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Consejo de Estado
Providencia
La declaración solicitada resulta inconducente para acreditar la dirección de notificación de las sociedades
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2024-06-14
Sección Tercera (Subsección B)
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Rad. 41001233300020150002301
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La declaración solicitada resulta inconducente para acreditar la dirección de notificación de las sociedades que integran el consorcio demandado? Sí
Cuando la parte demandada pretende probar con una declaración la dirección de notificación de sociedades privadas que integran un consorcio, la prueba es inconducente, porque las personas jurídicas de derecho privado se notifican personalmente en el canal digital informado en el registro mercantil. La regla se apoya en el artículo 199 del C.P.A.C.A., que ordena esa forma de notificación, y se sostiene en dos razones: el certificado de existencia y representación legal es el medio idóneo para acreditar la dirección y el cambio de representante legal, y la declaración testimonial no suple ese documento público. En el caso, el auto admisorio ordenó notificar por correo electrónico a los representantes legales de las sociedades integrantes, por lo que la declaración solicitada no era pertinente para acreditar la notificación ni el incidente de nulidad propuesto, y se confirmó la negativa del decreto. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que, para discutir la notificación de una sociedad, la parte debe revisar y aportar el registro mercantil y no una declaración de testigos.síntesis automática
También resuelve:
¿La declaración solicitada resulta pertinente para acreditar las afirmaciones en las que se sustenta el incidente de nulidad?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2025-12-01
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 25000233600020190005503
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En una situación de apelante único la competencia del juez de segunda instancia se reduce al análisis de los puntos objeto del recurso? Sí
En una situación de apelante único, la competencia del juez de segunda instancia se reduce al análisis de los puntos objeto del recurso, de modo que no puede revisar la providencia en la parte que no fue impugnada. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 328 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, limita la competencia funcional del superior a los cargos esgrimidos en el recurso de alzada; la regla admite una excepción prevista en el inciso segundo del artículo 187 del CPACA, según la cual el juez decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que encuentre probada; y el silencio del inferior no impide que el superior se pronuncie sobre esos aspectos en los términos de la ley. Por ello, el examen de la segunda instancia se limita a lo impugnado, salvo esas excepciones legales. La providencia de primera instancia se confirma en lo que fue objeto del recurso.síntesis automática
También resuelve:
¿Con las pruebas del expediente se acredita la nulidad de los actos administrativos demandados por el supuesto hecho de haberse desconocido el acuerdo de creación del consorcio?
¿Los negocios jurídicos celebrados por el representante, dentro de las facultades conferidas para tal caso, producen los mismos efectos que si la actuación la hubiera realizado el representado…
¿El mandato de representación otorgado por los integrantes del consorcio, se tiene que se estipuló que la representación del consorcio la tendrían, pluralmente los dos facultados?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia
Sentencia — Sentencia
2023-09-18
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 68001233100020090011702
ACCION CONTRACTUAL
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de la demanda de controversias contractuales, presentada para demandar el incumplimiento de un contrato estatal en el que fue parte Ecopetrol? Sí
En las controversias contractuales, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para decidir los litigios originados en la actividad de las entidades públicas, conforme al artículo 82 del Código Contencioso Administrativo vigente al momento de interponerse la demanda. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la competencia depende de la naturaleza pública de la entidad contratante y del origen de la controversia en su actividad. Segunda, cuando la entidad contratante es una empresa estatal, el incumplimiento de su contrato entra en la competencia de esta jurisdicción y, por ello, la Sala conoce de la segunda instancia. En el caso, el incumplimiento de un contrato celebrado por una empresa petrolera estatal vinculada al Ministerio justificó esa competencia. La providencia confirma la sentencia apelada. En la práctica, el demandante que pretenda el incumplimiento de un contrato celebrado con una empresa estatal debe verificar la calidad de la entidad contratante, porque esa condición determina la jurisdicción competente.síntesis automática
