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Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-05-07Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 25000232600020080015802ACCION CONTRACTUAL
¿Debe confirmarse la denegación del reconocimiento de intereses moratorios cuando dicho asunto no fue objeto del debate procesal ni fue planteado en las pretensiones de la demanda? Sí
El contratista no puede obtener el reconocimiento de intereses moratorios cuando este asunto no fue debatido ni planteado en las pretensiones iniciales de la demanda, ya que tal proceder sería contraproducente para los derechos constitucionales del debido proceso, defensa y contradicción, lo que implica la confirmación de la denegación de dichos intereses. En otro caso, la entidad estatal no debe reconocer la ejecución del contrato declarado nulo por fuera del periodo liquidado en el incidente de liquidación, dado que no se aportaron pruebas suficientes para acreditar la debida ejecución del contrato ni los resultados de la liquidación y reversión de los bienes afectos, lo que lleva a confirmar la decisión del tribunal. Finalmente, la entidad debe reconocer a favor del demandante la suma actualizada correspondiente al lucro cesante derivado de las utilidades dejadas de percibir, ya que la primera instancia determinó la cantidad de dichas utilidades y su actualización, lo que implica una indemnización por concepto de lucro cesante.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó la ejecución del contrato declarado nulo por fuera del periodo liquidado en el incidente de liquidación?¿Debe reconocerse a favor del demandante la suma actualizada correspondiente al lucro cesante derivado de las utilidades dejadas de percibir?
¿Resulta procedente atribuir responsabilidad a Ecopetrol, por expedir un número insuficiente de órdenes de trabajo que no alcanzaron el valor total del negocio jurídico, cuando en el contrato no se estipuló que esa empresa estaba obligada a emitir un máximo o mínimo de órdenes de trabajo y menos por el valor estimado del contrato, dado que el mismo era indeterminado? No
El contratista no puede atribuir responsabilidad a Ecopetrol por emitir un número insuficiente de órdenes de trabajo que no alcanzaron el valor total del contrato, ya que el contrato no establecía obligaciones específicas para Ecopetrol en cuanto a la cantidad de órdenes de trabajo ni un valor mínimo para cada una, y el contrato era de valor indeterminado. Además, el contrato contemplaba cláusulas que regulaban situaciones en las que no se emitieran órdenes de trabajo, lo que evidencia que el contratista aceptó la posibilidad de que Ecopetrol no emitiera órdenes de trabajo. Por lo tanto, la Sala confirma la sentencia que niega las pretensiones del contratista, reafirmando que no se configura un incumplimiento contractual por parte de Ecopetrol ni se viola el principio de planeación.síntesis automática
También resuelve:¿Se debe atribuir responsabilidad a Ecopetrol por exigirle al contratista mantener el stock de maquinaria y personal durante toda la ejecución del contrato?¿Resulta procedente condenar en costas a la parte demandante, por resolverse, de manera desfavorable, el recurso de aplicación que impetró?
¿La no ejecución del contrato es atribuible a la entidad demandada al no contar con los estudios y diseños de detalle cuando adelantó el proceso de selección y suscribió el correspondiente contrato? No
La no ejecución del contrato de obra no es imputable a la entidad contratante por la falta de estudios y diseños de detalle, cuando el alcance de los diseños complementarios estaba a cargo del contratista y este no cumplió el cronograma de entrega ni probó que se tratara de una obligación de imposible cumplimiento. Una razón es que el contratista entregó los diseños cuando ya había expirado el plazo de ejecución, y esa demora fue la causa eficiente de la imposibilidad de ejecutar la obra. Otra razón es que la detención preventiva de algunos funcionarios de la administración no se acreditó, ni se demostró cómo ese hecho impactó la ejecución. En el caso, la Sala confirmó la negación de la utilidad esperada reclamada por el contratista, porque la no ejecución no fue imputable a la administración, y modificó la liquidación judicial del contrato. Su consecuencia práctica es que la utilidad esperada no se incluye en la liquidación cuando el incumplimiento proviene del propio contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente la liquidación judicial del contrato con saldo a favor del departamento demandado y a cargo de la accionante?¿Es procedente la condena en costas en ambas instancias al prosperar parcialmente las pretensiones de la demanda y el recurso de apelación?
