Titulación de la relatoría 15.960 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONCEPTO DE INTERVENTOR / CONCEPTO DE INTERVENTORÍA / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / EFECTOS DE LA INTERVENTORÍA / ELEMENTOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA / FUNCIÓN DEL INTERVENTOR / OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR / OBJETO DEL INTERVENTOR / PARTES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA / DEBER DE VIGILANCIA DEL ESTADO / VIGILANCIA DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / VIGILANCIA DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE / CONTRATACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA / FACULTADES DE LA ENTIDAD PÚBLICA
Problema jurídico:
¿El interventor es civil, fiscal, penal y disciplinariamente responsable por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales haya ejercido o ejerza funciones de interventoría?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Ley 80 de 1993 consagró en el artículo 4 una serie de deberes con el fin de lograr la correcta ejecución del contrato, a saber: (i) exigir del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado; (ii) adelantar revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promover las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan; y (iii) adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras. A su vez, en virtud del principio de responsabilidad, los jefes o representantes de las entidades estatales contratantes tienen a su cargo la dirección y manejo de la actividad precontractual y contractual, razón por la cual, aun en caso de existir actos de delegación, no quedan exonerados de sus deberes de control y vigilancia frente a los negocios jurídicos celebrados. En línea con lo anterior, la Ley 1150 de 2007 le dio la posibilidad a las entidades de imponer las multas y sanciones que hayan sido pactadas en el negocio jurídico, con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones en virtud de su deber de control y vigilancia sobre los contratos estatales, mediante un procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso, el cual fue definido por el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. De conformidad con el artículo 83 de la Ley 147[4] de 2011, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. Así mismo, establece que la supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato se ejerce directamente por la entidad estatal cuando no se requieren conocimientos especializados, mientras que la interventoría corresponde al seguimiento técnico del negocio jurídico con una persona independiente de la entidad contratante cuando ello suponga un conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad del mismo lo justifique, sin perjuicio de que atendiendo a la naturaleza del contrato principal, la entidad pueda contratar su seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable y jurídico con la interventoría. Conforme a los artículos 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011, la interventoría contractual implica la vigilancia y el seguimiento al cumplimiento obligacional a cargo del contratista bajo otro negocio jurídico; en consecuencia, los interventores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución de ese contrato para cumplir con su deber principal, consistente en exigir la calidad de los bienes, servicios u obras en los términos definidos en los pliegos, anexos o en las normas técnicas obligatorias, manteniendo oportunamente informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias constitutivos de incumplimiento bajo el contrato vigilado, o que pongan o puedan poner en riesgo su cumplimiento. Se destaca que este deber de información a cargo de la interventoría es de suma importancia, en tanto le corresponde alertar a la entidad sobre cualquier inconsistencia en el desarrollo del contrato vigilado con el objetivo de asegurar el cumplimiento de su objeto y de los fines de la contratación estatal, y en esa medida, el interventor es civil, fiscal, penal y disciplinariamente responsable por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales haya ejercido o ejerza funciones de interventoría.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la interventoría del contrato, cita: Consejo De Estado, Sección Tercera, Sentencia del 12 de diciembre de 2014, rad. 27426, C. P. Ramiro Pazos Guerrero.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 82, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 83, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 84, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4
