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FORMA DE RENDIR EL DICTAMEN PERICIAL

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Consejo de Estado Providencia

Afirmó que los precios consignados en todos documentos a los que hace referencia la parte demandada resultan irrisorios

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-08-19 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 63001233300020210013802 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En el interrogatorio realizado al perito se evidenció que en su dictamen no se tuvo en cuenta los anexos técnicos de los estudios previos al contrato? Sí
El contratista debe incluir en su dictamen pericial todos los anexos técnicos y estudios previos al contrato, así como la propuesta económica inicial, para que la entidad estatal pueda evaluar adecuadamente la viabilidad y costo del proyecto. Durante el interrogatorio, el perito afirmó que tuvo en cuenta los diseños y anexos técnicos, pero señaló que estos no cumplían con los requerimientos necesarios, lo que obligó al contratista a realizar nuevos estudios. El dictamen debe ser claro y exhaustivo, procesando los costos asociados a los diseños definitivos y excluyendo aquellos que no guardan relación con las obras objeto de estudio. La entidad estatal debe aportar la prueba técnica y suficiente que respalde sus afirmaciones sobre el pago de valores durante la ejecución del contrato, de lo contrario, no se considerará acreditado el efecto jurídico que pretende. Esta decisión reitera la importancia de la claridad y exhaustividad del dictamen pericial y la carga probatoria de las partes en el proceso contractual.síntesis automática
También resuelve: ¿El dictamen carece de claridad, en la medida en que no determinaba si los valores incluidos en la matriz contable correspondían en su totalidad a estudios y diseños nuevos o si, en realidad…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La experticia tiene fundamento y soportes

Sentencia — Sentencia 2023-10-11 Sección Tercera (Subsección C) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000232600020070072201 ACCION CONTRACTUAL
¿Se acreditó que al actor le asistió un mejor derecho para resultar adjudicatario del contrato conforme lo reclama en el recurso de apelación? No
El dictamen pericial que aplica las fórmulas y los procedimientos previstos en el pliego de condiciones, explica sus operaciones y se apoya en fuentes y anexos, tiene eficacia probatoria, y que el oferente que reclama un mejor derecho a la adjudicación debe demostrar que su propuesta habría ocupado el primer lugar en la lista de elegibles. Una razón es que el perito siguió los parámetros del pliego para la evaluación económica, incluida la media geométrica y la lista de elegibles, y explicó de manera clara y detallada sus cálculos, por lo que el dictamen cumple los requisitos de los artículos 233, 237 y 241 del Código de Procedimiento Civil. Otra razón es que aun si se hubiera rechazado la propuesta señalada en la demanda, o las que no cumplían el requisito de las plantas asfálticas, el consorcio demandante no habría ocupado el primer lugar de la lista de elegibles. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones de la demanda. Su consecuencia práctica es que las objeciones al dictamen de evaluación deben demostrar un cambio en el orden de elegibilidad y no solo una discrepancia técnica.síntesis automática
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El operador jurídico deberá, estudiar la procedencia y oportunidad del recurso de queja, para luego pasar a resolver de fondo sobre la procedencia del recurso de apelación o extraordinario, o la corrección de su efecto, en el caso de la apelación.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de queja 2025-11-24 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 85001233300020210017903 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cumple el recurso de queja con el requisito de interposición en subsidio al de reposición para permitir al juez reconsiderar la negativa de concesión de la apelación y al superior funcional evaluar su procedencia? Sí
Eel legislador estableció como presupuesto de procedibilidad del recurso de queja su interposición en subsidio al de reposición, con el propósito de que el juez que denegó la concesión del recurso de apelación tuviera la posibilidad de reconsiderar su negativa y, de no hacerlo, permitir al superior funcional evaluar los motivos por los cuales no se concedió la impugnación, para establecer si estuvo adecuadamente denegada. De ahí que la sustentación de estos recursos deba hacerse en un mismo momento ante el juzgador de primer grado, pues los argumentos formulados por el impugnante deben tenerse en cuenta, tanto al resolverse la reposición, como al decidirse la queja.
También resuelve: ¿Procede la apelación contra la decisión que ordena a la perito exponer el dictamen en audiencia, en lugar de permitir que lo haga su colaborador?
DECLARA BIEN DENEGADO
Consejo de Estado Providencia