También resuelve:
¿Se interpuso de forma oportuna la demanda de controversias contractuales, presentada para declarar el incumplimiento del contrato estatal suscrito entre Ecopetrol y el consorcio del que hizo parte…
¿Ecopetrol S.A. incumplió el contrato N° 5201841 del 28 de noviembre de 2006, por efectuar los pagos a su cargo, directa e íntegramente al representante de la sociedad contratista…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Efectuó lo que denominó “advertencias preventivas”
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud
2024-12-09
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 70001233100019980074801
ACCION CONTRACTUAL
¿El despacho considera razonable otorgar el plazo adicional de 15 días hábiles, solicitado por la sociedad demandante, para allegar la información requerida por la perita? Sí
Mediante memoriales de 15 y 22 de octubre de 2024, el representante legal de SPL Salgado Abogados y Consultores S.A.S., sociedad perita en el proceso de la referencia, presentó memorial con el propósito que se ordenara la entrega de información que considera “fundamental” para llevar a cabo el dictamen pericial encomendado y que se le concediera un plazo adicional de 45 días para elaborar su experticia. Por otra parte, el despacho considera razonable otorgar el plazo adicional de 15 días hábiles, solicitado por la sociedad demandante, para allegar la información requerida por la perita para la elaboración del dictamen, en los términos señalados en el proveído de 29 de octubre de 2024, razón por la cual se accederá a esa solicitud.
ÉSTESE A LO RESUELTO
Consejo de Estado
Providencia
Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer los recursos de apelación contra los autos
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2025-03-17
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 76001233300020220008101
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer los recursos de apelación contra los autos que niegan el decreto o práctica de pruebas? Sí
El Consejo de Estado en segunda instancia es competente para conocer los recursos de apelación contra los autos que niegan el decreto o práctica de pruebas, conforme a los artículos 150 y 243.7 de la Ley 1437 de 2011, modificados por la Ley 2080 de 2021, que establecen la competencia del Consejo para resolver estos recursos. Además, el despacho revoca la decisión que niega la declaración de parte del representante legal de la sociedad demandada, considerando que esta prueba es procedente para dar claridad a los hechos relatados en la contestación de la demanda, en virtud de los artículos 165, 191 y 198 del Código General del Proceso. Esta decisión reitera la competencia del Consejo de Estado para estos casos y garantiza el derecho de las partes a solicitar pruebas pertinentes para su defensa.síntesis automática
También resuelve:
¿Es procedente el decreto de la declaración de parte del representante legal de la sociedad demandada por cuanto se pretende darle claridad a los hechos relatados en la contestación de la demanda?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
El testimonió fue decretado en el trascurso de la primera instancia
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas
2024-04-01
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 15001233300020170007602
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El testimonió fue decretado en el trascurso de la primera instancia y no se practicó por ser inconducente ? Sí
La solicitud de pruebas en segunda instancia solo puede decretarse en los supuestos taxativos del artículo 212 del CPACA, y que la prueba testimonial decretada en primera instancia no se practica cuando resulta inconducente. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la solicitud debe formularse dentro del término de ejecutoria del auto que admite el recurso de apelación. Segunda, el decreto procede solo cuando las partes lo piden de común acuerdo, cuando la prueba decretada en primera instancia se dejó de practicar sin culpa de quien la pidió, cuando los hechos son posteriores a la oportunidad probatoria, o cuando no pudo solicitarse por fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria. Tercera, la prueba orientada a desvirtuar esos eventos también debe encuadrar en tales supuestos. En el caso, la declarante fue representante legal de la parte demandante y la decisión de inconducencia quedó ejecutoriada, por lo que no se cumple ninguno de ellos. La providencia no cambia criterio. La consecuencia práctica es que una prueba no practicada en primera instancia por inconducencia no puede reabrirse en apelación.síntesis automática
También resuelve:
¿Se negará la solicitud probatoria realizada por la parte demandante por no adecuarse a ninguno de los supuestos previstos en la norma?
