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Auto interlocutorio — Auto que resuelve nulidades procesales2024-05-30Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 15001233300020170029901LEY 1437 REPETICION
¿Procede la solicitud de nulidad procesal que presentó el demandado al configurarse una supuesta indebida notificación y vulnerarse sus derechos de defensa y contradicción? No
El juez contencioso administrativo niega la solicitud de nulidad procesal por indebida notificación en el medio de control de repetición cuando se garantizan los derechos de defensa y contradicción del demandado. Aunque el proceso es nulo cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda o el emplazamiento de quienes deban ser citados como partes, conforme a los artículos 132 y 133 de la Ley 1564 de 2012 y 207 de la Ley 1437 de 2011, la nulidad no se configura si la autoridad judicial intenta notificar en la dirección registrada en la hoja de vida de talento humano aportada por la entidad demandante y, ante la imposibilidad de hacerlo, realiza el emplazamiento y designa un curador ad litem que actúa diligentemente contestando la demanda, alegando de conclusión y apelando la sentencia. Asimismo, desempeñar el cargo de conjuez no obliga a conocer datos no actualizados oportunamente por el demandado.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2025-05-09Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 11001032600020220004600LEY 1437 REPETICION
¿Es procedente el estudio del recurso de reposición interpuesto contra una providencia que rechazó un recurso de súplica, cuando dicha providencia introduce un punto no decidido en el auto recurrido? Sí
El operador judicial estudia los recursos ordinarios interpuestos contra una providencia que decide un recurso previo cuando dicha decisión incorpora temas o puntos no abordados en el auto inicialmente recurrido. En esta providencia del Consejo de Estado se aplica el artículo 243A del CPACA para verificar la procedencia del estudio del recurso frente al segmento resolutivo que rechazó por improcedente un recurso de súplica, al constituir un asunto novedoso no contenido en la providencia anterior, garantizando así la revisión de los aspectos particulares introducidos por el despacho judicial.síntesis automática
También resuelve:¿El auto que adecuó el trámite a sentencia anticipada y que resolvió las solicitudes probatorias es susceptible del recurso de súplica?¿Es procedente el recurso de queja contra un auto que rechaza un recurso de súplica, cuando el proceso se tramita ante el Consejo de Estado?
¿Se acreditó la culpa grave del ex alcalde demandado al expedir los actos administrativos que fueron declarados nulos y que dieron origen a la sentencia condenatoria por la que ahora se acude a la acción de repetición? No
La culpa grave del agente que expide un acto administrativo posteriormente declarado nulo no se configura cuando el servidor cumplió un acuerdo que, para la fecha de los hechos, se presumía legal y no existe prueba de que conociera la irregularidad de su expedición. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la demanda de repetición debe precisar en qué consiste el reproche de culpa grave que se atribuye a la conducta personal de cada agente, pues la indeterminación del reproche impide analizarlo. Segundo, si la validez del acto era discutible conforme a la normativa vigente al momento de los hechos, esa incertidumbre impide atribuir al agente una conducta gravemente culposa. La providencia revoca la condena contra el ex alcalde por no probarse la culpa grave y confirma la negación de las pretensiones respecto de los demás demandados que no apelaron; en la práctica, la entidad que repite contra un servidor debe identificar la conducta concreta y probar que el agente conocía o debía conocer la irregularidad.síntesis automática
También resuelve:¿De conformidad con la normatividad, la acción de repetición debe presentarse en el término de 2 años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice el pago de la…¿Es procedente la acción de repetición contra los herederos del agente demandado, quien falleció en el curso del proceso, cuando el asunto se encontraba en periodo probatorio?¿Si la entidad demandante no invocó las presunciones previstas en la Ley 678 de 2001, puede el juez en la sentencia adecuar la demanda a la presunción que, a su juicio, más se ajuste?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-09-20Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 54001233300020190028401LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El juez debe establecer si la medida cautelar solicitada es imprescindible para la protección del derecho objeto del litigio? Sí
