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Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-10-10Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 88001233300020230001201LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El actor presentó una subsanación de la demanda con los hechos ajustados y, además, no es claro, como incluso el mismo tribunal lo sostuvo, que hubiera operado la caducidad y, en caso de duda, se debe admitir y, con las pruebas que se recauden, adoptar tal decisión con plena certeza? Sí
La Sala en esta providencia revocará la decisión adoptada en primera instancia de rechazar la demanda por no haberse subsanado lo relativo a los hechos. Lo anterior porque, de un lado, el actor sí presentó una subsanación de la demanda con los hechos ajustados y, de otro, no es claro, como incluso el mismo tribunal lo sostuvo, que hubiera operado la caducidad y, en caso de duda, se debe admitir y, con las pruebas que se recauden, adoptar tal decisión con plena certeza.… El apelante indicó que el incumplimiento contractual alegado era claro y que, en la adecuación de la demanda, había quedado esbozado. Ahora bien, al revisar la subsanación de la demanda se advierte que se ajustaron los hechos y se definieron 10 hechos relevantes.… En consecuencia, se advierte que el demandante sí corrigió, pero, además de la subsanación, sí es posible comprender la controversia.
También resuelve:¿La decisión debe ser adoptada por la Sala, toda vez que la providencia recurrida rechazó la demanda y puso fin al proceso?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-04-12Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 76001233300020200154601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho estaban caducadas? Sí
La Sala confirmará la decisión adoptada en primera instancia, toda vez que, las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho estaban caducadas y la eventual acumulación de pretensiones de controversias contractuales no resultaba procedente porque no se cumplían los requisitos normativos.… En el caso concreto, se advierte que el recurrente no controvirtió expresamente la adecuación del medio de control, ni la caducidad de las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho del acto de adjudicación. A pesar de esta falta de reparos del recurrente, comoquiera que el recurso se relaciona con la decisión de adecuar la demanda, el conocimiento de las pretensiones de controversias contractuales estaba condicionado a que las pretensiones acumuladas estuvieran en tiempo, lo que no ocurrió en este caso.
También resuelve:¿Los actos expedidos antes de la celebración del contrato deben ser demandados a través de los medios de control de nulidad simple y nulidad y restablecimiento del derecho…¿En un mismo proceso se pueden acumular pretensiones de naturaleza contractual con pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-04-28Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 05001233300020180175701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Tribunal dio por terminado el proceso al haber advertido el incumplimiento del requisito de procedibilidad? Sí
El Tribunal puede dar por terminado el proceso al advertir el incumplimiento del requisito de procedibilidad, conforme a lo establecido en el artículo 175 parágrafo 2 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En este caso, el Tribunal Administrativo de Antioquia dio por terminado el proceso al no haberse agotado el requisito de procedibilidad, es decir, la conciliación extrajudicial, lo que fue confirmado por la Sala. La conciliación es un requisito previo para ejercer el medio de control de controversias contractuales, y su no cumplimiento lleva a la terminación del proceso. La Sala reitera la importancia de cumplir con los requisitos de procedibilidad antes de acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa, lo que implica que cualquier entidad estatal o contratista que no cumpla con estos requisitos puede enfrentar la terminación del proceso.síntesis automática
También resuelve:¿El requisito de procedibilidad se debe agotar previo acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para ejercer el medio de control de controversias contractuales?¿El medio de control en que se agotó el requisito de procedibilidad era en el marco de un proceso ejecutivo, y la demanda se presentó por controversias contractuales?¿La adecuación del medio de control de controversias contractuales a una demanda ejecutiva en este caso resultaba abiertamente improcedente?