Cumplió la parte demandante con la carga probatoria de demostrar que prestó servicios adicionales

Sentencia — Sentencia 2022-07-13 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000233600020170058801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cumplió la parte demandante con la carga probatoria de demostrar que prestó servicios adicionales que arrojaran como resultado un valor ejecutado superior a los pagos realizados por la parte demandada? Sí
El contratista debe demostrar con pruebas documentales y testimoniales que ha prestado servicios adicionales que generen un valor ejecutado superior a los pagos recibidos por la entidad estatal, ya que la falta de evidencia clara y específica sobre la prestación de dichos servicios impide cumplir con la carga probatoria. Además, el dictamen pericial debe incluir anexos detallados y una exposición clara de los pasos argumentativos para que el juez pueda seguir la fundamentación de la prueba, ya que la falta de esta metodología impide la convicción judicial. Este abstract reitera la importancia de la carga probatoria y la calidad del dictamen pericial en la resolución de controversias contractuales, lo que implica que los contratistas deben presentar pruebas precisas y bien fundamentadas para respaldar sus reclamaciones.síntesis automática
También resuelve: ¿En el dictamen pericial se deben plantear claramente los diferentes pasos de la argumentación para que el juez pueda realizar el seguimiento de la fundamentación de la prueba?
Consejo de Estado Providencia

El artículo 180 del Código Contencioso Administrativo, prevé que, en lo relativo a la oportunidad en la presentación del recurso, se deberá aplicar lo dispuesto por el Código de Procedimiento Civil, el cual establece que la reposición deberá interponerse dentro de los 3 días siguientes a la notificación del auto proferido por escrito.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición 2022-10-20 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 76001233100020090103001 ACCION CONTRACTUAL
¿Cuál es la oportunidad de presentación del recurso de reposición, según las previsiones del CPC? Sí
El artículo 180 del Código Contencioso Administrativo establece que la reposición debe interponerse dentro de los 3 días siguientes a la notificación del auto proferido por escrito. En cuanto a la presencia del interesado en la prueba pericial a cargo de una entidad estatal, el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil prevé que se tendrá que librar oficio al director para que sea este último quien designe el funcionario que deba rendir el dictamen. Asimismo, sobre los informes técnicos y peritaciones de entidades y dependencias oficiales, la norma en mención establece que deberán ponerse en conocimiento de las partes, por el término de tres días, para que puedan pedir su complementación o aclaración.síntesis automática
También resuelve: ¿La presencia del interesado en la prueba pericial a cargo de una entidad estatal garantiza la imparcialidad, contradicción y defensa?
Consejo de Estado Providencia

No se encuentra el juez contencioso administrativo facultado para apartarse del criterio técnico expresado por el perito judicial

Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud 2025-03-31 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 70001233100019980074801 ACCION CONTRACTUAL
¿Se encuentra el juez contencioso administrativo facultado para apartarse del criterio técnico expresado por el perito judicial, particularmente respecto de los elementos técnicos o científicos requeridos para la elaboración del dictamen? No
El juez contencioso administrativo no está facultado para apartarse del criterio técnico expresado por el perito judicial, especialmente respecto a los elementos técnicos o científicos requeridos para la elaboración del dictamen, ya que la labor de la perito comprende aspectos especializados que escapan del conocimiento del juez, quien debe limitarse a establecer las medidas que faciliten la práctica de la prueba, sin intervenir en la determinación de la información necesaria para el dictamen. Además, el juez puede conceder una prórroga del término inicialmente fijado para la práctica del dictamen pericial si la perito informa que no ha recibido la documentación o información indispensable para su elaboración, lo que implica que el plazo total para la entrega del dictamen se extienda en consecuencia. Asimismo, aunque el juez, las partes y los apoderados pueden hacer observaciones a los peritos y presenciar los exámenes y experimentos, no pueden intervenir en las deliberaciones de los peritos ni en la elaboración del dictamen, y deben realizar todas las actuaciones a través de los canales habilitados por la autoridad judicial para garantizar el principio de igualdad y el deber de lealtad procesal.síntesis automática
También resuelve: ¿Está facultado el juez para conceder una prórroga del término inicialmente fijado para la práctica del dictamen pericial… ¿Las partes y el Juez tienen permitido intervenir en la elaboración del dictamen pericial y las deliberaciones de los peritos?
ÉSTESE A LO RESUELTO
Consejo de Estado Providencia

