Titulación de la relatoría 59.571 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RESOLUCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
Problema jurídico:
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de la demanda contra los actos administrativos mediante los cuales se declara el incumplimiento de un contrato de obra?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con fundamento en el artículo 104 del CPACA, se advierte la facultad de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer del asunto, el cual versa sobre la nulidad de la Resolución n.º 1146 del 27 de junio de 2013, por medio de la cual se declaró el incumplimiento del contrato de obra n.º 039 del 21 de noviembre de 2011, proferida por el municipio de San Martín, el cual ostenta la calidad de ente territorial, de donde se desprende claramente su naturaleza pública. Por su parte, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 8 de octubre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, dada la vocación de doble instancia del proceso, teniendo en cuenta que la cuantía para el año 2014 supera los 500 SMLMV, de conformidad con lo establecido en los artículos 150 y 152-5 del CPACA, vigentes a la fecha de la presentación de la demanda.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 286, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 5
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APLICACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / RESOLUCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / NULIDAD DE ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ACTOS DEMANDABLES A TRAVÉS DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ALCANCE DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ADECUACIÓN DE LA DEMANDA / ADECUACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL / DEBER DE ESTUDIAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / DEBERES DEL JUEZ / OBLIGACIONES DEL JUEZ
Problema jurídico:
¿El medio de control de controversias contractual resulta procedente para demandar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se declara el incumplimiento del contrato de obra?
Respuesta al problema jurídico: Si
De acuerdo con el artículo 141 del CPACA, el medio de control de controversias contractuales es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal. Es así como, resulta procedente utilizar esta herramienta procesal para cuestionar las actuaciones desarrolladas durante la ejecución y liquidación del contrato estatal, así como la legalidad de los actos administrativos proferidos en desarrollo de éste. Así, puede cualquiera de las partes solicitar: (i) que se declare la existencia o nulidad de un contrato estatal; (ii) que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales; (iii) que se ordene su revisión; (iv) que se declare su incumplimiento; (iv) que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios derivados del mismo; y (v) que se hagan otras declaraciones y condenas. De igual manera, el Ministerio Público o cualquier tercero que acredite un interés directo podrá pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. A este efecto, aunque la parte actora acudió al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la Sala estima pertinente proceder a su adecuación, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del CPACA, según el cual es deber del juez estudiar las pretensiones de la demanda aun cuando el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada, y en este último caso habrá de surtirse el trámite correspondiente. En tal sentido, se estima que en el asunto sub judice el medio de control apropiado resulta ser el de controversias contractuales, y al amparo del mismo se examinarán las pretensiones de la demanda, dado que en el libelo se pretende la nulidad de la Resolución n.º 1146 del 27 de junio de 2013, por medio de la cual el municipio de San Martín declaró el incumplimiento del contrato de obra n.º 039 del 21 de noviembre de 2011, y se solicita el consecuente restablecimiento del derecho.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 171
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APLICACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PARTES DEL CONTRATO / PARTES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / SOCIEDAD / CAPACIDAD PARA SER PARTE
Problema jurídico:
¿La legitimación en la causa en el medio de control de controversias contractuales, se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con lo establecido en el artículo 141 del CPACA, según el cual la legitimación en las acciones contractuales se encuentra, en principio, en cabeza de las partes, la Sala concluye que la sociedad (...) y el municipio de San Martín están legitimados en la causa por activa y por pasiva, respectivamente, toda vez que son los extremos de la relación contractual que suscitó la expedición de la Resolución n.º 1146 del 27 de junio de 2013 (...).
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / RESOLUCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / NULIDAD DE ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contrato de obra?
Respuesta al problema jurídico: Si
Comoquiera que la parte demandante pretende la nulidad de la Resolución n.º 1146 del 27 de junio de 2013, por medio de la cual el municipio de San Martín declaró el incumplimiento del contrato de obra n.º 039 del 21 de noviembre de 2011, la Sala abordará el examen de caducidad teniendo en cuenta para ello el plazo previsto en el literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, aplicable al caso concreto en virtud de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, según el cual el medio de control de controversias contractuales caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento. De acuerdo con lo anterior, en el sub judice se advierte que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, esto es, dentro de los dos (2) años contados a partir de la ocurrencia de los motivos de derecho aducidos por la parte actora en su demanda, teniendo en cuenta: (i) que el 27 de junio de 2013 el municipio de San Martín dictó la Resolución n.º 1146 del 27 de junio de 2013, decisión que quedó notificada en estrados y frente a la cual, tal y como expresamente se indicó, tan solo procedía el recurso de reposición que debía presentarse y sustentarse en la audiencia (...); (ii) que mediante correo electrónico allegado el 2 de julio de 2013, la sociedad (...) tuvo conocimiento acerca de la Resolución n.º 1146 del 27 de junio de 2013 (...), de manera que el término para demandar transcurrió entre el 3 de julio de 2013 y el 3 de julio de 2015; (iii) que el 1° de noviembre de 2013 se radicó la solicitud de conciliación extrajudicial, trámite que fue declarado fallido el 27 de enero de 2014; y (iv) que el 3 de febrero de 2014 se radicó la demanda.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la aplicación de las normas procesales, consultar providencia de 24 de abril de 2017, Exp. 50602, C.P. Guillermo Sánchez Luque.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / NORMATIVA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / NORMATIVA DEL CONTRATO / LEY APLICABLE AL CONTRATO / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN
Problema jurídico:
¿El régimen aplicable al contrato de obra pública celebrado entre las partes, es el previsto en la Ley 80 de 1993?