El juez debe establecer si la medida cautelar solicitada es imprescindible para proteger el derecho objeto del litigio, asegurando que se cumplan los requisitos legales como la acreditación del perjuicio material y la necesidad de la medida cautelar. La Sala revoca la medida cautelar de suspensión provisional dictada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, al no encontrar acreditados los elementos que permitan apreciar la ilegalidad en el proceder de la entidad demandada ni la necesidad de la medida cautelar. La regla reitera la importancia de que la solicitud de medida cautelar esté debidamente sustentada y que el juez evalúe rigurosamente la legalidad del acto administrativo acusado, lo que implica que las partes deben presentar pruebas suficientes para demostrar la necesidad de la medida cautelar y la existencia de un perjuicio material.síntesis automática
También resuelve:¿La actuación desplegada por la entidad demandada se revela arbitraria o abiertamente contraria al derecho de defensa de la accionante?¿La solicitud de medida cautelar debe estar debidamente sustentada, expresando los motivos por los cuales se debe acceder a dicha medida?¿La medida cautelar de suspensión provisional es una figura excepcional y restrictiva, derivada del principio de legalidad?
¿Se configuró la culpa grave en la actuación del servidor público, para acceder a las pretensiones de la acción de repetición? No
El contratista no puede acceder a las pretensiones de la acción de repetición contra el servidor público debido a la falta de demostración de culpa grave en su actuación. La entidad demandante no especificó en qué consistía la culpa grave del ex alcalde, y los actos administrativos que se anularon lo hicieron por la inaplicación del Acuerdo del Concejo Municipal, no por una ilegalidad en sí mismos. Además, la entidad no invocó las presunciones de dolo o culpa grave de la Ley 678 de 2001, por lo que no puede beneficiarse de su tratamiento probatorio. La Sala reitera que la sucesión procesal a los herederos del demandado es consecuente cuando este ejerció su derecho de defensa antes de fallecer, lo que garantiza la efectiva protección del derecho de defensa.síntesis automática
¿Toda irregularidad en el procedimiento administrativo relacionada con la atención de solicitudes probatorias tiene la virtualidad de configurar un vicio invalidante de la decisión? No
El contratista no puede alegar la nulidad del acto administrativo basándose en la omisión de la entidad estatal para resolver solicitudes probatorias, salvo que dicha omisión afecte sustancialmente el ejercicio del derecho de defensa y trascienda sobre el sentido de la decisión. La entidad puede adoptar medidas correctivas conforme a los artículos 3.11 y 41 del CPACA, o el contratista puede actuar para sanear la irregularidad. La Sala reitera que no toda irregularidad en el procedimiento administrativo relacionada con la atención de solicitudes probatorias tiene la virtualidad de configurar un vicio invalidante, lo que implica que la entidad estatal debe motivar adecuadamente la imposición de sanciones, pero no necesariamente anular el acto administrativo por omisiones menores en el trámite.síntesis automática
También resuelve:¿El departamento de Santander, en el marco del procedimiento sancionatorio, al omitir resolver solicitudes probatorias elevadas por el contratista…¿Debe exponerse el supuesto fáctico que da lugar a la imposición de la multa, verificando la existencia de un incumplimiento imputable al contratista?¿La motivación fáctica de la decisión sancionatoria fue suficiente para justificar la imposición de la multa con fundamento en las causales previstas en los literales (c) y (e) de la cláusula…
¿Existió una vulneración al debido proceso en el procedimiento sancionatorio minero contra el demandante? No
Cuando el titular minero es requerido en un procedimiento sancionatorio, el derecho de contradicción se garantiza mediante providencia notificada por estado, sin que sea exigible una notificación personal fuera de las excepciones previstas en la normativa especial. La regla se apoya en tres razones. Primera, la normativa minera admite la notificación por anotación en estados de las providencias del procedimiento, y el demandante reconoció que los primeros autos se notificaron de esa forma. Segunda, la declaratoria de caducidad se fundamentó en el incumplimiento parcial de los requerimientos, y la multa en la falta de entrega de formularios básicos, de modo que la falta de notificación alegada no configura causal de nulidad. Tercera, no existen expectativas legítimas contrarias al ordenamiento que justifiquen desconocer reglas de derecho público de obligatorio cumplimiento. En consecuencia, el cambio de dirección para notificaciones personales resulta irrelevante y no se vulneró el debido proceso. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿La declaratoria de caducidad del contrato de concesión minera debe estar precedida de un procedimiento administrativo donde se le permita al concesionario conocer las causas de ésta y ejercer su…¿La falta de ejecución del contrato excusa al contratista de la obligación de mantener vigente la garantía minero ambiental?¿Procede la condena en costas ante la negación del recurso de apelación?
