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¿Se acreditó que el laudo arbitral contiene contradicciones porque declaró el incumplimiento del contrato, pero negó la reparación de perjuicios? No
Declarar el incumplimiento de un contrato y negar la indemnización de los perjuicios no produce contradicción en un laudo arbitral, porque el incumplimiento es la conducta antijurídica de una parte y el daño y su reparación son asuntos distintos. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el tribunal arbitral constató que el municipio faltó a sus deberes de matrícula de estudiantes, pero consideró que el perjuicio reclamado equivaldría a pagar servicios educativos no prestados, lo que es contrario al derecho público. La segunda es que el recurso extraordinario de anulación no es una instancia adicional, de modo que el juez de anulación debe limitarse a las causales legales y no puede replantear el fondo del debate. En consecuencia, no se acreditó la contradicción alegada contra el laudo. Como obiter dictum, la providencia recuerda que el laudo tiene carácter de decisión judicial. El documento reitera que la anulación no es una segunda instancia, y no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El laudo dejó de resolver sobre la prosperidad de la súplica de declarar administrativa y patrimonialmente responsable al municipio de Santiago de Cali de los daños y perjuicios sufridos por el…¿Procede la condena en costas al haberse declarado infundado el recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral?
¿Resulta procedente declarar el incumplimiento del Contrato constructor operador, dado que el municipio desatendió algunas de las obligaciones a su cargo; y negar las pretensiones de condena, considerando que la demandante no acreditó los perjuicios generados por tales incumplimientos, ni los presupuestos para la aplicación de las sanciones estipuladas en el contrato? Sí
El contrato constructor operador puede ser declarado incumplido si la entidad estatal desatendió sus obligaciones, como la entrega formal de bienes y la gestión de licencias y permisos. La demandante debe acreditar perjuicios y presupuestos para la aplicación de sanciones. En este caso, el municipio no cumplió con varias obligaciones, pero los perjuicios no fueron demostrados y los presupuestos necesarios no fueron acreditados, por lo que la pretensión de condena fue negada.síntesis automática
¿El consorcio contratista debe pagar la totalidad del valor de los perjuicios actualizados según fue solicitado en la demanda? Sí
El contratista debe pagar la totalidad del valor actualizado de los perjuicios causados al ente estatal, según lo determinado en la demanda, ya que la Sala revoca parcialmente la sentencia para declarar probada la excepción de prescripción de la acción derivada del seguro e ineficacia del llamamiento en garantía por extemporáneo, y negar el llamamiento en garantía formulado por el ente estatal a la aseguradora. La decisión implica que el término de prescripción ordinario y extraordinario de las acciones derivadas del contrato de seguro se había consolidado antes de que el ente estatal formulara el llamamiento en garantía, y que este fue presentado más de tres años después de iniciado el proceso, lo que constituye una irregularidad procesal saneada por la omisión de la aseguradora en su impugnación oportuna.síntesis automática
También resuelve:¿Cuándo se llamó en garantía a la aseguradora ya se había consolidado el término de la prescripción ordinaria de las acciones derivadas del contrato de seguro respecto de los deterioros que presentó…¿El llamamiento en garantía fue formulado más de tres años después de haber iniciado el proceso?¿Los términos de prescripción extraordinaria y ordinaria de las acciones derivadas del contrato de seguro corren desde su ocurrencia y desde el momento en que el beneficiario conoció o debió tener…
¿La conducta de no contestar la demanda es suficiente para acreditar el elemento subjetivo del medio de control de repetición? No
El contratista no acredita el elemento subjetivo del medio de control de repetición simplemente por no contestar la demanda, ya que esta conducta debe ser valorada por el juez como un indicio grave, pero no como un allanamiento a las pretensiones. La entidad estatal no puede ser condenada basándose únicamente en esta omisión, ya que se requiere un análisis más profundo para establecer la causalidad y la culpa grave del agente estatal. La Sala confirma la decisión de negar las pretensiones de la demanda, reiterando que el proceso de repetición debe hacer un juicio objetivo y subjetivo sobre el agente o ex agente del Estado para determinar si su comportamiento es la causa adecuada del daño.síntesis automática
También resuelve:¿El proceso de repetición está para hacer un juicio objetivo y subjetivo sobre el agente o ex agente del Estado y para determinar si dicho comportamiento es la causa adecuada del daño?¿No se demostró el elemento subjetivo ni el nexo de causalidad entre la supuesta omisión del demandado y la condena?¿El tribunal al analizar la conducta que se alegó en la demanda, consideró que el municipio no acreditó la omisión en que incurrió el demandado?
