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¿Se probó la actuación dolosa de las demandadas en repetición? No
El contratista no puede probar la actuación dolosa de las demandadas en repetición si las pruebas documentales presentadas solo acreditan circunstancias externas y ajenas a las accionadas, sin ofrecer grado de certeza alguno sobre la intención de apartarse del servicio público por parte de las demandadas. En este caso, la Sala concluyó que la copia del acto de remoción, la historia laboral del funcionario, los acuerdos de reestructuración y el acta de comité de conciliación no eran idóneas para demostrar el elemento subjetivo inherente al juicio de repetición, ya que no se refieren a la conducta de las accionadas. Esto implica que el contratista debe presentar pruebas que directamente demuestren la intención dolosa de las demandadas para tener éxito en un juicio de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿Al Consejo de Estado le corresponde el conocimiento de las demandas de repetición interpuestas contra de los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional?¿La condena objeto del sub examine se profirió en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que inició su trámite en vigencia del Código Contencioso Administrativo?¿Se invocó la presunción de dolo con fundamento en que el acto administrativo de remoción habría sido expedido con base en un hecho inexistente?
¿Los agentes de la Policía Nacional incurrieron en una conducta gravemente culposa, al disponer la retención de dos civiles, en un lugar que no cumplía con las condiciones mínimas exigidas para ello y que, a la postre, fue objeto de una conflagración en la que aquellos perdieron la vida? Sí
Los agentes de policía que disponen la retención de personas en un lugar que no reúne condiciones mínimas de seguridad y, en consecuencia, causan su muerte, incurren en culpa grave cuando infringen el deber objetivo de cuidado y no prevén los efectos nocivos de su actuación. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, los agentes actuaron en contra de una prohibición expresa del reglamento, pese a haber sido advertidos sobre el uso del lugar, lo que constituye una infracción al deber de cuidado en los términos del artículo 63 del Código Civil. Segunda, la culpa grave no requiere intención de causar la muerte, pues basta una conducta grosera, negligente, despreocupada y temeraria que sea determinante del resultado. Tercera, para fijar la participación de cada agente en el daño se considera su cargo y jerarquía al momento de los hechos. La providencia revoca la sentencia de primera instancia y declara la responsabilidad patrimonial de los demandados en repetición. La consecuencia práctica es que la retención de personas en lugares no habilitados, con advertencia previa de su prohibición, configura el elemento subjetivo de la repetición.síntesis automática
También resuelve:¿En el presente asunto se encuentra acreditado, con las pruebas practicadas: (i) la condición de agentes de policía de los demandados para la época en que ocurrieron los hechos…¿Un subalterno cuando tuviera dudas sobre la conveniencia o legalidad de una orden particular debía advertírselo al superior jerárquico?¿Las partes accionante y accionada se encuentran legitimados en la causa por activa y pasiva respectivamente?
¿Las imprecisiones que se presentaron en la desvinculación del servidor difícilmente podrían considerarse como indicativas de un obrar inexcusable y de una conducta gravemente culposa de los demandados? Sí
Las imprecisiones formales cometidas al desvincular a un servidor público no equivalen por sí mismas a un error inexcusable ni a una conducta gravemente culposa, y que la presunción de culpa grave solo opera cuando se configuran los supuestos de hecho que la fundan. Una razón es que la desvinculación estuvo precedida de un estudio técnico de reestructuración de la planta de personal, que debía contar con la aprobación de la autoridad competente en función pública, lo que hace inviable sostener una violación inexcusable de la ley. Otra razón es que aunque se cometieron fallas en la forma como se formalizó la desvinculación, la motivación del acto no genera por sí sola una violación de las normas de competencia ni de los presupuestos de validez del acto administrativo. Por ello la Sala negó las pretensiones y condenó en costas a la parte actora. La sentencia no indica si reitera, unifica o cambia precedente; su consecuencia práctica es que las fallas de procedimiento en una supresión de cargo deben demostrarse como conducta gravemente culposa y no presumirse a partir de su sola existencia.síntesis automática
También resuelve:¿La actuación de los demandados comportó una violación inexcusable de la ley?¿La vicisitud experimentada por el servidor desvinculado se presentó en el marco de un proceso de restructuración de la entidad demandante?¿La situación permite concluir que los agentes estatales demandados son responsables patrimonialmente en el marco de la repetición?
