Síntesis de la providencia
Consejo de Estado: el IDU debe compensar al contratista si la ocurrencia del riesgo determina una situación deficitaria
Lo que dijo la Sala
La entidad debería compensar al contratista si la ocurrencia del riesgo determinaba una situación deficitaria en el balance financiero del contrato, tal como lo prevé el artículo 5.1 de la Ley 80 de 1993, el cual dispone que cuando una alteración del equilibrio económico es causada por situaciones imprevistas y no imputables a las partes debe restablecerse a un “punto de no pérdida”. El demandante no aportó pruebas sobre el balance financiero global del contrato ni la existencia de un déficit que deba ser compensado por la entidad. La Sala confirmará la sentencia impugnada por [dos razones]. Primero, no se probó que las causas de las tres prórrogas del contrato de interventoría fueran atribuibles al IDU, por lo que sus efectos desfavorables —como los costos derivados de la mayor permanencia— deben ser soportados por Integral de acuerdo con la distribución de riesgos del contrato.
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Síntesis síntesis automática
El contratista no tiene derecho a la compensación por riesgos excepcionales si la ocurrencia del riesgo no determina una situación deficitaria en el balance financiero del contrato, tal como lo establece el artículo 5.1 de la Ley 80 de 1993. La entidad estatal no debe compensar al contratista si las causas de la prórroga del contrato de interventoría son atribuibles al interventor, y no se demuestra que dichas causas hayan generado un déficit financiero que justifique la compensación. Además, si el contrato estipula que el interventor asume el riesgo de mayor permanencia del personal, los costos adicionales deben ser soportados por el interventor, sin que la entidad estatal tenga responsabilidad por hechos atribuibles a terceros. Esta decisión reitera la importancia de la distribución de riesgos acordada en el contrato y la necesidad de demostrar un déficit financiero para reclamar la compensación por riesgos excepcionales.
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Problema jurídico
¿El IDU debe compensar al contratista si la ocurrencia del riesgo determina una situación deficitaria en el balance financiero del contrato?
Respuesta: Si
También resuelve
- ¿El contrato de interventoría estipuló expresamente que si las causas de la prórroga eran imputables al interventor, el IDU no reconocería valor alguno por el tiempo adicional?
- ¿En el contrato de interventoría no se estipuló que el IDU asumiría responsabilidad frente al interventor por hechos atribuibles a terceros, como algunas secretarías del Distrito?
- ¿La pretensión de la sociedad interventora pone de manifiesto la ausencia de un pacto expreso sobre quién debía asumir los efectos económicos de la mayor permanencia?
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Titulación de la relatoría 21.135 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REGULACIÓN NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA / COMPENSACIÓN DE RIESGOS EXCEPCIONALES
Problema jurídico:
¿El IDU debe compensar al contratista si la ocurrencia del riesgo determina una situación deficitaria en el balance financiero del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
La entidad debería compensar al contratista si la ocurrencia del riesgo determinaba una situación deficitaria en el balance financiero del contrato, tal como lo prevé el artículo 5.1 de la Ley 80 de 1993, el cual dispone que cuando una alteración del equilibrio económico es causada por situaciones imprevistas y no imputables a las partes debe restablecerse a un “punto de no pérdida”. El demandante no aportó pruebas sobre el balance financiero global del contrato ni la existencia de un déficit que deba ser compensado por la entidad. [L]a Sala confirmará la sentencia impugnada por [dos razones]. Primero, no se probó que las causas de las tres prórrogas del contrato de interventoría fueran atribuibles al IDU, por lo que sus efectos desfavorables —como los costos derivados de la mayor permanencia— deben ser soportados por Integral de acuerdo con la distribución de riesgos del contrato. Segundo, no se probó cuáles fueron los costos en que efectivamente incurrió Integral durante el período de mayor permanencia ni que estos hubieran generado un déficit que le otorgara el derecho al restablecimiento del equilibrio económico del contrato.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5