VIGILANCIA DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / VIGILANCIA DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / DEBER DE VIGILANCIA DEL ESTADO / CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO ESTATAL / DEBERES EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / INTERVENTOR / FACULTADES DEL INTERVENTOR / INTERVENTORÍA / OBJETO DEL INTERVENTOR
Problema jurídico:
¿La existencia de un contrato de interventoría relega a la entidad contratante de su deber de vigilancia y control de los contratos que suscribe?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]as funciones de la interventoría no implican una obligación de resultado, sino de medio, pues no se puede atribuir al interventor una conducta que asegure el resultado esperado, esto es, el cumplimiento total y oportuno del contrato principal, toda vez que para ello deben concurrir situaciones o factores que no dependen exclusivamente de la gestión o actuar del interventor. (…) El inicio de un procedimiento sancionatorio contractual, corresponde a una decisión de la entidad y se origina a partir de su conocimiento del incumplimiento del negocio jurídico en que el actúa como contratante, con independencia del medio o instrumento a través del cual ello acontezca, pues ante la evidencia de hechos o circunstancias constitutivos de incumplimiento, es a ésta a quien corresponde tanto la facultad como el deber de hacer uso de los instrumentos contractuales y legales tendientes a garantizar la consecución del objeto contratado, así como de hacer efectivas las sanciones y garantías pactadas. En este sentido, el parágrafo 3 del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 establece que cuando el ordenador del gasto sea informado de los posibles incumplimientos de un contratista y no lo conmine al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas necesarias para salvaguardar el interés general y los recursos públicos involucrados, será responsable solidariamente con éste de los perjuicios que se ocasionen. En virtud de lo anterior, la dirección, control y vigilancia corresponde primigeniamente al jefe de la entidad contratante o a quien éste delegue dicha responsabilidad, así como la facultad sancionatoria, de manera que los interventores no reemplazan a la entidad en las decisiones relacionadas con el contrato, ni definen sancionar o no al contratista, como tampoco tienen la facultad de declarar el incumplimiento; es la entidad pública contratante, a partir de los hechos conocidos y de las pruebas practicadas en el marco del proceso sancionatorio y su valoración, quien determina la responsabilidad del contratista. (…) [L]a vigilancia y control de los contratos es un deber permanente en cabeza de la entidad pública contratante, en virtud del cual, se busca la consecución de los fines del estado y la garantía por la calidad y debida prestación de los servicios, independientemente de que se haya contratado una interventoría integral, pues con ocasión de ello la entidad estatal como directora y responsable de los contratos que suscribe no se desliga de este deber, como tampoco del consistente en adelantar las actuaciones necesarias para conminar al contratista al cumplimiento del contrato principal, incluyendo el ejercicio de sus facultades sancionatorias cuando por cualquier medio identifique o tenga conocimiento de la desatención del contenido obligacional del negocio jurídico que celebró. Aunque no se desconoce que el informe del interventor puede constituir un insumo importante para la toma de decisiones por parte de la administración frente al contrato vigilado, es a la entidad a quien le corresponde el ejercicio de esa competencia e iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio de ser el caso, esto, en su calidad de parte en el contrato, en virtud del deber legal y permanente de supervisión y vigilancia que le compete, y porque es a ella a quien la ley le otorga esa potestad, sin perjuicio de que la interventoría tenga el deber de mantener informada a la entidad de esos incumplimientos y de cualquier circunstancia que pueden afectar la correcta ejecución del contrato principal.
FUENTE FORMAL:
LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 84 PARÁGRAFO 3
INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / CONDUCTA LEGÍTIMA DEL INTERVENTOR / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / FUNCIÓN DEL INTERVENTOR / INFORME DEL INTERVENTOR / OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA / OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR / FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL
Problema jurídico:
¿Se configuró el incumplimiento del contrato por parte del interventor?
