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¿Al suscribir las partes un acta de liquidación bilateral sin incluir salvedades expresas, concretas y debidamente determinadas sobre asuntos controvertidos, quedan jurídicamente vinculadas por el carácter declarativo y liberatorio del finiquito, de modo qué se presume la inexistencia de inconformidades y se limita la procedencia de reclamaciones posteriores respecto de hechos conocidos o razonablemente previsibles al momento de su firma? Sí
El contratista y la entidad estatal quedan jurídicamente vinculados por el carácter declarativo y liberatorio del acta de liquidación bilateral, presumiéndose la inexistencia de inconformidades y limitándose la procedencia de reclamaciones posteriores respecto de hechos conocidos o razonablemente previsibles al momento de su firma, siempre que no se incluyan salvedades expresas, concretas y debidamente determinadas sobre asuntos controvertidos. La liquidación del contrato no solo implica un cruce de cuentas, sino un ejercicio de verificación técnica, económica y administrativa que establece un balance económico y jurídico del pacto concluido, con efectos vinculantes y liberatorios cuando las partes logran un acuerdo. Dado que el acta de liquidación es un negocio jurídico, las salvedades deben quedar expresas y concretas en el documento para revelar aspectos no objeto de acuerdo, y su ausencia implica el acatamiento al contenido y efectos del finiquito suscrito. Esta exigencia de orden material se alza frente a sucesos posteriores desconocidos por las partes al celebrar el acta, permitiendo reclamaciones jurisdiccionales únicamente por eventos posteriores e inicialmente desconocidos.síntesis automática
También resuelve:¿Al no existir una salvedad expresa, concreta y relacionada con hechos conocidos al momento de suscribir el acta de liquidación…¿Procede el estudio de las reclamaciones traídas al proceso, por tratarse de situaciones sorpresivas que exceptuaban a la USPEC de consignar las salvedades correspondientes en el acta de liquidación…¿Debe imponerse la condena en costas a la parte demandante, bajo el régimen objetivo previsto en el artículo 188 del CPACA y el artículo 365 del Código General del Proceso…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de aclaración de providencias2022-03-30Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZRad. 25000232600020100082101ACCION CONTRACTUAL
Aclaración de sentencia Sí
El contratista puede solicitar la aclaración de una sentencia cuando esta contiene frases o conceptos que ofrezcan duda, siempre que dichos elementos estén en la parte resolutiva o influyan en ella. En este caso, la Sala aclaró la sentencia de 18 de noviembre de 2021 para indicar que en lo demás, el fallo de primera instancia es confirmado, resolviendo así la omisión que generaba duda en la parte resolutiva. La Sala también denegó la solicitud de adición de la sentencia, ya que no se dejaron de resolver aspectos del litigio en la providencia original. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la procedencia de la aclaración de providencias judiciales cuando existen dudas razonables en la parte resolutiva, pero no cuando no se han resuelto puntos específicos del litigio.síntesis automática
¿Si las pretensiones prosperan parcialmente, el juez tiene la facultad de abstenerse de condenar en costas o condenar parcialmente expresando los fundamentos de su decisión? Sí
El juez tiene la facultad, no el deber, de abstenerse de condenar en costas o condenar parcialmente cuando las pretensiones prosperan parcialmente, siempre que exprese los fundamentos de su decisión, según el artículo 365 del Código General del Proceso. La Sala confirmó que el hecho de que en los convenios interadministrativos se involucren dineros públicos y entidades estatales no convierte automáticamente el asunto en de “interés público”, aclarando que este concepto es muy genérico y no puede aplicarse a todos los procesos judiciales que involucran al Estado. Además, la representación de la parte demandada por apoderado judicial durante el proceso permitió la acreditación de las agencias en derecho, cuyo valor fue fijado dentro del rango establecido por el Consejo Superior de la Judicatura. En cuanto a la condena en costas y agencias en derecho de segunda instancia, se aplicará a la parte demandante conforme a los artículos 188 del Código Procesal Administrativo y 365 numeral 3 y 366 del Código General del Proceso, siendo competencia del tribunal de primera instancia la tasación y liquidación de estas.síntesis automática
