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¿Si el demandado no alega la existencia de la cláusula compromisoria —porque no contestó la demanda— debe concluirse que renunció tácitamente a someter este asunto a la justicia arbitral? Sí
El contratista puede renunciar tácitamente a la cláusula compromisoria de un contrato estatal si no alega su existencia en la demanda, lo que permite que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conozca del asunto, según el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo. Esta regla se aplica cuando la entidad demandada no contesta la demanda, y el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver recursos de apelación contra sentencias de tribunales administrativos, siempre y cuando la cuantía de la pretensión supera el límite establecido. Además, la entidad estatal puede ser responsable extracontractualmente por los daños causados a terceros derivados de decisiones administrativas que impidan la ejecución del contrato, como el cierre y liquidación de una empresa industrial y comercial del Estado, según el artículo 206 de la Ley 222 de 1995. Esta decisión modifica la jurisprudencia anterior sobre la renuncia tácita a la cláusula compromisoria, lo que implica que las partes deben ser más cautelosas al no responder a las demandas para evitar renunciar a la justicia arbitral.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia, dado que resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos?¿La pretensión segunda alude a la responsabilidad extracontractual de las entidades socias, administradoras del Ingenio, por virtud de que adoptaron la decisión de cerrar la operación y procedieron a…¿Hay una pretensión extracontractual, en cuanto la responsabilidad reclamada a los socios de la sociedad en liquidación, no se deriva de una inobservancia obligacional en el marco de un vínculo…
¿En una situación de apelante único la competencia del juez de segunda instancia se reduce al análisis de los puntos objeto del recurso? Sí
En una situación de apelante único, la competencia del juez de segunda instancia se reduce al análisis de los puntos objeto del recurso, de modo que no puede revisar la providencia en la parte que no fue impugnada. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 328 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, limita la competencia funcional del superior a los cargos esgrimidos en el recurso de alzada; la regla admite una excepción prevista en el inciso segundo del artículo 187 del CPACA, según la cual el juez decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que encuentre probada; y el silencio del inferior no impide que el superior se pronuncie sobre esos aspectos en los términos de la ley. Por ello, el examen de la segunda instancia se limita a lo impugnado, salvo esas excepciones legales. La providencia de primera instancia se confirma en lo que fue objeto del recurso.síntesis automática
También resuelve:¿Con las pruebas del expediente se acredita la nulidad de los actos administrativos demandados por el supuesto hecho de haberse desconocido el acuerdo de creación del consorcio?¿Los negocios jurídicos celebrados por el representante, dentro de las facultades conferidas para tal caso, producen los mismos efectos que si la actuación la hubiera realizado el representado…¿El mandato de representación otorgado por los integrantes del consorcio, se tiene que se estipuló que la representación del consorcio la tendrían, pluralmente los dos facultados?
¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia del proceso de controversias contractuales originado en un acto de constitución de una sociedad de economía mixta, por la naturaleza del asunto y la cuantía de las pretensiones? Sí
El contratista no tiene legitimación en la causa por activa para promover un medio de control de controversias contractuales cuando la controversia se refiere a un negocio jurídico del cual no fue parte signataria y cuya suscripción dio origen a su existencia como persona jurídica. La entidad estatal, en este caso el municipio, y los particulares que suscribieron el acto constitutivo de la sociedad de economía mixta, sí ostentan dicha legitimación. Además, el Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia del proceso de controversias contractuales originado en un acto de constitución de una sociedad de economía mixta, por la naturaleza del asunto y la cuantía de las pretensiones, siempre y cuando éstas excedan los 500 SMLMV. Esta decisión modifica la interpretación previa sobre la competencia del Consejo de Estado en este tipo de casos, ampliando su alcance en controversias contractuales de mayor cuantía.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente el medio de control de controversias contractuales cuando se pretende la declaratoria de incumplimiento de un ente territorial derivado de la suscripción de un acto constitutivo…¿Carece de legitimación en la causa por activa una sociedad de economía mixta cuando la controversia se refiere a un negocio jurídico del cual no fue parte signataria y cuya suscripción dio origen a…¿Es requisito esencial para la constitución válida de una sociedad de economía mixta en Colombia contar con una autorización legal o reglamentaria previa…
¿Al momento de presentar la demanda Asesorías e Interventorías Ltda.AEI liquidada, tenía capacidad para ser parte? No
El juez declara probada la excepción de falta de capacidad para ser parte cuando la persona jurídica demandante ha finalizado su existencia legal antes de la presentación de la demanda. De acuerdo con el ordenamiento procesal, la capacidad para ser parte se extingue a partir de la inscripción en el registro mercantil de la cuenta final de liquidación de la sociedad, de modo que el poder otorgado y la demanda presentada con posterioridad a dicha inscripción carecen de validez jurídica por ausencia de un presupuesto procesal esencial.síntesis automática
También resuelve:¿La jurisdicción contencioso administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas?¿La renuncia tácita a la cláusula compromisoria, opera cuando se instaura demanda ante la jurisdicción y no se excepciona falta de jurisdicción…¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en primera instancia por el Tribunal Administrativo?