Respuesta al problema jurídico: Si
[T]eniendo en cuenta que el contrato de obra n.º 039 del 21 de noviembre de 2011, en marco del cual se expidió el acto administrativo cuestionado, fue suscrito por el municipio de San Martín con el objeto de realizar la “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA SEGUNDA FASE DEL LOTEO DE LOS PREDIOS DONDE SE CONSTRUIRÁN LAS URBANIZACIONES VILLA LUCY Y VILLA MARCELA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, CESAR”, se colige que el régimen aplicable al negocio jurídico es el previsto en la Ley 80 de 1993, sin perjuicio de la remisión al derecho privado prevista en el artículo 13 ibídem, estatuto vigente al tiempo de su celebración, de modo que este será el marco normativo bajo el cual se abordará el análisis de las pretensiones de la demanda. Cabe añadir que el artículo 32-1 de la Ley 80 de 1993 define el contrato de obra como aquel que “celebran las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago”. De igual manera, en cuanto a su contenido, es de resaltar que el estatuto general de contratación de la administración pública establece que las estipulaciones contractuales han de ajustarse a las disposiciones legales que correspondan a la naturaleza y la esencia del negocio jurídico de que se trate, pudiendo la partes acordar libremente, en el marco de su autonomía de la voluntad, las cláusulas que consideren convenientes o necesarias y que no contraríen el ordenamiento jurídico.
FUENTE FORMAL:
LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 38, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 NUMERAL 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40
PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL PARA ADOPTAR DECISIÓN CONTRACTUAL / CONTRATACIÓN ESTATAL / REGLAS DE CONTRATACIÓN ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / MULTA / MULTA EN EL CONTRATO ESTATAL / COMPETENCIA PARA IMPONER MULTAS UNILATERALMENTE / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / CLÁUSULA PENAL CON FUNCIÓN DE APREMIO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / DEBIDO PROCESO / ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL / NORMAS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL
Problema jurídico:
¿Las entidades públicas se encuentran facultadas para declarar el incumplimiento del contrato estatal, con el fin de imponer multas y hacer efectiva la cláusula penal, procedimiento en marco del cual se debe respetar el debido proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con la Ley 1150 de 2007, las entidades públicas se encuentran facultadas para declarar el incumplimiento del contrato estatal, con el fin de imponer multas y hacer efectiva la cláusula penal, procedimiento en marco del cual, según lo previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el artículo 29 de la Constitución Política, se debe respetar el derecho debido proceso. A partir de lo indicado por esta Corporación, la cláusula penal de apremio o multa constituye una sanción pecuniaria de la cual puede hacer uso la Administración para constreñir al contratista al cumplimiento de sus obligaciones, una vez se verifique el acaecimiento de incumplimientos parciales en vigencia del plazo contractual, en tanto que la cláusula penal compensatoria o resarcitoria se entiende como aquella tasación anticipada de los perjuicios que se pueden derivar de la inejecución de una obligación, de su ejecución defectuosa o del retardo en su cumplimiento, de tal suerte que se libera a la parte afectada de la carga de acreditar su ocurrencia y cuantía. Atendiendo la anterior diferenciación, la declaratoria de incumplimiento encaminada a hacer efectiva la cláusula penal como mecanismo resarcitorio o indemnizatorio podrá realizarse luego de expirado el plazo contractual, a diferencia de la imposición de multas, la cual solamente tiene cabida mientras se encuentre vigente el plazo de ejecución contractual, pues, se itera, su finalidad no es indemnizatoria sino conminatoria, en tanto procura inducir o apremiar al contratista al cumplimiento de las obligaciones contraídas. Cabe señalar que según lo indicado por esta Subsección, las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, antes de que entrara a regir la Ley 1150 de 2007, puntualmente en vigencia de la Ley 80 de 1993, se encontraban habilitadas para pactar e imponer cláusulas penales y multas contractuales, bajo el entendido de que su imposición, atendiendo a su naturaleza convencional y al amparo de la remisión al derecho privado prevista en el artículo 13 ibídem, no comportaba la expedición de un acto administrativo, sino que, por el contrario, constituía un acto contractual propio del derecho privado.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la facultad para declarar el incumplimiento contractual, imponer multas y hacer efectiva la cláusula penal, consultar providencias de 10 de septiembre de 2014, Exp. 28875, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 24 de abril de 2020, Exp. 64154, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 1 de junio de 2020, Exp. 48945, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; de 5 de agosto de 2020, Exp. 45183, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; de 8 de octubre de 2022, Exp. 53195, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 17, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 38, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 NUMERAL 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40
APELACIÓN DE LA SENTENCIA / APELANTE ÚNICO / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEJUS / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEJUS / PROCEDENCIA DEL PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEJUS / FINALIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN / PRINCIPIO DISPOSITIVO / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / CONGRUENCIA DEL JUEZ / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Cuando el superior resuelve la apelación presentada por una sola de las partes del litigio, le está permitido pronunciarse de forma exclusiva sobre los argumentos expuestos en el recurso y se excluye de dicho estudio lo que no se proponga en la alzada, salvo aquellas excepciones que por vía jurisprudencial se han establecido?