¿La solicitud probatoria fue presentada oportunamente antes de la ejecutoria del auto que admitió el recurso de apelación?
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
El cedente transmite al cesionario el derecho litigioso incierto a través de un contrato aleatorio.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve sobre sucesión procesal
2025-03-12
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000232600020050211702
ACCION CONTRACTUAL
¿El contrato de cesión de derechos litigiosos es un contrato aleatorio en el cual el cedente transmite al cesionario, a título oneroso o gratuito, el derecho incierto sobre el cual recae el interés que se controvierte en sede jurisdiccional? Sí
El cesionario adquiere el derecho litigioso incierto objeto de controversia judicial mediante un contrato aleatorio celebrado con la parte cedente del proceso. El contrato de cesión de derechos litigiosos, regulado en los artículos 1969 a 1972 del Código Civil, es un contrato aleatorio en el cual el cedente transmite a un tercero el derecho incierto sobre el cual recae el interés controvertido. En este caso, al no concurrir los requisitos del contrato de cesión en los negocios presentados, la Sala deniega la petición de sucesión procesal solicitada por los interesados.síntesis automática
También resuelve:
¿Del contrato de cesión de derechos litigiosos celebrado entre la sociedad demandante y la empresa de inversiones respecto de los activos, pasivos y contratos enlistados en el acuerdo de voluntades…
¿Resulta procedente admitir el supuesto contrato de cesión celebrado por las sociedades el 30 de septiembre de 2015, a pesar de que no se demostró que la cesión pactada en esa fecha fue realizada por…
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
Poder del abogado: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2022-08-16
Sección Tercera (Subsección B)
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Rad. 50001233100020052044801
ACCION CONTRACTUAL
¿El poder otorgado por uno de los miembros de la Junta Directiva de la sociedad, y no por su representante legal, no configura la ineptitud de la demanda, sino que corresponde a la causal de nulidad prevista en el numeral 7 del artículo 140 del CPC, la cual sólo puede ser alegada por la persona afectada? Sí
El contratista no configura la ineptitud de la demanda cuando otorga poder a uno de los miembros de la Junta Directiva, sino que tal situación corresponde a la causal de nulidad prevista en el numeral 7 del artículo 140 del Código Procesal Civil, la cual solo puede ser alegada por la persona afectada. Además, la capacidad para ser parte del consorcio no impide que sus miembros puedan comparecer a los procesos judiciales si así lo deciden. La Sala rechaza que el Invías sea condenado por desequilibrio económico generado por asuntos ajenos a los diseños, ya que estos no fueron objeto de salvedad en el acta de liquidación bilateral. Por último, la Sala incrementa la condena impuesta por la primera parálisis del contrato estatal, considerando el impacto económico de la maquinaria en las bodegas del contratista durante dicha parálisis, lo que implica un reconocimiento de los sobrecostos demostrados.síntesis automática
También resuelve:
¿El hecho de que los consorcios presenten directamente la demanda, es un obstáculo para que los integrantes de tales consorcios también puedan, si así lo deciden, comparecer a los procesos judiciales?
¿Debe condenarse al Invías por el desequilibrio económico del Contrato generado por asuntos
¿Se debe incrementar la cuantía de la condena impuesta por el tribunal, relativa a la primera parálisis del contrato estatal…
Consejo de Estado
Providencia
La demanda fue presentada el 17 de junio de 2008
Sentencia — Sentencia
2024-07-12
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 05001233100020080083501
ACCION CONTRACTUAL
¿Una vez celebrado el contrato adjudicado ya no sería posible su demanda independiente por medio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho sino solo mediante la interposición de la acción de controversias contractuales, por lo que en este caso la demanda, en ejercicio de ésta última, se presentó de forma oportuna? Sí
El contratista no puede demandar el contrato estatal por nulidad y restablecimiento del derecho una vez que éste ha sido celebrado, sino que debe hacerlo mediante la acción de controversias contractuales, la cual fue presentada oportunamente en este caso. La acción de controversias contractuales permite impugnar la legalidad del acto de adjudicación y la nulidad absoluta del contrato, pero solo dentro del plazo de dos años desde la celebración del contrato. Si bien la demanda fue presentada dentro del plazo establecido, las pretensiones de restablecimiento del derecho no pueden ser estudiadas por haberse presentado fuera del término de 30 días hábiles para la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos precontractuales. Además, el juez de segunda instancia no puede analizar argumentos nuevos que no fueron presentados en la demanda original, lo que implica que el recurso de apelación debe limitarse a los cargos y hechos discutidos en primera instancia.síntesis automática
También resuelve:
¿Puede al ad quem analizar un argumento de ilegalidad del acto administrativo de adjudicación demandado, que el apelante no incluyó en la demanda?
