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¿El demandante tiene derecho a retener los $100’000.000 del precio pagados por el municipio como arras confirmatorias-penales del contrato de promesa de compraventa? Sí
El contratista tiene derecho a retener los $100’000.000 pagados por el municipio como arras confirmatorias-penales en un contrato de promesa de compraventa, dado que el municipio incumplió con la obligación de otorgar la escritura pública, lo que permite que las arras operen como cláusula penal y no como parte del precio. La naturaleza confirmatoria-penal de las arras se evidencia en el contrato, donde se estipula que operan como pena en caso de incumplimiento, y no como arras de retracto, ya que no conceden facultad de desistimiento. Esta decisión modifica la interpretación previa sobre el alcance de las arras confirmatorias-penales en contratos estatales, reforzando que estas pueden operar como cláusula penal en caso de incumplimiento contractual.síntesis automática
También resuelve:¿Los recursos entregados a título de arras dejaron de operar como parte del precio y se convirtieron en una pena cuyo alcance debe ser entendido en consonancia con las normas sobre cláusula penal?¿Si las partes no definen la naturaleza de las arras se entiende que son de retracto?¿Ante la desaparición del título jurídico en virtud del cual el demandado ostentaba la tenencia del predio, el demandante se encuentra habilitado para recuperarlo?
¿La demanda respecto a las pretensiones acumuladas de controversias contractuales y reparación directa fue presentada dentro del término de caducidad respecto a estos medios de control? Sí
El contratista presenta una demanda acumulando pretensiones de controversias contractuales y reparación directa dentro del término de caducidad establecido por la ley. En este caso, el contrato de promesa de compraventa se regía por el derecho privado y no contemplaba liquidación, por lo que el término de caducidad para controversias contractuales se contabiliza desde la terminación del contrato, que ocurrió el 22 de agosto de 2018, con la devolución del dinero a Llano Verde. La demanda fue presentada el 16 de noviembre de 2018, dentro del plazo legal. Para la reparación directa, el término de caducidad comenzó el 11 de julio de 2018, cuando Emsirva comunicó la imposibilidad de suscribir la escritura de venta, y la demanda se presentó oportunamente el 16 de noviembre de 2018. La acumulación de pretensiones es procedente conforme al artículo 165 del CPACA. La cláusula décima del contrato excluye el reconocimiento de intereses y perjuicios adicionales en caso de terminación por imposibilidad de tradición, lo que implica que no procede la indemnización de perjuicios reclamada por los demandantes.síntesis automática
También resuelve:¿Las partes del contrato acordaron que en caso de terminación por imposibilidad de realizar la tradición del bien, se devolvería el dinero pagado sin reconocimiento de intereses…¿Procede negar las pretensiones de reparación directa formuladas en la demanda porque los perjuicios reclamados por los demandantes se derivan del incumplimiento del contrato…¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
¿La solicitud de conciliación prejudicial presentada por el contratista suspendió el plazo para demandar en reconvención en favor de la Fiscalía General de la Nación? No
El contratista no logra suspender el plazo para que la Fiscalía General de la Nación presente una demanda de reconvención mediante una solicitud de conciliación prejudicial, ya que la entidad pública no está obligada a agotar este requisito previo para acceder a la jurisdicción, conforme al artículo 613 del Código General del Proceso. Además, la interrupción del término de caducidad en la demanda principal no se traslada a la de reconvención, dado que son instrumentos procesales autónomos. Por tanto, al presentarse la demanda de reconvención fuera del plazo legal, opera la caducidad del medio de control, lo que implica que la entidad debe cumplir rigurosamente con los plazos establecidos para evitar la pérdida de la acción.síntesis automática
También resuelve:¿El contratista tiene derecho a la contraprestación económica por la ejecución con mora de sus obligaciones, pues la entidad la admitió?¿La presentación de la demanda principal interrumpe el término de caducidad de la demanda de reconvención?¿El incumplimiento se evidencia al constatar la falta de coincidencia entre lo pactado y lo ejecutado por el deudor?
