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Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2022-07-01Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 25000232600020070035501ACCION CONTRACTUAL
¿Es posible tener como prueba una sentencia que declaró nulidad de unas resoluciones y que corresponde a argumentos en derecho? No
Una sentencia que contiene argumentos de derecho no constituye una prueba y, por tanto, no puede tenerse como tal dentro del proceso. La razón es que este tipo de providencias fundamenta jurídicamente la decisión y no acredita hechos, de modo que su incorporación no cumple la función probatoria que exige el trámite de segunda instancia. En el caso, la parte demandante aportó y solicitó tener como prueba copia de una sentencia del Consejo de Estado del 18 de noviembre de 2021 que había declarado la nulidad de resoluciones de una entidad de desarrollo urbano. Sostuvo que el fallo era de interés porque definía aspectos fundamentales de la relación entre las partes y de sus responsabilidades en el contrato controvertido. El despacho consideró que el documento aportado no correspondía a pruebas sino a argumentos de derecho y, por esa razón, se abstuvo de pronunciarse sobre la solicitud. La consecuencia práctica es que el documento no se incorpora al acervo probatorio, aunque las partes podrán invocar sus fundamentos en el debate jurídico.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de adición o complementación de providencias2026-07-15Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 85001233300020210004401LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La segunda instancia denegó la proporcionalidad por el hecho de que las obligaciones de no informar la inhabilidad sobreviniente y ceder el contrato sin autorización son indivisibles, estimando que no es viable aplicarla en forma proporcional? Sí
El contratista no puede solicitar la proporcionalidad de la cláusula penal pecuniaria cuando las obligaciones incumplidas son indivisibles, ya que la segunda instancia considera que no es viable aplicarla de manera proporcional en estos casos. La compañía aseguradora demandada propuso la excepción de inexigibilidad de la totalidad del amparo de cumplimiento por ejecución parcial del contrato, argumentando que la proporcionalidad de la pena le otorgaba derecho a la reducción proporcional de la cláusula penal. Sin embargo, la sentencia de segunda instancia denegó la proporcionalidad debido a que las obligaciones de no informar sobre una inhabilidad sobreviniente y ceder el contrato sin autorización son indivisibles, por lo que no es posible aplicar la proporcionalidad en este caso. Esta decisión quedó clara y precisa en el acápite resolutivo, sin dejar lugar a dudas.síntesis automática
También resuelve:¿La cláusula penal no se pidió en subsidio de las multas sino de la indemnización de perjuicios derivados del incumplimiento?¿La compañía aseguradora solo podía reclamar compensación de las acreencias en su favor, pero no estaba legitimada para pedirla respecto de lo adeudado al contratista?¿Lo pretendido por la solicitante es plantear en forma extemporánea la excepción de prescripción extintiva, y esto riñe con la posibilidad de adicionar las decisiones judiciales?
Sentencia — Sentencia2023-01-26Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 11001032600020220004400LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Ninguno de los argumentos planteados por el recurrente se enmarca en los supuestos que ha identificado la Sala para la procedencia de la causal? Sí
La Sala negará la procedencia del recurso. En oportunidades anteriores se ha indicado que la causal 7, sobre el laudo en conciencia o equidad, se configura cuando el laudo carece realmente de motivación probatoria. Ninguno de los argumentos planteados por el recurrente se enmarca en los supuestos que ha identificado la Sala para la procedencia de la causal. Por una parte, no argumenta que el laudo haya ignorado el acervo probatorio. Por la otra, tampoco señala que la decisión adoptada en el laudo no esté soportada en las pruebas del proceso arbitral.
También resuelve:¿El argumento que tuvo en cuenta el tribunal para asignar la responsabilidad al contratista fue el alcance del principio de planeación?¿Las conclusiones a las que arribó el tribunal se sustentan en las pruebas?¿Cuando se declare infundado el recurso de anulación se condenará al recurrente al pago de las costas?
¿La recurrente no presentó ningún argumento de inconformidad dirigido a rebatir las conclusiones por las cuales el Tribunal a quo negó sus pretensiones y su impugnación se limitó a reiterar lo planteado inicialmente en la demanda? Sí
Basta con la lectura de… la apelación para concluir que el demandante no expuso razones de oposición fundamentadas en la viabilidad de analizar el asunto por la vía de la reparación directa, que en últimas fue a lo que se rehusó el a quo en su decisión. La Sala concluye que la recurrente no presentó ningún argumento de inconformidad dirigido a rebatir las conclusiones con fundamento en las cuales el Tribunal a quo negó sus pretensiones, en tanto que en la impugnación la parte actora se limitó a reiterar lo planteado inicialmente en la demanda, que fue resuelto en su integridad, y el único cargo nuevo no guarda congruencia con la base de la decisión de primera instancia, de manera que la Sala no puede efectuar ningún juicio de valor sobre la decisión objeto de apelación, ni suponer las razones de inconformidad de quien apela, por lo que confirmará la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño.