¿El fundamento jurídico que fue decisivo del fallo de primera instancia -normas -[ley 80 de 1993] resultaba aplicable al caso…
¿El fundamento jurídico del fallo de primera instancia referente a la jurisprudencia sobre caducidad de la acción respecto del acto administrativo de adjudicación del contrato estatal…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La decisión impugnada será modificada para señalar que la condena decretada deberá ser pagada en favor de la sociedad demandante y el litisconsorte.
Sentencia — Sentencia
2023-09-07
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 81001233100020090003901
ACCION CONTRACTUAL
¿La sociedad demandante y el litisconsorte necesario, en calidad de integrantes del consorcio, ejecutaron mayores cantidades de obra para el cumplimiento del contrato de obra? Sí
En los contratos de obra, las mayores cantidades ejecutadas por los integrantes del consorcio son exigibles cuando fueron ejecutadas con el conocimiento y el aval de la entidad contratante, aunque su valor no haya sido pagado. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la entidad que conoce y avala la ejecución de cantidades adicionales asume la obligación de pagarlas, y su omisión configura responsabilidad contractual. Segunda, el silencio de la entidad frente a esas cantidades, habiendo tenido conocimiento de ellas, no la exime del pago. En el caso, la sociedad demandante y el litisconsorte necesario ejecutaron mayores cantidades sin que su valor fuera pagado, y la providencia confirma la declaración de responsabilidad contractual, aunque modifica la decisión impugnada en la forma de señalar la condena. En la práctica, el contratista que ejecute cantidades adicionales debe dejar constancia del conocimiento y aval de la entidad, porque esa prueba sustenta el reconocimiento del pago.síntesis automática
También resuelve:
¿La condena por concepto de pago de mayores cantidades de obra debe efectuarse por la empresa demandada?
¿La interventoría y Emserpa SA ESP autorizaron al contratista expresamente la realización de mayores cantidades de obra?
¿El contrato de obra fue suscrito única y exclusivamente entre Emserpa SA ESP y el consorcio contratista?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Acción de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2022-06-10
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 54001233100020020038001
ACCION CONTRACTUAL
¿Si las partes acuerdan una suspensión o una modificación del contrato y no plantean salvedades a su cumplimiento, con ello están determinando que ese negocio jurídico se hará en esas condiciones, pues resultaría contrario al principio de buena fe y la prohibición de venir contra los actos propios, permitir que una parte prevalezca en juicio desconociendo que prestó su voluntad en la celebración de un negocio jurídico, sin advertir a su contraparte que aceptaba con reserva lo que estaba firmando? Sí
El contratista no puede desconocer los efectos de las salvedades no expresadas en las actas de suspensión o modificación del contrato, pues resultaría contrario al principio de buena fe y a la prohibición de venir contra los actos propios. En el presente caso, el contratista suscribió actas de suspensión sin indicar que estas causarían mayores costos por disponibilidad de personal, maquinaria y aumento de costos administrativos, circunstancias que ahora reclama. Las partes acordaron las suspensiones para superar dificultades y viabilizar la ejecución del contrato, por lo que el contratista no puede sorprender a su contraparte con situaciones que nunca fueron puestas de presente. La jurisprudencia reitera que el interesado debe indicar a su contraparte si la respectiva modificación, adición, prórroga o suspensión lo afecta, especialmente cuando se llegan a acuerdos para superar las dificultades. Por lo tanto, el contratista no puede desconocer sus propios actos para ahora pretender mayores costos por las suspensiones que firmó sin protesta alguna, sin reservas o salvedades en relación con sus intereses o derechos.síntesis automática
