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clave: "consejo_estado:providencia:05001233100019960016801-35993-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: tienen merito probatorio las copias simples de documento"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2021-11-22"
radicado: "05001233100019960016801"
numero: "35993"
ponente: "WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ"
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# Consejo de Estado: tienen merito probatorio las copias simples de documento

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2021-11-22
- **Radicado:** 05001233100019960016801
- **Número interno:** 35993
- **Ponente:** WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** ACCION CONTRACTUAL
- **Actor:** CONSULTEL LTDA.
- **Demandado:** MUNICIPIO DE RIONEGRO
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233100019960016801-35993-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/05001233100019960016801/630DB915E94532C6D7F0E74EE183AB274DD77C5268C5074975AD59DD4CB13956/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012331000199600168011100103

## Problema jurídico

¿Tienen merito probatorio las copias simples de documento?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

MODIFICA

## Puntos clave

- ¿El mérito probatorio de los documentos lo asigna el juez, luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto?
- ¿Puede ser valorada por el juez una declaración extrajuicio que no fue ratificada?
- ¿Debe aplicarse además del derecho privado, la Ley 80 de 1993 al contrato de obra donde fue parte el Municipio de Rionegro?

## Extracto

Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio…

## Síntesis temática

El contratista puede presentar copias simples de documentos como pruebas en un proceso, ya que el Consejo de Estado, en fallo de unificación, ha establecido que estas tienen mérito probatorio. Esta decisión modifica la posición anterior que rechazaba el valor probatorio de las copias simples, permitiendo que el juez las valore según las reglas de la sana crítica y en el contexto de la apreciación de todas las pruebas presentadas. En el caso específico, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de 28 de agosto de 2013, exp. 25022, determinó que las copias simples son admisibles como pruebas, lo que implica que en la práctica, los contratistas pueden utilizar este tipo de documentos para respaldar sus alegatos sin necesidad de presentar el original.

