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Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO
Problema jurídico:
¿Tienen merito probatorio las copias simples de documento?
Respuesta al problema jurídico: Si
Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el mérito probatorio de las copias simples de documento, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, exp. 25022 [fundamento jurídico 1]. El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo, lo respeta y acoge. Los argumentos de la inconformidad están en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, exp. 26984. Estas providencias se pueden consultar en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 363, 364 y 365, respectivamente, disponible en https://bit.ly/3gjjduK.
DOCUMENTO / APRECIACIÓN DEL DOCUMENTO / CLASES DE DOCUMENTO / ARCHIVO DE DOCUMENTO PÚBLICO / DOCUMENTO PRIVADO / DOCUMENTO PÚBLICO / AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA
Problema jurídico:
¿El mérito probatorio de los documentos lo asigna el juez, luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto?
Respuesta al problema jurídico: Si
Según el artículo 251 CPC (retomado por el art. 243 CGP), los documentos son públicos o privados. El documento es público si es otorgado por funcionario en ejercicio de su cargo o con su intervención y es privado si no reúne los requisitos para ser público. El documento público se presume auténtico y el documento privado es auténtico en los casos previstos en el artículo 252 CPC. El mérito probatorio de los documentos lo asigna el juez (arts. 264, 277 y 279 CPC), luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, según las reglas de la sana crítica (art 187 CPC).
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 187, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 251, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 252, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 264, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 277, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 279
DECLARACIÓN EXTRAJUDICIAL / RATIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN EXTRAJUDICIAL / VALIDEZ DE LA DECLARACIÓN EXTRAJUDICIAL / VALOR PROBATORIO DE LA DECLARACIÓN EXTRAJUDICIAL
Problema jurídico:
¿Puede ser valorada por el juez una declaración extrajuicio que no fue ratificada?
Respuesta al problema jurídico: No
La demanda aportó una declaración extrajuicio (...). Este tipo de declaraciones, al ser sumarias, requieren de ratificación judicial de conformidad con el artículo 229 CPC. Como no fue ratificada, no será valorada.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 229
CONTRATO ESTATAL / REGULACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / MUNICIPIO / MUNICIPIO DE RIONEGRO / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / NORMATIVA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / DERECHO PRIVADO
Problema jurídico:
¿Debe aplicarse además del derecho privado, la Ley 80 de 1993 al contrato de obra donde fue parte el Municipio de Rionegro?
Respuesta al problema jurídico: Si
El régimen jurídico del contrato (...) El artículo 1 de la Ley 80 de 1993 establece que esa ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales. (...) El estatuto de contratación regula particularmente cinco materias propias del régimen de la contratación: (i) capacidad: dentro de la cual están las inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de interés, los consorcios y uniones temporales –que pueden celebrar contratos sin ser personas jurídicas– y el registro único de proponentes; (ii) la selección objetiva, que abarca los procedimientos de selección de contratistas; (iii) el perfeccionamiento y la forma del contrato, la urgencia manifiesta y algunos tipos de contratos; (iv) algunos aspectos relativos a su ejecución como el manejo de riesgo, la ecuación contractual y las denominadas «potestades excepcionales» y (v) la liquidación del contrato y la de solución de controversias. En lo demás, la Ley 80 de 1993 prescribe que, por regla general, los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 de ese estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes (arts. 13, 23, 28, 32, 40, 44 y 45 de la Ley 80 de 1993 y art. 2 CC), salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley. De modo que el contrato estatal se rige por las disposiciones comerciales y civiles, salvo lo previsto por las normas de orden público previstas en la Ley 80 y sus modificaciones (...) El 19 de diciembre de 1994, (...) Ltda. y el Municipio de Rionegro celebraron el contrato de obra n.° 093 para la iluminación del estadio municipal «Alberto Grisales» (...). Como el Municipio de Rionegro fue parte del contrato de obra n.° 093, a sus contratos se aplica, además del derecho privado, la regulación especial prevista en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el régimen jurídico del contrato estatal, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 28 de febrero de 2020, exp. 31628, C.P. Guillermo Sanchez Luque, fundamento jurídico 4.
FUENTE FORMAL:
LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 2, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 23, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 28, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 45
CONTRATO DE OBRA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CLÁUSULA DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / REQUISITOS DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / CLÁUSULA EXCEPCIONAL / RESOLUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿En los contratos sometidos a la Ley 80 de 1993, para determinar las normas aplicables se deberá diferenciar si la terminación unilateral del vínculo contractual se ejerció con fundamento en la potestad excepcional que dispone ese estatuto o en una facultad del tipo contractual o pactada?
Respuesta al problema jurídico: Si
Terminación unilateral del contrato (...) El artículo 17 de la Ley 80 de 1993, en consonancia con el artículo 14.2 que tiene como antecedente los artículos 18 y 19 del Decreto 222 de 1983, faculta a las entidades, mediante acto administrativo motivado y en ejercicio de una potestad excepcional, para disponer la terminación anticipada del contrato. La entidad puede dar por terminado el contrato: (i) cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga ; (ii) por muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es persona natural, o por disolución de la persona jurídica del contratista; (iii) por interdicción judicial o declaración de quiebra del contratista (figura concursal eliminada mediante la Ley 222 de 1993); o (iv) por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato. De conformidad con el inciso segundo del artículo 14.1 de la Ley 80 de 1993, en los actos en los que se use la potestad excepcional de terminación unilateral, la Administración debe reconocer y pagar las compensaciones e indemnizaciones a que tengan haya lugar, por su ejercicio. Estos supuestos de la terminación corresponden a circunstancias sobrevivientes a la celebración del contrato que hacen nugatoria su ejecución, por afectar el interés público. La primera causal de terminación unilateral dispone que procederá cuando: (i) las exigencias del servicio público lo requieran o (ii) la situación de orden público lo imponga. El primer evento se refiere, pues, a aquellas circunstancias en los que la terminación de la relación contractual se necesite para la satisfacción del interés general o colectivo. El segundo, implica que el orden público –aquel conjunto de condiciones tendientes a asegurar la convivencia armónica de los miembros de una sociedad en un marco de estabilidad y normalidad institucionales con plena garantía de las libertades públicas, cuyos elementos constitutivos son la tranquilidad, la seguridad y la salubridad pública– exija la terminación del vínculo. Circunstancia que, más que una facultad, constituye un mandato para la entidad, pues se deriva de la preeminencia del interés público. De otro lado, el artículo 45 dispone que cuando se configuren las causales de nulidad absoluta del contrato previstas en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 44, esto es, cuando se celebren contratos con personas incursas en causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la constitución o en la ley, cuando se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal o cuando se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamente, la entidad respectiva deberá dar por terminado el contrato mediante acto administrativo debidamente motivado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre (terminación unilateral por nulidad) Una figura particular que, a primera vista, pareciera convertir a la Administración en «juez y parte». (...) Cuando la Administración termina unilateralmente un contrato con fundamento en la potestad excepcional de terminación unilateral, debe motivar de forma detallada y precisa el acto administrativo a través del cual toma esa decisión (art. 17 y 24.7 de la Ley 80 de 1993). La motivación es una de las más caracterizadas expresiones del debido proceso, pues solo así el contratista podrá defender sus derechos, si considera que los motivos aducidos no se enmarcan en las causales para la procedencia de la figura. La motivación, elemento fundamental del acto administrativo, puede encontrase en el texto de la decisión o en los antecedentes que le dieron origen. En consecuencia, la falsa motivación se configura cuando los fundamentos de la decisión no corresponden con la realidad, por la inexistencia o error de los motivos de derecho o de hecho aducidos . Ahora, si la ley dispone que la motivación debe estar explícita en el contenido de un acto, esta constituye un requisito de validez y, por ende, su ausencia –la falta de motivación– vicia de nulidad la decisión por incumplimiento de uno de sus presupuestos formales, esto es, por expedición irregular (art. 84 CCA, retomado por el artículo 137 CPACA). De manera que, si los motivos de hecho o de derecho que aduce una entidad para terminar unilateralmente el contrato, con fundamento en lo establecido en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993, no corresponden con aquellos que dan lugar a la figura, el acto estará viciado, pues las circunstancias alegadas no se enmarcarán en los supuestos que habilitan la medida. El control que haga el juez, en estos casos, no se limita a verificar la veracidad de los motivos expuestos por la Administración al terminar el contrato, pues también debe consultar su seriedad, la pertinencia de estos y su proporcionalidad con la medida tomada . (...) El ejercicio ilegítimo de la potestad excepcional de terminación unilateral constituye un incumplimiento del contrato que da lugar a la indemnización