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Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-04-28Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 25000233600020180026701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La entidad declaró la caducidad del contrato, cuya consecuencia jurídica fue darlo por terminado y se ordenó la liquidación de este negocio jurídico? Sí
El contratista debe liquidar el contrato de obra pública dentro del plazo de cuatro meses desde su terminación, y si no lo hace, la entidad puede liquidarlo unilateralmente en los dos meses siguientes, con la consiguiente declaración de caducidad del contrato y el inicio del cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales a partir de la liquidación unilateral. La teoría de los actos encadenados implica que el cómputo del término de caducidad debe iniciarse después de la liquidación del contrato, no desde la terminación del mismo, y la Sala revoca la decisión que rechazó la demanda de reconvención, considerando que la presentación de esta fue oportuna, ya que se realizó dentro del plazo de caducidad calculado desde la fecha límite para la liquidación unilateral.síntesis automática
También resuelve:¿En el acto que se declaró la caducidad del contrato se ordenó su liquidación para que la misma se realizara con posterioridad?¿Ante la ausencia de una liquidación unilateral o bilateral era necesario contabilizar a partir de la fecha de terminación del contrato?
¿El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales en los casos en los que el contrato estatal no fue liquidado inicia desde el día siguiente a la fecha en la que debió ser este liquidado? Sí
El contratista puede iniciar una acción de controversias contractuales cuando el contrato estatal no ha sido liquidado, y el término de caducidad de dos años para presentar la demanda comienza a computarse desde el día siguiente a la fecha en que debió ser liquidado el contrato, lo que implica que si el contrato no fue liquidado en la fecha prevista, el plazo para la acción de controversias inicia desde esa fecha. Además, ante la acreditación del incumplimiento del contrato por parte de la entidad estatal, procede la exigencia de la cláusula penal pactada en el mismo, salvo que se demuestre que el incumplimiento es imputable a factores externos no controlables por la entidad. En casos de incumplimiento parcial, la entidad debe reintegrar solo lo no ejecutado, mientras que los recursos efectivamente invertidos no son objeto de devolución, a menos que se pruebe que la entidad no cumplió con sus obligaciones contractuales de manera diligente. Estas reglas reiteran y matizan precedentes existentes, proporcionando mayor claridad sobre el cómputo del término de caducidad y los efectos del incumplimiento en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿Ante la acreditación del incumplimiento del contrato por parte de la entidad procede la exigencia de la cláusula penal pactada en el mismo?¿Procede la devolución del dinero de lo que se ejecutó en el contrato ante el incumplimiento por parte de la entidad en la ejecución de este?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-04-28Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 25000233600020220038801LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede confirmar la decisión proferida el 8 de junio 2023, por el el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que rechazó la demanda de reconvención? Sí
El contratista no puede interponer una demanda de reconvención para liquidar un contrato de obra pública después del término de caducidad, ya que este vence seis meses después de la finalización del plazo de ejecución del contrato, sin considerar el término adicional para la liquidación unilateral. La Sala determina que la suspensión del término de caducidad establecida en el Decreto 564 de 2020 no aplica al cómputo del plazo para liquidar el contrato, por lo que confirma la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que rechazó la demanda de reconvención. Esto implica que el contratista debe cumplir rigurosamente con los plazos establecidos para la liquidación del contrato y no puede beneficiarse de disposiciones que suspenden términos para acciones judiciales.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente revocar el Auto de 22 de febrero de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, por medio del cual…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-04-28Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 25000233600020220038802LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede confirmar la decisión proferida el 8 de junio 2023, por el el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que rechazó la demanda de reconvención? Sí
El contratista no puede interponer una demanda de reconvención para liquidar un contrato de obra pública después del término de caducidad, ya que este vence seis meses después del plazo de ejecución del contrato, sin considerar la liquidación unilateral. La entidad estatal argumentó que la suspensión del término de caducidad por el Decreto 564 de 2020 no aplica para la liquidación del contrato, sino solo para acciones ante la rama judicial o tribunales arbitrales. La Sala confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que rechazó la demanda de reconvención, lo que implica que el término para liquidar el contrato debe cumplirse rigurosamente y no puede ser suspendido por disposiciones que no lo mencionen específicamente.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente revocar el Auto de 22 de febrero de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, por medio del cual…
¿En el proceso se encuentra acreditada la caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
El tercero procesal o subcontratista que pretenda intervenir en un medio de control de controversias contractuales debe formular su solicitud de vinculación dentro de la oportunidad legal comprendida desde la admisión de la demanda y hasta antes del auto que fija fecha para la audiencia inicial. En esta sentencia, la Sala confirma la decisión apelada que declaró probada la caducidad del medio de control de controversias contractuales y, asimismo, declara improcedente la solicitud de vinculación presentada por una sociedad en calidad de tercero con interés legítimo por haber actuado como subcontratista. Dicha petición se extinguió temporalmente conforme al artículo 224 del CPACA al ser formulada de manera tardía, cuando el expediente ya se encontraba en el despacho judicial para resolver de fondo el litigio.síntesis automática
También resuelve:¿Las partes estipularon que el contrato sería objeto de liquidación bilateral o unilateral dentro de los seis meses siguientes a su vencimiento?¿Al no sustituir el interventor a la entidad contratante, esta última es quien debe suscribir el acta de recibo de las obras y el acta de liquidación del contrato?¿La Sala confirma la sentencia anticipada, teniendo en cuenta que se concluye que la demanda fue presentada de manera extemporánea?
