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PROTECCIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO

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Consejo de Estado Providencia

El amparo de pobreza puede solicitarse con la demanda o en cualquier momento del proceso y el solicitante deberá afirmar bajo juramento que se encuentra en condiciones que no le permiten atender los gastos del proceso.

Auto interlocutorio — Auto que decide sobre solicitud de amparo de pobreza 2025-07-28 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 08001233100020190000101 ACCION DE REPETICION
¿El amparo de pobreza puede solicitarse con la demanda o en cualquier momento del proceso y el solicitante deberá afirmar bajo juramento que se encuentra en condiciones que no le permiten atender los gastos del proceso? Sí
El solicitante puede presentar una solicitud de amparo de pobreza con la demanda o en cualquier momento del proceso, siempre y cuando afirme bajo juramento que no cuenta con los recursos necesarios para atender los gastos del proceso sin menoscabo de su subsistencia y la de quienes dependen de él por ley. Además, debe acreditar su situación socioeconómica para que proceda el amparo, según lo establecido en los artículos 160 y 161 del Código de Procedimiento Civil. La Sala reitera que la solicitud no puede centrarse en la falta de recursos para sufragar una eventual condena, sino en la incapacidad real para cubrir los gastos del proceso, y que la representación judicial durante todo el trámite implica que el derecho al debido proceso y a la defensa han sido debidamente ejercidos.síntesis automática
También resuelve: ¿El demandado centró su falta de recursos para sufragar una eventual condena en su contra, y no en la existencia real de falta de recursos para cubrir los gastos del proceso?
NO ACCEDE
Consejo de Estado Providencia

La liquidación unilateral por parte de Ecopetrol no constituye un acto administrativo.

Sentencia — Sentencia 2025-09-19 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 50001233300020170043801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los actos contractuales emitidos por una entidad sometida al derecho privado constituyen actos administrativos? No
El contratista no puede considerar los actos contractuales emitidos por una entidad sometida al derecho privado como actos administrativos, ya que estos se rigen por el derecho común y no por el derecho público, lo que implica que la liquidación unilateral por parte de Ecopetrol no reviste las características propias de un acto administrativo. Para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales en contratos que requieren liquidación, debe tenerse en cuenta el plazo dispuesto para liquidar el contrato, y si la caducidad no ha operado, el juez de segunda instancia debe devolver el expediente al tribunal de origen para continuar con el proceso. Además, si el recurso de apelación prospera, no procede la condena en costas.síntesis automática
También resuelve: ¿Para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales en eventos en que el contrato requiere liquidación… ¿El juez de segunda instancia debe devolver el expediente al Tribunal de origen ante la improcedencia de la sentencia anticipada por inoperancia de la caducidad del medio de control de controversias… ¿Es improcedente la condena en costas porque recurso de apelación prosperó?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

En los convenios interadministrativos resulta necesario contar los 2 meses

Sentencia — Sentencia 2022-11-23 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 52001233300020190023001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Para la contabilización del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales en eventos en que el contrato requiere liquidación, debe tenerse en cuenta el plazo dispuesto para liquidar bilateral o unilateralmente el contrato? Sí
Cuando el contrato requiere liquidación y no se liquida, la caducidad de la acción de controversias contractuales opera dos meses después del vencimiento del plazo para liquidarlo bilateralmente o, a falta de este, cuatro meses después de la terminación del contrato, según el literal j del numeral 2 del artículo 164 del CPACA. La regla se apoya en tres razones. Primera, la norma se aplica a todos los contratos de la jurisdicción, sin que importe su régimen jurídico. Segunda, en los convenios interadministrativos también deben contarse esos dos meses, pues la regla no distingue por la naturaleza del negocio. Tercera, en el caso, la solicitud de conciliación extrajudicial suspendió el término de caducidad, de modo que la demanda se presentó dentro del plazo. Por ello la Sala revoca la sentencia del tribunal que había declarado la caducidad. El documento reitera el criterio de la sentencia de 2022 que recoge en su nota de relatoría.síntesis automática
También resuelve: ¿El juez de segunda instancia debe devolver el expediente al Tribunal de origen ante la improcedencia de la sentencia anticipada por inoperancia de la caducidad del medio de control de controversias… ¿Cuál es el criterio de procedencia de la condena en costas en asuntos regidos por el CPACA?
SIN DECISION
Consejo de Estado Providencia