integral de perjuicios bajo el régimen de responsabilidad contractual por culpa. Se debe precisar que, aunque el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 pareciera sugerir el incumplimiento como una causa de desequilibrio económico del contrato, y el tratamiento jurisprudencial sobre el punto no pareciera del todo claro, lo cierto es que se trata de fenómenos distintos. Una cosa es el incumplimiento de una parte, por la desatención de sus obligaciones, como lo sería ejercer potestades excepcionales sin fundamento, y otra cosa son los eventos en que el equilibrio puede verse afectado por factores externos a las partes o por diversas causas que pueden ser imputables a la Administración, como consecuencia o por razón de la expedición de actos administrativos en ejercicio legítimo de su condición de autoridad. (...) La Sala reitera que las partes pueden dotarse recíprocamente, o a una de ellas, en ejercicio de la autonomía privada, de la facultad de resolver el contrato. Este pacto expreso de terminación unilateral constituye ley contractual y no puede ser anulado sino por contrariar el orden público y las buenas costumbres (arts. 15, 16, 1502 y 1519 CC) o cuando implique abuso del derecho (art. 830 C. Co.). En muchos contratos típicos se establece, además, la facultad de terminación unilateral ya sea por incumplimiento o a voluntad (ad nutum). (...) Precisamente, el contrato de obra –naturaleza del contrato objeto de la controversia– prevé la posibilidad de terminar unilateralmente el contrato como facultad que se entiende incorporada al acuerdo sin necesidad de cláusula especial (natural, según art. 1501 CC). En efecto, el artículo 2056 CC, dispone que el que encargó la obra, aún en el caso de haberse estipulado un precio único y total por ella, podrá hacerla cesar, reembolsando al artífice todos los costos y dándole lo que valga el trabajo hecho y lo que hubiere podido ganar en la obra. Esta regla permite a quien encargó la obra ponerle fin al contrato sin invocar un incumplimiento, siempre que pague los conceptos señalados en la disposición cuando decida hacer uso de esa facultad. Obedece, a su vez, al reconocimiento que la obra solo interesa a quien la encarga y, por ello, si este considera que no la requiere, no tiene sentido obligarlo a recibirla. Aunque la Ley 80 de 1993 dispone como cláusula excepcional la posibilidad de declarar la caducidad –que se regirá por lo dispuesto en ese estatuto–, ello no quiere decir que las partes no puedan, además, pactar la terminación o resolución unilateral en el marco de la legislación civil o comercial, que es el régimen general del contrato público. La diferencia básica entre estas cláusulas –las excepcionales y las que otorgan poderes unilaterales por pacto o según la naturaleza del contrato–, está dada en que, no obstante la unilateralidad, estas últimas no comportan el ejercicio de una prerrogativa de derecho público, al no exteriorizarse mediante actos administrativos. Esto se debe a que su origen no está en las disposiciones normativas de carácter legal que pretenden dotar a la Administración de poderes por fuera del derecho común, sino que se ampara en el derecho privado, en cuyo marco, las partes ejercen la autonomía privada en aras del interés particular del negocio y de cada uno de los contratantes. De modo que es posible la coexistencia de la resolución unilateral del contrato con otras formas de terminación que sí constituyen verdaderas cláusulas excepcionales, particularmente la caducidad o la terminación por circunstancias de orden público. Esto, precisamente, en virtud de que la primera deviene del régimen de derecho privado –aplicable por remisión expresa de los artículos 13, 23, 28, 32, 40, 44 y 45 de la Ley 80 de 1993 –, y la segunda de la vigencia de normas de orden público propias de la contratación estatal. De manera que tanto las potestades excepcionales como las facultades unilaterales pactadas pueden coexistir en el marco de una misma regulación contractual, cada una con sus límites y en el marco de las hipótesis reguladas por la ley y por las partes para su ejercicio. En los contratos sometidos a la Ley 80 de 1993, para determinar las normas aplicables se deberá diferenciar si la terminación unilateral del vínculo contractual se ejerció con fundamento en la potestad excepcional que dispone ese estatuto o en una facultad del tipo contractual o pactada. En efecto, cuando una entidad sometida al estatuto indique, en el acto que termina el contrato, que hizo uso de la facultad de terminación unilateral establecida en la Ley 80 de 1993 o se apoye en las hipótesis reguladas por esa norma, estará expidiendo un acto administrativo en el marco de las prerrogativas del poder público, sujeto a los recursos legales y al control judicial dispuestos para esta figura en la ley. Por el contrario, si la entidad hace uso de la facultad regulada para el tipo contractual o de la pactada por las partes, se deberá estudiar si concurren los presupuestos, regulados por la ley o por las partes, para adoptar esa decisión, esto es, en últimas, si se incumplió o no el contrato, lo cual excluye el análisis de legalidad porque no comporta la expedición de un acto administrativo.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la terminación unilateral del contrato estatal de obra pública, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de noviembre de 2006, exp. 30832 [fundamento jurídico 6.2], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018 pp. 312-314, disponible en https://cutt.ly/OQ9KFJH. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de junio de 2007, exp. 17253 [fundamento jurídico 4]. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de febrero de 2009, exp. 17211 [fundamento jurídico 5.1] y sentencia del 4 de junio de 2012, Rad. 22109 [fundamento jurídico 4.b] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de agosto de 1999, exp. ACU-798 [fundamento jurídico 2.1]. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de junio de 2007, exp. 17.253 [fundamento jurídico 4], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018 pp. 329-330, disponible en: https://cutt.ly/OQ9KFJH. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de septiembre de 1990 exp. N-3106 [fundamento jurídico párr. 23-24], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018 p. 325, disponible en: https://cutt.ly/OQ9KFJH. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 17 de febrero de 2000, exp. 5694 [fundamento jurídico 3], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Primera, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 27-28, disponible en: https://cutt.ly/OQ9KFJH. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de abril de 2001, exp. 13411 [fundamento jurídico b]. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de septiembre de 1990 exp. N-3106 [fundamento jurídico párr. 23-24], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018 p. 325, disponible en: https://cutt.ly/OQ9KFJH.Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 15 de febrero de 1999, exp. 11194 [fundamento jurídico 1]; del 21 de junio de 1999, exp. 14943 [fundamento jurídico 4], sentencia del 4 de septiembre de 2003, exp. 10883, [fundamento jurídico 4 sentencias del 26 de febrero de 2004, Rad. 14043 [fundamento jurídico 3.1], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 266, 267, 276 y 268, disponible en: https://cutt.ly/OQ9KFJH. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de agosto de 2020, exp. 36875 [fundamento jurídico 5].
FUENTE FORMAL:
LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 2056, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14 NUMERAL 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14 NUMERAL 2, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 17, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 NUMERAL 7
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATACIÓN ESTATAL / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL / REGLAS DE CONTRATACIÓN ESTATAL / MUNICIPIO / FACULTADES DEL MUNICIPIO / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULA EXCEPCIONAL / CLÁUSULA EXCEPCIONAL DEL CONTRATO ESTATAL / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN
Problema jurídico:
¿La terminación unilateral del contrato de obra para la iluminación del estadio municipal «Alberto Grisales»por parte de Municipio de Rionegro se fundamentó en la facultad excepcional dispuesta en la Ley 80 de 1993, por ello la legalidad de decisión debe confrontarse frente a dicha disposición?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como el Municipio de Rionegro es una entidad regida por la Ley 80 de 1993, según el artículo 2 de este estatuto, y el contrato para la iluminación del estadio municipal «Alberto Grisales» es un contrato de obra, se entiende pactada la potestad excepcional de terminación unilateral (art. 14.2 y 17 de la Ley 80 de 1993). Aunque la regulación del contrato de obra permite a quien la encarga terminar unilateralmente el contrato si reembolsa al artífice todos los costos y dándole lo que valga el trabajo hecho y lo que hubiere podido ganar (art. 2056 CC), como la entidad al expedir las resoluciones n.° 016, 746 y 1434 señaló que ejercía la facultad de terminación unilateral del contrato, según lo establecido en los artículos 14 y 17 de la Ley 80 de 1993 y fundamentó la decisión en razones del servicio público (...), expidió actos administrativos en ejercicio de la potestad excepcional regulada en el artículo 17.1 de la Ley 80 de 1993. Por ello, la Sala confrontará la legalidad de los actos administrativos demandados con esa disposición. (...) La entidad terminó unilateralmente el contrato porque: (i) la obra no se encontraba en el programa de gobierno del alcalde municipal; (ii) el contrato era excesivamente oneroso y no se había suscrito el acta de inicio de obra; y (iii) existían razones técnicas, económicas y de planificación que volvían inconveniente la ejecución del contrato. (...)
FUENTE FORMAL:
LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 2056, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14 NUMERAL 2, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 17
LÍMITES DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / IMPROCEDENCIA DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ALCALDE / ELECCIÓN DEL ALCALDE / PROGRAMA DE LOS CANDIDATOS / CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE LOS CANDIDATOS / REVOCATORIA DEL MANDATO / REQUISITOS PARA REVOCAR EL MANDATO
Problema jurídico:
¿Podía el Municipio terminar de forma unilateral el contrato de obra para la iluminación del estadio, por el solo hecho de que no hacía parte del «plan de gobierno» de quien fue elegido con posterioridad a su celebración y el temor a una eventual revocatoria del mandato?