¿Se acreditó la culpa grave del ex alcalde demandado al expedir los actos administrativos que fueron declarados nulos y que dieron origen a la sentencia condenatoria por la que ahora se acude a la acción de repetición? No
La culpa grave del agente que expide un acto administrativo posteriormente declarado nulo no se configura cuando el servidor cumplió un acuerdo que, para la fecha de los hechos, se presumía legal y no existe prueba de que conociera la irregularidad de su expedición. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la demanda de repetición debe precisar en qué consiste el reproche de culpa grave que se atribuye a la conducta personal de cada agente, pues la indeterminación del reproche impide analizarlo. Segundo, si la validez del acto era discutible conforme a la normativa vigente al momento de los hechos, esa incertidumbre impide atribuir al agente una conducta gravemente culposa. La providencia revoca la condena contra el ex alcalde por no probarse la culpa grave y confirma la negación de las pretensiones respecto de los demás demandados que no apelaron; en la práctica, la entidad que repite contra un servidor debe identificar la conducta concreta y probar que el agente conocía o debía conocer la irregularidad.síntesis automática
También resuelve:¿De conformidad con la normatividad, la acción de repetición debe presentarse en el término de 2 años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice el pago de la…¿Es procedente la acción de repetición contra los herederos del agente demandado, quien falleció en el curso del proceso, cuando el asunto se encontraba en periodo probatorio?¿Si la entidad demandante no invocó las presunciones previstas en la Ley 678 de 2001, puede el juez en la sentencia adecuar la demanda a la presunción que, a su juicio, más se ajuste?
Sentencia — Sentencia2026-02-27Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 41001233300020150065302LEY 1437 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
¿La entidad demandada incumplió el contrato, desconoció la buena fe contractual cuando en la parte resolutiva de las Resoluciones 562 y 755 de 2014, incluyó también al contratista como su destinatario, pese a que esta particular situación jurídica ya había sido definida previamente por la administración? Sí
El contratista puede prosperar parcialmente en su demanda cuando la entidad demandada desconoce la buena fe contractual al incluirlo como destinatario en resoluciones que ya fueron definidas previamente por la administración en otro acto administrativo. En este caso, la entidad demandada incluyó al contratista como destinatario en las resoluciones 562 y 755 de 2014, a pesar de que la situación jurídica ya había sido resuelta en las resoluciones 429 y 500 de 2014. Esta actuación contraviene la buena fe contractual y constituye un incumplimiento del contrato, lo que justifica la declaratoria de incumplimiento del contrato por parte de la entidad demandada. La sentencia reitera la jurisprudencia según la cual los actos contractuales de las empresas de servicios públicos domiciliarios no tienen la naturaleza de actos administrativos, sino que se rigen por el derecho privado, lo que implica que las controversias deben ser examinadas desde la perspectiva del cumplimiento contractual.síntesis automática
También resuelve:¿Los actos expedidos por los prestadores de servicios públicos domiciliarios ostentan la naturaleza de actos administrativos?¿Resulta procedente declarar probada de oficio la excepción de cosa juzgada, en relación con la pretensión económica consecuencial…¿Resulta improcedente condenar en costas en primera y segunda instancia, por cuanto la demanda prosperó parcialmente y fue necesario complementar la sentencia objeto del recurso de alzada en favor…
¿El Consejo de Estado es competente para conocer de las demandas contra actos administrativos expedidos por los liquidadores de entidades públicas, en razón de la cuantía de las pretensiones? Sí
La jurisdicción contencioso administrativa ejerce competencia para conocer de las demandas contra actos administrativos expedidos por los liquidadores de entidades públicas en desarrollo de funciones administrativas conforme al artículo 104 del CPACA y el artículo 7 del Decreto Ley 254 de 2000. En este proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el Consejo de Estado asume competencia en segunda instancia sobre la apelación dado que la pretensión de mayor valor superaba trescientos salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de presentación de la demanda el 22 de abril de 2014, modificando la providencia apelada y absteniéndose de condenar en costas por prosperar parcialmente el recurso del municipio.síntesis automática