El término de caducidad de la acción de controversias contractuales se cuenta a partir de la liquidación del contrato

Sentencia — Sentencia 2022-03-30 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 05001233100019990195502 ACCION CONTRACTUAL
¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales se cuenta a partir de la liquidación del contrato? Sí
El contratista no puede demandar por controversias contractuales después de que caduque la acción, y el término de caducidad se cuenta a partir de la fecha en que se realiza la liquidación bilateral del contrato, no desde cuando debió liquidarse, según el auto de unificación del 1° de agosto de 2019. En este caso, la liquidación bilateral se efectuó mediante un acta de finiquito conforme a lo pactado en el pliego de condiciones, y el término de caducidad se extendió hasta el primer día hábil siguiente a la fecha límite de presentación de la demanda, permitiendo así su interposición. Además, el contrato estatal estaba sujeto al derecho privado, por lo que EPM no estaba obligada a restablecer el equilibrio económico del contrato por la alteración de la ecuación financiera, y cumplió sus obligaciones al pagar las obras a los precios pactados por la modalidad de precios unitarios. El dictamen pericial no acreditó la existencia y el monto de los perjuicios reclamados, ya que no cumplió con los requisitos establecidos para probar la existencia de situaciones imprevistas que justificaran un ajuste en los precios unitarios del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿El contrato estaba sujeto a las normas de derecho privado? ¿EPM cumplió sus obligaciones contractuales en tanto que pagó las obras realizadas a los precios pactados en el contrato por la modalidad de precios unitarios? ¿La prueba pericial aportada brindó los elementos técnicos suficientes para determinar la existencia y el monto de los perjuicios reclamados?
Consejo de Estado Providencia

Es procedente el decreto de oficio de una nueva prueba pericial para esclarecer puntos dudosos de la presente controversia

Auto interlocutorio — Auto que decreta pruebas 2024-04-16 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 70001233100019980074801 ACCION CONTRACTUAL
¿Es procedente el decreto de oficio de una nueva prueba pericial para esclarecer puntos dudosos de la presente controversia, toda vez que la ordenada en el fallo emitido por esta Corporación fue desestimada por el juez de primera instancia al liquidar la condena en abstracto? Sí
No obstante, la orden contenida en la ratio decidendi de la sentencia proferida por esta Subsección el 30 de enero de 2013, en el sentido de que la liquidación de la condena en abstracto debía apoyarse en una prueba pericial, el Tribunal Administrativo de Sucre llevó a cabo por su propia iniciativa la correspondiente liquidación… , desestimó el dictamen pericial para efectos de acreditar la cuantía de los perjuicios ocasionados a la sociedad actora… .
También resuelve: ¿En virtud del desequilibrio económico del contrato provocado por el Municipio al modificar la tasa de alumbrado público acordada al suscribir el negocio jurídico… ¿El decreto de las pruebas de oficio no es solo una facultad del juez sino también un deber legal del que emana la obligación de adoptar las medidas necesarias para poder fallar con suficiente… ¿La parte demandante debe sufragar la totalidad de los gastos que se deriven de la práctica de la prueba, pero tiene derecho a recobrar a la entidad demandada el 50% de los mismos por tratarse de una…
DECRETA
Consejo de Estado Providencia

