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¿Procede el reconocimiento al contratista de los costos por mayor permanencia en obra derivados de las prórrogas del contrato? No
El contratista no puede reclamar por mayor permanencia en obra derivada de las prórrogas del contrato cuando ha renunciado expresamente a presentar reclamaciones por este motivo, ya que tal renuncia es un acto propio que debe respetarse en virtud del principio de buena fe y lealtad contractual. Además, la jurisprudencia establece que las salvedades en el acta de liquidación del contrato no reviven la oportunidad de protestar las modificaciones, adiciones, prórrogas o suspensiones del contrato, por lo que el silencio del contratista sobre los efectos económicos de estas prórrogas impide que ahora reclame por ellos. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los acuerdos y manifestaciones durante la ejecución del contrato y limita las posibilidades de reclamar aspectos no objeto de salvedades en la liquidación del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿En virtud de la teoría del respeto por los actos propios, el contratista no puede desconocer la renuncia expresa a presentar reclamaciones por mayor permanencia en obra ante la Administración…¿Pueden reclamarse por vía judicial situaciones jurídicas o económicas que no fueron objeto de salvedades?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda para conocer el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por un Tribunal Administrativo? Sí
Esta Corporación es la competente para conocer del presente asunto, en segunda instancia, en atención a su cuantía , en los términos del artículo 150 del C.P.A.C.A.
También resuelve:¿Goza el juez de facultades para interpretar la demanda?¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer controversia derivada de contrato celebrado por empresa industrial y comercial del Estado?¿Se acreditó la legitimación en la causa de las partes?
¿Se acreditó un incumplimiento del contrato por parte de la Administración Pública? No
El contratista no acredita un incumplimiento del contrato por parte de la entidad estatal cuando esta ha pagado el precio fijado en el contrato, incluyendo IVA y costos directos e indirectos, ya que no existe una obligación contractual incumplida. La Sala sostiene que la conducta del contratista es contraria a la buena fe y a la teoría del acto propio, dado que conocía los términos del contrato desde el procedimiento de selección y no puede solicitar judicialmente la modificación de los honorarios pactados. Además, la elección de la modalidad de pago debe estar en consonancia con la solemnidad del contrato estatal y el respeto a la autonomía de la voluntad, por lo que el juez no puede revisar los precios o modificar la cláusula de valor del contrato a menos que existan causales legales que lo justifiquen. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia sobre la prohibición de venir contra los actos propios y la necesidad de que la entidad haya dejado constancias o salvedades en las modificaciones del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿El contratante cumplió con sus obligaciones al pagar el precio del contrato según lo estipulado en el mismo?¿La elección de la modalidad de pago en el contrato debe estar en consonancia con su solemnidad?¿En qué consiste la teoría de los actos propios?
¿El incumplimiento del contrato y la ruptura del equilibrio son dos instituciones diferentes, pues la primera de ellas se deriva de desatender una obligación con fuente en el contrato, mientras que la segunda supone la existencia de una situación que altere la equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o contratar, dentro de lo que no resulta dable incluir las modificaciones y prórrogas contractuales, ya que no dan lugar a la configuración de la teoría de la imprevisión, del hecho del príncipe, ni constituyen ejercicio de ius variandi? Sí
El contratista no puede confundir el incumplimiento del contrato con la ruptura del equilibrio económico, ya que la primera se origina en el desatender una obligación contractual, mientras que la segunda implica una alteración de la equivalencia entre derechos y obligaciones existentes al momento de la contratación, excluyendo modificaciones y prórrogas contractuales que no generan la teoría de la imprevisión, hecho del príncipe o ejercicio de ius variandi. La entidad estatal no puede revisar los precios o modificar la cláusula de valor del contrato si se eligió la modalidad de pago llave en mano, debido al carácter solemne de los contratos estatales y el respeto a la autonomía de la voluntad. Además, si las partes acuerdan una suspensión o prórroga del contrato sin salvedades, están determinando que ese negocio jurídico se hará en esas condiciones, lo que resultaría contrario al principio de buena fe y la doctrina de los actos propios. Estas reglas reiteran y matizan precedentes anteriores, reafirmando la importancia de distinguir claramente entre estas instituciones y principios en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿La elección de la modalidad de pago del contrato lleva implícita una asunción de deberes de conducta que es relevante, pues el juez no puede revisar los precios o modificar la cláusula de valor del…¿Si las partes acuerdan una suspensión o una prórroga del contrato y no plantean salvedades a su cumplimiento, con ello están determinando que ese negocio jurídico se hará en esas condiciones…
