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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el término para interponer la acción de repetición es de dos años

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Fecha
2023-08-08
Radicado
81001233100020080010702
Número interno
60442
Ponente
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION DE REPETICION
Actor
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Demandado
LUIS CARLOS OCHOA CADAVID

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el término para interponer la acción de repetición es de dos años

Lo que dijo la Sala

La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición, según lo prescrito por el artículo 7 (inciso 1º) de la Ley 678 de 2001. En consonancia con lo anterior, esta Corporación es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, conforme lo establecido por el artículo 129 del CCA, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, así como el mencionado artículo 7 (inciso 3º) de la Ley 678 de 2001. El plazo para el ejercicio oportuno de la presente acción comenzó a correr cuando se encontraba en vigor la Ley 678 de 2001, esto es, después del cuatro (4) de agosto de dos mil uno (2001), pues la sentencia expedida por el Juzgado Único Promiscuo de Saravena, Arauca, en el proceso ordinario laboral en el que resultó condenado el INCORA, fue expedida el diecinueve (19) de diciembre de dos mil seis (2006).

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Problema jurídico

¿El término para interponer la acción de repetición es de dos años, contabilizados a partir del día siguiente a la realización del pago por parte de la entidad o a más tardar, desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de la condena?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984, arts. 129 y 177 inc. 4
  • Decreto 1400 de 1970, art. 177 inc. 4
  • Ley 446 de 1998, art. 37

También resuelve

  • ¿Al presente proceso le son aplicables las disposiciones de la Ley 678 de 2001?
  • ¿Para encontrar acreditada la responsabilidad del agente del Estado, es necesario que la conducta del mismo deba calificarse como culpa grave o dolo?
  • ¿La falta de defensa técnica en el proceso laboral ordinario que culminó con sentencia condenatoria en contra del INCORA, es atribuible al demandado a título de culpa grave?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Descriptores temáticos

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Caducidad de la acción contractual Supervisión e interventoría Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Acción de repetición contra el agente

