Titulación de la relatoría 31.710 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
INTERVENTORÍA / CONCEPTO DE INTERVENTORÍA / OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / ELEMENTOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Problema jurídico:
¿La interventoría consiste en el seguimiento técnico sobre el cumplimiento del contrato que realiza una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la entidad estatal, cuando medie mandato legal, cuando supone conocimiento especializado en la materia o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen?
Respuesta al problema jurídico: Si
[P]recisa la Sala que, según lo previsto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, el objeto de la interventoría, como una de las modalidades de vigilancia de la correcta ejecución de lo contratado, tiene como fin proteger la moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la transparencia de la actividad contractual. (...) Bajo tal entendido, la interventoría es contemplada desde dos puntos de vista, a saber: uno orgánico, esto es, que corresponde a un sujeto experto y exógeno a la entidad pública que lo contrata (a diferencia de la supervisión, que es ejercida por el mismo ente estatal, cuando no se requieren conocimientos especializados); y material o sustantivo, que atañe a la actividad de vigilancia (en lo que no se separa de la supervisión)
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el rol del interventor, consultar providencia de 14 de julio de 2016, Exp. 35763, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; de 17 de octubre de 2023, Exp. 69492, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 83
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INTERVENTOR / FUNCIÓN DEL INTERVENTOR / INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INTERPRETACIÓN DEL JUEZ / PRÓRROGA DEL CONTRATO / PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / BUENA FE / BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL / ACTO PROPIO / TEORÍA DEL RESPETO DEL ACTO PROPIO / PRINCIPIO DE RESPETO DEL ACTO PROPIO / PRINCIPIO QUE PROHÍBE IR CONTRA LOS ACTOS PROPIOS / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿La Secretaría Distrital de Planeación incumplió el contrato 299 de 2012 debido a la falta de designación de un gerente de proyecto y de un interventor del proyecto, y esas omisiones conllevaron a que la sociedad demandante realizara actividades adicionales?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Subsección inicia el análisis del recurso por recalcar, en relación con la supuesta obligación legal de designar un interventor del negocio jurídico, que en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el legislador únicamente previó la obligatoriedad de interventoría para hacer seguimiento a los contratos de obra derivados de un procedimiento de selección de licitación pública, lo cual no ocurrió en el presente caso, en tanto el negocio jurídico difiere de la tipología contractual descrita. (…) De ese modo, corresponde revisar lo pactado entre las partes en el texto del contrato No. 299 de 2012, así como en los demás documentos que lo conforman, con el fin de determinar si existió o no la obligación contractual de designar un interventor. (…) Al examinar en conjunto todos los instrumentos del negocio jurídico, la Sala advierte que, en su contenido, no se acordó que la SDP debía designar un interventor en el sentido orgánico, es decir, un tercero especializado que vigilara la correcta ejecución del contrato. (…) Para la Sala, la referencia a la figura del interventor que se hizo en el texto contractual no constituyó una obligación de la entidad para suscribir un contrato de interventoría para que un externo hiciera una vigilancia técnica al cumplimiento de las obligaciones con las implicaciones que ello conlleva. En su lugar, lo que se referenció fueron una serie de actuaciones precisas (entregar las orientaciones generales para el desarrollo del negocio y verificar la afiliación al sistema de seguridad social de los empleados del contratista), lo cual podía -como, en efecto, lo hizo- realizar directamente la entidad, a través de sus funcionarios, sin que hubiese constituido el incumplimiento alegado por el aquí demandante, según lo evidenciado con la suscripción del acta de inicio del 5 de febrero de 2013 y la aceptación de la fase de diseño en la que se consignaron las indicaciones para el desarrollo del software. (…) Precisamente, el ya citado artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 señala que, para aquellos contratos en cuyo seguimiento no se requieren conocimientos especializados, esa labor puede ser desempeñada por la misma entidad estatal, caso en el cual basta realizar la vigilancia por medio de un supervisor. Aun cuando en este caso las partes hayan otorgado la denominación de interventor al funcionario encargado de dichas labores, ello no desplaza el alcance material de esas actividades que, por implicar el otorgamiento de directrices apenas generales (cláusula sexta) y verificación de la afiliación al sistema de seguridad social de los empleados de la contratista (cláusula novena), podían ser efectuadas por la misma SDP. (…) En ese sentido, se advierte que las funciones que se previeron desarrollar en las ya citadas cláusulas sexta (emitir directrices generales) y novena (verificar la afiliación a la seguridad social) del contrato no implicaron materialmente la necesidad de un acompañamiento de un tercero con conocimiento especializado en el desarrollo de software, con mayor