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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: pero, el restablecimiento del equilibrio económico del contrato tiene lugar por los comportamientos antijurídicos

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Fecha
2022-05-31
Radicado
68001233100020010173001
Número interno
52386
Ponente
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
RAMCAL LT.D.A INGENIEROS Y ARQUITECTOS
Demandado
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: pero, el restablecimiento del equilibrio económico del contrato tiene lugar por los comportamientos antijurídicos

Relevancia Reitera la jurisprudencia.

Regla de decisión

Pero, el restablecimiento del equilibrio económico del contrato tiene lugar por los comportamientos antijurídicos de las partes del contrato por el incumplimiento contractual.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El contratista debe determinar la normatividad aplicable para resolver controversias contractuales en base al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, es decir, principalmente la Ley 80 de 1993 y sus modificaciones, y no por comportamientos antijurídicos de las partes, sino por desequilibrios financieros causados por el ius variandi del ente contratante, hechos del príncipe o hechos imprevisibles e irresistibles. La entidad estatal está sometida a esta normatividad y la administración puede valorar documentos presentados en copia simple si estos no fueron tachados ni su validez fue cuestionada durante el proceso, garantizando así el principio de buena fe y el derecho sustancial. La competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para resolver controversias contractuales por incumplimiento del contrato se determina por la cuantía de las pretensiones, y el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales en contratos que requieren liquidación se contabiliza desde la firma del acta de liquidación bilateral. Este precedente reitera la jurisprudencia sobre la aplicación de la normatividad contractual y la valoración de documentos en copia simple, y establece claramente los criterios para la competencia y el cómputo del término de caducidad en controversias contractuales.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Cómo se determina la normatividad aplicable para resolver la controversia contractual?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1564 de 2012, art. 328
  • Ley 80 de 1993, arts. 14.1, 4.3 y 5.1

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Lo que dijo la Sala

De acuerdo con el artículo 328 del Código General del Proceso (“CGP”) —aplicable a esta instancia según la jurisprudencia unificada de esta Corporación porque la apelación fue presentada luego de que dicho régimen procesal subsidiario entrara en vigor — esta Subsección, como juzgador de segunda instancia, debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. El departamento demandado está sometido por el ordenamiento a los preceptos contenidos en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, es decir, básicamente, a la Ley 80 de 1993, y los preceptos aplicables que las modifiquen y reglamenten.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NORMATIVIDAD DEL CONTRATO NORMATIVIDAD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA APLICACIÓN DE LA LEY DE CONTRATACIÓN APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO COPIA DE DOCUMENTO PÚBLICO DOCUMENTO PÚBLICO PRESUPUESTO PROCESAL COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONTRATO DE OBRA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA INTERVENTOR INTERÉS DIRECTO EN EL PROCESO RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR INTERVENTORÍA OBSERVACIONES A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL COSTAS PROCESALES CONDENA EN COSTAS IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

