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¿La falta de reproche a la legalidad del acto administrativo contractual que declaró el incumplimiento contractual impide el estudio de las pretensiones de la demanda? Sí
El contratista no puede demandar la terminación unilateral del contrato y los perjuicios derivados de ella sin cuestionar la legalidad del acto administrativo que la declaró, ya que este goza de la presunción de legalidad. La parte actora no formuló reproches de legalidad contra el acto administrativo que terminó el contrato y negó las sumas en su favor, por lo que no cumplió con la carga procesal de desvirtuar dicha presunción. Además, el principio de congruencia impide que el juez estudie la legalidad de un acto administrativo respecto del cual no se formularon pretensiones ni censuras de legalidad, lo que supondría un fallo extra petita y lesionaría los derechos constitucionales del debido proceso y defensa de la parte demandada. Por tanto, la Sala confirma la improcedencia del medio de control de controversias contractuales y la condena en costas contra la parte vencida en el proceso, en conformidad con los artículos 188 del CPACA y 365 y 366 del CGP.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencia jurisdiccional2022-05-27Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 15001233300020200005201LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La competencia en procesos derivados del ejercicio del medio de control de controversias contractuales, está determinada territorialmente por el lugar donde se ejecutó el contrato estatal? Sí
El despacho considera que la competencia para conocer del presente asunto es del Tribunal Administrativo de Boyacá en la medida en que el Contrato se ejecutó, entre otros, en dicho departamento. Revisadas las pruebas del expediente, se observa que el Contrato tenía como objeto la "exploración del Área Contratada y la explotación del Petróleo de propiedad nacional que pueda encontrarse en dicha área descrita en la cláusula 3". El área contratada… está ubicada en los municipios de: Paya, Boyacá; Yopal, Nunchía, Pore, Támara, Paz de Ariporo, Sácama y Hato Corozal, Casanare; y Tame, Arauca. En virtud de lo anterior, resulta claro que el lugar donde se ejecutó el contrato fue en los departamentos de Boyacá, Casanare y Arauca.… La realización de actividades administrativas del Contrato en Bogotá D.C., como las reuniones del Comité Ejecutivo, no implica que el negocio jurídico también se ejecutó materialmente en dicha ciudad.
Auto interlocutorio — Auto que decide solicitudes de suspensión o interrupción del proceso2025-05-29Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 05001233300020230062101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede el juez suspender un proceso judicial cuando se acredite una relación prejudicial inevitable con otro proceso, conforme a los requisitos establecidos en el Código General del Proceso? Sí
El juez puede suspender un proceso judicial cuando se acredite una relación prejudicial inevitable con otro proceso, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 161 del Código General del Proceso, que exige la existencia de una conexión sustancial entre ambos litigios y que la decisión en uno sea necesaria para el otro. En casos de contratación estatal, como el examinado, la suspensión se decreta cuando las pretensiones de los procesos, aunque diferentes, están intrínsecamente relacionadas, como en el caso de que la anulación de actos administrativos en un proceso pueda afectar la liquidación del contrato en otro. La suspensión implica la interrupción temporal del proceso, sin que corran términos ni se puedan ejecutar actos procesales, hasta que se resuelva el proceso prejudicial, lo que garantiza la integridad y coherencia en la resolución de controversias contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿Puede decretarse la suspensión de un proceso judicial por prejudicialidad cuando existe una conexión sustancial entre dos litigios relacionados con el mismo contrato…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve impedimento2024-07-24Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 54001233300020230018901LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿No serán recusables ni podrán declararse impedidos los magistrados o jueces a quienes corresponde conocer de la recusación? Sí
Los magistrados o jueces que deben resolver una recusación no son recusables ni pueden declararse impedidos, según el inciso cuarto del artículo 142 del Código General del Proceso, aplicable al asunto por remisión del CPACA. Esta regla se apoya en que el legislador asigna a esos funcionarios la decisión de la recusación, y en que el artículo 131 del CPACA atribuye a la sala la decisión sobre el impedimento manifestado por uno de sus integrantes. Por mandato legal, los demás consejeros deben resolver la manifestación aunque la circunstancia que la motiva pueda extenderse a otros miembros de la sala. Esta previsión impide que el trámite de la recusación quede paralizado por impedimentos en cadena. En el caso concreto la sala decidió el impedimento manifestado por el consejero y lo declaró infundado. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que el impedimento de un magistrado llamado a resolver una recusación no se traslada a quienes deben decidirla.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la aceptación del impedimento del consejero de estado de la sección tercera por haber conocido del proceso en una instancia anterior…