¿Debe aplicarse el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública para definir el régimen jurídico del contrato de suministro de caña de azúcar, celebrado en 1994 por una Empresa Industrial y Comercial del Estado, sin atender las modificaciones introducidas por la Ley posterior? Sí
El juez aplica a los contratos estatales la ley vigente al tiempo de su celebración, en virtud del principio de irretroactividad consagrado en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887. Las obligaciones, validez, existence y efectos de los acuerdos de voluntades celebrados por las entidades públicas no pueden quedar sujetos a los cambios constantes de la legislación posterior, pues ello generaría inestabilidad e incertidumbre jurídica en las relaciones contractuales, impidiendo que las normas nuevas alteren retroactivamente las condiciones pactadas al momento de perfeccionar el contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Debe computarse el término de caducidad de la acción contractual desde la fecha en que se ordenó la liquidación obligatoria de la sociedad contratista…¿Resulta procedente reconocer la legitimación en la causa por activa al contratista y por pasiva al departamento de Antioquia…¿La ausencia de una exposición concreta, clara y suficiente de los motivos de inconformidad en el recurso de apelación impide que el juez de segunda instancia ejerza su competencia para revisar los…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve nulidades procesales2025-06-19Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 25000233600020170060102LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las controversias relativas a contratos celebrados por entidades públicas que sean instituciones financieras, aseguradoras, intermediarios de seguros o intermediarios de valores vigilados por la Superintendencia Financiera, cuando correspondan al giro ordinario de los negocios, no son competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo? Sí
El contratista no puede acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para resolver controversias contractuales relacionadas con contratos celebrados por entidades públicas que sean instituciones financieras, aseguradoras, intermediarios de seguros o valores vigilados por la Superintendencia Financiera, siempre y cuando dichos contratos correspondan al giro ordinario de los negocios de estas entidades, como es el caso de Fiducoldex, una sociedad de economía mixta que realiza operaciones fiduciarias. La Sala declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso debido a la falta de competencia funcional de la jurisdicción contenciosa administrativa para conocer de estos asuntos, lo que implica que los efectos de la declaratoria de nulidad son improrrogables y que solo los actos previos a la sentencia de primera instancia conservan validez.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta evidente que el contrato celebrado se enmarcó en el giro ordinario de los negocios de Fiducoldex?