## Descriptores temáticos

COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, DOCUMENTO, APRECIACIÓN DEL DOCUMENTO, CLASES DE DOCUMENTO, ARCHIVO DE DOCUMENTO PÚBLICO, DOCUMENTO PRIVADO, DOCUMENTO PÚBLICO, AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO, VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA, PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA, DECLARACIÓN EXTRAJUDICIAL, RATIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN EXTRAJUDICIAL, VALIDEZ DE LA DECLARACIÓN EXTRAJUDICIAL, VALOR PROBATORIO DE LA DECLARACIÓN EXTRAJUDICIAL, CONTRATO ESTATAL, REGULACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, MUNICIPIO, MUNICIPIO DE RIONEGRO, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, NORMATIVA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, DERECHO PRIVADO, CONTRATO DE OBRA, TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, CLÁUSULA DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, PROCEDENCIA DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, REQUISITOS DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD, PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL, CLÁUSULA EXCEPCIONAL, RESOLUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, RESOLUCIÓN DEL CONTRATO, CONTRATACIÓN ESTATAL, RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL, REGLAS DE CONTRATACIÓN ESTATAL, FACULTADES DEL MUNICIPIO, CLÁUSULA EXCEPCIONAL DEL CONTRATO ESTATAL, LÍMITES DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, IMPROCEDENCIA DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, ALCALDE, ELECCIÓN DEL ALCALDE, PROGRAMA DE LOS CANDIDATOS, CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE LOS CANDIDATOS, REVOCATORIA DEL MANDATO, REQUISITOS PARA REVOCAR EL MANDATO, INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, PRESUPUESTO DE LA OBRA PÚBLICA, CONTRATO ONEROSO, ONEROSO, CONDICIÓN SUSPENSIVA, ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, ORDEN PÚBLICO, PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO, DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL, PROCEDENCIA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, FALSA MOTIVACIÓN, CONFIGURACIÓN DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, EXPEDICIÓN IRREGULAR DEL ACTO ADMINISTRATIVO, RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN, PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CLÁUSULA DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD, CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL, VALIDEZ DE LA CLÁUSULAS DEL CONTRATO, INAPLICACIÓN DE CLÁUSULAS DEL CONTRATO, CULPA GRAVE, DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE, PRUEBA DE LA CULPA GRAVE, VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE, RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO, DICTAMEN PERICIAL, ADICIÓN AL DICTAMEN PERICIAL, AMPLIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL, COMPLEMENTACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL, FUNDAMENTACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL, REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL, APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL, VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL, IMPROCEDENCIA DEL DICTAMEN PERICIAL, PERJUICIO MATERIAL, PRUEBA DEL PERJUICIO MATERIAL, TASACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL, MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL, ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL, CONCEPTO DE ANTICIPO DEL CONTRATO, ANTICIPO DEL CONTRATO, CLÁUSULA DE ANTICIPO, ENTREGA DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL, DAÑO EMERGENTE, ACREDITACIÓN DEL DAÑO EMERGENTE, INDEMNIZACIÓN POR DAÑO EMERGENTE, MONTO DE LA PÓLIZA DE SEGURO, PAGO DE LA PÓLIZA DE SEGURO, PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA, PRETENSIONES DE LA DEMANDA, INDEMNIZACIÓN POR UTILIDAD ESPERADA, ESTIMATIVO AIU EN EL CONTRATO ESTATAL, INDEMNIZACIÓN AL CONTRATISTA, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS A CARGO DEL ESTADO, CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, LIQUIDACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, UTILIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, UTILIDAD PROYECTADA PARA EL CONTRATISTA, PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, LUCRO CESANTE, ACREDITACIÓN DEL LUCRO CESANTE, ACTUALIZACIÓN DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE, ACTUALIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE, DETERMINACIÓN DEL LUCRO CESANTE, PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE, RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE, TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS, CONTRATO ESTATAL A PRECIOS UNITARIOS, DAÑO AL BUEN NOMBRE, PROTECCIÓN DEL DERECHO AL BUEN NOMBRE, INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL BUEN NOMBRE, FALTA DE PRUEBA DEL DAÑO, PERSONA JURÍDICA, NOMBRE DE LA PERSONA JURÍDICA, IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE, GOOD WILL, INTERESES, INTERÉS COMERCIAL, PAGO DE INTERESES, INTERÉS LEGAL, RECONOCIMIENTO DEL INTERÉS LEGAL, INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR VÍA JUDICIAL, OMISIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, CONTRATO DE EJECUCIÓN SUCESIVA, NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LLAMAMIENTO EN GARANTÍA, LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN, SECRETARIO DE GOBIERNO, SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, CONDENA AL LLAMADO EN GARANTÍA, LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA, REDUCCIÓN DE LA CONDENA, VALOR DE LA CONDENA, CONDENA, SERVIDOR PÚBLICO, ACTUACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL SERVIDOR PÚBLICO, SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA EXALCALDE, ALCALDE MUNICIPAL, FACULTAD DEL ALCALDE PARA CONTRATAR, FACULTAD DEL ALCALDE PARA LA ORDENACIÓN DEL GASTO, ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA ALCALDE MUNICIPAL, REPETICIÓN, NORMATIVA DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN, PROCEDENCIA DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN

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## Texto del documento

COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO
Problema jurídico:
¿Tienen merito probatorio las copias simples de documento?
Respuesta al problema jurídico: Si
Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el mérito probatorio de las copias simples de documento, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, exp. 25022 [fundamento jurídico 1]. El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo, lo respeta y acoge. Los argumentos de la inconformidad están en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, exp. 26984. Estas providencias se pueden consultar en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 363, 364 y 365, respectivamente, disponible en https://bit.ly/3gjjduK.
DOCUMENTO / APRECIACIÓN DEL DOCUMENTO / CLASES DE DOCUMENTO / ARCHIVO DE DOCUMENTO PÚBLICO / DOCUMENTO PRIVADO / DOCUMENTO PÚBLICO / AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA
Problema jurídico:
¿El mérito probatorio de los documentos lo asigna el juez, luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto?
Respuesta al problema jurídico: Si
Según el artículo 251 CPC (retomado por el art. 243 CGP), los documentos son públicos o privados. El documento es público si es otorgado por funcionario en ejercicio de su cargo o con su intervención y es privado si no reúne los requisitos para ser público. El documento público se presume auténtico y el documento privado es auténtico en los casos previstos en el artículo 252 CPC. El mérito probatorio de los documentos lo asigna el juez (arts. 264, 277 y 279 CPC), luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, según las reglas de la sana crítica (art 187 CPC).
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 187, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 251, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 252, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 264, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 277, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 279
DECLARACIÓN EXTRAJUDICIAL / RATIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN EXTRAJUDICIAL / VALIDEZ DE LA DECLARACIÓN EXTRAJUDICIAL / VALOR PROBATORIO DE LA DECLARACIÓN EXTRAJUDICIAL
Problema jurídico:
¿Puede ser valorada por el juez una declaración extrajuicio que no fue ratificada?
Respuesta al problema jurídico: No
La demanda aportó una declaración extrajuicio (...). Este tipo de declaraciones, al ser sumarias, requieren de ratificación judicial de conformidad con el artículo 229 CPC. Como no fue ratificada, no será valorada.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 229
CONTRATO ESTATAL / REGULACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / MUNICIPIO / MUNICIPIO DE RIONEGRO / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / NORMATIVA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / DERECHO PRIVADO
Problema jurídico:
¿Debe aplicarse además del derecho privado, la Ley 80 de 1993 al contrato de obra donde fue parte el Municipio de Rionegro?
Respuesta al problema jurídico: Si
El régimen jurídico del contrato (...) El artículo 1 de la Ley 80 de 1993 establece que esa ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales. (...) El estatuto de contratación regula particularmente cinco materias propias del régimen de la contratación: (i) capacidad: dentro de la cual están las inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de interés, los consorcios y uniones temporales –que pueden celebrar contratos sin ser personas jurídicas– y el registro único de proponentes; (ii) la selección objetiva, que abarca los procedimientos de selección de contratistas; (iii) el perfeccionamiento y la forma del contrato, la urgencia manifiesta y algunos tipos de contratos; (iv) algunos aspectos relativos a su ejecución como el manejo de riesgo, la ecuación contractual y las denominadas «potestades excepcionales» y (v) la liquidación del contrato y la de solución de controversias. En lo demás, la Ley 80 de 1993 prescribe que, por regla general, los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 de ese estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes (arts. 13, 23, 28, 32, 40, 44 y 45 de la Ley 80 de 1993 y art. 2 CC), salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley. De modo que el contrato estatal se rige por las disposiciones comerciales y civiles, salvo lo previsto por las normas de orden público previstas en la Ley 80 y sus modificaciones (...) El 19 de diciembre de 1994, (...) Ltda. y el Municipio de Rionegro celebraron el contrato de obra n.° 093 para la iluminación del estadio municipal «Alberto Grisales» (...). Como el Municipio de Rionegro fue parte del contrato de obra n.° 093, a sus contratos se aplica, además del derecho privado, la regulación especial prevista en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el régimen jurídico del contrato estatal, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 28 de febrero de 2020, exp. 31628, C.P. Guillermo Sanchez Luque, fundamento jurídico 4.
FUENTE FORMAL:
LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 2, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 23, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 28, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 45
CONTRATO DE OBRA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CLÁUSULA DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / REQUISITOS DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / CLÁUSULA EXCEPCIONAL / RESOLUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿En los contratos sometidos a la Ley 80 de 1993, para determinar las normas aplicables se deberá diferenciar si la terminación unilateral del vínculo contractual se ejerció con fundamento en la potestad excepcional que dispone ese estatuto o en una facultad del tipo contractual o pactada?
Respuesta al problema jurídico: Si