¿Cuándo se trata de contratos que se han liquidado en forma bilateral, el estudio de las pretensiones de la acción contractual está hilado, de forma ineludible, a la existencia de salvedades o vicios del consentimiento, sin las cuales no es posible desatender el contenido obligacional incorporado en el documento, en virtud de la fuerza obligatoria de los contratos, la aplicación del principio según el cual nadie puede alegar su propia culpa para fundar una pretensión, la teoría del acto propio y el principio de la buena fe, que deben inspirar el comportamiento de los contratantes? Sí
En los casos de liquidación bilateral de contratos estatales, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha establecido que el estudio de las pretensiones de la acción contractual está intrínsecamente ligado a la existencia de salvedades o vicios del consentimiento, excluyendo cualquier pretensión que no se base en estos elementos. Esta regla implica que, en la liquidación bilateral, solo pueden ser controvertidos aspectos que hayan sido objeto de salvedad expresa o que puedan probarse un vicio del consentimiento, como errores, fuerza mayor o dolo. La fuerza obligatoria de los contratos, el principio de que nadie puede alegar su propia culpa, la teoría del acto propio y el principio de buena fe, son fundamentales para respaldar esta posición, ya que garantizan la integridad del proceso y la confianza entre las partes.síntesis automática
También resuelve:¿La liquidación del contrato, más que una convención es un pacto jurídico, por cuanto su propósito o finalidad está encaminado a extinguir¿Con los fundamentos invocados en la¿En vigencia del C.P.A.C.A., resulta procedente condenar en costas en segunda instancia a la parte vencida en el proceso, esto es, a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en razón de la cuantía? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, incluidas las universidades públicas, y el Consejo de Estado conoce de la apelación cuando el asunto tiene vocación de doble instancia por razón de la cuantía. Esta regla se apoya en el régimen contractual de la universidad pública, que puede estar sujeto al derecho privado en ciertos aspectos, sin que ello excluya la competencia de la jurisdicción. Por ello el carácter público de la entidad determina la jurisdicción, y la cuantía de la pretensión determina la segunda instancia. En el caso concreto la corporación conoció de la apelación interpuesta contra la sentencia del tribunal, y la sentencia fue confirmada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la competencia del Consejo de Estado en apelación depende de la cuantía y del carácter público de la entidad.síntesis automática
También resuelve:¿Los actos emitidos por la Universidad Militar Nueva Granada en las fases precontractual y contractual, no son actos administrativos?¿El medio de control de controversias contractuales es procedente cuando el negocio jurídico fue perfeccionado con independencia de si la causa dañosa deviene de una actuación adelantada en la etapa…¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años siguientes a la suscripción del acta de liquidación bilateral del contrato?
¿Debe el juez abordar aquel petitum que no fue objeto de discrepancia expresa por el contratista en el acto de liquidación bilateral del contrato? No
El contratista no puede controvertir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo aquellos aspectos del contrato que no fueron objeto de discrepancia expresa en el acta de liquidación bilateral, en virtud del principio de buena fe y la prohibición de venir en contra de los propios actos, lo que implica que las salvedades en la liquidación deben ser claras y concretas para permitir el examen judicial posterior. Esta exigencia, inicialmente aplicable a la liquidación bilateral, se ha extendido a otras actuaciones contractuales como modificaciones y adiciones, y no puede instrumentalizarse como un obstáculo al derecho a la tutela judicial efectiva. La Sala reitera esta posición, matizando que la administración no puede revocar unilateralmente acuerdos bilaterales previamente establecidos, y que el contratista debe dejar constancia expresa de sus inconformidades durante la ejecución del contrato para evitar sorpresas y defraudar la confianza de la entidad contratante.síntesis automática
También resuelve:¿La actuación del contratista fue violatoria de la buena fe contractual y con ella sorprendió y defraudó a la entidad contratante…¿Resulta procedente el reconocimiento de los sobrecostos en los que incurrió el contratista por la mayor permanencia en obra, resultado de la conducta de la entidad contratante?