¿Lo que procedía en este caso era hacer el balance de lo amortizado para solicitar en sede de liquidación el valor no amortizado como una deuda del contratista con la entidad? Sí
El contratista no puede declarar el incumplimiento del contrato por no amortización del anticipo, ya que lo procedente es hacer el balance de lo amortizado para solicitar en sede de liquidación el valor no amortizado como una deuda del contratista con la entidad. En el acta de ajuste definitivo se establece que el valor por amortizar es de mil sesenta millones setecientos veintitrés mil setecientos cincuenta y nueve pesos con doce centavos ($1.060.723.759,12), sin incluir valores o descuentos por incumplimiento del contrato. La Sala modifica la jurisprudencia al indicar que no es posible decretar la liquidación judicial del contrato mientras se encuentre pendiente otro proceso judicial en el que se presenten pretensiones económicas sobre el contrato, lo que impide la liquidación judicial hasta que no queden reclamaciones por resolver. Las actas parciales, el acta final de recibo de obra y el acta de ajuste final dan cuenta que el contratista no amortizó el valor total del anticipo, y la caducidad del medio de control de controversias contractuales se cuenta desde el plazo máximo para liquidar el contrato, que vence dos años después de la terminación del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó que se encuentra en curso otro proceso judicial en el que se presentaron pretensiones económicas sobre el contrato?¿Las actas parciales, el acta final de recibo de obra y el acta de ajuste final dan cuenta que el contratista no amortizó el valor total del anticipo?¿La caducidad del medio de control de controversias contractuales se cuenta desde el plazo máximo para liquidar el contrato?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de recursos de apelación contra sentencias proferidas por tribunales administrativos en controversias contractuales que involucran a empresas de servicios públicos domiciliarios, debido a que estos procesos se rigen por el derecho privado y no requieren liquidación administrativa, lo que implica que el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia a partir del día siguiente a la terminación del contrato, según establece el artículo 136.10 literal b) del Código Contencioso Administrativo. Además, el juez de segunda instancia tiene la facultad de pronunciarse oficiosamente sobre la caducidad del medio de control, lo que reitera la jurisprudencia unificada de la Sección Tercera del Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse oficiosamente frente a la caducidad del medio de control?¿El acto de liquidación que hizo Empresas Públicas de Cundinamarca E.S.P. S.A está revestida de los atributos propios de un acto administrativo?¿El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales en los asuntos que no requieren de liquidación, inicia a partir del día siguiente a la terminación del contrato?