¿Compete a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, conocer de las controversias contractuales que se suscitan en relación con un contrato de fiducia mercantil de administración, garantía y fuente de pago celebrado por Fiduifi S.A. absorbida por Fiduagraria S.A., ambas sociedades de economía mixta con capital público superior al 50%? Sí
En las controversias contractuales derivadas de un contrato de fiducia mercantil celebrado por sociedades de economía mixta, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente, aunque la fiduciaria haya sido absorbida por otra sociedad estatal. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la modificación introducida al artículo 82 del Código Contencioso Administrativo por el artículo 1 de la Ley 1107 de 2006 amplió la competencia de esta jurisdicción a los contratos en que intervienen entidades estatales. Segunda, la competencia se determina por la naturaleza estatal de las partes al momento de presentarse la demanda, y no por la excepción de falta de jurisdicción que la fiduciaria propuso y que fue resuelta por la jurisdicción ordinaria. En el caso, la sección ya se había pronunciado sobre ese alcance, y la providencia confirma la sentencia que reconoció la competencia. En la práctica, quien demande controversias de un fideicomiso estatal debe verificar la calidad de las partes al momento de la demanda, porque esa condición define la jurisdicción competente.síntesis automática
También resuelve:¿Se presentó de forma oportuna la acción de controversias contractuales incoada por un fideicomisario para demandar el incumplimiento de las obligaciones a cargo de una entidad estatal fiduciaria…
¿Hay lugar a invalidar el contrato de promesa de compraventa a partir de la interpretación de un elemento aislado que de su texto propuso la firma demandante? No
El liquidador de una entidad estatal en liquidación ejerce una función pública cuyos efectos se extienden en el tiempo incluso después de que concluya la liquidación, y es responsable indirectamente por los perjuicios ocasionados por su actuación dolosa o gravemente culposa. La entidad en liquidación mantiene su capacidad jurídica para concluir operaciones pendientes y enajenar bienes de la masa en liquidación, siendo representada por el liquidador. La Sala confirma que no es posible invalidar el contrato de promesa de compraventa a partir de la interpretación de un elemento aislado de su texto, reafirmando la importancia de la liquidez del negocio jurídico y la necesidad de una interpretación integral del contrato. Esta decisión reitera la responsabilidad del liquidador y la continuidad de la función pública que ejerce, con implicaciones significativas para el control jurisdiccional de los actos administrativos durante y después del proceso de liquidación.síntesis automática
También resuelve:¿La liquidadora está llamada a responder por los perjuicios que indirectamente hubiera generado la nulidad en cuanto hubiera sido ocasionada por el actuar doloso o gravemente culposo en el desempeño…¿El liquidador ejerce una función pública atribuida a él directamente, cuyos efectos se extienden en el tiempo pese a que la liquidación concluya?¿La entidad demandada insiste en la excepción de falta de legitimación en la causa que le asiste?
¿Se acreditó que Cajanal SA EPS, con ocasión de la ejecución del contrato de prestación de servicios de salud no. 258 de 2003, incurrió en el incumplimiento de la obligación de pago de los servicios efectivamente prestados, facturados y no pagados, generando con ello unos perjuicios económicos a la parte actora susceptibles de indemnización? No
La Corporación Médica CMD SA pretende la declaración de incumplimiento de Cajanal SA EPS de la obligación de pago y el reconocimiento de los perjuicios ocasionados por cuenta de ello, peticiones que sustenta con un total de trescientas dos (302) facturas… . El análisis de los documentos y facturas que conforman el expediente evidencia que de un total de trescientas dos (302) facturas, ciento ochenta y ocho (188) ya habían sido objeto de pronunciamiento por parte del agente liquidador de Cajanal SA EPS, razón por la cual, tales súplicas comportaban actos administrativos cuyo cuestionamiento de legalidad debió ser objeto de demanda, pues, su motivación se circunscribió al cumplimiento de la orden de supresión y liquidación de Cajanal SA EPS emitida con el Decreto 4409 de 2004, por lo que deberán denegarse tales pretensiones.
También resuelve:¿Los actos del liquidador de la sociedad Cajanal SA EPS tienen naturaleza jurídica de actos administrativos, con presunción de legalidad…
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2023-05-18Sala Consulta y Servicio CivilEDGAR GONZÁLEZ LÓPEZRad. 11001030600020220012800CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿La Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.) puede dar y recibir en donación hacia y desde entidades públicas, bienes «públicos», muebles e inmuebles? Sí
La Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.), puede efectuar donaciones de bienes de su propiedad, muebles o inmuebles, a otras entidades públicas y recibir donaciones de bienes de propiedad de estas, muebles o inmuebles, de conformidad con los requisitos expuestos en este concepto.
También resuelve:¿La CIAC S.A. puede enajenar a título gratuito a entidades estatales, bienes muebles que no utiliza, sin transgredir la norma que la excluye de la aplicación del estatuto general de contratación de…
¿La legitimación en la causa es un presupuesto indispensable que deben ostentar las partes para acudir al proceso contencioso administrativo? Sí
La legitimación en la causa es un presupuesto indispensable para acudir al proceso contencioso administrativo. Quien formula las pretensiones y quien las resiste debe tener un interés legítimo frente al derecho discutido, y esa legitimación surge de una relación jurídica sustancial derivada de la participación, por acción u omisión, en los hechos o en la situación jurídica que da origen a la controversia. Esta regla se apoya en que la legitimación activa y la pasiva se predican de quien tiene un vínculo funcional o material con los hechos. Por ello no basta que una persona esté vinculada formalmente al proceso si no tiene esa relación con el derecho debatido. En el caso concreto la sala confirmó la decisión de primera instancia porque las partes tenían la relación exigida con los hechos del litigio. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la falta de legitimación en la causa impide decidir de fondo las pretensiones.síntesis automática
También resuelve:¿Los los actores están legitimados en la causa por activa en calidad de terceros para enjuiciar el acto administrativo que declaró la terminación de ese negocio jurídico e impuso la cláusula penal…¿Los demandantes como socios individualmente representados están legitimados en la causa por activa?¿Respecto a los socios de la promesa de sociedad que participen en un proceso de contratación estatal existe responsabilidad solidaria?