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Titulación de la relatoría 12.887 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE REPETICIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LA CONDENA JUDICIAL / CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿El término para interponer la acción de repetición es de dos años, contabilizados a partir del día siguiente a la realización del pago por parte de la entidad o a más tardar, desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de la condena? Respuesta al problema jurídico: Si La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición, según lo prescrito por el artículo 7 (inciso 1º) de la Ley 678 de 2001. En consonancia con lo anterior, esta Corporación es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, conforme lo establecido por el artículo 129 del CCA, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, así como el mencionado artículo 7 (inciso 3º) de la Ley 678 de 2001. El plazo para el ejercicio oportuno de la presente acción comenzó a correr cuando se encontraba en vigor la Ley 678 de 2001, esto es, después del cuatro (4) de agosto de dos mil uno (2001), pues la sentencia expedida por el Juzgado Único Promiscuo de Saravena, Arauca, en el proceso ordinario laboral en el que resultó condenado el INCORA, fue expedida el diecinueve (19) de diciembre de dos mil seis (2006). Ahora, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 678 de 2001, la acción de repetición tiene un término de caducidad de dos (2) años contados a partir del día siguiente a aquel en el que el organismo hubiera pagado la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de las condenas, en este caso, de dieciocho (18) meses, según el inciso 4° del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo (CCA), vigente a la fecha de expedición de la sentencia condenatoria. (…) El pago se produjo así, dentro de los dieciocho (18) meses siguientes a la expedición de la sentencia condenatoria. Por lo tanto, como la demanda que inició este proceso fue radicada el tres (3) de diciembre de dos mil ocho (2008), la acción de repetición fue incoada oportunamente. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177 INCISO 4, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177 INCISO 4, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 37, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 11, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 INCISO 1, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 INCISO 3 LEY 678 DE 2001 / VIGENCIA DE LA NORMA / TRÁNSITO LEGISLATIVO / TRÁNSITO LEGISLATIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY / PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD / PRESUNCIÓN DE DOLO / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO Problema jurídico: ¿Al presente proceso le son aplicables las disposiciones de la Ley 678 de 2001? Respuesta al problema jurídico: Si Esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos. En ese orden, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior, pero si ocurrieron con posterioridad, será la ley citada la que rija el análisis del dolo o la culpa grave del demandado y no las nociones generales aplicables en el régimen anterior (…).[C]omo en este caso la conducta omisiva atribuida al accionado durante el proceso ordinario laboral que terminó con sentencia condenatoria inició en marzo de dos mil cinco (2005), con la notificación de la demandada al INCORA, la normativa aplicable a los aspectos sustanciales también lo es la Ley 678 de 2001. NOTA DE RELATORÍA: Respecto de la aplicación de la ley 678 de 2001, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de mano de 2007, rad. 30330, C. P. Ruth Stella Correa Palacio. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA GRAVE / CONCEPTO DE CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / DOLO Problema jurídico: ¿Para encontrar acreditada la responsabilidad del agente del Estado, es necesario que la conducta del mismo deba calificarse como culpa grave o dolo? Respuesta al problema jurídico: Si En los términos del citado artículo 63 del Código Civil, la culpa es una conducta reprochable por violación al deber de cuidado, al no prever los efectos nocivos de los actos o al confiar imprudentemente en poder evitar aquellos que se previeran. Con el juicio sobre la culpa se imputa así la obligación de reparar un daño previsto o que, siendo previsible, confió imprudentemente en su capacidad de evitarlo, teniendo en cuenta que el ejercicio de una función o servicio público implica unos deberes expresamente establecidos en la ley o el reglamento —derivados de las funciones detalladamente definidos en estos — que el funcionario o servidor se ha comprometido a cumplir. En consecuencia, este no podrá excusar su responsabilidad arguyendo la ignorancia de los conocimientos necesarios para su ejercicio, ya que ello lo colocaría en una culpa inicial. La culpa grave, a su vez, al tenor del referido artículo 63 del Código Civil, implica un comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario en la causación del daño. El elemento subjetivo implica que la actuación del servidor público, conforme a la normatividad vigente para la época en que se presentó el daño antijurídico, hubiera estado dirigida a la realización de un hecho ajeno a las finalidades del Estado (dolo), o que sea calificable como una infracción directa a la Constitución o a la ley o como una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones (culpa grave). En este juicio, resulta oportuno establecer: (i) si la actuación está directamente relacionada con el daño que motivó la condena judicial objeto de la pretensión de reembolso, (ii) si el comportamiento fue determinante en la ocurrencia de esa afectación, teniendo en cuenta las funciones contempladas en la ley y el grado de diligencia atribuible al servidor público en razón de los requisitos del cargo, la jerarquía o la retribución económica recibida y, (iii) cuál fue el grado de participación del agente. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el concepto de culpa y sus presupuestos, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de febrero de 2015, rad. 32207, C. P. Olga Melida Valle de De La Hoz (e); sentencia de 30 de agosto de 2017, rad. 45295, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico (e); sentencia de 1 de octubre de 2018, rad. 46328; C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; providencia de 29 de noviembre de 2019, rad. 43056, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; y providencia de 7 de septiembre de 2020, rad. 49069, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 63 INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / DEFENSA TÉCNICA / FALTA DE DEFENSA TÉCNICA / CONCEPTO DE INTERVENTORÍA / CONDUCTA LEGÍTIMA DEL INTERVENTOR / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / ELEMENTOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA / FUNCIÓN DEL INTERVENTOR / FACULTADES DEL INTERVENTOR / OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA / DEFENSA JUDICIAL / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿La falta de defensa técnica en el proceso laboral ordinario que culminó con sentencia condenatoria en contra del INCORA, es atribuible al demandado a título de culpa grave? Respuesta al problema jurídico: No En ese escenario, viene oportuno precisar que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, el contrato de interventoría “es una consultoría a través de la cual las entidades públicas ejercen su potestad de coordinación, dirección y control de la ejecución de contratos”, conforme al deber impuesto a las entidades en el artículo 14.1 de la Ley 80 de 1993. En razón a ello, corresponde al interventor “la labor de controlar que la obra se realice en los términos del respectivo contrato, tanto en lo que respecta a las especificaciones técnicas como en los términos contractuales” , seguimiento que supone conocimiento especializado en la materia. A su turno, la supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico “ejercida por la misma entidad estatal” sobre el cumplimiento del objeto contractual, “cuando no requieren conocimientos especializados”, actividad para la cual se puede contratar “personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios”. (…) [T]anto la jefe de la oficina jurídica como la coordinadora del área legal tenían a su cargo la supervisión de las actividades relativas al control y vigilancia de los procesos judiciales en los que era parte el INCORA, así como la coordinación de las labores de los abogados encargados de la defensa judicial del instituto, función que les imponía corroborar el cumplimiento del objeto contractual, que implica el seguimiento de las actuaciones efectivamente realizadas por dichos profesionales en los procesos judiciales, más aún cuando se encuentra demostrado que el jefe del área tenía a su cargo el inventario de los procesos, con “depuración y análisis” de los expedientes, a partir de lo cual presentaba “recomendaciones puntuales sobre procesos que merecían especial atención”, y el “establecimiento de semáforos para atención de las diferentes etapas procesales y requerimientos”. (…) La apreciación en conjunto de los medios de prueba documentales (...), acreditan, en síntesis, que el demandado (…) en condición de gerente liquidador del INCORA, ejecutó las funciones atribuidas a su cargo, en cuanto: (i) ejerció la representación legal de la entidad; (ii) contrató “personas especializadas” para la asesoría jurídica del instituto, tanto en la coordinación de las actividades del área, como en la supervisión de los funcionarios y contratistas encargados de la defensa judicial y extrajudicial del instituto y, (iii) atendió el trámite procesal iniciado por [BF], a través de la coordinadora de la oficina jurídica (…) y del abogado [FJT], quien, en ejercicio de la defensa técnica del Instituto, afirmó haber presentado escrito de contestación de la demanda, como da cuenta la constancia firmada por [RG], en condición de “interventora”, coordinadora de la oficina jurídica. En ese orden, los testimonios guardan armonía con la información contenida en los documentos allegados al expediente como prueba (...). Pues bien, en el contexto de distribución de funciones y competencias antes descrito no se vislumbra el actuar negligente u omisivo atribuible al demandado. (…) [E]l demandado no podía prever las falencias cometidas tanto por el personal encargado de la coordinación y supervisión de la atención de los procesos judiciales, como por el abogado que tuvo a su cargo la defensa judicial del Incora en el proceso laboral que culminó con la sentencia condenatoria objeto de la pretensión de reembolso, pues el comportamiento de dichos colaboradores se ajustaba al ejercicio ordinario de las actividades asignadas, conforme al grado de jerarquía de cada uno, lo que revestía de certeza los reportes que le presentaban [al demandado] en condición de gerente liquidador. (…) [L]a respuesta al problema jurídico planteado es negativa, pues en el sub examine el organismo accionante no demostró que la falta de defensa técnica en el proceso laboral ordinario que culminó con sentencia condenatoria en contra del INCORA fuera atribuible al demandado, a título de culpa grave. (...) [L]a Subsección revocará la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda, porque no se encontró acreditado el supuesto de hecho constitutivo de culpa grave atribuido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural al accionado (...), en condición de gerente liquidador del INCORA. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de las funciones del interventor, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 13 de febrero de 2013, rad. 24996, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 14 de octubre de 2021, rad. 50623, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 10 de agosto de 2006, rad. 1767, C. P. Luis Alberto Álvarez Jaramillo. Respecto al análisis de la conducta del agente en la acción de repetición, consultar sentencia de unificación de la Corte Constitucional, SU-259 de 6 de agosto de 2021. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14 NUMERAL 1

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=810012331000200800107021100103