ESTIPULACIONES DEL CONTRATO / RIESGO CONTRACTUAL / DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO CONTRACTUAL / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR / FUNCIÓN DEL INTERVENTOR / OBLIGACIÓN CONDICIONAL / OBLIGACIÓN CONDICIONAL EN EL CONTRATO ESTATAL / CONTRATANTE CUMPLIDO / CONDICIONES ECONÓMICAS / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / GASTOS ADICIONALES / PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA / CALIDAD DEL PRODUCTO / GARANTÍA DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO / LABOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / RECONOCIMIENTO DE LOS COSTOS
Problema jurídico:
¿El contrato de interventoría estipuló expresamente que si las causas de la prórroga eran imputables al interventor, el IDU no reconocería valor alguno por el tiempo adicional?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]as partes acordaron que el riesgo de “mayor permanencia del personal al inicialmente previsto” sería asumido por Integral. [E]l IDU no incumplió ninguna obligación condicional de cubrir los costos causados en este período adicional por el acaecimiento del riesgo. [D]ado que dicho riesgo fue considerado como un componente integral de las condiciones económicas pactadas inicialmente, su materialización no puede considerarse como una alteración del equilibrio financiero del contrato. [L]os costos adicionales generados por las prórrogas acordadas […] deben ser soportados por Integral. La conclusión anterior se extiende a los costos adicionales derivados de la tercera prórroga […]. [L]os hechos que la motivaron no son atribuibles al IDU y [el] demandante no demostró haber validado oportunamente los productos entregados por el diseñador ni que sus observaciones estuvieran justificadas. Esta prueba era necesaria frente a las imputaciones del diseñador, dado que el contrato de interventoría estipuló expresamente que si las causas de la prórroga eran imputables al interventor, el IDU no reconocería valor alguno por el tiempo adicional.
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE / CONTRATANTE CUMPLIDO / PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / ELEMENTOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA / HECHO DEL TERCERO / LABOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA / FUNCIÓN DEL INTERVENTOR / OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA / CALIDAD DEL PRODUCTO / ASISTENCIA TÉCNICA / CONCEPTO TÉCNICO / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / MORA DEL CONTRATISTA / OMISIÓN DE LA PRÁCTICA DEL DICTAMEN PERICIAL / CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
Problema jurídico:
¿En el contrato de interventoría no se estipuló que el IDU asumiría responsabilidad frente al interventor por hechos atribuibles a terceros, como algunas secretarías del Distrito?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]os documentos del expediente no acreditan que las causas que motivaron las tres prórrogas fueran atribuibles al IDU. No hay evidencia de que la entidad hubiera incumplido sus obligaciones ni de que el supuesto incumplimiento hubiera originado la necesidad de ampliar el plazo. [E]n el contrato de interventoría no se estipuló que el IDU asumiría responsabilidad frente al interventor por hechos atribuibles a terceros, como algunas secretarías del Distrito. Menos aún se acordó que la entidad estatal sería responsable por las conductas del diseñador, pues precisamente la entidad contrató a Integral para que le hiciera seguimiento y vigilara la correcta ejecución de las labores a su cargo. [L]as dos primeras prórrogas fueron causadas por retrasos atribuibles a terceros […]. En cuanto a la tercera prórroga, el diseñador alegó que parte del retraso se debió a demoras de Integral en la revisión de los productos entregados y a la formulación de exigencias técnicas injustificadas. Conforme al artículo 1757 del Código Civil, correspondía a Integral demostrar que cumplió con su obligación de revisar oportunamente los productos del diseñador y que sus exigencias estaban justificadas, sin generar retrasos en el cronograma. [E]l expediente no contiene los documentos con los resultados de dichas revisiones ni se aportó o practicó un dictamen pericial para verificar si las exigencias de Integral eran técnicamente justificadas, lo que requeriría conocimientos especializados (CGP, art. 226). De cualquier manera, no se demostró que las causas de la mayor permanencia fueran atribuibles al IDU.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 226, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1757
MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / GASTOS ADICIONALES / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / CONDICIONES DEL CONTRATO ESTATAL / BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / PARTES CONTRATANTES / DERECHO A LA LIBRE DISPOSICIÓN DE LAS PARTES CONTRATANTES / RIESGO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE / RESOLUCIÓN DEL CONTRATO / CAUSALES DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / ESTIPULACIONES DEL CONTRATO / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