¿El porcentaje de cumplimiento del contrato de obra coincide con el porcentaje de costos variables reconocidos al consorcio interventor? Sí
El contratista no puede reclamar el reconocimiento de costos variables adicionales al porcentaje de cumplimiento del contrato de obra, ya que estos costos dependen directamente del avance de la obra verificado por la interventoría. La Sala establece que el consorcio interventor reconoció un 25,51% de avance en el contrato de obra, por lo que ese mismo porcentaje es el que corresponde a los costos variables, coincidiendo con el informe final y la acta de liquidación del contrato. La regla reitera que el pago de costos variables en contratos de interventoría está vinculado al avance efectivo de la obra, y no puede ser reclamado por el contratista si no se demuestra un incumplimiento por parte de la entidad estatal en la verificación del avance de obra.síntesis automática
También resuelve:¿El reconocimiento de los costos variables dependía de la verificación del avance de obra de un tercero, circunstancia conocida por el consorcio interventor desde el inicio del proceso de selección…¿La parte actora no logró acreditar que el Distrito Capital de Bogotá con ocasión de la ejecución del contrato de consultoría hubiera incurrido en una errónea lectura del porcentaje ejecutado por…¿Dado que la propia interventoría determinó en el informe final del contrato de obra que el contratista solo había logrado el cumplimiento de un 25,51%…
¿Procede declarar la nulidad de las resoluciones 103 de 20 de agosto de 2013 y 127 de 17 de octubre de 2013, por medio de las cuales EMERSOPÓ ESP declaró que el contrato número 026 de 2011 estaba incurso en causales de nulidad y lo dio por terminado? Sí
El contratista puede obtener la nulidad de las resoluciones administrativas que terminan unilateralmente un contrato de obra pública por causales de nulidad absoluta cuando dichas resoluciones persiguen una finalidad distinta a la del buen servicio y no demuestran la falta de ejecución contractual o la inversión del anticipo, como lo establece la Sala al revocar la decisión que declaró la nulidad del contrato número 026 de 2011 y la liquidación unilateral del mismo, al considerar que la entidad no probó adecuadamente la falta de ejecución y que la liquidación unilateral está viciada de falsa motivación al fundamentarse en la supuesta nulidad del contrato, lo cual solo puede ser declarado por el juez. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia sobre la terminación de contratos estatales y la liquidación unilateral, estableciendo que la entidad debe demostrar adecuadamente la falta de ejecución y la inversión del anticipo para justificar la terminación del contrato y la liquidación unilateral.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente declarar la nulidad de la resolución que liquidó unilateralmente el contrato de obra y determinó que no había lugar a pagar ninguna suma al contratista porque…¿Se demostró que sí hubo inversión de los recursos del anticipo, por lo cual hay lugar a decretar la nulidad por falsa motivación de las Resoluciones números 090 y 121 de 2014 en tanto hicieron…¿El contratista probó el incumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa de servicios públicos contratante?
¿Esta Corporación es competente para resolver sobre el fondo de este asunto, pese a la cláusula compromisoria contenida en el contrato cuyo incumplimiento se analiza? Sí
Pese a la existencia de una cláusula compromisoria, la jurisdicción de lo contencioso administrativo puede resolver el fondo de la controversia cuando la contraparte no propone la excepción de pacto arbitral. La regla se apoya en tres razones. Primera, para la fecha de radicación de la demanda la jurisprudencia admitía la renuncia tácita al pacto arbitral. Segunda, bajo ese criterio la competencia se asumía cuando la contraparte no formuló excepción por esa circunstancia. Tercera, la prevalencia del derecho de acceso a la administración de justicia justifica decidir el asunto. En el caso, la Sala asumió la competencia y resolvió el fondo, por lo que la sentencia se confirmó. Como la controversia involucra a un ente universitario autónomo de carácter departamental, la competencia de segunda instancia del Consejo de Estado se confirma por la cuantía. La providencia remite a la línea sobre renuncia tácita al pacto arbitral, por lo que reitera ese criterio.síntesis automática
También resuelve:¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación interpuesto en contra de una sentencia de primera instancia proferida por un tribunal administrativo?¿La acción de controversias contractuales fue presentada dentro de los dos siguientes a la notificación del acto de liquidación unilateral del contrato?¿La modificación de la causa petendi planteada en la demanda, a través del recurso de apelación, permite tomar una decisión apreciativa de los cargos formulados contra la sentencia de primera…
¿Se encuentra acreditado que la entidad estatal ante la entrega de la obra pública decidió revocar la resolución que declaró el incumplimiento del contrato? Sí
La entidad contratante puede revocar la declaratoria de incumplimiento cuando, tras el vencimiento del plazo, el contratista ejecuta las obras faltantes y la entidad las recibe a satisfacción, de modo que la revocatoria se sustenta en el recibo de la totalidad del objeto contratado. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, al vencer el plazo la obra no estaba ejecutada en su totalidad, lo que habilitaba la declaratoria de incumplimiento y la imposición de la cláusula penal y el cobro de la garantía. Segunda, después del vencimiento el contratista completó las actividades faltantes y la entidad las recibió con concepto técnico favorable de un perito, mediante acta de entrega y recibo definitivo. Tercera, al resolver el recurso de reposición, la entidad revocó el acto sancionatorio con base en ese recibo, lo que se ajusta a la buena fe contractual. La providencia revoca la sentencia de primera instancia en lo que corresponde. La consecuencia práctica es que la recepción de la obra completa después del plazo, seguida de la revocatoria del acto sancionatorio, reconoce el cumplimiento sustancial del contrato y limita el alcance de la sanción.síntesis automática
También resuelve:¿La buena fe contractual es un parámetro de conducta para valorar el cumplimiento del contrato estatal?¿La entrega de la obra pública por fuera del plazo del vencimiento del contrato es justificación para que la entidad contratante no realice el pago de esta?¿Procede la liquidación del contrato por vía judicial ante la ausencia de esta?