Contrato estatal: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-08-22 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 85001233300020130026901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuál es el juez competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal dentro del medio de control de controversias contractuales? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por un Tribunal Administrativo en el marco del medio de control de controversias contractuales, siempre y cuando la cuantía del contrato lo imponga. La competencia del Consejo de Estado en segunda instancia se regula por la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), y se aplica a los casos en que una de las partes es una entidad territorial. Además, la Sala determina que la entidad pública incurre en incumplimiento del contrato cuando desatiende sus deberes de planeación, como en el caso de no disponer de los terrenos necesarios para la ejecución del contrato de obra pública. Asimismo, la omisión de las partes en plantear salvedades durante la ejecución del contrato no constituye un beneplácito en las omisiones de la administración, sino que debe analizarse en función de las circunstancias particulares del caso y la valoración probatoria. Estas decisiones reiteran y matizan precedentes sobre competencia judicial, incumplimiento contractual y valoración probatoria en contratación estatal, lo que implica una mayor precisión en la interpretación y aplicación de la normativa vigente.síntesis automática
También resuelve: ¿Cuál es la pauta del conteo de la caducidad de la acción de controversias contractuales frente a un contrato liquidado bilateralmente bajo la vigencia del CCA? ¿Incurre en incumplimiento del contrato la entidad pública que desatiende los deberes de planeación? ¿La omisión de las partes en plantear las salvedades en la ejecución del contrato constituye un beneplácito en las omisiones de la administración?
Consejo de Estado Providencia

Era una obligación a cargo del Invías poner a disposición de la contratista los bienes inmuebles

Sentencia — Sentencia 2025-09-19 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 70001233300020150052401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Era una obligación a cargo del Invías poner a disposición de la contratista los bienes inmuebles sobre los cuales debía construirse el puente sobre el arroyo? Sí
El contratista no es responsable de poner a disposición los bienes inmuebles sobre los cuales debe construirse la obra, siendo esta obligación del contratante, en este caso el Invías, conforme a la cláusula vigesimoquinta del contrato y el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. La Sala considera que la gestión predial es una obligación del contratante, quien debe poner a disposición del contratista los bienes inmuebles necesarios para la ejecución de la obra. Esta regla reitera la responsabilidad del contratante en la gestión predial y la puesta a disposición de los bienes inmuebles, lo que implica que el contratista puede reclamar prórrogas y mayor permanencia en obra en caso de retardo por parte del contratante en la entrega de los bienes necesarios.síntesis automática
También resuelve: ¿Para las partes era pacífico que a la entidad estatal le correspondía poner a disposición de su contratista los bienes inmuebles sobre los cuales debía construirse la obra contratada? ¿Se tiene por acreditada la causa que la accionante alegó ocasionó la mayor permanencia en obra por el retardo en la puesta a disposición suya, por parte del Invías… ¿Las partes contratantes, en ejercicio de su autonomía privada, llegaron a un acuerdo respecto a las consecuencias patrimoniales que para el contratista podían derivarse de la mayor duración del…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La decisión adoptada por el a quo se ajustó a la interpretación correcta del pliego

Sentencia — Sentencia 2025-11-25 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 25000233600020200032902 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Tribunal incurrió en una indebida interpretación del pliego de condiciones al considerar que el redondeo debía aplicarse al límite inferior y no sobre la medida de tendencia central seleccionada? No
El contratista no puede alegar que el Tribunal incurrió en una indebida interpretación del pliego de condiciones al considerar que el redondeo debía aplicarse al límite inferior y no sobre la medida de tendencia central, ya que la operación matemática requerida era clara y no generaba ambigüedad, y el pliego de condiciones especificaba que el redondeo debía aplicarse sobre el resultado final del límite inferior, garantizando precisión, uniformidad y transparencia en el proceso de evaluación. La decisión del Tribunal se ajustó a la interpretación correcta del pliego y no transgredió los principios de transparencia ni de selección objetiva, lo que implica que la regla establecida por la Sala reitera y confirma la interpretación correcta del pliego de condiciones, asegurando que las controversias sobre la liquidación de costas y el monto de las agencias en derecho deben ventilarse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas, no a través del recurso de apelación contra la sentencia.síntesis automática
También resuelve: ¿Resultó ajustada a derecho la imposición de costas procesales realizada por el juez de primera instancia, conforme a los criterios establecidos en los artículos 365 y 366 del CGP? ¿El marco fundamental de pronunciamiento del juez de segunda instancia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere… ¿El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ostenta la condición de entidad administrativa de orden nacional…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