¿La decisión de descalificación de la propuesta contractual obedeció a una ruptura intempestiva y carente de razón? No
Constituye un motivo válido para descalificar una propuesta en un proceso de selección que una persona con cargo directivo en la entidad contratante tenga relación familiar con el representante de la firma proponente, pues la prohibición de favorecimiento aplica aunque la dependencia en la que se desempeña no tenga relación con la contratación. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la presencia de un servidor público del nivel directivo con esa relación familiar basta para activar la prohibición, con independencia de que su dependencia no intervenga en el objeto contratado. Segundo, la descalificación no vulnera el principio de buena fe contractual cuando la decisión no obedece a una ruptura intempestiva ni carece de razón y no sorprende al participante, pues en tal caso no se rompen las tratativas, que deben respetarse conforme a los pliegos y a la ley. La providencia deniega las pretensiones de la demanda y confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, el aspirante que incurre en una prohibición legal puede ser descalificado sin que ello implique una ruptura de las tratativas precontractuales.síntesis automática
También resuelve:¿La incompatibilidad en estudio era adecuada si se dirigía a los familiares de aquellas personas que gozaran de poder de decisión de adjudicar un contrato?¿La incompatibilidad en estudio resulta conteste con la clasificación y nomenclatura de cargos de la EPM y era viable su aplicación en el presente asunto?¿La calidad de servidores públicos de las entidades estatales mixtas la ostentan sus representantes legales y los funcionarios de los niveles directivo…
¿Se acreditó la calidad de agentes estatales de los demandados en repetición? No
Las presunciones de dolo o de culpa grave del agente estatal en la acción de repetición no operan por el solo hecho de que la firma del servidor aparezca en el acto que originó la condena, pues es necesario probar quién lo elaboró y atribuir a cada demandado una conducta personal revestida de culpa grave o dolo que haya sido determinante en la condena. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, la mera rúbrica no acredita la autoría del acto cuando no hay prueba de quién lo estudió, preparó y elaboró. Segundo, la imputación general y concomitante de las presunciones a todos los demandados desconoce el derecho de defensa y el debido proceso, pues cada agente debe conocer la conducta que se le reprocha. Tercero, cuando no se demuestran los supuestos de hecho de las presunciones alegadas, no puede declararse la responsabilidad del agente, y la calidad de agente estatal debe acreditarse respecto de cada demandado. La providencia niega las pretensiones; en la práctica, la entidad que repite debe individualizar la conducta de cada servidor y probar su calidad de agente estatal antes de invocar las presunciones de dolo o culpa grave.síntesis automática
También resuelve:¿Respecto de cada uno de los demandados, se estableció y determinó la conducta concreta que se les reprochaba de manera individual?¿El hecho que en el proceso se acreditó que la ministra fue la persona que firmó la resolución, esto es suficiente para endilgarle responsabilidad?¿La falta de prueba sobre la participación de dos de los demandados en la expedición de la resolución conlleva a que las pretensiones de la demanda sean negadas?
¿La desviación de poder consiste en el vicio de ilegalidad de los actos administrativos por cuya virtud la autoridad decide apartarse de los fines que se pretenden satisfacer con la prerrogativa de poder que le ha sido asignada? Sí
No sería correcto asumir que el ex Director Operativo de C.A.L.I, fue declarado insubsistente por sostener una simple amistad con los presuntos adversarios políticos del nominador, cuando es claro que tal funcionario no hacía parte de la estructura política de aquellos y si bien era amigo de uno de los concejales que votó en contra del proyecto promovido por el alcalde, lo cierto es que también sostenía relaciones amistosas en común con quien declaró su insubsistencia. A la luz de tal situación, el hecho de sostener una relación personal de amistad con los adversarios o aliados del actual gobernante, no puede ser tomado como prueba determinante para arribar a la hipótesis que se plantea en la demanda.
También resuelve:¿Se confirma la decisión adoptada por el Tribunal a quo en tanto no está acreditado el vicio de desviación de poder?¿Se puede colegir que la declaratoria de insubsistencia del funcionario se hubiere dado como consecuencia de la votación negativa que obtuvo el proyecto de reestructuración de Emcali?¿En la culpa grave se halla inmersa una conducta en que su autor ha obrado con negligencia, despreocupación o temeridad especialmente graves?
¿Los demandados en repetición tenían la condición de empleados públicos, trabajadores oficiales o contratistas del Estado? No
La acción de repetición solo procede contra quien tenga la calidad de servidor público, trabajador oficial o contratista del Estado, o de particular que ejerza función pública, de modo que los demandados que no tienen ninguna de esas calidades carecen de legitimación en la causa por pasiva. Una razón es que los profesionales de la salud que atendieron al paciente no tenían relación legal y reglamentaria, vínculo contractual ni de otra índole con la entidad pública condenada, por lo que no eran servidores públicos. Otra razón es que el expediente muestra que sus vínculos se originaban en un contrato de prestación de servicios de salud con un tercero, lo que no los convierte en agentes del Estado ni en particulares que cumplan funciones públicas. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones de la demanda de repetición, por falta de legitimación en la causa por pasiva, sin necesidad de examinar la culpa grave. Su consecuencia práctica es que la entidad que pretende repetir debe demostrar, antes de estudiar la conducta, que el demandado tiene la calidad de agente del Estado.síntesis automática
También resuelve:¿Los demandados tenían la condición de servidor público, se trataba de particulares que ejercían funciones públicas o eran contratistas del Estado?¿Se encontró algún vínculo contractual o laboral de la entidad demandante con los profesionales demandados?¿La demanda presentada se interpuso dentro de la oportunidad legal?
¿Prospera el cargo de apelación según el cual los otrosíes y adicionales al contrato no contemplaron el pago de cifra alguna de dinero al contratista en compensación por los problemas e imprevistos sufridos? No
Resulta claro que la estipulación de una contraprestación monetaria en favor de alguna de las partes de un litigio presente o futuro no es uno de los elementos o requisitos de la transacción. En consecuencia, no prospera el cargo del recurso de apelación según el cual los otrosíes y adicionales al contrato No. 5214792 de 2014 no “contempl[aron] [el] pago de cifra alguna de dinero al contratista en compensación por los problemas e imprevistos sufridos.”
También resuelve:¿Se probó la excepción de mérito de transacción por todos los valores causados antes del 14 de octubre y el 14 de noviembre de 2014?¿Los funcionarios y empleados judiciales deben ser diligentes en la sustanciación de los asuntos a su cargo, sin perjuicio de la calidad de los fallos que deban proferir conforme a la competencia que…¿El juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio?
¿Procede la prelación de fallo en los casos de repetición del Estado contra sus agentes? Sí
Procede la prelación de fallo en los procesos de repetición del Estado contra sus agentes, en razón de la naturaleza del asunto, de modo que estos expedientes pueden decidirse antes que otros que ingresaron con anterioridad al despacho. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 permite alterar el turno estricto de fallo según la naturaleza del asunto. Segunda, el artículo 63 A de la Ley 270 de 1996 autoriza un orden temático para el estudio preferente de los proyectos de sentencia. Tercera, la Sección Tercera del Consejo de Estado en acta de sesión asignó prelación a la repetición contra exfuncionarios públicos, lo que habilita a la Subsección a fallar anticipadamente. En el caso se acreditaron, además, los presupuestos objetivos de la repetición: condena, pago efectivo, calidad de agente estatal y conducta dolosa o gravemente culposa como factor determinante. La providencia confirma la negativa de las pretensiones. La consecuencia práctica es que la naturaleza de la repetición justifica adelantar su fallo, sin que ello prejuzgue la prosperidad de la acción.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditaron los presupuestos de carácter objetivo para la procedencia del medio de control de repetición?¿Al proceso le son aplicables las disposiciones de la ley 678 de 2001?¿Se acreditó que la conducta del agente configura la presunción de culpa grave para ser declarado responsable patrimonialmente por la muerte del fiscal?
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2026-10-22Sala Consulta y Servicio CivilMARÍA DEL PILAR BAHAMON FALLARad. 11001030600020220010700CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿Ecopetrol S.A. es una entidad estatal descentralizada, vinculada a la Rama Ejecutiva, que no ejerce funciones públicas ni administrativas, toda vez que tiene por objeto social desarrollar actividades industriales y comerciales en un marco de competencia que se rige por el derecho privado? Sí
Las sociedades de economía mixta, ha dicho esta Sala, pese a estar constituidas bajo la forma de sociedades comerciales, «no son particulares… son organismos que hacen parte de la estructura de la Administración Pública, pertenecen al nivel descentralizado y son organismos vinculados».… En consecuencia, la creación por parte del Estado, de asociaciones, empresas o sociedades y su sujeción en ciertos aspectos a las normas de derecho privado, no comporta, que dejen de ser parte de la organización estatal, ni que se conviertan o puedan ser consideradas, per se, entidades particulares o privadas.
También resuelve:¿La Ley 1821 de 2016 aumentó a 70 años la edad de retiro forzoso y la extendió a los servidores públicos y particulares que desempeñan funciones públicas no sometidos con anterioridad a esa causal?¿La edad de retiro forzoso es una causal objetiva de retiro del servicio, cuya aplicación debe atender criterios de razonabilidad?¿El parágrafo 3 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, faculta al empleador para solicitar el reconocimiento de la pensión en nombre del trabajador…
¿Se pudo establecer que el demandado actuó bajo el convencimiento de que al estar facultado por la junta directiva del Instituto Financiero de Boyacá para realizar la reestructuración de la planta de personal contaba con la aprobación del gobernador? Sí
En el presente caso los demandados no actuaron con dolo y/o culpa grave, pues se pudo establecer que [el demandado] actuó bajo el convencimiento de que al estar facultado por la junta directiva del Infiboy para realizar la reestructuración de la planta de personal, contaba con el visto bueno y la aprobación del gobernador para hacerlo. Como [sus subalternos] no suscribieron los actos administrativos que fueron parcialmente anulados, tampoco están llamados a responder a título de dolo o culpa grave. Por lo anterior, en la parte resolutiva se confirmará la sentencia… proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda.
También resuelve:¿Se probó que los demandados actuaron con dolo y/o culpa grave en los hechos bajo examen?¿La anulación de los actos administrativos por falta de cumplimiento de requisitos legales, lleva consigo la conclusión de que se obró con dolo o culpa grave?¿El hecho de que la junta directiva del Infiboy delegara al gerente para determinar la planta de personal, llevaba consigo la aquiescencia del gobernador del departamento?