El pago de la obligación se realizó mucho después de los 18 meses de plazo que la entidad tenía para el efecto

Sentencia — Sentencia 2022-03-30 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 54001233100020120022701 ACCION DE REPETICION
¿Se configuró la caducidad del medio de control de repetición? Sí
El contratista no puede interponer una acción de repetición si la demanda se presenta después del término legal de caducidad, que comienza a correr dos años después del pago de la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses para efectuar el pago, según lo establecido en la Ley 678 de 2001 y el Código Contencioso Administrativo. La entidad estatal debe pagar la condena dentro del plazo legal para evitar la caducidad de la acción, y si el pago se realiza fuera de este plazo, el término de caducidad comienza a contar desde la fecha límite del plazo legal. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y confirma que la interposición extemporánea de la demanda impide un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, lo que limita las opciones del contratista para obtener una resolución favorable.síntesis automática
Consejo de Estado Providencia

La resolución antes de ser firmada por el demandado fue proyectada

Sentencia — Sentencia 2022-05-04 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 11001032600020140002700 LEY 1437 REPETICION
¿La resolución antes de ser firmada por el demandado fue proyectada, revisada y aprobada por otros funcionarios de la entidad demandante? Sí
El contratista debe considerar que la resolución antes de ser firmada por el funcionario responsable fue proyectada, revisada y aprobada por otros funcionarios de la entidad estatal, lo cual implica que la expedición del acto administrativo contó con la asesoría de quienes tenían los conocimientos jurídicos y la competencia funcional necesaria para llevar a cabo la actuación administrativa. En el caso concreto, se evidenció que la resolución anulada fue revisada y aprobada por la oficina de contratación y la secretaría general de la entidad demandante, lo que significa que el funcionario no actuó de manera descuidada ni negligente, sino que se valió de asesoría técnica y jurídica para tomar la decisión. Además, se demostró que la entidad actuó de acuerdo con la jurisprudencia vigente en el momento de la expedición del acto, lo que desestima la presunción de culpa grave y la aplicación del medio de control de repetición. Esto implica que la entidad estatal puede continuar con la expedición de actos administrativos basándose en la asesoría técnica y jurídica adecuada, siempre y cuando se cumplan con los trámites internos y se tenga en cuenta la jurisprudencia vigente.síntesis automática
También resuelve: ¿El demandado exdirector fue asesorado por quienes tenían los conocimientos jurídicos y la competencia funcional para llevar a cabo la actuación administrativa? ¿Se acogió la jurisprudencia del Consejo de Estado vigente para ese momento en relación con las declaratorias de insubsistencia de los nombramientos provistos en provisionalidad? ¿El criterio según el cual debían motivarse los actos administrativos que desvinculaban del servicio público a los funcionarios provisionales…
Consejo de Estado Providencia

No se acreditó el dolo en la actuación de la agente estatal demandada bajo la acción de repetición

Sentencia — Sentencia 2022-03-30 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 25000232600020070066101 ACCION DE REPETICION
¿Se acreditó el dolo en la actuación de la agente estatal demandada bajo la acción de repetición? No
El contratista no puede acreditar el dolo en la actuación de la agente estatal demandada bajo la acción de repetición, ya que no existen elementos probatorios que demuestren que la funcionaria actuó con intención de desviar el poder para fines distintos a los del buen servicio. El tribunal revoca parcialmente la sentencia de primera instancia en cuanto a la falta de legitimación en la causa por pasiva de una de las funcionarias demandadas, pero confirma que no se acreditó el dolo ni la desviación de poder, al no haberse presentado pruebas que indiquen que la conducta de las servidoras públicas fue desplegada con propósitos distintos a los del buen servicio. Este precedente reitera la necesidad de presentar pruebas idóneas y trasladadas al proceso para demostrar la conducta dolosa del agente estatal, y confirma que documentos públicos con presunción de autenticidad son suficientes para acreditar el pago de la condena en la acción de repetición.síntesis automática
Consejo de Estado Providencia

No procede la causal de recurso extraordinario de anulación por decisión extra petita en el laudo arbitral