¿La presentación de la garantía de seriedad de la oferta era un requisito subsanable y por ello la oferta del demandante debió haber sido evaluada? Sí
De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, en la versión anterior a la modificación de la Ley 1882 de 2018, los requisitos que no afectan la asignación de puntaje son subsanables hasta la adjudicación, de modo que la garantía de seriedad de la oferta puede subsanarse y la oferta no debe rechazarse por esa causa. La razón es que la norma aplicable al proceso de 2008 permitía solicitar esos requisitos hasta la adjudicación, salvo en los procesos con subasta, y la garantía fue presentada antes de la adjudicación. En el caso, la Sala revocó parcialmente la decisión del tribunal, porque la oferta del demandante no debió ser rechazada. Sin embargo, las pretensiones de restablecimiento del derecho se negaron, porque el demandante no demostró los perjuicios sufridos ni explicó la fuente de la utilidad reclamada. Su consecuencia práctica es que la subsanabilidad de la garantía de seriedad no basta para obtener indemnización si el proponente no prueba el perjuicio.síntesis automática
También resuelve:¿La parte demandante demostró el daño y los perjuicios sufridos por el rechazo de su oferta en el proceso de selección y por ello deben reconocerse las pretensiones de restablecimiento del derecho?
¿No es posible valorar los documentos aportados en idioma inglés, sin la traducción oficial, en concordancia con las normas procesales? Sí
El contratista no puede valorar documentos aportados en idioma inglés sin la traducción oficial, en concordancia con el artículo 251 del Código General del Proceso, lo que implica que la entidad estatal no puede considerar estos documentos en su evaluación técnica sin cumplir con este requisito. Además, la Sala establece que la simple confrontación de los documentos de la propuesta del adjudicatario con el pliego de condiciones no es suficiente para probar la indebida adjudicación del proceso, y que la carga de la prueba en cabeza del demandante debe ser respaldada con pruebas idóneas, especialmente en aspectos técnicos. Asimismo, el tribunal puede restar valor probatorio a un dictamen pericial por no cumplir con los requisitos normativos, y este criterio no puede ser revisado en apelación si no se formulan reparos específicos. Por último, la Sala confirma la sentencia de primera instancia si el demandante incumple con su carga probatoria, lo que implica que la entidad estatal puede subsanar los ofrecimientos hasta la adjudicación en ciertas circunstancias.síntesis automática
También resuelve:¿La simple confrontación de los documentos de la propuesta del adjudicatario con el pliego de condiciones, no permite a la Sala llegar al convencimiento de la indebida adjudicación del proceso de…¿El tribunal le restó valor probatorio al dictamen pericial por no cumplir los requisitos normativos, a lo cual no se formuló reparo alguno en el recurso de apelación?¿Dado que el demandante incumplió con su carga probatoria, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia?
¿La parte demandante incumplió con su carga probatoria toda vez que no demostró el daño? Sí
En la acción de nulidad y restablecimiento frente a un acto precontractual, el demandante debe probar el daño para obtener la indemnización, y no basta con demostrar que la entidad se apartó del deber de buena fe o de los principios de la función administrativa. Una razón es que el demandante debía acreditar los costos asociados a la etapa precontractual, que corresponden al interés negativo, y no los pidió ni los probó. Otra razón es que si se analizara el interés positivo, es decir, la utilidad esperada del contrato frustrado, tampoco se acreditó su valor. En el caso, la Sala reconoció que la entidad no actuó de buena fe durante la invitación y la adjudicación, pero concluyó que de ese comportamiento no puede predicarse un daño, porque el daño no se acreditó, y confirmó la negación de las pretensiones. La providencia cita precedente sobre el interés positivo; no indica si reitera, unifica o cambia precedente, y su consecuencia práctica es que la irregularidad precontractual solo genera indemnización si el proponente prueba el perjuicio con soportes concretos.síntesis automática
También resuelve:¿El demandante debía demostrar que con motivo de la elaboración y presentación de la oferta se le causaron perjuicios que debían ser indemnizados?¿En la sentencia impugnada el juez decidió no darle valor al dictamen pericial por presentar inconsistencias e imprecisiones que afectaban su credibilidad?¿Se evidencia que el Instituto de Seguros Sociales faltó al deber de buena fe en la etapa precontractual y contravino los principios de igualdad e imparcialidad?