También resuelve:¿El hecho que en los convenios interadministrativos se involucren dineros públicos y entidades estatales no convierte el asunto de “interés público”?¿Cómo la parte demandada estuvo representada por apoderado judicial durante el proceso, las agencias en derecho se acreditaron?¿Se condenará en costas y agencias en derecho de segunda instancia a la parte demandante?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2023-02-28Sección Tercera (Subsección C)GUILLERMO SANCHEZ LUQUERad. 05001233300020210178101LEY 1437 REPETICION
¿Como la constancia aportada no acredita el pago de la condena que se pretende repetir, se confirma la decisión de rechazar la demanda? Sí
Cuando la constancia aportada con la subsanación de la demanda de repetición no acredita el pago de la condena que se pretende repetir, la demanda debe rechazarse, pues el pago previo es requisito para el medio de control. La regla se apoya en tres razones. Primera, el numeral 5 del artículo 161 del CPACA exige que el pago se haya realizado antes de que el Estado pretenda recuperar lo pagado. Segunda, cuando la demanda no reúne los requisitos legales, el juez debe inadmitirla y conceder diez días para corregirla, y si no se corrige, debe rechazarla y ordenar la devolución de los anexos, según los artículos 169 y 170 del CPACA. Tercera, el comprobante aportado correspondía a una condena a favor de una demandante distinta y a otra resolución, por lo que no acreditaba el pago de la condena controvertida. En consecuencia, se confirmó el rechazo de la demanda. El auto que rechaza la demanda es apelable y se decide en Sala según el artículo 243 del CPACA.síntesis automática
También resuelve:¿El auto que rechace la demanda es susceptible del recurso de apelación y será decidido en Sala?
¿Debe revocarse la sentencia de primera instancia que decidió liquidar el convenio de colaboración entre Ecopetrol y el Municipio de Mani, con la orden de reintegrar los remanentes no ejecutados al Sistema General de Regalías porque, en criterio del recurrente, no sobró ningún recurso económico? No
Los recursos de regalías no ejecutados en un convenio de colaboración deben reintegrarse a la cuenta única del Sistema General de Regalías, según el artículo 95 de la Ley 1530 de 2012, aplicable por el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, y que los rendimientos financieros que el ente territorial deba devolver al aportante no se descuentan de esa deuda, porque provienen de una fuente distinta. Una razón es que los egresos justificados fueron de 2.948.981.934 pesos frente a un presupuesto de 2.970.230.253 pesos, de modo que quedó un saldo que el municipio no demostró haber invertido. Otra razón es que el desembolso de los rendimientos financieros no provino de los fondos del convenio, sino de la cuenta donde se depositó el aporte, por lo que no puede compensarse con las regalías pendientes. En el caso, el apelante no pudo respaldar su afirmación de que invirtió todo el dinero del convenio, y la Sala confirmó la liquidación del tribunal. Su consecuencia práctica es que el ente territorial debe documentar el destino de cada peso del convenio y no puede compensar rendimientos con regalías no invertidas.síntesis automática
También resuelve:¿Debe condenarse en costas procesales de segunda instancia a la parte demandada, recurrente en este caso, cuyo recurso de apelación le fue desfavorable?
¿La declarada nulidad de los actos administrativos abre paso a las súplicas económicas de restablecimiento del derecho del apelante? Sí
El demandante solicita el restablecimiento del derecho y el reintegro de dineros pagados tras obtener la declaratoria de nulidad de los actos administrativos sancionatorios. La parte apelante fundamenta su inconformidad en que la declarada nulidad de los actos administrativos abre paso a las súplicas económicas de restablecimiento del derecho consecuenciales a esta. La sociedad aseguradora pretendió, además de la nulidad de la multa, el restablecimiento del derecho consistente en que se declare que no estaba obligada a pagarlas y, en caso de haber pagado le sea reintegrado el monto. En ese contexto, la sentencia que dispuso la nulidad de los actos administrativos de imposición de multas tiene efectos erga omnes en los términos del artículo 189 del CPACA, aunque se examinan las renuncias y exclusiones específicas de los consorciados para confirmar la decisión apelada.síntesis automática
También resuelve:¿Se puede establecer que la aquí demandante asumió el valor de la multa impuesta mediante los actos administrativos anulados?¿En forma previa al perfeccionamiento de la cesión del contrato, se suscribió el acta de acuerdo, que incluyó renuncia a reclamaciones económicas por parte del cedente?¿El consorcio cedente renunció a cualquier reclamación económica en contra del IDU, razón que impone confirmar la sentencia apelada?
