Titulación de la relatoría 18.908 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
PRESUPUESTO PROCESAL / PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / JURISDICCIÓN / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA / OPORTUNIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA
Problema jurídico:
¿El recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia del 5 de julio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas , cumple con todos los presupuestos procesales?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala resolverá el recurso de apelación interpuesto por la entidad territorial, el Consorcio demandado y la aseguradora llamada en garantía, dado que no se advierte ninguna causal de nulidad que invalide lo actuado, y se evidencia el cumplimiento de los presupuestos procesales relativos a la jurisdicción, competencia, ejercicio oportuno de la acción y legitimación en la causa. También se verifican los requisitos de la demanda en forma.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA / CONCEPTO DE INTERVENTORÍA / ELEMENTOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA / OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA / PARTES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA / NORMATIVA DEL CONTRATO / NATURALEZA DEL CONTRATO ESTATAL / SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PROCESO DE LICITACIÓN / INDIVIDUALIDAD JURÍDICA
Problema jurídico:
¿La interventoría es obligatoria en los contratos de obra celebrados como resultado de un proceso licitatorio, y debe estar a cargo de una persona independiente de la entidad contratante?
Respuesta al problema jurídico: Si
Si bien en la Ley 80 de 1993 no se desarrolla en detalle este tipo de contratos, en el artículo 32 se prevé que la interventoría será obligatoria en los contratos de obra celebrados como resultado de un proceso licitatorio, la cual deberá estar a cargo de una persona independiente de la entidad contratante. Además, se resalta que es una especie dentro de los acuerdos de consultoría y se establece una formalidad en relación con las órdenes y sugerencias que se deben impartir en cumplimiento de las obligaciones del interventor. Por su parte, en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 se precisa su alcance, al señalar que este incluye el seguimiento técnico sobre el cumplimiento de los contratos que suscriban las entidades estatales, cuando para ello se requiera un conocimiento especializado en asuntos particulares o cuando la complejidad del negocio así lo requiera, pudiendo también abarcar la vigilancia y control de tipo administrativo, financiero, contable y jurídico. Adicionalmente, la última norma referenciada, en su artículo 84, dispone que la interventoría implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las actividades a cargo de la contratista del acuerdo vigilado, lo cual habilita la facultad de solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre la ejecución de los acuerdos vigilados. También se resalta la importancia del deber de información que le asiste a los interventores para prevenir la tipificación de conductas punibles, corruptas o de actos que pueden materializarse en incumplimientos contractuales, así como su responsabilidad al no exigir o certificar el recibo a satisfacción de bienes y servicios que no cumplan con los parámetros de calidad exigidos o con las normas técnicas obligatorias. De lo expuesto, se puede concluir que la interventoría está íntimamente relacionada con los contratos respecto de los cuales se ejercen las funciones de seguimiento y vigilancia, en tanto que las facultades dirigidas al control buscan propender por el cabal cumplimiento de los objetivos del proyecto contratado por la entidad estatal. Es por ello que los dos negocios adquieren una condición de interdependencia respecto de su alcance en el cumplimiento de una meta común, sin que con esta característica se desconozca su independencia en lo que tiene que ver con el cumplimiento de sus prestaciones, en la responsabilidad que de ello se derive, en las particularidades propias de cada uno de los acuerdos y en su interacción con la contratante. En línea con lo expuesto, la jurisprudencia de esta Corporación también se ha encargado de resaltar que el contrato de interventoría es principal y autónomo, dado que subsiste a pesar de que se agote su obligación primordial o que finalice el negocio frente al cual se realiza el seguimiento y control. Asimismo, se evidencia que las obligaciones a cargo del interventor tienen distinto alcance, en el entendido de que algunas son de medio, dado que lo exigido es el seguimiento y vigilancia de otros negocios, aplicando para ello sus conocimientos especializados en materia técnica, administrativa, financiera, contable o jurídica, bajo parámetros de diligencia y prudencia en desarrollo de ese rol. No obstante, también existen otras prestaciones que, pueden catalogarse como de resultado, como lo es el caso del deber de información que les asiste.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente al contrato de interventoría, revisar: sentencia de 28 de febrero de 2013, rad. 24266, C.P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 13 de febrero de 2013, rad. 24996, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y sentencia de 14 de julio de 2016, rad. 35763, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
FUENTE FORMAL:
LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 83, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 84, LEY 80 DE 1993, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / CONCEPTO DE PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / LÍMITES DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA
Problema jurídico:
¿Con la sentencia de primera instancia se vulneró el principio de congruencia, al referirse a obligaciones contractuales no cuestionadas en la demanda?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el recurso de apelación presentado por el Consorcio se reprochó que el Tribunal hubiese analizado obligaciones previstas en el contrato de interventoría que eran ajenas a los cuestionamientos expuestos en la demanda. Reclamó lo anterior al sostener que lo alegado por el departamento era un supuesto incumplimiento derivado de la no habilitación de 9 de las plantas de beneficio animal, pese a lo cual se abordaron asuntos que no se estaban en discusión en función de esa labor concreta. Así, enfatizó que las prestaciones pactadas no comprendían la obtención de los permisos necesarios por las autoridades ambientales para operar la infraestructura intervenida. Al revisar la demanda, se evidencia que no se cuestionó una obligación en cabeza de Ceycontrol dirigida a conseguir los permisos de funcionamiento por parte del INVIMA. Por el contrario, lo que se discutió fue su diligencia en las actividades a su cargo dirigidas a la consecución del objeto de los contratos de obra, sin precisar exactamente cuáles (...). De las actividades en cabeza del interventor analizadas por el a quo, se evidencia que estas son acordes al alcance de los cargos formulados por la demandante, por estar relacionadas con el seguimiento al cumplimiento del objeto de los contratos de obra, haciendo especial énfasis en este caso en el estudio y aprobación de los planos y diseños, así como en la revisión de la gestión documental necesaria para poner en funcionamiento las plantas de beneficio animal, que son las obligaciones frente a las cuales finalmente se declaró el incumplimiento parcial por parte del demandado. (...) Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que el a quo no vulneró el principio de congruencia, pues le correspondía estudiar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por Ceycontrol a la luz de su rol de seguimiento y control sobre los contratos de obra, y así lo hizo. Lo anterior estuvo acorde -ademáscon la fijación del litigio, respecto de la cual no fue propuesta ninguna objeción por las partes, etapa en la cual se indicó que el estudio del incumplimiento estaría enmarcado en las labores de “supervisión” de los negocios objeto de vigilancia, por lo que el primero de los problemas jurídicos planteados se resuelve de forma negativa.