¿Procede declarar de oficio la caducidad del medio de control en relación con la pretensión de nulidad parcial del contrato? Sí
El contratista no puede promover la nulidad parcial del contrato mediante un medio de control de controversias contractuales cuando han transcurrido más de dos años desde su perfeccionamiento y la ejecución del mismo ya ha concluido, ya que la Sala declara de oficio la caducidad del medio de control en estos casos, modificando la sentencia apelada. Además, la Sala confirma que la liquidación unilateral del contrato es válida si no se acredita la ilegalidad de la misma, y establece que el término para demandar inicia a partir del día siguiente a la notificación del acto que resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra del acto inicial de liquidación. Esto implica que los plazos para presentar demandas son estrictos y que la Sala puede declarar la caducidad del medio de control de oficio, limitando así las posibilidades de los contratistas para impugnar la liquidación del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Se encuentran caducadas las pretensiones relacionadas con la nulidad de la liquidación del contrato de ejecución sucesiva?¿Se acreditó la ilegalidad de la liquidación unilateral del contrato de prestación de servicios en salud?¿Procede la condena en costas contra la parte demandante vencida en el proceso?
Auto interlocutorio — Auto que revoca o corrige la decisión2025-08-19Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 25000233600020230016101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede el juez adecuar el medio de control jurisdiccional al cauce procesal correspondiente cuando las pretensiones de la demanda derivan de una misma relación contractual y guardan conexión directa con su ejecución? Sí
El juez puede adecuar el medio de control jurisdiccional al cauce procesal correspondiente cuando las pretensiones de la demanda derivan de una misma relación contractual y guardan conexión directa con su ejecución, siempre y cuando la fuente del daño invoque una causa común y los hechos sean interrelacionados, lo que permite tramitar todas las pretensiones a través del medio de control judicial de controversias contractuales. Además, el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales debe iniciarse a partir del día siguiente a la ejecutoria del acto administrativo de liquidación del contrato, siempre que éste se expida dentro del plazo legal y convencionalmente establecido, lo que implica que la caducidad es de orden público y puede ser declarada de oficio por el juez competente cuando se encuentre probada. Esta decisión reitera y unifica la jurisprudencia sobre la aplicación del medio de control y el cómputo del término de caducidad, proporcionando mayor certeza jurídica en la interpretación y aplicación de los contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿El inicio del cómputo del término de caducidad del medio de control debe contarse a partir del día siguiente a la ejecutoria del acto administrativo de liquidación del contrato?¿Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-09-23Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 25000233600020230039201LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer de la apelación del auto por razón de la cuantía del proceso? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de la apelación del auto por razón de la cuantía del proceso, conforme a los artículos 150 y 25 de la Ley 1437 de 2011, modificados por la Ley 2080 de 2021, y el artículo 243.2 de la Ley 1437 de 2011. En este caso, la entidad estatal interpuso un recurso de apelación contra el auto dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y el Consejo de Estado confirmó su competencia para conocer del asunto, dado que la cuantía del proceso superaba los 500 SMLMV establecidos en el artículo 152.5 de la Ley 1437 de 2011. Además, el Consejo de Estado también determinó que el recurso de apelación fue presentado oportunamente, dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación por estado electrónico, conforme al artículo 244.3 de la Ley 1437 de 2011. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado para conocer de apelaciones por cuantía y establece que la oportunidad del recurso es un requisito esencial para su admisión.síntesis automática
También resuelve:¿El recurso de apelación contra el auto fue presentado dentro de la oportunidad para ello?¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la encargada de conocer de las controversias contractuales en las que estén involucradas las entidades públicas…¿Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales por lo que procede el rechazo de la demanda?