¿La interpretación del contrato que propone la parte demandante es contra legem, dado que conduce a concluir que el inicio del término para adelantar la etapa de liquidación y, consecuentemente, el del plazo para presentar la demanda eran inciertos? Sí
El contratista no puede interpretar el contrato de manera que el inicio del término para liquidar el contrato y presentar la demanda sea incierto, ya que esto contradice el ordenamiento jurídico y la autonomía de la voluntad debe ajustarse a las reglas predeterminadas por el legislador, que establecen un límite temporal para la liquidación del contrato. La Sala reitera que la liquidación del contrato es un acto complejo que implica una evaluación integral de todos sus componentes, y que no puede depender de supuestos inciertos o indefinidos. Además, respecto a la pretensión del pago del 10% final del contrato, el término de caducidad no se puede calcular según el ordinal v) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, ya que las condiciones suspensivas del pago asociadas a la liquidación se consideran fallidas si no se cumplen dentro del plazo para realizar el balance final de cuentas. Esto implica que la prorroga del contrato estatal debe ajustarse a la formalidad escrita según la Ley 80 de 1993.síntesis automática
También resuelve:¿En la fase de liquidación de los contratos las partes acuerdan los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, se realiza una evaluación integral de todos sus componentes…¿Respecto de la pretensión del pago del 10% final del contrato, aplica la contabilización del término de caducidad prevista en el ordinal v) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley…¿De conformidad con la Ley 80 de 1993, para prorrogar el contrato debe haber un acuerdo escrito para ampliar el plazo pactado?
El reconocimiento de mayores cantidades de obra en un contrato a precios unitarios exige prueba que dé certeza de la reclamación, de su efectiva realización y de su cuantificación. La ausencia de salvedades en el acta de prórroga no equivale por sí sola a una renuncia tácita, según la nota de relatoría que cita la providencia, pues esa tesis se considera superada. Lo determinante es si la prórroga incluyó expresamente las obras reclamadas, y cuando el documento no lo aclara y no hay medios que permitan confirmarlo o negarlo, la reclamación no prospera. Esta falta de prueba se extiende a la ejecución y a la cuantificación de las obras, lo que impide acceder a la pretensión. En el caso concreto, el reclamo sobre la modificación de unos baños no fue probado y el rechazo fue confirmado. El documento describe la renuncia tácita como posición superada, de modo que la regla matiza el criterio anterior sin alterar la carga probatoria del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Se contó con el concepto favorable del Comité de Contratación, dando cumplimiento con el procedimiento señalado en el manual de contratación?¿No puede afirmarse que los problemas de los estudios fueran los determinantes del incumplimiento que se le imputó al contratista?¿El tiempo adicional otorgado no supuso una ampliación del plazo sino solamente que las obras debían cumplirse aun cuando fuera de manera extemporánea?
