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Consejo de Estado
Providencia
El decreto de pruebas en segunda instancia ante la jurisdicción contencioso-administrativa se rige exclusivamente por el artículo 212 del CPACA.
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas
2025-12-09
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 76001233300420170053301
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El presente asunto se tramita ante la jurisdicción contencioso-administrativa, razón por la cual le resulta aplicable la normatividad aplicable que gobierna este tipo de actuaciones contenidas en el CPACA? Sí
El juez contencioso administrativo aplica el marco normativo del CPACA en los asuntos tramitados ante su jurisdicción. En este proceso, ante la solicitud probatoria del extremo pasivo fundamentada en el Código General del Proceso, se concluye que el decreto de pruebas en segunda instancia procede únicamente en los eventos previstos en el artículo 212 del CPACA, modificado por el artículo 53 de la Ley 2080 de 2021. Al no configurarse tales supuestos ni acreditarse la relación contractual o los presupuestos fácticos de las pretensiones con los documentos aportados, se niega la solicitud de pruebas.síntesis automática
También resuelve:
¿De la revisión efectuada a los documentos allegados por el apoderado de la entidad demandada, se advierte que estos no constituyen medios de convicción idóneos para acreditar los hechos que sirven…
¿Los documentos aportados contienen información carente de valor probatorio para los supuestos fácticos discutidos al interior del plenario?
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
No debe aprobarse el acuerdo de conciliación judicial al que llegaron las partes del presente proceso
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2025-04-28
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 05001233300020220136401
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe aprobarse el acuerdo de conciliación judicial al que llegaron las partes del presente proceso de controversias contractuales, cuando se observa que el incumplimiento contractual alegado en la demanda se basa en dos supuestos de hecho que no están probados, esto es, en la culpa grave de la demandada EPM y en un supuesto constreñimiento para firmar la suspensión mutua del contrato? No
El contratista no puede obtener la aprobación de un acuerdo de conciliación judicial cuando los supuestos de hecho que fundamentan el incumplimiento contractual, como la culpa grave de la entidad estatal y el constreñimiento para firmar la suspensión mutua del contrato, no están debidamente probados. Además, la Sala establece que los perjuicios reconocidos en el acuerdo no cuentan con el respaldo probatorio necesario, ya que las pruebas presentadas no demuestran la existencia y magnitud de los daños reclamados. Esta decisión reitera la importancia de la prueba en la conciliación judicial y limita la aprobación de acuerdos que carecen de sustento probatorio, lo que implica que las partes deben presentar evidencia sólida para respaldar sus reclamaciones en procesos de controversias contractuales.síntesis automática
También resuelve:
¿Debe aprobarse el acuerdo de conciliación judicial al que llegaron las partes del presente proceso de controversias contractuales…
¿Resulta procedente el decreto de pruebas de oficio en el presente trámite de conciliación judicial, con el objeto de acreditar el incumplimiento contractual y la causación de perjuicios derivados de…
¿Resulta procedente el decretó de la prueba pedida en el documento de 1 de abril de 2024 consistente en la declaración de la Profesional B Gestión Proyectos, adscrita a la Unidad Montajes Ituango…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Corresponden a informes, decisiones y documentos que están relacionados con el “informativo administrativo 001”
Sentencia Conflicto Armado — Sentencia
2023-03-01
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 18001234000020160009201
LEY 1437 REPETICION
¿En el plenario del medio de control de repetición, existe prueba sobre la materialización de la imputación subjetiva contra los demandados a título de culpa grave? No
Cuando se pretende la repetición contra miembros de la fuerza pública, las sentencias disciplinarias y las de reparación directa no prueban por sí solas la culpa grave, pues el dolo y la culpa grave son presupuestos de carácter personal que deben establecerse respecto de cada agente. La regla se sostiene en tres razones. Primera, el fallo de reparación directa es un elemento de juicio insuficiente para valorar la conducta del agente. Segunda, la parte actora no solicitó la práctica de otros elementos de juicio idóneos para acreditar el elemento subjetivo. Tercera, los antecedentes administrativos aportados por la entidad se refieren a un informativo sobre pérdida de material de guerra y no tienen relación directa con los daños por los que el Estado fue condenado. En consecuencia, como no se aportaron pruebas idóneas, las pretensiones debían negarse y se confirmó la sentencia apelada. El documento reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el valor limitado del fallo de reparación directa.síntesis automática
También resuelve:
¿La parte actora asumió que el elemento de la culpa grave se desprendía de la sentencia proferida dentro de la reparación directa?
¿El demandante tiene la carga de indicar qué conductas específicas son atribuibles al demandado?
¿La parte actora tenía la carga de acreditar que los demandados actuaron con culpa grave en los hechos?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La conducta dolosa debe quedar establecida de manera plena e individualizada en el proceso de repetición.