razón si los usuarios finales de la herramienta serían los funcionarios de la propia SDP y la ciudadanía que accedería al instrumento, por lo que es coherente que ese rol de vigilancia haya sido asumido directamente por la entidad y no a través de un contratista consultor, sin que ello redundara en un incumplimiento de lo acordado, precisamente, a falta de una obligación en tal sentido, contrario a lo alegado por la accionante. (…) Una vez descartado el motivo de incumplimiento desarrollado, corresponde analizar la supuesta falta de comunicación entre los funcionarios de la entidad contratante y Abits S.A.S., que se reprochó debido a la ausencia de un gerente del proyecto. Frente a ello, se encuentra que en el ítem 13 del anexo técnico del pliego de condiciones, se contempló dicho rol con el fin de asegurar el éxito, la calidad y la implementación del sistema en cada una de las etapas y durante el plazo y costos pactados, el cual sería designado por la SDP sin que se establecieran condiciones o requisitos adicionales en relación con la procedencia (interna o externa a la entidad) de la persona que ejerciera tal función. (…) [L]a Subsección destaca que las partes suscribieron tres prórrogas que extendieron el plazo contractual hasta el 31 de agosto de 2015, por solicitud expresa de Abits S.A.S. y cada una de ellas se justificó en exigencias técnicas del proyecto y las incidencias encontradas al realizar las pruebas. Además, el contratista señaló, en todas las ocasiones, que el mayor tiempo para desarrollar el objeto del negocio no generaba costos superiores a los previstos, porque no implicaba la elaboración de aspectos adicionales. (…) En ese orden, se destaca que la ampliación del plazo contractual se fundó, con anuencia del contratista, en las dificultades técnicas del proyecto y no en la conducta contractual de ninguna de las partes, de hecho, se constata que, expresamente, se acordó que las circunstancias complejas acaecidas durante la ejecución del negocio no eran imputables a los cocontratantes. (…) Así, la Sala considera que, para resolver este asunto concreto, se debe tener en cuenta que lo esgrimido en la demanda y en la apelación respecto de que las supuestas falencias en la coordinación de la SDP por falta de interventor (externo) o gerente de proyectos, que habrían conllevado a demoras en la ejecución del proyecto que implicaron una ampliación del plazo, resulta alejado de la realidad contractual y -por ello- del principio de buena fe, debido a que es contrario a la rectitud y probidad que la parte actora alegue un supuesto incumplimiento al deber coordinación, como causa de los atrasos en las actividades que conllevaron a suscribir nuevas prórrogas, cuando lo que muestra el expediente es que el contratista las suscribió fundado en motivos diferentes a los que ahora expresa. (…) Así las cosas, a modo de recapitulación, la Sala evidencia que la valoración conjunta de los testimonios practicados en el proceso no permite demostrar con claridad, ni idoneidad, las supuestas consecuencias negativas durante la ejecución del contrato No. 299 de 2012 imputables a la entidad contratante y que justificaran el incumplimiento de parte del contratista en la entrega de la herramienta contratada en las condiciones y términos pactados. Bajo tal entendido, la Sala también considera infundado el reproche a la valoración probatoria efectuada por el Tribunal a quo, en cuyo fallo se tuvieron en cuenta los contenidos de las declaraciones practicadas y se apreciaron a la luz del material probatorio obrante en el plenario. (…) En ese orden de ideas, la Sala estima que la parte demandante no demostró que las obligaciones establecidas en el contrato a cargo de la SDP incluyesen la vigilancia del cumplimiento del negocio por medio de una interventoría (en cuanto a la referencia al término interventor en sentido orgánico), ni que la gerencia del proyecto tuviera que estar a cargo de un tercero externo a las partes. Además, tampoco se acreditó la supuesta falta de idoneidad de los funcionarios de la SDP ni que, por su causa, el contratista estuviera obligado a la ejecución de actividades adicionales y, por ende, no se hubiera podido cumplir con el objeto contractual. (…) En tal sentido, el primer problema jurídico concreto debe ser resuelto de manera negativa, en el sentido de declarar que no se demostró el incumplimiento del contrato No. 299 de 2012 por parte de la Secretaría Distrital de Planeación.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la buena fe contractual, consultar providencias de 13 de noviembre de 2013, Exp. 21865, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 16 de diciembre de 2022, Exp. 41653, C.P. Guillermo Sánchez Luque; de 3 de agosto de 2024, Exp. 70896, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
FUENTE FORMAL:
LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 83, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1622
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / MULTA / MULTA AL CONTRATISTA / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DEBIDO PROCESO SANCIONATORIO / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / VALORACIÓN INTEGRAL DE LA PRUEBA / ADECUADA VALORACIÓN DE LA PRUEBA / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿En la Resolución 678 del 19 de junio de 2015, y en la que la que la confirmó, actos administrativos mediante los cuales se impuso una multa, se vulneró el debido proceso del sancionado, al no tener en cuenta las pruebas presentadas por el contratista en el trámite sancionatorio?