¿Ante la caducidad de las pretensiones anulatorias del acto administrativo de adjudicación, es procedente el estudio de la pretensión de nulidad absoluta del contrato alegada por el demandante inconforme con la exigencia del plazo de ejecución del contrato, contenida en el pliego de condiciones del proceso de selección? No
Cuando la pretensión anulatoria del acto de adjudicación está caducada, no procede el estudio de fondo de la nulidad absoluta del contrato si esta se funda en la interpretación del pliego que parte de la legalidad de ese acto. La regla se apoya en que el único cargo de nulidad se dirigía contra las decisiones del acto de adjudicación, y en que la pretensión de nulidad del contrato dependía de ese mismo fundamento. Por ello, la caducidad de la acción contra el acto impide revisar de fondo la exigencia del pliego que lo sustenta, incluso bajo el argumento de contrariedad con el artículo 62 de la Ley 4 de 1913. En el asunto, la Sala confirmó la decisión que se abstuvo de estudiar el fondo, porque la pretensión se declaró caducada. En la práctica, la impugnación de la exigencia de un pliego debe proponerse dentro del término de la acción contra el acto de adjudicación.síntesis automática
También resuelve:¿Las pretensiones de la demanda encaminadas a la declaratoria de nulidad del contrato de suministro, deben ser negadas, en virtud de la configuración de la caducidad del medio de control de nulidad y…¿Conforme al criterio objetivo, es procedente la condena en costas en el medio de control de controversias contractuales cuando no prosperan las pretensiones de la demanda?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2023-11-20Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 25000233600020190060801LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de apelaciones de autos proferidos por los Tribunales Administrativos que dispongan el rechazo de la demanda? Sí
La competencia en segunda instancia para conocer de las apelaciones contra los autos de los tribunales administrativos que rechacen la demanda corresponde al Consejo de Estado, conforme a los artículos 150 y 243 numeral 1 del CPACA, y la jurisdicción es competente cuando el contrato involucra a una entidad pública, según el artículo 104 del CPACA. Una razón es que el auto de rechazo es apelable por expresa disposición del numeral 1 del artículo 243, de modo que el recurso es procedente. Otra razón es que la controversia involucra a un municipio, que es entidad pública según el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, y la pretensión mayor supera los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes exigidos por el numeral 5 del artículo 152, lo que fija la competencia por cuantía. En el caso, el tribunal rechazó la demanda por no haberse subsanado dentro del término, y el Consejo de Estado resolvió el recurso y revocó esa decisión. Su consecuencia práctica es que el rechazo por falta de subsanación es apelable ante el Consejo de Estado cuando el asunto cumple los criterios de competencia.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda que no es subsanada dentro del término legal establecido para ello, debe ser rechazada por el Juez?¿La demanda cumple con los requisitos para su admisión?