¿El demandante debió ser el adjudicatario de la licitación pública ya que el acto de adjudicación fue expedido con infracción de las normas en que debia fundarse, y mediante falsa motivación, ya que los fundamentos jurídicos presentados por la administración para sustentar el rechazo de la segunda observación del Consorcio demandante desconocieron el pliego de condiciones y el EGCP? Sí
La entidad estatal que adjudique una licitación pública debe sustentar el acto de adjudicación en las reglas del pliego de condiciones, y el defecto formal de una oferta que puede verificarse no justifica su rechazo cuando el pliego no lo prevé como causal. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, si el pliego exige discriminar el AIU en pesos pero la oferta lo presenta en porcentajes y señala su valor total, una operación aritmética permite conocer cada componente y comparar las propuestas, de modo que el defecto no configura una causal de rechazo. Segundo, las causales de rechazo deben interpretarse según lo efectivamente previsto en el pliego, sin extenderlas a supuestos que este no contempla, pues hacerlo conduce a la falsa motivación del acto de adjudicación. Tercero, para obtener la nulidad del acto de adjudicación basta probar la causal alegada, mientras que para el restablecimiento del derecho el demandante debe acreditar que su propuesta ocupaba el primer orden de elegibilidad. La providencia revoca la sentencia de primera instancia y concluye que el demandante debió ser adjudicatario; en la práctica, la entidad no puede desconocer la oferta mejor calificada por defectos formales verificables.síntesis automática
También resuelve:¿Debe reconocerse la utilidad esperada al demandante pues era el único proponente habilitado en el proceso y por ello debió ser el adjudicatario del contrato de obra pública y se vio privado de su…¿Debe condenarse en costas en primera y segunda instancia a la parte vencida en este caso el departamento y el consorcio que no debía ser adjudicatario?
¿Se debe revocar la decisión de primera instancia en cuanto declaró la nulidad de los actos acusados? No
El contratista no puede revocar la decisión de primera instancia que declaró la nulidad de los actos acusados si no desarrolla un sustento fáctico, normativo o lógico que contradiga los extremos del análisis del juez de primera instancia, ya que el artículo 320 del Código General del Proceso establece que el juez de segunda instancia debe examinar las razones que controvierten la decisión impugnada. En este caso, el contratista no presentó argumentos que permitan cuestionar la decisión del tribunal, por lo que la Sala confirma la nulidad de las resoluciones impugnadas. Además, la Sala rechaza la excepción de contrato no cumplido por considerar que no impide que la administración ejerza sus poderes exorbitantes, como declarar el incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria. Asimismo, la entidad no aportó pruebas de que citó al contratista para liquidar el contrato de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, lo que implica que la presunción de legalidad del acto administrativo no se sostiene. Finalmente, la administración no está obligada a recibir y pagar lo ejecutado por fuera del término a menos que sea su elección, y en este caso no hay prueba de que las obras extemporáneas fueran recibidas a satisfacción.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la declaratoria de la excepción de contrato no cumplido?¿Hay prueba de que la entidad citó o convocó al contratista, en los términos del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, para liquidar bilateralmente el contrato?¿La administración tiene la obligación de recibir y pagar lo ejecutado por fuera del término?