¿La única forma de exonerar al constructor de la responsabilidad por la estabilidad de la obra contratada es acreditar una causa extraña? Sí
El constructor responde por la estabilidad de la obra que entregó y solo se exonera si acredita una causa extraña o un eximente de responsabilidad, pues su obligación es de resultado. La regla se apoya en tres razones. Primera, la obligación nace del numeral 3 y 4 del artículo 2060 del Código Civil, del artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y de la naturaleza del contrato de obra, que implica entregar una obra estable y capaz de prestar el servicio para el que fue concebida. Segunda, la exigibilidad no depende de la culpa ni de la diligencia del contratista, pues probado el vicio de construcción, de los materiales o del suelo, la falla le es imputable y debe probar que los daños no le son atribuibles. Tercera, se trata de una obligación accesoria y postcontractual, por lo que no se analiza si el constructor cumplió las prestaciones principales en forma y tiempo. En el caso, la pretensión se negó y se confirma la decisión. La Subsección reitera esta línea sobre la responsabilidad del contratista por la estabilidad de la obra.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la nulidad del acto administrativo que declaró el siniestro de estabilidad de la obra?¿La motivación del acto administrativo que declara la ocurrencia del siniestro de estabilidad de la obra, debe identificar y cuantificar los deterioros de la obra y establecer que los daños de la…¿Se configuró la causal de falsa motivación respecto al acto que declaró la ocurrencia del siniestro?
¿El acta de recibo final de obra es un elemento excluyente de responsabilidad contractual del contratista en aquellos eventos en los que posteriormente se adviertan vicios ocultos o defectos constructivos? No
El acta de recibo final de obra no exime al contratista de su responsabilidad por vicios ocultos o defectos constructivos que puedan surgir posteriormente, ya que esta acta solo certifica la conformidad externa de la obra con el plan acordado y las normas técnicas aplicables, conforme al artículo 2060 numeral 4 del Código Civil y la remisión normativa del artículo 13 de la Ley 80 de 1993. La liquidación del contrato, que sigue posteriormente, es un acto jurídico complejo que permite una revisión exhaustiva de todos los aspectos del contrato, incluyendo la calidad de los materiales y el cumplimiento de plazos, lo que puede revelar incumplimientos no detectados en el acta de recibo. En el caso concreto, la acta de recibo final dejó constancia explícita de que no eximía al contratista ni a la interventoría de sus obligaciones y responsabilidades contractuales, reiterando que la entrega formal de la obra no implica una declaración definitiva sobre el cumplimiento total de las obligaciones del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Pueden surgir en la liquidación situaciones de incumplimiento no detectadas en el acta de recibo?¿El acta de recibo final de obra exime al contratista o a la interventoría de sus obligaciones y responsabilidades?¿El principio de buena fe contractual impone a las partes de una relación negocial el deber de actuar con rectitud, honradez, lealtad y coherencia con sus actos previos…
¿Teniendo en cuenta las prórrogas pactadas entre las partes para ampliar el plazo de entrega de cada obra, era improcedente imponer la multa por cumplimiento tardío de las obligaciones del contratista, estipulada en el inciso primero del numeral 49.3 del pliego de condiciones? Sí
El contratista no está obligado a pagar la multa por cumplimiento tardío estipulada en el inciso primero del numeral 49.3 del pliego de condiciones, cuando las partes han pactado una prórroga que amplía el plazo de entrega de las obras, ya que la sanción pierde su función de apremio y carece de objeto al momento de su imposición. La Sala modifica la decisión anterior que permitía la aplicación de la multa después de la prórroga, estableciendo que la entidad debe respetar el acuerdo alcanzado entre las partes para ajustar los plazos de ejecución del contrato. Esta regla implica que las partes deben negociar y ajustar los plazos del contrato en caso de atrasos, y que la entidad no puede aplicar sanciones posteriores a la prórroga sin una clara manifestación de intención en ese sentido.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato de obra pública celebrado entre Metrolínea y la Unión Temporal, se rigió por las normas de derecho privado concernientes a las actividades económicas y comerciales del mercado regulado?¿Las decisiones sancionatorias proferidas por Metrolínea, al no tener la connotación de actos administrativos, no pueden ser objeto de estudio de legalidad para efectos de su declaratoria de nulidad?¿La cláusula penal se entiende como una tasación anticipada de perjuicios, que puede hacerse efectiva a través de la multa, por un lado como un apremio al contratista para cumplir la obligación…
¿Procede declarar la terminación del contrato de obra en la fecha pactada en la última suspensión acordada por las partes, ante la prolongación unilateral de la suspensión por la entidad contratante? Sí