¿Se demostró que la actuación del demandado en repetición fue negligente de forma que pueda atribuírsele responsabilidad patrimonial? No
En la acción de repetición, la sentencia que anula el acto de desvinculación no prueba por sí misma el dolo ni la culpa grave del servidor, de modo que la responsabilidad patrimonial exige demostrar su conducta. La regla se apoya en tres razones. Primera, la presunción de dolo por desviación de poder solo opera cuando se acredita el hecho que la configura, esto es, un fin particular o arbitrario perseguido por la administración. Segunda, la entidad demandante debe aportar el acto administrativo de declaratoria de insubsistencia, pues la sola sentencia de nulidad y restablecimiento no permite inferir el elemento subjetivo. Tercera, la carga de la prueba recae en el accionante, que no puede beneficiarse de presunciones cuyo supuesto de hecho no está configurado. Por ello, la providencia niega las pretensiones de la demanda. En la práctica, la repetición fracasa cuando el actor se limita a la sentencia condenatoria y no aporta los actos y las pruebas que acrediten la conducta del agente.síntesis automática
También resuelve:¿La sentencia no analizó ninguna prueba en la que se evidenciara que el demandante obró con desviación de poder?¿El acto de insubsistencia demandado no persiguió las razones del buen servicio público porque la Administración no probó que su retiro haya obedecido a tales razones?¿Se estudia si se configura el supuesto de hecho de la presunción de dolo alegada por la parte demandante?
¿La privación de la libertad que padeció la demandante le generó un daño que no debía soportar porque superó las cargas públicas que los ciudadanos deben tolerar por el hecho de vivir en sociedad? Sí
El contratista no debe soportar un daño que supere las cargas públicas que los ciudadanos deben tolerar por el hecho de vivir en sociedad, configurándose la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad cuando la entidad estatal priva injustamente de la libertad a un ciudadano y este es absuelto por atipicidad objetiva de la conducta. En este caso, la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra la demandante por supuestamente utilizar su condición de presidenta del Senado para obtener información reservada del DAS, pero posteriormente absolvió a la demandante por desvirtuar los elementos objetivos del delito de tráfico de influencias, al establecer que las facturas no son documentos reservados y que la exhibición de estos documentos se realizó dentro de su rol institucional. La Sala concluyó que la privación de la libertad que padeció la demandante generó un daño que no debía soportar, superando las cargas públicas que los ciudadanos deben tolerar, y que la responsabilidad patrimonial de la rama judicial se configura en estos casos.síntesis automática
También resuelve:¿Los elementos objetivos del delito de tráfico de influencias fueron desvirtuados por la Corte en la sentencia absolutoria?¿La Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra la demandante porque utilizó su condición de presidenta del Senado para obtener información reservada del DAS?¿La absolución del sindicado por atipicidad de la conducta era suficiente para considerar como antijurídico el daño recibido por la privación de su libertad?
¿Está demostrado que el demandado, entonces director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, al expedir el acto administrativo de insubsistencia, incurrió en una conducta dolosa, específicamente, por obrar con desviación de poder? No
La desviación de poder que sustenta una conducta dolosa en la acción de repetición debe estar probada y no se presume a partir de la sola expedición de un acto de insubsistencia. Esta regla se apoya en el análisis conjunto del material probatorio, que debe demostrar que el agente tuvo una finalidad distinta al mejoramiento del servicio público. Cuando el acto fue proyectado y revisado por los funcionarios competentes, quienes dieron visto bueno en los aspectos jurídicos y fácticos, y cuando contiene las razones de la desvinculación y las funciones que estaban siendo inobservadas, la intención distinta no queda acreditada. En el caso concreto la subsección no halló probado que el demandado obrara con propósito distinto al de mejorar el servicio, y negó la pretensión. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la repetición por desviación de poder exige prueba directa o suficiente de la intención del agente y no basta con el carácter insubsistente del acto.síntesis automática
También resuelve:¿La legitimación en la causa por pasiva, recae sobre el funcionario al que se le imputa el daño que dio lugar a la condena contra el Estado?¿En casos de repetición regidos por la Ley 678 de 2001, la carga de la prueba corresponde al demandante, quien tiene el deber de acreditar la presunción prevista en la Ley?¿La declaración de responsabilidad patrimonial del Estado demuestra, automáticamente, el dolo o la culpa grave del funcionario?