¿El registro del justo título, exigido para el ejercicio de la posesión de buena fe, requeriría mantener la anotación de la compraventa de cosa ajena? Sí
El registro del justo título exigido para la posesión de buena fe puede requerir que la anotación de una compraventa de cosa ajena se mantenga en el folio de matrícula, porque esa anotación es la que sustenta la adquisición del predio por usucapión. Esta regla se apoya en que la compraventa de bien ajeno genera efectos entre las partes aunque el vendedor no fuera titular del derecho, y en que su cancelación podría afectar la posibilidad de adquirir el predio por prescripción. Por ello la cancelación de esa anotación no es neutra para el poseedor de buena fe. En el caso concreto el predio segregado de un folio anterior no había sido transferido por el vendedor previo, y la inscripción de la venta de cosa ajena fue mantenida como justo título, lo que llevó a modificar la sentencia. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la anotación de una venta de cosa ajena no debe cancelarse si puede servir de justo título para la usucapión.síntesis automática
También resuelve:¿Debe mantenerse la anotación de la compraventa de cosa ajena, pero anotándose adicionalmente la resolución de contrato declarada en este proceso?¿IDIPRON destinó recursos a la vigilancia del inmueble, conforme al documento contable aportado por la actora?¿IDPRON tiene derecho a que se le abonen las expensas necesarias invertidas en la conservación de la cosa y el valor que hubieran podido tener los frutos del predio?
Cumplidos con los trámites propios de esta instancia y sin causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Subsección a pronunciarse sobre el asunto de la referencia para lo cual abordará los siguientes puntos: 1) competencia; 2) acervo probatorio; 3) análisis del caso concreto; y 4) condena en costas.
También resuelve:Contrato estatal: finalidadResolución del contrato: efectos, incumplimientoConsejo de estado
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO,PERJUICIOS,EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO,INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL – Código Civil,Obligación de dar,hacer o no hacer,Cumplimiento de las prestaciones a cargo,Resolución del contrato,Indemnización de perjuicios,Indemnización,Prueba del daño,Restablecimiento,Incumplimiento del contrato,Contrato adic – Mes: mayo – Año: 2017…
También resuelve:Incumplimiento del contrato: Código Civil, obligación de dar, hacer o no hacer, obligaciones, cumplimiento de las prestaciones a cargoResolución del contrato: característicaPerjuicios: indemnización, prueba del daño
Régimen aplicable,Código Civil,Código de Comercio,Definiciòn,Legislación – Mes: febrero – Año: 2013…
También resuelve:Dominio de aeronaves: régimen aplicable, Código Civil, Código de Comercio, definiciónConsejo de estadoSala de lo contencioso administrativo
CONTRATO DE MANTENIMIENTO,ACCIÓN CONTRACTUAL,DESEQUILIBRIO ECONÓMICO,EQUILIBRIO ECONÓMICO,RESOLUCIÓN DEL CONTRATO,PLIEGOS DE CONDICIONES – Competencia,Conceptuales,Causales,Proposito,Caducidad,Clausula penal,Principio de transparencia,Principio de selección,Obligaciones,Adendo,Facultad de modificación,Límites,Condiciones,Principio de buena fe – Mes: enero – Año: 1900…
También resuelve:Contrato estatal: contrato de mantenimiento, acción contractual, competencia, desequilibrio econ ómicoContrato estattal: pliegos de condiciones, facultad de modificación, limites, condiciones Con la expedición de la Ley 80 de 1993 se estableció la posibilidad de que la entidad pública directora del procedimiento precontractual modificara los pliegos de c ondiciones, incluso, hasta el mismo día del cierre del plazo para presentar las propuestas, siempre que la entidad así lo estimara conveniente o se elevara petición en ese sentido por un determinado número de personas que hubieren retirado los pliegos. Pos teriormente con la expedición de la Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública , esa facultad fue mantenida no obstante haberse introducido algunas variaciones respecto del plazo en que podían expedirse dichas modificaciones, en el sentido de disponer que el término para realizarse no podría exceder de tres días hábiles anteriores al vencimiento del plazo de cierre para presentar propuestas. En relación con este aspecto no puede perderse de vista que en cuanto el pliego de condiciones contiene y establece el procedimiento de selección, esto es el marco que regula todos y