¿El contrato celebrado entre Hospital de Yopal E.S.E. y AAA Alliance S.A.S. es un negocio jurídico regido por las reglas y principios civiles y comerciales, en el que se pactaron facultades exorbitantes? Sí
Los contratos celebrados por una empresa social del Estado son negocios jurídicos sometidos al derecho privado, en los que pueden pactarse discrecionalmente las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de la Contratación Pública. Esta regla se apoya en los artículos 194 y 195 de la Ley 100 de 1993, que dan a la empresa el carácter de entidad pública descentralizada con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. Por ello, la presencia de facultades exorbitantes no cambia la naturaleza privada del negocio, sino que habilita a la entidad a ejercer ciertas potestades unilaterales. En el caso concreto el contrato de prestación de servicios se rige por normas civiles y comerciales y contiene facultades de declaración de caducidad, interpretación, modificación y terminación unilaterales, que fueron pactadas por la empresa. La sala confirmó la sentencia. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la empresa social del Estado puede pactar cláusulas exorbitantes en contratos regidos por el derecho privado.síntesis automática
También resuelve:¿El Hospital de Yopal desconoció las reglas procedimentales previstas en la ley para la declaratoria de caducidad contractual e imposición de multas afectando el debido proceso y la defensa del…¿El Hospital de Yopal incurrió en desviación de poder porque persiguió un interés distinto al público al expedir las Resoluciones 263 y 380 de 2019?¿Los motivos de las resoluciones demandadas, fueron falsos o alejados de la realidad contractual, teniendo en cuenta el incumplimiento mutuo justificante de la exceptio non adimpleti contractus?
¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer las controversias contractuales en las que, aunque las partes pactaron una cláusula compromisoria para resolver sus diferencias, guardaron silencio acerca de su existencia, entendiendo por ello que se produjo la renuncia tácita a someter la controversia a la justicia arbitral? Sí
El contratista no puede solicitar la nulidad de los actos administrativos que declaran la caducidad del contrato estatal cuando se evidencia su incumplimiento, ya que la entidad administrativa justificó adecuadamente el incumplimiento del contratista, y la Sala considera que la entidad demandante no tiene el interés directo requerido para solicitar la nulidad absoluta del convenio interadministrativo, dado que su interés en la nulidad del convenio es indirecto y no afecta sus derechos directos en la caducidad del contrato. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la competencia del Consejo de Estado en controversias contractuales en ausencia de cláusulas compromisoriarespetando la posibilidad de renuncia tácita a la justicia arbitral, y matiza la posición respecto a la legitimación en la causa por activa para demandar la nulidad absoluta de contratos estatales, estableciendo que los terceros ajenos al contrato deben demostrar un interés directo en el acto administrativo cuestionado.síntesis automática
También resuelve:¿La entidad demandante se encuentra legitimada en la causa por activa para solicitar la nulidad absoluta del convenio interadministrativo suscrito entre el municipio de Jamundí y Coopmunicipios…¿Resulta procedente la nulidad de los actos contractuales que declararon la caducidad administrativa del contrato de outsourcing…¿Se acreditó la violación al debido proceso, al derecho de defensa y contradicción, en la declaratoria de caducidad del contrato de outsourcing por el incumplimiento de las obligaciones del…