Terminación unilateral del contrato (...) El artículo 17 de la Ley 80 de 1993, en consonancia con el artículo 14.2 que tiene como antecedente los artículos 18 y 19 del Decreto 222 de 1983, faculta a las entidades, mediante acto administrativo motivado y en ejercicio de una potestad excepcional, para disponer la terminación anticipada del contrato. La entidad puede dar por terminado el contrato: (i) cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga ; (ii) por muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es persona natural, o por disolución de la persona jurídica del contratista; (iii) por interdicción judicial o declaración de quiebra del contratista (figura concursal eliminada mediante la Ley 222 de 1993); o (iv) por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato. De conformidad con el inciso segundo del artículo 14.1 de la Ley 80 de 1993, en los actos en los que se use la potestad excepcional de terminación unilateral, la Administración debe reconocer y pagar las compensaciones e indemnizaciones a que tengan haya lugar, por su ejercicio. Estos supuestos de la terminación corresponden a circunstancias sobrevivientes a la celebración del contrato que hacen nugatoria su ejecución, por afectar el interés público. La primera causal de terminación unilateral dispone que procederá cuando: (i) las exigencias del servicio público lo requieran o (ii) la situación de orden público lo imponga. El primer evento se refiere, pues, a aquellas circunstancias en los que la terminación de la relación contractual se necesite para la satisfacción del interés general o colectivo. El segundo, implica que el orden público –aquel conjunto de condiciones tendientes a asegurar la convivencia armónica de los miembros de una sociedad en un marco de estabilidad y normalidad institucionales con plena garantía de las libertades públicas, cuyos elementos constitutivos son la tranquilidad, la seguridad y la salubridad pública– exija la terminación del vínculo. Circunstancia que, más que una facultad, constituye un mandato para la entidad, pues se deriva de la preeminencia del interés público. De otro lado, el artículo 45 dispone que cuando se configuren las causales de nulidad absoluta del contrato previstas en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 44, esto es, cuando se celebren contratos con personas incursas en causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la constitución o en la ley, cuando se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal o cuando se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamente, la entidad respectiva deberá dar por terminado el contrato mediante acto administrativo debidamente motivado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre (terminación unilateral por nulidad) Una figura particular que, a primera vista, pareciera convertir a la Administración en «juez y parte». (...) Cuando la Administración termina unilateralmente un contrato con fundamento en la potestad excepcional de terminación unilateral, debe motivar de forma detallada y precisa el acto administrativo a través del cual toma esa decisión (art. 17 y 24.7 de la Ley 80 de 1993). La motivación es una de las más caracterizadas expresiones del debido proceso, pues solo así el contratista podrá defender sus derechos, si considera que los motivos aducidos no se enmarcan en las causales para la procedencia de la figura. La motivación, elemento fundamental del acto administrativo, puede encontrase en el texto de la decisión o en los antecedentes que le dieron origen. En consecuencia, la falsa motivación se configura cuando los fundamentos de la decisión no corresponden con la realidad, por la inexistencia o error de los motivos de derecho o de hecho aducidos . Ahora, si la ley dispone que la motivación debe estar explícita en el contenido de un acto, esta constituye un requisito de validez y, por ende, su ausencia –la falta de motivación– vicia de nulidad la decisión por incumplimiento de uno de sus presupuestos formales, esto es, por expedición irregular (art. 84 CCA, retomado por el artículo 137 CPACA). De manera que, si los motivos de hecho o de derecho que aduce una entidad para terminar unilateralmente el contrato, con fundamento en lo establecido en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993, no corresponden con aquellos que dan lugar a la figura, el acto estará viciado, pues las circunstancias alegadas no se enmarcarán en los supuestos que habilitan la medida. El control que haga el juez, en estos casos, no se limita a verificar la veracidad de los motivos expuestos por la Administración al terminar el contrato, pues también debe consultar su seriedad, la pertinencia de estos y su proporcionalidad con la medida tomada . (...) El ejercicio ilegítimo de la potestad excepcional de terminación unilateral constituye un incumplimiento del contrato que da lugar a la indemnización integral de perjuicios bajo el régimen de responsabilidad contractual por culpa. Se debe precisar que, aunque el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 pareciera sugerir el incumplimiento como una causa de desequilibrio económico del contrato, y el tratamiento jurisprudencial sobre el punto no pareciera del todo claro, lo cierto es que se trata de fenómenos distintos. Una cosa es el incumplimiento de una parte, por la desatención de sus obligaciones, como lo sería ejercer potestades excepcionales sin fundamento, y otra cosa son los eventos en que el equilibrio puede verse afectado por factores externos a las partes o por diversas causas que pueden ser imputables a la Administración, como consecuencia o por razón de la expedición de actos administrativos en ejercicio legítimo de su condición de autoridad. (...) La Sala reitera que las partes pueden dotarse recíprocamente, o a una de ellas, en ejercicio de la autonomía privada, de la facultad de resolver el contrato. Este pacto expreso de terminación unilateral constituye ley contractual y no puede ser anulado sino por contrariar el orden público y las buenas costumbres (arts. 15, 16, 1502 y 1519 CC) o cuando implique abuso del derecho (art. 830 C. Co.). En muchos contratos típicos se

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

CONDENA / REDUCCIÓN DE LA CONDENA / VALOR DE LA CONDENA / CONDENA / CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / SERVIDOR PÚBLICO / ACTUACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL SERVIDOR PÚBLICO / SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA EXALCALDE / ALCALDE MUNICIPAL / FACULTAD DEL ALCALDE PARA CONTRATAR / FACULTAD DEL ALCALDE PARA LA ORDENACIÓN DEL GASTO / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA ALCALDE MUNICIPAL / REPETICIÓN / NORMATIVA DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN / PROCEDENCIA DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN / PROGRAMA DE LOS CANDIDATOS / CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE LOS CANDIDATOS
Problema jurídico:
¿Debe condenarse en repetición al ex alcalde del municipio de Rionegro, Luis Carlos Mejía Quiceno, llamado en garantía, por haber incurrido en culpa grave en la expedición de los actos de terminación unilateral del contrato para la iluminación del estadio?
Respuesta al problema jurídico: Si
Llamamiento en garantía con fines de repetición (...) El Ministerio Público llamó en garantía a Luis Carlos Mejía Quiceno, alcalde del Municipio de Rionegro para la época de los hechos. La sentencia de primera instancia lo condenó, pues como se acreditó la falsa motivación de los actos administrativos demandados, se presumía el dolo del funcionario de conformidad con la Ley 678 de 2001. El llamado en garantía, en el recurso de apelación, señaló que existieron motivos para expedir las resoluciones demandadas y que no era aplicable la Ley 678 de 2001. Como los hechos que suscitan este proceso son anteriores a la vigencia de la Ley 678 de 2001, la responsabilidad del agente público se debe analizar conforme a la normativa vigente en ese momento, esto es, lo previsto en la CN y las normas contenidas en el Código Civil. El artículo 90 CN establece que cuando el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de un daño antijurídico que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste. De manera que no hay lugar aplicar las presunciones de la Ley 678 de 2001. (...) Está acreditado que Luis Carlos Mejía Quiceno, como alcalde del Municipio de Rionegro, suscribió las resoluciones n.° 016, 746 y 1434, que declararon la terminación unilateral del contrato de obra n.° 093 (...). Estas decisiones fueron ilegales, pues adolecen de falsa motivación y fueron expedidas de manera irregular (...) . El llamado en garantía, como alcalde del Municipio de Rionegro, era el funcionario responsable de dirigir la actividad contractual de la entidad (arts. 11.3.b, 12 y 26.4 de la Ley 80 de 1993 y 314 y 315.3 CN) y debía vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y proteger los derechos del contratista (art. 26.1 de la Ley 80 de 1993). La suscripción de las resoluciones n.° 016, 746 y 1434 requería de la diligencia de Luis Carlos Mejía Quiceno, quien, como alcalde del Municipio de Rionegro, era el funcionario responsable de dirigir la actividad contractual de la entidad. El llamado en garantía debía verificar si los motivos de hecho y de derecho esgrimidos en las decisiones se encuadraban en la causal de terminación unilateral contemplada en la Ley 80 de 1993. También debía constatar que la «ratificación» del acto administrativo que terminó inicialmente el contrato cumplía con las formalidades y procedimientos previstos en el ordenamiento para adoptar ese tipo de determinación. Requisitos que, como ya se señaló, no se cumplieron. Luis Carlos Mejía Quiceno buscó el cumplimiento de su programa de gobierno y evitar la revocatoria a su mandato