¿Las salvedades incorporadas por el contratista en el acta de liquidación bilateral del contrato de obra 611 de 2015 son extemporáneas debido a que fue el mismo contratista que en múltiples ocasiones solicitó contratos modificatorios o actas contractuales y en los mismos no reclamó sobrecostos, lo cual vulnera el principio de buena fe contractual? Sí
El contratista está obligado, en virtud de la buena fe objetiva, a dejar consignadas sus salvedades en los documentos contractuales que modifiquen el negocio jurídico inicial, como suspensiones, otrosíes o adicionales, y no puede reservarlas para el acta de liquidación bilateral. La regla se apoya en que esas modificaciones son el momento en que las partes deben dejar constancia de los reclamos, y en que la omisión de esa constancia en los documentos previos afecta la oportunidad de las salvedades. Por ello, el juez debe verificar el objeto del documento en el que se consignaron las salvedades. En el asunto, la sociedad demandante no acreditó el incumplimiento ni el desequilibrio alegados en la demanda, y la Sala confirmó la sentencia que declaró extemporáneas las salvedades incorporadas en el acta de liquidación. En la práctica, las reclamaciones del contratista deben formularse en los documentos que modifican el contrato y no solo en la liquidación.síntesis automática
También resuelve:¿El contratista cumplió con la carga probatoria de acreditar los supuestos de hecho del incumplimiento y del desequilibrio económico del contrato que alegó en la demanda?¿Procede condenar en costas a la parte demandante por ser la vencida en este caso?
¿Si las partes acuerdan una suspensión o una modificación del contrato y no plantean salvedades a su cumplimiento, con ello están determinando que ese negocio jurídico se hará en esas condiciones, pues resultaría contrario al principio de buena fe y la prohibición de venir contra los actos propios, permitir que una parte prevalezca en juicio desconociendo que prestó su voluntad en la celebración de un negocio jurídico, sin advertir a su contraparte que aceptaba con reserva lo que estaba firmando? Sí
El contratista no puede desconocer los efectos de las salvedades no expresadas en las actas de suspensión o modificación del contrato, pues resultaría contrario al principio de buena fe y a la prohibición de venir contra los actos propios. En el presente caso, el contratista suscribió actas de suspensión sin indicar que estas causarían mayores costos por disponibilidad de personal, maquinaria y aumento de costos administrativos, circunstancias que ahora reclama. Las partes acordaron las suspensiones para superar dificultades y viabilizar la ejecución del contrato, por lo que el contratista no puede sorprender a su contraparte con situaciones que nunca fueron puestas de presente. La jurisprudencia reitera que el interesado debe indicar a su contraparte si la respectiva modificación, adición, prórroga o suspensión lo afecta, especialmente cuando se llegan a acuerdos para superar las dificultades. Por lo tanto, el contratista no puede desconocer sus propios actos para ahora pretender mayores costos por las suspensiones que firmó sin protesta alguna, sin reservas o salvedades en relación con sus intereses o derechos.síntesis automática
También resuelve:¿En lo que respecta a los intereses de mora por el incumplimiento en los pagos al contratista, dado que las partes nada pactaron en relación con el término que tenía la entidad demandada para…¿La entidad demandada debe responder patrimonialmente por los perjuicios materiales alegados en la demanda, causados por el proceso de cobro coactivo adelantado contra la contratista y por el remate…¿Resulta procedente el reconocimiento de perjuicios morales a favor del representante legal de la contratista, derivados del incumplimiento del pago de las obligaciones de la entidad contratante…
¿En los contratos estatales que requieran de liquidación y ésta se lleva a cabo de común acuerdo, la contabilización del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales inicia a partir del día siguiente a la fecha en que las partes liquidaron el contrato? Sí