¿La demanda de repetición debe presentarse en el término de dos años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice el pago de la condena? Sí
El contratista debe presentar la demanda de repetición en el término de dos años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice el pago de la condena, conforme a la jurisprudencia que establece que el cómputo del plazo debe iniciarse desde el momento del pago y no desde la ejecutoria de la sentencia. La Sala confirma que la demanda se interpuso oportunamente, dentro del plazo legal, y reitera que para que proceda la acción de repetición es necesario acreditar los elementos objetivos y subjetivos, siendo estos últimos determinados por el régimen jurídico aplicable a los hechos que dieron origen a la condena. En este caso, la Sala destaca que las decisiones del proceso de reparación directa no son suficientes para acreditar el elemento subjetivo de la repetición, por lo que confirma la negación de las pretensiones de la demanda. Además, la Sala establece que procede la condena en costas en el proceso contencioso administrativo, salvo en los casos en que se ventile un interés público, de acuerdo con el criterio objetivo valorativo.síntesis automática
También resuelve:¿En el caso en concreto se configuraron los 4 elementos objetivos de la acción de repetición: la obligación resarcitoria a cargo del Estado; el pago efectivo de la obligación reparatoria…¿Es suficiente con aportar como prueba el elemento subjetivo de las decisiones del proceso de reparación directa, para probar el elemento subjetivo de la acción de repetición?¿Procede la condena en costas en en el caso en concreto toda vez que no se ventilaron los intereses patrimoniales de las entidades públicas?
¿Se probó el enriquecimiento patrimonial de la entidad demandada? No
En la acción de enriquecimiento sin causa el demandante debe probar el enriquecimiento patrimonial de la entidad demandada y su propio empobrecimiento, así como la prestación efectiva de los servicios que alega, de modo que no basta con afirmar la existencia de la prestación ni con un dictamen que se limite a actualizar el valor de las facturas. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, el demandante que no formula reparos a la conclusión del tribunal sobre la inexistencia del enriquecimiento no sustenta su pretensión en segunda instancia. Segundo, el empobrecimiento exige probar la prestación alegada, y las pruebas documentales y periciales deben acreditar su realización. Tercero, un peritaje que solo actualiza el valor de las facturas y del monto total del proyecto no demuestra el enriquecimiento ni el empobrecimiento. La providencia confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, la prueba de los servicios prestados y del beneficio obtenido por la entidad debe aportarse de manera específica en el proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Los requisitos del enriquecimiento sin causa están ausentes de prueba en el caso que ocupa la atención de la Sala?¿El Tribunal advirtió que no se había acreditado el enriquecimiento alegado?
¿No es posible valorar los documentos aportados en idioma inglés, sin la traducción oficial, en concordancia con las normas procesales? Sí
El contratista no puede valorar documentos aportados en idioma inglés sin la traducción oficial, en concordancia con el artículo 251 del Código General del Proceso, lo que implica que la entidad estatal no puede considerar estos documentos en su evaluación técnica sin cumplir con este requisito. Además, la Sala establece que la simple confrontación de los documentos de la propuesta del adjudicatario con el pliego de condiciones no es suficiente para probar la indebida adjudicación del proceso, y que la carga de la prueba en cabeza del demandante debe ser respaldada con pruebas idóneas, especialmente en aspectos técnicos. Asimismo, el tribunal puede restar valor probatorio a un dictamen pericial por no cumplir con los requisitos normativos, y este criterio no puede ser revisado en apelación si no se formulan reparos específicos. Por último, la Sala confirma la sentencia de primera instancia si el demandante incumple con su carga probatoria, lo que implica que la entidad estatal puede subsanar los ofrecimientos hasta la adjudicación en ciertas circunstancias.síntesis automática
También resuelve:¿La simple confrontación de los documentos de la propuesta del adjudicatario con el pliego de condiciones, no permite a la Sala llegar al convencimiento de la indebida adjudicación del proceso de…¿El tribunal le restó valor probatorio al dictamen pericial por no cumplir los requisitos normativos, a lo cual no se formuló reparo alguno en el recurso de apelación?¿Dado que el demandante incumplió con su carga probatoria, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia?