¿Debe el juez de segunda instancia analizar o estudiar las cuestiones objetivas relativas a la condición de agente o ex agente estatal del demandado, la existencia de una condena de repetición y su pago efectivo, aun cuando las partes procesales no lo solicitan en el recurso de apelación? No
El juez de segunda instancia no asume el estudio de las cuestiones objetivas relativas a la condición de agente estatal, la existencia de una condena y su pago efectivo en el medio de control de repetición cuando tales presupuestos fueron analizados en primera instancia y ninguna de las partes interpuso recurso de apelación sobre dichos extremos, de conformidad con el artículo 2 de la Ley 678 de 2001. Asimismo, la demanda delimita el objeto del litigio mediante el título de imputación, de modo que cuando se acusa la conducta por culpa grave no es dable modificar el juicio bajo el criterio de dolo, respetando el principio de congruencia y las garantías sustanciales del debido proceso y defensa del demandado.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el juez administrativo modificar las pretensiones de la demanda sin que se vulnere el derecho de defensa, el debido proceso y el principio de congruencia?¿Procede el levantamiento de las medidas cautelares impuestas al demandado en el caso sub examine?¿Procede la condena en costas procesales, en razón a que en el caso sub examine se persigue un interés público?
¿La no presentación de la demanda de repetición dentro de los seis meses siguientes al pago total de la condena no implica que la entidad pública pierda legitimación para demandar en acción de repetición, sino, que habilita para que otras autoridades públicas lo hagan? Sí
El contratista no pierde legitimación para demandar en acción de repetición por no presentar la demanda dentro de los seis meses siguientes al pago total de la condena, sino que esta omisión habilita a otras autoridades públicas, como el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia, para ejercer dicha acción. Esta interpretación se basa en la lectura adecuada del artículo 8 de la Ley 678 de 2001, que establece los plazos y requisitos para la acción de repetición, sin implicar la pérdida de legitimación del contratista. La regla reitera la jurisprudencia existente y permite que otras entidades interpongan la acción de repetición en caso de incumplimiento por parte del contratista original, manteniendo así la efectividad de la acción en beneficio del Estado.síntesis automática
También resuelve:¿Para que proceda la acción de repetición, deben cumplirse o configurarse ciertos presupuestos, el primero de ellos, es que exista una condena al Estado por motivo de reparación de un daño…¿Para dar aplicación a la presunción del numeral 1 de la Ley 678 de 2001, la cual hace referencia a la violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho…¿La versión libre no se trata de un medio de prueba de obligatoria declaración y como derecho que es del investigado, este puede optar por guardar silencio y es de estricto cumplimiento solamente…
¿Se cumplen los presupuestos procesales de jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda, legitimación en la causa y el agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial, para decidir la segunda instancia? Sí