Respuesta al problema jurídico: No
El contrato de interventoría 1323 de 2009, tuvo por objeto la interventoría técnica, legal, financiera, administrativa, ambiental, predial y social por parte del consorcio demandante, del contrato de obra 780 de 2009 suscrito entre el INVIAS y la Unión Temporal Transversal de Boyacá (UTTB), con un plazo de 49 meses contados a partir de la fecha de orden de inicio impartida por la subdirección de la red nacional de carreteras del INVIAS, lo cual sucedió el 7 de septiembre de 2009. Las partes suscribieron diez (10) modificaciones prorrogando el plazo y adicionando el valor del contrato, por lo que el primero vencía el 30 de octubre de 2015, mientras que el valor final correspondió a la suma de $10.313.795.330. (…) El consorcio demandante informó a la entidad de las fisuras y deficiencias encontradas en las losas tan pronto como tuvo conocimiento de tal circunstancia, requirió constantemente al contratista de obra para que procediera con su reparación, comunicó de manera permanente y reiterada a la entidad sobre la problemática que se estaba presentando por la renuencia del contratista frente a sus requerimiento y le sugirió en diversas oportunidades proceder con la imposición de las sanciones pactadas por el incumplimiento del contrato. (…) No es cierto que la interventoría no hubiese solicitado expresamente al INVIAS iniciar un procedimiento sancionatorio por el incumplimiento del contratista frente al arreglo de las losas fisuradas o con problemas de calidad; de hecho, lo hizo al menos en tres (3) oportunidades distintas con sus fundamentos. (…) Pese a que la entidad demandada afirma que el consorcio interventor no solicitó el inicio de un procedimiento sancionatorio por la omisión de la UTTB frente al arreglo de las losas, dado que solo lo hizo por la falta de entrega de documentación, las pruebas revelan que aunque en efecto las peticiones iniciales de la interventoría se fundaron en la renuencia de la UTTB en la entrega de informes y otros documentos, y solo hasta el 5 de agosto de 2015 solicitó de manera expresa la apertura del procedimiento por el no arreglo de las fisuras, lo cierto es que las primeras solicitudes referían a documentación necesaria para el inicio de las labores de restauración de las losas averiadas; en esa medida, desde un primer momento y ante la conducta de la UTTB, no resultaba exigible solicitar la imposición de sanciones por la omisión de reparación de losas, cuando previo a ello, el contratista se encontraba en mora de cumplir con otros compromisos y obligaciones necesarias para ejecutar la restauración. (…) No se acreditó que el consorcio demandante incumpliera las obligaciones contenidas en los numerales 4, 7, 9, 11 y 18 de la cláusula séptima del contrato 1323 de 2009, que según el INVIAS, fueron desconocidas y motivaron las expedición de los actos demandados, toda vez que la interventoría: (a) informó y conceptuó al INVIAS en forma continua y periódica sobre el avance, problemas y soluciones presentados en el desarrollo del contrato; (b) verificó y apremió al contratista de obra para que asegurara la calidad de las obras, de acuerdo con las intervenciones a ejecutar; (c) realizó las acciones, a su alcance y conforme a su función, tendientes al cumplimiento de las metas contractuales; (d) entregó los informes, actas y demás documentos a su cargo; y (e) observó el Manual de Interventoría de la entidad que le imponía la obligación de vigilar las obras e informar los presuntos incumplimientos del contratista de obra. (…) Evidenciado entonces que el interventor no incurrió en el incumplimiento que sustentó los actos demandados, el acto está viciado por falsa motivación, lo que conlleva a que resulte inane emitir un pronunciamiento respecto de (i) la proporcionalidad de la sanción, en tanto ésta no era procedente; (ii) si existía o no supervisión del contrato de obra y si era la interventoría quien debía informar los incumplimientos, pues está acreditado que en efecto lo hizo; y (iii) la calificación de la conducta de la interventoría bajo dolo o culpa grave, por cuanto tal argumento solo tiene fundamentos de cara a una prestación que no fue cumplida, sin que ello se hubiese probado. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, donde se declaró la nulidad de las Resoluciones 094879 del 30 de junio de 2017 y 07089 del 2017 del 14 de septiembre de 2017, y se condenó a la entidad demandada a reintegrar las sumas efectivamente pagadas por el interventor.
APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que dispone el artículo 366 del Código General del Proceso. En relación con las agencias en derecho, éstas se rigen por el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, vigente para la fecha en que se presentó la demanda, el cual dispone que, en las sentencias dictadas en procesos declarativos en segunda instancia, como sucede en el caso concreto, se fijarán entre 1 a 5 SMLMV. Con fundamento en lo anterior, la parte demandada será condenada al pago de agencias en derecho en los términos del artículo 2 del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 , las cuales se fijan en dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, a favor de la parte demandante, teniendo en cuenta la naturaleza, calidad y duración de su gestión en segunda instancia.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA , ACUERDO 10554 DE 2016 - ARTÍCULO 2, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366