Respuesta al problema jurídico: No
Según el apelante, los actos administrativos, mediante los cuales se le impuso una multa, vulneraron su debido proceso porque la entidad contratante no tuvo en cuenta las pruebas presentadas por el contratista en el trámite sancionatorio, entre las que destacó el ensayo del software. (…) [L]a Sala pone de presente que, en la Resolución 678 del 19 de junio de 2015, que declaró el incumplimiento parcial e impuso una multa al contratista, la SDP referenció los cargos según el informe de supervisión, los argumentos de defensa y los medios probatorios practicados. Tras ello, la entidad concluyó que el negocio se encontraba en un punto de ejecución en el que los retrasos incidían gravemente en su culminación, especialmente, porque impedían la verificación de la idoneidad de la herramienta. (…) Por lo expuesto, contrario a lo estimado en el recurso de apelación, la Sala no encuentra que en las decisiones a través de las cuales se impuso multa al contratista, se hubiera vulnerado su debido proceso por falta de valoración de las pruebas solicitadas, debido a que, para proferir el acto administrativo demandado, la entidad contratante sí analizó los argumentos de defensa presentados por Abits S.A.S. en sus descargos, y apreció el ensayo del software realizado. Sin embargo, explicó que no era un ejercicio idóneo para demostrar la funcionalidad de la herramienta por no haberse ejecutado en el ambiente de la SDP contratista, y porque tampoco se acreditó que la entidad hubiera incumplido las obligaciones asumidas en el contrato. Puntualmente, no se probó que la entidad se hubiese alejado de sus compromisos negociales por no haber designado un vigilante (interventor o externo a la entidad) ni un gerente del proyecto distinto a la dirección que ejerció la supervisión designada. Comoquiera que lo anterior fue debidamente razonado por el Tribunal a quo, la Sala desestima el argumento de la recurrente. (…) A partir de ello, se concluye que la Secretaría Distrital de Planeación no incurrió en la causal de nulidad invocada al proferir la Resolución 678 de 2015, confirmada mediante la Resolución 740 de 2015. De ese modo, se da respuesta negativa al segundo problema jurídico formulado.
FUENTE FORMAL:
LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86
DICTAMEN PERICIAL / PRUEBA PERICIAL / FORMA DE RENDIR EL DICTAMEN PERICIAL / FUNDAMENTACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / REQUISITOS DE LA PRUEBA PERICIAL / REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / INSUFICIENCIA DE LA PRUEBA PERICIAL / INEFICACIA DE LA PRUEBA PERICIAL / INEFICACIA DEL DICTAMEN PERICIAL / ALCANCE DEL DICTAMEN PERICIAL / CONTENIDO DEL DICTAMEN PERICIAL / FALTA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / FALTA DE CERTEZA DEL DICTAMEN PERICIAL / CARENCIA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL
Problema jurídico:
¿Cuenta con valor probatorio el dictamen pericial allegado por el demandante para demostrar las especificaciones técnicas del software y la funcionalidad del sistema desarrollado, considerando que el estudio fue realizado en servidores ajenos a los de la entidad contratante y que no se garantizó la integralidad del software, por lo que no ofreció precisión ni certeza de su contenido?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Sala debe precisar que el dictamen pericial, de conformidad con el artículo 226 del Código General del Proceso, para su eficacia probatoria, debe reunir ciertas condiciones de contenido, como son la conducencia en relación con el hecho a probar; que el perito sea competente, es decir, un verdadero experto para el desempeño del cargo; que no exista un motivo serio para dudar de su imparcialidad y que sus conclusiones sean claras, firmes y justificadas. Adicionalmente, la prueba debe surtir la contradicción y no existir motivo retracto del perito o que sus afirmaciones sean desvirtuadas por la parte contraria. (...) Sobre dicho tópico, esta Subsección ha indicado que el dictamen pericial que debe ser claro, preciso, exhaustivo, sólido y de calidad. Asimismo, debe analizarse en conjunto con lo acontecido durante el interrogatorio del perito y la explicación de los exámenes, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones, so pena de carecer de eficacia probatoria. (...) [L]a Sala considera que los planteamientos expuestos en el dictamen practicado en el proceso no reúnen las condiciones de precisión, ni certeza de su contenido, por las razones que se exponen a continuación. (...) En relación con la precisión del dictamen, el experto