El contratista no puede interponer un medio de control de controversias contractuales para reclamar sobre un desequilibrio económico en un contrato estatal terminado y liquidado, ya que la excesiva onerosidad sobrevenida solo aplica a prestaciones futuras y no a situaciones pasadas, y el principio de no ir contra los actos propios prohíbe que las partes reviertan acuerdos ya cumplidos. La Sala reitera que la caducidad del medio de control inicia el día siguiente a la firma del acta de liquidación bilateral, lo que permite que la demanda sea presentada oportunamente si se ajusta a este plazo. En contratos financiados por entidades internacionales, como el Banco Mundial, las disposiciones sobre equilibrio económico no son aplicables debido al régimen especial del contrato, por lo que reclamaciones basadas en desequilibrio financiero deben ser rechazadas.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta aplicable la figura del desequilibrio económico dado el régimen especial del contrato al haber sido celebrado por una empresa de servicios públicos y financiado por el Banco Mundial?¿La excesiva onerosidad sobrevenida pretende remover a futuro las dificultades que se le presenten a una de las partes de un contrato durante su ejecución…¿Si las partes acuerdan una suspensión o una prórroga del contrato y no plantean salvedades a su cumplimiento, con ello están determinando que ese negocio jurídico se hará en esas condiciones…
¿El desconocimiento del principio de planeación precontractual, es un asunto debatible bajo la pretensión del incumplimiento contractual? No
En el medio de control de controversias contractuales, la inobservancia del principio de planeación precontractual no constituye por sí misma un incumplimiento que pueda debatirse bajo la pretensión de incumplimiento contractual. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la planeación se sitúa en un momento previo a la celebración del contrato, de modo que su inobservancia no se proyecta sobre la exigencia de las obligaciones derivadas de lo pactado. Segunda, la pretensión de incumplimiento tiene por objeto el débito obligacional que surge del contrato celebrado, y no la validez de las etapas previas a su formación. La providencia reconoce que el desconocimiento de la planeación puede tener efectos sobre otros elementos del contrato, pero confirma que ese alcance no puede discutirse mediante la pretensión de incumplimiento. En la práctica, quien alegue la vulneración del principio de planeación debe formular pretensiones distintas, y no una pretensión de incumplimiento que se refiera a obligaciones ya pactadas.síntesis automática
También resuelve:¿Los pactos modificatorios suscritos entre las partes del contrato de obra pública, remediaron las circunstancias aludidas por el contratista como desencadenantes de los mayores costos en que…¿Hay lugar a condenar en costas a la parte a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación?
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de la demanda de controversias contractuales, presentada para demandar el incumplimiento de un contrato estatal en el que fue parte Ecopetrol? Sí
En las controversias contractuales, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para decidir los litigios originados en la actividad de las entidades públicas, conforme al artículo 82 del Código Contencioso Administrativo vigente al momento de interponerse la demanda. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la competencia depende de la naturaleza pública de la entidad contratante y del origen de la controversia en su actividad. Segunda, cuando la entidad contratante es una empresa estatal, el incumplimiento de su contrato entra en la competencia de esta jurisdicción y, por ello, la Sala conoce de la segunda instancia. En el caso, el incumplimiento de un contrato celebrado por una empresa petrolera estatal vinculada al Ministerio justificó esa competencia. La providencia confirma la sentencia apelada. En la práctica, el demandante que pretenda el incumplimiento de un contrato celebrado con una empresa estatal debe verificar la calidad de la entidad contratante, porque esa condición determina la jurisdicción competente.síntesis automática
También resuelve:¿Se interpuso de forma oportuna la demanda de controversias contractuales, presentada para declarar el incumplimiento del contrato estatal suscrito entre Ecopetrol y el consorcio del que hizo parte…¿Ecopetrol S.A. incumplió el contrato N° 5201841 del 28 de noviembre de 2006, por efectuar los pagos a su cargo, directa e íntegramente al representante de la sociedad contratista…
¿El incumplimiento contractual y el rompimiento del equilibrio económico del contrato generan una afectación económica al contratista cuyas fuentes y consecuencias son diferentes? Sí