También resuelve:¿La vía procesal adecuada para tramitar las controversias entre las partes era la contractual y no la de reparación directa?¿El alegato de la parte recurrente se ciñó a ofrecer una reproducción idéntica a la plasmada en la demanda?¿Era procedente pretender el cobro de unas facturas que se dejaron de tramitar en el momento oportuno?
¿Los contratos de concesión para la prestación del servicio público de aseo están sometidos al régimen del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública? Sí
El contratista no incluye la cláusula de reversión en contratos de concesión de servicios públicos, ya que estos no implican la explotación de bienes del Estado, sino la prestación de un servicio en un área de servicio exclusivo. Según el artículo 32 numeral 4 de la Ley 80 de 1993, la cláusula de reversión se aplica a la concesión de bienes, no a servicios públicos. En este caso, el contrato celebrado por la entidad territorial con Atesa para la prestación del servicio público de aseo no contempla la reversión, ya que la prestación del servicio no es monopolística y puede ser realizada por cualquier operador en un sistema de libre mercado. La entidad contratante debe evaluar la conveniencia de incluir la cláusula de reversión en función del valor presente neto del contrato, considerando que la prestación del servicio no implica la explotación de bienes estatales. La Sala reitera que la cláusula de reversión no es aplicable en contratos de concesión de servicios públicos, lo que implica que el contratista no está obligado a incluirla en dichos contratos.síntesis automática
También resuelve:¿En el contrato de concesión del servicio público de aseo se debe tener por incluida la cláusula de reversión?¿La amortización de sumas de dinero en el contrato debe ser expresamente pactada?¿La cláusula de reversión es de la esencia de todos los contratos de concesión?
¿En el recurso de apelación deben exponerse las razones o los fundamentos de disenso por los cuales no se comparten los argumentos y las decisiones adoptadas en la sentencia recurrida? Sí
El contratista debe exponer en el recurso de apelación las razones o fundamentos de disenso específicos contra los argumentos y decisiones de la sentencia recurrida, cumpliendo así con la carga de sustentación que le corresponde, de lo contrario, el recurso será rechazado por falta de sustento. La Sala reitera que el juez de segunda instancia debe confrontar el sustento de la decisión apelada con los argumentos de inconformidad presentados por la parte recurrente, y que la mera manifestación de desacuerdo o la petición de modificación no es suficiente. En otro aspecto, la entidad estatal que es un ente universitario autónomo del orden departamental, al celebrar contratos de obra, debe regirse por las normas del derecho privado, excluyéndose la aplicación del estatuto general de contratación de la administración pública, conforme a la Ley 1150 de 2007 y el artículo 93 de la Ley 30 de 1992. Esto implica que las controversias deben resolverse según el régimen jurídico privado aplicable al negocio, lo que tiene implicaciones significativas en la interpretación y aplicación de las normas contractuales y en la resolución de conflictos en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Se rigen por el derecho privado los contratos de obra que celebran los entes universitarios autónomos del orden departamental?¿La ausencia de salvedades en los acuerdos modificatorios suscritos durante la relación negocial no impide analizar de fondo las reclamaciones de la parte demandante?¿El dictamen pericial debe ser claro, preciso, exhaustivo, sólido y de calidad; analizado con lo acontecido durante el interrogatorio del perito y la explicación de los exámenes…
¿Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración tienen la prerrogativa de imponer unilateralmente multas y penas pecuniarias a través de un acto administrativo, ejecutorio y ejecutable? Sí
El contratista no puede impugnar la legalidad de un acto administrativo sancionatorio ejecutorio y ejecutable emitido por la entidad estatal, ya que este se ampara en la presunción de legalidad y no ha sido declarado nulo, además de que la demanda de reconvención presentada por el contratista no cumplió con los requisitos de procedibilidad, como la conciliación prejudicial. La entidad estatal tiene la prerrogativa de imponer unilateralmente multas y penas pecuniarias a través de un acto administrativo, ejecutorio y ejecutable, conforme al artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, lo que reitera la jurisprudencia existente y confirma la competencia del Consejo de Estado para resolver el recurso de apelación en controversias contractuales que involucran a entidades del orden nacional. Esta regla implica que los contratistas deben cumplir con los requisitos legales y contractuales antes de impugnar actos administrativos sancionatorios.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca?¿En caso de que las partes no liquidaran el contrato bilateralmente, ni la Administración lo hiciera unilateralmente, el interesado podría acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede…¿Los patrimonios autónomos de remanentes pueden ser sujetos pasivos de acciones y responder por obligaciones de una entidad ya liquidada?