¿Queda el juez relevado del estudio de fondo del recurso de apelación, cuando en primera instancia se declara la nulidad del acto de terminación unilateral del contrato, con fundamento en dos motivos, siendo el primero suficiente para tal declaración y el apelante solo se fundamenta en el segundo, por argumentación insuficiente del recurso? Sí
El juez de segunda instancia queda relevado del estudio de fondo del recurso de apelación cuando en primera instancia se declara la nulidad del acto de terminación unilateral del contrato con dos motivos, siendo el primero suficiente para tal declaración, y el apelante solo se fundamenta en el segundo, por argumentación insuficiente del recurso, lo que implica que la decisión de primera instancia mantiene su validez. Además, la nulidad del acto de terminación unilateral no garantiza automáticamente el reconocimiento de perjuicios, los cuales deben estar acreditados y demostrarse que su ocurrencia fue consecuencia directa del acto anulado. Asimismo, no procede la reclamación de indemnización de perjuicios morales a favor de los socios de la sociedad demandante cuando la demanda fue presentada por la sociedad como persona jurídica autónoma. Finalmente, el reconocimiento de mejoras necesarias al bien arrendado no procede cuando estas, junto con las mejoras útiles, se incluyeron en el acto de liquidación del contrato y el actor no probó que se hubiera superado ese valor.síntesis automática
También resuelve:¿Los perjuicios por el acto de terminación unilateral del contrato que se declara nulo deben estar acreditados, así como, el hecho de que su ocurrencia fue consecuencia directa del acto anulado…¿Resulta procedente la reclamación de indemnización de perjuicios morales a favor de cada uno de los socios que integraban la sociedad demandante cuando quien hizo parte del litigio fue la sociedad…¿Procede el reconocimiento de mejoras necesarias al bien arrendado cuando estas, junto con las mejoras útiles, se incluyeron por la entidad en el acto de liquidación del contrato y el actor no probó…
¿Se presentó incumplimiento de los deberes derivados de la buena fe exenta de culpa, la lealtad y la corrección que orientan las fases de negociación previas? Sí
El contratista no puede demostrar la responsabilidad precontractual de la entidad estatal si no demuestra que su oferta era la mejor y que la entidad prefirió celebrar el negocio jurídico con otra persona, conforme al principio de buena fe y lealtad contractual que rige las fases de negociación previas. En este caso, la entidad permitió al proponente completar su propuesta en aspectos que las reglas de participación habían señalado como obligatorios e insubsanables, lo que configuró un incumplimiento de los deberes derivados de la buena fe exenta de culpa y la lealtad contractual. La entidad, al no seguir las reglas que había establecido para determinar cuál era el mejor oferente, incurrió en responsabilidad precontractual por culpa in contrahendo, lo que impidió que el proceso de selección continuara de manera justa y transparente. Esta decisión reitera la importancia de que las entidades públicas cumplan con las reglas que establecen unilateralmente para evaluar las ofertas y seleccionar al mejor proponente, garantizando así la seriedad y la integridad del proceso de contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿La entidad podía, después de recibir todas las ofertas, permitir al proponente completar su propuesta en aspectos obligatorios e insubsanables?¿El proponente debe demostrar que su oferta era la mejor y que no obstante ser así la entidad prefirió celebrar el negocio jurídico con otra persona?¿La intención de la entidad era invitar a que se presentaran propuestas para estudiarlas de acuerdo con las reglas que estableció?
¿Debe declararse la nulidad de la resolución mediante la cual se adjudicó por el SENA un proceso de selección en la modalidad de licitación pública, cuando se observa que la compañía demandante fue inhabilitada sin validarse la oportunidad de subsanación de la oferta? Sí
La entidad no puede inhabilitar una oferta por un requisito que no se haya establecido con claridad en el pliego de condiciones, y que, cuando el requisito no afecta la asignación de puntaje, debe permitirse la subsanación dentro de las reglas del proceso. Una razón es que en los términos del pliego la entidad no indicó que el tiempo de entrega estuviera limitado a la vigencia del año 2012, y el pliego previó dos formas de pago para la ejecución, lo que impide leer el requisito de manera restrictiva. Otra razón es que la inhabilitación se produjo sin verificar la oportunidad de subsanación del oferente, con lo que la adjudicación al otro proponente vulneró las reglas del proceso. En el caso, el tribunal había declarado la nulidad de la resolución de adjudicación y reconocido la utilidad esperada, y el Consejo de Estado revocó la decisión y limitó las pretensiones a la declaratoria de nulidad parcial, porque la utilidad no se acreditó en el monto reclamado. Su consecuencia práctica es que el pliego debe fijar expresamente cualquier limitación temporal y la entidad debe permitir subsanar los requisitos que no afecten el puntaje.síntesis automática
También resuelve:¿Dada la nulidad del acto administrativo que adjudicó la licitación pública hay lugar a reconocer el restablecimiento del derecho del demandante…¿En vigencia del C.P.A.C.A. resulta procedente condenar en costas en segunda instancia a la parte vencida en el proceso, esto es, a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación?