El contratista puede declarar la terminación del contrato de obra pública en la fecha pactada en la última suspensión acordada por las partes, ante la prolongación unilateral de la suspensión por la entidad contratante, ya que la suspensión requiere la voluntad de ambas partes y no puede ser impuesta unilateralmente sin perjuicio de eventos excepcionales. En este caso, la última suspensión válida fue la del 30 de junio de 2017, en la cual se pactó la terminación del contrato para el 2 de diciembre de 2017, por lo que la prolongación unilateral posterior no es válida. Además, el municipio incumplió el contrato al entregar al contratista un inmueble sin las condiciones de estabilidad requeridas para ejecutar las obras, pese a su conocimiento previo de la necesidad de intervenir el talud. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la suspensión y terminación de contratos estatales, estableciendo que la voluntariedad de las partes es esencial para la validez de la suspensión y que la entidad contratante debe garantizar las condiciones necesarias para el cumplimiento del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿El municipio de Ocaña incumplió el contrato de obra n.º 004 de 2016 al entregar al contratista un inmueble sin las condiciones de estabilidad requeridas para ejecutar las obras…¿Procede reconocer el daño emergente derivado de la prolongación de la suspensión contractual cuando el contratista carece de pruebas sobre la efectiva causación…¿Procede reconocer el lucro cesante con fundamento en el valor bruto de las prestaciones contractuales pendientes de ejecución…
¿Se configuró el incumplimiento de contrato por parte del contratista? Sí
El contratista incurre indudablemente en el incumplimiento formal de sus obligaciones contractuales al no corregir los defectos materiales de las obras, no subsanar debidamente los pendientes comunicados de forma reiterada por la interventoría y no entregar los productos ni documentos exigidos para la liquidación dentro del plazo pactado, dando lugar a que la entidad estatal adelante los trámites administrativos dirigidos a declarar ocurrido el siniestro de incumplimiento, hacer efectivo el amparo de la garantía única y cobrar las multas causadas, debiendo soportar todas las consecuencias adversas de su negligencia probatoria al no desvirtuar los hechos alegados por la administración en el proceso judicial contencioso administrativo debidamente promovido, tramitado y decidido en primera instancia dentro del plazo legal.síntesis automática
También resuelve:¿Tiene competencia en segunda instancia el Consejo de Estado por razón de la cuantía del proceso?¿El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia desde el día siguiente al vencimiento del plazo para que se efectuara la liquidación unilateral del contrato?¿La anulación de un acto administrativo que no ha sido demandado configura una violación del debido proceso de la demanda?
¿El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
El medio de control de controversias contractuales es el mecanismo idóneo para cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal, y que el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las sentencias de los tribunales administrativos cuando el contrato fue celebrado por una de las entidades mencionadas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993 y la cuantía supera los 500 SMLMV, conforme a los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA vigentes a la fecha de la demanda. Una razón es que el artículo 141 del CPACA permite pedir la declaratoria de incumplimiento, las indemnizaciones, la liquidación judicial y las demás declaraciones consecuenciales derivadas del contrato. Otra razón es que el contrato controvertido fue celebrado por un distrito, entidad territorial mencionada en el artículo 2 de la Ley 80, y la cuantía del proceso excedía el umbral de los 500 SMLMV para el año 2016. En el caso, la demanda perseguía el incumplimiento del contrato y la liquidación judicial del negocio. Su consecuencia práctica es que la cuantía fijada al momento de la demanda determina la doble instancia ante el Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales es el procedente frente a las controversias derivadas de un negocio jurídico?¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad estipulado para el medio de control de controversias contractuales teniendo en cuenta que el contrato no fue liquidado?¿El contrato de obra del cual se deriva la controversia está dentro del régimen jurídico del estatuto general de la contratación pública establecido en la Ley 80 de 1993?
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida en primera instancia por los Tribunales Administrativos? Sí
Cuando la controversia contractual se origina en la actividad negocial de una entidad pública y la suma de las pretensiones supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver la apelación contra la sentencia de un tribunal administrativo. La regla se sostiene en tres razones: la jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1107 de 2006; la apelación de esas sentencias corresponde a la corporación, conforme al artículo 129 del mismo código; y la suma de las pretensiones se determina con el artículo 20, numeral 2, del Código de Procedimiento Civil. En el caso, la suma de las pretensiones superó el umbral del artículo 132, numeral 5, del Código Contencioso Administrativo, por lo que la corporación asumió la competencia y resolvió el recurso. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la cuantía de la demanda, y no la instancia del tribunal, determina la competencia en la apelación.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales se interpuso dentro del término establecido por la Ley?¿La unión temporal Jerusalén Ciudad Bolívar está legitimada en la causa por activa y el IDU por pasiva?¿Tiene valor probatorio el documento aportado en copia simple?
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