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Sentencia — Sentencia2026-10-08Sección PrimeraCARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRORad. 85001233300020240006301LEY 1437 PERDIDA DE INVESTIDURA
¿Con fundamento en lo señalado por numeral 2 del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que la autoridad judicial competente para restringir el goce de los derechos políticos es el juez penal en el trámite de un proceso de naturaleza penal? No
Cualquier autoridad judicial de la jurisdicción contenciosa administrativa conserva competencia para tramitar procesos de pérdida de investidura e imponer restricciones a los derechos políticos sin que ello vulnere la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta sentencia de segunda instancia, la corporación revocó la providencia del Tribunal Administrativo de Casanare que había decretado la pérdida de investidura de un cabildante, negando las pretensiones de la demanda tras reiterar que el proceso de pérdida de investidura constituye un juicio de responsabilidad pública autónomo radicado en la jurisdicción contenciosa administrativa conforme a las Leyes 136 de 1994 y 617 de 2000.síntesis automática
También resuelve:¿Si procede acceder a la solicitud del demandado de analizar el interés particular, directo y actual a la luz de lo previsto en la Ley 2003 de 2019 y la Ley 2200 de 2022 que, para el caso…¿Determinar si debe revocarse la sentencia de 20 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante la cual se decretó la pérdida de investidura del señor Willinton…
Establecer si le asiste razón al apelante al sostener, en aplicación del artículo 23, numeral 2., de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que la autoridad judicial competente para afectar el goce y ejercicio de los derechos políticos es el juez penal en el escenario del proceso penal y que si se admitiera que el juez competente corresponde a otras jurisdicciones, entre estas, la contencioso-administrativa, el juicio de reproche a la conducta debería adecuarse como hecho punible, pues solo una condena fundada en una imputación de esa estirpe, es legítima para limitar los derechos políticos. No
El contratista no puede apelar la decisión de un juez contencioso administrativo que declara la pérdida de investidura de un concejal por violación del régimen de conflicto de intereses, argumentando que solo un juez penal puede imponer restricciones a los derechos políticos. La Sala establece que la Convención Americana sobre Derechos Humanos permite a los jueces, independientemente de su especialidad, limitar los derechos políticos siempre que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa. La pérdida de investidura es un medio de control autónomo que no debe adecuarse al régimen penal, ya que tiene características propias y se basa en causales establecidas en la ley. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y confirma que la jurisdicción contencioso-administrativa es competente para conocer y decidir sobre la pérdida de investidura de los concejales, sin necesidad de adecuar el juicio a un hecho punible.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de adición o complementación de providencias2024-05-20Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000233600020170033401LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los intereses remuneratorios corresponden a la retribución del capital por el tiempo durante el cual el acreedor no tiene a su disposición determinada suma de dinero y en cuya fórmula de cálculo se incluye, además del rendimiento, el riesgo de incumplimiento o insolvencia y la pérdida del poder adquisitivo? Sí
Los intereses remuneratorios retribuyen el capital durante el tiempo en que el acreedor no tiene a su disposición determinada suma de dinero y solo se deben cuando lo estipula el negocio jurídico o lo dispone la ley, pues son extraños a la mora. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, por su naturaleza y función se causan durante el plazo existente entre la constitución de la obligación y el día del pago o restitución del capital, y su fórmula de cálculo incluye, además del rendimiento, el riesgo de incumplimiento o insolvencia y la pérdida del poder adquisitivo. Segundo, son exigibles en las oportunidades acordadas en el título obligacional o, en su defecto, en la ley. Tercero, los intereses moratorios son las sumas que se deben a título de indemnización de perjuicios desde que el deudor se constituye en mora y son incompatibles con los remuneratorios. La providencia reitera ese criterio; en la práctica, el acreedor que pretenda intereses remuneratorios debe acreditar la estipulación negocial o el precepto legal que los prevé, y no puede derivarlos de la mora.síntesis automática
También resuelve:¿Los intereses moratorios son las sumas que se deben pagar a título de indemnización de perjuicios desde el momento en que se constituye en mora el deudor, esto es…¿Resulta procedente la adición del fallo de segunda instancia proferido por esta Corporación, al observarse que, pese a no haber lugar al reconocimiento de intereses sobre la suma reconocida en la…
66001233300020190056001 de 20262026-09-21Rad. 66001233300020190056001
Para determinar los plazos para el pago de los servicios prestados se debe hacer referencia al artículo 13 de la Ley 1122 de 2007 el cual señala: El incumplimiento de los plazos previstos para el pago o giro de los recursos de que trata este decreto, causará intereses moratorios a favor de quien debió recibirlos, liquidados a la tasa de interés moratorio establecida para los tributos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Para liquidar los intereses moratorios de que trata este artículo aplicará la fórmula establecida en el parágrafo del artículo 590 del Estatuto Tributario. Cabe precisar que la tasa de interés moratorio aplicable a la DIAN se fundamenta en la tasa de usura para las modalidades de crédito de consumo y ordinario, determinada por la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual corresponde a una vez y media veces del interés bancario corriente para dicha modalidad.
