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Consejo de Estado
Providencia
Resulta procedente declarar el incumplimiento del Contrato constructor operador
Sentencia — Sentencia
2022-11-23
Sección Tercera (Subsección B)
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Rad. 25000233600020170135401
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Resulta procedente declarar el incumplimiento del Contrato constructor operador, dado que el municipio desatendió algunas de las obligaciones a su cargo; y negar las pretensiones de condena, considerando que la demandante no acreditó los perjuicios generados por tales incumplimientos, ni los presupuestos para la aplicación de las sanciones estipuladas en el contrato? Sí
El contrato constructor operador puede ser declarado incumplido si la entidad estatal desatendió sus obligaciones, como la entrega formal de bienes y la gestión de licencias y permisos. La demandante debe acreditar perjuicios y presupuestos para la aplicación de sanciones. En este caso, el municipio no cumplió con varias obligaciones, pero los perjuicios no fueron demostrados y los presupuestos necesarios no fueron acreditados, por lo que la pretensión de condena fue negada.síntesis automática
SIN DECISION
Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Providencia
Tampoco se advierte una indebida inversión de la carga probatoria por parte del juez de primera instancia
Sentencia — Sentencia
2026-07-23
SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección C)
FERNANDO IREGUI CAMELO
Rad. 11001334306420170009802
ACCION CONTRACTUAL
“¿El contexto de la expedición de la Resolución No. 5997 de 2016 y la decisión que resolvió el recurso de reposición interpuesto en su contra (Resolución No. 6050 de 2016), constituye una actuación viciada por falta de competencia y por infracción a la prohibición de subdelegación de funciones prevista en el artículo 11 de la Ley 489 de 1998, en concordancia con la exigencia del literal b) del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, según la cual la audiencia sancionatoria contractual debe ser convocada y dirigida por el jefe de la entidad o su delegado?” No
El contratista no puede alegar falta de competencia o subdelegación de funciones en la expedición de las resoluciones sancionatorias, ya que la delegación de funciones por parte del jefe de la entidad fue válida y de conocimiento público, y la carga probatoria de desvirtuar dicha delegación recae sobre el contratista, quien no la cumplió. Además, la mención de una norma derogada en el oficio de convocatoria a la audiencia sancionatoria no vicia el debido proceso, dado que el contenido normativo de dicha norma sigue vigente bajo otra disposición legal aplicable a los hechos investigados. Esta decisión reitera y confirma la presunción de legalidad de los actos administrativos y la necesidad de que el contratista acredite cualquier vicio en la delegación de funciones, así como la irrelevancia de citar normas derogadas si su contenido sigue vigente en otra disposición legal.síntesis automática
Consejo de Estado
Providencia
La ley exige que se controviertan los fundamentos que sirvieron de sustento a la providencia en el punto desfavorable
Sentencia — Sentencia
2026-04-20
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 76001233100020100031602
ACCION CONTRACTUAL
¿El juez de segunda instancia pierde competencia para revocar una decisión cuando el apelante omite sustentar de manera específica y concreta los fundamentos de su inconformidad, limitándose a realizar afirmaciones genéricas? Sí
El juez de segunda instancia pierde competencia para revocar una decisión cuando el apelante omite sustentar de manera específica y concreta los fundamentos de su inconformidad, limitándose a realizar afirmaciones genéricas, ya que la ley exige que se controviertan los fundamentos que sirvieron de sustento a la providencia en el punto desfavorable, permitiendo al superior jerárquico confrontar la decisión apelada con los argumentos del apelante. Además, la imposición de multas contractuales es improcedente cuando ha vencido el plazo del contrato y ha desaparecido el interés jurídico de la entidad estatal en el cumplimiento de la obligación, salvo en casos donde la cláusula penal estipula un incumplimiento definitivo que resulta irreversible y frustra el interés del acreedor, en cuyo caso es procedente la condena al pago de la cláusula penal. Esta decisión modifica precedentes y establece límites claros para la competencia funcional del juez de segunda instancia y la exigibilidad de sanciones contractuales.síntesis automática
También resuelve:
¿Es procedente imponer multas contractuales cuando ha vencido el plazo del contrato y ha desaparecido el interés jurídico de la entidad estatal en el cumplimiento de la obligación?
¿Procede la reducción proporcional de la cláusula penal cuando no existe avance en la ejecución de la obra objeto del contrato?