Respuesta al problema jurídico: No
El Municipio de Rionegro adujo en la Resolución n.° 016 que la obra no se encontraba en el programa de gobierno del alcalde municipal y que con su ejecución existía la posibilidad de paralización de otros servicios que sí lo integraban, circunstancia que daría lugar a la revocatoria del mandato. El artículo 259 CN dispone que quienes elijan gobernadores y alcaldes imponen por mandato al elegido el programa que presentó al inscribirse como candidato. Su incumplimiento da lugar a la revocatoria del mandato en los términos de la Ley 131 de 1994, sobre mecanismos de participación ciudadana. La revocatoria del mandato establecida en los artículos 40.4, 103 y 133 CN, consiste en la posibilidad que se le da al pueblo, bajo ciertas circunstancias y requisitos, de revocar el mandato de los elegidos. En efecto, el artículo 6 de la Ley 134 de 1994 definió la figura como un derecho político por medio del cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que han conferido a un gobernador o alcalde. Mientras que el programa y la revocatoria del mandato buscan hacer efectiva la responsabilidad política del elegido frente a sus electores, la finalidad de la contratación estatal es el cumplimiento de los fines estatales, que no puede sacrificarse por el cambio de funcionarios de elección popular, ni por el cumplimiento de sus programas de gobierno. Los alcaldes y gobernadores, al celebrar contratos públicos como representantes legales de los municipios y departamentos, respectivamente, comprometen a la entidad y al contratista al cumplimiento del contrato, que será de obligatorio cumplimiento como ley creada por las partes voluntariamente y que sólo se podrá extinguir por causas legales (art. 1602 CC). Aunque la entidad motivó la decisión de terminar el contrato en el artículo 17.1 de la Ley 80 de 1993 y el programa de los alcaldes y gobernadores debe tener relación con la satisfacción del interés general, su incumplimiento, y la eventual revocatoria del mandato por esa circunstancia, no constituyen una necesidad del servicio público que exija la terminación de contratos celebrados por mandatarios anteriores. Permitir la terminación unilateral de los contratos con base en la potestad regulada en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, por el solo hecho de que no hacen parte del «plan de gobierno» de quien es elegido con posterioridad a su celebración y el temor a una eventual revocatoria del mandato, impediría la continuidad de obras y servicios que se proveen con la contratación pública y propiciaría la inseguridad jurídica en las relaciones negociales de la Administración, que también se gobiernan por el postulado de la fuerza normativa del contrato (art. 1602 CC, con arreglo al artículo 13 de la Ley 80). Además, la circunstancia alegada tampoco configura una situación de orden público que imponga la terminación del vínculo contractual, pues no constituye una situación fáctica relativa al mantenimiento de la tranquilidad, la seguridad y la salubridad pública. Como los motivos señalados por el Municipio de Rionegro para la terminación unilateral del contrato de obra n.° 093, relacionados con el cumplimiento del programa de gobierno del alcalde y eventual revocatoria a su mandato, no se enmarcan en los supuestos del artículo 17.1 de la Ley 80 de 1993, la terminación unilateral del contrato no era procedente.
INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PRESUPUESTO DE LA OBRA PÚBLICA / CONTRATO ONEROSO / ONEROSO / CONDICIÓN SUSPENSIVA / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / IMPROCEDENCIA DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
Problema jurídico:
¿Podía el Municipio terminar de forma unilateral el contrato de obra para la iluminación del estadio, porque era excesivamente oneroso y no se había suscrito el acta de inicio de obra?
Respuesta al problema jurídico: No
La entidad también indicó que la terminación unilateral del contrato se justificaba porque era excesivamente oneroso y no se había suscrito el acta de inicio de obra. Frente a estos argumentos se debe precisar, por una parte, que el precio del contrato no puede constituir, por sí solo, una coyuntura que dé lugar a la terminación unilateral del contrato regulada en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Dicha potestad no es una figura que permita a las entidades contratantes corregir errores en la planeación del contrato o dificultades presupuestales que atraviese su ejecución. Además, la entidad se limitó a señalar que el contrato era excesivamente oneroso, sin indicar los motivos que fundamentaran esa conclusión. Lo consignado en el acto administrativo no permite contrastar dicha afirmación con el ordenamiento y va en contravía del deber de motivar, de forma detallada, la terminación unilateral del contrato (arts. 17 y 24.7 de la Ley 80 de 1993). De otra parte, la suscripción del acta de inicio de obra, al ser una condición suspensiva pactada para la ejecución material del objeto del contrato (art. 1530 y ss. CC), tampoco se enmarca en las razones del servicio o de orden público que dan lugar a la figura. Ni la supuesta excesiva onerosidad del contrato, que no fue explicada en el acto administrativo, ni la ausencia del acta de inicio de obra encuadran en la causal de procedencia de terminación unilateral del contrato del artículo 17.1 de la Ley 80 de 1993. De forma que la entidad tampoco estaba habilitada para hacer uso de la potestad por estos motivos.
FUENTE FORMAL:
LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1530, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 17, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 NUMERAL 7
MUNICIPIO / FACULTADES DEL MUNICIPIO / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / IMPROCEDENCIA DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / ORDEN PÚBLICO / PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO / DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / PROCEDENCIA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALSA MOTIVACIÓN / CONFIGURACIÓN DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONTRATO DE OBRA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Podía el Municipio terminar de forma unilateral el contrato de obra para la iluminación del estadio, por razones técnicas, económicas y de planificación que hacían inconveniente la ejecución del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
La entidad, a su vez, adujo que terminaba el contrato por razones técnicas, económicas y de planificación que hacían inconveniente la ejecución del contrato. No obstante, la entidad no especificó cuáles eran esos motivos. La Sala reitera que la Administración no se puede limitar a afirmar de forma genérica que la terminación unilateral obedece a razones de orden público o conveniencia. Las entidades deben motivar de forma detallada la decisión, para que el contratista conozca con certeza los fundamentos de la medida y pueda ejercer los controles de los que dispone para ese fin [núm. 13]. El Municipio de Rionegro no indicó sustento alguno que sirviera de base para terminar el contrato en este punto, pues se limitó a afirmar que existían circunstancias técnicas, económicas y de planificación que hacían inconveniente la ejecución del contrato, sin especificar en qué consistían. No es posible conocer de manera precisa las razones técnicas de estos motivos, situación que va en contravía del deber de motivar la decisión de terminación unilateral del contrato (...) Como la entidad esgrimió motivos en la Resolución n.° 016 que no corresponden a los supuestos de hecho y de derecho que permiten el ejercicio de la potestad excepcional de terminación unilateral del contrato del artículo 17 de la Ley 80 de 1993, la Sala anulará el acto administrativo por falsa motivación.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las razones de orden público o conveniencia para la terminación unilateral del contrato, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de septiembre de 1990 exp. N3106 C.P. Antonio José de Irisarri Restrepo [fundamento jurídico párr. 23-24], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018 p. 325, disponible en: https://cutt.ly/OQ9KFJH.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 17
EXPEDICIÓN IRREGULAR DEL ACTO ADMINISTRATIVO / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / MUNICIPIO / RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO / MUNICIPIO DE RIONEGRO / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / PROCEDENCIA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿El municipio de Rionegro incurrió en la causal de nulidad de expedición irregular al proferir dos actos administrativos posteriores al de la terminación unilateral del contrato, que ratificaban dicha decisión, cuando no había sido recurrida y con ello incumplió el contrato de obra para la iluminación del estadio?