También resuelve:Pago de los servicios prestados: pago de servicios de salud, plazos de pago, mora de entidades responsables de pago, Ley 1438 de 2011 artículo 57Artículo 2.5.3.4.5.7 reconocimiento de intereses moratorios. la entidad responsable de pago que no cumpla con los plazos de pago establecidos en los artículos 13 de la ley 1122 de 2007, 56 y 57 de la ley 1438 de 2011 y 3 de la ley 2024 de 2020 o formule glosas infundadas o inexistentes, estará obligada a reconocer intereses moratorios al prestador de servicios de salud o proveedor de tecnologías en salud desde el vencimiento de los plazos, liquidados de conformidad con lo establecido en los artículos 4 del decreto ley 1281 de 2002 y el inciso 2 del artículo 56 de la ley 1438 de 2011. (subrayado fuera del texto original)Artículo 13. flujo y protección de los recursos. los actores responsables de la administración, flujo y protección de los recursos deberán acogerse a las siguientes normas:
¿Pueden las entidades estatales sometidas a un régimen contractual de derecho privado, como Ecopetrol S.A., pactar cláusulas de terminación y liquidación unilateral de los contratos, sin que su ejercicio constituya el uso de potestades excepcionales de la administración ni dé lugar a la expedición de actos administrativos? Sí
Una entidad estatal sometida por ley especial a un régimen exclusivamente privado puede pactar en el contrato cláusulas de terminación y liquidación unilaterales a su favor, pero el ejercicio de esas cláusulas no constituye el uso de potestades excepcionales de la administración y no da lugar a la expedición de actos administrativos. La regla se sostiene en tres razones: la ley especial regula en forma exclusiva el régimen jurídico de la entidad y descarta la aplicación de las potestades exorbitantes del Estatuto General de Contratación; la autonomía de la voluntad permite a las partes acordar esas decisiones unilaterales como estipulaciones contractuales; y la decisión unilateral genera actos contractuales y no actos administrativos, sin perjuicio de la aplicación del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, que impone los principios de la función administrativa. En consecuencia, la terminación y la liquidación unilaterales se producen por la vía contractual. La providencia se revoca en lo que se opone a esta regla.síntesis automática
También resuelve:¿Procede declarar de oficio la nulidad absoluta de un contrato estatal sometido al derecho privado cuando se acredita, mediante prueba indiciaria…¿Procede condenar en costas a la parte demandante cuando se revoca integralmente la sentencia de primera instancia y aquella resulta vencida en el proceso?
¿Tiene legitimación en la causa la entidad que pagó la condena por los perjuicios causados a un terero para ejercer la acción de repetición contra el servidor o exservidor público cuya conducta los ocasionó, lo que es un evento de subrogación legal? Sí
La entidad que paga una condena por los perjuicios causados a un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o exservidor público está legitimada en la causa por activa para repetir contra él, y ese servidor está legitimado por pasiva cuando su conducta dio origen al pago. La regla se apoya en el artículo 90 de la Constitución, desarrollado por el artículo 8 de la Ley 678 de 2001, y en que el pago constituye una subrogación legal, de modo que la entidad repite por ministerio de la ley lo que pagó. Esta legitimación alcanza también los intereses por mora pagados en la ejecución de la sentencia cuando el servidor los causó con su conducta. En el asunto, la entidad que pagó la condena y los intereses por mora demandó al servidor responsable, y la Sala, aunque reconoció esa legitimación, negó las pretensiones. En la práctica, la legitimación en la causa no garantiza el éxito de la repetición, que depende además de probar la conducta dolosa o gravemente culposa.síntesis automática
También resuelve:¿El régimen vigente aplicable a la acción de repetición es la Ley 678 de 2001, puesto que los intereses por mora pagados por la CDMB se causaron en los años 2014 y 2015?¿El pago de intereses por mora de una condena judicial se originó en una obligación reparatoria a cargo de la entidad demandante?¿Debe condenarse en costas y agencias en derecho a la parte vencida, en este caso la entidad demandante?