¿La entidad demandante realizó un ejercicio probatorio serio tendiente a demostrar la culpa grave de la demandada? No
La entidad demandante no realiza un ejercicio probatorio serio tendiente a demostrar la culpa grave del servidor público, toda vez que limita su demanda a pedir la declaratoria de responsabilidad con base en sentencias de nulidad y restablecimiento del derecho, sin aportar pruebas del actuar irregular de los servidores públicos. La figura de la repetición no pretende imponer cargas desproporcionadas a quienes asumen el ejercicio del servicio público, por lo que su procedencia requiere acreditar con suficiencia que la intervención de los funcionarios en la ocurrencia de daños antijurídicos fue premeditada, negligente o manifiestamente imprudente. En este caso, la Auditoría General de la República no demostró la culpa grave del servidor público y se acreditó que la declaratoria de insubsistencia fue adoptada en uso de sus facultades y precedida de un comportamiento diligente, por lo que se negarán las pretensiones de la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿Las decisiones de la entidad pública demandada fueron debidamente razonadas y su propósito fue preservar los principios que rigen la función pública?¿La declaratoria de insubsistencia se produjo por la pérdida de confianza en la funcionaria, derivada de unos hechos que evidenciaban su falta de integridad?¿La declaratoria de insubsistencia de la servidora fue una decisión que se adoptó con la debida diligencia y cuidado?
¿El soldado profesional, al percutir su arma de dotación en dirección al suelo y herir por rebote las extremidades inferiores de la fatal víctima, desplegó una conducta gravemente culposa? No
El ente actor no logra demostrar la culpa grave del soldado profesional al percutir su arma de dotación en dirección al suelo y herir por rebote a la víctima, ya que las pruebas practicadas no evidencian un actuar grosero, negligente o temerario del demandado. La Sala confirma que el uso excepcional de las armas se justifica cuando se presente una amenaza a la vida o sea necesario para detener a una persona que represente un peligro, siempre que los miembros de la fuerza pública se identifiquen y adviertan la intención de usarlas con tiempo suficiente, haciendo un uso moderado y proporcional a la amenaza. Además, la Sala establece que el ente actor incumple la carga de especificar la presunción concreta a partir de la cual le atribuye responsabilidad al servidor público, lo que implica que no puede aplicarse la presunción de dolo prevista en la Ley 678 de 2001. Esta decisión matiza la interpretación previa sobre la necesidad de especificar claramente la presunción legal en la que se basa la atribución de responsabilidad al servidor público.síntesis automática
También resuelve:¿El uso excepcional de las armas se justifica cuando se presente una amenaza a la vida o sea necesario para detener a una persona que represente un peligro?¿La víctima salió corriendo de la vivienda y el soldado le dio la voz de alto, tras lo cual, al ver que el sujeto seguía corriendo, le disparó?¿El ente actor incumplió la carga de especificar la presunción concreta a partir de la cual le atribuyó responsabilidad al servidor o ex servidor público?
¿Se acreditó la calidad de servidor o exservidor público del demandado en repetición? No
El contratista no acredita la calidad de servidor o exservidor público del demandado en repetición, ya que incumple con la carga procesal de probar este elemento esencial, lo que impide la procedencia del medio de control de repetición. La Sala establece que para que proceda la repetición, es necesario demostrar la calidad de agente estatal del demandado, y en este caso, no se presentaron pruebas documentales como el acto de nombramiento o posesión, o certificación por parte del jefe de personal, que demuestren la vinculación laboral del demandado con el Estado en el momento de los hechos. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los requisitos legales y probatorios para ejercer el medio de control de repetición, lo que implica que la entidad demandante debe aportar pruebas concluyentes sobre la calidad de servidor público del demandado para que la acción sea procedente.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de repetición tiene carácter patrimonial y deberá ejercerse en contra del servidor, consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa?¿Para que proceda la repetición debe probarse la calidad de agente del Estado del demandado?¿La entidad demandante no aportó al plenario el acto de nombramiento o posesión del demandado, o certificación por parte del jefe de personal de la Armada Nacional?