¿Es competente la jurisdicción contencioso administrativa para conocer demandas de repetición interpuestas por entidades públicas contra servidores o particulares que hayan causado un perjuicio por actuación dolosa o gravemente culposa? Sí
La jurisdicción contencioso administrativa es competente para conocer demandas de repetición interpuestas por entidades públicas contra servidores, exservidores o particulares que hayan causado un perjuicio por actuación dolosa o gravemente culposa, con el fin de obtener el reembolso de los dineros pagados. Esta competencia se fundamenta en el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el inciso 1 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. Además, la Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante cuando la cuantía supera los 500 SMLMV, según lo dispuesto en el artículo 150 y el numeral 9 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011. La caducidad del medio de control de repetición se calcula según el régimen jurídico vigente al momento de iniciación del proceso, conforme al artículo 308 del CPACA, y no al momento de la ejecutoria de la sentencia. En este caso, la entidad pública presentó la demanda dentro del plazo de dos años siguientes al pago de la condena impuesta al Estado, cumpliendo así con el requisito temporal.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el medio de control de repetición contra un servidor, exservidor o particular investido de función pública cuando se verifica que su conducta dolosa o gravemente culposa dio lugar a una…¿Debe aplicarse el régimen procesal vigente al momento de iniciación del proceso para efectos del cumplimiento de la sentencia, conforme al artículo 308 del CPACA?¿Se ejerció en tiempo el medio de control de repetición cuando la demanda fue presentada dentro de los dos años siguientes al pago de la condena impuesta al Estado?
¿Demostró la parte actora la excepcional onerosidad que abra paso a las pretensiones condenatorias contra el CSJ? No
El contratista que reclama el restablecimiento del equilibrio económico por suspensiones y mayor permanencia en la obra debe acreditar los costos adicionales en que incurrió y la utilidad dejada de percibir, pues sin esa prueba la pretensión de condena no prospera. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la carga de la prueba corresponde a quien alega el supuesto de hecho, conforme al artículo 167 del Código General del Proceso. Segunda, en el caso no se demostraron los costos adicionales derivados de las suspensiones, de modo que el perjuicio material no quedó acreditado. Tercera, el consorcio tampoco acreditó la utilidad dejada de percibir por la mayor permanencia en la obra, por lo que no existen elementos para establecer la utilidad proyectada. La providencia confirma la sentencia que negó las pretensiones y no introduce cambio de criterio. La consecuencia práctica es que la reclamación por mayor permanencia debe respaldarse con prueba específica de costos y de utilidad, y no puede fundarse solo en la existencia de las suspensiones.síntesis automática
También resuelve:¿Aportó el demandante las pruebas que permitan acreditar los costos administrativos en que incurrió y la utilidad dejada de percibir que reclama?¿La liquidación bilateral requiere que el necesario acuerdo de voluntades de las partes revista la formalidad del escrito?¿El pago de las actas mensuales de obra no quedó supeditado a un término o plazo específico sino al cumplimiento por parte del contratista de una serie de condiciones?
¿No se podía obviar que no se celebró el acta de inicio del contrato, para llevar a cabo el conteo de la caducidad del medio de control? Sí
El juez contencioso administrativo debe computar el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales a partir de la fecha del acta de terminación unilateral cuando las partes omitieron suscribir el acta de inicio del contrato. El magistrado disidente expone en su salvamento de voto que la mayoría erró al aplicar un plazo presunto de suscripción del acta inicial, desatendiendo la realidad contractual y la sentencia SU-16 de 2026 de la Corte Constitucional. Considera que la providencia exigía una argumentación jurídica más rigurosa y sólida para resolver adecuadamente los aspectos de caducidad y las controversias relativas al los actos de terminación y liquidación del vínculo negocial.síntesis automática
También resuelve:¿La Sala tomó una decisión respecto a la caducidad del medio de control, sin llevar a cabo una argumentación que demuestre la correcta aplicabilidad de los motivos de hecho y de derecho que debían…
¿En la sentencia debió resolverse el fondo de la controversia y negarse las pretensiones de la demanda porque no se configuró la causal de nulidad absoluta del contrato alegada en por el demandante? Sí
En esta decisión, la Sala se abstuvo de resolver el fondo de la controversia bajo el argumento según el cual las pretensiones de nulidad absoluta del contrato fueron planteadas como consecuenciales de las de nulidad y restablecimiento del derecho del acto de adjudicación y, estas últimas, se encontraban caducadas porque se ejercieron con posterioridad al término de 4 meses previsto en el CPACA. Contrario a lo decidido por la mayoría de la Sala, considero que las pretensiones debían ser negadas porque no se configuró la causal de nulidad alegada tal como lo realizó el tribunal de primera instancia.