También resuelve:¿La terminación unilateral del contrato realizada por el agente liquidador en cumplimiento de su función administrativa en los procesos de supresión y liquidación de entidades públicas…¿El término de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, empezó a contar desde la notificación de la decisión que declaró improcedente el recurso de reposición contra…¿La legitimación en la causa por activa recae sobre la sociedad afectada con la terminación unilateral del contrato de arrendamiento del que era parte…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-10-28Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 05001233300020240048601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia del auto proferido por los Tribunales Administrativos que rechace la demanda? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer del recurso de apelación contra el auto que rechaza la demanda, conforme al artículo 150 del CPACA y el artículo 25 de la Ley 2080 de 2021, que establecen su competencia para estos casos. Además, la acumulación de pretensiones en una demanda es procedente siempre que sean conexas y cumplan los requisitos legales, según el artículo 165 del CPACA. La escogencia del medio de control adecuado no depende de la discrecionalidad del demandante, sino que se determina por la fuente del daño, como reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado. En este caso, el juez debe interpretar la demanda para adecuar el trámite al medio de control correspondiente, en este caso, el de controversias contractuales, dado que las pretensiones persiguen la responsabilidad contractual derivada de diferentes contratos celebrados entre las partes, conforme al artículo 171 del CPACA.síntesis automática
También resuelve:¿La acumulación de pretensiones resulta procedente siempre que sean conexas y se cumplan los requisitos previstos en la ley?¿La escogencia del medio de control idóneo no depende de la discrecionalidad del demandante, sino que se determina por la fuente del daño en que se fundamenta la causa petendi?¿La adecuación del medio de control corresponde una labor del juez al interpretar la demanda, así como un deber de ajustar el trámite al cause procesal correspondiente, en este caso…
¿El medio de control de controversias contractuales resulta procedente para declarar la existencia de un acto administrativo contractual de reconocimiento de desequilibrio económico del contrato estatal, y de las órdenes de pago para su restablecimiento? No
El medio de control de controversias contractuales no es idóneo para declarar la existencia de un acto administrativo contractual que reconoce el desequilibrio económico del contrato estatal ni para ordenar los pagos que se derivan de él, porque las pretensiones admisibles en este medio son las que enumera el artículo 141 del CPACA. La regla se fundamenta en la delimitación legal de las pretensiones del medio de control, de modo que la causa petendi debe encuadrarse en alguna de ellas. Además, la solicitud de restablecimiento del equilibrio y la respuesta favorable que el ente territorial dio a ella no sustituyen esa delimitación. En el asunto, el contratista demandó con base en la solicitud de restablecimiento y en el incumplimiento de la entidad respecto de una resolución que ordenaba un desembolso, y la Sala confirmó la negativa de las pretensiones. En la práctica, el reconocimiento del desequilibrio debe discutirse por el medio de control que corresponda a sus pretensiones y no por el de controversias contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿La pretensión encaminada a declarar la existencia de un contrato del Estado se justifica cuando la regulación normativa de su tipología exija la formalidad del escrito?¿Resulta procedente adecuar el cauce de este proceso al de un juicio ejecutivo, en el que la Resolución aportada al proceso funja válidamente como título de reconocimiento del desequilibrio económico…¿Cuentan con valor probatorio los documentos aportados en copia simple, salvo en lo que concierne a los procesos ejecutivos?
¿Se configuró la excepción de inepta demanda por haberse ejercido el medio de control de controversias contractuales? Sí
Cuando el daño que se reclama en una demanda de controversias contractuales tiene origen en actos administrativos expedidos por el agente liquidador de una entidad en liquidación que rechazaron una reclamación, la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho y no la de controversias contractuales. La regla se sostiene en tres razones: los actos del agente liquidador que deciden sobre acreencias son actos administrativos que exteriorizan la voluntad de la administración de manera particular y concreta; esos actos gozan de presunción de legalidad, que debe desvirtuarse a través del medio de control correspondiente; y el daño reclamado proviene de la decisión que rechazó la reclamación y no del incumplimiento del contrato. En el caso, la demanda no cuestionó esos actos, por lo que se configuró la ineptitud de la demanda y se confirmó la decisión que la declaró. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la reclamación contra el rechazo de una acreencia en un proceso liquidatorio debe demandarse mediante nulidad y restablecimiento dentro de su término.síntesis automática
También resuelve:¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de controversias que giran en torno a la actividad de una entidad pública?¿Cuando lo que se persigue es la nulidad de un acto administrativo de carácter particular y concreto que se considera ilegal…¿Procede la valoración de los documentos aportados en copia simple que no fueron tachados de falsedad por alguna de las partes en la oportunidad procesal pertinente?
¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, dada la vocación de doble instancia del proceso? Sí
El contratista es competente para interponer un recurso de apelación contra una sentencia de primera instancia emitida por un tribunal administrativo, dado que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tiene competencia para conocer de la controversia contractual, conforme al artículo 104 del Código Procesal Administrativo y Contencioso Administrativo (CPACA). Esta competencia se fundamenta en que la demanda se dirige contra una entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios y que la pretensión supera los 500 SMLMV, lo que se ajusta a los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA. Además, el contrato de obra celebrado por la empresa de servicios públicos se rige por el derecho privado, conforme al artículo 31 de la Ley 142 de 1994, y las resoluciones emitidas por la empresa se consideran actos contractuales de derecho privado. La aseguradora que expidió la póliza de garantía contractual para el contrato de obra también tiene legitimación en la causa por activa para demandar, ya que tiene un interés jurídico directo en la controversia. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado para resolver recursos de apelación en casos de doble instancia y confirma la naturaleza privada de los actos contractuales de las empresas de servicios públicos.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato de obra que tuvo por objeto la construcción del acueducto y alcantarillado se rige de modo preferente por el derecho privado?¿A la aseguradora demandante le asiste un interés jurídico para demandar y se encuentra legitimada en la causa por activa…¿El juez de lo contencioso administrativo en sede de apelación se encuentra atado a resolver únicamente lo que la parte recurrente le formule…
¿La decisión de descalificación de la propuesta contractual obedeció a una ruptura intempestiva y carente de razón? No
Constituye un motivo válido para descalificar una propuesta en un proceso de selección que una persona con cargo directivo en la entidad contratante tenga relación familiar con el representante de la firma proponente, pues la prohibición de favorecimiento aplica aunque la dependencia en la que se desempeña no tenga relación con la contratación. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la presencia de un servidor público del nivel directivo con esa relación familiar basta para activar la prohibición, con independencia de que su dependencia no intervenga en el objeto contratado. Segundo, la descalificación no vulnera el principio de buena fe contractual cuando la decisión no obedece a una ruptura intempestiva ni carece de razón y no sorprende al participante, pues en tal caso no se rompen las tratativas, que deben respetarse conforme a los pliegos y a la ley. La providencia deniega las pretensiones de la demanda y confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, el aspirante que incurre en una prohibición legal puede ser descalificado sin que ello implique una ruptura de las tratativas precontractuales.síntesis automática
También resuelve:¿La incompatibilidad en estudio era adecuada si se dirigía a los familiares de aquellas personas que gozaran de poder de decisión de adjudicar un contrato?¿La incompatibilidad en estudio resulta conteste con la clasificación y nomenclatura de cargos de la EPM y era viable su aplicación en el presente asunto?¿La calidad de servidores públicos de las entidades estatales mixtas la ostentan sus representantes legales y los funcionarios de los niveles directivo…
¿Se configura la caducidad del medio de control contractual cuando, tratándose de un contrato pendiente de liquidación, la demanda se interpone una vez vencido el término especial previsto en el artículo 164 del CPACA, a pesar de haberse suspendido dicho término por la solicitud de conciliación prejudicial? Sí