¿El Municipio de Honda manifestó su consentimiento para celebrar contrato de obra con el consorcio demandante? Sí
Un municipio que suscribe un contrato de obra con un consorcio en nombre propio, en virtud de un convenio con una entidad nacional que solo se compromete a girar los recursos, no actúa como delegatario de esa entidad, y los derechos y obligaciones del contrato recaen en el municipio y en el consorcio. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que el convenio no delegó en el municipio la función de celebrar contratos en nombre de la entidad nacional, pues la obligación de girar recursos no comporta delegación alguna. La segunda es que el texto del contrato muestra que el alcalde lo celebró en representación del municipio. La tercera es que las disponibilidades y registros presupuestales que exige la ley son obligaciones de la entidad estatal antes de ejecutar el contrato y no parámetros de validez del negocio, y que en el caso concreto el municipio no incumplió esos deberes respecto del objeto original del contrato. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El municipio demandado incumplió constituir las disponibilidades y reservas presupuestales para atender el pago de las obras adicionales?¿Se acreditó el incumplimiento del municipio en el pago de las actas parciales de obra ?¿Las causas que determinaron la necesidad de suscribir el acta de suspensión no. 2 del 18 de mayo de 2012 son atribuibles al Municipio?
¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro de los dos años siguientes al vencimiento del plazo estipulado para la liquidación bilateral del convenio interadministrativo? Sí
Cuando las partes de un convenio interadministrativo acuerdan liquidarlo de común acuerdo y no pactan la posibilidad de una liquidación unilateral, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales se cuenta desde el día siguiente al vencimiento del plazo estipulado para la liquidación bilateral. Esta regla aplica el numeral iv) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, que contempla esa subregla para los negocios que requieren liquidación. Su fundamento es que la liquidación unilateral solo opera si se pactó expresamente, de modo que, en silencio del convenio, el plazo de caducidad se ancla a la liquidación bilateral. En el caso concreto el convenio se firmó con un plazo de ejecución y una cláusula que remitía a la Ley 80 de 1993 para liquidar dentro de cuatro meses, y la demanda se presentó dentro de los dos años siguientes al vencimiento de ese plazo. Por ello la sala modificó la decisión de primera instancia. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que el término se calcula desde el plazo de liquidación bilateral y no desde la terminación del convenio.síntesis automática
También resuelve:¿El municipio de Montería incumplió el Convenio de Apoyo Financiero No. 2060220 de 2006 celebrado con Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (luego Ministerio de Vivienda…¿Es procedente acceder a la pretensión de restitución del valor de la tubería no instalada?¿Resulta improcedente la condena en costas por prosperidad parcial del recurso de apelación?
¿Los perjuicios por inversiones realizadas y utilidad dejada de percibir fueron objeto de acuerdo en el acta de terminación bilateral, por lo que no podían revivirse vía liquidación del contrato? Sí
Las sumas que la entidad incluye en la liquidación unilateral del contrato a cargo del contratista, correspondientes a una multa impuesta por una autoridad ambiental, no constituyen el ejercicio de una facultad de imposición de multas contractuales, y que los perjuicios por inversiones y utilidad dejada de percibir que fueron objeto de acuerdo en el acta de terminación bilateral no pueden revivirse mediante la liquidación del contrato. Una razón es que la multa había sido impuesta por la autoridad ambiental al contratista por incumplir normas ambientales en la construcción de un horno incinerador, y la entidad solo la incluyó en el cruce definitivo de cuentas. Otra razón es que las partes acordaron en el acta de terminación bilateral esos reclamos de desequilibrio, inversiones y utilidad, y además no se acreditaron en el proceso. En el caso, la Sala confirmó la decisión de primera instancia y se abstuvo de condenar en costas. Su consecuencia práctica es que los conceptos transados en el acta de terminación no pueden reabrirse en la liquidación, y que la sanción de una autoridad ambiental no equivale a una multa contractual.síntesis automática
También resuelve:¿La multa a la que se refiere la liquidación unilateral fue impuesta a la Concesionaria por el incumplimiento de normas ambientales?¿Se probó que existieran vicios en el consentimiento en la suscripción del acta bilateral de terminación del Contrato?¿Las estipulaciones del contrato fueron pactadas por las partes frente a los efectos que tendría la terminación bilateral del contrato?
