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Consejo de Estado Providencia

No se probó la violación del derecho al debido proceso de la compañía contratista

Sentencia — Sentencia 2024-01-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000232600020060207701 ACCION CONTRACTUAL
¿Se probó la violación del derecho al debido proceso de la compañía contratista? No
La vulneración del derecho al debido proceso alegada contra un acto administrativo sancionatorio del contratista debe ser probada por quien la invoca, porque el supuesto de hecho del vicio requiere prueba cuya omisión impide su reconocimiento. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, conforme a la regla de la carga de la prueba, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Segunda, en el caso no se probó la infracción del debido proceso del contratista, y el cargo no tiene vocación de prosperar. Tercera, la sentencia constató que no operó la prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro y que los actos no adolecen de incompetencia temporal ni de infracción de la Constitución. La providencia confirma la negativa de las pretensiones. La consecuencia práctica es que el contratista que alega el desconocimiento de su debido proceso en la sanción debe aportar las pruebas que lo demuestren, y no basta con invocar la vulneración.síntesis automática
También resuelve: ¿Se encuentra acreditado que hubiera operado la prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro? ¿Los cargos alegados por la aseguradora y la contratista relacionados con la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro y la incompetencia temporal tienen vocación de prosperar? ¿Es deber de los contratistas constituir a favor de las entidades contratantes garantías de cumplimiento?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración tienen la prerrogativa

Sentencia — Sentencia 2025-04-09 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 50001233100020100061601 ACCION CONTRACTUAL
¿Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración tienen la prerrogativa de imponer unilateralmente multas y penas pecuniarias a través de un acto administrativo, ejecutorio y ejecutable? Sí
El contratista no puede impugnar la legalidad de un acto administrativo sancionatorio ejecutorio y ejecutable emitido por la entidad estatal, ya que este se ampara en la presunción de legalidad y no ha sido declarado nulo, además de que la demanda de reconvención presentada por el contratista no cumplió con los requisitos de procedibilidad, como la conciliación prejudicial. La entidad estatal tiene la prerrogativa de imponer unilateralmente multas y penas pecuniarias a través de un acto administrativo, ejecutorio y ejecutable, conforme al artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, lo que reitera la jurisprudencia existente y confirma la competencia del Consejo de Estado para resolver el recurso de apelación en controversias contractuales que involucran a entidades del orden nacional. Esta regla implica que los contratistas deben cumplir con los requisitos legales y contractuales antes de impugnar actos administrativos sancionatorios.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca? ¿En caso de que las partes no liquidaran el contrato bilateralmente, ni la Administración lo hiciera unilateralmente, el interesado podría acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede… ¿Los patrimonios autónomos de remanentes pueden ser sujetos pasivos de acciones y responder por obligaciones de una entidad ya liquidada?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Tampoco es suficiente dicho argumento para desvirtuar la cuantificación de los perjuicios del acto demandado

Sentencia — Sentencia 2024-02-05 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000232600020090087102 ACCION CONTRACTUAL
¿El proceso de contratación directa para la construcción de las obras resulta suficiente para desvirtuar la existencia de los perjuicios sufridos por la entidad contratante? No
La existencia del perjuicio por la entrega deficiente del objeto de un contrato de consultoría no se desvirtúa con argumentos sobre el proceso de contratación directa posterior, sino con prueba de que el producto cumplía las exigencias contractuales de calidad. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la frustración del objeto pactado en la consultoría fue determinante, y el argumento sobre la contratación directa no acredita que los productos satisficieran la necesidad contratada. Segunda, la cuantificación del perjuicio se fundó en la efectividad del amparo de calidad por el valor asegurado, y esa cuantificación no fue desvirtuada por la parte actora. Tercera, conforme a la carga de la prueba, quien alega el cumplimiento de la calidad debía demostrarlo. La providencia revoca la decisión de primera instancia y mantiene la cuantificación del acto. La consecuencia práctica es que el contratista que pretende desvirtuar la indemnización por calidad deficiente debe probar la calidad del producto y no basta con la existencia de otro proceso de contratación.síntesis automática
También resuelve: ¿Los productos resultantes de la consultoría satisficieron la necesidad para la cual fueron contratados? ¿El dictamen pericial carece de la fuerza probatoria necesaria para desvirtuar los hechos que le dieron sustento al acto administrativo demandado? ¿La declaratoria del siniestro trató de ocultar la negligencia en adelantar la construcción de la obra?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Puede una entidad estatal negarse válidamente a realizar desembolsos pactados en un convenio de asociación