No se acreditó una desproporción entre el valor real del bien inmueble y el valor pagado

Sentencia — Sentencia 2023-10-19 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 13001233100020020081001 ACCION CONTRACTUAL
¿Se acreditó una desproporción entre el valor real del bien inmueble y el valor pagado dentro del contrato de compraventa, que configure una lesión enorme? No
La lesión enorme en la compraventa de un bien inmueble por una entidad pública exige demostrar una desproporción real entre el valor del bien y el precio pagado, y que el juez no está obligado a decretar un nuevo dictamen ni a proferir condena en abstracto cuando no existe duda sobre el precio real ni se acreditó la responsabilidad patrimonial. Una razón es que los avalúos practicados en el proceso desconocieron las condiciones especiales del predio que fundaron el precio pactado, y se apoyaron en un hecho futuro e incierto, por lo que no justificaron su conclusión. Otra razón es que el precio se fijó con un dictamen legalmente practicado por la entidad adquirente, y las pruebas posteriores no cumplían los requisitos y protocolos legales, de modo que carecían de validez probatoria. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones y explicó que la condena en abstracto solo procede cuando se acreditan la responsabilidad y el daño, y no el monto. Su consecuencia práctica es que el demandante que alega lesión enorme debe probar el valor real del bien con un dictamen que cumpla los requisitos legales.síntesis automática
También resuelve: ¿Las partes de un contrato pueden sufrir lesión enorme cuando el precio pagado o recibido difiere sustancialmente del justo precio? ¿La determinación del precio de adquisición en los procesos de enajenación voluntaria por causas de utilidad pública o interés social… ¿El Instituto Geográfico Agustín Codazzi fijó las metodologías valuatorias admisibles para determinar el valor de bienes inmueble…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Se procede a actualizar a valor presente la cuantía del lucro cesante reconocida en el auto apelado.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2023-12-14 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000232600019951170402 ACCION CONTRACTUAL
¿Se reconoce a favor del demandante una suma dineraria por concepto de pérdida de oportunidad? Sí
En la celebración de un contrato estatal de obra, la pérdida de oportunidad de obtener utilidades puede indemnizarse como lucro cesante cuando se acredita la probabilidad de obtener el beneficio esperado, y la utilidad proyectada se calcula a partir de un incremento estimado con base en los porcentajes del IPC durante los cinco años siguientes a la declaratoria de caducidad. Esa probabilidad se mide con el criterio de Laplace, de modo que cada escenario tiene el mismo grado de ocurrencia. Además, cada utilidad anual proyectada se indexa a la fecha de la providencia con la fórmula fijada por la jurisprudencia del Consejo de Estado. La entidad demandada había objetado la primera experticia, pero no se opuso a los métodos estadísticos y probabilísticos usados en el dictamen, de modo que esos métodos no fueron controvertidos. En el caso, el auto reconoció una suma por pérdida de oportunidad y actualizó a valor presente el lucro cesante reconocido en la decisión apelada. La providencia modifica la decisión anterior en este punto. Su consecuencia práctica es que el perjuicio por pérdida de oportunidad debe cuantificarse con un dictamen pericial que sustente cada escenario probabilístico.síntesis automática
También resuelve: ¿Si bien la entidad demandada formuló objeción contra la primera experticia no se oponía a los métodos estadísticos y probabilísticos utilizados en el dictamen? ¿El Consejo de Estado admitió como ejercicio probatorio la alternativa de presentar las certificaciones de los contratos o la facturación de los mismos? ¿Existe prueba de que la ganancia obtenida por el actor hubiera alcanzado, frente a los contratos efectivamente ejecutados…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Es competente el Consejo de Estado, para conocer del recurso de apelación interpuesto contra el auto