¿Puede el juez de segunda instancia, al resolver la apelación interpuesta únicamente por la entidad demandada, revisar la negativa al reconocimiento de las sumas reclamadas por concepto del gravamen sobre los movimientos financieros y complementar la sentencia para decidir la pretensión de liquidación del contrato, si el consorcio demandante no apeló la providencia ni solicitó su adición? No
El juez de segunda instancia no puede revisar lo decidido en primera instancia sobre una pretensión que la parte demandante no apeló ni pidió adicionar, cuando la apelación fue interpuesta únicamente por la entidad demandada. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 320 del CGP limita el recurso al examen de los reparos concretos formulados por el apelante; el artículo 328 del CGP obliga a pronunciarse solo sobre los argumentos expuestos por el apelante, salvo las decisiones de oficio previstas por la ley; y el inciso segundo del artículo 287 del CGP permite complementar la sentencia en lo silenciado solo cuando la parte perjudicada apeló o solicitó su adición. Así, una negativa de primera instancia no impugnada queda con efectos de cosa juzgada y no puede reabrirse en la segunda instancia. Esta regla refleja los límites de la apelación frente a pretensiones que el apelado no controvirtió, y se aplica a los procesos de controversias contractuales en los que la sentencia guarde silencio sobre una pretensión.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales es el idóneo para reclamar la indemnización de los perjuicios que una de las partes atribuye al incumplimiento de un contrato estatal?¿Incurre la Agencia Nacional de Infraestructura en incumplimiento del contrato de obra pública al practicar las retenciones por concepto de la contribución especial de obra pública…¿Debe el consorcio demandante asumir las costas de segunda instancia, incluidas las agencias en derecho, si prospera el recurso de apelación interpuesto por la Agencia Nacional de Infraestructura?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-09-06Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 85001233300020190012301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se encuentran satisfechos los requisitos para que proceda el decreto de la medida cautelar solicitada? No
El contratista no cumple con los requisitos para obtener una medida cautelar de suspensión provisional, ya que no acredita un perjuicio irremediable ni la existencia de un menoscabo material que justifique la cautela, según el concepto del Ministerio Público. La entidad estatal, por su parte, puede efectuar pagos al contratista con recursos propios y no afecta la normativa legal o constitucional, siempre y cuando no se utilicen fondos del Sistema General de Regalías. Además, los gastos de funcionamiento quedan fuera de la destinación que los departamentos pueden dar a los recursos de las regalías, según la sentencia C-579 de 2001 de la Corte Constitucional. Por último, el Ministerio Público cumple con la carga de argumentación para interponer la demanda y solicitar la medida cautelar, en virtud de su facultad para defender el orden jurídico.síntesis automática
También resuelve:¿El demandado Instituto Financiero de Casanare, podría efectuar el pago al contratista sin perjudicar su patrimonio o ir en contra de alguna normatividad legal o constitucional?¿Los gastos de funcionamiento quedaron por fuera de la destinación que los departamentos podrían dar a los recursos de las regalías?¿La parte demandante cumplió con la carga de argumentación en relación con las razones de impetrar la demanda y requerir la cautela?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de súplica2024-06-17Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 25000233600020130160902LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las pruebas recaudadas en ejercicio de la facultad oficiosa son las que el juez decreta y practica porque en su criterio resultan conducentes, pertinentes y útiles? Sí
Las pruebas que el juez recauda en ejercicio de sus facultades oficiosas son aquellas que decreta y practica porque, a su criterio, resultan conducentes, pertinentes y útiles para constatar los hechos del caso, de acuerdo con el artículo 213 del C.P.A.C.A. La regla se sostiene en tres razones: la utilidad de la prueba exige decretar solo los elementos de juicio necesarios para decidir de fondo; deben desestimarse los elementos simplemente corroborantes o que no ofrezcan información relevante sobre el objeto del litigio; y las noticias que no informan directamente sobre los hechos del proceso carecen de utilidad. En el caso, los enlaces a noticias y publicaciones que aportó el demandante no permitían establecer el cumplimiento de la obligación de entregar el informe final pactado, por lo que la solicitud probatoria presentada en segunda instancia fue negada y esa decisión se confirmó en súplica. El documento cita una providencia previa sobre la prueba de oficio, pero no señala que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la prueba que se pide debe aportar información directa sobre el objeto del litigio.síntesis automática
También resuelve:¿Se confirma la decisión mediante el cual se negó la solicitud de pruebas en segunda instancia?¿Se puede afirmar razonablemente que los medios de prueba documentales mencionados por el demandante son pertinentes?¿Las pruebas en segunda instancia deben solicitarse en la oportunidad legal correspondiente y su admisibilidad está sometida a un doble escrutinio?
¿La resolución de adjudicación contractual proferida por el municipio de Bucaramanga se encuentra amparada con la presunción de legalidad? Sí
La resolución de adjudicación de un contrato de obra pública goza de presunción de legalidad, por lo que la pretensión de nulidad absoluta del contrato fundada en la invalidez de ese acto no prospera en el medio de control de controversias contractuales. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, mientras el acto no sea anulado en el medio de control pertinente, conserva la presunción de legalidad que impide declarar prima facie la nulidad absoluta del contrato. Segunda, el medio de control de controversias contractuales no permite estudiar la validez de ese acto administrativo, de modo que la pretensión depende de una causal ajena a la invalidez del acto. Tercera, la nulidad absoluta del contrato hubiera podido examinarse si se hubiera fundado en una causal distinta a la del acto de adjudicación, lo que no ocurrió. La providencia confirma la sentencia de primera instancia. La consecuencia práctica es que, para impugnar la validez de un contrato a partir de la adjudicación, el demandante debe demandar el acto por la vía adecuada o fundar la nulidad en una causal propia del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿En el sub judice resulta procesalmente procedente estudiar la validez de la resolución de adjudicación?¿La pretensión principal de la demanda radica en la nulidad absoluta del contrato de obra pública?¿Se ejerció oportunamente el medio de control de controversias contractuales?
Auto interlocutorio — Auto que rechaza recurso de apelación2022-03-22Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 25000233600020170220201ACCION CONTRACTUAL
¿Procede el estudio de la excepción de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad por parte del Juez de segunda instancia? Sí
El juez de segunda instancia no puede estudiar la excepción de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad, ya que estas excepciones deben ser resueltas en la etapa de admisión de la demanda, conforme a la taxatividad establecida en el artículo 180 numeral 6 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 100 del Código General del Proceso. Esta regla implica que las excepciones previas y mixtas deben ser decididas en la audiencia inicial, mientras que las perentorias se resuelven en la etapa de decisión de fondo, previo agotamiento de la etapa probatoria. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre el trámite de las excepciones procesales y su resolución en las etapas adecuadas del proceso contencioso administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de una persona que no es parte del contrato cuyo incumplimiento se pretende a través del medio de control de…
¿Se presentó un incumplimiento de contrato por parte de la entidad demandada? Sí
El contratista no puede alegar un incumplimiento del contrato por parte de la entidad estatal, ya que las normas y el contrato de alianza no establecen que las entidades estén obligadas a asumir riesgos financieros o pérdidas por la prestación del servicio de salud. Además, el contrato, regido por el derecho privado conforme a la Ley 100 de 1993, no le es aplicable la figura del desequilibrio económico ni las normas sobre liquidación del contrato, por lo que no puede restablecerse el equilibrio financiero ni efectuarse una liquidación judicial. Asimismo, la entidad demandante no puede reclamar la existencia de un estado de cosas inconstitucional a través de la acción de controversias contractuales, ya que este medio no es adecuado para tal fin y el argumento no fue presentado en la demanda original. Finalmente, las pretensiones de reparación directa por daños causados por la ejecución del contrato no son procedentes en la acción de controversias contractuales, ya que estas no se relacionan con el objeto del contrato ni con su desarrollo.síntesis automática