¿En la sentencia se debieron estudiar las causales de terminación que de forma previa fueron estipuladas en el contrato, para con ello explicar que el hospital debió aplicarlas de forma preferente a la cláusula decimoctava, la cual fue la escogida por la administración para terminar discrecionalmente el mentado contrato? Sí
En la sentencia se indicó que el ejercicio de la cláusula de terminación discrecional del contrato por parte de la demandada fue arbitraria. Señaló que ello generó un escenario injusto al contratista, porque la entidad no explicó las razones de la terminación unilateral del contrato… . Aclaro mi voto porque considero que en el contrato se estipularon otras dos cláusulas que regulaban la terminación del contrato, a saber: (i) la tercera, que establecía que la terminación procedía por incumplimiento de las obligaciones del contratista y (ii) la novena, que incorporaba la facultad de terminación unilateral del artículo 17 de la Ley 80 de 1993, y que, por lo tanto, implicaba la aplicación de las causales de terminación de la ley.
¿La Subsección debía verificar si se configuró o no la caducidad de la acción, y no limitarse a afirmar que en el auto admisorio se realizó ese estudio? Sí
Aaunque comparto el sentido de la decisión y su argumentación, considero que la decisión debió analizar la caducidad de la acción, en primer lugar, por tratarse de una figura de orden público y, en ese sentido de una excepción que puede declararse de oficio. Además, porque el proyecto afirma que, una vez hecho ese análisis en el Auto admisorio, ya no era posible analizar la figura, sin más argumentación. Así, no se cumple con la carga argumentativa requerida. Incluso, debe tenerse en cuenta que, en el caso de que el estudio de caducidad realizada en el auto admisorio no se hubiera ajustado al ordenamiento jurídico, hubiera sido no solo posible sino necesario reabrir el debate.
¿En aquellos eventos en los cuales las pretensiones de la demanda están ligadas con el cruce de cuentas final del contrato, es presupuesto de procedibilidad de la acción demandar el acto de liquidación del contrato? Sí
Si bien comparto la decisión de la Subsección que declaró la ineptitud sustantiva de la demanda porque no se demandó la liquidación unilateral del contrato, ello obedece a que las pretensiones estaban íntimamente ligadas con el cruce de cuentas del contrato ya que lo pretendido era cuestionar la declaración de incumplimiento y las sumas que por tal concepto se reflejaron en el cruce de cuentas final a cargo del contratista, lo cual hacía imposible decidir de fondo el asunto sin examinar la legalidad de ese acto administrativo, cuestión que no podía abordarse de oficio.
¿Resultaba necesario hacer referencia específica en la sentencia acerca de las normas y las causales invocadas con las que se fundamentó la nulidad absoluta del contrato? Sí
Si bien comparto el sentido de la decisión aprobada por la mayoría de la Subsección de revocar la sentencia de primera instancia para en su lugar declarar la nulidad de los actos administrativos demandados y la nulidad absoluta del contrato no. 417 de 20 de abril de 2012 suscrito entre las partes, es de advertir que en el desarrollo de la decisión no se hizo referencia específica acerca de las normas y las causales invocadas con las que se fundamentó la nulidad absoluta del contrato, pues, si bien en el expediente quedó acreditado que el contrato fue suscrito sin respetar el procedimiento de selección que para la modalidad prescribe el legislador, esto es, se adelantó a través de la contratación directa cuando debió ser mediante licitación pública…
¿Las menciones que se hicieron respecto del deber de planeación debían incidir en la resolución del caso, cuando se observa que los fundamentos de las pretensiones invocadas por la parte demandante no se soportaron en su desconocimiento, ni lo revelado por el expediente permitía encausar el análisis del asunto desde esa perspectiva? No
Las menciones que se hicieron respecto del deber de planeación no tenían incidencia para la resolución del caso, en la medida que los fundamentos de las pretensiones invocadas por la parte demandante no se soportaron en su desconocimiento, ni lo revelado por el expediente permitía encausar el análisis del asunto desde esa perspectiva. Las consideraciones del fallo a las que me refiero son aquellas que sugieren que las pretensiones asociadas a los mayores costos en los que tuvo que incurrir la contratista para la ejecución del objeto pactado se habrían atribuido a inconsistencias originadas en una errónea o insuficiente planeación del proyecto, las cuales debían ser advertidas por ella durante el proceso de selección, lo que le impedía alegarlas después.