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-10-22 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 52001233300020210016701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente el Consejo de Estado, en sede de segunda instancia, para conocer del recurso de apelación interpuesto contra el auto que niega el decreto o la práctica de pruebas, conforme a lo dispuesto en el artículo 150 del CPACA y en armonía con el artículo 243, numeral 7, modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer del recurso de apelación contra el auto que niega el decreto o la práctica de pruebas, conforme al artículo 150 del Código Procesal Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y al artículo 243, numeral 7, modificado por la Ley 2080 de 2021, lo que implica que el recurso debe ser decidido por el consejero ponente. Además, el juez debe rechazar mediante providencia motivada las pruebas que resulten ilícitas, notoriamente impertinentes, inconducentes o manifiestamente superfluas o inútiles, según lo dispuesto en los artículos 167 y 168 del Código General del Proceso, aplicables por remisión expresa del artículo 211 del CPACA. Asimismo, el dictamen pericial que se presente sin el correspondiente cuestionario será considerado inconducente, impertinente e inútil, en concordancia con los artículos 218 y 219 del CPACA, modificados por la Ley 2080 de 2021, y con los criterios de pertinencia, conducencia y utilidad exigidos por el ordenamiento procesal.síntesis automática
También resuelve: ¿Se interpuso y sustentó oportunamente el recurso de apelación dentro de la audiencia inicial del 31 de octubre de 2023, conforme al artículo 244 del CPACA? ¿Debe el juez, conforme a lo dispuesto en los artículos 167 y 168 del Código General del Proceso (CGP), aplicables por remisión expresa del artículo 211 del CPACA… ¿Debe considerarse inconducente, impertinente e inútil el dictamen pericial que se presente sin el correspondiente cuestionario, conforme a lo dispuesto en los artículos 218 y 219 del CPACA…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-01-26 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 13001233100020040130101 ACCION CONTRACTUAL
¿Para determinar la oportunidad de la acción de controversias contractuales cuyo objeto se circunscribe a establecer si en la compraventa celebrada entre las partes existió desproporción entre el valor real del bien y el valor pagado en los términos exigidos en la ley para que se configure la lesión enorme, resultan relevantes las épocas de las presuntas afectaciones del predio a utilidad pública, cuando la demanda no está encaminada a obtener reparación por esas presuntas afectaciones? No
El contratista no debe considerar relevantes las épocas de presuntas afectaciones del predio a utilidad pública para determinar la oportunidad de la acción de controversias contractuales que busca establecer si en la compraventa celebrada entre las partes existió desproporción entre el valor real del bien y el valor pagado, ya que la demanda no busca reparación por esas afectaciones. La oportunidad de la acción se determina a partir del perfeccionamiento del negocio jurídico, es decir, desde el otorgamiento de la escritura pública, y no desde eventos posteriores no relacionados con el objeto de la controversia. La regla establece que el término de caducidad para accionar en controversias contractuales es de dos años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho correspondientes, lo que implica que la acción es oportuna si se presenta dentro de este plazo, ajustándose a los días hábiles y considerando la vacancia judicial. Esta regla reitera y matiza precedentes sobre la determinación de la oportunidad de la acción de controversias contractuales, permitiendo una interpretación más flexible y ajustada a la realidad de los casos.síntesis automática
También resuelve: ¿Resultan aplicables a la adquisición de inmuebles por parte de las entidades públicas por ventas no forzadas, las normas civiles propias de la compraventa relativas a la lesión enorme? ¿El vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende… ¿La verificación judicial de la lesión enorme se limita en forma objetiva al precio, sin que se imponga para su configuración la prueba de un vicio en el consentimiento o la intención de alguno de…
Consejo de Estado Providencia

Se probó que hubo una mayor permanencia en obra atribuible a la Fiscalía General de la Nación