cada uno de sus elementos, no resu ltaría jurídicamente procedente la modificación de sus aspectos sustanciales, tales como, a manera de ejemplo su objeto o los criterios de selección o la ponderación precisa y detallada de aquellos, en la medida en que todos esos aspectos constituyen puntos cardinales, básicos, que fungen como factores característicos de determinado procedimiento en virtud de los cuales los interesados acuden libremente a participar en el mismo y a depositar sus expectativas en las resultas de la limpia competencia que envu elve, de tal modo que un cambio intempestivo e injustificado de aquellas circunstancias que en un inicio lo hicieron llamativo, sin duda puede convertirse en un obstáculo indebido que impide de forma caprichosa y arbitraria la libre participación de los in teresados, variación que no puede ser prohijada ni por el legislador, ni por las instancias judiciales
¿A las acciones de controversias contractuales sobre contratos de concesión minera les son inaplicables las normas de caducidad por tratar de bienes del Estado que son imprescriptible e inalienables? Sí
El contratista no está sujeto a las normas de caducidad en acciones de controversias contractuales sobre contratos de concesión minera, ya que estos tratan de bienes del Estado que son imprescriptibles e inalienables, según el parágrafo 1 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. Además, el contrato de concesión minera puede ser nulo parcialmente cuando parte de la zona de aplicación incurre en áreas protegidas, como distritos de manejo integrado, prohibiendo actividades mineras conforme al artículo 34 del Código de Minas. La anulación de un contrato de tracto sucesivo no permite el control jurisdiccional sobre las obligaciones ya extinguidas por la renuncia del contratista, y en caso de terminación anticipada del contrato de concesión minera, el concesionario debe restituir los bienes e instalaciones conforme al artículo 108 del Código de Minas. Estas reglas reiteran y matizan precedentes, estableciendo criterios claros para la protección del patrimonio público y el cumplimiento de obligaciones ambientales en contratos mineros.síntesis automática
También resuelve:¿Se configura la nulidad parcial del contrato de concesión minera cuando parte de la zona de aplicación de este tiene el carácter de área protegida?¿Procede el control jurisdiccional sobre las obligaciones del contrato que dejó de producir efectos legales por la aceptación de la renuncia del contratista a la ejecución del mismo?¿Ante la extinción anticipada del contrato de concesión minera procede la restitución de todos los bienes e instalaciones que el contratista hubiere instalado o construido para la ejecución de este?
54001233300020170063301 de 20252025-10-21Rad. 54001233300020170063301
El contratista puede solicitar la nulidad de un acta de terminación unilateral del contrato estatal si esta adolece de vicios como la falsa motivación, especialmente cuando no se demuestra que el contrato haya reportado beneficio alguno a la entidad estatal. La terminación unilateral del contrato estatal debe fundamentarse en causales específicas establecidas en la Ley 80 de 1993, como la configuración de causales de nulidad absoluta del contrato, y debe ser motivada debidamente por la entidad. En este caso, la Sala revocó la sentencia del tribunal y declaró la nulidad del acta de terminación del contrato, al constatar que no se probó el restablecimiento del derecho solicitado y que el contrato era absolutamente nulo, lo que implica que las entidades estatales deben ser cautelosas al terminar unilateralmente contratos y asegurar que dicha terminación cumpla con los requisitos legales establecidos.síntesis automática
También resuelve:Terminación unilateral del contrato estatal: potestad excepcional, artículos 14 y 17 Ley 80 de 1993Terminación unilateral: diferencias entre artículo 14 y 17 Ley 80 de 1993, causales de nulidad absoluta, Ley 80 de 1993 artículo 45Resolución del contrato: estipulación de común acuerdo, responsabilidad contractual
¿La causa de las cancelaciones de los eventos musicales programados en el Aguinaldo Boyacense coordinado por el Consejo Superior de Policía, es imputable al contratista en el marco del manejo de los negocios privados con los artistas y, por tanto, deben ser asumidos bajo su propio riesgo financiero? Sí