Problema jurídico:
¿La pretensión de la sociedad interventora pone de manifiesto la ausencia de un pacto expreso sobre quién debía asumir los efectos económicos de la mayor permanencia?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a pretensión de [la sociedad demandante] no contraviene los principios de normatividad de los acuerdos ni de buena fe contractual, sino que pone de manifiesto la ausencia de un pacto expreso sobre quién debía asumir los efectos económicos de la mayor permanencia […]. Por un lado, en el expediente no consta que las causas determinantes de la ampliación del plazo fueran atribuibles al IDU; por otro, las partes no lograron un acuerdo sobre la asunción de los costos derivados de la mayor permanencia, lo que llevó a que esta controversia fuera diferida al juez del contrato para su resolución. [N]o es posible determinar si la decisión de la entidad de no autorizar la suspensión fue injustificada. [E]l contrato de interventoría no contempló causales de suspensión autónomas, sino que el parágrafo tercero de su cláusula segunda estableció que “si por algún motivo se suspende el contrato de consultoría, debe suspenderse inmediatamente por el mismo término el contrato de interventoría”. [N]o está probado que la decisión del IDU fuera contraria a lo estipulado en el contrato de interventoría. El diseñador fundamentó su solicitud inicial de suspensión y la posterior petición de prórroga en cuatro razones principales, ninguna calificable como imputable al IDU.
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / GASTOS ADICIONALES / PAGO DE GASTOS ADICIONALES / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / PERSONAL ADMINISTRATIVO / MAQUINARIA DE ACTIVIDAD CONSTRUCTORA / COSTO DIRECTO DEL CONTRATO ESTATAL / PAGO DEL SALARIO / PRESTACIONES SOCIALES / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA / PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / RIESGO CONTRACTUAL / RIESGO PREVISIBLE / DETERMINACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES / CLASES DE RIESGO DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿En determinados contratos la ampliación del plazo de ejecución genera costos adicionales?
Respuesta al problema jurídico: Si
En determinados contratos, como los de obra o interventoría, la ampliación del plazo de ejecución genera costos adicionales. Aunque la meta física de la obra [no se modifique], la extensión del tiempo para completar las actividades implica que el ejecutor mantenga activos recursos como personal administrativo, operativo y equipos, lo que incrementa los costos para cumplir sus prestaciones. En los contratos de interventoría, la ampliación del plazo suele aumentar costos directos, tales como salarios y prestaciones sociales del personal […]. Esta situación, aunque no cuenta con una definición legal, se designa comúnmente como mayor permanencia. El apelante argumentó que no debe soportar los costos derivados de esta situación, sino que debe hacerlo el IDU, porque las causas que determinaron la prórroga del plazo fueron ajenas a su conducta y, por ello, no hacen parte de los riesgos que asumió de acuerdo con el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007. [C]omo ha señalado la Subsección, bajo el artículo [citado], el campo semántico de la expresión riesgo previsible es más restringido: refiere las circunstancias externas a las partes del contrato, que son identificables y cuantificables, y que pueden alterar los resultados económicos esperados, tanto en los ingresos como en los costos.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la mayor permanencia en la obra pública, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de enero de 2016, rad. 28055, C. P. Ramiro Pazos Guerrero.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 4
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / RIESGO CONTRACTUAL / DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO CONTRACTUAL / CLASES DE RIESGO DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL / NACIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES / OBLIGACIÓN DE PAGAR SUMA DE DINERO / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / RIESGO DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL / CLASES DE COMPENSACIÓN / MECANISMOS DE COMPENSACIÓN / PAGO AL CONTRATISTA / INDEMNIZACIÓN AL CONTRATISTA / OBLIGACIÓN CONDICIONAL / OBLIGACIÓN CONDICIONAL EN EL CONTRATO ESTATAL / DAÑO CONTINGENTE / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL / RIESGO PREVISIBLE / DERECHOS PECUNIARIOS
Problema jurídico:
¿La ley define las obligaciones contingentes como obligaciones pecuniarias sometidas a condición?