¿El cesionario de un crédito es parte del contrato y puede hacerse parte de un proceso de controversias contractuales? No
El cesionario de un crédito no es parte del contrato y, por lo tanto, no puede hacerse parte de un proceso de controversias contractuales, ya que la cesión de crédito no altera el contrato estatal sino que constituye un negocio jurídico entre cedente y cesionario sobre los derechos de crédito que tienen origen en el contrato. La sola comunicación del cesionario sin la aprobación del cedente y la entidad no basta para entender que se ha notificado de la cesión del crédito a la entidad, y ser cesionario de un derecho de crédito derivado del contrato no es suficiente para reconocer la legitimación pasiva en la causa. La Sala declara la falta de legitimación pasiva en la causa del cesionario, pues no fue parte del contrato y no se encuentra en ninguna situación que le hubiera permitido hacerse parte del proceso de controversias contractuales, lo que implica que la determinación de los extremos procesales de un litigio contractual no puede quedar a la voluntad exclusiva de una de las partes del negocio jurídico, garantizando así el principio de igualdad de armas en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿La sola comunicación del cesionario sin comunicación por parte del cedente, no basta para entender que se ha notificado de la cesión del crédito a la entidad?¿Se discute la legitimación pasiva para hacerse parte de un proceso en el cual la contratante pretendió la nulidad absoluta del contrato?¿Se declara la falta de legitimación pasiva en la causa del cesionario, pues no fue parte del contrato y no se encuentra en ninguna situación que le hubiera permitido hacerse parte del proceso de…
¿La carga de sustentación que corresponde cumplir a la parte recurrente no se satisface con la llana indicación de disenso frente a la providencia recurrida? Sí
La carga de sustentación que corresponde cumplir a la parte recurrente no se satisface con la llana indicación de disenso frente a la providencia recurrida. La parte recurrente debe presentar razones claras y fundamentadas que ataquen los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la providencia, en lugar de simplemente reiterar razones expuestas en la primera instancia o solicitar la revoque de la decisión para acceder a los intereses de la parte inconforme.síntesis automática
También resuelve:¿La indebida sustentación del recurso de apelación, impide resolver el asunto de fondo?¿Se evidenció temeridad o mala fe en la actuación procesal de las partes que conlleve a la imposición de la condena en costas?
¿En el medio de control de repetición, la sola sentencia del proceso de reparación directa es prueba suficiente del elemento subjetivo? No
En la acción de repetición, la sola sentencia del proceso de reparación directa no constituye prueba suficiente del elemento subjetivo, esto es, del dolo o de la culpa grave del agente. La regla se sostiene en tres razones. Primera, las presunciones de la Ley 678 de 2001 no pueden aplicarse a conductas anteriores a su vigencia, y en el caso los hechos ocurrieron antes de ella. Segunda, la sentencia de reparación directa aplicó un régimen objetivo de imputación sin analizar la falla del servicio ni la conducta concreta del agente demandado, de modo que no ofrece el juicio subjetivo que la repetición exige. Tercera, sin prueba autónoma de la conducta, el elemento subjetivo no queda acreditado, y el recurso único de apelación no permite modificar la decisión que negó las pretensiones. La providencia confirma esa negativa. En la práctica, la entidad que promueva la repetición debe aportar pruebas propias del dolo o de la culpa grave y no puede limitarse a invocar la condena previa.síntesis automática
También resuelve:¿Es posible aplicar la presunción de dolo alegada en la demanda y en el recurso de apelación?¿La demanda se presentó oportunamente dentro de los dos años siguientes al pago de la condena?¿En razón a que el demandado fue representado por curador ad-litem y que este no realizó ninguna actuación en esta instancia, se considera razonable no condenar en costas a la entidad demandante?