El contratista asume el riesgo financiero de las cancelaciones de eventos musicales programados en el Aguinaldo Boyacense, ya que las gestiones para la presentación de los artistas no garantizaban el cumplimiento de los contratos, y el pago del Consejo Superior de Policía no estaba condicionado a la realización efectiva de los eventos. La Sala establece que el incumplimiento del pago por parte del Consejo no genera responsabilidad indemnizatoria para este, dado que el contratista no pudo garantizar la presentación de los artistas en las fechas acordadas. Además, la corporación determina que el Consejo Superior de Policía es una persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro, con personería jurídica y patrimonio propio, lo que implica que el conocimiento del recurso de apelación corresponde a la jurisdicción ordinaria, en cumplimiento de la decisión proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo Superior de Policía es una institución cívico social, sin ánimo de lucro con personería jurídica y patrimonio propio…¿En cumplimiento de la decisión proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura al resolver el conflicto negativo de jurisdicciones…¿Se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio, al no haber sido parte de los contratos enjuiciados…
¿Se probó el cumplimiento de la concesionaria y el reiterado incumplimiento del municipio demandado? Sí
Cuando la sentencia reconoce sumas líquidas a título de condena, los intereses moratorios sobre esas sumas se causan desde la ejecutoria de la providencia que las liquide, y no desde una fecha anterior. Esta regla se apoya en que solo a partir de esa liquidación las sumas adquieren carácter líquido y exigible para efectos de intereses. Por ello, cuando el contrato termina por el incumplimiento de la entidad, la declaración de incumplimiento se confirma y la condena pecuniaria se ajusta solo en el momento en que se causan los intereses. En el caso concreto se probó el cumplimiento de la concesionaria y el reiterado incumplimiento de la entidad territorial, por lo que se confirmó la declaración de incumplimiento y de terminación del negocio jurídico. Solo se modificó la sentencia en la precisión sobre el inicio de los intereses. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la fecha de causación de intereses debe ligarse a la providencia de liquidación de la condena.síntesis automática
También resuelve:¿El municipio tampoco se comprometió o allanó al cumplimiento de las obligaciones, por lo cual en el presente asunto no tiene vocación de prosperidad la excepción de contrato no cumplido pretendida?¿De los riesgos asumidos en cabeza del concesionario no hay ningún evento que releve al municipio de su compromiso de asignar los cuatro mil cupos estudiantiles durante el plazo de ejecución del…¿El presente asunto se trata de una discusión en relación con el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el municipio de Bello con la suscripción del contrato de concesión?
¿El IDU debe compensar al contratista si la ocurrencia del riesgo determina una situación deficitaria en el balance financiero del contrato? Sí
El contratista no tiene derecho a la compensación por riesgos excepcionales si la ocurrencia del riesgo no determina una situación deficitaria en el balance financiero del contrato, tal como lo establece el artículo 5.1 de la Ley 80 de 1993. La entidad estatal no debe compensar al contratista si las causas de la prórroga del contrato de interventoría son atribuibles al interventor, y no se demuestra que dichas causas hayan generado un déficit financiero que justifique la compensación. Además, si el contrato estipula que el interventor asume el riesgo de mayor permanencia del personal, los costos adicionales deben ser soportados por el interventor, sin que la entidad estatal tenga responsabilidad por hechos atribuibles a terceros. Esta decisión reitera la importancia de la distribución de riesgos acordada en el contrato y la necesidad de demostrar un déficit financiero para reclamar la compensación por riesgos excepcionales.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato de interventoría estipuló expresamente que si las causas de la prórroga eran imputables al interventor, el IDU no reconocería valor alguno por el tiempo adicional?¿En el contrato de interventoría no se estipuló que el IDU asumiría responsabilidad frente al interventor por hechos atribuibles a terceros, como algunas secretarías del Distrito?¿La pretensión de la sociedad interventora pone de manifiesto la ausencia de un pacto expreso sobre quién debía asumir los efectos económicos de la mayor permanencia?