¿Se configuró el fenómeno preclusivo de la caducidad? Sí
El término de caducidad para la acción de repetición se cuenta desde el día siguiente al vencimiento del plazo que tenía la entidad para pagar la condena, y si el pago se realiza fuera de ese plazo, el término de dos años corre desde el día siguiente a la fecha límite de pago. La regla se apoya en el término de dieciocho meses que el artículo 177 del Decreto 01 de 1984 fijaba para cumplir la condena, contado desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia, y en el artículo 164 literal l de la Ley 1437 de 2011, que establece el término de dos años para demandar. Por ello, el pago tardío no prorroga el plazo para repetir sino que lo desplaza al vencimiento del plazo legal. En el asunto, la entidad realizó el último pago después del término legal y la demanda se presentó vencido el plazo de dos años, por lo que la Sala declaró configurado el fenómeno de la caducidad y negó las pretensiones. En la práctica, la entidad que paga tarde la condena debe calcular la caducidad de la repetición desde la fecha límite de pago y no desde el pago efectivo.síntesis automática
También resuelve:¿El pago de los perjuicios fue cancelado al apoderado de los demandantes a través del despacho judicial que conoció del proceso por vía ejecutiva?¿El mérito probatorio de los documentos públicos lo asigna el juez luego de la apreciación de las pruebas en conjunto?¿La caducidad, dado su carácter de orden público, es indisponible y puede ser declarada de oficio por el juez?
¿El juicio que sobre el carácter excusable del error de Derecho cometido por la ex funcionaria demandada hizo el juez de primera instancia de la repetición, era improcedente dado que el hecho del cual se desprendía la presunción de dolo o culpa grave? No
El juez de primera instancia tiene competencia para determinar si el error de derecho cometido por la exfuncionaria demandada es excusable, conforme a la Ley 678 de 2001, ya que la presunción de culpa grave se infiere a partir de una violación manifiesta e inexcusable de normas jurídicas, cuya carga probatoria incumplida por la demandante impide la aplicación de dicha presunción. La Sala confirma que no se puede derivar directamente la existencia de culpa grave o dolo de la anulación judicial de un acto administrativo, especialmente si la funcionaria no estaba en carrera administrativa, lo que permite razonablemente considerar la validez de la declaración de insubsistencia discrecional según las normas vigentes en el momento del acto. Además, la nulidad del acto de declaración de insubsistencia se basa en la omisión de demostrar una causal de despedida, no en un juicio subjetivo, y el municipio demandante no proporcionó un fundamento jurídico preciso a sus pretensiones, incumpliendo la carga procesal de especificar la presunción de culpa grave o dolo, lo que implica la inaplicación de estas presunciones y un análisis general del elemento subjetivo de la responsabilidad por repetición.síntesis automática
También resuelve:¿La culpa o dolo de la funcionaria demandada se configuró, debido a que el acto administrativo con el que declaró la insubsistencia de una servidora pública fue anulado judicialmente…¿La nulidad del acto de declaración de insubsistencia se dictó en consideración a la omisión de la demostración de una causal de despedida?¿El municipio demandante proporcionó un verdadero fundamento jurídico a sus pretensiones?