Sentencia — Sentencia 2025-10-17 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 52001233300020180000801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede una entidad estatal negarse válidamente a realizar desembolsos pactados en un convenio de asociación cuando estos están sujetos al cumplimiento de condiciones suspensivas no acreditadas dentro del plazo de ejecución contractual? Sí
El contratista no puede exigir válidamente el cumplimiento de desembolsos pactados en un convenio de asociación cuando estas obligaciones están sujetas a condiciones suspensivas no cumplidas dentro del plazo de ejecución contractual, según establece la Sala. La entidad estatal puede negarse a realizar estos desembolsos si las condiciones suspensivas no se han acreditado, ya que la exigibilidad de dichas obligaciones depende de la ocurrencia de dichos eventos futuros. La Sala reitera que la realización de los desembolsos debe cumplir con los requisitos y condiciones establecidos en el convenio, y que la falta de cumplimiento de estas condiciones dentro del plazo contractual impide que la obligación se haga exigible. Esto implica que la entidad estatal no incumple el convenio al no efectuar los desembolsos cuando las condiciones no se han cumplido, y que la Sala revoca la decisión de declarar probada la excepción de contrato no cumplido en favor del contratista.síntesis automática
También resuelve: ¿El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural incumplió el convenio de asociación al no efectuar el segundo y tercer desembolsos pactados… ¿Vulnera el principio de congruencia y el debido proceso que el juez declare probada una excepción no propuesta expresamente por la parte demandada, si está debidamente acreditada en el expediente? ¿Puede declararse la responsabilidad contractual del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) por el supuesto incumplimiento de su obligación de liquidar bilateralmente un convenio…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El consorcio omitió adoptar las medidas de mitigación

Sentencia — Sentencia 2023-11-20 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 05001233300020130051101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El consorcio omitió adoptar las medidas de mitigación previstas en el pliego de condiciones e informar a la entidad sobre la incidencia de las lluvias en el cabal avance de la obra? Sí
El contratista omite adoptar las medidas de mitigación previstas en el pliego de condiciones e informar a la entidad sobre la incidencia de las lluvias en el avance de la obra, lo que implica un incumplimiento del contrato y justifica la liquidación del mismo, según establecen los artículos 4 de la Ley 1150 de 2007, 88 del Decreto 2474 de 2008 y 27 de la Ley 80 de 1993. En este caso, el consorcio no cumplió con estas obligaciones, lo que llevó a la entidad a declarar el incumplimiento y liquidar el contrato, sin que el contratista pudiera alegar que el fenómeno climático justificaba su abandono de la obra sin notificar a la administración. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con las obligaciones contractuales y las medidas de mitigación frente a eventos climáticos, evitando que el contratista pueda simplemente abandonar la obra sin consecuencias legales.síntesis automática
También resuelve: ¿Las obras extras guardaban relación con los ítems que la entidad demandada echó de menos al declarar el incumplimiento del consorcio? ¿Se cumplieron los supuestos legales y procedimentales que habilitaban a la entidad estatal para imponer la cláusula penal? ¿Se configuró la situación de incumplimiento que la contratante declaró en los actos acusados y por tanto la causal de procedencia de la cláusula penal?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Procede el medio de control de reparación directa cuando el daño que se reclame provenga de un hecho imputable a la administración de justicia.

Sentencia — Sentencia 2024-04-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 76001233300020160021301 LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿Procede el medio de control de reparación directa cuando el daño que se reclame provenga de un hecho imputable a la administración de justicia? Sí
La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para obtener la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño proviene de un hecho, una omisión, una operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta de un contrato estatal o de un acto administrativo. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, el artículo 140 del CPACA delimita este medio de control frente a los demás, de modo que cuando el daño es imputable a la administración de justicia y no se origina en un contrato ni en un acto administrativo, la reparación directa es la vía procedente. Segundo, la responsabilidad patrimonial del Estado que se reclama tiene fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política. La providencia modifica la decisión de primera instancia y reitera la jurisprudencia sobre la procedencia de la reparación directa; en la práctica, el demandante que reclame daños causados por la administración de justicia debe acudir a la reparación directa dentro del término de caducidad correspondiente.síntesis automática
También resuelve: ¿La caducidad del medio de control representa un límite al derecho de acción y una garantía al principio de seguridad jurídica e interés general? ¿El demandante ejerció su derecho de acción en tiempo, por lo cual, existe inoperancia de la caducidad del medio de control de reparación directa por privación injusta? ¿Tienen legitimación en la causa por activa y por pasiva las partes procesales, excepto la persona que alega es la compañera permanente de la víctima de privación injusta de la libertad, por lo cual…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

¿Procede en el caso sub examine la reducción del monto que debe asumir el demandado con ocasión de la condena impuesta a la demandante ante la demostración de la conducta imprudente que desplegó en el manejo del arma de dotación, en razón a que, no se acreditó la intervención de la víctima en la producción del daño?