El contratista no puede interponer una demanda una vez vencido el término especial previsto en el artículo 164 del CPACA, incluso si dicho término se suspendió por la solicitud de conciliación prejudicial, ya que la caducidad del medio de control contractual se configura cuando la demanda se presenta fuera del plazo perentorio establecido por la ley, sin importar las suspensiones temporales del término. En este caso, el contrato de prestación de servicios educativos no fue liquidado oportunamente, lo que inició el cómputo del plazo de dos años para la interposición de la demanda. La solicitud de conciliación prejudicial suspendió el término, pero este reanudó su curso una vez finalizada la conciliación, venciendo antes de que la demanda fuera presentada. Esta decisión reitera la importancia de cumplir rigurosamente con los plazos legales y subraya que las suspensiones temporales no extienden indefinidamente el término para interponer la demanda, lo que implica que el contratista debe actuar con diligencia para evitar la caducidad del medio de control.síntesis automática
También resuelve:¿Se configuró la caducidad del medio de control de reparación directa respecto de la pretensión de incumplimiento por el pago extemporáneo de los anticipos pactados durante la ejecución de un…¿Respecto de la pretensión de incumplimiento por falta de pago del saldo adeudado, el cómputo del término de caducidad inició desde la liquidación…¿Está facultado el juez contencioso administrativo para asumir de oficio el conocimiento de una controversia inicialmente sometida a arbitraje…
¿Teniendo en cuenta las prórrogas pactadas entre las partes para ampliar el plazo de entrega de cada obra, era improcedente imponer la multa por cumplimiento tardío de las obligaciones del contratista, estipulada en el inciso primero del numeral 49.3 del pliego de condiciones? Sí
El contratista no está obligado a pagar la multa por cumplimiento tardío estipulada en el inciso primero del numeral 49.3 del pliego de condiciones, cuando las partes han pactado una prórroga que amplía el plazo de entrega de las obras, ya que la sanción pierde su función de apremio y carece de objeto al momento de su imposición. La Sala modifica la decisión anterior que permitía la aplicación de la multa después de la prórroga, estableciendo que la entidad debe respetar el acuerdo alcanzado entre las partes para ajustar los plazos de ejecución del contrato. Esta regla implica que las partes deben negociar y ajustar los plazos del contrato en caso de atrasos, y que la entidad no puede aplicar sanciones posteriores a la prórroga sin una clara manifestación de intención en ese sentido.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato de obra pública celebrado entre Metrolínea y la Unión Temporal, se rigió por las normas de derecho privado concernientes a las actividades económicas y comerciales del mercado regulado?¿Las decisiones sancionatorias proferidas por Metrolínea, al no tener la connotación de actos administrativos, no pueden ser objeto de estudio de legalidad para efectos de su declaratoria de nulidad?¿La cláusula penal se entiende como una tasación anticipada de perjuicios, que puede hacerse efectiva a través de la multa, por un lado como un apremio al contratista para cumplir la obligación…
¿La prestación de los servicios públicos domiciliarios se encuentra enmarcada en un régimen propio, específico y especializado, en el que se determinó que a los actos y a los contratos de los prestadores se les aplica el derecho privado? Sí
Los actos y los contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios se rigen, como regla general, por el derecho privado, pues la prestación de estos servicios está sometida a un régimen propio, específico y especializado que se separa del marco clásico de la función pública. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, la Ley 142 de 1994 definió un régimen de intervención, regulación y control de los servicios públicos domiciliarios que dota de autonomía a ese concepto frente a la función pública. Segundo, para resolver dificultades de interpretación o vacíos normativos la ley acude a sus principios generales sin distinguir si el prestador es público, privado o mixto, de modo que todos quedan sujetos en iguales condiciones. Tercero, el legislador excluyó de forma expresa la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública a estos prestadores, salvo que la ley disponga otra cosa, de modo que sus actos contractuales no contienen prerrogativas de poder público que den lugar a actos administrativos. La providencia unifica el criterio sobre el régimen aplicable; en la práctica, el derecho privado es la regla general y solo cede cuando la ley autoriza expresamente un ámbito normativo diverso.