Respuesta al problema jurídico: Si
La entidad, en la Resolución n.° 746 (...), confirmada en la Resolución n.° 1434 (...), «ratificó» la Resolución n.° 016 (...) La decisión se fundamentó en razones de orden técnico y de inconveniencia (...) El contenido de estos oficios citados en la decisión no encuadra dentro de ese conjunto de condiciones tendientes a asegurar la convivencia armónica de los miembros de una sociedad en un marco de estabilidad y normalidad institucionales con plena garantía de las libertades públicas. No se evidencia, pues, la configuración de los motivos de servicio o de orden público que dan lugar a la terminación del contrato. Estos oficios, por el contrario, dan cuenta de una aparente falta de planeación adecuada, que se reitera, no da lugar a la terminación unilateral del contrato contemplada en la Ley 80 de 1993 (...) Las formalidades previstas en la ley o el reglamento para la formación del acto administrativo tienen como finalidad garantizar la legalidad y corrección en la actividad administrativa, para que no se cause lesión a derechos e intereses legalmente protegidos. Además, buscan asegurar el ejercicio de las facultades de la Administración Pública dentro del orden que las prerrogativas públicas exigen e impiden, de esa forma, que se tomen decisiones irreflexivas y precipitadas. Por ello, será nulo, por expedición irregular, aquel acto administrativo que omita cumplir los requisitos para su formación (art. 87 CCA, retomado por el art. 137 CPACA). Como la entidad había terminado el contrato de obra mediante la Resolución n.° 016 y no se interpusieron recursos contra esa decisión, no le correspondía «ratificar» esa determinación mediante la Resolución n.° 746, confirmada por la Resolución n.° 1434. Además, la entidad incluyó motivos adicionales y posteriores que no hicieron parte de la decisión inicial. De manera que, la demandada incurrió en la causal de nulidad de expedición irregular al proferir esos actos administrativos, pues no correspondieron con la actuación administrativa que inició con la terminación unilateral del contrato ni con los motivos que llevaron a la administración a adoptar esa decisión (art. 84 CCA). (...) De manera que, como la Resolución n.° 746, confirmada por la Resolución n.° 1434, se profirió para «ratificar» la terminación unilateral sin que se interpusiera recurso en contra de la Resolución n.° 016, y la entidad, en esa decisión, relacionó documentos que fueron elaborados con posterioridad al primer acto administrativo, los cuales, además no justifican la casual de terminación unilateral, están viciadas de nulidad por falsa motivación y expedición irregular. Como el ejercicio ilegal de las potestades excepcionales al derecho común constituye una causa de incumplimiento contractual (...), la Sala declarará, a su vez, el incumplimiento por parte del Municipio de Rionegro del contrato de obra n.° 093 para la iluminación del estadio municipal «Alberto Grisales».
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las formalidades para la formación del acto administrativo, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 12 de abril de 1978 exp. 355 C.P. Carlos Portocarrero Mutis[fundamento jurídico párr. 23-24].
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 84, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87
CLÁUSULA DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD / CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL / VALIDEZ DE LA CLÁUSULAS DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿El pacto de exoneración de responsabilidad es válido en los contratos sometidos a la Ley 80 de 1993?
Respuesta al problema jurídico: Si
Cláusula de exoneración de responsabilidad (...) Las partes acordaron en la cláusula decima quinta del contrato de obra n.° 093 la exención de responsabilidad por la terminación unilateral del contrato ejercida con fundamento en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993, (...) Solo cuando conste de manera inequívoca que la intención de las partes es distinta de lo que expresan los términos del contrato (art. 1602 CC), es posible recurrir a la definición de esa voluntad a través de los diferentes criterios previstos por el Código Civil. La intención de las partes [communis intentio] (art. 1618 CC), que aparece claramente en la cláusula décima quinta del contrato, permite concluir el contratista renunció expresamente a reclamar los perjuicios o indemnizaciones que se ocasionaran por la terminación unilateral del contrato según el artículo 17 de la Ley 80 de 1993. (...) Como las partes pactaron una cláusula que exime a la entidad pública de indemnizar los perjuicios ocasionados por la terminación unilateral del contrato, pues se estableció que el contratista renunciaría a hacer reclamaciones por esta circunstancia, resulta necesario estudiar la posibilidad de un pacto de esta naturaleza en el derecho privado, que rige, en esencia, al contrato público (...) Todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes (pacta sunt servanda) y, por regla general, se extinguen por el mutuo disenso de las partes (arts. 1602 y 1625 CC), por la declaración judicial de resolución o de terminación, cuando se acredita el incumplimiento de las obligaciones por uno de los contratantes (arts. 1546 y 1625.9 CC y 870 C. Co) o por la declaración judicial de nulidad absoluta o relativa (arts. 1625.8 y 1740 CC). Cuando se incumple una obligación contenida en un contrato, la parte incumplida debe responder por su incumplimiento (arts. 1604, 1613 y 1616 CC y art. 16 de la Ley 446 de 1998). No obstante, las reglas del derecho privado permiten a las contratantes modificar las reglas de responsabilidad contractual, en ejercicio de la autonomía de la voluntad (art. 1604, 1616 y 1732 CC). (...) El artículo 15 CC, a su vez, establece que podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que sólo miren al interés individual del renunciante y que no esté prohibida la renuncia. En consonancia, el artículo 16 CC prescribe que no podrán derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden y las buenas costumbres. Estas dos reglas –aplicables por remisión del artículo 13 de la Ley 80– no solo reconocen los «derechos civiles susceptibles de ser válidamente renunciados», sino también –y en contraposición– aquellos que, conferidos por la ley, no solo atañen al interés individual sino también al interés colectivo y social, cuya libre disposición prohíbe la ley. En el primer evento, se trata de una autorización que consulta, exclusivamente, un interés privado y que, por lo tanto, en su reconocimiento no están comprometidos el orden público, las buenas costumbres o «el interés colectivo y social» . Como la regla general es la autonomía de la voluntad, la renuncia de derechos concierne a los sujetos de una relación jurídica contractual particular, que –en tanto sujetos de derecho– están en capacidad para disciplinar el contenido del contrato. Por ello, las restricciones a ese poder de disposición son «excepcionales» pues: (i) requieren de norma legal que así lo prescriba; (ii) se pretenda la protección de determinados sujetos o intereses vitales; y (iii) se pongan en peligro el orden público, social o económico. De conformidad con estas disposiciones, un pacto de exoneración de responsabilidad es válido, pues implica la renuncia a un derecho conferido por las leyes, salvo cuando esté prohibida dicha renuncia, o vaya en contra del orden o las buenas costumbres. No obstante la validez general de este tipo de pactos, tiene algunos límites en el derecho privado, pues se encuentra prohibida, entre otras, cuando se pacte una cláusula: (i) que exima al deudor de responsabilidad por una conducta futura dolosa o gravemente culposa (art. 63 y 1522 CC); (ii) que viole la buena fe (art. 1603 CC y 871 C.Co.); (iii) que implique que la obligación dependa de la mera voluntad de la persona que se obliga (art. 1535 CC); (iv) que implique la exoneración total o parcial de las obligaciones del transportador (art. 992 C.Co.); (v) que limiten la responsabilidad del productor o proveedor de las obligaciones que por ley les corresponden según el Estatuto de Protección al Consumidor (art. 42 y 43 de la Ley 1480 de 2011) o (vi) que implique un abuso del derecho (art. 830 C.Co.). Ahora, cuando se pacte la exoneración del cumplimiento de una obligación que constituya un elemento esencial del contrato, este no producirá efecto alguno o degenerará en otro diferente, en los términos de los artículos 1501 CC y 898 C.Co . Frente a la exoneración de responsabilidad por dolo o culpa grave del deudor, se deben diferenciar los casos en los que se pacta expresamente una cláusula en esos términos, que será nula por objeto ilícito (arts. 1523 y 1741 CC y 988 C.Co.) respecto de aquellos eventos en los cuales, aunque la cláusula no lo disponga textualmente, la parte incumplida incurre en esa conducta. En este último, aunque la estipulación será válida al no ir en contra de disposición legal alguna, la conducta del contratante no permitirá su aplicación en el caso concreto. (...) La demandante adujo que la cláusula de exoneración de responsabilidad no era aplicable a la contratación estatal según el artículo 5.3 de la Ley 80 de 1993. El artículo 5.3 de la Ley 80 de 1993 prevé que las autoridades no pueden condicionar la participación en licitaciones ni la adjudicación, adición o modificación de contratos, como tampoco el pago de las sumas adeudadas al contratista, a la renuncia, desistimiento o abandono de peticiones, acciones, demandas y reclamaciones por parte de este. Se trata de un mandato de carácter prohibitivo (art. 4 CC), en cuanto conmina a las entidades estatales