¿Deben analizarse las controversias derivadas del proceso de selección y del contrato celebrado por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios bajo las reglas del derecho privado, al no tener naturaleza de actos administrativos las actuaciones precontractuales adelantadas por entidades sometidas al régimen contractual previsto en la Ley 142 de 1994? Sí
Las controversias derivadas del proceso de selección y del contrato celebrado por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios se rigen por el derecho privado, conforme a los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, y deben resolverse con fundamento en el artículo 90 de la Constitución y en las normas del Código de Comercio y del Código Civil. La regla se sostiene en tres razones: el objeto de la entidad contratante es la prestación de servicios públicos domiciliarios, lo que determina el régimen de sus procesos de selección; la ausencia de naturaleza de acto administrativo de las actuaciones precontractuales no impide que la jurisdicción conozca de la controversia, pues el medio de control de controversias contractuales se mantiene; y las pretensiones de incumplimiento y de liquidación judicial del contrato se deciden con las normas civiles y comerciales aplicables. Por ello, la controversia se analiza con esas normas y no con el Estatuto General de Contratación. La providencia modifica la decisión de primera instancia en los términos de esta regla.síntesis automática
También resuelve:¿Logró la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. demostrar que las dificultades presentadas durante la ejecución contractual obedecieron a circunstancias imprevisibles y ajenas a su…¿Procede el reconocimiento del desequilibrio económico del contrato solicitado con fundamento en las dificultades de ejecución derivadas de la falta de información sobre intervenciones de otras…¿Procede el reconocimiento y pago de los denominados intereses negativos solicitados por la EAAB E.S.P. respecto de los recursos administrados mediante patrimonio autónomo…
¿Resulta procedente declarar la coligación negocial entre el contrato de empréstito suscrito entre el Departamento de Antioquia y el BID, el convenio del Departamento de Antioquia con IDEA para la participación departamental en la sociedad ECA SA, el contrato de constitución de ECA SA y, los contratos para la construcción o diseño de siete STCA? No
Tal como lo determinó el tribunal a quo, cada uno de los contratos suscritos entre el Departamento de Antioquia y ECA SA para el diseño y/o construcción de STCA (números 2007-CO-20-8395 de 12 de octubre de 2007, 2007-CO-20-8433 del 27 de noviembre de 2007 y 2007-CC-20-8460 del 26 de diciembre de 2007) son independientes -a pesar de haberse suscrito por las mismas partes-, porque no guardan entre sí relación de dependencia ni estructuran un objeto global inescindible que imponga analizar en forma conjunta las incidencias de cada uno de ellos; por el contrario, es perfectamente posible determinar las responsabilidades surgidas de cada uno de ellos en forma separada y juzgar, en la misma manera…
También resuelve:¿La caducidad del medio de control de controversias contractuales en relación con las pretensiones relativas al contrato número 2007-CC-20 8460 para el diseño de los STCA de los municipios de Urrao…¿La caducidad del medio de control de controversias contractuales en relación con las pretensiones relativas al contrato número 2007-CC-20 8460 para el diseño de los STCA de los municipios de Urrao…¿Cuenta con legitimación en la causa por pasiva eel Departamento de Antioquia en lo referente a las pretensiones derivadas del contrato de constitución de la sociedad ECA SA, del cual no fue parte?
¿La E.S.P. ejerció de manera injustificada la facultad de terminación unilateral del contrato? Sí
La Subsección resolverá desfavorablemente el recurso de apelación presentado por Genmas S.A. E.S.P. y confirmará la sentencia de primera instancia. Lo manifestado por [la contratante en los términos de referencia] otorgó certeza a la contratista de que el dinero de la construcción estaba garantizado, dado que se señaló que su financiación provendría de recursos propios de la entidad. Genmas S.A. E.S.P. ejerció de manera injustificada la facultad de terminación unilateral del contrato, debido a que no acreditó la circunstancia económica de la empresa que alegó como fundamento para el ejercicio de la prerrogativa contractual, por lo que se materializó su incumplimiento del negocio jurídico.
También resuelve:¿Lo convenido correspondió a un contrato de obra a precios unitarios que fue suscrito con el objetivo de desarrollar las obras civiles de una central hidroeléctrica…¿El perfeccionamiento del negocio se dio con la suscripción del documento correspondiente por las partes, en el que la accionante se obligó a construir las obras civiles de la central hidroeléctrica?¿La potestad de terminación unilateral del contrato se ejerció sin justa causa, por lo que la conducta de la contratante constituyó un incumplimiento del contrato?