También resuelve:
¿En lo que respecta a los intereses de mora por el incumplimiento en los pagos al contratista, dado que las partes nada pactaron en relación con el término que tenía la entidad demandada para…
¿La entidad demandada debe responder patrimonialmente por los perjuicios materiales alegados en la demanda, causados por el proceso de cobro coactivo adelantado contra la contratista y por el remate…
¿Resulta procedente el reconocimiento de perjuicios morales a favor del representante legal de la contratista, derivados del incumplimiento del pago de las obligaciones de la entidad contratante…
Consejo de Estado
Providencia
Acción de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2021-12-07
Sección Tercera (Subsección A)
MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
Rad. 25000232600020110031501
ACCION CONTRACTUAL
¿Cuándo existe legitimación en la causa por activa para demandar el incumplimiento de un contrato estatal? Sí
El contratista no tiene legitimación en la causa por activa para demandar el incumplimiento de un contrato estatal cuando no se acredita su calidad de parte en alguno de los extremos del contrato, como en el caso de la cesión del contrato de arrendamiento, que requiere el consentimiento inequívoco de la sociedad cesionaria y el representante legal de la cesionaria para ser válida. De acuerdo con el artículo 888 del Código de Comercio, la cesión de un contrato escrito debe perfeccionarse por escrito, mientras que la cesión de un contrato verbal puede hacerse verbalmente. Además, un representante de una alianza que no constituye una persona jurídica distinta de las sociedades que la integran, sin ser representante legal de la sociedad cesionaria, no está legitimado para ejercer actos dispositivos en nombre de la sociedad, lo que implica que la cesión no se perfecciona y la demanda es inadmisible.síntesis automática
También resuelve:
¿Cómo se perfecciona la cesión de un contrato verbal o escrito?
¿Un representante de una alianza cuya agrupación no conforma una persona jurídica distinta de las sociedades, sin ser representante legal…
¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para resolver una controversia contractual de la Dirección Nacional de Estupefacientes, hoy Sociedad de Activos Especiales?
Consejo de Estado
Providencia
Se impone denegar las pretensiones de la demanda y, confirmar la decisión del a quo.
Sentencia — Sentencia
2024-05-06
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 05001233100020100132701
ACCION CONTRACTUAL
¿La decisión de descalificación de la propuesta contractual obedeció a una ruptura intempestiva y carente de razón? No
Constituye un motivo válido para descalificar una propuesta en un proceso de selección que una persona con cargo directivo en la entidad contratante tenga relación familiar con el representante de la firma proponente, pues la prohibición de favorecimiento aplica aunque la dependencia en la que se desempeña no tenga relación con la contratación. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la presencia de un servidor público del nivel directivo con esa relación familiar basta para activar la prohibición, con independencia de que su dependencia no intervenga en el objeto contratado. Segundo, la descalificación no vulnera el principio de buena fe contractual cuando la decisión no obedece a una ruptura intempestiva ni carece de razón y no sorprende al participante, pues en tal caso no se rompen las tratativas, que deben respetarse conforme a los pliegos y a la ley. La providencia deniega las pretensiones de la demanda y confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, el aspirante que incurre en una prohibición legal puede ser descalificado sin que ello implique una ruptura de las tratativas precontractuales.síntesis automática
También resuelve:
¿La incompatibilidad en estudio era adecuada si se dirigía a los familiares de aquellas personas que gozaran de poder de decisión de adjudicar un contrato?