Sentencia — Sentencia 2022-12-16 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 68001233100020010132001 ACCION CONTRACTUAL
¿Se probó que hubo una mayor permanencia en obra atribuible a la Fiscalía General de la Nación? Sí
Como en efecto en el proceso quedó probado que hubo una mayor permanencia en obra atribuible a la Fiscalía General de la Nación, pues ordenó la disminución del ritmo de avance de la obra, porque no tenía los recursos para pagarle al contratista… y el contrato de obra se quedó sin interventoría, debido a que el contrato de la firma interventora terminó por vencimiento del término… , la Sala modificará la sentencia de primera instancia para declarar el incumplimiento del contrato.
También resuelve: ¿Es posible calcular los intereses moratorios debidos al contratista por el retardo en el pago? ¿Se probaron los daños que la prolongación en el tiempo de la ejecución del contrato le causó a la demandante? ¿Las cifras presentadas en la experticia se fundamentaron en documentos que no obran en el proceso?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Instituto de desarrollo urbano: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2026-10-05 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020190091301 Controversias contractuales
¿El contrato celebrado por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), como establecimiento público del orden distrital sometido al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, se rige por las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, las disposiciones civiles y comerciales aplicables y los documentos integrantes del negocio jurídico? Sí
El contrato celebrado por un establecimiento público del orden distrital, que es entidad estatal en los términos del literal a) del numeral 1 del artículo 2 de la Ley 80 de 1993 y cuya actividad contractual no está cobijada por un régimen exceptuado, se rige por las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, por las disposiciones civiles y comerciales pertinentes en las materias no reguladas por aquellas y por los documentos que integran el negocio jurídico. La regla se sostiene en tres razones: el ente fue creado por acuerdo distrital y no está exceptuado del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública; el artículo 13 de la Ley 80 de 1993 remite a las normas civiles y comerciales en los aspectos no regulados por aquella ley; y los documentos del negocio jurídico integran el régimen aplicable al litigio. Así, la controversia sobre la ejecución del contrato se resuelve con el Estatuto General de Contratación y con el clausulado que las partes incorporaron al negocio, sin que la naturaleza del ente altere ese régimen.síntesis automática
También resuelve: ¿El dictamen pericial de parte tiene mérito probatorio, pese a la falta de inscripción del perito en la categoría 13 del Registro Abierto de Avaluadores y su relación profesional previa con el… ¿La fijación del precio de los ítems no previstos de adoquín de concreto con color y pictograma muisca, mediante la homologación con precios de otro contrato y al margen del procedimiento previsto en… ¿El IDU debe asumir los mayores costes de administración y de los componentes ambiental, SST, social y de tránsito causados durante la prórroga n.º 1…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La carga de sustentación que le corresponde cumplir a la parte recurrente no se satisface con la mera manifestación de inconformidad con el proveído impugnado, ni tampoco con la petición de que se revoque o modifique en algún aspecto puntual.