Salvamento voto — Salvamento de voto 2023-05-25 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 68001233300020140074901 ACCION DE REPETICION
¿Procede en el caso sub examine la reducción del monto que debe asumir el demandado con ocasión de la condena impuesta a la demandante ante la demostración de la conducta imprudente que desplegó en el manejo del arma de dotación, en razón a que, no se acreditó la intervención de la víctima en la producción del daño? No
Con el debido respeto por la decisión aprobada por la Subsección, me aparté de la referida determinación adoptada por la mayoría de la Sala en este caso porque, el argumento de apelación de la entidad demandante es que el demandado debe reintegrar el valor total de la condena ante la demostración de la conducta imprudente que desplegó en el manejo del arma de dotación, en ese orden considero que la intervención de la víctima, que sirvió para considerar la reducción de la condena, ya sea de manera exclusiva o parcial en la producción del daño, debe estar plenamente demostrada, lo cual no se acreditó en el presente evento. Si bien la versión del demandado permite inferir un posible acto de entrega irregular del arma con la aquiescencia de la víctima, que, para ese momento fungía como comandante de guardia, el testimonio del otro policial que estaba dentro del CAI con el demandado y con la víctima pone en duda ese acto de recibo.
Consejo de Estado Providencia

El juez puede acudir a reglas de la experiencia para fijar la utilidad esperada cuando existe insuficiencia probatoria sobre la cuantificación de los perjuicios reclamados.

Salvamento voto — Salvamento de voto 2026-10-09 Sección Tercera (Subsección A) ZORANNY CASTILLO OTÁLORA Rad. 25000232600020100014401 ACCION CONTRACTUAL
¿La aplicación de reglas de la experiencia para fijar la utilidad esperada, ante la insuficiencia probatoria sobre la cuantificación de los perjuicios, desconoce la carga de la prueba y las garantías de defensa y contradicción de la parte convocada? No
Todo demandante que reclama indemnización por perjuicios derivados de la nulidad de adjudicación y del contrato debe acreditar su cuantía, sin que la insuficiencia probatoria del dictamen pericial desplace la carga probatoria ni impida acudir a reglas de la experiencia para fijar la utilidad en equidad. En este salvamento parcial de voto, el consejero cuestiona la decisión de la Subsección que fijó la utilidad esperada en un 5% del valor de la propuesta ante la falta de soportes contables del peritaje, argumentando que el fracaso probatorio en la cuantificación del perjuicio no autoriza al juzgador a presumir la utilidad ni a trasladar cargas procesales en desmedro del derecho de defensa y contradicción de la parte convocada.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede la condena en abstracto, con fijación posterior del monto indemnizatorio mediante incidente, cuando la parte demandante acredita los fundamentos de la responsabilidad… ¿La insuficiencia probatoria derivada de la ausencia de soportes financieros idóneos y de las deficiencias técnicas del dictamen pericial justifica acudir a criterios de equidad o reglas de…
Consejo de Estado Providencia

Salvamento de voto: se trata entonces de apartarse del tope indemnizatorio de cien salarios mínimos

Salvamento voto Unificación — SALVAMENTO DE VOTO 2013-09-25 Sección Tercera (Subsección C) Rad. 05001233100020010079901 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Para conceder indemnizaciones más altas cuando la naturaleza del caso lo amerite, el criterio rector para determinar la flexibilización del tope indemnizatorio ha de estar en la intensidad e índole del daño antijurídico? Sí
En el caso sub exámine la Sala ha encontrado procedente el incremento del monto de la condena por perjuicios morales, frente a daños antijurídicos derivados [de] graves violaciones a los derechos humanos y ante el deber de la reparación integral. Se trata entonces de apartarse del tope indemnizatorio de cien salarios mínimos, y dado el límite de mil salarios, contemplado en el art. 97 del Código Penal vigente, para la reparación del daño dentro del proceso penal. En su motivación, la Sala ha sido enfática en señalar que la posibilidad de extender la aplicación de la norma en cita se limita estrictamente a aquellos casos en los que el perjuicio alegado se deriva del delito y que el tope indemnizatorio señalado no se puede entender, de ninguna manera, como una imposición de reconocer exactamente mil salarios mínimos en tales casos.
También resuelve: ¿La Constitución de 1991 claramente se alejó de la concepción punitiva o subjetiva de la responsabilidad estatal para establecer un régimen centrado en el daño antijurídico? ¿La acción penal y la acción de reparación directa, al perseguir objetivos distintos, tienen diversos baremos de certeza y exigencias de individualización? ¿El fallo parece desconocer que el daño antijurídico puede perfectamente provenir de actuaciones que no constituyen delito y que, no por ello, implican un perjuicio menor para el afectado?