Respuesta al problema jurídico: Si
La distribución de los riesgos contractuales previsibles va aparejada de medidas de mitigación, que van desde la simple asunción de sus efectos hasta la adopción de medidas positivas o negativas encaminadas a atenuar las consecuencias de su ocurrencia. Asimismo, puede determinar el nacimiento de obligaciones positivas, como dar una suma de dinero a la parte que no asumió determinado riesgo. [E]sto ocurre cuando se acuerda que en caso de reducirse las tarifas reguladas de un servicio público otorgado mediante concesión —fuente de ingresos del concesionario—, la entidad concedente debe compensar al contratista por la disminución de ingresos causada por la decisión de la autoridad tarifaria. En estos casos, la asignación del riesgo conlleva una obligación condicional (CC, art. 1530). [L]a Ley 448 de 1998 [que regula] el régimen de las contingencias contractuales del Estado y su vinculación con la distribución de riesgos previsibles, definen las obligaciones contingentes como obligaciones pecuniarias sometidas a condición (Ley 448 de 1998, art. 1, parágrafo; Decreto 1068 de 2015, art. 2.4.1.4).
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1068 DE 2015 - ARTÍCULO 2.4.1.4, LEY 448 DE 1998 - ARTÍCULO 1 PARÁGRAFO, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1530
LABOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA / PARTES CONTRATANTES / CONDICIONES DEL CONTRATO ESTATAL / PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / PRÓRROGA DEL CONTRATO / PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / GASTOS ADICIONALES / PAGO DE GASTOS ADICIONALES / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE ENTIDAD DE ORDEN DISTRITAL / ENTIDAD DISTRITAL / AUTORIZACIÓN LEGAL / FUNCIÓN DEL INTERVENTOR / CLASES DE FORMA DE PAGO / CONTRATO DE OBRA A PRECIO GLOBAL / ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA PÚBLICA / APROBACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL / PRECIO DEL CONTRATO / PAGO AL CONTRATISTA / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / MATRIZ DE RIESGOS / CLASES DE RIESGO DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL / CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES / ESTUDIOS PREVIOS PARA OBRA PÚBLICA / ACTO CONTRACTUAL / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL
Problema jurídico:
¿Las partes contratantes previeron que las entidades distritales y las empresas de servicios públicos podrían retrasar la aprobación de los productos elaborados por el diseñador?
Respuesta al problema jurídico: Si
El IDU e Integral contemplaron la posibilidad de que el plazo de ejecución del contrato fuera insuficiente para completar la revisión de los diseños, lo que podría generar su prórroga y costos adicionales por la mayor permanencia del contratista. [P]revieron que las entidades distritales y las empresas de servicios públicos podrían retrasar la aprobación de los productos elaborados por el diseñador, los cuales también debían ser validados por Integral. [E]n la cláusula sexta, las partes acordaron la forma de pago del precio global, asignando un valor individual a cada uno de los catorce (14) entregables, cuyo monto total ascendía a $2.231’000.000. Asimismo, establecieron los plazos máximos para la entrega de estos productos. [E]l IDU e Integral contemplaron la posibilidad de que las empresas prestadoras de servicios públicos o las entidades distritales demoraran las aprobaciones de los productos. Para enfrentar esta eventualidad, regularon sus consecuencias en cuanto a la remuneración del interventor […]. [E]l IDU publicó la matriz de riesgos del proceso de contratación y en el numeral 2.3 del pliego de condiciones indicó que este documento formaba parte del pliego. Además [se] estipuló "hacen parte integral del contrato los estudios previos, el pliego de condiciones, sus anexos y apéndices". A no dudarlo, la matriz de riesgos constituye un documento contractual que delimita el contenido obligacional de este negocio jurídico.
PARTES CONTRATANTES / ESTIPULACIONES DEL CONTRATO / PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / HECHO DEL TERCERO / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS / INDEMNIZACIÓN AL CONTRATISTA / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR / PAGO DE GASTOS ADICIONALES / RIESGO CONTRACTUAL / DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO CONTRACTUAL / PAGO AL CONTRATISTA / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA / GASTOS ADICIONALES / ACTO CONTRACTUAL / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES / MATRIZ DE RIESGOS
Problema jurídico:
¿El texto contractual establece que si las causas de la prórroga son imputables al interventor los costos que genera la misma serán de su cuenta y riesgo?