a que no realicen la conducta allí descrita. En la primera parte, la prohibición dirigida a las entidades públicas se centra en la etapa precontractual, al impedirles exigir renuncias a cambio de la participación en licitaciones o de la adjudicación de contratos. Es evidente su carácter de orden público pues se pretende a asegurar la participación libre de posibles oferentes (art. 333 CN) y, por ende, la selección de la mejor propuesta. (...) En la segunda parte de ese artículo 5.3, la restricción impuesta a las entidades públicas recae en la etapa contractual, dada su innegable posición predominante, al imposibilitarles condicionar la modificación del contrato o el pago de los derechos de los contratistas a la renuncia de derechos. En definitiva, esta prohibición legal busca proteger al contratista del Estado, para garantizar justamente su libertad de contratar y de disponer de sus derechos, conforme a las reglas generales del derecho común. Los presupuestos de la aplicación de esa prohibición del artículo 5.3 de la Ley 80 son los siguientes: (i) los sujetos a los que se dirige son las entidades públicas, a quienes se les impide desplegar una conducta; (ii) la conducta prohibida es establecer como condición la renuncia, desistimiento, abandono de peticiones, acciones o demandas; (iii) las circunstancias de modo se refieren a que dicho condicionamiento se produzca a cambio de la posibilidad de participar en licitaciones, de adjudicar un contrato, de modificarlo o adicionarlo o para que se paguen las obligaciones y (iv) los sujetos protegidos con la prohibición son los oferentes y contratistas. (...) el objeto del artículo 5.3. de esa ley no es impedir la renuncia a derechos de contenido patrimonial que atañen solo a su titular, ni constituye una derogatoria de los artículos 15 y 16 CC, en cuanto a la libre disposición de los derechos de interés individual. De la prohibición contenida en esta norma están excluidas las renuncias durante la ejecución del contrato o al finalizar el plazo contractual y que se produzcan por la libre decisión del contratista. En otras palabras, la norma referida no impide a los particulares titulares de derechos renunciar a ellos, pues esa decisión corresponde a la autonomía de la voluntad y a la libertad de contratar. Lo que proscribe es que las entidades públicas impongan como condición esa renuncia. De modo que, una interpretación sistemática de estas normas –artículos 15 y 16 CC y 5.3 de la Ley 80 de 1993– permite no solo la debida correspondencia y armonía entre ellas (art. 30 CC), sino que busca proteger el postulado la autonomía de la voluntad, rector también de la contratación estatal. Las entidades no pueden, pues, condicionar a la renuncia de derechos la modificación de un contrato o el pago de perjuicios. Ello no significa que si el contratista consiente libremente, como titular de determinados derechos, no pueda válidamente renunciar determinados derechos civiles susceptibles de ello, en tanto consultan solo el interés individual y no el interés colectivo y social. Una prohibición especial de renuncia requiere de ley especial y este no es el caso del artículo 5.3 de la Ley 80. (...) El artículo 40 de la Ley 80 de 1993 establece que las entidades están autorizadas a celebrar los contratos y acuerdos que permita la autonomía de la voluntad y que se requieran para el cumplimiento de los fines estatales (en consonancia con la aplicación del derecho privado según el artículo 13 de esa ley). En ellos se podrán incluir las modalidades y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y los principios y finalidades de la Ley 80 de 1993 y a los de la buena administración, según el citado artículo (...) De modo que el pacto de exoneración de responsabilidad es válido en los contratos sometidos a la Ley 80 de 1993, pues las partes están habilitadas para regular el régimen de responsabilidad aplicable al contrato según los intereses particulares de cada negocio jurídico.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la autonomía de la voluntad y la intención de las partes, ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 29 de agosto de 1924 [fundamento jurídico 8] en Gaceta Judicial, Tomo XXXI, nº. 1593, p. 121, y sentencia del 6 de marzo de 1972 [fundamento jurídico II], en Gaceta Judicial, Tomo CXLII, nº. 2352, 2357 p. 98 a 106. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de junio de 2012, Rad. 23191 [fundamento jurídico 38 a 40], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 110 a 111, disponible en https://cutt.ly/OQ9KFJH. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 9 de diciembre de 1936 [fundamento jurídico 61], sentencia del 15 de julio de 1938, [fundamento jurídico par. 34], sentencia del 13 de diciembre de 1962, [fundamento jurídico III], sentencia del 6 de marzo de 1972, [fundamento jurídico XIII].
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 333, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 870, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 992, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 16, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 15, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1546, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 16, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1602, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1604, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1613, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1616, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1618, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1625, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1732, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 17, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 3
CLÁUSULA DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD / CONTRATO DE OBRA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INAPLICACIÓN DE CLÁUSULAS DEL CONTRATO / CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / IMPROCEDENCIA DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Puede aplicarse la cláusula de exoneración de responsabilidad de la administración, en el contrato de obra pública para la iluminación del estadio del Municipio de Rionegro, cuando la falsa motivación y expedición irregular en los actos de terminación unilateral de dicho contrato se reflejó negligencia, constitutiva de una conducta gravemente culposa?
Respuesta al problema jurídico: No
La Sala procederá a estudiar la aplicación de la cláusula de exoneración de responsabilidad a la controversia entre las partes. Se demostró que la entidad incurrió en falsa motivación y en expedición irregular al proferir las resoluciones n.° 016, 746 y 1434, que terminaron el contrato en ejercicio de esa facultad [núm. 17, 18, 19 y 20]. A partir de lo prescrito por el artículo 63 CC, reviste el carácter de culpa grave aquel comportamiento que consista en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios, al paso que el dolo es asimilado a la conducta realizada con la intención de generar daño a una persona o a su patrimonio. La culpa grave, en materia civil equivale al dolo, de conformidad con lo expuesto en el citado artículo. La entidad, al proferir los actos administrativos demandados, no solo motivó la Resolución n.° 016, que terminó unilateralmente el contrato, en supuestos que no se encuadran en el artículo 17.1 de la Ley 80 de 1993 [núm. 17]. Además, al «ratificar» esa decisión mediante la Resolución n.° 746, afirmó que aquel acto administrativo se había fundamentado en documentos que fueron expedidos con posterioridad a la expedición de la Resolución n.° 016 y que, se reitera, tampoco eran suficientes para justificar la medida tomada [núm.18, 19 y 20]. Omitió, a su vez, referirse a algunos de los argumentos iniciales que tuvo para tomar la decisión [núm. 19]. Estas circunstancias indican que el Municipio de Rionegro era consciente de la ausencia de motivos de la Resolución n.° 016 que sustentaran la legalidad del uso de la potestad excepcional de terminación unilateral, pues intentó enmendar esa situación con la expedición de la Resolución n.° 746 al incluir, por vía de esos actos administrativos, nuevos argumentos –que por demás también fueron insuficientes para justificar la medida– y omitir algunos iniciales que sirvieron de base para tomar la decisión. Esta conducta refleja negligencia de la entidad al momento de terminar unilateralmente el contrato, comportamiento que constituye culpa grave según lo prescrito en el artículo 63 CC. Como la entidad incurrió en una conducta gravemente culposa –la cual en materia civil se asimila al dolo– al momento de proferir los actos administrativos que terminaron unilateralmente el contrato, la cláusula de exoneración de responsabilidad no resulta aplicable al asunto objeto de la controversia (art. 1522 CC). De manera que, la Sala procederá a estudiar los perjuicios solicitados en la demanda.
FUENTE FORMAL:
LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1522, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 63
DICTAMEN PERICIAL / ADICIÓN AL DICTAMEN PERICIAL / AMPLIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / COMPLEMENTACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / FUNDAMENTACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / IMPROCEDENCIA DEL DICTAMEN PERICIAL / PERJUICIO MATERIAL / PRUEBA DEL PERJUICIO MATERIAL / TASACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL / MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL
Problema jurídico:
¿Puede acoger la sala un dictamen pericial sobre los perjuicios materiales al contratista, cuyo fundamento carece de firmeza y precisión?