reconoció que no ensayó la funcionalidad del software en los servidores de la SDP sino en un ambiente proporcionado por Abits S.A.S. (...) En ese mismo sentido, el técnico operativo de parte de la SDP manifestó, en su testimonio, que los empleados de la entidad no pudieron realizar ninguna prueba integral de la herramienta y explicó la diferencia entre cada uno de los escenarios de evolución de la herramienta (...). Adicionalmente, se advierte que no existe certeza de las afirmaciones efectuadas por el perito, porque no se garantizó la integralidad del software ensayado, debido a que reconoció que no sabía, ni tenía manera de conocer, si fue el mismo que se desarrolló hasta el 31 de agosto de 2015 (fecha en que finalizó el plazo del contrato No. 299 de 2012), o si había tenido mejoras para el momento en que se practicó el dictamen pericial (noviembre de 2015). (...) Así las cosas, la Sala considera que el Tribunal a quo acertó al decidir sobre la falta de idoneidad del dictamen pericial para demostrar la funcionalidad del software, debido a que no cumplió con la precisión ni certeza de su contenido, no se garantizó la integralidad el software ni se probó en los servidores de la SDP por las falencias evidenciadas en el desarrollo de la prueba realizada por el perito y reconocida durante su interrogatorio.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el valor probatorio de la prueba pericial, consultar providencias 18 de febrero de 2015, Exp. 29794, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; de 18 de marzo de 2022, Exp. 64137, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 226, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 232
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / DERECHO DE DEFENSA / DERECHO DE DEFENSA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA / FALTA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / CARENCIA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / IDONEIDAD DE LOS MEDIOS DE PRUEBA / IDONEIDAD DE LA PRUEBA / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿La entidad contratante vulneró el derecho de defensa en la Resolución 1467 de 2015 y la decisión confirmatoria, por medio de las que se declaró el incumplimiento del contratista y se hizo efectiva la cláusula penal y, se acreditó que el demandante demostró el cumplimiento del objeto contractual?
Respuesta al problema jurídico: No
[S]ostuvo [el demandante] que no se atendieron los argumentos de los descargos en los que se refirió a la complejidad técnica del proyecto, la ausencia de comunicación fluida con la entidad y la incoherencia de las especificaciones ordenadas por los funcionarios de la SDP que conllevaron a un retrabajo en la solución de las incidencias (…). Además, señaló que era obligación contractual de la SDP planear y hacer los ensayos integrales de las funcionalidades del Sistema en el ambiente de la entidad durante la ejecución del negocio jurídico. (…) En la Resolución 1467 del 9 de diciembre de 2015, la entidad contratante declaró el incumplimiento definitivo del contratista y se hizo efectiva la cláusula penal, con fundamento en que Abits S.A.S. no finalizó la etapa de entrega y aprobación de los módulos individuales durante la vigencia del negocio jurídico, por lo que, consecuencialmente, tampoco se realizaron pruebas integradas de la herramienta. Además, añadió que durante la ejecución del contrato realizó observaciones al avance del software y evidenció el atraso en el cronograma; inclusive, en su informe final mostró el estado al 31 de agosto de 2015 para cada uno de los módulos y evidenció los elementos faltantes. (…) Sobre los argumentos esbozados en el acto administrativo acusado, el demandante primigenio, en el escrito introductorio, reprochó que se vulneró su derecho de defensa y, posteriormente, Adsumus S.A.S. en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia indicó que el Tribunal a quo desconoció que el perito es un experto en el asunto que acreditó el cumplimiento de las z por Abits S.A.S. (…) Sobre el particular, la Sala recuerda que en la sentencia de primera instancia se estimó que el estudio aportado por el perito no fue idóneo para demostrar el cumplimiento del objeto contractual, porque el experto manifestó que no tuvo trazabilidad de la versión del software que probó y que no podía garantizar que no tuviera modificaciones o mejoras desde que finalizó el plazo contractual hasta la fecha del ensayo. Asimismo, manifestó que no se realizó en los servidores de la SDP, sino en un ambiente proporcionado por Abits S.A. (…) [E]l perito en su declaración