Aclaración voto — Aclaración de voto2023-03-01Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 11001032600020220001600LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Para la configuración de la causal número 7 del artículo 47 de la Ley 1563 de 2012, lo que debe determinar el juez de anulación no es el cumplimiento de un requisito puramente formal consistente en la adecuación de la decisión en una norma jurídica, sino que, se requiere del análisis del caso concreto y la determinación del fundamento jurídico aplicable a este? Sí
Aunque comparto el sentido de la decisión aprobada por la mayoría de la Subsección de declarar infundado el recurso extraordinario de anulación interpuesto por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) contra el laudo arbitral de 8 de octubre de 2021, disiento del fundamento allí esgrimido para sustentar que la decisión no fue en conciencia sino en derecho, pues, si bien el desarrollo jurisprudencial de esta Sección ha sostenido que para la configuración de la causal número 7 del artículo 47 de la Ley 1563 de 2012 se debe verificar la aplicación normativa, lo cierto es que no cualquier norma o criterio jurisprudencial conlleva a una decisión en derecho, ya que la exigencia se centra es precisamente en la comprobación de la aplicación de la norma que tenga relación y coherencia con la decisión adoptada…
¿En el medio de control de repetición debe determinarse la conducta personal, directa y subjetiva del sujeto pasivo de la litis, asunto que no deviene de la ilegalidad del acto administrativo? Sí
No bastaba el análisis de legalidad del acto administrativo disciplinario dejando de resolver acerca de si la responsabilidad de los demandados configuraba el requisito subjetivo de la acción de reembolso, máxime si se tenía en cuenta que ha sido pacífico y reiterado en esta Sala de Subsección A, que este medio de control no puede limitarse a reproducir la base argumental del fallo que declaró la nulidad de un acto administrativo sino que debe, indefectiblemente, determinarse la conducta personal, directa y subjetiva del sujeto pasivo de la litis, asunto que no deviene de la ilegalidad del acto.
También resuelve:¿La base argumental de la decisión se soportó en el estudio de la legalidad de la resolución 11 de 1999?
¿Resultaban necesarios para la decisión del caso, los argumentos relacionados con las salvedades en los acuerdos modificatorios en virtud de la buena fe negocial y la prohibición de ir en contra de los actos propios, cuando se tuvo por acreditado la falta de prueba del incumplimiento del contrato y la inaplicabilidad de la teoría del desequilibrio económico del contrato al tratarse de un contrato regido por el derecho privado, en el que no se configuró una prestación de futuro cumplimiento? No
Comparto la decisión adoptada por la Sala. No obstante, aclaro mi voto porque no resultaban necesarios para la decisión del caso, los argumentos relacionados con las salvedades en los acuerdos modificatorios en virtud de la buena fe negocial y la prohibición de ir en contra de los actos propios. En el proceso, el demandante pretendió la declaratoria de incumplimiento del contrato suscrito con Aguas de Barrancabermeja, así como la configuración del desequilibrio económico por el no reconocimiento de los sobrecostos derivados de la mayor permanencia de obra. Sobre el primer cargo, la Sentencia precisó que no se advertía una obligación incumplida y sobre el segundo, que el contrato se encontraba regido por el derecho privado y, en consecuencia, se estudiaba la figura de la “excesiva onerosidad sobrevenida” que requería para su configuración de una prestación de futuro cumplimiento, lo que no sucedió en el caso.
¿Las referencias generales en la sentencia al llamamiento en garantía regulado en el artículo 225 del CPACA son innecesarias para resolver el caso concreto, dado que se trata de un llamamiento en garantía especial con fines de repetición regulado en la Ley 678 de 2001? Sí
Estimo que las referencias generales al llamamiento en garantía regulado en el artículo 225 del CPACA son innecesarias para resolver el caso concreto. Estas referencias generan confusión entre la figura del llamamiento en garantía común y la especial con fines de repetición. Así las cosas, la norma pertinente para analizar la procedencia del llamamiento era la Ley 678 de 2001.
También resuelve:¿La única parte que puede llamar en garantía es la demandada, o quien eventualmente puede ser condenado en el proceso?¿Para que sea procedente el llamamiento en garantía con fines de repetición, es necesario que contra el llamado se formulen pretensiones y se realice una imputación de actuación dolosa o gravemente…