Celebración,Entidades de naturaleza estatal,Contractual,Pago indebido de cheques,Cómputo del término de caducidad,Reiteración jurisprudencial,Valor probatorio,Marco normativo específico,Régimen jurídico aplicable,Definición,Pe – Mes: enero – Año: 2017…
También resuelve:Contrato de cuenta corriente bancaria: celebración, entidades de naturaleza estatal, régimen jurídico aplicable, definiciónResponsabilidad: contractual, pago indebido de cheques, salvedades, supuestos fácticosControversias contractuales: cómputo del término de caducidad
¿Cuál es el régimen normativo aplicable a los contratos celebrados por Ecopetrol? Sí
El contratista no está sujeto al régimen normativo de contratación estatal cuando celebra contratos con Ecopetrol, ya que la Ley 1118 de 2006 establece que las actuaciones de Ecopetrol se rigen exclusivamente por el derecho privado, descartando la posibilidad de pactar cláusulas excepcionales y la competencia para expedir actos administrativos. Por ende, las comunicaciones o actos jurídicos contractuales emitidos por Ecopetrol no son considerados actos administrativos, por lo que la jurisdicción de lo contencioso administrativo no tiene competencia para pronunciarse sobre su validez. Además, en contratos regidos por el derecho privado celebrados por Ecopetrol, la entidad debe acreditar la habilitación legal o contractual de su contraparte para terminar el contrato unilateralmente, lo cual no se cumplió en el caso analizado. Asimismo, la carga probatoria de demostrar que el contratista está incurso en un conflicto de intereses que le impide ejecutar el contrato recae sobre Ecopetrol, evidencia que no fue aportada en el proceso. Este precedente reitera y matiza la aplicación del régimen contractual de Ecopetrol, limitando la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa y estableciendo las cargas probatorias en contratos privados celebrados por la entidad.síntesis automática
También resuelve:¿Las comunicaciones o actos jurídicos contractuales emitidas por Ecopetrol SA llamados a producir efectos jurídicos, son actos administrativos?¿En el contrato que se rige por el derecho privado celebrado por Ecopetrol, quién tiene la carga procesal de demostrar la habilitación legal o contractual de su contraparte para terminar el contrato…¿A quién le corresponde probar que el contratista está incurso en un conflicto de intereses que le impide ejecutar el contrato?
¿Existe alguna inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para que una persona natural de forma simultánea pueda suscribir un contrato de prestación de servicios con una entidad y con una Entidad Sin Ánimo de Lucro – en adelante ESAL cuando esta última ha suscrito un convenio de asociación con la entidad estatal?
La postura es que no existe inhabilidad, incompatibilidad ni impedimento para que una persona natural suscriba simultáneamente un contrato de prestación de servicios con una entidad estatal y con una entidad sin ánimo de lucro que haya celebrado un convenio de asociación con esa misma entidad. El concepto sostiene que las inhabilidades son restricciones que deben interpretarse de forma restrictiva porque solo pueden tipificarse en la ley o en la Constitución, y que las causales previstas en la Constitución y en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 no prohíben que una misma persona preste servicios profesionales en dos entidades mediante contratos distintos y concomitantes. Esta conclusión se mantiene incluso cuando una de esas entidades ejerce funciones de vigilancia y control sobre la otra o existe entre ellas una relación legal o contractual. El texto aclara, sin embargo, que la verificación de posibles conflictos de interés es un asunto distinto que debe analizarse aparte. La consecuencia práctica es que la entidad no puede rechazar la contratación de la persona natural por la sola simultaneidad, aunque debe evaluar en cada caso el posible conflicto de interés.síntesis automática
También resuelve:Inhabilidades e incompatibilidades: concepto, régimen, interpretación restrictivaContrato de prestacion de servicios: simultaneidad, ausencia de inhabilidad e incompatibilidadConclicto de interés: verificación, tipicidad
¿Se configura inhabilidad, incompatibilidad, o conflicto de interés para celebrar un contrato de interventoría para una obra pública, en el cual el representante legal del contratista a vigilar tiene vínculo hasta el cuarto grado de consanguinidad con el posible interventor, o cuando el posible interventor tiene como socio a una persona que tiene vínculo hasta el cuarto grado de consanguinidad con el representante legal del contratista a vigilar?