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta legalmente admisible que cuando una entidad estatal celebra un contrato que se rige por las normas del derecho privado, se pacten cláusulas cuya ejecución corresponda a una de ellas…¿Los actos unilaterales que emite una entidad estatal en desarrollo de contratos regidos por el derecho privado, como los proferidos por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios…¿Debe unificarse la jurisprudencia del Consejo de Estado para definir la naturaleza de los actos jurídicos adoptados por los prestadores de servicios públicos domiciliarios con motivo de su actividad…
¿Cuál es la naturaleza jurídica de la caducidad de la acción en el proceso contencioso administrativo? Sí
La caducidad de la acción es una figura de orden público que limita el tiempo en que se puede acceder a la jurisdicción, y constituye un presupuesto del derecho de acción que es invariable, irrenunciable, improrrogable e insubsanable, por lo que el juez debe verificarla al dictar sentencia. La regla se apoya en tres razones. Primera, la caducidad evita que las situaciones jurídicas controvertidas permanezcan indefinidas en el tiempo. Segunda, en los contratos la caducidad se computa desde la terminación del contrato si no requiere liquidación, o desde la suscripción de la liquidación si la requiere, y desde el vencimiento del plazo para liquidar, según el caso. Tercera, la Ley 446 de 1998 positivizó este criterio y fijó un término de dos años contados desde el día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que sirven de fundamento. En consecuencia, el juez debe examinar la caducidad como elemento esencial antes de decidir el fondo. El documento reitera la jurisprudencia sobre la naturaleza de la caducidad.síntesis automática
También resuelve:¿Cuáles son los términos para la liquidación del contrato estatal?¿La liquidación del contrato estatal determina el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales?¿La demanda fue presentada por fuera del término de dos años siguientes a la liquidación del contrato estatal?
¿Se configuró la caducidad del medio de control en el caso sub lite, teniendo en cuenta que la controversia versa sobre un contrato de asociación celebrado con una entidad privada sin ánimo de lucro, cuya liquidación unilateral no era admitida conforme a la ley que gobierna el contrato y, considerando las pautas jurisprudenciales procedentes en caso de duda sobre las normas y reglas aplicables al cómputo del término respectivo? No
El contratista no configura la caducidad del medio de control en controversias contractuales cuando el contrato de asociación celebrado con una entidad privada sin ánimo de lucro no admite la liquidación unilateral, computándose el término de caducidad desde el vencimiento del plazo para la liquidación bilateral conforme al régimen jurídico aplicable, en este caso el Decreto 777 de 1992 y la Constitución. La regla establece que la liquidación unilateral no es una facultad admisible en contratos con entidades sin ánimo de lucro, por lo que el cómputo del término de caducidad debe iniciarse desde la finalización del plazo para la liquidación bilateral. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y refuerza la aplicación del principio de seguridad jurídica, garantizando la certeza en la interpretación y aplicación de las normas contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente el estudio de los cargos de alzada concernientes a la causal de nulidad por falta de debida notificación de la resolución que liquidó unilateralmente el contrato y…¿Dado que la entidad demandada no estaba facultada para liquidar unilateralmente el convenio de asociación, las resoluciones impugnadas en este asunto no ostentan la condición de actos…¿Cumplió CENASEL las obligaciones pactadas en el convenio de asociación núm. 010 del 27 de diciembre de 2007 y, consecuentemente, no adeuda $1.084’035.265 a la UAESP?