¿El incumplimiento del contrato por parte del departamento de Putumayo fue superado con la suscripción del acta de liquidación bilateral? Sí
El contratista y la entidad estatal superan el incumplimiento del contrato mediante la suscripción de una acta de liquidación bilateral, siempre y cuando dicha acta no presente vicios del consentimiento y las partes queden a paz y salvo sin reparos o salvedades. En este caso, la entidad estatal incumplió el contrato No. 1188 de 2015 por una falta al deber de planeación, lo que impidió la suscripción del acta de inicio del proyecto debido a deficiencias en la gestión de las licencias de la obra. Sin embargo, el contratista y la entidad estatal liquidaron bilateralmente el contrato el 6 de diciembre de 2016, reconociendo únicamente los costos de pago de estampillas y pólizas, y modificaron el acta el 21 de diciembre de 2016 para excluir los gastos de administración fiduciaria. El contratista aceptó la liquidación y se declaró a paz y salvo por todo concepto, renunciando a otros emolumentos como la utilidad esperada y los gastos de arrendamiento, pago de servicios, alquileres de maquinaria y equipos y pago de prestaciones sociales. La Sala confirmó la sentencia que negaba las pretensiones del contratista, reafirmando que la liquidación bilateral es vinculante cuando no se acreditan vicios del consentimiento.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Nariño?¿Los contratos estatales suscritos por departamentos como el del Putumayo se rigen por el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública -EGCAP- y sus reformas?¿Cualquiera de las partes de los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su nulidad, se ordene su revisión, se declare el incumplimiento…
¿El proceso de selección adelantado por TRANSMILENIO S.A. para contratar el mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura del sistema de transporte masivo debía someterse a los principios y reglas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, pese a que la entidad se encuentra sometida al régimen de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, por tratarse de una actividad ajena a escenarios de competencia o mercado regulado, vinculada al cumplimiento de cometidos estatales? Sí
Las entidades estatales descentralizadas sometidas al régimen de empresa industrial y comercial se sujetan a los principios y reglas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública cuando celebran contratos relacionados con actividades de interés general ajenas al mercado competitivo. El proceso de selección adelantado para contratar el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del sistema de transporte masivo persigue cometidos estatales esenciales. Por consiguiente, la actuación contractual debe regirse por la normativa pública de contratación para garantizar la libre competencia y el cumplimiento de los fines del Estado, apartándose del régimen privado cuando el objeto contractual compromete bienes y servicios de uso público.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda presentada en ejercicio de la acción contractual, mediante la cual se solicitó la nulidad de los actos precontractuales…¿El pliego de condiciones exigió una experiencia general y específica mínima del director del proyecto y de los ingenieros residentes como requisito habilitante y, simultáneamente…¿El tiempo durante el cual el director del proyecto participó en la etapa precontractual del contrato celebrado entre Konidol y Ecopetrol podía computarse como experiencia específica para efectos de…
¿Procede declarar la ineptitud sustantiva de la demandan respecto de la pretensión de nulidad del acto administrativo que deniega una solicitud de revocatoria directa? Sí
El contratista no puede solicitar la nulidad del acto administrativo que deniega una solicitud de revocatoria directa mediante la acción de lo contencioso administrativo, ya que dicha decisión no genera una situación jurídica nueva ni es susceptible de control judicial, por lo que la demanda debe ser declarada inepta sustantivamente en relación con esta pretensión. La Sala reitera la jurisprudencia según la cual la resolución que niega la revocatoria directa no constituye un acto administrativo definitivo, por lo que no puede ser objeto de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Esta regla implica que el juez debe inhibirse para fallar sobre dicha pretensión y declarar la ineptitud sustantiva de la demanda en este aspecto.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la acumulación de las pretensiones solicitadas a través del medio de control de controversias contractuales y el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho?¿Cuando las pretensiones se solicitan mediante medios de control diferentes, el término de caducidad cuenta de manera separada para cada una de ellas?¿Cuál es la diferencia entre la inhabilidad para contratar y la incompatibilidad?