¿Esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá? Sí
El contratista está legitimado en la causa por pasiva en un medio de control de repetición cuando, en su calidad de servidor público, su conducta gravemente culposa dio lugar a una condena impuesta en un proceso de reparación directa, ya que este tipo de procedimientos se encuentra adscrito a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, conforme al artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el inciso 1° del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. La Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Caquetá, dado que la cuantía del caso supera los 500 SMLMV, lo que implica que el proceso tiene vocación de doble instancia ante el Consejo de Estado, según lo dispuesto en el artículo 150 y el numeral 9 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011. Este fallo reitera la competencia del Consejo de Estado en estos casos y garantiza la efectividad del medio de control de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control procedente es el de repetición, porque se solicita declarar al demandado patrimonialmente responsable del pago realizado por la parte demandante, en cumplimiento de una sentencia?¿La consecuencia por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar?¿El demandado está legitimado en la causa por pasiva pues, presuntamente, en su calidad de gobernador del Caquetá, con su conducta gravemente culposa dio lugar a la condena impuesta en contra de ese…
¿Procede la prelación de fallo en razón de la naturaleza del asunto, por ser una repetición en contra de un exfuncionario público? Sí
El contratista no puede ejercer el medio de control de repetición en contra de un exfuncionario público si los hechos que dan origen a la condena ocurrieron antes de la vigencia de la Ley 678 de 2001, ya que las presunciones de dolo y culpa grave establecidas en dicha ley no son aplicables en este caso. Además, la entidad estatal no debe repetir contra su agente si no se demuestra la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa que haya determinado la condena, y la parte actora no logra acreditar la culpabilidad de los demandados, incumpliendo así con la carga de la prueba. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por su parte, puede emitir fallo con prelación en razón de la naturaleza del asunto, según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 63A de la Ley 270 de 1996, lo que permite alterar el turno estricto de los expedientes para dar prioridad a casos de repetición en contra de exagentes públicos.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de repetición es procedente para ejercerse en contra del servidor, exservidor público o particular investido de una función pública que haya dado lugar…¿Debe aplicarse la Ley 678 de 2001 como régimen sustancial y procesal para el análisis del presente medio de control de repetición ?¿Las presunciones de la Ley 678 de 2001 son aplicables al presente caso?
¿Se configuró la responsabilidad del soldado regular a título de culpa grave por su actuar imprudente y negligente al activar accidentalmente un lanzagranadas contra el cuerpo de un compañero ocasionándole graves lesiones? Sí
Es dable concluir que el conscripto… contaba con instrucción suficiente sobre la manipulación y manejo del lanzagranadas que estaba a su cargo, tanto así que él mismo le pidió al Comandante de la Compañía ASPC, Mayor Cifuentes, que se la asignara, demostrándole que sabía cómo operaba; así como que conocía y manejaba el decálogo de seguridad con las armas de fuego, lo cual devela, sin duda, que el grado de cuidado y diligencia que le era exigible comprendía la más elevada precaución al llevar consigo un arma cargada -cuando ni siquiera era necesario, ya que no estaban en misión alguna que lo requiriera-, resultando sumamente imprudente apuntarle a un objetivo “bromeando”, sin ni siquiera pensar y analizar antes de oprimir el gatillo…
También resuelve:¿El vínculo laboral y prestacional de los soldados conscriptos surge del cumplimiento de un deber constitucional que impone definir su situación militar cuando cumplen la mayoría de edad?¿El Ejército Nacional acreditó uno de los presupuestos de procedencia de la acción de repetición consistente en la calidad de servidor público del soldado regular que causó las lesiones a un…¿A pesar de que no hubo intención positiva por parte del soldado conscripto de atentar contra la integridad física de su compañero…