De acuerdo con el criterio de interpretación restrictiva aplicable a las disposiciones del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, no se advierte que se configure inhabilidad o incompatibilidad para celebrar un contrato de interventoría para una obra pública, en el cual el representante legal del contratista a vigilar tenga vínculo hasta el cuarto grado de consanguinidad con el posible interventor, debido a que en dicho régimen existen inhabilidades por consanguinidad entre quienes presenten oferta a un mismo proceso o entre quien presente oferta y los funcionarios públicos de la entidad contratante en los niveles señalados en la norma.
También resuelve:Inhabilidades e incompatibilidades: concepto, principio de legalidad, interpretación restrictivaIncompatibilidad: Ley 1474 de 2011, Artículo 5Conflicto de interés: definición
¿El marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia está determinado por los puntos de inconformidad manifestados en el recurso de apelación que deben estar debidamente sustentados y dirigidos a controvertir lo decidido en primera instancia? Sí
El juez de segunda instancia está limitado a resolver sobre los puntos de inconformidad debidamente sustentados y dirigidos a controvertir la decisión de primera instancia, no bastando con la simple interposición del recurso de apelación ni con afirmaciones genéricas de desacuerdo. La parte recurrente debe señalar específicamente los yerros o desaciertos del juez a quo y confrontar los fundamentos de hecho y derecho que sustentan la decisión impugnada. En caso de ausencia de sustentación suficiente y adecuada, el juez de segunda instancia no puede pronunciarse de fondo y debe confirmar la sentencia apelada, lo que implica que la parte que interponga el recurso debe cumplir rigurosamente con los requisitos de sustentación para evitar la improcedencia del mismo.síntesis automática
También resuelve:¿Se evidenció una falta de sustentación del recurso de apelación por parte del ejecutado al omitir impugnar la sentencia en relación con la decisión del juez de primera instancia de negar los efectos…¿El recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia que ordenó seguir adelante con la ejecución, es improcedente para controvertir el monto de las agencias en derecho…¿La discusión relativa a la regulación o pérdida de intereses fue resuelta en primera instancia junto con las excepciones formuladas, a pesar de no ser una excepción…
¿Existe alguna inhabilidad para contratar mediante un contrato de prestación de servicios a un representante legal de un acueducto veredal al cual la administración municipal le realiza pagos?
No existe una inhabilidad por el solo hecho de contratar mediante prestación de servicios con el representante legal de un acueducto veredal al que la administración municipal realiza pagos, pues las inhabilidades e incompatibilidades son restricciones a la capacidad contractual que solo pueden tipificarse en la ley y se interpretan de manera restrictiva. Según el concepto, el supuesto planteado no constituye una inhabilidad per se. Sin embargo, la situación debe valorarse caso por caso para descartar conflictos de intereses, es decir, situaciones en las que los intereses personales de quien contrata se opongan a sus deberes frente a la función administrativa. El régimen de conflictos de interés busca la prevalencia del bien común sobre el particular y se configura cuando los servidores públicos actúan influidos por consideraciones personales que colisionan con su independencia e imparcialidad. Por ello, aunque no se advierta una inhabilidad o incompatibilidad específica, la entidad debe examinar si la relación contractual puede generar un conflicto de intereses que afecte el cumplimiento de los deberes.síntesis automática
También resuelve:Régimen de inhabilidades e incompatibilidades: concepto, principio de legalidadInhabilidades: taxatividad, principio de legalidad, interpretación restrictivaConflicto de intereses: función administrativa, objetivo
¿La vinculación de familiares del representante legal y/o de otro trabajador por parte del contratista en ejecución de dicho contrato genera inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses?