¿Demostró la parte actora la excepcional onerosidad que abra paso a las pretensiones condenatorias contra el CSJ? No
El contratista que reclama el restablecimiento del equilibrio económico por suspensiones y mayor permanencia en la obra debe acreditar los costos adicionales en que incurrió y la utilidad dejada de percibir, pues sin esa prueba la pretensión de condena no prospera. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la carga de la prueba corresponde a quien alega el supuesto de hecho, conforme al artículo 167 del Código General del Proceso. Segunda, en el caso no se demostraron los costos adicionales derivados de las suspensiones, de modo que el perjuicio material no quedó acreditado. Tercera, el consorcio tampoco acreditó la utilidad dejada de percibir por la mayor permanencia en la obra, por lo que no existen elementos para establecer la utilidad proyectada. La providencia confirma la sentencia que negó las pretensiones y no introduce cambio de criterio. La consecuencia práctica es que la reclamación por mayor permanencia debe respaldarse con prueba específica de costos y de utilidad, y no puede fundarse solo en la existencia de las suspensiones.síntesis automática
También resuelve:¿Aportó el demandante las pruebas que permitan acreditar los costos administrativos en que incurrió y la utilidad dejada de percibir que reclama?¿La liquidación bilateral requiere que el necesario acuerdo de voluntades de las partes revista la formalidad del escrito?¿El pago de las actas mensuales de obra no quedó supeditado a un término o plazo específico sino al cumplimiento por parte del contratista de una serie de condiciones?
¿Procede declarar la terminación del contrato de obra en la fecha pactada en la última suspensión acordada por las partes, ante la prolongación unilateral de la suspensión por la entidad contratante? Sí
El contratista puede declarar la terminación del contrato de obra pública en la fecha pactada en la última suspensión acordada por las partes, ante la prolongación unilateral de la suspensión por la entidad contratante, ya que la suspensión requiere la voluntad de ambas partes y no puede ser impuesta unilateralmente sin perjuicio de eventos excepcionales. En este caso, la última suspensión válida fue la del 30 de junio de 2017, en la cual se pactó la terminación del contrato para el 2 de diciembre de 2017, por lo que la prolongación unilateral posterior no es válida. Además, el municipio incumplió el contrato al entregar al contratista un inmueble sin las condiciones de estabilidad requeridas para ejecutar las obras, pese a su conocimiento previo de la necesidad de intervenir el talud. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la suspensión y terminación de contratos estatales, estableciendo que la voluntariedad de las partes es esencial para la validez de la suspensión y que la entidad contratante debe garantizar las condiciones necesarias para el cumplimiento del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿El municipio de Ocaña incumplió el contrato de obra n.º 004 de 2016 al entregar al contratista un inmueble sin las condiciones de estabilidad requeridas para ejecutar las obras…¿Procede reconocer el daño emergente derivado de la prolongación de la suspensión contractual cuando el contratista carece de pruebas sobre la efectiva causación…¿Procede reconocer el lucro cesante con fundamento en el valor bruto de las prestaciones contractuales pendientes de ejecución…
¿El término de caducidad de la acción de reparación directa empezó a contar desde que los demandantes tuvieron conocimiento del daño, el cual tuvo origen en la providencia judicial que dejó sin efectos la aprobación del remate y los derechos sobre el bien inmueble? Sí
El contratista puede iniciar la acción de reparación directa dentro de los dos años posteriores a que tuvo conocimiento del daño, que en este caso se originó con la providencia judicial que dejó sin efectos la aprobación del remate y los derechos sobre el bien inmueble, independientemente de que no fuera notificado formalmente del acto. La entidad estatal, en este caso la Rama Judicial, está legitimada por pasiva cuando se le imputa el daño causado por la administración de justicia. Las pruebas documentales presentadas en copia simple gozan de pleno valor probatorio si no han sido tachadas de falsas y han estado a disposición de la parte contraria, según la jurisprudencia del Consejo de Estado. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre el cómputo del término de caducidad y la valoración de la prueba documental, lo que implica que los contratistas tienen mayor flexibilidad para ejercer su acción de reparación directa y que los documentos presentados de manera oportuna y regular son válidos para acreditar el daño antijurídico y su imputación al Estado.síntesis automática
También resuelve:¿La legitimación en la causa por pasiva recae sobre la Rama Judicial por ser la entidad a la que se le imputa el daño?¿Las pruebas documentales aportadas en copia simple gozan de pleno valor probatorio por cumplir con el principio de contradicción y no haber sido tachadas de falsas?¿El daño antijurídico y la imputación de éste al Estado, son elementos que deben acreditarse para la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado?