrato estatal que ampara? No
El contrato de seguro de cumplimiento es un negocio principal, autónomo e independiente del contrato estatal que ampara, de modo que la obligación de la aseguradora es propia y no se suspende de forma automática con la suspensión de la exigibilidad del contrato amparado. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la aseguradora asume una obligación propia de cubrir los perjuicios por incumplimiento del contratista, a cambio de una prima, y su obligación surge cuando se materializa el riesgo. Segunda, el contrato de seguro es una tipología especial de negocio, con estructura y funcionamiento distintivos, que responde a la especialidad de la empresa aseguradora. Tercera, no existe una comunicabilidad automática de la suspensión del contrato amparado a la póliza, de modo que la aseguradora no puede fincar en ella la suspensión de sus obligaciones. La providencia confirma la negativa de las pretensiones de la aseguradora. La consecuencia práctica es que la suspensión de la ejecución del contrato amparado no suspende por sí sola la obligación de la aseguradora, que es propia de su negocio.síntesis automática
También resuelve:¿La suspensión de la ejecución del contrato de obra produce como efecto directo y automático la suspensión de las obligaciones del contrato de seguro durante dicho interregno?¿Ante la suspensión del término del negocio jurídico, el interés asegurable y el riesgo de su afectación permanecen patentes mientras el vínculo subsista y existan saldos del anticipo sin disponer en…¿El alcance de la póliza de cumplimiento en la contratación estatal debe ser mayor al que tiene en un negocio jurídico privado en virtud del cumplimiento de los fines esenciales del Estado?
¿La sociedad aseguradora, en su calidad de garante de un contrato estatal, puede acudir al medio de control de controversias contractuales para controvertir la legalidad de los actos administrativos proferidos durante la ejecución del contrato mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contratista, se impusieron multas y se hicieron efectivas la cláusula penal pecuniaria y la póliza de cumplimiento? Sí
La sociedad aseguradora que actúa como garante de un contrato estatal, aunque no sea parte del contrato, está legitimada para ejercer el medio de control de controversias contractuales contra los actos administrativos expedidos durante la ejecución que declaren el incumplimiento, impongan multas o hagan efectivas la cláusula penal y la póliza, cuando el reproche se origina en perjuicios o en una afectación derivada de esas declaraciones. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 141 del CPACA reconoce a cualquiera de las partes del contrato estatal la facultad de demandar la nulidad de actos administrativos contractuales, sin que se limite a las partes en sentido estricto; la jurisprudencia de la Sección ha reconocido la investidura de la aseguradora como garante, en virtud de su función de otorgamiento de pólizas; y el interés de la aseguradora se refiere a la afectación de sus obligaciones derivadas de la póliza. Por ello, la aseguradora puede cuestionar la legalidad de esos actos. La providencia confirma la legitimación.síntesis automática
También resuelve:¿Se presentó dentro del término de caducidad de dos años el medio de control de controversias contractuales ejercido por la sociedad Seguros del Estado S.A.…¿Se encuentran legitimadas en la causa por activa y por pasiva las partes dentro del presente medio de control de controversias contractuales…¿Es posible que un acto administrativo, aun cuando exista y haya nacido a la vida jurídica, sea declarado inválido o inoponible cuando presenta vicios en sus elementos de validez o eficacia…
¿Se cumplen los presupuestos procesales de competencia y procedencia del medio de control, dado que el Consejo de Estado es competente por razón de la cuantía para resolver el recurso de apelación, y el medio de control de controversias contractuales es el adecuado para controvertir la legalidad de los actos administrativos contractuales? Sí
La jurisdicción contencioso administrativa ejerce control sobre la legalidad de los actos contractuales emitidos por las entidades públicas en el marco de sus negocios jurídicos de obra pública. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde conocer del presente asunto, por cuanto la controversia sometida a juicio versa sobre la legalidad parcial de unos actos administrativos proferidos por una empresa industrial y comercial del Estado en el marco de un contrato celebrado con un consorcio. Por su parte, de conformidad con los artículos 150 y 152.5 del CPACA, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, tasando las costas y agencias en derecho según las tarifas aplicables.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda de controversias contractuales fue oportuna y, por tanto, no se configuró la caducidad del medio de control, dado que el término de dos años debía contabilizarse a partir de la firmeza de…¿Se encuentra debidamente integrada la relación jurídico procesal, en la medida en que Seguros del Estado S.A. está legitimada por activa por haber expedido la póliza afectada con los actos…¿El contrato de obra pública, celebrado entre la EDU y el consorcio Fronpeco para la construcción del Parque Biblioteca, se encontraba sometido al Estatuto General de Contratación de la…