¿Se configuró la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho? Sí
El término de caducidad de treinta días del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho empieza a correr desde el día en que se produce el hecho que lo activa, y si vence sin que se presente la demanda ni se radique la solicitud de conciliación extrajudicial, la caducidad debe declararse de oficio. La regla se apoya en el término de treinta días que fija la norma procesal aplicable al caso, y en que la solicitud de conciliación extrajudicial es una actuación que el demandante puede presentar dentro del mismo plazo. Por ello, el juez debe verificar el cómputo desde la fecha del acto y no aceptar la demanda extemporánea. En el asunto, el término comenzó a correr en una fecha determinada de 2012, venció sin que el demandante presentara la demanda ni la conciliación, y la Sala revocó la decisión de primera instancia que había accedido a las pretensiones para declarar probada la caducidad de oficio. En la práctica, la demanda de nulidad y restablecimiento contra el acto que niega la suscripción de un contrato de estabilidad jurídica debe presentarse dentro de los treinta días siguientes para no caducar.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho fue promovido extemporáneamente?¿Los actos proferidos antes de la celebración del contrato son demandables mediante las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho…¿Se confirmará la condena en costas impuesta por el Tribunal en primera instancia, la cual será actualizada hasta la fecha de esta providencia?
¿La entidad demandante acreditó que los agentes estatales demandados obraron con dolo o culpa grave en la expedición de una licencia de construcción, cuya nulidad fue declarada por el Tribunal Administrativo de Boyacá? No
En la acción de repetición, la entidad demandante debe probar que los agentes estatales obraron con dolo o culpa grave al expedir el acto cuya nulidad se declaró, y que las consideraciones de las sentencias dictadas en otro proceso no son oponibles a agentes que no fueron parte de él, por lo que no sirven para probar el elemento subjetivo. Una razón es que los medios de prueba aportados no evidenciaron intención de causar el daño ni una negligencia extrema que permitiera presumir la culpa grave; las pruebas documentales solo acreditaron que los demandados participaron en el trámite administrativo, pero no que hubieran omitido notificar a los vecinos o motivado deficientemente el permiso por un comportamiento negligente o malintencionado. Otra razón es que el acta del comité de conciliación solo acredita la decisión de iniciar la repetición y sus consideraciones sobre la culpa grave no permiten demostrar ese presupuesto. En el caso, la Sala confirmó la sentencia que negó las pretensiones, al considerar acreditados los elementos objetivos. Su consecuencia práctica es que el dolo o la culpa grave deben demostrarse con la conducta propia de cada agente y no con las decisiones tomadas en procesos en los que no intervino.síntesis automática
También resuelve:¿Procede condenar en costas al demandante vencido en el proceso de repetición y al cual se le resolvió de forma desfavorable el recurso de apelación?
¿Los contratos de ejecución instantánea y los contratos u órdenes de prestación de servicios deben ser liquidados? No
Los contratos de ejecución instantánea y los contratos u órdenes de prestación de servicios celebrados por una universidad estatal no requieren liquidación, mientras que los de tracto sucesivo y los terminados por mutuo acuerdo sí deben liquidarse, según lo dispone el estatuto de contratación de la universidad. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, el artículo 93 de la Ley 30 de 1992 somete los contratos que celebran las universidades estatales u oficiales al derecho privado, salvo las excepciones consagradas en la ley, de modo que su régimen de liquidación se fija en el estatuto de contratación de la institución. Segundo, el artículo 57 de la misma ley reconoce a estas universidades un régimen especial que comprende el régimen de contratación, por lo que la clasificación interna de los contratos según su forma de ejecución determina cuáles requieren liquidación. La providencia confirma la decisión de primera instancia que declaró la caducidad del medio de control, pues la demanda fue extemporánea con independencia de la fecha de terminación que se tome; en la práctica, la clasificación del contrato dentro del estatuto determina si debía liquidarse.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato de prestación de servicios celebrado es un contrato que se rige por el derecho privado?¿La parte demandante interpuso recurso frente al auto que ordenó correr traslado a las partes para alegar?¿Se condenará en costas de esta instancia a la unión temporal contratista?