También resuelve:¿Al estar regido el contrato por el derecho privado, es aplicable la figura del desequilibrio económico y las normas sobre la liquidación?¿El estudio y declaratoria de un estado de cosas inconstitucionales se pueden reclamar a través de la acción de controversias contractuales?¿Es procedente el estudio de pretensiones de reparación directa por daños producidos por la ejecución de un contrato?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-05-04Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZRad. 50001233300020190048001LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las controversias surgidas frente a actos expedidos antes de la celebración del contrato deben ser demandados mediante los medios de control de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho, mientras que los conflictos surgidos en las etapas contractual y postcontractual corresponderían de manera exclusiva al medio de control de controversias contractuales, lo que no obsta para que pretensiones de controversias contractuales puedan ser tramitadas en un mismo proceso con aquellas pertenecientes a la nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho? Sí
El contratista debe demandar mediante los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho las controversias surgidas frente a actos expedidos antes de la celebración del contrato, mientras que los conflictos surgidos en las etapas contractual y postcontractual deben ser tramitados exclusivamente a través del medio de control de controversias contractuales, sin embargo, no se obsta para que pretensiones de controversias contractuales puedan ser acumuladas en un mismo proceso con aquellas pertenecientes a la nulidad o restablecimiento del derecho siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley 1437 de 2011. En el caso analizado, la Sala determinó que los actos precontractuales son separables del negocio jurídico principal, incluso después de la celebración del contrato, y que su control judicial debe efectuarse a través de los medios específicos de nulidad o restablecimiento del derecho, según corresponda, sin importar si el contrato ya fue celebrado. Esto implica que las controversias relacionadas con actos administrativos previos al contrato deben ser resueltas mediante los procedimientos establecidos para la nulidad y restablecimiento del derecho, mientras que las controversias contractuales se tramitan por el medio de control de controversias contractuales, siempre que se respeten las condiciones para la acumulación de pretensiones en un mismo proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Las demandas de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho presentadas contra actos previos a la celebración del contrato…¿Se debe declarar la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto contra el acto de adjudicación del contrato…
¿Es procedente la condena en costas al advertirse que más allá de perseguir un interés público, el recurrente tenía un interés particular y económico en relación con las resultas del proceso contencioso de controversias contractuales? Sí
Cuando en un proceso de controversias contractuales ambos extremos son entidades públicas, la excepción de la condena en costas prevista en el artículo 188 del C.P.A.C.A. no es aplicable por el solo hecho de que la controversia involucre recursos públicos, pues el medio de control es de carácter subjetivo y cada entidad tiene un interés económico particular en el resultado. La regla se sostiene en tres razones: la pretensión de reintegrar recursos públicos no implica por sí misma un interés público que haga improcedente la condena; la decisión judicial impacta favorable o desfavorablemente las aspiraciones económicas de cada parte; y aceptar lo contrario dejaría sin condena en costas a todos los asuntos contractuales en que intervenga una entidad pública. En el caso, el recurrente tenía un interés particular y económico en las resultas del proceso, por lo que se confirmó la condena en costas. El documento cita una sentencia de la sección sobre la procedencia de la condena en costas; la consecuencia práctica es que la condena en costas en controversias contractuales entre entidades públicas es la regla, salvo que el asunto sea de interés público en sentido estricto.síntesis automática
También resuelve:¿Es competente el Consejo de Estado para decidir el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo?¿El medio de control de controversias contractuales es el idóneo para discutir el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del convenio interadministrativo celebrado entre el Ministerio del Interior…¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales empezó a contar desde el vencimiento del plazo para liquidar bilateralmente el convenio?