Respuesta al problema jurídico: Si
[C]omoquiera que solo la parte demandante presentó recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 320 y 328 del C.G.P., se resolverá el asunto sub lite únicamente en relación con los reparos expuestos por la recurrente. Sobre la competencia del ad quem con ocasión del recurso de apelación, cabe resaltar que la Sala Plena de esta Sección, mediante sentencia del 9 de febrero de 2012, unificó su jurisprudencia refiriendo que el mencionado recurso se encuentra sujeto o limitado a los argumentos planteados por el recurrente y que, por tal motivo, toda inconformidad con lo resuelto por el a quo que no se alegue en la alzada, está llamada a excluirse del debate de segunda instancia en virtud del principio dispositivo y de congruencia. (...) En esa misma sentencia de unificación, la Sala Plena reiteró que mediante el recurso de apelación se garantiza el derecho de impugnación contra una decisión judicial, y por ende es obligación del recurrente controvertir los argumentos del juez de primera instancia con sus propias consideraciones, en aras de solicitarle al superior que decida sobre el asunto que presenta ante la segunda instancia. Así las cosas, en el presente caso la Sala entrará a pronunciarse respecto de los cargos y reparos que fueron objeto de apelación, entre ellos, los aspectos reclamados en la demanda, que según la actora no fueron objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal en la sentencia de primera instancia - principio de congruencia-, tales como la incompetencia temporal de la entidad para declarar el incumplimiento del contrato y la violación del derecho al debido proceso por proferir la decisión sin la presencia del contratista y su apoderada, pues así se reclamó en la apelación.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la vigencia del Código General del Proceso en la jurisdicción contencioso administrativa, consultar providencia de 25 de junio de 2014, Exp. 49299, C.P. Enrique Gil Botero. Sobre el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia, consultar providencia de 9 de febrero de 2012, Exp. 21060, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 281, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 320, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / RESOLUCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / NULIDAD DE ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA / CONCEPTO DE COMPETENCIA / COMPETENCIA ADMINISTRATIVA / COMPETENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / VALIDEZ DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / COMPETENCIA DEL ALCALDE / COMPETENCIA DEL ALCALDE MUNICIPAL / COMPETENCIA DEL MUNICIPIO / DELEGACIÓN DE LA COMPETENCIA / DELEGACIÓN DE FUNCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL / DELEGACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL ALCALDE / NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿La Resolución n.º 1146 del 27 de junio de 2013 proferida por el municipio de San Martín (Cesar) para declarar el incumplimiento del contrato de obra pública, adolece de nulidad por falta de competencia del Secretario de
Planeación e Infraestructura del Municipio para iniciar la
actuación administrativa en contra de la sociedad demandante?
Respuesta al problema jurídico: No
La sociedad (...) considera que el Secretario de Planeación e Infraestructura del Municipio no era competente para iniciar la actuación administrativa en su contra, porque no estaba delegado para tal efecto. Según lo manifestado por esta Subsección, la competencia, como expresión del principio de legalidad, es la facultad que, en virtud de la Constitución, la Ley o el Reglamento, tiene un órgano o entidad pública para ejercer determinada función en una materia y dentro de cierto tiempo y ámbito territorial. Bajo este entendido, los actos administrativos se ajustarán al ordenamiento cuando hayan sido proferidos por una autoridad en el marco de las facultades otorgadas en la Constitución, la Ley o el Reglamento. Por el contrario, aquellos estarán viciados de nulidad cuando la autoridad los hubiese dictado, “por fuera de la esfera de atribuciones que el ordenamiento jurídico le ha otorgado”. De otra parte, cabe señalar que de conformidad con el artículo 314 de la Constitución Política, en cada municipio habrá un alcalde, que será el jefe de la administración local y representante legal del municipio. Por su parte, el artículo 11.3-b de la Ley 80 de 1993 establece que los alcaldes de los municipios tienen la competencia para celebrar contratos. A su turno, el artículo 12 ibídem prevé que los jefes y representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos. (...) Bajo el (...) contexto probatorio, contrario a lo afirmado por la recurrente, en el presente caso la Sala advierte que el Secretario de Planeación e Infraestructura del municipio de San Martin se encontraba debidamente facultado para iniciar la actuación administrativa adelantada en contra de la sociedad contratista, la cual a la postre culminó con la decisión sancionatoria que aquí se cuestiona. En efecto, tal y como quedó acreditado, se aprecia que el Alcalde del municipio de San Martín, quien tiene a cargo la representación legal del ente territorial y está facultado en virtud de la ley para suscribir contratos y para delegar dicha atribución, por medio del Decreto n.º 032 del 13 de febrero de 2013 delegó en el Secretario de Planeación e Infraestructura “el ejercicio de iniciar los trámites de citación e instalación de la audiencia pública de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 -Estatuto Anticorrupción-, dentro de aquellos procesos de Obra pública en los cuales sea parte contratante el municipio de San Martín” (...). A partir de lo anterior, resulta claro que, para el 15 de abril de 2013, fecha en la que el Secretario de Planeación e Infraestructura convocó a la sociedad (...) a la audiencia de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 -que culminó con la expedición de la Resolución n.º 1146 del 27 de junio de 2013-, el servidor público referido se encontraba facultado para tal efecto, es decir, para adelantar los trámites tendientes a citar al contratista a la actuación administrativa por el presunto incumplimiento del contrato, pues el Alcalde del Municipio, mediante Decreto n.º 032 del 13 de febrero de 2013, le había delegado esta función (...). En este orden, la Sala colige que el Secretario de Planeación e Infraestructura del municipio de San Martín, contrario a lo indicado por la recurrente, sí era competente para citar al contratista a la audiencia de incumplimiento, pues el Alcalde, mediante acto administrativo -Reglamento-, previamente le había delegado dicha atribución. Por tanto, el cargo invocado será despacho de forma negativa.