corroboró que las conclusiones de su dictamen estaban dadas en función de lo que encontró a la fecha de practicar la pericia (posterior al vencimiento del contrato) y en servidores que no eran los de la demandada (donde debía funcionar la herramienta), lo que evidencia falencias en el informe que afectaron su precisión y certeza del contenido, de ese modo, a propósito de los argumentos de la apelación, que el dictamen pericial no demostró el cumplimiento de las especificaciones técnicas del software y la funcionalidad del sistema para que los funcionarios de la SDP pudieran hacer seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital. (…) En consecuencia, se resuelve el tercer problema jurídico planteado en el sub lite y se concluye que la SDP, mediante la Resolución 1467 del 9 de diciembre de 2015 y la Resolución 1619 del 28 de diciembre de 2015, por las que se declaró el incumplimiento definitivo e hizo efectivo el cobro de la cláusula penal, no vulneró el derecho de defensa de Abits S.A.S.
FUENTE FORMAL:
LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN / CONTENIDO DEL RECURSO DE APELACIÓN / INDEBIDA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA DEL RECURSO DE APELACIÓN / PRINCIPIO DE SUSTENTACIÓN SUFICIENTE / PRINCIPIO DE MOTIVACIÓN SUFICIENTE / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿La manifestación de la apelación en relación con el acto administrativo que liquidó unilateralmente el contrato fue debidamente sustentada, de forma que pueda ser tomada como un verdadero cargo en contra de la sentencia?
Respuesta al problema jurídico: No
[C]orresponde estudiar el último cargo de la apelación relacionado con la supuesta invalidez de la Resolución 1699 del 22 de noviembre de 2016 que liquidó unilateralmente el contrato No. 299 de 2012. Frente a ello, la Sala recuerda que, con la demanda, se cuestionó la legalidad de esta decisión porque se habría expedido de manera arbitraria e injusta y desconociendo el derecho de defensa de Abits S.A.S., debido a que los supervisores del contrato no participaron, ni suscribieron dicho acto administrativo, por lo que el acta de liquidación se profirió sin apegarse a la realidad de lo acontecido en la ejecución del negocio. Aunado a lo anterior, planteó el mismo argumento aducido en contra de la decisión que declaró el incumplimiento definitivo del contratista, relacionado con el análisis de las pruebas aportadas en el trámite del procedimiento sancionatorio (aspecto que ya fue resuelto en el acápite anterior). (...) Sobre este aspecto, el Tribunal a quo consideró que en la liquidación del negocio se tuvo en cuenta el informe final presentado por los supervisores y que no era obligatorio que ellos suscribieran el acto administrativo que liquidó unilateralmente el contrato No. 299 de 2012. (...) En contra de ese razonamiento, la parte actora, en su recurso de apelación, se limitó a alegar, en relación con la liquidación del negocio que: “La SDP de manera arbitraria e injusta se llevó por delante el trabajo y esfuerzos para sacar adelante el contrato (…) de una empresa que jamás había sido señalada por incumplimientos o situaciones de esta naturaleza”. (...) Al respecto, la Sala evidencia que lo alegado por el recurrente adolece de carencia argumentos concretos de disenso frente a la decisión apelada, y que lo manifestado se trató de una valoración subjetiva sobre la afectación que, a su juicio, le causó la liquidación unilateral del contrato y, por ende, no cumplió con el deber de sustentación del recurso. (...) sta Subsección, de manera reiterada, ha considerado que el marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados en contra de la decisión recurrida. Asimismo, se ha estimado que la carga de sustentación que le corresponde cumplir a la parte recurrente no se satisface con la mera manifestación de inconformidad con el proveído impugnado, ni tampoco con la petición de que se revoque, pues lo que la ley exige es que se ataquen los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la providencia en el punto que se considere desfavorable a sus intereses, no solo porque la decisión sea contraria a la parte que interpone el recurso, sino porque en realidad existen razones o motivos -y así se indiquen en el respectivo escrito- que conduzcan a considerar que lo decidido en primera instancia no fue acertado. (...) Bajo la óptica descrita en precedencia, resulta claro que en el recurso de apelación deben exponerse las razones o los fundamentos de disenso por los cuales no se comparten las consideraciones de la sentencia recurrida, en orden a que el