¿Las manifestaciones de voluntad de la entidad demandada, tienen connotaciones y efectos homólogos a los actos jurídicos que se desarrollan en el tráfico negocial de los particulares? Sí
El contratista puede ejercer facultades unilaterales en contratos sometidos al derecho privado por disposición legal, siempre y cuando estas estén pactadas de manera clara y expresa en el acuerdo de voluntades, en virtud de la autonomía de la voluntad que rige los negocios jurídicos. La entidad estatal no puede suspender unilateralmente el plazo de ejecución del contrato sin un acuerdo mutuo o en ausencia de causas de fuerza mayor o caso fortuito, y estas facultades no tienen efectos una vez vencido el plazo contractual según lo pactado. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la aplicación del derecho privado en contratos estatales, matizando que aunque las manifestaciones de voluntad de la entidad estatal tienen efectos homólogos a los actos jurídicos privados, deben respetar los principios de la función administrativa y las inhabilidades e incompatibilidades del EGCAP.síntesis automática
También resuelve:¿El negocio jurídico se consideraría vigente una vez perfeccionado y hasta el momento de su liquidación definitiva?¿En los contratos sometidos al derecho privado por disposición legal, pueden pactarse y ejercerse facultades unilaterales en virtud de la autonomía de la voluntad que rige los negocios jurídicos?¿El régimen jurídico de los acuerdos de voluntades suscritos entre la contratista y Acuavalle, y los actos jurídicos de esta última, eran de derecho privado?
¿La entidad pública demandada respetó el debido proceso durante el desarrollo del procedimiento administrativo tendiente a declarar el incumplimiento del contrato? Sí
El contratista no puede invocar la excepción de contrato no cumplido cuando no demuestra la imposibilidad de ejecución de sus obligaciones, por lo que la entidad estatal no violó el debido proceso al declarar su incumplimiento parcial y establecer la penalidad proporcional al grado de incumplimiento, en este caso, el 8.999% del valor total del contrato. La Sala modifica el fallo al precisar que, aunque las sanciones por incumplimiento se imponen de acuerdo a la participación de cada uno de los miembros de la unión temporal, la devolución de los dineros recibidos y no ejecutados es solidaria entre los integrantes de la unión temporal, conforme al artículo 7 de la Ley 80 de 1993. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los requisitos legales para excusarse del incumplimiento contractual y establece que la entidad estatal debe garantizar el debido proceso en los procedimientos administrativos de liquidación unilateral del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Como el incumplimiento en que incurrió la unión temporal contratista fue del 45%, el valor a pagar como penalidad corresponde al 8.999% del valor total del contrato?¿Los argumentos de los apelantes que sustentaban la falsa motivación de las resoluciones por inexistencia de incumplimiento tienen vocación de prosperidad?¿Se justifica la demora en la obligación de disposición de personal y en las demás obligaciones secundarias a cargo del contratista?
¿La demandante probó la existencia de valores invertidos no amortizados y cumplió el plan de inversión? No
En la liquidación de un contrato, corresponde al contratista demostrar los valores invertidos no amortizados que reclama, y el incumplimiento del plan de inversión no se corrige con afirmaciones generales de un dictamen pericial. Cuando el contrato se ejecutó durante buena parte de su plazo sin que se completara la inversión pactada, procede liquidarlo con saldos a cargo del contratista por los cánones de arrendamiento impagados hasta la devolución efectiva del inmueble, indexados con base en el IPC desde esa fecha. Además, la recesión económica invocada como causa externa que alteró la ecuación contractual no es un hecho notorio para todos los sectores de la economía, y la promoción de la ocupación de la zona franca era una obligación del arrendatario que no acreditó haber ejecutado. En el caso concreto, la sentencia revocó la decisión de primera instancia y liquidó el contrato con saldos en contra de la contratista. Como consecuencia práctica, la parte que reclame valores amortizables o causas externas debe aportar prueba específica de su existencia y de la alteración que produjo, pues las afirmaciones generales no bastan.síntesis automática
También resuelve:¿La promoción de la ocupación de la zona franca era obligación del arrendatario, quien no probó haber ejecutado lo que le correspondía para promoverla?¿Se desestiman los cargos de apelación que no fueron formulados en las demandas respecto del debido proceso por tratarse de aspectos que no fueron objeto de debate en el proceso?¿Las partes estipularon que procedía la terminación anticipada del contrato por solicitud del arrendatario aceptada por el ministerio?