NOTA DE RELATORÍA:
En relación con con la competencia administrativa, consultar providencias de 22 de julio de 2021, Exp. 4789-18, C.P. William Hernández Gómez; de 23 de septiembre de 2021, Exp. 34773, C.P. Guillermo Sánchez Luque.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 314, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 11 NUMERAL 3 LITERAL B, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 12
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / RESOLUCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / NULIDAD DE ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA / COMPETENCIA ADMINISTRATIVA / COMPETENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA EN RAZÓN DEL TIEMPO / COMPETENCIA TEMPORAL / FALTA DE COMPETENCIA TEMPORAL / NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / TÉRMINO DEL CONTRATO / PLIEGO DE CONDICIONES / CONCEPTO DE PLIEGO DE CONDICIONES / NATURALEZA JURÍDICA DEL PLIEGO DE CONDICIONES / CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES / REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES / CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿La Resolución n.º 1146 del 27 de junio de 2013 proferida por el municipio de San Martín (Cesar) para declarar el incumplimiento del contrato de obra pública, adolece de nulidad por falta de competencia temporal, al haberse expedido cuando el plazo de ejecución del contrato había expirado?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a recurrente aduce que, para el momento en el que se declaró el incumplimiento del contrato, su plazo de ejecución había expirado, de tal suerte que la entidad pública había perdido competencia para adoptar la decisión. (...) [L]a declaratoria de incumplimiento encaminada a hacer efectiva la cláusula penal como mecanismo resarcitorio o indemnizatorio podrá realizarse luego de expirado el plazo contractual, a diferencia de la imposición de multas, que procede mientras se encuentre vigente el plazo de ejecución contractual, pues su finalidad no es indemnizatoria sino conminatoria. (...) [R]esulta claro que las entidades públicas están facultadas para declarar el incumplimiento del contrato, una vez vencido su plazo de ejecución, siempre y cuando la medida se adopte para hacer efectiva la cláusula penal compensatoria o resarcitoria, mas no para imponer multas. (...) Bajo el anterior contexto, en los términos señalados en el recurso de apelación, la Sala no encuentra demostrado que el municipio de San Martín no estuviese facultado temporalmente para declarar el incumplimiento del contrato y que, por tanto, el acto administrativo cuestionado adolezca de falta de competencia temporal, como pasa a exponerse. En efecto, al tenor de las reglas contenidas en el pliego de condiciones, que hacen parte integral del contrato, puntualmente la prevista en el numeral 4.17, atinente a la cláusula penal, se aprecia que la entidad pública demandada dispuso que, en caso de incumplimiento definitivo del contratista este debería pagarle al Municipio, a título de pena, una suma correspondiente al 10% del valor total del contrato, la cual se haría efectiva a través del cobro de la garantía única de cumplimiento o de los saldos adeudados al contratista. (...) En concordancia con lo anterior, al examinar la Resolución n.º 1146 del 27 de junio de 2013, se observa que el municipio de San Martín, además de disponer el incumplimiento del contrato de obra n.º 039 del 21 de noviembre de 2011, declaró el siniestro e hizo efectiva la garantía única de cumplimiento, entre otros (...). En este punto, conviene recordar que el pliego de condiciones ostenta una doble naturaleza jurídica: por un lado, antes de la adjudicación del contrato se considera como un acto administrativo de carácter general que rige el desarrollo del proceso de selección y, por otro, una vez celebrado el contrato, integra la relación contractual, convirtiéndose en el marco jurídico o conjunto de reglas que determina el contenido y alcance del negocio jurídico. Dicho documento regula el contrato estatal en su integridad y se convierte en un marco jurídico de obligatorio cumplimiento para la Administración y el contratista a lo largo de iter contractual, de ahí que sus reglas forman parte esencial del contrato y en presente caso así lo estipularon las partes en la cláusula decima octava del mismo. De este modo, aun cuando el plazo de ejecución del contrato de obra n.º 039 del 21 de noviembre de 2011 había expirado el 28 de febrero de 2013, en el presente caso se estima que dicha circunstancia no afecta la validez de la Resolución n.º 1146 del 27 de junio de 2013 ni invalida las actuaciones desplegadas por el Municipio, comoquiera que a través del acto administrativo se buscó sancionar el incumplimiento definitivo de la sociedad contratista a través de la imposición de la cláusula penal dispuesta en el pliego de condiciones, de tal suerte que la entidad pública era competente para aplicar en ese momento la sanción. En este orden, resulta forzoso concluir que no está probado el vicio alegado por la recurrente, pues la entidad pública demandada, a pesar de haber fenecido el plazo de ejecución del contrato, estaba facultada para declarar su incumplimiento con el fin de hacer efectiva la cláusula penal, como en efecto ocurrió, razón por la cual el cargo no está llamado a prosperar.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la facultad para declarar el incumplimiento contractual, imponer multas y hacer efectiva la cláusula penal, consultar providencias de 13 de marzo de 2013, Exp. 20628, C.P. Hernán Andrade Rincón; de 24 de abril de 2020, Exp. 64154, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 8 de octubre de 2022, Exp. 53195, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