Sentencia — Sentencia2023-10-11Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 25000233600020170032201LEY 1437 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de la demanda contra los actos administrativos mediante los cuales se declara el incumplimiento del contrato de obra? Sí
La acción de controversias contractuales es el medio procedente para demandar los actos administrativos mediante los cuales la entidad declara el incumplimiento de un contrato de obra, y que el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de la sentencia cuando la cuantía de la pretensión supera el umbral legal, conforme a los artículos 104, 150 y 152 numeral 5 del CPACA. Una razón es que el artículo 104 atribuye a la jurisdicción las controversias originadas en actos y contratos en los que interviene una entidad pública, y el acto de incumplimiento fue expedido por una entidad del orden nacional. Otra razón es que la demanda pedía la nulidad de los actos que declararon el incumplimiento y el restablecimiento del derecho, pretensiones que el juez debe estudiar con la vía contractual, así como la cuantía fijada para la doble instancia. En el caso, la Sala confirmó la sentencia de primera instancia. Su consecuencia práctica es que las resoluciones que declaran el incumplimiento de un contrato de obra se impugnan por controversias contractuales y no por nulidad y restablecimiento.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractual resulta procedente para demandar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se declara el incumplimiento del contrato de obra?¿La legitimación en la causa en el medio de control de controversias contractuales, se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato?¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del…
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de la demanda contra los actos administrativos mediante los cuales se declara el incumplimiento de un contrato de obra? Sí
El medio de control de controversias contractuales es el mecanismo idóneo para demandar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales una entidad declara el incumplimiento de un contrato estatal, y que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de ellos por tratarse de un acto de una entidad pública, conforme a los artículos 104 y 141 del CPACA. Una razón es que el artículo 141 permite a cualquiera de las partes pedir la declaratoria de incumplimiento, la indemnización de perjuicios y las demás declaraciones consecuenciales, de modo que la nulidad del acto que declara el incumplimiento se encauza por esa vía y no por la de nulidad y restablecimiento. Otra razón es que la competencia de segunda instancia depende de la cuantía, que en el caso superaba los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, según los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA. En el caso, el tribunal había resuelto la demanda contra la resolución que declaró el incumplimiento de un contrato de obra, y el Consejo de Estado confirmó la decisión. Su consecuencia práctica es que la impugnación del acto de incumplimiento debe tramitarse como controversia contractual.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractual resulta procedente para demandar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se declara el incumplimiento del contrato de obra?¿La legitimación en la causa en el medio de control de controversias contractuales, se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato?¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del…
¿Es procedente declarar que el consentimiento otorgado por el CONSORCIO BDO para la revocatoria directa del acto adjudicatario inicial del 14 de marzo de 2013, mediante la “Resolución 099 del 20 de marzo siguiente” estuvo viciado, pues, a juicio de la parte recurrente, los yerros que se alegaron para tal proceder no existieron, en tanto no hubo un error aritmético que variara el hecho de que la mejor oferta era la suya, ni incumplió ningún requisito del manual de contratación de la entidad, circunstancia que se debió, entre otros, a hechos como que no se le permitió al aquí apelante acceder a las propuestas en la primera etapa del procedimiento? No
La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, en adelante CAPROVIMPO, adelantó una solicitud privada de ofertas, con el objeto de contratar la "prestación de servicios de apoyo en la gestión para la ejecución de las actividades integrales de los procesos del área de operaciones, relacionados con: i) administración de aportes, 11) reconocimiento y pago de subsidio y apoyo financiero y, iii) administración de cesantías". Mediante decisión del 14 de marzo de 2013 adjudicó el proceso contractual al CONSORCIO BDO. Tras advertir que se cometieron errores en la evaluación económica de las propuestas y que no se tuvieron en cuenta algunas reglas del manual de contratación de la entidad, el 20 de marzo de 2013 CAPROVIMPO, con consentimiento previo del CONSORCIO BDO, revocó esta decisión y saneó el proceso contractual.
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para resolver controversias contractuales con ocasión de la solicitud privada de oferta donde una de las partes es una Empresa Industrial y Comercial del Estado…¿Las consecuencias jurídicas del régimen contractual no se circunscriben únicamente al ámbito de celebración o ejecución del contrato, sino que también se extienden a los actos de las partes…¿El giro ordinario de los negocios no abarca todo el objeto social de una entidad, sino solo aquellas actividades que se realizan de forma permanente y que…