Respuesta al problema jurídico: No
La demanda solicitó $110.801.668 por el daño material ocasionado por el incumplimiento de la entidad al terminar unilateralmente el contrato de obra n.° 093. (...) El artículo 233 CPC dispone que la peritación constituye un medio de prueba a través del cual se constatan hechos relevantes para el litigio, que exigen de especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. La ley procesal determina que la pericia debe contener dos partes relacionadas entre sí: el proceso cognoscitivo y las conclusiones. El primero supone una relación detallada de las operaciones practicadas y de sus resultados, exigencia lógica que implica brindar una explicación clara sobre cuáles fueron los instrumentos, materias y sustancias empleadas, que constituyen el soporte y garantía de credibilidad de sus conclusiones. El segundo impone que tales conclusiones se ajusten a los principios de la ciencia, arte o técnica aplicada y respondan de forma concreta, clara, ordenada y sin ambigüedades a todos los puntos sometidos a su consideración por las partes. Las conclusiones del dictamen deben tener justificación no solo en la opinión del experto, sino en soportes que ofrezcan respaldo a su labor. Estos soportes brindan firmeza al dictamen y el perito puede acudir a exámenes o investigaciones que le permitan elaborar un concepto preciso y detallado, tal como lo prevé el artículo 237.6 CPC. En armonía, el artículo 241 CPC ordena que el juez deberá analizar la conducencia en relación con el hecho que se pretende probar y la competencia del perito. De modo que, es preciso verificar que (i) sea un experto en la materia técnica analizada; (ii) no haya motivos para dudar de su imparcialidad; (iii) no se acredite objeción por error grave; (iv) esté debidamente fundamentado, con conclusiones claras y precisas; (v) se haya permitido su contradicción y (vi) otras pruebas no lo desvirtúen. En el proceso se practicó un dictamen pericial elaborado por los peritos (...) y (...) para determinar los perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato (...). Los peritos conceptuaron que el Municipio de Rionegro debía $110.801.668 por concepto de daño material. En el escrito de complementación y adición del dictamen pericial, consignaron que tuvieron en cuenta varios documentos que obraban en el expediente para llegar a sus conclusiones (...). La Sala advierte que los peritos se limitaron a transcribir la tasación de los perjuicios elaborado en la demanda. Los peritos no identificaron soporte alguno que sustentara sus conclusiones. Aunque consignaron, en el escrito de complementación y adición del dictamen pericial, que tuvieron en cuenta varios documentos que obraban en el expediente, no los relacionaron de forma precisa con sus conclusiones. La Sala, entonces, no acoge el dictamen pericial, porque su fundamento carece de firmeza y precisión, según los artículos 233, 237 y 241 CPC. Procederá, entonces, a estudiar el daño reclamado en la demanda con fundamento en las demás pruebas allegadas al proceso.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 233, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 237, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 241
ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL / CONCEPTO DE ANTICIPO DEL CONTRATO / ANTICIPO DEL CONTRATO / CLÁUSULA DE ANTICIPO / ENTREGA DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL / DAÑO EMERGENTE / ACREDITACIÓN DEL DAÑO EMERGENTE / INDEMNIZACIÓN POR DAÑO EMERGENTE
Problema jurídico:
¿Debe la sala restar de la suma del valor que se reconocerá al contratista por los bienes que adquirió para la ejecución del contrato, el valor pagado como anticipo del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
El demandante solicitó $20.056.542, por las sumas pagadas a los proveedores para la ejecución del contrato de obra n.° 093 menos el valor del anticipo que recibió de la entidad, por daño emergente. (...) El anticipo es una cláusula accidental (art. 1501 CC) en virtud de la cual se entrega una suma de dinero al contratista cuando aún no se ha prestado el servicio convenido, con el fin de financiarlo. El contratista tiene dos obligaciones respecto del anticipo: tiene que manejarlo e invertirlo correctamente y debe amortizarlo o devolverlo a la entidad durante la ejecución del contrato. (...) Como se acreditó que (...) Ltda. pagó $36.054.237 a (...) Ltda. y a (...) Ltda. para la ejecución del contrato y no obra prueba de que dichos bienes hubieran podido ser usados en otra obra a cargo de la demandante, la Sala reconocerá ese valor para calcular esta reclamación. Aunque Lumen Ltda. informó que podría devolver el equivalente al valor invertido con materiales eléctricos, no obra prueba de que en efecto ello hubiera ocurrido. Como el anticipo entregado por el Municipio de Rionegro constituyó una suma de dinero para financiar la obra para la iluminación del estadio municipal «Alberto Grisales», la Sala restará esa suma del valor que se reconocerá al contratista por los bienes que adquirió para la ejecución del contrato. Aunque se demostró que la entidad practicó una retención de $800.000 sobre el anticipo, como la retención en la fuente corresponde a un pago anticipado del impuesto y no obra prueba del manejo tributario que se le dio, la Sala realizará dicho descuento con base en el valor total del anticipo –$20.000.000–. De manera que, la Sala actualizará los valores correspondientes al pago de proveedores y el anticipo entregado por la entidad, y calculará el monto total a reconocer (...) Valor por reconocer: 217.431.743 (valor pagado proveedores) – 120.613.699 (valor anticipo) = $96.818.044
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el anticipo del contrato, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de junio de 2001, Rad. 13.436 [fundamento jurídico III] y sentencia del 11 de diciembre de 2003, Rad. 13.348 [fundamento jurídico 1.2], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018 pp. 301 y 306, disponible en: https://cutt.ly/Akqynhf.
FUENTE FORMAL:
LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1501
MONTO DE LA PÓLIZA DE SEGURO / PAGO DE LA PÓLIZA DE SEGURO / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿El demandante reclamó una suma menor a la pagada por el concepto de polizas para la ejecución del contrato, por congruencia de la sentencia solo debe reconocerse lo solicitado en la demanda?
Respuesta al problema jurídico: Si
La demanda solicitó $868.997 por la suscripción de las pólizas del contrato de obre pública n.° 093. (...) El artículo 305 CPC (hoy art. 281 CGP), aplicable por remisión expresa del artículo 267 CCA, establece que la sentencia deberá estar en consonancia con las pretensiones aducidas en la demanda y en las demás oportunidades previstas en la ley, y prohíbe al juez condenar al demandado por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en ésta [congruencia del fallo]. La incongruencia se configura en los siguientes casos: (i) cuando en la sentencia se decide o concede más allá de lo pedido [ultra petita]; (ii) cuando el fallo recae o decide sobre puntos no sometidos al litigio, [extra petita] o (iii) cuando deja de pronunciarse sobre cuestiones sujetas al proceso [infra o citra petita]. Como el demandante pagó $905.146 a Condor SA-Compañía de Seguros por la expedición de pólizas para la ejecución del contrato de obra n.° 093, correspondería reconocer ese valor por este concepto. Sin embargo, como el demandante solicitó $868.997 como indemnización, la Sala reconocerá ese valor, pues la regla de la congruencia, prevista en el artículo 305 CPC y reformado en el artículo 281 CGP así lo impone. Corresponde, pues, actualizar el monto solicitado en la demanda (...)
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 305, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 267
INDEMNIZACIÓN POR UTILIDAD ESPERADA / ESTIMATIVO AIU EN EL CONTRATO ESTATAL / INDEMNIZACIÓN AL CONTRATISTA / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS A CARGO DEL ESTADO / CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / LIQUIDACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / UTILIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / UTILIDAD PROYECTADA PARA EL CONTRATISTA / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / LUCRO CESANTE / ACREDITACIÓN DEL LUCRO CESANTE / ACTUALIZACIÓN DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / ACTUALIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE / DETERMINACIÓN DEL LUCRO CESANTE / PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE / RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE / TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO ESTATAL A PRECIOS UNITARIOS
Problema jurídico:
¿Como la partida de utilidades del AIU calculada sobre el valor estimado del contrato señala la expectativa inicial que el contratista esperaba ganar por la ejecución de la obra, corresponde reconocer este valor como indemnización al demandante?
Respuesta al problema jurídico: Si