Sentencia — Sentencia
2023-07-04
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 08001233300020190026101
LEY 1437 REPETICION
¿La conducta dolosa debe quedar establecida de manera plena e individualizada en el proceso de repetición? Sí
En la acción de repetición, la conducta dolosa del agente debe quedar establecida de manera plena e individualizada dentro del propio proceso, sin que la sentencia que declaró la nulidad de los actos por desviación de poder acredite automáticamente la responsabilidad subjetiva del demandado. La regla se apoya en que ese juicio previo y diferente tiene otro objeto, de manera que el juez de la repetición debe hacer una valoración autónoma e independiente de la prueba del elemento subjetivo. Además, la carga probatoria recae sobre la entidad que pretende el reembolso, que no puede limitarse a reproducir las consideraciones de las sentencias que la condenaron. En el asunto, la entidad se limitó a afirmaciones sobre una supuesta conducta dolosa, basadas en las mismas consideraciones de las sentencias condenatorias, y no probó el actuar doloso que fundaba su pretensión reversiva. La Sala confirmó la decisión que negó las pretensiones. En la práctica, la acción de repetición no prospera cuando el dolo se afirma pero no se prueba en el proceso.síntesis automática
También resuelve:
¿Existe prueba de la conducta dolosa del demandado en repetición?
¿Las sentencias que declararon la nulidad de los actos y ordenaron el restablecimiento del derecho ordenando unos pagos solo acreditan lo que allí se decide?
¿El Tribunal declaró la nulidad de los actos administrativos que declararon la insubsistencia por cuanto tuvieron como móvil las desavenencias que tenía el juez con su empleada?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2023-09-07
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 20001233900020150038402
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Como consecuencia de la declaración de ineptitud sustantiva de la demanda el juzgador no tenía competencia para resolver el fondo de la controversia? Sí
En el proceso contencioso administrativo, cuando la demanda es declarada sustancialmente inepta, el juez no tiene competencia para resolver el fondo de la controversia, de modo que no puede pronunciarse sobre las pretensiones. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la ineptitud sustantiva de la demanda impide un pronunciamiento de fondo, de modo que no puede tenerse por resuelta la pretensión en sentido desfavorable. Segunda, la decisión de fondo que se adopte sin competencia para ello carece de efectos sobre el litigio. En el caso, la sentencia de primera instancia había dado por resueltas las pretensiones, pero la Sala revoca esa decisión porque el juzgador no tenía competencia para decidir el fondo, y en su lugar declara el incumplimiento de la obligación de excluir ciertas áreas del objeto del contrato de comodato. En la práctica, la ineptitud sustantiva debe examinarse antes de resolver las pretensiones, porque un pronunciamiento de fondo sin competencia será revocado en apelación.síntesis automática
También resuelve:
¿Por no existir certeza en el perjuicio que solicita la parte actora sea reparado, no hay lugar al reconocimiento de tales pedimentos?
¿Es claro que existió un incumplimiento por parte del municipio de Valledupar en la obligación de exceptuar del convenio los locales del inmueble?
¿El vínculo jurídico inicial se cimentó en el apoyo de la corporación demandante en la efectividad del cumplimiento del servicio público de educación…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Auto que resuelve la apelación: Auto interlocutorio
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2024-08-15
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Rad. 25000233600020190021302
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Sala concluye la pertinencia, conducencia, utilidad y necesidad, de la prueba testimonial solicitada por las partes? Sí
La prueba testimonial debe decretarse cuando cumple los requisitos de pertinencia, conducencia, utilidad y necesidad del artículo 168 del Código General del Proceso, y no puede negarse por no haberse fijado en el litigio los hechos sobre los cuales versaría. Esta regla se apoya en que el criterio de pertinencia se cumple cuando el testimonio guarda conexidad con los hechos del proceso, aunque la decisión inicial de denegarlo se basara en la falta de precisión del objeto. Por ello, la negativa a decretar la prueba debe fundarse en la ausencia de esos requisitos y no en aspectos del objeto del contrato que no fueron fijados como controversia. En el caso concreto ambas partes solicitaron oportunamente la prueba testimonial, el tribunal la denegó por inutilidad, y la sala la revocó y la decretó porque cumplía los requisitos del artículo 168. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la denegación de un testimonio pedido en tiempo debe motivarse en la falta de pertinencia, conducencia, utilidad o necesidad.síntesis automática
También resuelve:
¿El Consejo de Estado conoce, entre otros, de los recursos de apelación interpuestos contra los autos dictados por los Tribunales Administrativos?
¿Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen?
¿El testimonio tiene por objeto que se declare sobre los hechos objeto de prueba y, para ese efecto, debe dar cuenta de las circunstancias de tiempo…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
La condena solicitada en la pretensión 3ª de la demanda no corresponde a la indemnización de perjuicios causados por la expedición de esos actos administrativos.