¿La mayoría de los reparos formulados en el recurso de apelación están relacionados con la necesidad de decretar y practicar pruebas en segunda instancia, frente a lo cual el despacho ponente ya se pronunció en una providencia ejecutoriada.? Sí
El contratista no puede solicitar pruebas en segunda instancia cuando el tribunal ya se ha pronunciado sobre el tema en una providencia ejecutoriada, y debe interponer los recursos de reposición y súplica en estos casos, omitiendo la oportunidad si no lo hace. La entidad estatal puede negar el dictamen pericial solicitado por la parte demandante si precluyó la oportunidad para aportarlo y no está relacionado con las excepciones sino con los hechos de la demanda, y no es procedente decretarlo de oficio. Además, la parte demandante no puede interponer recurso de reposición y en subsidio de apelación en relación con la negación de la inspección judicial si contra esa decisión no proceden recursos, y la sentencia de primera instancia debe ser confirmada si la parte demandante no solicitó las pruebas en las oportunidades probatorias pertinentes y no acreditó los supuestos de hecho de sus pretensiones. Esta decisión reitera y confirma la necesidad de cumplir con los plazos y procedimientos establecidos para la solicitud y decretación de pruebas en el proceso contractual.síntesis automática
También resuelve:¿El Tribunal negó el dictamen pericial solicitado porque precluyó la oportunidad para aportarlo, y se abstuvo de decretar la inspección judicial hasta cuando culminara el debate probatorio?¿El dictamen pericial no estaba relacionado con las excepciones sino con los hechos de la demanda y no era procedente decretarlo de oficio?¿La parte demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en relación con la negación de la inspección judicial, que fueron negados en la misma audiencia…
¿En el proceso se encuentra acreditada la caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
El tercero procesal o subcontratista que pretenda intervenir en un medio de control de controversias contractuales debe formular su solicitud de vinculación dentro de la oportunidad legal comprendida desde la admisión de la demanda y hasta antes del auto que fija fecha para la audiencia inicial. En esta sentencia, la Sala confirma la decisión apelada que declaró probada la caducidad del medio de control de controversias contractuales y, asimismo, declara improcedente la solicitud de vinculación presentada por una sociedad en calidad de tercero con interés legítimo por haber actuado como subcontratista. Dicha petición se extinguió temporalmente conforme al artículo 224 del CPACA al ser formulada de manera tardía, cuando el expediente ya se encontraba en el despacho judicial para resolver de fondo el litigio.síntesis automática
También resuelve:¿Las partes estipularon que el contrato sería objeto de liquidación bilateral o unilateral dentro de los seis meses siguientes a su vencimiento?¿Al no sustituir el interventor a la entidad contratante, esta última es quien debe suscribir el acta de recibo de las obras y el acta de liquidación del contrato?¿La Sala confirma la sentencia anticipada, teniendo en cuenta que se concluye que la demanda fue presentada de manera extemporánea?