¿Es procedente la indexación de la cláusula penal cuando el deudor ha incurrido en mora de la obligación principal, con el fin de garantizar el efecto solutorio del pago en términos de valor real?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
La interventoría también se contradijo en cuanto a la ampliación del plazo de aceleración
Sentencia — Sentencia
2021-09-23
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 25000232600019961180201
ACCION CONTRACTUAL
¿Durante la ejecución del contrato de interventoría se presentó la contradicción que sirvió de fundamento a la declaratoria de incumplimiento? Sí
El contratista incumple el contrato de interventoría al presentar contradicciones en sus informes y conceptos durante la ejecución del contrato, apoyando la revocatoria de una multa impuesta por atrasos en las obras mientras, en otros informes, señala que el contratista es responsable de dichos atrasos. Esta contradicción impide el adecuado seguimiento y reporte de las condiciones de ejecución, justificando la declaración de incumplimiento y la aplicación de la cláusula penal pecuniaria. La entidad pública contratante debe verificar la ejecución y cumplimiento de los trabajos por medio de un interventor, según el Decreto-Ley 222 de 1983, lo que reitera la importancia de la labor del interventor en garantizar la correcta ejecución del contrato.síntesis automática
También resuelve:
¿La interventoría apoyó la revocatoria de la multa impuesta con fundamento en que el contratista no era el responsable del atraso en las obras?
¿Se justificó que se declarara el incumplimiento del contrato y se hiciera efectiva la totalidad de la cláusula penal pecuniaria?
¿La entidad pública contratante debía verificar la ejecución y cumplimiento de los trabajos y actividades de los contratistas por medio de un interventor?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La jurisdicción contenciosa conoce de la legalidad de actos sancionatorios en contratos estatales celebrados por entidades públicas.
Sentencia — Sentencia
2025-06-16
Sección Tercera (Subsección C)
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Rad. 76001233300020130028301
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Al Consejo de Estado le corresponde resolver los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia, dada la vocación de doble instancia del proceso? Sí
El juez contencioso administrativo conoce de las controversias relativas a la legalidad de actos administrativos que imponen multas en el marco de contratos de concesión celebrados con entidades públicas según lo dispuesto expresamente en el artículo 104 del CPACA. En este caso judicial, el Consejo de Estado resuelve los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia y se abstiene de imponer condena en costas de segunda instancia al no prosperar las impugnaciones presentadas por ambas partes, entendiéndose las costas debidamente compensadas entre los extremos procesales.síntesis automática
También resuelve:
¿Las resoluciones demandadas, mediante las cuales se impuso una multa al contratista, en el marco del contrato de concesión…
¿Para determinar si se vulneró el debido proceso del concesionario resultan aplicables las disposiciones del manual de contratación del ICBF?
¿Cuando la administración ejerce su potestad sancionadora, si bien se efectúa unilateralmente, debe estar precedida de un procedimiento mínimo que preserve las garantías del debido proceso del…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
La omisión de la audiencia inicial queda saneada si la parte interesada no la impugna oportunamente y actúa en el proceso sin formular reparos.
Sentencia — Sentencia
2026-08-24
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 68001233300020160081302
Controversias contractuales
¿La omisión de la audiencia inicial constituye una irregularidad procesal que invalida lo actuado, cuando la parte interesada no impugnó oportunamente la decisión de prescindir de dicha audiencia y participó en las actuaciones procesales posteriores sin formular reparo alguno? No
La omisión en la realización de la audiencia inicial no constituye una nulidad procesal invalidante si la parte afectada no impugna oportunamente dicha decisión y participa en las etapas siguientes sin formular objeciones. El Código General del Proceso dispone que las irregularidades procesales distintas de las causales taxativas de nulidad se consideran saneadas cuando no se cuestionan mediante los recursos establecidos en el ordenamiento jurídico. En el caso concreto, aunque el despacho de primera instancia prescindió de la referida diligencia, la parte interesada convalidó la actuación al intervenir en el plenario sin alegar la supuesta deficiencia en tiempo oportuno. En consecuencia, se desestimó el vicio procesal alegado y se procedió a resolver de fondo la controversia contractual planteada.síntesis automática
También resuelve:
¿Se vulnera el principio de congruencia procesal cuando la sentencia de primera instancia reorganiza y sintetiza los problemas jurídicos establecidos en la fijación del litigio…
¿Procede ordenar el reintegro de las sumas descontadas por concepto de una cláusula penal de apremio cuando la entidad contratante omitió agotar el procedimiento contractualmente pactado para su…
¿Procede negar el reconocimiento de intereses sobre las sumas que deben reintegrarse al contratista cuando la obligación de restitución únicamente se hace exigible a partir de la sentencia que ordena…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración tienen la prerrogativa
Sentencia — Sentencia
2025-04-09
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 50001233100020100061601
ACCION CONTRACTUAL
¿Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración tienen la prerrogativa de imponer unilateralmente multas y penas pecuniarias a través de un acto administrativo, ejecutorio y ejecutable? Sí
El contratista no puede impugnar la legalidad de un acto administrativo sancionatorio ejecutorio y ejecutable emitido por la entidad estatal, ya que este se ampara en la presunción de legalidad y no ha sido declarado nulo, además de que la demanda de reconvención presentada por el contratista no cumplió con los requisitos de procedibilidad, como la conciliación prejudicial. La entidad estatal tiene la prerrogativa de imponer unilateralmente multas y penas pecuniarias a través de un acto administrativo, ejecutorio y ejecutable, conforme al artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, lo que reitera la jurisprudencia existente y confirma la competencia del Consejo de Estado para resolver el recurso de apelación en controversias contractuales que involucran a entidades del orden nacional. Esta regla implica que los contratistas deben cumplir con los requisitos legales y contractuales antes de impugnar actos administrativos sancionatorios.síntesis automática
También resuelve:
¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca?