¿Como consecuencia de la declaración de ineptitud sustantiva de la demanda el juzgador no tenía competencia para resolver el fondo de la controversia? Sí
En el proceso contencioso administrativo, cuando la demanda es declarada sustancialmente inepta, el juez no tiene competencia para resolver el fondo de la controversia, de modo que no puede pronunciarse sobre las pretensiones. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la ineptitud sustantiva de la demanda impide un pronunciamiento de fondo, de modo que no puede tenerse por resuelta la pretensión en sentido desfavorable. Segunda, la decisión de fondo que se adopte sin competencia para ello carece de efectos sobre el litigio. En el caso, la sentencia de primera instancia había dado por resueltas las pretensiones, pero la Sala revoca esa decisión porque el juzgador no tenía competencia para decidir el fondo, y en su lugar declara el incumplimiento de la obligación de excluir ciertas áreas del objeto del contrato de comodato. En la práctica, la ineptitud sustantiva debe examinarse antes de resolver las pretensiones, porque un pronunciamiento de fondo sin competencia será revocado en apelación.síntesis automática
También resuelve:¿Por no existir certeza en el perjuicio que solicita la parte actora sea reparado, no hay lugar al reconocimiento de tales pedimentos?¿Es claro que existió un incumplimiento por parte del municipio de Valledupar en la obligación de exceptuar del convenio los locales del inmueble?¿El vínculo jurídico inicial se cimentó en el apoyo de la corporación demandante en la efectividad del cumplimiento del servicio público de educación…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-07-06Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 17001233300020180029101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La imposibilidad de ejecución de los convenios sobrevino por la restitución a Fonvivienda de los subsidios que financiarían los proyectos pactados en ellos? Sí
El contratista no puede interponer una demanda contra la entidad estatal por la terminación de los convenios de asociación para la construcción de urbanizaciones, ya que la imposibilidad de ejecución de los convenios se debió a la restitución a Fonvivienda de los subsidios que financiarían los proyectos, lo que implicó la terminación de los contratos y el inicio del término de caducidad del medio de control. La liquidación bilateral del contrato debía efectuarse a más tardar dos meses después de la restitución de los subsidios, y en defecto de esta, la liquidación unilateral debía tener lugar dos meses después de la liquidación bilateral. El término de caducidad de dos años para presentar la demanda expiró antes de que el contratista la interpusiera, lo que conduce a la caducidad del medio de control. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos establecidos para la liquidación de contratos y la presentación de demandas, evitando así la pérdida del derecho a la acción por caducidad.síntesis automática
También resuelve:¿En lo que respecta a la vinculación de Fonade como parte pasiva, la demanda también fue extemporánea?¿Frente a las pretensiones correspondientes a la nulidad y restablecimiento del derecho, también operó la caducidad?¿El término de caducidad transcurrió de forma completa desde que se tuvo la certeza sobre la imposibilidad de que los contratos continuaran?
¿La sociedad demandante y el litisconsorte necesario, en calidad de integrantes del consorcio, ejecutaron mayores cantidades de obra para el cumplimiento del contrato de obra? Sí
En los contratos de obra, las mayores cantidades ejecutadas por los integrantes del consorcio son exigibles cuando fueron ejecutadas con el conocimiento y el aval de la entidad contratante, aunque su valor no haya sido pagado. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la entidad que conoce y avala la ejecución de cantidades adicionales asume la obligación de pagarlas, y su omisión configura responsabilidad contractual. Segunda, el silencio de la entidad frente a esas cantidades, habiendo tenido conocimiento de ellas, no la exime del pago. En el caso, la sociedad demandante y el litisconsorte necesario ejecutaron mayores cantidades sin que su valor fuera pagado, y la providencia confirma la declaración de responsabilidad contractual, aunque modifica la decisión impugnada en la forma de señalar la condena. En la práctica, el contratista que ejecute cantidades adicionales debe dejar constancia del conocimiento y aval de la entidad, porque esa prueba sustenta el reconocimiento del pago.síntesis automática
También resuelve:¿La condena por concepto de pago de mayores cantidades de obra debe efectuarse por la empresa demandada?¿La interventoría y Emserpa SA ESP autorizaron al contratista expresamente la realización de mayores cantidades de obra?¿El contrato de obra fue suscrito única y exclusivamente entre Emserpa SA ESP y el consorcio contratista?