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Titulación de la relatoría 16.363 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NORMATIVIDAD DEL CONTRATO / NORMATIVIDAD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / APLICACIÓN DE LA LEY DE CONTRATACIÓN / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cómo se determina la normatividad aplicable para resolver la controversia contractual? Respuesta al problema jurídico: Si De acuerdo con el artículo 328 del Código General del Proceso (“CGP”) —aplicable a esta instancia según la jurisprudencia unificada de esta Corporación porque la apelación fue presentada luego de que dicho régimen procesal subsidiario entrara en vigor — esta Subsección, como juzgador de segunda instancia, debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. El departamento demandado está sometido por el ordenamiento a los preceptos contenidos en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, es decir, básicamente, a la Ley 80 de 1993, y los preceptos aplicables que las modifiquen y reglamenten. La jurisprudencia , a su vez, ha precisado que el desequilibrio financiero del contrato, que —según los artículos 4.3, 5.1 y 14.1 de la Ley 80 de 1993— da lugar al restablecimiento de la correlación y equivalencia en las prestaciones, es el resultado de la expresión del ius variandi del que el ente contratante es titular, del hecho del príncipe, o de hechos imprevisibles e irresistibles, siendo todos estos, en todo caso, actos, actuaciones o hechos que se desarrollan dentro del marco de la legalidad. Pero, en ningún caso, el restablecimiento del equilibrio económico del contrato tiene lugar por los comportamientos antijurídicos de las partes del contrato, es decir, por el incumplimiento contractual. Este último, que es el resultado de una conducta antijurídica de las partes, da derecho a exigir la ejecución forzada de la obligación o la extinción del negocio, y, en cualquier caso, da lugar a la reparación integral de perjuicios provenientes del incumplimiento. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328, LEY 80 DE 1993, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14.1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4.3, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5.1 VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / COPIA DE DOCUMENTO PÚBLICO / DOCUMENTO PÚBLICO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos para que se puedan valorar los documentos allegados al proceso en copia simple? Respuesta al problema jurídico: Si Los siguientes hechos relevantes para dar respuesta al problema jurídico planteado en esta instancia fueron acreditados mediante documentos aportados en copias simples algunas y auténticas otras. Aquellas, no obstante venir como copias simples, serán valoradas en aras de garantizar el principio constitucional de la buena fe, el deber de lealtad procesal y la prevalencia del derecho sustancial, en cuanto obraron a lo largo de todo el proceso, sin que fueran tachados, ni su validez fuera controvertida. Algunos de estos documentos fueron suscritos por funcionarios públicos, en ejercicio de sus funciones, por lo que hacen fe de las declaraciones que en ellos se hace, de acuerdo con los artículos del 243 y 257 del CPC. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 243, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 257 PRESUPUESTO PROCESAL / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos que determinan la competencia en segunda instancia del Consejo de Estado para resolver controversias contractuales por incumplimiento del contrato? Respuesta al problema jurídico: Si La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer este asunto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley 80 de 1993 , en concordancia con el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo (“CCA”), modificado por la Ley 446 de 1998 , porque fue planteada una controversia sobre la responsabilidad por incumplimiento de un contrato, que fue suscrito por una entidad pública, como lo es el departamento de Santander. Esta Subsección, a su vez, es competente para conocer del presente caso debido a su cuantía, dado que el monto de las pretensiones indemnizatorias ascendió a $619.206.123,24, cifra que, al momento de la presentación de la demanda, superaba el monto exigido para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de controversias fuera conocido en segunda instancia por esta Corporación, en los términos del artículo 132.5 del CCA. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132 NUMERAL 5, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 75 ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando el contrato requiere liquidación? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con lo dispuesto por el literal c) del artículo 136.10 del CCA, en los contratos que requieran de liquidación y esta se efectúe de común acuerdo por las partes, el término de caducidad de la acción será de dos (2) años, contados a partir de la firma del acta . En el sub lite está acreditado que el Contrato 60-99 y su adicional núm. 1 fueron liquidados bilateralmente el siete (7) de marzo de dos mil uno (2001) , de manera tal que la oportunidad procesal para formular la demanda vencía, a más tardar, el siete (7) de marzo de dos mil tres (2003). Dado que la demanda fue presentada el veintisiete (27) de junio de dos mil uno (2001), según da cuenta la constancia de recibido de la oficina judicial de Bucaramanga , fuerza concluir que la acción fue incoada en término. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA / INTERVENTOR / INTERÉS DIRECTO EN EL PROCESO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Está legitimado en la causa por pasiva el interventor del contrato por tener interés directo en las resultas del proceso? Respuesta al problema jurídico: Si [C]onsta que el Tribunal Administrativo de Santander vinculó al proceso al señor Houssein Goyenehe Wilches, por tener interés directo en las resultas de este, según el artículo 207.3 del CCA, pues fungió como interventor del Contrato 60-99. No obstante, el mismo Tribunal lo exoneró de cualquier responsabilidad en el fallo del 17 de junio de 2014. Como este punto no fue motivo de controversia ni fue argüido en la sustentación del recurso de apelación, la Sala no se pronunciará al respecto, según artículo 328 del CGP, aplicable por remisión del artículo 267 del CCA, conforme a la jurisprudencia unificada de la Sección Tercera de esta Corporación , al tratarse de un asunto de la litis que ha quedado definido con la decisión de primera instancia. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 207 NUMERAL 3, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 267, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328 RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son los elementos para que se configure la responsabilidad contractual del Estado? Respuesta al problema jurídico: Si Según la jurisprudencia , la prosperidad de las pretensiones por incumplimiento contractual depende de que quien lo alega demuestre cada uno de sus elementos, a saber: la obligación contractual, tanto en su fuente como en su contenido, su exigibilidad, la falta o falla en la prestación debida (incumplimiento absoluto, parcial o cumplimiento tardío de la obligación) y el cumplimiento de sus propias obligaciones contractuales. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los elementos de la responsabilidad contractual del Estado, cita Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencias del 30 de septiembre de 2019, exp. 43036; y del 20 de abril de 2020, exp. 48291. INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR / INTERVENTORÍA / OBSERVACIONES A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿Con las modificaciones que, por omisiones de la interventoría, se presentaron en la obra objeto del Contrato 60-99, el ente contratante incumplió sus obligaciones y es responsable de los perjuicios que, con ello, irrogó a la contratista? Respuesta al problema jurídico: Si Encuentra la Sala así que el juicio del Tribunal fue acertado, en cuanto consideró que las diferencias existentes sobre los costos ocasionados por el rediseño del tramo de vía objeto del Contrato 60-99 fue zanjado con el contrato adicional núm. 1 , ya que —como se expuso anteriormente— en este acuerdo fueron pactados los precios y cantidades de los ítems de obra que eran objeto de las reclamaciones de la UT CPI-Ramcal. Quedaría, sin embargo, pendiente únicamente la reclamación formulada por los costos de mantener un carrotanque en obra antes de la segunda suspensión del Contrato 60-99, de acuerdo con una interpretación restrictiva, como la que se impone en las cláusulas de limitación de responsabilidad. 5.2.8. Tres días después de la suscripción del anterior convenio modificatorio, fueron reiniciadas las obras objeto del Contrato 60-99, porque —como lo manifestaron las partes contratantes— las razones que habían motivado la suspensión temporal fueron superadas , lo que implica, una vez más, que las diferencias sobre la responsabilidad por los errores en los diseños y el sistema constructivo de la subrasante, con los costos que ello implicaba, habían sido zanjados por mutuo acuerdo. Habiendo transcurrido un mes y diez días desde el reinicio de la ejecución contractual, esta fue suspendida nuevamente —el 9 de junio de 2000— por solicitud de la UT CPI-Ramcal, en la que manifestó que la construcción de la base no era posible por lluvias que se presentaban en la zona de ejecución de las obras . En el acta de suspensión núm. 3, suscrita en razón a la anterior solicitud, la UT CPI-Ramcal renunció nuevamente a las reclamaciones por el desequilibrio económico o los perjuicios ocasionados con esta suspensión, pacto éste válido, como se expuso anteriormente. Por tanto, no es procedente la reclamación de los perjuicios causados en este lapso de suspensión, que transcurrió entre el 9 de junio y el 10 de julio de 2000. 