¿En caso de que las partes no liquidaran el contrato bilateralmente, ni la Administración lo hiciera unilateralmente, el interesado podría acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede…
¿Los patrimonios autónomos de remanentes pueden ser sujetos pasivos de acciones y responder por obligaciones de una entidad ya liquidada?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El consorcio omitió adoptar las medidas de mitigación
Sentencia — Sentencia
2023-11-20
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 05001233300020130051101
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El consorcio omitió adoptar las medidas de mitigación previstas en el pliego de condiciones e informar a la entidad sobre la incidencia de las lluvias en el cabal avance de la obra? Sí
El contratista omite adoptar las medidas de mitigación previstas en el pliego de condiciones e informar a la entidad sobre la incidencia de las lluvias en el avance de la obra, lo que implica un incumplimiento del contrato y justifica la liquidación del mismo, según establecen los artículos 4 de la Ley 1150 de 2007, 88 del Decreto 2474 de 2008 y 27 de la Ley 80 de 1993. En este caso, el consorcio no cumplió con estas obligaciones, lo que llevó a la entidad a declarar el incumplimiento y liquidar el contrato, sin que el contratista pudiera alegar que el fenómeno climático justificaba su abandono de la obra sin notificar a la administración. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con las obligaciones contractuales y las medidas de mitigación frente a eventos climáticos, evitando que el contratista pueda simplemente abandonar la obra sin consecuencias legales.síntesis automática
También resuelve:
¿Las obras extras guardaban relación con los ítems que la entidad demandada echó de menos al declarar el incumplimiento del consorcio?
¿Se cumplieron los supuestos legales y procedimentales que habilitaban a la entidad estatal para imponer la cláusula penal?
¿Se configuró la situación de incumplimiento que la contratante declaró en los actos acusados y por tanto la causal de procedencia de la cláusula penal?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El IDU incumplió el pago de unas facturas
Sentencia — Sentencia
2024-04-24
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 25000233600020150263002
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El IDU incumplió el pago de unas facturas? Sí
El reconocimiento del valor total de un contrato de interventoría solo procede cuando el interventor acredita previamente que cumplió a cabalidad el acuerdo de voluntades que sustenta la pretensión, de modo que, si solo se prueba el impago de determinadas facturas, la condena se limita a ese incumplimiento parcial. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la pretensión de pago del valor total depende de un presupuesto previo, el cumplimiento de las obligaciones del contrato, que debe acreditarse antes de estudiar la reclamación completa. Segundo, cuando el único cargo que prospera es el impago de ciertas facturas, los demás reproches quedan desestimados y el alcance de la condena se circunscribe a las sumas adeudadas. La providencia modifica la sentencia apelada, declara el incumplimiento parcial de la entidad contratante frente al pago de esas facturas, reconoce el derecho al pago con intereses de mora y deniega las demás pretensiones; en la práctica, el interventor debe probar el cumplimiento de sus obligaciones para reclamar el valor total del contrato.síntesis automática
También resuelve:
¿El IDU actuó diligentemente respecto del interventor ante el incumplimiento del contrato de obra vigilado por aquel?
¿El IDU incumplió la obligación de pago de las facturas de la fase de interventoría de estudios y diseños del contrato?