Respuesta al problema jurídico: Si
Los contratantes tampoco pactaron que si las causas de las prórrogas eran atribuibles a terceros, como las empresas de servicios públicos, Integral no debía asumir por su cuenta los costos de la mayor permanencia. Del texto contractual [que] establece: “si las causas de la prórroga son imputables al interventor [antecedente], entonces los costos que genera la misma serán de su cuenta y riesgo [consecuente]”, no puede deducirse que, si las causas no son imputables al interventor, sino a terceros, el IDU debe asumir dichos costos en lugar de Integral. [P]ara que el planteamiento de Integral fuera válido, el contrato debería haber reflejado expresamente que sólo si las causas de la mayor permanencia eran imputables a Integral, esta asumiría los costos adicionales. [L]os documentos contractuales no evidencian que esta fuera la intención de las partes. La matriz de riesgos del contrato le asignó a Integral el de “mayor permanencia del personal al inicialmente previsto” sin distinguir entre las causas determinantes de las prórrogas. [L]a estipulación que obliga a Integral a asumir los costos de mayor permanencia causados por su culpa no constituye la distribución de un riesgo contractual, sino la reiteración del principio según el cual nadie puede beneficiarse de su propia negligencia.
MATRIZ DE RIESGOS / CLASES DE RIESGO DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL / RIESGO CONTRACTUAL / RIESGO DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL / DEBERES DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA / COMPENSACIÓN DE RIESGOS EXCEPCIONALES / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / HECHO IMPREVISIBLE / IMPREVISIBILIDAD / RUBRO DE IMPREVISTOS EN EL CONTRATO ESTATAL / CLASES DE COMPENSACIÓN / PAGO DE LA COMPENSACIÓN / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DÉFICIT PRESUPUESTAL / RECURSOS DEL BALANCE / ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / PERJUICIO IMPREVISTO
Problema jurídico:
¿La entidad debe restablecer el equilibrio económico del contrato si el acaecimiento del evento genera una situación deficitaria en el balance financiero global del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]i los efectos de un riesgo asignado […] desbordan los umbrales implícitos o explícitos bajo los que el contratista lo asumió, esto no implica que la entidad estatal debe compensarlos automáticamente. En estos casos, como lo ha señalado la Subsección, el análisis debe realizarse bajo el criterio de la alteración del equilibrio económico del contrato causada por circunstancias imprevisibles. La ocurrencia de esta clase de circunstancias constituye una condición necesaria, pero no suficiente, para justificar una compensación. La entidad debe restablecer dicho equilibrio si el acaecimiento del evento genera una situación deficitaria en el balance financiero global del contrato, pues el artículo 5.1 de la Ley 80 de 1993 dispone que la ecuación contractual debe restablecerse a un “punto de no pérdida” cuando la alteración es causada por situaciones imprevistas y no imputables a las partes.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el equilibrio económico del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de octubre de 2017, rad. 53875, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 1
CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / INTEGRACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / GASTOS DEL PROCESO / AGENCIAS EN DERECHO / OBLIGACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / OBLIGACIONES DE LA PARTE RECURRENTE / CONFIRMACIÓN DEL FALLO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Se condenará en costas a la parte a la que se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del CGP. [E]s procedente la condena en costas, que se integran por los gastos del proceso y las agencias en derecho. El artículo 365 del CGP establece que se condenará en costas a la parte a la que se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación (núm. 1); además, precisa que en la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda (núm. 3). [E]l artículo 5º del Acuerdo PSAA16-10554 del Consejo Superior de la Judicatura establece que, en la segunda instancia de procesos declarativos, se fijarán las agencias en derecho entre 1 y 6 SMMLV. El recurso de apelación se resolverá desfavorablemente para Integral y se confirmará en todas sus partes la de primera instancia. [S]e fijará por concepto de agencias en derecho la suma de un (1) salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV).
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016 - ARTÍCULO 5, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERALES 1 Y 3