CARGA DE LA PRUEBA / ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / DECRETO DE PRUEBA / DECRETO DE PRUEBA DE OFICIO / CONDICIONES PARA EL DECRETO DE PRUEBA DE OFICIO / PRUEBA DE OFICIO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / NEGACIÓN DEL DECRETO DE PRUEBA
Problema jurídico:
¿Las partes deben probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]s importante destacar que si bien la Sala puede decretar las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad, así como de puntos oscuros o difusos de la controversia, esta facultad se debe contrastar con lo previsto en el artículo 167 del CGP, que dicta la pauta fundamental del régimen probatorio aplicable a los procesos tramitados en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, esto es, el principio de la carga probatoria, conforme al cual: “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. En atención a ello, en este caso le correspondía al departamento de Caldas acreditar el incumplimiento endilgado a Ceycontrol y, para ello, dados los cargos propuestos en la demanda, no solo debió allegar el expediente administrativo del negocio de interventoría, sino que también debió hacer lo mismo con los de obra frente a los cuales advirtió la configuración de las debilidades en las funciones de seguimiento y vigilancia, lo cual no realizó. Tampoco es viable efectuar inversión alguna en la señalada carga, comoquiera que el Departamento, en su calidad de entidad contratante, es el sujeto que contaba con la mayor facilidad (y deber) de administrar ese acervo y de aportarlo al expediente. No se trata tampoco de la imposición de una determinada tarifa probatoria, sino de la exigencia de un respaldo documental que fuese coherente con el petitum.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167
RECURSO DE APELACIÓN / DECISIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REVOCATORIA DE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / PRUEBA / ALCANCE DE LA PRUEBA / ANÁLISIS DE LA PRUEBA / ANÁLISIS DE LA PRUEBA POR EL JUEZ / ANÁLISIS DE PRUEBAS DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA / FALTA DE PRUEBA / FALTA DE PRUEBA DEL DAÑO / INEFICACIA DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿Erró el Tribunal a quo al determinar el incumplimiento parcial por parte de Ceycontrol frente a las obligaciones de diseño y gestión documental?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]e evidencia lo siguiente: (i) que el alcance de las obras estuvo en constante revisión y modificación en atención al presupuesto disponible; (ii) que las partes debieron priorizar las intervenciones y actividades en función de los recursos económicos dispuestos por la entidad territorial; (iii) que, dadas las deficiencias en la planeación, era necesario precisar las condiciones de funcionalidad y operatividad de las PBA; (iv) que la interventoría señaló las falencias en la estructuración de las obras contratadas y planteó la necesidad de proyectar una segunda fase de adecuaciones, pero con sujeción a unos insumos, presupuesto, planos y diseños acordes con el objeto de abarcar íntegramente las plantas. Adicionalmente, se destaca que la interventoría informó que no era posible dejar las plantas cumpliendo en su totalidad con los requerimientos del INVIMA, lo cual también fue reconocido por el departamento de Caldas ante la imposibilidad de realizar más adiciones presupuestales necesarias para abordar las obras en su integridad y porque algunas actividades fundamentales se encontraban en cabeza de los municipios, como era el caso de los cerramientos externos y las adecuaciones a los corrales, tal como lo sostuvo el supervisor antes mencionado (...). La Sala no comparte que, bajo los parámetros antes referidos, se busque trasladar la controversia al trámite del incidente de liquidación, para identificar cuáles fueron las obligaciones que se incumplieron en relación con las observaciones presentadas en los informes del INVIMA. Con esa determinación, el a quo no delimitó el alcance de las prestaciones a cargo del demandado, en función de las adecuaciones parciales contratadas para declarar su incumplimiento, y se limitó a señalar que algunas de las falencias advertidas le eran atribuibles, sin identificarlas en concreto para cada una de las plantas, ni detallar de forma directa de qué manera erró y omitiendo precisar si solo este era el causante de esa inconformidad. Para advertir el incumplimiento contractual por parte de Ceycontrol, el tribunal de primera instancia debió identificar cuáles de las observaciones señaladas por la autoridad ambiental le eran imputables de manera específica, teniendo en cuenta las mutaciones que sufrió el proyecto en cuanto a su objetivo, dado que se debieron priorizar actividades y zonas de las PBA ante las limitaciones presupuestales. No obstante, para ello era necesario contar con los expedientes administrativos de cada uno de los negocios objeto de vigilancia y control, lo cual no allegó la entidad territorial junto con la demanda, cuando