La vinculación de familiares del representante legal o de otros trabajadores del contratista, durante la ejecución del contrato, no configura por sí sola una inhabilidad para contratar con el Estado. El régimen de inhabilidades e incompatibilidades debe interpretarse con sujeción estricta al principio de legalidad, de modo que sus causales son taxativas y de aplicación restrictiva, y no admiten extender por analogía supuestos que la ley no contempla. Lo que sí puede presentarse es un conflicto de interés, cuya configuración depende de la naturaleza de las funciones asignadas al contratista en la ejecución del contrato y de la vinculación de sus familiares, en la medida en que se encuadre en las definiciones previstas en los propios instrumentos contractuales, como el pliego de condiciones o el contrato. Por tanto, corresponde a cada entidad estatal verificar en el caso concreto si se configura alguno de esos conflictos, sin presumir una inhabilidad que el texto no reconoce. La consecuencia práctica es que la entidad debe analizar la situación con base en sus instrumentos contractuales y en las funciones del contratista, no en una aplicación extensiva del régimen de inhabilidades.síntesis automática
También resuelve:Régimen de inhabilidades e incompatibilidades: concepto, principio de legalidad
¿Existe alguna inhabilidad o incompatibilidad legal que impida a una exfuncionaria de una Contraloría Departamental ser vinculada mediante contrato en una alcaldía, Gobernación o en una entidad descentralizada del orden departamental o municipal?
El contratista no está inhabilitado ni incompatibilizado para vincularse mediante contrato en una alcaldía, Gobernación o en una entidad descentralizada del orden departamental o municipal, simplemente por haber sido exfuncionaria de una Contraloría Departamental, siempre y cuando no existan causales específicas de inhabilidad o incompatibilidad legalmente establecidas, ya que estas deben ser tipificadas en la ley y su interpretación debe ser restrictiva para no poner en riesgo principios constitucionales como la igualdad y el debido proceso. Esta regla reitera y matiza precedentes, estableciendo que la autonomía de las entidades territoriales para definir su estructura administrativa debe armonizarse con el carácter unitario del Estado y la potestad de configuración legislativa, lo que implica que la vinculación del exfuncionario solo será incompatibilidad si la entidad con la que pretende contratar integra el mismo sector administrativo en el que desempeñó funciones directivas, durante los dos años siguientes a la terminación de su vínculo con la entidad pública.síntesis automática
También resuelve:Inhabilidades e incompatibilidades: límites a la capacidad, régimen, concepto, inhabilidades e incompatibilidadesContrato de prestación de servicios: simultaneidad, ausencia de inhabilidad e incompatibilidad, conflicto de intereses, verificación
¿Las garantías del debido proceso resultan aplicables a los procedimientos sancionatorios en la contratación estatal? Sí
El contratista debe recibir las garantías del debido proceso en los procedimientos sancionatorios de la contratación estatal, incluyendo el derecho a ser escuchado previamente, a solicitar la práctica de pruebas y a controvertir las que se practiquen, lo que implica que la administración está obligada a respetar estos derechos al declarar el incumplimiento del contrato y aplicar sanciones. La Sala reitera que la omisión de la vinculación de una de las aseguradoras en un contrato de coaseguro al procedimiento administrativo de declaratoria del siniestro viola el debido proceso, ya que las obligaciones asumidas por las coaseguradoras son conjuntas en proporción al porcentaje de riesgo aceptado por cada una, sin existir solidaridad legal ni contractual entre ellas. Además, el acto administrativo que hace efectivo el amparo de anticipo respecto de un siniestro ocurrido por fuera de la vigencia de la póliza está viciado de nulidad, ya que la obligación de la aseguradora de asumir la indemnización de un riesgo deriva del contrato de seguro correspondiente y solo puede exigirse durante la vigencia de la póliza. Estas reglas implican que la administración debe garantizar un procedimiento justo y equitativo en todos los casos relacionados con la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Se vulneró el derecho al debido proceso en el procedimiento administrativo contractual de declaratoria del siniestro, al omitir la vinculación de una de las aseguradoras que hicieron parte del…¿Se encuentra viciado de nulidad el acto administrativo que hizo efectivo el amparo de anticipo respecto de un siniestro ocurrido por fuera de la vigencia de la póliza?¿Los retrasos del cronograma de ejecución del contrato estatal son imputables al contratista por incumplimiento del plazo pactado…
¿La omisión de la audiencia inicial constituye una irregularidad procesal que invalida lo actuado, cuando la parte interesada no impugnó oportunamente la decisión de prescindir de dicha audiencia y participó en las actuaciones procesales posteriores sin formular reparo alguno? No
La omisión en la realización de la audiencia inicial no constituye una nulidad procesal invalidante si la parte afectada no impugna oportunamente dicha decisión y participa en las etapas siguientes sin formular objeciones. El Código General del Proceso dispone que las irregularidades procesales distintas de las causales taxativas de nulidad se consideran saneadas cuando no se cuestionan mediante los recursos establecidos en el ordenamiento jurídico. En el caso concreto, aunque el despacho de primera instancia prescindió de la referida diligencia, la parte interesada convalidó la actuación al intervenir en el plenario sin alegar la supuesta deficiencia en tiempo oportuno. En consecuencia, se desestimó el vicio procesal alegado y se procedió a resolver de fondo la controversia contractual planteada.síntesis automática
También resuelve:¿Se vulnera el principio de congruencia procesal cuando la sentencia de primera instancia reorganiza y sintetiza los problemas jurídicos establecidos en la fijación del litigio…¿Procede ordenar el reintegro de las sumas descontadas por concepto de una cláusula penal de apremio cuando la entidad contratante omitió agotar el procedimiento contractualmente pactado para su…¿Procede negar el reconocimiento de intereses sobre las sumas que deben reintegrarse al contratista cuando la obligación de restitución únicamente se hace exigible a partir de la sentencia que ordena…
¿Una EICE que desarrolló la prefactibilidad de un proyecto, al fungir como interventor del contrato que desarrollará la factibilidad del mismo proyecto, se encuentra inmersa bajo alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o, en su defecto, un conflicto de intereses?