¿Se desvirtuó la presunción de legalidad de la declaración de caducidad contractual? No
El contratista no desvirtúa la presunción de legalidad de la declaración de caducidad contractual cuando incumple gravemente las obligaciones contractuales, especialmente si estos incumplimientos ponen en riesgo la continuidad del servicio y la naturaleza intuito personae del contrato. En este caso, el contratista no obtuvo la habilitación necesaria para el centro público o privado, lo que puso en grave riesgo la continuidad del servicio, además de otros incumplimientos graves que justificaron la caducidad del contrato. La entidad estatal, al declarar la caducidad, actuó dentro de sus facultades legales y no se desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo. Esta regla reitera la importancia de cumplir con las obligaciones contractuales y las condiciones establecidas para la continuidad del servicio, lo que implica que la entidad estatal puede declarar la caducidad del contrato ante incumplimientos graves que afecten la prestación del servicio.síntesis automática
También resuelve:¿Se desvirtuó la presunción de legalidad de la cual gozan los actos administrativos demandados?¿El oficio suscrito por el secretario de tránsito constituyó autorización al contratista para constituirse como una SAS?¿La administración también sustentó la caducidad del contrato en el hecho de que la garantía única del contrato amparaba a la UT y no a la nueva SAS?
¿Una vez celebrado el contrato adjudicado ya no sería posible su demanda independiente por medio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho sino solo mediante la interposición de la acción de controversias contractuales, por lo que en este caso la demanda, en ejercicio de ésta última, se presentó de forma oportuna? Sí
El contratista no puede demandar el contrato estatal por nulidad y restablecimiento del derecho una vez que éste ha sido celebrado, sino que debe hacerlo mediante la acción de controversias contractuales, la cual fue presentada oportunamente en este caso. La acción de controversias contractuales permite impugnar la legalidad del acto de adjudicación y la nulidad absoluta del contrato, pero solo dentro del plazo de dos años desde la celebración del contrato. Si bien la demanda fue presentada dentro del plazo establecido, las pretensiones de restablecimiento del derecho no pueden ser estudiadas por haberse presentado fuera del término de 30 días hábiles para la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos precontractuales. Además, el juez de segunda instancia no puede analizar argumentos nuevos que no fueron presentados en la demanda original, lo que implica que el recurso de apelación debe limitarse a los cargos y hechos discutidos en primera instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Puede al ad quem analizar un argumento de ilegalidad del acto administrativo de adjudicación demandado, que el apelante no incluyó en la demanda?¿El fundamento jurídico que fue decisivo del fallo de primera instancia -normas -[ley 80 de 1993] resultaba aplicable al caso…¿El fundamento jurídico del fallo de primera instancia referente a la jurisprudencia sobre caducidad de la acción respecto del acto administrativo de adjudicación del contrato estatal…
¿El poder otorgado por uno de los miembros de la Junta Directiva de la sociedad, y no por su representante legal, no configura la ineptitud de la demanda, sino que corresponde a la causal de nulidad prevista en el numeral 7 del artículo 140 del CPC, la cual sólo puede ser alegada por la persona afectada? Sí
El contratista no configura la ineptitud de la demanda cuando otorga poder a uno de los miembros de la Junta Directiva, sino que tal situación corresponde a la causal de nulidad prevista en el numeral 7 del artículo 140 del Código Procesal Civil, la cual solo puede ser alegada por la persona afectada. Además, la capacidad para ser parte del consorcio no impide que sus miembros puedan comparecer a los procesos judiciales si así lo deciden. La Sala rechaza que el Invías sea condenado por desequilibrio económico generado por asuntos ajenos a los diseños, ya que estos no fueron objeto de salvedad en el acta de liquidación bilateral. Por último, la Sala incrementa la condena impuesta por la primera parálisis del contrato estatal, considerando el impacto económico de la maquinaria en las bodegas del contratista durante dicha parálisis, lo que implica un reconocimiento de los sobrecostos demostrados.síntesis automática
También resuelve:¿El hecho de que los consorcios presenten directamente la demanda, es un obstáculo para que los integrantes de tales consorcios también puedan, si así lo deciden, comparecer a los procesos judiciales?¿Debe condenarse al Invías por el desequilibrio económico del Contrato generado por asuntos¿Se debe incrementar la cuantía de la condena impuesta por el tribunal, relativa a la primera parálisis del contrato estatal…
¿Es procedente que dos o más personas naturales o jurídicas se asocien bajo la modalidad de promesa de sociedad futura para presentarse como proponentes plurales en un proceso de contratación?