El contratista no puede modificar los fundamentos de la demanda a través del recurso de apelación al incorporar nuevos argumentos no planteados en la demanda inicial, ya que esto vulnera el principio de congruencia y el derecho de defensa de la parte demandada, según establece el artículo 281 del Código General del Proceso. La entidad estatal debe cumplir con los presupuestos procesales de jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda, legitimación en la causa y agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial para que la Subsección decida la segunda instancia. La Sala confirma que el Tribunal a quo no vulneró el debido proceso ni el derecho de defensa de la aseguradora al no pronunciarse sobre los alegatos de conclusión, ya que los cargos de la demanda fueron considerados y resueltos en la sentencia de primera instancia. Estas decisiones reiteran y matizan precedentes sobre la importancia de mantener la congruencia en los recursos de apelación y la necesidad de cumplir con los requisitos procesales para la admisión de la segunda instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Se modificó el fundamento de la demanda a través del recurso de apelación con la inclusión de nuevos argumentos no planteados en la demanda?¿El Tribunal a quo omitió pronunciarse sobre los alegatos de conclusión de primera instancia de la aseguradora y, como consecuencia, vulneró su debido proceso y derecho de defensa?¿De acuerdo con la naturaleza de la entidad contratante, las características y especificaciones del negocio jurídico objeto de estudio…
¿El procedimiento administrativo de declaratoria de incumplimiento contractual adelantado por el IDU con fundamento en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 vulneró los derechos al debido proceso, defensa y contradicción del contratista por el tratamiento probatorio del informe de CIG Ingenieros, la falta de traslado autónomo del último informe de interventoría, la precisión de la consecuencia contractual durante la audiencia y la ausencia de una etapa adicional para presentar alegatos de conclusión? No
El procedimiento del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 se estructura a partir del informe de interventoría. La entidad puede apoyarse en los conceptos técnicos del interventor para decidir el incumplimiento, siempre que la decisión final sea suya, se garantice la audiencia del contratista y se valoren las pruebas.síntesis automática
También resuelve:¿El Tribunal interpretó de forma adecuada el alcance de las obligaciones del contratista y valoró la prueba técnica conforme a su contenido, fundamentación y alcance demostrativo?¿Proceden las reclamaciones económicas del Consorcio JHG por la variación de las cantidades de obra, los mayores costos, las obras ejecutadas y no recibidas y los precios unitarios no previstos?¿Procede la revocatoria de la condena en agencias en derecho impuesta en primera instancia cuando las partes intervinieron de forma activa y se acreditó su causación?
¿El contratista incumplió sus obligaciones respecto de la programación de la obra desde un inicio? Sí
El contratista incumple sus obligaciones respecto a la programación de la obra desde el inicio, lo que se evidencia por retrasos superiores al 25% mensual en la inversión y metas físicas, sin que las modificaciones en los planos por parte de la interventoría justifiquen estos atrasos. La entidad no incumple al modificar los planos, previsto en el contrato, y el contratista no acredita justificación alguna para su incumplimiento. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, reforzando que el incumplimiento del contratista en la programación inicial invalida la excepción de contrato no cumplido, con implicaciones significativas para la responsabilidad contractual y la ejecución de obras públicas.síntesis automática
También resuelve:¿La demandante aceptó que conocía los motivos que dieron lugar a declarar la caducidad del contrato antes de que se expidiera ese acto administrativo?¿Los incumplimientos que dieron lugar a la declaratoria de caducidad estaban relacionados con la falta de ejecución de la obra?¿Para el momento en que se ejecutaron las obras extras ordenadas por la Interventoría, el contratista ya había incumplido la programación de la obra ordinaria?