5.2.9. En todo caso, si la UT CPI-Ramcal no hubiera renunciado a tales reclamaciones por circunstancias que atribuye a la demandada como una consecuencia indirecta de los errores en los estudios y diseños de la vía, de acuerdo con el artículo 1616 del Código Civil (“CC”) , la prosperidad de sus pretensiones con fundamento en aquellas, supondría la acreditación, por el demandante, de una de las siguientes situaciones: que, en el momento en el que la obra fue suspendida para la reelaboración de diseños, era previsible que las obras tendrían que ser suspendidas nuevamente por lluvias que tuvieron lugar en junio de 2000, o que el departamento actuó dolosamente al entregar los diseños errados del proyecto, lo que no fue alegado ni, menos aún, acreditado en este proceso. No hay pues lugar a la imputación de responsabilidad contractual al ente demandado por los perjuicios que hubieran podido derivarse de las suspensiones por lluvias en la zona de las obras. (...) De acuerdo con la jurisprudencia administrativa, la liquidación es un acuerdo de voluntades con el que se pone fin a una relación negocial prexistente, definiendo las prestaciones, obligaciones o derecho a cargo de los contratantes, con los reconocimientos que por ello haya lugar . Es pues la liquidación un negocio jurídico que no puede ser desconocido por quien los suscribe, quien, no obstante, puede dejar constancia expresa de los elementos del negocio en los que no haya existido un acuerdo o, en caso de que hubiera concurrido, un vicio del consentimiento . En todo caso, el contratante debe expresar con claridad aquellos aspectos de la liquidación sobre los que estuviera inconforme, que son justamente aquellos en los que el control contenciosos tiene lugar . Cuando, por la ambigüedad o generalidad de lo expresado, no exista claridad sobre los puntos en los que no existe acuerdo en la liquidación, esta podrá determinarse a partir de lo manifestado y de la conducta de las partes . 5.2.17. Pues bien, de acuerdo con lo expuesto a lo largo de esta providencia, en el momento en el que el Contrato 60-99 fue liquidado, se encontraban pendientes únicamente las reclamaciones por: (i) los costos de la permanencia de un carrotanque en obra entre el 11 de enero de 2000 y el 23 de febrero de 2000, cuando fue suscrita el acta de suspensión núm. 2, a partir de la cual la UT CPI-Ramcal renunció a las reclamaciones de restablecimiento del equilibrio contractual y de perjuicios que por las suspensiones pudieran generarse; y (ii) sobre las reclamaciones relacionadas en las solicitudes que la UT CPI-Ramcal formuló al Secretario de Obras e Infraestructura de Santander durante la última suspensión del Contrato 60-99. Sin embargo, como se determinó anteriormente , estas últimas reclamaciones son claramente infundadas. Aparte, la demandante no aportó prueba alguna de los sobrecostos ocasionados por la permanencia en obra del referido carrotanque entre el 11 de enero y el 23 de febrero de 2000. Sobre este último aspecto la actora únicamente allegó un comprobante de egreso por concepto de “transporte de agua del carrotanque de placas IJP426” fechado el 28 de marzo de 2000, con un monto de $990.000 ; y un documento titulado “liquidación carrotanque Joaquín Velásquez”, correspondiente al lapso comprendido entre el 13 de junio y el 23 de septiembre de 2000, con un monto de $1.504.500 . No acreditó pues la demandante los perjuicios irrogados por la permanencia en obra de un carrotanque entre el 11 de enero y el 23 de febrero de 2000 ni que con ello se hubieran frustrado las utilidades esperadas, superando el rubro de imprevistos, ni, menos aún, que le hubiera ocasionado pérdidas. En definitiva, el departamento de Santander no es responsable por las modificaciones a la obra objeto del Contrato 60-99, ya que: (i) la UT CPI-Ramcal renunció válidamente a la reclamación de los perjuicios derivados de las suspensiones segunda, tercera y cuarta al Contrato 60-99; (ii) las diferencias existentes sobre los precios de los ítems iniciales y de los que fueron adicionados como consecuencia de la modificación de los diseños de la vía objeto del contrato fueron zanjadas por acuerdo mutuo de las partes contratantes; (iii) las reclamaciones presentadas al departamento durante la última suspensión del Contrato 60-99, fueron generales e infundadas; y (iv) la demandante no acreditó que con la permanencia de un carrotanque en obra entre el 11 de enero y el 23 de febrero de 2000 hubiera incurrido en sobrecostos. En consecuencia, se confirmará el fallo desestimatorio apelado por la demandante. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1616 COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos para que proceda la condena en costas? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, comoquiera que no se observa que las partes hayan procedido en tal forma, en este proceso no habrá lugar a su imposición. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=680012331000200101730011100103