¿La conducta de no contestar la demanda es suficiente para acreditar el elemento subjetivo del medio de control de repetición? No
El contratista no acredita el elemento subjetivo del medio de control de repetición simplemente por no contestar la demanda, ya que esta conducta debe ser valorada por el juez como un indicio grave, pero no como un allanamiento a las pretensiones. La entidad estatal no puede ser condenada basándose únicamente en esta omisión, ya que se requiere un análisis más profundo para establecer la causalidad y la culpa grave del agente estatal. La Sala confirma la decisión de negar las pretensiones de la demanda, reiterando que el proceso de repetición debe hacer un juicio objetivo y subjetivo sobre el agente o ex agente del Estado para determinar si su comportamiento es la causa adecuada del daño.síntesis automática
También resuelve:¿El proceso de repetición está para hacer un juicio objetivo y subjetivo sobre el agente o ex agente del Estado y para determinar si dicho comportamiento es la causa adecuada del daño?¿No se demostró el elemento subjetivo ni el nexo de causalidad entre la supuesta omisión del demandado y la condena?¿El tribunal al analizar la conducta que se alegó en la demanda, consideró que el municipio no acreditó la omisión en que incurrió el demandado?
¿Debe mantenerse el reconocimiento de perjuicios por mayor permanencia en obra cuando dicha situación fue regulada mediante modificaciones contractuales que contemplaron sus efectos económicos, ya que la parte demandante actúa como apelante único, lo que impide revocar lo concedido en primera instancia? Sí
El contratista no puede obtener indemnización por perjuicios adicionales derivados de una mayor permanencia en obra cuando dicha situación fue previamente regulada mediante modificaciones contractuales que contemplaron sus efectos económicos, especialmente si la entidad demandante actúa como apelante único, lo que impide revocar lo concedido en primera instancia. La Sala establece que las prórrogas y adiciones celebradas entre las partes, que regularon los efectos económicos de la mayor permanencia en obra, deben ser respetadas, evitando así desconocer los negocios jurídicos celebrados para superar dificultades durante la ejecución del contrato. Esta decisión modifica la jurisprudencia existente, reforzando la autonomía de la voluntad en la contratación estatal y la irrevocabilidad de la sentencia cuando hay apelante único, lo que implica que los valores reconocidos en primera instancia por estos conceptos deben mantenerse.síntesis automática
También resuelve:¿Vulnera la Superintendencia los derechos contractuales de la Unión Temporal al negarse al pago de las facturas por obras ejecutadas, con base en la expiración de la vigencia presupuestal…¿Resulta procedente modificar la liquidación judicial del contrato reconociendo un saldo a favor de la Unión Temporal por concepto de obras ejecutadas no pagadas…¿Impide la prosperidad parcial de los recursos de apelación en segunda instancia la imposición de condena en costas, conforme al artículo 188 del CPACA y al numeral 1 del artículo 365 del CGP?
¿Para que se reconozcan los gastos incurridos con ocasión de un contrato, debe demostrarse la existencia de una obligación de reconocer y pagar dichos gastos –cuyas fuentes pueden ser, entre otras, la responsabilidad patrimonial, el enriquecimiento sin causa o la excesiva onerosidad sobrevenida? Sí
El hecho de haber incurrido en gastos con ocasión de un contrato no conduce automáticamente a su reconocimiento y pago. Quien los reclama debe demostrar la existencia de una obligación de reconocerlos y pagarlos, cuya fuente puede ser la responsabilidad patrimonial, el enriquecimiento sin causa o la excesiva onerosidad sobrevenida. Esta regla se apoya en el artículo 1757 del Código Civil, que impone probar las obligaciones o su extinción a quien alega aquellas o esta. Por ello, la prueba de los desembolsos es insuficiente si no se acredita la fuente de la obligación. En el caso concreto las pruebas documentales aportadas no demostraron los gastos en que incurrieron los integrantes de la unión temporal con ocasión del contrato de prestación de servicios, porque esos gastos se reclamaban como consecuencia de otro concepto. Por ello la sentencia fue confirmada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la reclamación de gastos contractuales exige probar la obligación de pagarlos.síntesis automática
También resuelve:¿Las partes del contrato de prestación de servicios en ejercicio de su autonomía privada, acordaron realizar la modificación al contrato…¿A juicio del demandante, para la fecha de celebración del contrato de prestación de servicios la SAE debía contar con un Plan de Manejo Ambiental aprobado por Coralina?¿En la invitación a contratar se establecía que para la ejecución del objeto contractual debía aprobarse el Plan de Manejo Ambiental que estaba en elaboración por parte de un tercero?