¿El recurso extraordinario de revisión es la vía adecuada para corregir los yerros probatorios de las partes procesales, para reconducir el proceso en hechos, pruebas o argumentos, revivir términos o reabrir el debate surtido en el trámite ordinario? No
El recurso extraordinario de revisión no es la vía para corregir yerros probatorios de las partes, reabrir el debate, revivir términos ni reconducir el proceso en hechos, pruebas o argumentos, pues su finalidad es despojar de la cosa juzgada a una sentencia contraria al ordenamiento solo por las causales taxativamente previstas en la ley. La regla se apoya en el artículo 185 del Decreto 01 de 1984, mantenido en la Ley 1437 de 2011, y en el artículo 248 del CPACA, que lo hace procedente contra sentencias ejecutoriadas de las secciones, subsecciones, tribunales administrativos y jueces administrativos. Además, la revisión es un proceso independiente y autónomo del que dio origen a la sentencia, lo que impide utilizarla como una nueva instancia. En el asunto, la parte que la promovió pretendía reabrir la discusión probatoria del proceso ordinario, y la Sala declaró infundado el recurso. En la práctica, los errores probatorios cometidos en el proceso ordinario no justifican la revisión si no encajan en una causal taxativa.síntesis automática
También resuelve:¿La sentencia del 11 de agosto de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá dentro del proceso de reparación directa interpuesto por el demandante…¿Debe condenarse en costas procesales y agencias en derecho a la parte recurrente atendiendo a la naturaleza, duración y complejidad del proceso…
¿La interventoría consiste en el seguimiento técnico sobre el cumplimiento del contrato que realiza una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la entidad estatal, cuando medie mandato legal, cuando supone conocimiento especializado en la materia o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen? Sí
El contratista no puede alegar incumplimiento por parte de la entidad estatal debido a la falta de designación de un interventor o un gerente del proyecto, cuando el contrato no establece claramente la obligación de nombrar a estos roles y las actividades asignadas a estos puestos pueden ser realizadas internamente por la entidad. La Sala precisa que la interventoría es obligatoria solo para contratos de obra derivados de licitaciones públicas, según el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, y que para otros contratos, la vigilancia puede ser efectuada por la misma entidad mediante supervisores, siempre y cuando no se requiera conocimiento especializado. En este caso, las funciones del interventor se limitaban a emitir directrices generales y verificar la afiliación al sistema de seguridad social de los empleados del contratista, tareas que la entidad pudo realizar sin necesidad de contratar a un tercero especializado. Esta decisión reitera y matiza la interpretación del concepto de interventoría, subrayando que la designación de un interventor no es siempre obligatoria y que la entidad puede asumir directamente las funciones de vigilancia, lo que implica que los contratistas deben revisar cuidadosamente los términos del contrato antes de alegar incumplimiento.síntesis automática
También resuelve:¿La Secretaría Distrital de Planeación incumplió el contrato 299 de 2012 debido a la falta de designación de un gerente de proyecto y de un interventor del proyecto…¿En la Resolución 678 del 19 de junio de 2015, y en la que la que la confirmó, actos administrativos mediante los cuales se impuso una multa, se vulneró el debido proceso del sancionado…¿Cuenta con valor probatorio el dictamen pericial allegado por el demandante para demostrar las especificaciones técnicas del software y la funcionalidad del sistema desarrollado…
¿El consorcio omitió adoptar las medidas de mitigación previstas en el pliego de condiciones e informar a la entidad sobre la incidencia de las lluvias en el cabal avance de la obra? Sí
El contratista omite adoptar las medidas de mitigación previstas en el pliego de condiciones e informar a la entidad sobre la incidencia de las lluvias en el avance de la obra, lo que implica un incumplimiento del contrato y justifica la liquidación del mismo, según establecen los artículos 4 de la Ley 1150 de 2007, 88 del Decreto 2474 de 2008 y 27 de la Ley 80 de 1993. En este caso, el consorcio no cumplió con estas obligaciones, lo que llevó a la entidad a declarar el incumplimiento y liquidar el contrato, sin que el contratista pudiera alegar que el fenómeno climático justificaba su abandono de la obra sin notificar a la administración. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con las obligaciones contractuales y las medidas de mitigación frente a eventos climáticos, evitando que el contratista pueda simplemente abandonar la obra sin consecuencias legales.síntesis automática
También resuelve:¿Las obras extras guardaban relación con los ítems que la entidad demandada echó de menos al declarar el incumplimiento del consorcio?¿Se cumplieron los supuestos legales y procedimentales que habilitaban a la entidad estatal para imponer la cláusula penal?¿Se configuró la situación de incumplimiento que la contratante declaró en los actos acusados y por tanto la causal de procedencia de la cláusula penal?