Sentencia — Sentencia 2025-09-26 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 76001233300020230085601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En el recurso de apelación deben exponerse las razones o los fundamentos de disenso por los cuales no se comparten los argumentos y las decisiones adoptadas en la sentencia recurrida? Sí
El contratista debe exponer en el recurso de apelación las razones o fundamentos de disenso específicos contra los argumentos y decisiones de la sentencia recurrida, cumpliendo así con la carga de sustentación que le corresponde, de lo contrario, el recurso será rechazado por falta de sustento. La Sala reitera que el juez de segunda instancia debe confrontar el sustento de la decisión apelada con los argumentos de inconformidad presentados por la parte recurrente, y que la mera manifestación de desacuerdo o la petición de modificación no es suficiente. En otro aspecto, la entidad estatal que es un ente universitario autónomo del orden departamental, al celebrar contratos de obra, debe regirse por las normas del derecho privado, excluyéndose la aplicación del estatuto general de contratación de la administración pública, conforme a la Ley 1150 de 2007 y el artículo 93 de la Ley 30 de 1992. Esto implica que las controversias deben resolverse según el régimen jurídico privado aplicable al negocio, lo que tiene implicaciones significativas en la interpretación y aplicación de las normas contractuales y en la resolución de conflictos en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve: ¿Se rigen por el derecho privado los contratos de obra que celebran los entes universitarios autónomos del orden departamental? ¿La ausencia de salvedades en los acuerdos modificatorios suscritos durante la relación negocial no impide analizar de fondo las reclamaciones de la parte demandante? ¿El dictamen pericial debe ser claro, preciso, exhaustivo, sólido y de calidad; analizado con lo acontecido durante el interrogatorio del perito y la explicación de los exámenes…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Acción de repetición: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2023-10-04 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 05001233100020110197701 ACCION DE REPETICION
¿Dada la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron la condena en contra del Estado, resulta aplicable al presente proceso de repetición la Ley 678 de 2001? No
En la acción de repetición, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos desde su vigencia hasta su derogatoria, por el principio de irretroactividad, mientras que los hechos anteriores siguen rigiéndose por la normativa previa. Cuando el hecho dañoso es posterior a la vigencia de la ley, esta rige la valoración del dolo o de la culpa grave del agente, y no las nociones generales del régimen anterior. La primera razón es la irretroactividad como regla general del ordenamiento. La segunda es la excepción de efectos retroactivos, que opera de manera limitada y no desplaza la regla. La tercera es que la aplicación temporal depende de la fecha de los hechos que originaron la condena y no de la fecha de la sentencia. La providencia confirma la decisión y reitera esta jurisprudencia sobre la aplicación temporal de la ley. En la práctica, la entidad que promueva la repetición debe fijar primero la fecha de la conducta del agente para determinar el régimen probatorio aplicable, y verificar si la norma de 2001 resulta aplicable antes de formular la presunción de dolo o culpa grave.síntesis automática
También resuelve: ¿La culpa es una conducta reprochable por violación al deber de cuidado, al no prever los efectos nocivos de los actos o al confiar imprudentemente en poder evitar aquellos que se previeran… ¿Cuenta con valor probatorio la prueba testimonial trasladada, cuando se observa que contó con la participación de la parte contra quien se aduce? ¿Cuentan con valor probatorio los dictámenes periciales trasladados, cuando se observa que no contaron con la audiencia del hoy demandado al no ser parte en ese trámite procesal y que tampoco fueron…
CONFIRMA
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El fenómeno jurídico de la caducidad representa un límite o un plazo máximo, dentro del cual se debe ejercer el derecho de acción

Sentencia — Sentencia 2022-03-04 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000232600020090088801 ACCION CONTRACTUAL
¿El fenómeno jurídico de la caducidad representa un límite o un plazo máximo, perentorio y preclusivo, dentro del cual se debe ejercer el derecho de acción, de naturaleza objetiva, que corre indefectiblemente y no se interrumpe, ni se suspende salvo determinados eventos? Sí
El contratista debe ejercer su derecho de acción dentro del término de caducidad, un límite temporal perentorio y preclusivo que corre indefectiblemente y no se interrumpe ni suspende, salvo en casos específos como la conciliación extrajudicial. En contratos estatales que requieren liquidación y ésta se lleva a cabo de común acuerdo, el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia a partir del día siguiente a la fecha en que las partes liquidaron el contrato. Los contratos de tracto sucesivo, cuya ejecución se prolonga en el tiempo, son objeto de liquidación que debe llevarse a cabo de común acuerdo entre las partes o, en su defecto, de forma unilateral por la entidad estatal, con el fin de determinar el estado económico final del contrato y finiquitar la relación negocial. Esta jurisprudencia reitera y matiza precedentes, estableciendo claramente los plazos y procedimientos para la liquidación y ejercicio de acciones en contratos estatales, lo que implica una mayor certeza jurídica en la administración de contratos públicos.síntesis automática
También resuelve: ¿En los contratos estatales que requieran de liquidación y ésta se lleva a cabo de común acuerdo, la contabilización del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia a… ¿Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación… ¿Es a partir de la terminación del contrato, cuando empieza la etapa de liquidación, que deberá llevarse a cabo, en principio, de común acuerdo entre las partes…