¿Se probó que los daños en la vía tuvieron origen en deficiencias de construcción conocidas por la entidad demandada? No
Cuando los daños en una obra pública se originan en un hecho externo irresistible al contratista, la garantía de estabilidad de la obra no le es exigible, porque ese hecho constituye una causa extraña que lo exime de su obligación de garantía. La regla se sostiene en tres razones: el contratista debe obrar con diligencia en métodos y calidad de materiales, pero no responde por un deterioro cuyo origen no esté en sus deficiencias; el peritaje debe demostrar que la causa del daño fue la condición externa y no un defecto de construcción; y la interventoría y el propio contratista deben haber informado oportunamente la circulación de vehículos de carga que afectaba la estructura desde el inicio de la obra. En el caso, no se probó que los daños tuvieran origen en deficiencias de construcción conocidas por la entidad, sino en el tránsito pesado previo a la entrega, por lo que los actos que atribuían el daño al contratista incurrieron en falsa motivación y fueron declarados ilegales, confirmándose la sentencia. El documento no señala que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que el contratista debe documentar oportunamente las causas externas que afectan la obra.síntesis automática
También resuelve:¿Se probó el nexo causal entre el hecho de haberse excedido la capacidad de la vía por el tránsito de vehículos de carga pesada con el deterioro de la obra amparada con la garantía de estabilidad?¿Obra prueba de gestión alguna del municipio demandado tendiente a evitar o controlar el tránsito de vehículos de carga pesada en el segmento vial?¿La premisa fáctica que tuvo por acreditada el a quo fue los criterios que señalaban el tránsito de vehículos de carga pesada y la falta de idoneidad de la estructura de placa huella para el segmento…
¿Se encuentra configurada la causal de anulación de laudo arbitral, prevista en el numeral 9º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012? No
El contratista no puede invocar la causal de anulación del laudo arbitral prevista en el numeral 9º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 cuando el tribunal de arbitramento ha asumido competencia y no se ha interpuesto el recurso de reposición correspondiente, como exige la causal 2ª del mismo artículo. Además, el agente del Ministerio Público y el apoderado del municipio no están legitimados para alegar la nulidad por indebida representación del apoderado de la parte convocante, según lo establece el artículo 135 de la Ley 1564 de 2012. Asimismo, los recursos extraordinarios de anulación fueron interpuestos dentro del plazo legal de treinta días, conforme al artículo 40 de la Ley 1563 de 2012. Esta sentencia reitera que las personas jurídicas deben comparecer al proceso y ejecutar los actos procesales por medio de su representante legal, y que la indebida representación y falta de notificación o emplazamiento son causales de anulación del laudo arbitral según el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, con lo que se refuerza la necesidad de cumplir con los requisitos de procedibilidad y legitimación para interponer recursos de anulación.síntesis automática
También resuelve:¿Tanto el agente del Ministerio Público como el apoderado del municipio de Becerril, alegaron la nulidad de la actuación arbitral por indebida representación del apoderado de la parte convocante?¿Los recursos extraordinarios de anulación fueron interpuestos dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación del laudo arbitral o la de la providencia que resolvió sobre su aclaración…¿Las personas jurídicas, ya sean estas de naturaleza pública o privada, deben comparecer al proceso y ejecutar los actos procesales respectivos por medio de su representante legal?
¿Procede la valoración de las pruebas documentales trasladadas del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho? Sí
El contratista puede solicitar que se trasladen pruebas documentales del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y la entidad estatal debe valorarlas si las partes tuvieron la oportunidad de conocerlas y no presentaron reparos, lo que implica que estas pruebas son admisibles y pueden ser objeto de análisis. La Sala reitera que para la prosperidad de la acción de repetición es necesario demostrar la existencia de dolo o culpa grave en el actuar del funcionario público, y que la valoración de la culpa grave se realiza en comparación con el estándar de conducta previsto en la ley vigente en el momento de los hechos. Además, la Sala matiza que para determinar si un agente estatal actuó con dolo o culpa grave, es necesario considerar la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, la infracción manifiesta de preceptos constitucionales y el incumplimiento de las funciones que la ley le asigna, lo que implica un análisis detallado de la conducta del agente estatal en cada caso específico.síntesis automática
También resuelve:¿Para la prosperidad de la acción de repetición es necesario un actuar doloso o gravemente culposo en cabeza del funcionario público demandado?¿Cuáles son los presupuestos a tener en cuenta a la hora de definir si un agente estatal obró con dolo o culpa grave?¿El acto administrativo de insubsistencia estuvo viciado de desviación de poder?