DEBIDO PROCESO / ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / DEBIDO PROCESO EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL / ALCANCE DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / PROTECCIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / APLICACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARATORIA UNILATERAL DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿En el marco de las actuaciones administrativas contractuales tendientes a la declaratoria de incumplimiento, es menester que la Administración observe el procedimiento establecido en la Ley y que garantice el derecho al debido proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 29 de la Constitución Política describe el debido proceso como un derecho fundamental, que se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, incluidas, por su puesto, aquellas relativas a la actividad contractual del Estado. Esta prerrogativa constitucional comporta una serie de garantías mínimas a favor de quien acude ante los jueces o la administración pública, entre otras: (i) ser juzgado de acuerdo con la ley preexistente a la conducta que se le imputa; (ii) ser condenado por hechos que estén consagrados como delito o infracción al momento de su comisión y ser castigado conforme a las sanciones consagradas en la ley; (iii) ser juzgado con arreglo al procedimiento y formas propias de cada juicio y ante la autoridad judicial o administrativa competente; (iv) que se presuma su inocencia; (v) no ser juzgado dos veces por el mismo hecho; (vi) aplicar la norma más favorable; (vii) obtener la resolución de las cuestiones sin dilaciones injustificadas; (vii) ser oído antes de que se tome la decisión; (iv) participar efectivamente en el proceso desde su inicio y hasta su terminación; (x) ofrecer y producir pruebas; (xi) obtener decisiones fundadas o motivadas; (xii) recibir notificaciones oportunas y conforme a la ley; (xiii) tener acceso a la información y documentación sobre la actuación; (xiv) controvertir los elementos probatorios antes de la decisión; (xv) obtener asesoría legal; y (xvi) tener la posibilidad de intentar mecanismos contra las decisiones administrativas -interponer recursos. Ahora bien, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 establece que el debido proceso será un principio rector de la contratación estatal y fija unas garantías que deben respetarse en todas las actuaciones contractuales. Según la norma, en este tipo de actuaciones la decisión de la Administración debe estar precedida de la audiencia del afectado “que deberá tener un procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso”. (...) Por su parte, en lo que concierte a la imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, vigente para el momento en que el Municipio adelantó la actuación administrativa que culminó con expedición del acto administrativo demandado, establece que las entidades públicas sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración “podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal”, con observancia del (...) procedimiento (...). A su turno, el artículo 8.1.10. del Decreto 734 de 2012, igualmente vigente para el momento en que el Municipio adelantó la actuación administrativa que culminó con expedición del acto administrativo demandado, reitera que para la imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento, se debe, por un lado, respetar el derecho al debido proceso establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y, por el otro, observar el procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 (...). A partir del claro tenor de las normas referidas, en el marco de las actuaciones administrativas contractuales tendientes a la declaratoria de incumplimiento, es menester que la Administración observe el procedimiento establecido en la Ley y que garantice el derecho al debido proceso, permitiéndole al contratista: (i) conocer los hechos que motivaron la actuación, así como las normas y cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista; (ii) presentar descargos; (iii) aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad; e (iv) interponer los recursos procedentes.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el derecho al debido proceso, consultar providencias de 17 de marzo de 2010, Exp. 18394, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 23 de junio de 2010, Exp. 16367, C.P. Enrique Gil Botero.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29, DECRETO 734 DE 2012 - ARTÍCULO 8.1.10, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 17, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / RESOLUCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / NULIDAD DE ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DEBIDO PROCESO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL / ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / APLICACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / AUDIENCIA / INASISTENCIA A AUDIENCIA / CONTRATISTA / DERECHOS DEL CONTRATISTA / SOCIEDAD / REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD / REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD / APODERADO / INCAPACIDAD / INCAPACIDAD MÉDICA / RENUNCIA DEL PODER DEL ABOGADO / PODER DEL ABOGADO / RESPONSABILIDAD DEL APODERADO / OBLIGACIONES DEL APODERADO / DEBERES DEL APODERADO / RECURSO DE REPOSICIÓN EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO / INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN / PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿La Resolución n.º 1146 del 27 de junio de 2013 proferida por el municipio de San Martín (Cesar) para declarar el incumplimiento del contrato de obra pública, adolece de nulidad por haber vulnerado el debido proceso del contratista, al proferir la decisión cuestionada en el marco de una audiencia a la que no pudo asistir el representante legal de la sociedad por estar incapacitado, ni su apoderada por haber renunciado al poder?
Respuesta al problema jurídico: No
La sociedad recurrente considera que se vulneró su derecho al debido proceso, porque la Administración profirió la decisión cuestionada en el marco de una audiencia, a la que no pudo asistir el contratista. A este efecto, agregó que el Representante Legal de la sociedad no compareció a la diligencia dado que se encontraba incapacitado, sumado al hecho de que su apoderada, previo a la celebración de la misma, renunció al poder otorgado, no obstante lo cual el ente territorial prosiguió con la actuación y expidió el acto administrativo cuya nulidad se demanda. (...) Bajo el (...) contexto probatorio, en el presente caso la Sala no advierte que se hubiese vulnerado el derecho al debido proceso de la parte demandante, como pasa a explicarse. De conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, se aprecia que (...) aun cuando el 27 de junio de 2013 el ente territorial avanzó en la audiencia que dio lugar a la expedición de la Resolución n.º 1146 de la misma fecha sin la comparecencia del Representante Legal de la sociedad contratista y de su apoderada, a juicio de la Sala dicha circunstancia no da cuenta de la afectación del derecho al debido proceso de la parte actora, toda vez que si la sociedad contratista no asistió a la audiencia y, por tanto, no interpuso recurso de reposición contra el acto administrativo referido fue debido a su actuar y el de su apoderada, pero no porque el Municipio le hubiese limitado dicha posibilidad. Al respecto, la Sala encuentra que, si bien el Representa Legal de la sociedad contratista presentó una incapacidad médica por 5 días, contados a partir del 25 de junio de 2013, documento que daba cuenta acerca de su imposibilidad de asistir a la audiencia programada por el Municipio para el 27 de junio de 2013, también es cierto que, ante dicha coyuntura, la sociedad pudo verse representada en la diligencia a través de la representante legal suplente, (...) designada por la sociedad demandante desde 1987, pues en efecto, según se desprende del certificado de existencia y representación obrante en el expediente (...), justamente tenía como función la de remplazar al principal en sus faltas absolutas, temporales o accidentales, como acontece en un evento de incapacidad o de calamidad. De otro lado, frente a la renuncia al poder formulada por la apoderada de la sociedad contratista el 26 de junio de 2013, es menester precisar que, de conformidad con lo previsto en el artículo 76 del CGP -aplicable a las actuaciones administrativas contractuales-, la sola presentación de la renuncia no pone fin al poder sino cinco (5) días después de presentado el memorial. De ahí que la profesional del derecho debió asistir a la audiencia celebrada el 27 de junio de 2013 o adelantar las gestiones pertinentes para que su poderdante estuviese representando en la diligencia, dado que para el momento en el que se llevó a cabo la misma no se había aceptado la renuncia y tampoco había trascurrido el tiempo señalado en el artículo ibídem para darlo por terminado, todo lo cual permite concluir que para esa fecha la abogada continuaba representando jurídicamente a la sociedad (...) dentro de la actuación administrativa contractual cuyo estudio nos ocupa. En suma, la Sala estima que si la sociedad demandante no compareció a la audiencia llevada a cabo el 27 de junio de 2013 y si, por tanto, no presentó recurso de reposición contra la Resolución n.º 1146 del 27 de junio de 2013 que fue proferida en el curso de la misma, ello en modo alguno ocurrió porque la entidad pública demandada se lo hubiese impedido; dicha circunstancia obedeció al actuar de la sociedad contratista y de su apoderada. De hecho, el contratista bien pudo comparecer a la diligencia por conducto de la suplente y, en lo que respecta a su apoderada, hasta tanto no se terminara el poder le correspondía adelantar todas las gestiones necesarias para defender los intereses de su poderdante en el marco de la actuación administrativa contractual, particularmente en la diligencia desarrollada el 27 de junio de 2013, lo que no ocurrió, máxime si se tiene en cuenta que la decisión sancionatoria, en los términos establecidos en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, debía dictarse y notificarse en audiencia, como en efecto ocurrió (...). A partir de lo anterior, en el presente caso se concluye que el Municipio no privó a la sociedad (...) de la oportunidad de interponer el recurso de reposición contra la Resolución n.º 1146 del 27 de junio de 2013, es decir, no quebrantó su derecho al debido proceso, previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, el cual, al tenor de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, debe respetarse en todas las actuaciones administrativas contractuales, razón por la cual el cargo no prospera.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 17, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 76
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / RESOLUCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / NULIDAD DE ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DEBIDO PROCESO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / ALCANCE DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / APLICACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL / INDEBIDA NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NOTIFICACIÓN POR ESTRADO / INEXISTENCIA DE IRREGULARIDAD EN LA NOTIFICACIÓN / EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN IRREGULAR DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EFICACIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿La Resolución n.º 1146 del 27 de junio de 2013 proferida por el municipio de San Martín (Cesar) para declarar el incumplimiento del contrato de obra pública, adolece de nulidad por haber vulnerado el debido proceso del contratista, al haberse notificado la mentada decisión de forma indebida?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a recurrente alega que el acto administrativo fue notificado de forma indebida, de tal suerte que adolece de nulidad. (...) [E]l literal c del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, que regula el procedimiento para la imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento, establece que la administración deberá adoptar su decisión en audiencia y que la misma quedará notificada en estrados. Además, prevé que frente a ella únicamente procederá el recurso de reposición, que deberá interponerse, sustentarse y decidirse en la misma audiencia. (...) Bajo el (...) contexto probatorio, no se observa que en el presente caso la Resolución n.º 1146 del 27 de junio de 2013 se hubiese notificado de forma indebida. De hecho, según se aprecia, tal y como lo dispone el artículo 86 Ley 1484 de 2011, el municipio (...), tras proferir su decisión en audiencia, la notificó en estrados (...) como en efecto le correspondía, sin que la misma hubiese sido objeto de recurso alguno, pues la sociedad contratista y su apoderada no comparecieron a la diligencia. Para la Sala no resulta de recibo lo argumentado por la recurrente, quien, alegando su propia culpa y pretendiendo sacar provecho de esta, afirma que el acto administrativo cuestionado se notificó de forma indebida; si en el curso de la diligencia la sociedad contratista y su apoderada no se enteraron de la decisión cuestionada fue porque no asistieron a la audiencia, sin que ello signifique que el acto administrativo no se haya notificado adecuadamente. Con todo, y en gracia de discusión, cabe resaltar que la entidad pública demandada, mediante correo electrónico del 2 de julio de 2013, remitió a la sociedad contratista la Resolución n.º 1146 del 27 de junio de 2013, (...), circunstancia que fue confirmada por la parte actora en el líbelo introductorio, en el que expresamente se indicó que la decisión “fue notificada al contratista vía correo electrónico el pasado 2 de julio de 2013”, de donde puede sustraerse que la actora conoció del acto administrativo proferido en su contra, aspecto que, de igual modo, desvirtúa su alegación. Finalmente, es menester precisar que la circunstancia alegada por la actora, esto es, la indebida notificación de la Resolución n.º 1146 del 27 de junio de 2013, no constituye una circunstancia que invalide el acto administrativo; la indebida notificación del acto administrativo afecta su eficacia, pero en manera alguna su validez. En suma, comoquiera que en el presente caso no quedó acreditado que se hayan presentado omisiones o irregularidades en la notificación de la Resolución n.º 1146 del 27 de junio de 2013, las cuales, de haberse presentado, no hubiesen generado la invalidez del acto administrativo, la Sala estima que el cargo alegado no tiene la vocación de prosperar.
FUENTE FORMAL:
LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86 LITERAL C
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / RESOLUCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / NULIDAD DE ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / APLICACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / AUDIENCIA / CITACIÓN A AUDIENCIA / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿La Resolución n.º 1146 del 27 de junio de 2013 proferida por el municipio de San Martín (Cesar) para declarar el incumplimiento del contrato de obra pública, adolece de nulidad por haber vulnerado el debido proceso del contratista, al no indicarle en la citación a la audiencia las consecuencias que podrían derivarse de la actuación adelantada en su contra?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a recurrente aduce que en la citación a la audiencia no se le indicó al contratista las consecuencias que podrían derivarse de la actuación adelantada en su contra, aspecto que, a su juicio, afecta la validez del acto administrativo acusado. De conformidad con lo establecido en el literal a del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, la citación a la audiencia de incumplimiento deberá enunciar, entre otros, “las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación”. En el presente caso se encuentra acreditado que el 15 de abril de 2013, el Secretario de Planeación e Infraestructura del Municipio citó al contratista a audiencia de incumplimiento, citación que fue reiterada el 24 de abril y el 7 y 14 de mayo de 2013 (...). Ahora bien, tras examinar el contenido de las citaciones realizadas por el Municipio al contratista, se aprecia que en aquellas se anunciaron los hechos relacionados con el objeto del contrato y su plazo de ejecución, se hizo referencia al informe de interventoría, a partir de lo cual se indicó que la sociedad contratista no entregó las obras contratadas, incumpliendo de esta manera con las obligaciones establecidas en la cláusula octava del contrato, puntualmente aquellas referentes a la ejecución del contrato, los elementos, equipos, materiales y personal, y las de seguridad social y parafiscales. Acto seguido, se indicó que en la audiencia se analizaría lo atinente a la imposición de las multas establecidas en la cláusula quinta del contrato, además de las sanciones contempladas en el ordenamiento jurídico para tal efecto. En este orden, ajuicio de Sala la citación realizada por el municipio (...) a la sociedad (...) a la audiencia de incumplimiento, cumplió con los requisitos establecidos en la Ley, pues en que aquella se mencionaron los hechos relevantes, se trajo al caso el informe de interventoría, se enunció la cláusula posiblemente violada y también -aunque de forma escueta- se señalaron las consecuencias derivadas de encontrar demostrado el presunto incumplimiento. De hecho, frente a este último aspecto, la entidad pública le indicó al contratista que en el marco de la audiencia y de conformidad con lo estipulado en el contrato, se examinarían las multas a imponer y se analizarían las demás sanciones establecidas en el ordenamiento jurídico, de lo cual se desprende que el contratista sí tenía conocimiento de los resultados que podrían derivarse de la actuación administrativa adelantada en su contra. Con todo, en el hipotético evento en el que se concluyera que el Municipio no dio a conocer al contratista las consecuencias que podrían derivarse en desarrollo de la actuación, cabe señalar que, según la jurisprudencia de esta Sección, para que dicha circunstancia afecta la validez del acto administrativo no basta con que la parte demandante acredite la comprobación del vicio, sino que debe demostrar la consecuencia que este acarreó sobre la decisión que demanda, es decir, probar la afectación material de sus derechos, circunstancia que en el presente caso tampoco se encuentra acreditada. (...) En suma, como la parte demandante no probó que la entidad pública demandada hubiese omitido indicarle en la citación a la audiencia las consecuencias que podrían derivarse de la actuación adelantada en su contra, la Sala estima que el presente cargo no está llamado a prosperar.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la nulidad del acto administrativo cuando se alegan aspectos formales que vulneran el debido proceso en el procedimiento, consultar providencia 23 de noviembre de 2017, Exp. 53861, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / RESOLUCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CONTRATANTE / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE / OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE / AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR VENCIMIENTO DEL PLAZO / PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / TÉRMINO DEL CONTRATO / SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO ADICIONAL ESTATAL / ACUERDO DE VOLUNTADES / VOLUNTAD PRIVADA / INVASIÓN DE TIERRAS / PERMISO AMBIENTAL / CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CESAR / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿Los obstáculos presentados en desarrollo del contrato estatal, tales como la invasión a los predios y la ausencia de requerimientos exigidos por Corpocesar, afectaron los plazos estipulados por las partes para ejecutar el contrato de obra pública?
Respuesta al problema jurídico: No
La parte recurrente afirma que se presentaron “obstáculos” en desarrollo del contrato, atribuibles a la entidad demandada, que afectaron “los plazos estipulados inicialmente”, tales como: (i) la invasión a los predios y (ii) la ausencia de requerimientos exigidos por Corpocesar -lo que llevó a modificar el objeto del contrato para que el contratista rediseñara la obra-. (...) Bajo el anterior contexto probatorio, en los términos señalados en el recurso de apelación, la Sala no encuentra demostrado que el plazo de ejecución del contrato se hubiese afectado por cuenta de la invasión a los predios y por la ausencia de requerimientos exigidos por Corpocesar (...). En este orden, aunque las pruebas referidas demuestran que en desarrollo del contrato de obra n.º 039 del 21 de noviembre de 2011 se presentó una invasión al lugar en el que se adelantaban las obras y que, en efecto, el Municipio al elaborar los diseños no tuvo en cuenta unas exigencias de Corpocesar, lo que llevó a que se tuviera que recalcular y ajustar el proyecto, a juicio de la Sala dichas circunstancias -por sí solas- no dan cuenta que el plazo de ejecución del contrato se hubiese visto afectado, como lo afirma la actora. En efecto, según se aprecia el contrato se suspendió en dos ocasiones para solucionar los obstáculos referidos, tiempo durante el cual, desde luego, no transcurrió el plazo de ejecución, así: desde 19 de enero de 2012 hasta el 29 de marzo de 2012, con el fin de adelantar las labores tendientes a recalcular y ajustar el proyecto (...) y entre el 9 de abril y el 9 de julio de 2012, para solucionar lo atinente a la invasión del área (...), de tal suerte que durante estas suspensiones al contratista se le garantizó y respetó el tiempo que originalmente le fue otorgado para ejecutar las labores a su cargo. Sumado a lo anterior, se observa que, con posterioridad a las suspensiones, el contratista solicitó prorrogar el plazo de ejecución del contrato por 60 días, con fundamento, precisamente, en las dificultades que a su modo de ver se presentaron por la invasión a los predios y la ausencia de los requerimientos de Corpocesar (...), solicitud a la que accedió la Administración, pues en efecto el 28 de agosto de 2012 las partes suscribieron el contrato adicional n.º 1 en el que acordaron modificar el plazo de ejecución originalmente previsto, que pasó de 3 a 5 meses (...). Así, de conformidad con el artículo 1618 del Código Civil, para la Sala no existe duda de que la intención de las partes, que se vio reflejada al suscribir el contrato adicional n.º 1 del 28 de agosto de 2012, tuvo como único propósito prorrogar el plazo de ejecución del contrato por cuenta de la invasión a los predios y de la ausencia de los requerimientos solicitados por Corpocesar, de tal suerte que cualquier afectación en el plazo de ejecución del contrato, ocasionado por estos “obstáculos”, fue superado por las partes al convenir libre y voluntariamente un tiempo adicional para que el contratista ejecutara todas las labores contratadas (...). Así las cosas, a juicio de Sala, si la parte recurrente contó con un plazo adicional para ejecutar la obra, porque se presentó una invasión a los predios y porque el Municipio no tuvo en cuenta unas exigencias de Corpocesar al elaborar los diseños, no resulta comprensible que, habiendo convenido con la Administración un mayor plazo para culminar las labores a su cargo por cuenta de estas circunstancias, ahora acuda a esta sede judicial a cuestionar la legalidad del acto acusado, cuando el propio contratista, que es un experto en la materia, solicitó y fijó un plazo adicional de 60 días para culminar la obra. Sumado a lo anterior, cabe señalar que en el presente caso no se encuentra acreditado que, en los términos referidos por la parte recurrente, el objeto del contrato se hubiese modificado y mucho mensos que se le haya impuesto al contratista la obligación de rediseñar la obra. Por el contrario, las pruebas que reposan en el expediente dan cuenta que el contratista, desde un principio, se obligó a calibrar -actualizar- los diseños. (...) En este orden de ideas, la Sala negará el cargo invocado por la recurrente, porque no se probó que la invasión a los predios y que la ausencia de las exigencias advertidas por Corpocesar hubiesen afectado el plazo de ejecución del contrato y tampoco que el objeto del contrato se haya modificado. Por lo anteriormente expuesto, la Sala confirmará la sentencia del 8 de octubre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que declaró probada la excepción de legalidad del acto acusado, negó las pretensiones de la demanda, ordenó oficiar a la Superintendencia de Sociedades acerca de la intervención de la sociedad (...) en el proceso y condenó en costas a la parte actora, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia, esto es, al constatar que la Resolución n.º 1146 del 27 de junio de 2013 no adolece de los vicios alegados.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1618
COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / NEGACIÓN DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / AGENCIAS EN DERECHO / EXONERACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / ACTUACIÓN DE LAS PARTES DEL PROCESO / ACTUACIÓN EN EL PROCESO
Problema jurídico:
¿Debe condenarse en costas a la parte vencida en el proceso, pero no en agencias en derecho, dado que su contraparte no intervino en segunda instancia?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]e condenará en costas en segunda instancia a la parte demandante, pues interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia y aquel no prosperó, y su liquidación la hará de manera concentrada el a quo, en los términos en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso. Para tal efecto, el Tribunal a quo deberá tener en cuenta que en esta instancia no se fijarán agencias en derecho, dado que la parte demandada no intervino en segunda instancia, de tal manera que aquellas no se entienden causadas.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la procedencia de la condena en agencias en derecho, consultar providencia de 5 de marzo de 2021, Exp. 51034, C.P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366