El contratista puede demandar a la entidad estatal por incumplimiento contractual o por la ruptura del equilibrio económico del contrato, dependiendo de la fuente y las consecuencias de la afectación económica sufrida. La primera opción implica la inobservancia de las obligaciones pactadas, mientras que la segunda se refiere a factores externos o decisiones de la administración que alteran las condiciones del contrato. En este caso, la entidad estatal no ajustó los precios de las obras ejecutadas por el contratista, a pesar de la existencia de cláusulas ambiguas en el contrato y en el pliego de condiciones que permitían el ajuste de precios. La Sala concluyó que la entidad incumplió el contrato al no aplicar el ajuste de precios según el ICCP del DANE, lo que implica que en casos similares, la entidad estatal debe cumplir con las disposiciones contractuales y legales para proteger los intereses del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Incumplió el departamento del Tolima el contrato 1183 de 2009 al no ajustar los precios de las obras ejecutadas por el contratista…¿Incumplió el departamento del Tolima el contrato 1183 de 2009 al haber calculado y pagado las actividades concernientes a la “conformación de la calzada existente” e “imprimación con asfalto…¿Se encuentra probado que la U.T. Cesva ejecutó obras adicionales previas para la reconstrucción de un muro que colapsó como consecuencia de un deslizamiento de tierra…
¿Puede considerarse que la suscripción de múltiples documentos individuales entre el INVISBU y los beneficiarios de vivienda constituye la celebración de múltiples contratos independientes, distintos del contrato celebrado entre el INVISBU y Fénix? No
El contratista no puede celebrar múltiples contratos independientes con los beneficiarios de vivienda cuando ya existe un contrato único entre la entidad estatal y el constructor principal, ya que la suscripción de documentos individuales responde a necesidades operativas y no a la creación de contratos separados. La entidad estatal y el constructor principal son las partes del contrato, mientras que los beneficiarios son considerados terceros, ya que no han expresado su consentimiento directo ni han sido representados adecuadamente. Además, el contrato celebrado por el INVISBU para la construcción de viviendas en respuesta a una situación de desastre se rige por el derecho privado y no por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, lo que permite la aplicación de excepciones y facultades especiales previstas en la Ley 80 de 1993.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato celebrado por el INVISBU para la construcción de viviendas, con ocasión de una situación de desastre, se encontraba sujeto al derecho privado y no al Estatuto General de Contratación de…¿Debe el juez analizar las pretensiones contractuales aunque no se haya formulado reclamación expresa o reserva al suscribir actos como prórrogas, adiciones o suspensiones?¿Puede el contratista exigir el reconocimiento de mayores costos derivados de las prórrogas del contrato, cuando previamente acordó expresamente que estas no generarían gastos adicionales?
¿Se acreditaron los presupuestos de mayor permanencia en obra a causa de suspensiones contractuales? No
La reclamación de mayor permanencia en obra derivada de suspensiones contractuales exige acreditar el alcance específico de las obligaciones del contratista, para lo cual deben aportarse el pliego de condiciones del contrato y la matriz de riesgos o el acta de asignación de estos, pues sin ellos no es posible establecer cómo las partes distribuyeron las obligaciones y las consecuencias de las circunstancias ocurridas durante la ejecución. Además, cuando el contratista renuncia a reclamar esos reconocimientos al momento de pactar las prórrogas del contrato, esa renuncia no puede desconocerse después, porque los actos propios de quienes suscribieron las prórrogas no pueden ser desconocidos sin que hayan sido anulados por la jurisdicción. En el caso concreto, el contratista había planteado reclamaciones durante las tratativas, pero renunció a cobrarlas al suscribir las prórrogas, de modo que se mantuvo la negativa del reconocimiento por ese concepto. La sentencia modificó la decisión de primera instancia en lo relativo a la mayor permanencia derivada de las suspensiones. Como consecuencia práctica, el contratista que pretenda ese reconocimiento debe probar con los documentos contractuales el alcance de sus obligaciones, y debe tener presente que la renuncia expresa al cobro al suscribir prórrogas tiene efectos que se mantienen.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente el reconocimiento económico por mayor permanencia en obra derivados de las prórrogas del contrato, pese a que el contratista renunció a reclamar en el momento de pactarlas?¿Procede reconocer al contratista el pago del saldo final del precio cuyo pago quedó diferido para el momento de la liquidación del contrato, suma que el IDU reconoce deber?¿Es procedente descontar el valor de las retenciones en la fuente practicadas a los pagos recibidos por el contratista?