El demandante solicitó $8.693.554 por las utilidades que iba a recibir por la ejecución del contrato, por lucro cesante. La sentencia de primera instancia reconoció $27.056.364 por esta suma actualizada, que calculó sobre el porcentaje de utilidades del AIU de la propuesta económica a precios unitarios que presentó el demandante en la licitación n.° 03 para celebrar el contrato objeto de la controversia. Existen distintas modalidades de pago del valor del contrato: a precio global, a precios unitarios, por administración delegada, reembolso de gastos y pago de honorarios. Aunque no están previstas de forma expresa en la Ley 80 de 1993, a diferencia del Decreto 222 de 1983, permiten cuantificar los costos de la obras o servicios necesarios para la ejecución del contrato (art. 24, ordinal 5º, literal c). Los contratos de obra a precio global son aquellos en los que el contratista, a cambio de las prestaciones a que se compromete, obtiene como remuneración una suma fija. En estos, el contratista es el único responsable de la vinculación de personal, de la elaboración de subcontratos y de la obtención de materiales. En el contrato a precios unitarios, la forma de pago es por unidades o cantidades de obra y el valor total corresponde al que resulta de multiplicar las cantidades de obras ejecutadas por el precio de cada una de ellas. En ese sentido, el valor señalado en el texto del contrato a precios unitarios constituirá apenas un estimativo del costo total, y deberá ser cambiado a medida que se establezcan las reales cantidades de obra ejecutada en cumplimiento del objeto contractual. En el contrato a precio global se entienden incluidos todos los costos, directos e indirectos, en los que incurra el contratista y, por ende, en principio, no origina el reconocimiento de obras adicionales o mayores cantidades de obra no contempladas. A su vez, en el contrato pactado a precios unitarios, toda cantidad mayor o adicional a la ordenada y autorizada por la entidad contratante debe ser reconocida en la liquidación del contrato. Ello no obsta para que, en uno y otro caso, el contratista reclame por hechos que a su juicio desequilibren la ecuación financiera del contrato. Ahora, la mayor cantidad de obra ejecutada, en los contratos suscritos a precios unitarios, es aquella que fue contratada pero que su estimativo inicial fue sobrepasado durante la ejecución, así, la prestación debida se prolonga sin modificación alguna al objeto contractual . Las obras adicionales o complementarias son actividades no previstas en el contrato y que se requieren para la obtención y cumplimiento de su objeto contractual. Por ello, su reconocimiento supone la suscripción de un contrato adicional o modificatorio. El reconocimiento de mayores cantidades de obra u obras adicionales o complementarias exige haber sido previamente autorizadas y recibidas a satisfacción por la entidad contratante, mediante actas y contratos modificatorios o adicionales, según el caso . De otra parte, el AIU, aunque no está definido legalmente, comprende la administración, imprevistos y utilidades, y sirve, en principio, como una forma de discriminar los valores de estas partidas en el precio del contrato. La administración responde a aquellos costos y gastos indirectos para la operación del contrato, tales como gastos de disponibilidad de la organización del contratista; los imprevistos, a las reservas necesarias para cubrir el riesgo normal que se puede presentar durante la ejecución del contrato y las utilidades, al beneficio económico que pretende el contratista con la realización del contrato. En algunos contratos, el AIU aparece cuantificado de forma independiente al valor de la obra y como porcentaje de la misma, mientras que, en otros, dicho concepto no aparece discriminado y se incorpora en el valor de los precios unitarios. El AIU forma parte del precio del contrato y, en ese sentido, el contratista tendrá derecho a percibir su valor durante la ejecución del contrato, según lo pactado en él. Se debe precisar frente a la partida de imprevistos, que no será necesario, en principio, que el contratista acredite qué la ocasionó para que la entidad reconozca su valor al momento de pagar la remuneración acordada, pues corresponde a la contraprestación por asumir los riesgos o el alea normal del contrato. Aunque el concepto de AIU es comúnmente utilizado en contratos de tracto sucesivo o ejecución periódica y bajo la modalidad de precios unitarios, los contratantes pueden pactar el AIU en contratos de diferente naturaleza, según lo estimen conveniente, en ejercicio de la autonomía de la voluntad. Su inclusión, pues, no es un requisito legal para la existencia y validez del contrato. Está acreditado que (...) Ltda. presentó oferta para participar en la licitación pública n.° 03 (...), en la que señaló un 3.16% por concepto de utilidades en el análisis del AIU (...), y que el Municipio de Rionegro aceptó esta propuesta al adjudicar y suscribir el contrato de obra n.° 093 con el demandante (...). También se acreditó que la modalidad del precio del contrato de obra fue a precios unitarios y que se estimó su valor en $275.112.469 (...). Como la partida de utilidades del AIU calculada sobre el valor estimado del contrato señala la expectativa inicial que el contratista esperaba ganar por la ejecución de la obra, corresponde reconocer este valor como indemnización al demandante. La Sala procederá a reconocer este monto, (...) = $52.428.085
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el AIU del contrato ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 5 de septiembre de 2018, Rad: 11001-03-06-000-2018-00124-00 [fundamento jurídico 1.c.iii]. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 23 de abril de 1993, Rad. 7959 [fundamento jurídico pár. 15] y sentencia de 14 de octubre de 2011, Rad. 20.811 [fundamento jurídico 8], esta en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 186, disponible en: https://cutt.ly/OQ9KFJH.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 NUMERAL 5 LITERAL C
DAÑO AL BUEN NOMBRE / PROTECCIÓN DEL DERECHO AL BUEN NOMBRE / INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL BUEN NOMBRE / FALTA DE PRUEBA DEL DAÑO / PERSONA JURÍDICA / NOMBRE DE LA PERSONA JURÍDICA / LUCRO CESANTE / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE / GOOD WILL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN
Problema jurídico:
¿Se acreditó la configuración del daño al buen nombre de la persona jurídica demandante para que proceda la indemnización del mismo bajo la categoría de lucro cesante?
Respuesta al problema jurídico: No
El demandante solicitó los perjuicios derivados por la pérdida de imagen, por lucro cesante. La sentencia de primera instancia negó esta pretensión, pues no se demostró. Respecto al daño al buen nombre de una persona jurídica, o good will, la Sala reitera que su indemnización solo es posible bajo la categoría de lucro cesante, cuando se acredite que se configuró. Como no obra prueba que acredite un daño al buen nombre de (...) Ltda. como consecuencia del incumplimiento del contrato de obra n.° 093 por parte del Municipio de Rionegro, se confirmará la decisión de primera instancia en este aspecto.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el buen nombre de una persona jurídica, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de noviembre de 2008, Rad. 14.584 [fundamento jurídico 2.9], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 602, disponible en: https://cutt.ly/OQ9KFJH.
INTERESES / INTERÉS COMERCIAL / PAGO DE INTERESES / INTERÉS LEGAL / RECONOCIMIENTO DEL INTERÉS LEGAL / LUCRO CESANTE / RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE / INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE / MUNICIPIO / MUNICIPIO DE RIONEGRO / RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Debe condenarse al municipio demandado a pagar el interes legal sobre el valor de las utilidades que, debieron ser reconocidas en el acto de terminación unilateral del contrato como indemnización del lucro cesante?
Respuesta al problema jurídico: Si
La demanda solicitó los intereses comerciales sobre las sumas reconocidas como indemnización, actualizadas al momento del fallo. El Tribunal no se pronunció sobre este aspecto. La liquidación del interés comercial, al llevar implícita la actualización de la moneda, no es compatible con la corrección monetaria o indexación. No obstante, la actualización del dinero si puede concurrir con el interés legal civil que corresponde al 6% anual (art. 1617 CC), pues este concepto busca compensar el perjuicio sufrido por la privación temporal del uso del capital, mientras que la indexación se dirige a mantener intacto el patrimonio del acreedor, que sufriría una pérdida si recibe como reparación la suma sin actualización de su valor . La Sala reconoció, como indemnización por los perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato de obra n.° 093 las sumas pagadas a los proveedores para la ejecución del contrato, los seguros expedidos, los impuestos, el valor de la publicación del contrato en el diario oficial y las utilidades esperadas por la ejecución del contrato. Como estos valores se indexaron, corresponde estudiar si se debe reconocer el interés legal sobre dichas sumas. Respecto al pago a los proveedores, los seguros expedidos, los impuestos y el valor de la publicación del contrato en el diario oficial, como estos valores corresponden a gastos en los que el contratista debió incurrir por tratarse de obligaciones contractuales, no es procedente reconocer los intereses legales sobre estos conceptos. El incumplimiento de la entidad no fue la causa de la privación del uso de ese capital. Además, se condenará en su favor a recibir la utilidad esperada, de manera que, en todo caso, esas inversiones no constituyen ningún daño, pues el demandante recibirá el beneficio económico que le hubiera reportado la ejecución completa y correcta del contrato. (...) Frente al valor de las utilidades esperadas, está acreditado que la entidad terminó el contrato de obra n.° 093 mediante las resoluciones n.° 016, 746 y 1434 en ejercicio de las facultades establecidas en los artículos 14 y 17 de la Ley 80 de 1993 (...). Según el citado artículo 14, cuando la entidad ejercita la potestad excepcional de terminación unilateral, debe reconocer y ordenar el pago de las compensaciones e indemnizaciones a que tengan derecho las personas objeto de la medida. Como el Municipio de Rionegro no reconoció las utilidades que (...) Ltda. esperaba obtener con la obra, se condenará por el interés legal sobre este concepto desde el 11 de diciembre de 1995, fecha en la que se expidió la Resolución n.° 1434 (...), pues la demandada debió, en ese acto administrativo, reconocer el valor de las utilidades como indemnización por lucro cesante, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 80 de 1993.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el interes comercial, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de junio de 2004, exp. 24935 [fundamento jurídico I].
FUENTE FORMAL:
LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1617, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR VÍA JUDICIAL / OMISIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / MUNICIPIO / MUNICIPIO DE RIONEGRO / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE EJECUCIÓN SUCESIVA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN / NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Procede realizar la liquidación judicial del contrato de obra para la iluminación del estadio del municipio de Rionegro en ausencia de la liquidación bilateral o unilateral del mismo?