¿Al declarar el incumplimiento parcial del contrato, la Aerocivil actuó con desviación de poder, e incurrió en violación del principio de buena fe y la obligación de cooperación estipulada en el contrato, por no acceder a las solicitudes de prórroga necesarias para que el contratista cumpliera con el objeto contractual, al considerar que no era viable exceder la vigencia fiscal para la cual estaba presupuestado el pago de ese negocio jurídico? No
Para dar respuesta al primer problema jurídico planteado, corresponde a la Sala determinar si la Aerocivil actuó con desviación de poder, vulneró el principio de buena fe y faltó a la obligación de cooperación estipulada en el contrato, al declarar el incumplimiento parcial del contrato 1000097-OK-2010, a través de las resoluciones 06260 de 2012 y 0442 de 2013, sin haber accedido a las prórrogas requeridas y necesarias para que el contratista hubiera podido cumplir con el objeto contractual, bajo el argumento de que no era posible exceder la vigencia fiscal para la cual había sido presupuestado el pago del negocio jurídico.… En relación con el vicio de desviación de poder,… el demandante se limitó a argumentar que los actos demandados habrían sido expedidos con desviación de poder, o con ausencia o falsa motivación, porque el ente contratante no habría informado el inicio de dos procedimientos sancionatorios…
También resuelve:¿Las Resoluciones 06260 de 2012 y 0442 de 2013, con las cuales la Aerocivil declaró el incumplimiento parcial del contrato 1000097-OK-2010, impuso pena pecuniaria…¿En el procedimiento sancionatorio iniciado por la Aerocivil fue vulnerado el debido proceso por no garantizarse el derecho de contradicción y defensa del contratista…¿La liquidación del contrato estatal es una etapa que está destinada para que las partes acuerden los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y, si no se logra arreglo en ello…
¿Uno de los presupuestos para la prosperidad del medio de control de repetición es que el demandado haya dado lugar a la imposición de una condena contra el Estado, por haber actuado bajo una conducta dolosa o gravemente culposa? Sí
El demandante ejerce el medio de control de repetición contra el agente estatal tras haberse impuesto una condena contra el Estado por actuaciones irregulares en el servicio. Uno de los presupuestos para la prosperidad de la acción es que el demandado haya dado lugar a la imposición de una condena contra el Estado por haber actuado bajo una conducta dolosa o gravemente culposa, siendo relevante que los hechos de la demanda den cuenta de apreciaciones sobre la conducta del agente estatal para que corresponda al juez determinar, a partir de dichas pruebas, si su comportamiento admite ser calificado como doloso o gravemente culposo.síntesis automática
También resuelve:¿Tanto el dolo, como la culpa grave, cumplen la función de activar la responsabilidad personal del agente, al ser un estándar de comportamiento a partir del cual el Estado puede perseguir el…
¿El rechazo del dictamen pericial solicitado por las aseguradoras, dentro del procedimiento administrativo previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, configura la causal de nulidad por violación del derecho de audiencia y de defensa, cuando estas tuvieron la oportunidad de solicitar y aportar pruebas, no se les cercenaron sus garantías fundamentales de defensa y no acreditaron que la práctica de dicha prueba hubiera podido modificar la decisión administrativa? No
La parte que alega el pago extintivo de una obligación tiene la carga procesal de demostrarlo mediante los medios de convicción pertinentes dentro del proceso judicial. En el salvamento de voto emitido, el magistrado enfatiza que las aseguradoras demandadas afirmaron haber realizado el pago liberatorio de sus obligaciones contractuales, pero incumplieron la carga probatoria exigida por el artículo 167 de la Ley 1564 de 2012 y el artículo 1757 de la Ley 57 de 1887 al no aportar elementos de prueba, razón por la cual resultaba improcedente ordenar la devolución de un pago no acreditado en el curso de la actuación administrativa y judicial.síntesis automática
También resuelve:¿Procede ordenar a la entidad demandada el reintegro de las sumas que las aseguradoras afirmaron haber pagado por concepto de la cláusula penal impuesta en el acto administrativo anulado…
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