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO,ACTO DE ADJUDICACIÓN,VALOR ASEGURADO,PLIEGO DE CONDICIONES,ACTO PROPIO,OFERTA – Medio de control,Impugnación,Actos precontractuales Cómputo,Término de caducidad de la acción,Nulidad,Presupuestos procesales,Ausencia de la póliza,Falta de requisitos esenciales,Comparación de ofertas,Valoración,Contenido del – Mes: septiembre – Año: 2017…
También resuelve:Nulidad y restablecimiento del derecho: medio de control, impugnación -actos precontractuales, caducidad de la acción –cómputo, término de caducidadActo de adjudicación: nulidad, presupuestos procesalesValor asegurado: ausencia de la póliza, falta de requisitos esenciales, comparación de ofertas
47001233300020190068801 de 20262026-06-13Rad. 47001233300020190068801
El contratista no puede considerar el proyecto de acta de liquidación bilateral como un acuerdo definitivo o un reconocimiento de derechos, ya que este documento requiere la concurrencia de voluntades de ambas partes para tener efecto vinculante. La entidad pública, una vez agotada la oportunidad de liquidar por mutuo acuerdo, tiene la facultad de expedir un acto administrativo independiente de liquidación unilateral conforme a la Ley 80 de 1993 y el Decreto 19 de 2012. Además, el proyecto de acta no constituye un crédito cierto y líquido que permita la compensación, pues no se perfeccionó como acuerdo bilateral y la administración conserva la competencia para revisar y corregir los saldos en el acto definitivo de liquidación unilateral. Esta decisión reitera que la liquidación unilateral es un acto administrativo independiente y no una mera reproducción del proyecto de acta bilateral, lo que implica que el contratista no puede basar sus reclamos en documentos que no han sido perfeccionados como acuerdos definitivos.síntesis automática
También resuelve:Proyecto de acta de liquidación bilateral: constituye propuesta preliminar, falta de acuerdo bilateral potestad unilateral de la administración para liquidar, proyecto de acta de liquidaciónCompensación: requisitos, ausencia de prueba la compensación como mecanismo jurídico exige la concurrencia de obligaciones recíprocas, líquidas, ciertas y exigibles entre las mismas partes, y el crédito de $1.097.581.199 no satisfacía ninguna de esas condiciones al momento de expedirse los actos demandados, porque no obra prueba de que hubiese sido reconocido mediante acta parcial suscrita, ni mediante resolución administrativa, ni mediante ningún otro documento que permita darle el carácter de obligación cierta y líquida. su única fuente conforme a las pruebas allegadas y los argumentos del demandante son un proyecto de acta que no se perfeccionó y un informe de interventoría que incluía un balance cuyo saldo neto resultaba desfavorable al contratista como se ha expuesto. un crédito inserto en una ecuación financiera cuyo resultado neto es adverso al supuesto acreedor no constituye, por ese solo hecho, una obligación exigible en el sentido que habilita la compensación, sino apenas un componente de un balance integral que apreciado en conjunto, no demuestra una deuda autónoma de la entidad frente al contratistaInaplicabilidad del acto propio: principio de confianza legítima, conducta anterior definitiva, expectativas razonables, contenido vinculante
¿Se presentó de forma de oportuna la acción de controversias contractuales incoada para demandar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato de obra pública suscrito entre las partes, el cual debía ser objeto de liquidación? Sí
El contratista presenta oportunamente la acción de controversias contractuales para demandar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato de obra pública que debe ser objeto de liquidación, siempre que la liquidación se haya efectuado de común acuerdo entre las partes y se cuente con la acta respectiva. En este caso, el contrato de obra pública fue liquidado bilateralmente el 4 de diciembre de 2009, por lo que el término de caducidad de la acción de controversias contractuales, que es de dos años, vence el 5 de diciembre de 2011. La demanda fue presentada el 3 de junio de 2011, lo que resulta oportuna, incluso sin considerar el lapso de suspensión por el procedimiento de conciliación extrajudicial. La Sala confirma que la acción de controversias contractuales fue presentada a tiempo, matizando la jurisprudencia anterior que podría haber interpretado que la falta de salvedades en las adiciones, prórrogas y suspensiones durante la ejecución del contrato invalidaba las pretensiones del contratista. Esto implica que las partes deben respetar las modificaciones pactadas en acuerdos bilaterales, incluso si no incluyen salvedades, y que la buena fe obliga a cumplir con las manifestaciones de voluntad previas.síntesis automática