¿La incompatibilidad en estudio resulta conteste con la clasificación y nomenclatura de cargos de la EPM y era viable su aplicación en el presente asunto?
¿La calidad de servidores públicos de las entidades estatales mixtas la ostentan sus representantes legales y los funcionarios de los niveles directivo…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El consorcio omitió adoptar las medidas de mitigación
Sentencia — Sentencia
2023-11-20
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 05001233300020130051101
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El consorcio omitió adoptar las medidas de mitigación previstas en el pliego de condiciones e informar a la entidad sobre la incidencia de las lluvias en el cabal avance de la obra? Sí
El contratista omite adoptar las medidas de mitigación previstas en el pliego de condiciones e informar a la entidad sobre la incidencia de las lluvias en el avance de la obra, lo que implica un incumplimiento del contrato y justifica la liquidación del mismo, según establecen los artículos 4 de la Ley 1150 de 2007, 88 del Decreto 2474 de 2008 y 27 de la Ley 80 de 1993. En este caso, el consorcio no cumplió con estas obligaciones, lo que llevó a la entidad a declarar el incumplimiento y liquidar el contrato, sin que el contratista pudiera alegar que el fenómeno climático justificaba su abandono de la obra sin notificar a la administración. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con las obligaciones contractuales y las medidas de mitigación frente a eventos climáticos, evitando que el contratista pueda simplemente abandonar la obra sin consecuencias legales.síntesis automática
También resuelve:
¿Las obras extras guardaban relación con los ítems que la entidad demandada echó de menos al declarar el incumplimiento del consorcio?
¿Se cumplieron los supuestos legales y procedimentales que habilitaban a la entidad estatal para imponer la cláusula penal?
¿Se configuró la situación de incumplimiento que la contratante declaró en los actos acusados y por tanto la causal de procedencia de la cláusula penal?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Delimitación de la causa petendi Excepcionalmente el juez de lo contencioso administrativo puede interpretar la demanda, siempre que el derecho de defensa del demandado no resulte afectado, no exista una variación de la causa petendi, ni de las pretensiones de la demanda y la acción -hoy medio de control- a la que se adecua no haya caducado.
Sentencia — Sentencia
2024-02-19
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 47001233300020160013401
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En este caso el juez de lo contencioso administrativo puede interpretar la demanda para señalar la delimitación de la causapetendi, referida a la nulidad del contrato sin necesidad de estudiar los actos precontractuales y contractuales frente a los que no se formuló cargo alguno? Sí
El juez de lo contencioso administrativo puede interpretar la demanda para delimitar la causa petendi, siempre que no se afecte el derecho de defensa, no se varíen la causa ni las pretensiones y la acción no haya caducado, de modo que el litigio puede limitarse a la validez del contrato. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, en la demanda se pidió la nulidad del contrato y de los actos relacionados, pero los fundamentos de hecho y de derecho se dirigían a cuestionar la validez del contrato. Segunda, la fijación del litigio en la audiencia inicial se centró en esa temática, sin cargos contra los actos precontractuales o contractuales. Tercera, el régimen de contratación de la empresa de servicios públicos constituida como empresa industrial y comercial del orden municipal es el previsto en el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, modificado por la Ley 689 de 2001, y se rige de modo preferente por el derecho privado. La providencia revoca la decisión de primera instancia. La consecuencia práctica es que el juez puede delimitar el objeto del proceso a la validez del contrato sin ampliarlo a otros actos.síntesis automática
También resuelve:
¿El régimen de los contratos de las empresa prestadora de servicios públicos que fue constituida como empresa industrial y comercial del orden municipal en el municipio de El Banco…
¿La sala debe resolver el asunto teniendo en cuenta el principio de congruencia y los reparos expuestos por la recurrente en apelación…
¿Para crear una nueva empresa prestadora de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de El Banco, se requería la autorización del Concejo Municipal, aunque…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Debe aplicarse el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública para definir el régimen jurídico del contrato de suministro de caña de azúcar, celebrado en 1994 por una Empresa Industrial y Comercial del Estado, sin atender las modificaciones introducidas por la Ley posterior.