¿El interventor incumplió las obligaciones de elaborar debidamente los informes de interventoría de la fase de construcción?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
En la cláusula vigésima segunda las partes acordaron que la liquidación se efectuaría de común acuerdo
Sentencia — Sentencia
2026-10-01
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 05001233300020200049601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuando el contrato se liquida de mutuo acuerdo después de vencido el plazo convencional para hacerlo, pero dentro de los dos años siguientes a ese vencimiento, el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales se cuenta a partir del día siguiente a la firma del acta de liquidación? Sí
El contratista puede presentar el medio de control de controversias contractuales dentro de los dos años siguientes a la firma del acta de liquidación, incluso si esta se realiza después del plazo convencional para liquidar el contrato, siempre que la presentación se haga antes de que caduque el término de dos años desde la firma del acta. Esta regla se basa en el literal j) del numeral 2 del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), y en la jurisprudencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado. La Sala confirma que el término de caducidad se inicia el día siguiente a la firma del acta de liquidación, lo que implica que el juez debe considerar la fecha de la firma del acta para determinar la oportunidad de la demanda.síntesis automática
También resuelve:
¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre el cuestionamiento del carácter bilateral del acta de liquidación por ausencia de consentimiento…
¿Deben desecharse de plano los testimonios de quienes tuvieron vínculo laboral con la parte demandante, por el solo hecho de resultar sospechosos?
¿El contrato de prestación de servicios celebrado por un municipio es un contrato estatal regido por la Ley 80 de 1993 vigente al tiempo de su celebración y, en lo no regulado por ella…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El contratista tenía el derecho de aportar y controvertir pruebas
Sentencia — Sentencia
2026-01-30
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 25000232600020110049101
ACCION CONTRACTUAL
¿Se debía otorgar un término suficiente para que el contratista pudiera revisar las pruebas en su contra, analizar las imputaciones que sustentaban la actuación, determinar las pruebas que presentaría para desvirtuar el incumplimiento atribuido y preparar sus descargos? Sí
El contratista debe recibir un término suficiente para revisar las pruebas en su contra, analizar las imputaciones, determinar las pruebas que presentará y preparar sus descargos, conforme al artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que garantiza el debido proceso en actuaciones sancionatorias. La entidad debe formular un requerimiento previo indicando los hechos que constituyen un incumplimiento contractual, y otorgar un plazo razonable para que el contratista pueda preparar adecuadamente sus descargos. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, reiterando que el acta de terminación del contrato no puede considerarse como el requerimiento previo exigido para garantizar el debido proceso, ya que no contiene una formulación expresa de los hechos que configuran el incumplimiento ni las consecuencias jurídicas derivadas de este. Esto implica que las entidades deben cumplir con estas formalidades para evitar la nulidad de los actos administrativos sancionatorios.síntesis automática
También resuelve:
¿El acta de terminación del contrato no puede considerarse como el requerimiento previo exigido para la garantía del debido proceso…
¿El término concedido por el IDU para que el contratista rindiera sus descargos, así como la decisión de no ampliarlo, afectaron el derecho a la defensa en el procedimiento sancionatorio?
¿Todas las declaraciones de voluntad de una entidad estatal emitidas en la ejecución de un contrato sometido al EGCAP se califican como actos administrativos?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El juez declara de oficio la nulidad absoluta por objeto ilícito o desviación de poder ante la inclusión de cláusulas abusivas.
Aclaración voto — Aclaración de voto
2025-12-04
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 15001233300020140033601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Frente a la inclusión de una cláusula abusiva en un contrato estatal, el juez tiene la facultad —e incluso el deber— de declarar de oficio la nulidad absoluta por objeto ilícito o por desviación de poder, al ser esta la herramienta más idónea para corregir la asimetría contractual y garantizar la protección de la parte débil de la relación negocial? Sí
El juez ejerce el control de legalidad sobre los acuerdos contractuales para corregir asimetrías y proteger a la parte débil mediante las sanciones procedentes. En esta providencia, al modificar la sentencia de primera instancia para liquidar en ceros el convenio de apoyo financiero 2071059 de 2007 y negar las demás pretensiones, se discute el tratamiento de las cláusulas abusivas en la contratación estatal. El magistrado destaca en su aclaración de voto que la inclusión de estipulaciones ilegales puede dar lugar a la nulidad absoluta por objeto ilícito o por desviación de poder, a la nulidad relativa o a la ineficacia, fijando derroteros futuros para definir el remedio adecuado frente a un ejercicio desmedido de la contratación.síntesis automática