PRINCIPAL / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA Problema jurídico: ¿La consecuencia de que el juzgador de la segunda instancia constate una falta de sustentación del recurso de apelación es la confirmación de la providencia impugnada? Sí
En la apelación, la falta de sustentación del recurso, cuando es de carácter material suficiente o adecuada, conduce a confirmar la providencia impugnada, porque el juez de segunda instancia queda sin elementos para revisar la sentencia. La regla se apoya en tres razones. La primera es el principio de congruencia, que limita la revisión a lo que el apelante expone. La segunda son los fines del recurso, que exigen un mínimo de rogatividad y objetividad en su interpretación. La tercera es que esa exigencia debe aplicarse sin caer en un excesivo ritualismo, de modo que lo relevante es la falta de sustentación material y no la simple omisión formal. La providencia confirma la sentencia de primera instancia con base en esta regla, reiterando la jurisprudencia sobre la exigencia de sustentación. En la práctica, el apelante debe precisar en el escrito de apelación los argumentos concretos contra cada punto de la decisión, porque una sustentación materialmente insuficiente conduce a la confirmación del fallo, sin que el juez deba suplir las razones que el recurrente no expuso.síntesis automática
También resuelve:¿La ley impone que en la apelación se ataquen los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la providencia en aquello que se considere desfavorable?¿La impugnación propuesta contra la sentencia proferida por el Tribunal que negó las pretensiones de la demanda estuvo debidamente sustentada?¿Más allá de una exposición de motivos de inconformidad elaborada a partir de los argumentos planteados por el Tribunal, el recurrente se limitó a replicar los argumentos desarrollados en el escrito…
¿Se presenta una indemnización doble por el mismo perjuicio por cuanto el monto que se ordenó a título de indemnización supera el establecido en la cláusula penal? Sí
El contratista no puede obtener una indemnización doble por el mismo perjuicio si el monto de la indemnización supera el establecido en la cláusula penal, ya que esta última cubre el daño y evita la doble indemnización. La cláusula penal, regulada en el artículo 1592 del Código Civil, asegura el cumplimiento de la obligación contractual y limita la responsabilidad del deudor al monto estipulado. El Consejo de Estado es competente para conocer de los litigios y controversias contractuales en los que participe una entidad pública, conforme al artículo 104 de la Ley 1437 de 2011. La demanda en el medio de control de controversias contractuales se presentó oportunamente, dentro del plazo establecido por el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La supervisora del convenio instó a la oficina jurídica para que presentara las acciones tendientes a solicitar la liquidación y declaratoria de incumplimiento del mismo, debido a la imposibilidad de cumplimiento del objeto del contrato por factores climáticos. Esta decisión modifica la jurisprudencia existente sobre la doble indemnización en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de las controversias y de los litigios originados en los contratos y convenios en los que fuera parte una entidad pública?¿La demanda en el medio de control de controversias contractuales se presentó de manera oportuna?¿La supervisora del convenio instó a la oficina jurídica para que presentara las acciones tendientes a solicitar la liquidación y declaratoria de incumplimiento del mismo?