Sentencia — Sentencia
2025-09-17
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 05001233100020010121201
ACCION CONTRACTUAL
¿Debe aplicarse el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública para definir el régimen jurídico del contrato de suministro de caña de azúcar, celebrado en 1994 por una Empresa Industrial y Comercial del Estado, sin atender las modificaciones introducidas por la Ley posterior? Sí
El juez aplica a los contratos estatales la ley vigente al tiempo de su celebración, en virtud del principio de irretroactividad consagrado en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887. Las obligaciones, validez, existence y efectos de los acuerdos de voluntades celebrados por las entidades públicas no pueden quedar sujetos a los cambios constantes de la legislación posterior, pues ello generaría inestabilidad e incertidumbre jurídica en las relaciones contractuales, impidiendo que las normas nuevas alteren retroactivamente las condiciones pactadas al momento de perfeccionar el contrato.síntesis automática
También resuelve:
¿Debe computarse el término de caducidad de la acción contractual desde la fecha en que se ordenó la liquidación obligatoria de la sociedad contratista…
¿Resulta procedente reconocer la legitimación en la causa por activa al contratista y por pasiva al departamento de Antioquia…
¿La ausencia de una exposición concreta, clara y suficiente de los motivos de inconformidad en el recurso de apelación impide que el juez de segunda instancia ejerza su competencia para revisar los…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Se advierte la facultad de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer del asunto
Sentencia — Sentencia
2023-11-01
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 20001233300020140003501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de la demanda contra los actos administrativos mediante los cuales se declara el incumplimiento de un contrato de obra? Sí
El medio de control de controversias contractuales es el mecanismo idóneo para demandar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales una entidad declara el incumplimiento de un contrato estatal, y que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de ellos por tratarse de un acto de una entidad pública, conforme a los artículos 104 y 141 del CPACA. Una razón es que el artículo 141 permite a cualquiera de las partes pedir la declaratoria de incumplimiento, la indemnización de perjuicios y las demás declaraciones consecuenciales, de modo que la nulidad del acto que declara el incumplimiento se encauza por esa vía y no por la de nulidad y restablecimiento. Otra razón es que la competencia de segunda instancia depende de la cuantía, que en el caso superaba los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, según los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA. En el caso, el tribunal había resuelto la demanda contra la resolución que declaró el incumplimiento de un contrato de obra, y el Consejo de Estado confirmó la decisión. Su consecuencia práctica es que la impugnación del acto de incumplimiento debe tramitarse como controversia contractual.síntesis automática
También resuelve:
¿El medio de control de controversias contractual resulta procedente para demandar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se declara el incumplimiento del contrato de obra?
¿La legitimación en la causa en el medio de control de controversias contractuales, se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato?
¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Salvamento de voto: Salvamento voto
Salvamento voto — Salvamento de voto
2022-10-19
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 76001233100020050552702
ACCION CONTRACTUAL
¿Exigir que la información financiera de una sociedad extranjera fuera certificada por un contador nacional en el pliego de condiciones es violatorio del principio de selección objetiva? Sí
La sentencia indica que el pliego de condiciones exigía que la información financiera de una sociedad extranjera fuera certificada por un contador nacional. No comparto esa postura porque (i) no era una exigencia del pliego y (ii) de serlo, sería un requisito de imposible cumplimiento.… La disposición del pliego indica que la exigencia procede de ser de obligatoriedad.
También resuelve:
¿Si el pliego de condiciones contiene una disposición de imposible cumplimiento para el proponente seria la misma ineficaz de pleno derecho?
¿La sociedad extranjera perteneciente al consorcio adjudicatario del contrato debe cumplir con los requisitos de existencia y representación en el país independientemente de que el consorcio los…
SIN DECISION