al terminar unilateralmente el contrato. Estas circunstancias, se reitera, escapaban a las necesidades del servicio o del orden público que dan lugar a la terminación unilateral del contrato y que respondían a intereses privados del servidor público encaminados a mantener su investidura como alcalde. Por ello su conducta influyó de forma directa en los vicios que dieron lugar a la ilegalidad la decisión. La adopción de los actos administrativos, de otra parte, no solo implicó una violación a los derechos del contratista que conllevó a la condena del pago de perjuicios por el incumplimiento de lo pactado, sino que supuso una frustración del cumplimiento de los fines del Estado –que es el fin del contrato público– al no haberse ejecutado el objeto contratado. La ilegalidad de las resoluciones n.° 016, 746 y 1434, pues, refleja la falta de gestión del llamado en garantía frente al contrato de obra n.° 093. El ejercicio de la competencia que tenía el llamado en garantía como alcalde municipal y director de la actividad contractual, en contravía de las normas que habilitan la terminación unilateral del contrato –que trajo como consecuencia la indemnización de perjuicios que se ordena en este fallo–, corresponde a un comportamiento gravemente culposo (art. 63 CC), es decir grosero, negligente, despreocupado y temerario , circunstancia que lo hace civilmente responsable (arts. 90 CN y 51 de la Ley 80 de 1993). Como la indemnización que debe ser pagada por la entidad demandada es imputable a la culpa grave en que incurrió el llamado en garantía, se le condenará a restituir al Municipio de Rionegro lo que pague con ocasión a esta providencia. La Sala ha reconocido la posibilidad de reducir la condena en los eventos en los cuales participan otros funcionarios en los hechos . En la suscripción de los actos administrativos demandados también participaron (...)(secretario de gobierno) y (...) (secretario de obras públicas) (...). Aunque la Sala no puede emitir pronunciamiento sobre la responsabilidad de las demás personas que participaron en estos hechos, está facultada para limitar el pago dado el grado de participación del funcionario demandado. Por ello, se le ordenará reembolsar al Municipio de Rionegro el 60% del valor que pague la entidad por lo ordenado en esta providencia, pues fungía como representante legal del Municipio de Rionegro. En esa calidad, le correspondía dirigir la acción administrativa de la demandada (arts. 11.3.b, 12 y 26.4 de la Ley 80 de 1993 y 314 y 315.3 CN).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el comportamiento gravemente culposo del servidor público, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 20 de febrero de 2014, exp. 39.404 [fundamento jurídico 16]. Sobre la reducción de la condena cuando participan otros funcionarios, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, subsección C, sentencia de 9 de septiembre de 2016, exp. 55641 [fundamento jurídico 5.4.29].
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 14, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 315 NUMERAL 3, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 57 DE 1883 - ARTÍCULO 63, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 11 NUMERAL 3 LITERAL B, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 12, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 26 NUMERAL 4, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 51

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2021-11-22. C.P. WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ. Rad. 05001233100019960016801. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233100019960016801-35993-sentencia).