Sentencia — Sentencia 2024-04-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 11001032600020230011000 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Procede la causal de recurso extraordinario de anulación por decisión extra petita en el laudo arbitral que acogió la pretensión subsidiaria de la pretensión principal y reconoció el pago de mayores áreas diseñadas? No
Un laudo arbitral no incurre en decisión extra petita cuando acoge una pretensión subsidiaria formulada dentro de la demanda reformada, pues el tribunal resuelve sobre lo pedido y no excede el marco de las pretensiones planteadas por las partes. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la decisión se funda en un análisis de las obligaciones asumidas por las partes, de su modificación durante la ejecución contractual y de las pruebas que el tribunal encontró acreditadas, de modo que no se aparta de la controversia sometida a su conocimiento. Segundo, el reconocimiento del pago de mayores áreas diseñadas, junto con el rechazo de la excepción de ausencia de prueba del daño, se apoya en hechos probados y en la pretensión formulada, por lo que la causal de anulación prevista en el numeral 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 no se configura. La providencia declara infundado el recurso extraordinario de anulación; en la práctica, la parte que alegue decisión extra petita debe demostrar que el laudo resolvió algo distinto de lo pedido, y no basta con discrepar de la forma en que se acogió la pretensión.síntesis automática
También resuelve: ¿Tiene competencia la Sección Tercera del Consejo de Estado conocer en única instancia de los recursos de extraordinarios de anulación contra el laudo arbitral en los que hizo parte una entidad… ¿Los árbitros, con sujeción al principio de habilitación, se encuentran investidos transitoriamente de la función de administrar justicia, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y la ley? ¿El recurso extraordinario de anulación procede frente a errores in procedendo y por las causales taxativas que la ley consagra?
INFUNDADO
Consejo de Estado Providencia

Se acreditó una conducta gravemente culposa por parte de los miembros de la fuerza aérea

Sentencia — Sentencia 2023-08-22 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 76001233100020120052501 ACCION DE REPETICION
¿Se acreditó una conducta gravemente culposa por parte de los miembros de la fuerza aérea, al accionar negligente e imprudentemente sus armas de dotación oficial contra el vehículo que transportaba personal de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca? Sí
En la acción de repetición contra miembros de la fuerza pública, el uso de armas de dotación oficial contra un vehículo sin agotar las medidas eficaces disponibles constituye culpa grave. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el empleo de las armas es la última alternativa, de modo que el agente debe agotar previamente los medios menos lesivos para detener el vehículo. Segunda, la existencia de medidas eficaces, como dar una orden de pare, esperar que el vehículo reduzca su marcha o enviar personal de apoyo, excluye que el disparo sea una reacción justificada. En el caso, los servidores accionaron sus armas de manera voluntaria y negligente al percibir la llegada del vehículo, pese a contar con otras opciones. La providencia revoca la decisión de primera instancia y declara la responsabilidad en repetición por culpa grave. En la práctica, la culpa grave en el uso de armas se acredita por la omisión de las alternativas previas, y no solo por el resultado del disparo.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer las acciones de repetición contra funcionarios públicos? ¿El término de caducidad de la acción de repetición empezó a contar desde el día siguiente a la fecha del pago de la sentencia condenatoria proferida dentro del proceso de reparación directa? ¿La legitimación en la causa por pasiva recae sobre los agentes del Estado que causaron el daño que dio lugar a la condena contra el Estado?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

No se probó la violación del derecho al debido proceso de la compañía contratista

Sentencia — Sentencia 2024-01-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000232600020060207701 ACCION CONTRACTUAL
¿Se probó la violación del derecho al debido proceso de la compañía contratista? No
La vulneración del derecho al debido proceso alegada contra un acto administrativo sancionatorio del contratista debe ser probada por quien la invoca, porque el supuesto de hecho del vicio requiere prueba cuya omisión impide su reconocimiento. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, conforme a la regla de la carga de la prueba, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Segunda, en el caso no se probó la infracción del debido proceso del contratista, y el cargo no tiene vocación de prosperar. Tercera, la sentencia constató que no operó la prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro y que los actos no adolecen de incompetencia temporal ni de infracción de la Constitución. La providencia confirma la negativa de las pretensiones. La consecuencia práctica es que el contratista que alega el desconocimiento de su debido proceso en la sanción debe aportar las pruebas que lo demuestren, y no basta con invocar la vulneración.síntesis automática
También resuelve: ¿Se encuentra acreditado que hubiera operado la prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro? ¿Los cargos alegados por la aseguradora y la contratista relacionados con la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro y la incompetencia temporal tienen vocación de prosperar? ¿Es deber de los contratistas constituir a favor de las entidades contratantes garantías de cumplimiento?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Las manifestaciones de voluntad de la entidad demandada tienen connotaciones y efectos homólogos a los actos jurídicos

Sentencia — Sentencia 2026-03-13 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 44001234000020130013401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las manifestaciones de voluntad de la entidad demandada, tienen connotaciones y efectos homólogos a los actos jurídicos que se desarrollan en el tráfico negocial de los particulares? Sí
El contratista puede ejercer facultades unilaterales en contratos sometidos al derecho privado por disposición legal, siempre y cuando estas estén pactadas de manera clara y expresa en el acuerdo de voluntades, en virtud de la autonomía de la voluntad que rige los negocios jurídicos. La entidad estatal no puede suspender unilateralmente el plazo de ejecución del contrato sin un acuerdo mutuo o en ausencia de causas de fuerza mayor o caso fortuito, y estas facultades no tienen efectos una vez vencido el plazo contractual según lo pactado. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la aplicación del derecho privado en contratos estatales, matizando que aunque las manifestaciones de voluntad de la entidad estatal tienen efectos homólogos a los actos jurídicos privados, deben respetar los principios de la función administrativa y las inhabilidades e incompatibilidades del EGCAP.síntesis automática
También resuelve: ¿El negocio jurídico se consideraría vigente una vez perfeccionado y hasta el momento de su liquidación definitiva? ¿En los contratos sometidos al derecho privado por disposición legal, pueden pactarse y ejercerse facultades unilaterales en virtud de la autonomía de la voluntad que rige los negocios jurídicos? ¿El régimen jurídico de los acuerdos de voluntades suscritos entre la contratista y Acuavalle, y los actos jurídicos de esta última, eran de derecho privado?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2025-05-09 Sección Tercera (Subsección C) ADRIANA POLIDURA CASTILLO Rad. 25000232600020100034602 ACCION CONTRACTUAL
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de una demanda de controversias contractuales presentada para resolver sobre la legalidad de las resoluciones que impusieron la cláusula penal pecuniaria por incumplimiento contractual, en el marco de un contrato de obra suscrito entre un consorcio y un órgano del Distrito Capital? Sí
El contratista tiene competencia para interponer una acción de controversias contractuales ante el Consejo de Estado en segunda instancia, para impugnar la legalidad de las resoluciones que imponen una cláusula penal pecuniaria por incumplimiento contractual en un contrato de obra pública, dado que la controversia se enmarca en la jurisdicción contenciosa administrativa y la cuantía económica supera los 500 SMLMV al momento de presentar la demanda. La acción es procedente y oportuna, conforme a los artículos 87 del Código Contencioso Administrativo y 77 de la Ley 80 de 1993, y las partes tienen legitimación en la causa por su participación en el contrato y como destinatarios o emisores de los actos administrativos en cuestión. La Sala modifica la jurisprudencia existente, lo que implica que en casos similares, el Consejo de Estado será competente para conocer en segunda instancia de las controversias contractuales relacionadas con cláusulas penales pecuniarias en contratos de obra pública.síntesis automática
También resuelve: ¿La acción de controversias contractuales resulta procedente para demandar la legalidad de los actos mediante a los cuales se declaró la ocurrencia del siniestro de incumplimiento del contrato e… ¿Se presentó de forma oportuna la acción de controversias contractuales interpuesta para demandar demandar la legalidad de los actos mediante a los cuales se declaró la ocurrencia del siniestro de… ¿El consorcio demandante y la Secretaría de Educación Distrital tienen legitimación en la causa por activa y pasiva, no solo por haber intervenido como extremos negociales en el contrato de obra…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

La entidad pública demandada respetó el debido proceso

Sentencia — Sentencia 2024-04-08 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020140022401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La entidad pública demandada respetó el debido proceso durante el desarrollo del procedimiento administrativo tendiente a declarar el incumplimiento del contrato? Sí
El contratista no puede invocar la excepción de contrato no cumplido cuando no demuestra la imposibilidad de ejecución de sus obligaciones, por lo que la entidad estatal no violó el debido proceso al declarar su incumplimiento parcial y establecer la penalidad proporcional al grado de incumplimiento, en este caso, el 8.999% del valor total del contrato. La Sala modifica el fallo al precisar que, aunque las sanciones por incumplimiento se imponen de acuerdo a la participación de cada uno de los miembros de la unión temporal, la devolución de los dineros recibidos y no ejecutados es solidaria entre los integrantes de la unión temporal, conforme al artículo 7 de la Ley 80 de 1993. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los requisitos legales para excusarse del incumplimiento contractual y establece que la entidad estatal debe garantizar el debido proceso en los procedimientos administrativos de liquidación unilateral del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿Como el incumplimiento en que incurrió la unión temporal contratista fue del 45%, el valor a pagar como penalidad corresponde al 8.999% del valor total del contrato? ¿Los argumentos de los apelantes que sustentaban la falsa motivación de las resoluciones por inexistencia de incumplimiento tienen vocación de prosperidad? ¿Se justifica la demora en la obligación de disposición de personal y en las demás obligaciones secundarias a cargo del contratista?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

El contratista incumplió sus obligaciones

Sentencia — Sentencia 2022-12-16 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 05001233100020060012701 ACCION CONTRACTUAL
¿El contratista incumplió sus obligaciones respecto de la programación de la obra desde un inicio? Sí
El contratista incumple sus obligaciones respecto a la programación de la obra desde el inicio, lo que se evidencia por retrasos superiores al 25% mensual en la inversión y metas físicas, sin que las modificaciones en los planos por parte de la interventoría justifiquen estos atrasos. La entidad no incumple al modificar los planos, previsto en el contrato, y el contratista no acredita justificación alguna para su incumplimiento. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, reforzando que el incumplimiento del contratista en la programación inicial invalida la excepción de contrato no cumplido, con implicaciones significativas para la responsabilidad contractual y la ejecución de obras públicas.síntesis automática
También resuelve: ¿La demandante aceptó que conocía los motivos que dieron lugar a declarar la caducidad del contrato antes de que se expidiera ese acto administrativo? ¿Los incumplimientos que dieron lugar a la declaratoria de caducidad estaban relacionados con la falta de ejecución de la obra? ¿Para el momento en que se ejecutaron las obras extras ordenadas por la Interventoría, el contratista ya había incumplido la programación de la obra ordinaria?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Las sanciones que puede generar el incumplimiento del contratista, de ninguna manera pueden ser impuestas de plano por parte de la Administración.

Sentencia — Sentencia 2023-09-04 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 05001233100019970125702 ACCION CONTRACTUAL
¿El debido proceso en procedimientos administrativos sancionatorios de naturaleza contractual, implica el deber de hacer partícipe al sujeto destinatario de tales decisiones en el trámite previo a la expedición del acto administrativo, junto con la posibilidad de ser oído y de ejercer el derecho de defensa y contradicción? Sí
El contratista tiene derecho a ser parte del trámite previo a la expedición de un acto administrativo sancionatorio de naturaleza contractual, lo que incluye la posibilidad de ser oído y ejercer el derecho de defensa y contradicción, en virtud del debido proceso, que se erige como garantía fundamental tanto en el ámbito judicial como administrativo, aunque con alcances diferenciados. Este derecho es esencial en procedimientos sancionatorios contractuales, donde las decisiones pueden generar afectaciones significativas en los derechos del contratista y deben armonizarse con el interés público del contrato estatal. La jurisprudencia modifica la interpretación anterior, reforzando que la declaratoria de caducidad del contrato, como sanción extrema, no debe ser una decisión sorpresiva, sino que debe permitir al contratista ejercer su derecho de defensa y adecuar su conducta a los compromisos contractuales, salvaguardando así las garantías del debido proceso y evitando la paralización de la obra o servicio contratado.síntesis automática
También resuelve: ¿Tratándose de la declaratoria de caducidad del contrato, el ejercicio de esta facultad impone que no resulte una decisión sorpresiva para el afectado… ¿Los actos que declararon la caducidad de un contrato de obra suscrito con una empresa de servicios públicos, se encuentran viciados de nulidad por vulnerar los derechos al debido proceso… ¿Hay lugar a reconocer perjuicios morales a favor de la sociedad demandante o de sus socios, por la declaratoria irregular de la caducidad del contrato estatal y la inhabilidad
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

El fenómeno de la caducidad y su eventual configuración corresponde a un presupuesto del derecho de acción

Sentencia — Sentencia 2022-12-12 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020130206401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuál es la naturaleza jurídica de la caducidad de la acción en el proceso contencioso administrativo? Sí
La caducidad de la acción es una figura de orden público que limita el tiempo en que se puede acceder a la jurisdicción, y constituye un presupuesto del derecho de acción que es invariable, irrenunciable, improrrogable e insubsanable, por lo que el juez debe verificarla al dictar sentencia. La regla se apoya en tres razones. Primera, la caducidad evita que las situaciones jurídicas controvertidas permanezcan indefinidas en el tiempo. Segunda, en los contratos la caducidad se computa desde la terminación del contrato si no requiere liquidación, o desde la suscripción de la liquidación si la requiere, y desde el vencimiento del plazo para liquidar, según el caso. Tercera, la Ley 446 de 1998 positivizó este criterio y fijó un término de dos años contados desde el día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que sirven de fundamento. En consecuencia, el juez debe examinar la caducidad como elemento esencial antes de decidir el fondo. El documento reitera la jurisprudencia sobre la naturaleza de la caducidad.síntesis automática
También resuelve: ¿Cuáles son los términos para la liquidación del contrato estatal? ¿La liquidación del contrato estatal determina el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales? ¿La demanda fue presentada por fuera del término de dos años siguientes a la liquidación del contrato estatal?
SIN DECISION
Consejo de Estado Providencia

La Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia el recurso extraordinario

Sentencia — Sentencia 2025-03-10 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 11001032600020160006301 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia el recurso extraordinario de anulación formulado por UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A y otro en contra del laudo arbitral proferido el 8 de noviembre de 2018? Sí
La Sección Tercera del Consejo de Estado conoce en única instancia de los recursos de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos celebrados por una entidad pública, según el numeral 7 del artículo 149 del CPACA y el inciso tercero del artículo 46 de la Ley 1563 de 2012, cuando intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas. Esta competencia procede siempre que se cumplan los presupuestos de las normas que rigen la materia. Los árbitros, en el marco del principio de habilitación, se encuentran investidos transitoriamente de la función de administrar justicia, lo que determina el alcance del control que puede ejercer la jurisdicción sobre sus laudos. En el caso concreto, el laudo fue proferido en un proceso en el que intervino una entidad pública con ocasión de un contrato, y el recurso de anulación fue declarado infundado. Como consecuencia práctica, la parte que pretenda anular un laudo en un conflicto contractual con una entidad pública debe acudir a la Sección Tercera en única instancia, y no a otra autoridad judicial.síntesis automática
También resuelve: ¿Los árbitros, con sujeción al principio de habilitación, se encuentran investidos transitoriamente de la función de administrar justicia, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y la ley? ¿El recurso extraordinario de anulación procede frente a errores in procedendo y por las causales taxativas que consagra la ley? ¿La interpretación prejudicial procede en sede de anulación cuando, atendiéndose a las causales de anulación invocadas para la decisión del recurso…
INFUNDADO
Consejo de Estado Providencia

La Subsección B puede modificar el turno de fallo y otorgar prelación al proceso de repetición con fundamento

Sentencia — Sentencia 2025-12-01 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 25000233600020190053302 LEY 1437 REPETICION
¿La Subsección B puede modificar el turno de fallo y otorgar prelación al proceso de repetición con fundamento en la naturaleza del asunto y en las normas y actas que autorizan dicho tratamiento preferente? Sí
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado puede modificar el turno de fallo y otorgar prelación a los procesos de repetición basándose en la naturaleza del asunto y en las normas y actas que autorizan este tratamiento preferente, lo que permite descongestionar los despachos judiciales y acelerar la resolución de casos relevantes. La Sala confirma que la demandante acredita los presupuestos de la acción de repetición, incluyendo la existencia de una condena judicial, el pago efectivo y la calidad de agentes estatales de los demandados, además de la conducta dolosa o gravemente culposa de estos, lo que implica que la entidad estatal puede derivar responsabilidad patrimonial personal a los agentes estatales involucrados en la inejecución del contrato. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la procedencia del medio de control de repetición y la valoración de la conducta del agente del Estado, facilitando su aplicación en casos similares.síntesis automática
También resuelve: ¿La demandante acredita los tres primeros presupuestos de la acción de repetición para derivar responsabilidad patrimonial personal a los agentes estatales vinculados al contrato cuya inejecución… ¿El régimen legal aplicable en este caso corresponde a la Ley 678 de 2001, aunque la demanda no indicó alguna de sus presunciones y solo atribuyó culpa grave a los accionados? ¿Resulta demostrada la culpa grave del [gerente uno], en su calidad de gerente del Hospital El Tunal Nivel III ESE entre 2005 y 2008…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Se advierte la facultad de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer del asunto

Sentencia — Sentencia 2023-10-11 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020170032201 LEY 1437 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de la demanda contra los actos administrativos mediante los cuales se declara el incumplimiento del contrato de obra? Sí
La acción de controversias contractuales es el medio procedente para demandar los actos administrativos mediante los cuales la entidad declara el incumplimiento de un contrato de obra, y que el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de la sentencia cuando la cuantía de la pretensión supera el umbral legal, conforme a los artículos 104, 150 y 152 numeral 5 del CPACA. Una razón es que el artículo 104 atribuye a la jurisdicción las controversias originadas en actos y contratos en los que interviene una entidad pública, y el acto de incumplimiento fue expedido por una entidad del orden nacional. Otra razón es que la demanda pedía la nulidad de los actos que declararon el incumplimiento y el restablecimiento del derecho, pretensiones que el juez debe estudiar con la vía contractual, así como la cuantía fijada para la doble instancia. En el caso, la Sala confirmó la sentencia de primera instancia. Su consecuencia práctica es que las resoluciones que declaran el incumplimiento de un contrato de obra se impugnan por controversias contractuales y no por nulidad y restablecimiento.síntesis automática
También resuelve: ¿El medio de control de controversias contractual resulta procedente para demandar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se declara el incumplimiento del contrato de obra? ¿La legitimación en la causa en el medio de control de controversias contractuales, se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato? ¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Se advierte la facultad de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer del asunto

Sentencia — Sentencia 2023-11-01 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 20001233300020140003501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de la demanda contra los actos administrativos mediante los cuales se declara el incumplimiento de un contrato de obra? Sí
El medio de control de controversias contractuales es el mecanismo idóneo para demandar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales una entidad declara el incumplimiento de un contrato estatal, y que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de ellos por tratarse de un acto de una entidad pública, conforme a los artículos 104 y 141 del CPACA. Una razón es que el artículo 141 permite a cualquiera de las partes pedir la declaratoria de incumplimiento, la indemnización de perjuicios y las demás declaraciones consecuenciales, de modo que la nulidad del acto que declara el incumplimiento se encauza por esa vía y no por la de nulidad y restablecimiento. Otra razón es que la competencia de segunda instancia depende de la cuantía, que en el caso superaba los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, según los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA. En el caso, el tribunal había resuelto la demanda contra la resolución que declaró el incumplimiento de un contrato de obra, y el Consejo de Estado confirmó la decisión. Su consecuencia práctica es que la impugnación del acto de incumplimiento debe tramitarse como controversia contractual.síntesis automática
También resuelve: ¿El medio de control de controversias contractual resulta procedente para demandar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se declara el incumplimiento del contrato de obra? ¿La legitimación en la causa en el medio de control de controversias contractuales, se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato? ¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Tiene competencia la Sección Tercera del Consejo de Estado conocer en única instancia de los recursos de extraordinarios

Sentencia — Sentencia 2023-08-02 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 11001032600020230002300 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Tiene competencia la Sección Tercera del Consejo de Estado conocer en única instancia de los recursos de extraordinarios de anulación contra el laudo arbitral? Sí
Le corresponde a la Sección Tercera del Consejo de Estado conocer en única instancia de los recursos de anulación contra laudos arbitrales en los que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, de conformidad con lo establecido en el inciso 3º del artículo 46 de la Ley 1563 de 2012 y el artículo 104 numeral 7º de la Ley 1437 de 2011. En este caso se observa que se está en presencia de un laudo arbitral proferido por un Tribunal de Arbitramento constituido para dirimir controversias suscitadas con ocasión del Convenio de Asociación No. 0133 de 2016 celebrado entre la Unión Temporal Dadle Vosotros de Comer y el municipio de San José de Cúcuta , ente territorial que intervino en el proceso.
También resuelve: ¿La justicia arbitral se caracteriza por ser un mecanismo alternativo de solución de conflictos, regirse por el principio de voluntariedad, ser temporal y excepcional? ¿El recurso extraordinario de anulación no es una instancia para debatir el fondo del litigio, protege el debido proceso de las partes por lo que debe tratarse de errores in procedendo… ¿Para que se configure la causal de anulación de laudo arbitral, sobre la indebida integración del tribunal, debe tratarse de las condiciones personales del árbitro o del procedimiento para su…
INFUNDADO