¿Se probó el cumplimiento de la concesionaria y el reiterado incumplimiento del municipio demandado? Sí
Cuando la sentencia reconoce sumas líquidas a título de condena, los intereses moratorios sobre esas sumas se causan desde la ejecutoria de la providencia que las liquide, y no desde una fecha anterior. Esta regla se apoya en que solo a partir de esa liquidación las sumas adquieren carácter líquido y exigible para efectos de intereses. Por ello, cuando el contrato termina por el incumplimiento de la entidad, la declaración de incumplimiento se confirma y la condena pecuniaria se ajusta solo en el momento en que se causan los intereses. En el caso concreto se probó el cumplimiento de la concesionaria y el reiterado incumplimiento de la entidad territorial, por lo que se confirmó la declaración de incumplimiento y de terminación del negocio jurídico. Solo se modificó la sentencia en la precisión sobre el inicio de los intereses. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la fecha de causación de intereses debe ligarse a la providencia de liquidación de la condena.síntesis automática
También resuelve:¿El municipio tampoco se comprometió o allanó al cumplimiento de las obligaciones, por lo cual en el presente asunto no tiene vocación de prosperidad la excepción de contrato no cumplido pretendida?¿De los riesgos asumidos en cabeza del concesionario no hay ningún evento que releve al municipio de su compromiso de asignar los cuatro mil cupos estudiantiles durante el plazo de ejecución del…¿El presente asunto se trata de una discusión en relación con el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el municipio de Bello con la suscripción del contrato de concesión?
¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en atención a la vocación de doble instancia del proceso? Sí
El contratista es competente para interponer un recurso de apelación ante el Consejo de Estado contra una sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar, en virtud de la vocación de doble instancia del proceso, siempre que la pretensión de mayor valor exceda los 500 SMLMV, conforme al artículo 152 numeral 5 del Código Contencioso Administrativo. La controversia contractual surge de un convenio de apoyo financiero entre entidades territoriales y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y Fonade, por lo que el medio de control procedente es el de controversias contractuales, según el artículo 141 del mismo código. Además, el cómputo del término de caducidad para presentar la demanda debe efectuarse conforme al artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, dado que el contrato aún no estaba sujeto al Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo al momento de iniciarse el plazo. Esto implica que el término de caducidad es de dos años, contados desde la suscripción del acta de liquidación bilateral o desde la ejecutoria del acto administrativo que aprueba la liquidación unilateral, o desde el vencimiento del plazo pactado para la liquidación. La sentencia reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y la aplicación del término de caducidad conforme al Código Contencioso Administrativo previo al CPACA.síntesis automática
También resuelve:¿El cómputo de la caducidad debe efectuarse con base en el artículo 136 del CCA, que estableció un término de caducidad de 2 años para las acciones contractuales?¿Los convenios interadministrativos son instrumentos de cooperación entre entidades públicas, con el propósito de cumplir conjuntamente funciones administrativas o garantizar la prestación de un…¿El acuerdo de voluntades se trató de un instrumento de cooperación interadministrativa mediante el cual la Nación destinó recursos para el mejoramiento del servicio de agua potable en dos municipios?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de aclaración de providencias2025-08-11Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZRad. 25000233600020190062901LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La finalidad de la potestad de aclarar o adicionar la sentencia es que el juzgador se pronuncie sobre aspectos que dejaron de considerarse y decidirse, pero no reabrir el debate o reformar las decisiones tomadas en la providencia? Sí
El contratista no puede reabrir el debate o reformar las decisiones tomadas en la sentencia mediante una solicitud de aclaración, ya que la finalidad de esta potestad es que el juez se pronuncie sobre aspectos que dejaron de considerarse y decidirse, no sobre cuestiones ya resueltas. La entidad estatal no está obligada a discutir la legalidad del acto administrativo de adjudicación si este no es el objeto del litigio, y la Sala no está compelida a pronunciarse sobre aspectos que no fueron disputados. Además, el perfeccionamiento del contrato estatal es un concepto jurídico general sometido al régimen jurídico que impone solemnidades, y no requiere aclaración si no genera dudas en su concepción. La Sala niega la solicitud de aclaración, reiterando que la sentencia es inmutable y no admite modificaciones que no se ajusten a los casos excepcionales previstos en la ley, lo que implica que las partes deben respetar la decisión judicial sin intentar reformarla.síntesis automática
También resuelve:¿La discusión sobre la legalidad del acto administrativo con el que se adjudicó la licitación pública no era necesaria para dirimir el objeto de la litis?¿El perfeccionamiento del contrato estatal comporta un concepto jurídico general y se encuentra sometido al régimen jurídico que gobierna las actuaciones del sujeto contratante en punto de las…¿La intención del memorialista es reprochar la decisión de esta colegiatura de mantener el término de 10 meses para la producción de los efectos de la nulidad calificándola de indeterminada?