Respuesta al problema jurídico: Si
Liquidación del contrato (...). La demanda solicitó la liquidación del contrato de obra n.° 093. La sentencia de primera instancia ordenó a las partes liquidar el contrato. La parte demandante, en el recurso de apelación, esgrimió que se debía liquidar el contrato judicialmente. La liquidación de los contratos celebrados por la Administración Pública es el acto jurídico por el cual se determina el cumplimiento del objeto contractual y el estado de ejecución de las obligaciones. La liquidación tiene lugar, usualmente, a la terminación del contrato y corresponde, pues, al corte de cuentas que tiene por objeto: (i) establecer si hay obligaciones pendientes (ii) los saldos en favor y en contra y (iii) estar a paz y salvo . La liquidación es, pues, un ajuste de cuentas para que las partes del negocio jurídico puedan finiquitar – definir quién debe a quién y cuánto. En la liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Deben liquidarse los contratos de ejecución sucesiva, es decir aquellos en que el objeto debe ejecutarse en actos escalonados y no solo en un acto único, y en los demás que lo requiera (art. 60 Ley 80 de 1993 subrogado art. 217 Decreto Ley 19 de 2012). La liquidación puede ser: (i) de mutuo acuerdo entre las partes (bilateral), (ii) unilateral, es decir por la administración directamente y (iii) judicial . La Ley 80 de 1993 prefirió, como es natural, la liquidación bilateral, conjunta o de mutuo acuerdo, derivada del ejercicio de la autonomía privada (arts. 32 y 40 Ley 80 de 1993). Constituye un verdadero negocio jurídico , un acuerdo negocial entre personas, es decir, entre sujetos de derecho capaces de disponer, regido por las reglas sobre el consentimiento libre de vicios –error, fuerza y dolo– (arts. 1502, 1508 a 1516 CC) y que tiene por efecto finiquitar el contrato, al definir créditos y deudas recíprocas. Las partes de común acuerdo hacen, pues, el corte de cuentas con posterioridad a su terminación sobre las actividades desarrolladas en el marco del contrato (quién debe a quién, cuánto y por qué). Por ello, si no se dejan «salvedades» –concretas y específicas– no se pueden formular reclamaciones respecto de las prestaciones pendientes de ejecutar (art. 1602 y 1603 CC). Dicho negocio es susceptible de control judicial, por virtud de salvedades en ella contenidas , por los vicios del consentimiento o por eventos sobrevinientes a su perfeccionamiento. Ante el fracaso de la liquidación bilateral o voluntaria, la administración cuenta con la prerrogativa de adoptar unilateralmente un ajuste de cuentas definitivo, sujeto a los recursos legales y al control judicial, que, en el marco razonable del poder dispositivo conferido, refleje los débitos y créditos a favor de la entidad y el contratista. En la ausencia de las dos anteriores modalidades –ya sea por inexistencia total o parcial o por la pérdida de sus efectos vinculantes por causal de nulidad– corresponde al juez del contrato proceder a liquidar el contrato . Está acreditado que el 17 de mayo de 1995, se elaboró un borrador de liquidación bilateral del contrato de obra n.° 093 [hecho probado 9.10], no obstante, dicho documento no fue firmado por las partes. Como el contrato de obra n.° 093 es objeto de liquidación de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y la demandante solicitó en la demanda y en el recurso de apelación que se liquidara el contrato, resulta procedente la liquidación judicial del mismo. Como el contrato no se ejecutó por el incumplimiento del Municipio de Rionegro, se establecerán los valores finales del contrato de obra n.° 093 del 19 de diciembre de 1994 con fundamento en las pruebas allegadas al proceso y en el reconocimiento de los perjuicios reconocidos en esta providencia (...) De manera que, como el contrato de obra n.° 093 no fue ejecutado, los valores finales que se deben reconocer por su liquidación corresponden al monto de la indemnización que debe pagar el Municipio de Rionegro por el incumplimiento del contrato, según lo señalado en esta providencia.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 19 DE 2012 - ARTÍCULO 217, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60
LLAMAMIENTO EN GARANTÍA / LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN / ALCALDE / MUNICIPIO DE RIONEGRO / SECRETARIO DE GOBIERNO / SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES / CONDENA AL LLAMADO EN GARANTÍA / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA / REDUCCIÓN DE LA CONDENA / VALOR DE LA CONDENA / CONDENA / CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / SERVIDOR PÚBLICO / ACTUACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL SERVIDOR PÚBLICO / SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA EXALCALDE / ALCALDE MUNICIPAL / FACULTAD DEL ALCALDE PARA CONTRATAR / FACULTAD DEL ALCALDE PARA LA ORDENACIÓN DEL GASTO / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA ALCALDE MUNICIPAL / REPETICIÓN / NORMATIVA DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN / PROCEDENCIA DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN / PROGRAMA DE LOS CANDIDATOS / CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE LOS CANDIDATOS
Problema jurídico:
¿Debe condenarse en repetición al ex alcalde del municipio de Rionegro, Luis Carlos Mejía Quiceno, llamado en garantía, por haber incurrido en culpa grave en la expedición de los actos de terminación unilateral del contrato para la iluminación del estadio?
Respuesta al problema jurídico: Si
Llamamiento en garantía con fines de repetición (...) El Ministerio Público llamó en garantía a Luis Carlos Mejía Quiceno, alcalde del Municipio de Rionegro para la época de los hechos. La sentencia de primera instancia lo condenó, pues como se acreditó la falsa motivación de los actos administrativos demandados, se presumía el dolo del funcionario de conformidad con la Ley 678 de 2001. El llamado en garantía, en el recurso de apelación, señaló que existieron motivos para expedir las resoluciones demandadas y que no era aplicable la Ley 678 de 2001. Como los hechos que suscitan este proceso son anteriores a la vigencia de la Ley 678 de 2001, la responsabilidad del agente público se debe analizar conforme a la normativa vigente en ese momento, esto es, lo previsto en la CN y las normas contenidas en el Código Civil. El artículo 90 CN establece que cuando el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de un daño antijurídico que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste. De manera que no hay lugar aplicar las presunciones de la Ley 678 de 2001. (...) Está acreditado que Luis Carlos Mejía Quiceno, como alcalde del Municipio de Rionegro, suscribió las resoluciones n.° 016, 746 y 1434, que declararon la terminación unilateral del contrato de obra n.° 093 (...). Estas decisiones fueron ilegales, pues adolecen de falsa motivación y fueron expedidas de manera irregular (...) . El llamado en garantía, como alcalde del Municipio de Rionegro, era el funcionario responsable de dirigir la actividad contractual de la entidad (arts. 11.3.b, 12 y 26.4 de la Ley 80 de 1993 y 314 y 315.3 CN) y debía vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y proteger los derechos del contratista (art. 26.1 de la Ley 80 de 1993). La suscripción de las resoluciones n.° 016, 746 y 1434 requería de la diligencia de Luis Carlos Mejía Quiceno, quien, como alcalde del Municipio de Rionegro, era el funcionario responsable de dirigir la actividad contractual de la entidad. El llamado en garantía debía verificar si los motivos de hecho y de derecho esgrimidos en las decisiones se encuadraban en la causal de terminación unilateral contemplada en la Ley 80 de 1993. También debía constatar que la «ratificación» del acto administrativo que terminó inicialmente el contrato cumplía con las formalidades y procedimientos previstos en el ordenamiento para adoptar ese tipo de determinación. Requisitos que, como ya se señaló, no se cumplieron. Luis Carlos Mejía Quiceno buscó el cumplimiento de su programa de gobierno y evitar la revocatoria a su mandato al terminar unilateralmente el contrato. Estas circunstancias, se reitera, escapaban a las necesidades del servicio o del orden público que dan lugar a la terminación unilateral del contrato y que respondían a intereses privados del servidor público encaminados a mantener su investidura como alcalde. Por ello su conducta influyó de forma directa en los vicios que dieron lugar a la ilegalidad la decisión. La adopción de los actos administrativos, de otra parte, no solo implicó una violación a los derechos del contratista que conllevó a la condena del pago de perjuicios por el incumplimiento de lo pactado, sino que supuso una frustración del cumplimiento de los fines del Estado –que es el fin del contrato público– al no haberse ejecutado el objeto contratado. La ilegalidad de las resoluciones n.° 016, 746 y 1434, pues, refleja la falta de gestión del llamado en garantía frente al contrato de obra n.° 093. El ejercicio de la competencia que tenía el llamado en garantía como alcalde municipal y director de la actividad contractual, en contravía de las normas que habilitan la terminación unilateral del contrato –que trajo como consecuencia la indemnización de perjuicios que se ordena en este fallo–, corresponde a un comportamiento gravemente culposo (art. 63 CC), es decir grosero, negligente, despreocupado y temerario , circunstancia que lo hace civilmente responsable (arts. 90 CN y 51 de la Ley 80 de 1993). Como la indemnización que debe ser pagada por la entidad demandada es imputable a la culpa grave en que incurrió el llamado en garantía, se le condenará a restituir al Municipio de Rionegro lo que pague con ocasión a esta providencia. La Sala ha reconocido la posibilidad de reducir la condena en los eventos en los cuales participan otros funcionarios en los hechos . En la suscripción de los actos administrativos demandados también participaron (...)(secretario de gobierno) y (...) (secretario de obras públicas) (...). Aunque la Sala no puede emitir pronunciamiento sobre la responsabilidad de las demás personas que participaron en estos hechos, está facultada para limitar el pago dado el grado de participación del funcionario demandado. Por ello, se le ordenará reembolsar al Municipio de Rionegro el 60% del valor que pague la entidad por lo ordenado en esta providencia, pues fungía como representante legal del Municipio de Rionegro. En esa calidad, le correspondía dirigir la acción administrativa de la demandada (arts. 11.3.b, 12 y 26.4 de la Ley 80 de 1993 y 314 y 315.3 CN).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el comportamiento gravemente culposo del servidor público, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 20 de febrero de 2014, exp. 39.404 [fundamento jurídico 16]. Sobre la reducción de la condena cuando participan otros funcionarios, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, subsección C, sentencia de 9 de septiembre de 2016, exp. 55641 [fundamento jurídico 5.4.29].
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 14, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 315 NUMERAL 3, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 57 DE 1883 - ARTÍCULO 63, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 11 NUMERAL 3 LITERAL B, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 12, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 26 NUMERAL 4, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 51