¿El consorcio omitió adoptar las medidas de mitigación previstas en el pliego de condiciones e informar a la entidad sobre la incidencia de las lluvias en el cabal avance de la obra? Sí
El contratista omite adoptar las medidas de mitigación previstas en el pliego de condiciones e informar a la entidad sobre la incidencia de las lluvias en el avance de la obra, lo que implica un incumplimiento del contrato y justifica la liquidación del mismo, según establecen los artículos 4 de la Ley 1150 de 2007, 88 del Decreto 2474 de 2008 y 27 de la Ley 80 de 1993. En este caso, el consorcio no cumplió con estas obligaciones, lo que llevó a la entidad a declarar el incumplimiento y liquidar el contrato, sin que el contratista pudiera alegar que el fenómeno climático justificaba su abandono de la obra sin notificar a la administración. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con las obligaciones contractuales y las medidas de mitigación frente a eventos climáticos, evitando que el contratista pueda simplemente abandonar la obra sin consecuencias legales.síntesis automática
También resuelve:¿Las obras extras guardaban relación con los ítems que la entidad demandada echó de menos al declarar el incumplimiento del consorcio?¿Se cumplieron los supuestos legales y procedimentales que habilitaban a la entidad estatal para imponer la cláusula penal?¿Se configuró la situación de incumplimiento que la contratante declaró en los actos acusados y por tanto la causal de procedencia de la cláusula penal?
¿Tienen merito probatorio las copias simples de documento? Sí
El contratista puede presentar copias simples de documentos como pruebas en un proceso, ya que el Consejo de Estado, en fallo de unificación, ha establecido que estas tienen mérito probatorio. Esta decisión modifica la posición anterior que rechazaba el valor probatorio de las copias simples, permitiendo que el juez las valore según las reglas de la sana crítica y en el contexto de la apreciación de todas las pruebas presentadas. En el caso específico, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de 28 de agosto de 2013, exp. 25022, determinó que las copias simples son admisibles como pruebas, lo que implica que en la práctica, los contratistas pueden utilizar este tipo de documentos para respaldar sus alegatos sin necesidad de presentar el original.síntesis automática
También resuelve:¿El mérito probatorio de los documentos lo asigna el juez, luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto?¿Puede ser valorada por el juez una declaración extrajuicio que no fue ratificada?¿Debe aplicarse además del derecho privado, la Ley 80 de 1993 al contrato de obra donde fue parte el Municipio de Rionegro?
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2023-09-25Sala Consulta y Servicio CivilALVARO NAMEN VARGASRad. 11001030600020190005200CONCEPTOS PARA PRECAVER LITIGIOS
¿La Sala de Consulta y Servicio Civil se encuentra limitada por el hecho de que la controversia contractual surgida entre las partes, y sobre la cual se formuló la consulta, se encuentre sometida a decisión judicial? No
Estando aún en trámite el presente asunto, se promulgó la Ley 2080 de 2021, publicada en el Diario Oficial el 25 de enero del mismo año, cuyo artículo 19 modificó el inciso primero y el numeral 7° del artículo 112 del CPACA… . Esta disposición incorpora cambios importantes a lo previsto originalmente en el numeral 7° del artículo 112 del CPACA, con el claro propósito de fortalecer esta función preventiva, asignada a la Sala de Consulta y Servicio Civil por la Ley 1437 de 2011.
También resuelve:¿La obligación de supervisión contractual a cargo de Fontic incluía la de verificar que los recursos públicos entregados por dicha entidad a Fonade se destinaran única y efectivamente a la ejecución…¿Fonade tendría derecho al monto total de la cuota de gerencia estipulada en el contrato interadministrativo en forma proporcional al cumplimiento de las obligaciones contractuales a su cargo¿Puede elaborarse directamente un proyecto de liquidación del contrato en forma bilateral, dentro del plazo establecido en la ley…