¿La pretensión de liquidación judicial se fundamentó en una causa que evidencia un conflicto entre las partes? No
Cuando la pretensión de liquidación judicial de un convenio interadministrativo no se funda en un conflicto concreto entre las partes sobre el alcance o el cumplimiento de sus obligaciones, el juez no puede liquidar el negocio y la pretensión no está llamada a prosperar. La regla se sostiene en tres razones: si el conflicto que motiva el proceso no existe, cualquier pronunciamiento del juez para liquidar el negocio suplantaría a las partes en la ejecución de deberes que solo a ellas les corresponde cumplir; la pretensión de liquidación debe estar soportada en una causa clara y específica, cualquiera que sea el régimen jurídico aplicable al negocio; y la mera omisión de liquidar, sin un conflicto sobre el balance de cuentas, no basta para acudir al juez. En el caso, la demandante sostuvo que, como las partes no liquidaron el convenio de forma bilateral ni unilateral, correspondía al juez completar esa etapa, por lo que se revocó la sentencia de primera instancia y se negó la pretensión. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la liquidación judicial exige demostrar un conflicto específico sobre las cuentas entre las partes.síntesis automática
También resuelve:¿La demandante se limitó a señalar que la liquidación debía realizarse para culminar el proceso de liquidación del convenio interadministrativo?¿Obran los elementos probatorios suficientes que permitan establecer con certeza el resultado final del convenio?¿El objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo es de naturaleza eminentemente contradictoria, encaminada a juzgar las controversias y litigios originados en el marco de los negocios…
¿Hay lugar a declarar la existencia del contrato entre la Empresa de Energía del Amazonas EEASA S.A. E.S.P. en liquidación, el Municipio de Leticia y la sociedad Leticia Iluminación y Servicios S.A. E.S.P. desde el mes de enero de 2010, al efectuarse el uso de la infraestructura de la primera de las mencionadas, para la prestación del servicio de alumbrado público en el Municipio de Leticia y por ende la contraprestación de las 2544 luminarias instaladas? No
El contratista no puede declararse como beneficiario de un contrato de arrendamiento estatal cuando no se cumplen los requisitos formales y esenciales del mismo, como la remuneración pactada y la formalidad escrita, según lo establecido en la jurisprudencia del Consejo de Estado. En este caso, la Sala determinó que la ausencia de un acuerdo sobre el precio del arrendamiento y la falta de un contrato escrito impiden la existencia del contrato de arrendamiento solicitado. Sin embargo, la Sala sí reconoce la procedencia del medio de control de reparación directa, permitiendo que el contratista pueda solicitar la devolución de un enriquecimiento sin causa por el uso indebido de la infraestructura sin contraprestación. Esta decisión matiza la interpretación anterior sobre la necesidad de formalidades completas para la existencia de un contrato estatal, permitiendo alternativas de reparación extracurrente en casos de uso indebido de bienes.síntesis automática
También resuelve:¿Hay lugar a declarar que el Municipio de Leticia y la sociedad Leticia Iluminación y Servicios S.A. E.S.P. desde el mes de enero de 2010 han incurrido en enriquecimiento sin justa causa y en…¿Las entidades demandadas deben ser condenadas en forma solidaria al pago de la indemnización derivada del enriquecimiento sin justa causa?¿Tiene validez probatoria el dictamen pericial cuando el perito no asistió a la audiencia de contradicción?
¿Se varió la causa petendi consignada en el libelo introductorio con lo que se vulnera la regla de la congruencia? Sí
El juez no puede fallar sobre fundamentos distintos a los que la parte expuso en la demanda, pues la sentencia debe ser congruente con la causa petendi y con las pretensiones, según el artículo 281 del Código General del Proceso, y que los nuevos argumentos planteados en la apelación no se estudian si alteran esa causa. Una razón es que los reparos sobre violación del derecho a la igualdad y sobre las reglas de terminación de los contratos mineros no controvierten los fundamentos del fallo de primera instancia, que consideró vigente la zona de utilidad pública y la exigencia de autorización previa de la gestora del proyecto. Otra razón es que esos reproches cambian el fundamento de la demanda, lo que vulneraría la regla de congruencia. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones de nulidad del acto de adjudicación. Su consecuencia práctica es que la parte no puede sustituir en la apelación el fundamento de la demanda, pues el juez de segunda instancia no lo decide.síntesis automática
También resuelve:¿A la parte actora o al juez les es dable variar el fundamento de la pretensión formulada en la demanda mediante la introducción de nuevas consideraciones?¿En la demanda se afirmó que la decisión adoptada por la administración en los actos cuestionados fue la modificación del contrato minero?¿El juez puede abordar materias que se señalan en la apelación que correspondan a nuevos cuestionamientos que no fueron planteados al inicio del proceso?