superior funcional confronte el sustento de la decisión apelada con los argumentos de inconformidad planteados por la parte recurrente, máxime porque, se insiste, los reproches frente a la providencia impugnada son los que fijan la competencia del juez de segunda instancia (...). Tampoco basta para el efecto hacer una reiteración automática de los fundamentos expuestos en oportunidades procesales precedentes, como en la demanda, en la contestación o en los escritos de alegatos, ejercicio a través del cual se busca simplemente sacar avante su aspiración sin entrar a cuestionar de manera directa y concreta las razones en que se fundó la providencia recurrida que le resulta adversa al apelante. (...) Como se aprecia, en la alzada no se ofrecieron motivos de su desacuerdo ni se indicaron hechos o circunstancias que contradigan o rebatan las razones advertidas en la sentencia de primera instancia para no acceder a la pretensión de nulidad de la Resolución 1699 del 22 de noviembre de 2016 y que, en síntesis, se basaron en que en el acta de liquidación unilateral del contrato se tuvo en cuenta el informe de los supervisores del negocio y que no era necesario que estos suscribieran el acto administrativo final. Sin embargo, el recurrente omitió elevar un reproche a lo considerado en la providencia impugnada y se limitó a reiterar sus apreciaciones sobre la Resolución 1699 de 2015, que, como ya manifestó el Tribunal a quo, no tuvieron la idoneidad para demostrar el cargo de violación al derecho de defensa. (...) Así las cosas, es claro que el recurrente simplemente se limitó a reiterar los reproches esbozados en el escrito inicial, lo que devela la inexistencia de cargos concretos de inconformidad frente a los argumentos expuestos por el a quo en el fallo apelado en ese preciso aspecto. Por lo tanto, con relación al último problema jurídico planteado en el sub lite, la Sala no puede concluir nada diferente a que esa manifestación no puede ser tomada como un verdadero cargo en contra de la sentencia, lo que impide verificar si el corte de cuentas unilateral fue expedido de manera arbitraria e injusta. Así, tampoco es dable revocar la sentencia de primera instancia por este motivo.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia, consultar providencias de 24 de septiembre de 2020, Exp. 44707, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; de 16 de agosto de 2022, Exp. 54120, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Debe condenarse en costas a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con la remisión del primer inciso del artículo 188 del CPACA, y según lo establecido en el artículo 365-1 del CGP, en aplicación de un criterio objetivo, se condenará en costas a la demandante. Esas serán liquidadas de forma concentrada por la Secretaría del Tribunal de origen, según lo previsto en los artículos 365 y 366 del CGP. (...) A su vez, en la medida en que la SDP se defendió diligentemente durante esta instancia, se pronunció sobre el recurso de apelación y opuso a la prosperidad de las pretensiones dicha gestión, acredita la vigilancia constante del proceso, a través de su apoderado judicial -en segunda instancia-, ello es suficiente para fijar agencias en derecho a su favor. (...) Por el contrario, en relación con la aseguradora vinculada Seguros Generales Suramericana S.A. se recuerda que, en el trámite de la segunda instancia, solicitó dar la razón al apelante y acceder a las pretensiones de nulidad planteadas en la demanda, por lo que no puede ser tenido en cuenta como vencedora en el sub lite. (...) El Acuerdo PSAA16-10554 expedido el 5 de agosto de 2016 por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda, establece las tarifas de agencias en derecho. En cuanto a los asuntos de lo contencioso administrativo, el artículo 2 dispone que se debe tenerse en cuenta la naturaleza, la calidad y la duración útil de la gestión realizada por el apoderado, así como la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes. (...) Asimismo, en materia de tarifas de agencias en derecho, se señaló que, en los “procesos declarativos en general”, las agencias en derecho en segunda instancia deben establecerse entre 1 y 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes. (...) En ese sentido, se fijan las agencias en derecho en 1 salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta providencia, en favor del Distrito de Bogotá –Secretaría Distrital de Planeación.
FUENTE FORMAL:
ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016 - ARTÍCULO 7, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365