También resuelve:¿La competencia del juez de segunda instancia al resolver un recurso de apelación se encuentra limitada por los precisos argumentos esgrimidos por el recurrente…¿El hecho de que el contratista no hubiera dejado salvedades en las adiciones, prórrogas y suspensiones que se produjeron durante la ejecución del negocio jurídico…¿Independientemente de la causa por la cual se alegue que se produjo el rompimiento del equilibrio económico del contrato…
¿La parte actora acreditó que la suma de $1.097.581.199, correspondiente a obras ejecutadas y no facturadas, constituía un saldo cierto, exigible y susceptible de compensación a favor del contratista, que debía ser tenido en cuenta al expedir los actos de caducidad y liquidación unilateral del contrato? No
El contratista no acredita que una suma específica por obras ejecutadas y no facturadas constituya un saldo cierto y exigible a su favor, que deba ser tenido en cuenta al expedir actos de caducidad y liquidación unilateral del contrato. La entidad estatal no reconoce esa suma como una obligación dineraria autónoma y aislada, sino como parte de un balance contractual más amplio que incluye otros componentes desfavorables. El contratista no puede descomponer selectivamente balances o ejercicios preliminares para extraer únicamente la partida que beneficia su tesis, sin asumir los demás componentes que integran la misma ecuación financiera. En este caso, la entidad no trató los documentos como fuentes equivalentes al momento de expedir los actos demandados, lo que confirma que la suma no puede ser trasladada de manera automática a la liquidación unilateral como una obligación definitiva. La Sala concluye que la parte actora no aportó prueba técnica o contractual idónea que acredite de manera autónoma que el contratista efectivamente ejecutó obras por el valor mencionado y que no fueron objeto de pago, por lo que la impugnación del acto administrativo no prospera.síntesis automática
También resuelve:¿La parte actora acreditó, mediante prueba técnica o contractual idónea, que el contratista ejecutó obras por valor de $1.097.581.199 que fueron recibidas a satisfacción y no pagadas…¿La suscripción unilateral del proyecto de acta de liquidación bilateral por parte de la entidad perfecciona el acuerdo liquidatorio y consolida, por sí sola, derechos u obligaciones definitivas?¿La referencia al valor de las obras ejecutadas y no facturadas en la contestación de la demanda constituye confesión judicial?
¿La interventoría consiste en el seguimiento técnico sobre el cumplimiento del contrato que realiza una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la entidad estatal, cuando medie mandato legal, cuando supone conocimiento especializado en la materia o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen? Sí
El contratista no puede alegar incumplimiento por parte de la entidad estatal debido a la falta de designación de un interventor o un gerente del proyecto, cuando el contrato no establece claramente la obligación de nombrar a estos roles y las actividades asignadas a estos puestos pueden ser realizadas internamente por la entidad. La Sala precisa que la interventoría es obligatoria solo para contratos de obra derivados de licitaciones públicas, según el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, y que para otros contratos, la vigilancia puede ser efectuada por la misma entidad mediante supervisores, siempre y cuando no se requiera conocimiento especializado. En este caso, las funciones del interventor se limitaban a emitir directrices generales y verificar la afiliación al sistema de seguridad social de los empleados del contratista, tareas que la entidad pudo realizar sin necesidad de contratar a un tercero especializado. Esta decisión reitera y matiza la interpretación del concepto de interventoría, subrayando que la designación de un interventor no es siempre obligatoria y que la entidad puede asumir directamente las funciones de vigilancia, lo que implica que los contratistas deben revisar cuidadosamente los términos del contrato antes de alegar incumplimiento.síntesis automática
También resuelve:¿La Secretaría Distrital de Planeación incumplió el contrato 299 de 2012 debido a la falta de designación de un gerente de proyecto y de un interventor del proyecto…¿En la Resolución 678 del 19 de junio de 2015, y en la que la que la confirmó, actos administrativos mediante los cuales se impuso una multa, se vulneró el debido proceso del sancionado…¿Cuenta con valor probatorio el dictamen pericial allegado por el demandante para demostrar las especificaciones técnicas del software y la funcionalidad del sistema desarrollado…