Corresponde a cada entidad pública, en ejercicio de su competencia y previa valoración de los elementos fácticos y jurídicos, determinar si quien desarrolló la prefactibilidad de un proyecto y pretende ser interventor del contrato de factibilidad está incurso en una causal de inhabilidad o incompatibilidad o en un conflicto de intereses. Las inhabilidades son restricciones establecidas por el constituyente o el legislador que limitan la capacidad para contratar con el Estado y desarrollan los principios del artículo 209 de la Constitución, en especial el de moralidad; por restringir derechos, se interpretan conforme al principio pro libertate, sin extensión analógica. El EGCAP no establece una noción ni causales de conflicto de intereses aplicables a proponentes o contratistas, y el régimen de los artículos 11 y 12 de la Ley 1437 de 2011 se dirige a los servidores públicos que adelantan la actuación, no a los particulares. No obstante, en virtud de su autonomía, las entidades estatales pueden establecer causales de rechazo y prever conflictos de interés en sus pliegos de condiciones o contratos, siempre que satisfagan, entre otros, los criterios de tipicidad y objetividad, según lo admitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve:Inhabilidades e incompatibilidades: límites a la capacidad, régimen, concepto, interpretación restrictivaConflicto de intereses: concepto, consagración legalCausales de rechazo: autonomía
¿Cuál es el alcance de la delegación y de los conflictos de interés de los servidores públicos en materia contractual?
Los jefes y representantes legales de las entidades estatales pueden delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y para realizar licitaciones o concursos, en servidores públicos de nivel directivo o ejecutivo o sus equivalentes, sin consideración a la naturaleza o cuantía de los contratos. La delegación debe constar en un acto administrativo que determine la autoridad delegataria y las funciones específicas transferidas, conforme a la Ley 489 de 1998, y no puede recaer sobre la expedición de reglamentos ni sobre funciones indelegables. El delegante conserva la facultad de informarse sobre el desarrollo de la delegación e impartir orientaciones generales, y los actos del delegatario tienen los mismos requisitos y recursos que los del delegante. En materia de conflictos de interés, el concepto parte del principio de moralidad del artículo 209 de la Constitución Política y señala que estos se configuran cuando los servidores públicos actúan influidos por consideraciones personales que colisionan con su independencia e imparcialidad, en detrimento del interés general. En consecuencia, la delegación exige un acto administrativo formal y se somete a las reglas sobre conflictos de interés de los servidores públicos.síntesis automática
También resuelve:Delegación: fundamento normativo, requisitos legalesConflicto de intereses: noción, servidores públicos, causales
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN,LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA,CONTROVERSIAS CONTRACTUALES,INTERESES MORATORIOS,CONTRATISTA,FACTURA,LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO,INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL – Ley vigente,Normas,Naturaleza jurídica,Por pasiva,Procedencia,Daño,Tasa,Liquidación,Decreto Ley 222 de 1983,Código de Comercio,Reglas,Superintendencia Financiera de Colombia,Certificación,Ley 80 de 1993,Aplicación suplet – Mes: agosto – Año: 2019…
También resuelve:Caducidad de la acción: Ley vigente, normas, naturaleza jurídicaLegitimación en la causa: por pasivaControversias contractuales: procedencia, daño