Sentencia — Sentencia
2026-10-19
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 25000233600020180098501
Controversias contractuales
¿Opera la caducidad respecto de la pretensión tercera cuando los perjuicios reclamados corresponden a costos y gastos causados antes de la expedición de las Resoluciones 083 y 120 de 2016? Sí
El contratista no puede presentar una pretensión indemnizatoria por costos y gastos causados antes de la liquidación del contrato o antes de la expedición de resoluciones que generen perjuicios, ya que el término de caducidad para demandar comienza a correr desde la fecha de liquidación del contrato o desde la expedición de las resoluciones que causen los perjuicios. En este caso, la Unión Temporal reclamó costos y gastos que se originaron antes de la suscripción del acta de liquidación bilateral del contrato, el 8 de junio de 2012, y antes de la expedición de las Resoluciones 083 y 120 de 2016. La Sala determinó que el término de caducidad para la pretensión tercera venció el 9 de junio de 2014, y la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 7 de septiembre de 2018, cuando ya había operado la caducidad. Esta decisión modifica la jurisprudencia existente, estableciendo que la caducidad opera respecto de la pretensión tercera cuando los perjuicios reclamados corresponden a costos y gastos causados antes de la expedición de las resoluciones mencionadas, lo que implica que el contratista debe presentar sus reclamos dentro del término legal para evitar la caducidad.síntesis automática
También resuelve:
¿Conserva la entidad estatal la facultad de reclamar al contratista los perjuicios derivados de defectos cubiertos por los amparos de calidad y correcto funcionamiento que afloran durante la vigencia…
¿Acreditó la Unión Temporal que las condiciones locativas, ambientales o eléctricas de las aulas causaron los defectos de funcionamiento posteriores del simulador?
¿Impide la liquidación bilateral sin salvedades atribuir al Ejército los defectos de funcionamiento con fundamento en el incumplimiento de obligaciones anteriores comprendidas en el balance…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para decidir las controversias contractuales originadas
Sentencia — Sentencia
2022-02-18
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000232600020070025101
ACCION CONTRACTUAL
¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para decidir las controversias contractuales originadas en la actividad de las entidades públicas con empresas industriales y comerciales del Estado? Sí
El contratista puede presentar copias simples de documentos como prueba en el proceso contencioso administrativo siempre que dichos documentos no hayan sido tachados de falsos o desvirtuados por las partes durante el curso del mismo, conforme a la jurisprudencia unificada por la Sala Plena de la Sección Tercera en la sentencia de 28 de agosto de 2013. Además, el interventor o auditor que preste testimonio en el proceso, siempre que su declaración sea creíble, imparcial, clara y cierta, y no sea tachada de falsa por las partes, es susceptible de valoración probatoria. Estas reglas permiten un mayor acceso a la justicia y flexibilizan las exigencias de prueba en la jurisdicción contenciosa administrativa, facilitando la resolución de controversias contractuales entre entidades públicas y empresas industriales y comerciales del Estado.síntesis automática
También resuelve:
¿En las controversias sobre contratos que requieran liquidación, el término de caducidad de dos años comienza a correr desde la firma del acta de liquidación bilateral o desde la ejecutoria del acto…
¿Es procedente el valor probatorio de las copias simples, cuando los documentos aportados han militado en el proceso sin ser tachados por las partes?
¿Las pruebas testimoniales aportadas al proceso son susceptibles de valor probatorio al estar dotadas de credibilidad, imparcialidad, claridad y certeza y al no ser tachadas de falsas por las partes?
Consejo de Estado
Providencia
La interventoría consiste en el seguimiento técnico sobre el cumplimiento del contrato
Sentencia — Sentencia
2024-09-13
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ
Rad. 25000233600020170082501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La interventoría consiste en el seguimiento técnico sobre el cumplimiento del contrato que realiza una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la entidad estatal, cuando medie mandato legal, cuando supone conocimiento especializado en la materia o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen? Sí
El contratista no puede alegar incumplimiento por parte de la entidad estatal debido a la falta de designación de un interventor o un gerente del proyecto, cuando el contrato no establece claramente la obligación de nombrar a estos roles y las actividades asignadas a estos puestos pueden ser realizadas internamente por la entidad. La Sala precisa que la interventoría es obligatoria solo para contratos de obra derivados de licitaciones públicas, según el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, y que para otros contratos, la vigilancia puede ser efectuada por la misma entidad mediante supervisores, siempre y cuando no se requiera conocimiento especializado. En este caso, las funciones del interventor se limitaban a emitir directrices generales y verificar la afiliación al sistema de seguridad social de los empleados del contratista, tareas que la entidad pudo realizar sin necesidad de contratar a un tercero especializado. Esta decisión reitera y matiza la interpretación del concepto de interventoría, subrayando que la designación de un interventor no es siempre obligatoria y que la entidad puede asumir directamente las funciones de vigilancia, lo que implica que los contratistas deben revisar cuidadosamente los términos del contrato antes de alegar incumplimiento.síntesis automática
También resuelve:
¿La Secretaría Distrital de Planeación incumplió el contrato 299 de 2012 debido a la falta de designación de un gerente de proyecto y de un interventor del proyecto…
¿En la Resolución 678 del 19 de junio de 2015, y en la que la que la confirmó, actos administrativos mediante los cuales se impuso una multa, se vulneró el debido proceso del sancionado…
¿Cuenta con valor probatorio el dictamen pericial allegado por el demandante para demostrar las especificaciones técnicas del software y la funcionalidad del sistema desarrollado…
CONFIRMA