esta era su obligación legal -además porque era quien estaba en posesión de estos-, dadas sus pretensiones y la interdependencia del contrato de interventoría con los de obra, conforme a lo analizado por la Sala en anteriores acápites. Aunado a ello, en la etapa de ejecución de los negocios de obra se presentaron varias vicisitudes en cuanto a la determinación del alcance de las adecuaciones de las PBA que fueron acordadas e informadas a la entidad contratante. En ese orden de ideas, se destaca que, dentro de los anexos decretados como pruebas, solo se encuentra uno de los contratos de obra, el identificado con el No. 10062019-0968, cuyo contratista es Omicron del Llano SAS y que se refería a las plantas de Anserma, Chinchiná, Manzanares y Norcasia. No obstante, este negocio no está acompañado del pliego de condiciones, ni de los documentos previos del proceso licitatorio, a los cuales remitía la cláusula segunda del negocio para determinar las especificaciones técnicas indicadas, aceptadas y ofertadas por el adjudicatario, y tampoco se allegaron los diseños y planos completos de la infraestructura a intervenir, ni los ajustes propuestos en detalle a estos documentos por las falencias encontradas en los elaborados por los municipios. De ahí que el a quo no haya podido establecer con certeza cuáles fueron las obligaciones incumplidas por el Consorcio, en la medida en la que no contaba con el soporte probatorio necesario para identificar el alcance de cada una de las intervenciones en las PBA. Si bien es cierto que en los anexos aportados tanto por la demandante como por la demandada se encuentran algunos documentos relevantes para identificar ciertas situaciones problemáticas que se presentaron en la ejecución de los contratos de obra, así como de las intervenciones realizadas y los equipos adquiridos para las adecuación de las PBA, la Sala considera que, para advertir el incumplimiento parcial que declaró el tribunal de primera instancia, era necesario contar con todos los expedientes administrativos de los negocios de obra en su integridad, más aún cuando el alcance del proyecto fue mutando por las limitaciones presupuestales que se advirtieron. De lo contrario, no se podrían despejar las dudas sobre la participación de cada uno de los actores en el resultado desfavorable del proceso de habilitación (…). Así las cosas, ante la ausencia de los medios de prueba necesarios para determinar el incumplimiento de las obligaciones a cargo del Consorcio, la Sala no comparte las decisiones adoptadas por el Tribunal de primera instancia, en tanto que no determinó de forma detallada, específica y contundente cuáles fueron las prestaciones que desatendió el demandado en función de las particularidades que rodearon los contratos de obra por las limitaciones económicas y las falencias en la planeación del proyecto, así como en la participación de los distintos actores involucrados en el resultado obtenido, lo cual tenía incidencia en la consecución de las autorizaciones necesarias para habilitar las PBA, sin que fuese posible trasladar estas consideraciones al trámite incidental, como erróneamente lo estableció la Sala de primer grado.
CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS / TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas a cargo del departamento de Caldas en segunda instancia porque el recurso de apelación interpuesto, le fue resuelto desfavorablemente?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021, y según lo establecido en los numerales 1 y 4 del artículo 365 del CGP, la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta de la parte a la cual se le impone. En ese orden de ideas, como en este caso se revocará totalmente la sentencia de primera instancia, se condenará en costas en ambas instancias a la parte vencida en el proceso, es decir, al departamento de Caldas como demandante, las cuales serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal de origen, según lo previsto en los artículos 365 y 366 del CGP. Respecto de las agencias en derecho, en la medida que la demandada y la llamada en garantía ejercieron, cada una, su defensa a través de apoderado judicial, que debió vigilar el proceso, se considera que dicha situación es suficiente para entenderlas causadas. De conformidad con el Acuerdo PSAA16- 10554 de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura (vigente para la fecha en que se presentó la demanda), estas se fijarán en $27’878.584 para la primera instancia, correspondiente al 3% sobre lo pretendido en la demanda por concepto de daño emergente -$929.286.147- y en un (1) salario mínimo mensual legal vigente para la segunda instancia. Esos valores deberán ser pagados en partes iguales en favor del Consorcio Ceycontrol y la Compañía Aseguradora Mundial de Seguros S.A., es decir, 50% para cada una.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PSAA16- 10554 DE 2016, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 4, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366, LEY 2080 DE 2021