El contratista puede presentarse a un proceso de contratación estatal bajo la modalidad de promesa de sociedad futura, siempre que esta figura cumpla con los requisitos previstos en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 y en el Código de Comercio, y que los promitentes respondan solidariamente de las operaciones celebradas o ejecutadas en el marco de la propuesta y del contrato, tal como lo establece el parágrafo 2° del artículo 7° de la Ley 80 de 1993. Esta interpretación se alinea con la posición expuesta en diversos conceptos y guías emitidos por la Subdirección de Gestión Contractual, que indican que es jurídicamente viable que los proponentes plurales presenten propuestas para la adjudicación, celebración y ejecución de contratos estatales, siempre que cumplan con los supuestos previstos en la normativa vigente. Esta regla reitera y matiza precedentes anteriores, permitiendo una mayor flexibilidad en la participación de proponentes en procesos de contratación estatal, siempre y cuando se respeten las responsabilidades y efectos jurídicos establecidos para los consorcios.síntesis automática
También resuelve:Consorcios y uniones temporales: capacidad para contratar, participación en varios procesosPromesas de sociedad futuro: regulaciónPromesa de sociedad: efectos jurídicos, responsabilidad, consorcios
¿El régimen jurídico del contrato es de derecho privado por tener relación con el desarrollo del objeto social de Ecopetrol? Sí
Los actos jurídicos, contratos y actuaciones necesarias para administrar y desarrollar el objeto social de una empresa industrial y comercial del Estado constituida como sociedad de economía mixta se rigen exclusivamente por el derecho privado, sin importar el porcentaje del aporte estatal en el capital. La regla se apoya en el artículo 6 de la Ley 1118 de 2006 y en la evolución normativa de la entidad, desde su creación por la Ley 165 de 1948 hasta su escisión mediante el Decreto 1760 de 2003, que la dejó como sociedad pública por acciones con capital totalmente estatal y regida por sus propios estatutos. Estos antecedentes muestran que el régimen privado opera como excepción aplicable a las actividades industriales y comerciales de la entidad. En el asunto, el contrato celebrado en 2015 se consideró regido por el derecho privado, y la Sala confirmó la decisión. En la práctica, las controversias sobre contratos de esa naturaleza se resuelven conforme al derecho privado y no según el régimen general de contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿El tribunal en primera instancia omitió pronunciarse respecto a las pretensiones de incumplimiento contractual derivadas de la ejecución del contrato?¿Se acreditó que la mayor permanencia de la obra fue una consecuencia del incumplimiento de la entidad demandada?¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente2025-08-22Sección Tercera (Subsección A)JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZRad. 25000233600020200038801LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La jurisdicción de lo contencioso-administrativo es competente para conocer de una controversia derivada de un contrato celebrado por una entidad pública con carácter de institución financiera, vigilada por la Superintendencia Financiera, dentro del giro ordinario de sus negocios? No
El contratista no puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo para resolver una controversia derivada de un contrato celebrado con una entidad pública que actúa como institución financiera y está vigilada por la Superintendencia Financiera, siempre y cuando el contrato se encuentre dentro del giro ordinario de los negocios de la entidad financiera. Esta regla se fundamenta en que la falta de jurisdicción y la incompetencia por factores subjetivo y funcional son improrrogables, generando una nulidad insanable. En el caso del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), su naturaleza como establecimiento de crédito y entidad pública vigilada por la Superintendencia Financiera cumple con los requisitos del artículo 105 del CPACA, excluyendo así la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa para conocer de controversias contractuales que correspondan al giro ordinario de sus negocios. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la competencia funcional y subjetiva, limitando la jurisdicción contencioso-administrativa en casos específicos de entidades financieras estatales.síntesis automática
También resuelve:¿El Fondo Nacional del Ahorro (FNA), en su calidad de establecimiento de crédito de naturaleza especial y entidad pública vigilada por la Superintendencia Financiera…¿El contrato celebrado entre el FNA y la Entidad de Certificación Digital corresponde al giro ordinario de los negocios de la entidad?¿Se debe declarar la nulidad del fallo de primera instancia por falta de competencia, y remitir el expediente al juez competente conforme al factor territorial?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un tribunal administrativo en primera instancia? Sí
El contratista puede recurrir al Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo en primera instancia, siempre que la cuantía de la pretensión supera los 500 SMLMV, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. Esta competencia se fundamenta en la naturaleza de la jurisdicción administrativa como guardiana del orden jurídico y en la necesidad de garantizar el debido proceso en controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas. La modificación de la regla implica que los litigantes deben considerar la cuantía de sus pretensiones para determinar la jurisdicción competente en segunda instancia, lo que puede afectar significativamente la estrategia procesal y los costos asociados a la litigación.síntesis automática
También resuelve:¿Es la reparación directa el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado por enriquecimiento sin justa causa?¿La acción de reparación directa fue presentada dentro de los dos años siguientes al registro del trámite de liquidación obligatoria del Ingenio Vegachí?¿Procede la valoración de la copia simple de documento?
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de la demanda de controversias contractuales, presentada para demandar el incumplimiento de un contrato estatal en el que fue parte Ecopetrol? Sí
En las controversias contractuales, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para decidir los litigios originados en la actividad de las entidades públicas, conforme al artículo 82 del Código Contencioso Administrativo vigente al momento de interponerse la demanda. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la competencia depende de la naturaleza pública de la entidad contratante y del origen de la controversia en su actividad. Segunda, cuando la entidad contratante es una empresa estatal, el incumplimiento de su contrato entra en la competencia de esta jurisdicción y, por ello, la Sala conoce de la segunda instancia. En el caso, el incumplimiento de un contrato celebrado por una empresa petrolera estatal vinculada al Ministerio justificó esa competencia. La providencia confirma la sentencia apelada. En la práctica, el demandante que pretenda el incumplimiento de un contrato celebrado con una empresa estatal debe verificar la calidad de la entidad contratante, porque esa condición determina la jurisdicción competente.síntesis automática
También resuelve:¿Se interpuso de forma oportuna la demanda de controversias contractuales, presentada para declarar el incumplimiento del contrato estatal suscrito entre Ecopetrol y el consorcio del que hizo parte…¿Ecopetrol S.A. incumplió el contrato N° 5201841 del 28 de noviembre de 2006, por efectuar los pagos a su cargo, directa e íntegramente al representante de la sociedad contratista…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de súplica2025-12-01Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 25000233600020170060102LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Corresponde a la jurisdicción ordinaria civil el conocimiento de las controversias derivadas de un contrato de encargo fiduciario celebrado por una entidad financiera estatal, aun cuando se trate de un contrato estatal y ambas partes sean entidades públicas? Sí
El contratista no puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para resolver controversias derivadas de un contrato de encargo fiduciario celebrado por una entidad financiera estatal, ya que este tipo de contratos caen dentro del giro ordinario de los negocios de las entidades financieras, según lo establecido en el artículo 105 numeral 1 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). La entidad financiera, en este caso, realiza actividades en cumplimiento de su objeto social y funciones principales, definidas en el Decreto Ley 663 de 1993, lo que excluye la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa y la remite a la jurisdicción ordinaria civil. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente, estableciendo que la naturaleza estatal del contrato y la calidad de las partes no son determinantes para la competencia, sino que el criterio material y orgánico prevalece en la definición de la jurisdicción competente.síntesis automática
También resuelve:¿Puede considerarse prorrogable la jurisdicción en un asunto en el que la ley excluye expresamente el conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa?¿Existe cosa juzgada sobre la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa cuando una providencia previa se limitó a resolver sobre la inexistencia de una cláusula compromisoria sin…