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¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos? Sí
El contratista puede recurrir al Consejo de Estado en segunda instancia contra las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos, ya que este organismo es competente para conocer los recursos de apelación en virtud del artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y por superar la cuantía establecida en el artículo 20.2 del Código de Procedimiento Civil. Además, la acción de controversias contractuales es el medio idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado por incumplimiento contractual, según los artículos 50 y 51 de la Ley 80 de 1993 y 87 del Código Contencioso Administrativo. Asimismo, las controversias derivadas del incumplimiento del contrato se rigen por la prescripción de 20 años, conforme a la interpretación del artículo 55 de la Ley 80 de 1993 y la jurisprudencia del Consejo de Estado. Por último, el mérito probatorio de los documentos públicos o privados lo determina el juez en función de la apreciación global de las pruebas y las reglas de la sana crítica, según el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se alegan perjuicios por incumplimiento de un…¿Las controversias derivadas del incumplimiento del contrato o la responsabilidad civil de los servidores públicos se rigen por la prescripción de la acción de 20 años?¿El mérito probatorio de los documentos públicos o privados los asigna el juez?
Auto interlocutorio — Auto que decreta pruebas2025-07-14Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 25000232600020120107001ACCION CONTRACTUAL
¿El Consejo de Estado es competente para ordenar en segunda instancia la práctica de pruebas de oficio mediante auto de mejor proveer, aun cuando la etapa probatoria haya concluido y el proceso se encuentre en estado de dictar sentencia, con el fin de esclarecer puntos oscuros o dudosos de la controversia? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para ordenar la práctica de pruebas de oficio mediante auto de mejor proveer, incluso cuando la etapa probatoria haya concluido y el proceso esté en estado de dictar sentencia, siempre que estas pruebas sean necesarias para esclarecer puntos oscuros o dudosos de la controversia, conforme al artículo 169 del Código Contencioso Administrativo. La Sala considera que la falta de documentos precontractuales esenciales para interpretar adecuadamente el contrato y resolver la controversia sobre su incumplimiento y liquidación justifica la práctica de pruebas de oficio, ya que estos documentos son indispensables para aclarar aspectos oscuros relacionados con el incumplimiento del contratista, el monto de la cláusula penal y los elementos que determinaron la liquidación unilateral del contrato. Esta decisión reitera la competencia del Consejo de Estado para disponer de pruebas de oficio en segunda instancia, incluso cuando los documentos relevantes no están disponibles en línea o han pasado mucho tiempo desde su expedición, lo que implica que los jueces deben solicitar estos documentos para garantizar una resolución justa y completa de la controversia.síntesis automática
También resuelve:¿Debe el juez solicitar o tener en cuenta los documentos precontractuales cuando estos resultan indispensables para interpretar adecuadamente el contrato y resolver la controversia sobre su…
¿Procede la prelación de fallo en razón de la naturaleza del asunto, por ser una repetición en contra de un exfuncionario público? Sí
Cuando el Estado es obligado a reparar un daño, debe repetir contra su agente si la condena fue resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa, y para que prospere la acción deben concurrir cuatro presupuestos: la condena del Estado a reparar un daño antijurídico, el pago efectivo a la víctima, la calidad de agente estatal del demandado y la conducta dolosa o gravemente culposa como factor determinante de la condena. La regla se apoya en el artículo 90 de la Constitución Política y en el desarrollo legal de la Ley 678 de 2001 y de la Ley 1437 de 2011. Las razones que la sostienen son que la jurisprudencia de la corporación ha exigido de manera unánime esos presupuestos, que el pago efectivo es el hecho que hace nacer el derecho de repetir, y que el dolo o la culpa grave deben ser el factor determinante de la condena. En el caso, la sala verificó la concurrencia de los presupuestos y la sentencia fue confirmada. El documento no señala que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la ausencia de cualquiera de los cuatro presupuestos impide la prosperidad de la repetición.síntesis automática
También resuelve:¿La responsabilidad de un agente estatal demandado en repetición requiere la constatación de la concurrencia de cuatro presupuestos, a saber: la obligación resarcitoria a cargo del Estado…¿Los documentos aportados al proceso son suficientes para acreditar el pago efectivo de la condena a favor de la víctima del daño que se demanda en repetición?¿Debe declararse la responsabilidad patrimonial de los agentes de policía demandados en repetición, por la muerte de un civil en un operativo policivo en el que estos participaron?
¿Se acreditó la conducta dolosa o gravemente culposa de los exagentes del Estado como presupuesto de procedencia del medio de control de repetición? No
El demandante en el medio de control de repetición debe acreditar la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal como presupuesto de procedencia de la pretensión. En este caso, la Sala constata que en el escrito inicial se omitió describir el comportamiento de cada uno de los demandados y su incidencia particular en los hechos, lo que conduce a negar las pretensiones de la demanda. Adicionalmente, de conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no hay lugar a condenar en costas por tratarse de un proceso en el que se ventila un interés público para la protección del patrimonio público.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó la calidad de ex agentes del Estado de los demandados?¿Procede la condena en costas en segunda instancia en el medio de control de repetición?
¿Para la procedencia del medio de control de repetición se debe acreditar la obligación reparatoria a cargo del Estado; el pago de la obligación reparatoria y; que la conducta dolosa y/o gravemente culposa del agente haya determinado el daño antijurídico por el cual se condenó al Estado? Sí
En el medio de control de repetición, la procedencia de la acción exige acreditar la obligación reparatoria a cargo del Estado, el pago efectivo de esa obligación y que la conducta dolosa o gravemente culposa del agente haya determinado el daño antijurídico por el que se condenó al Estado. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el artículo 90 de la Constitución prevé la repetición cuando la condena es resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa, y el desarrollo legal se encuentra en el Decreto-ley 01 de 1984 y en la Ley 678 de 2001. Segunda, la jurisprudencia ha sido unánime en exigir estos tres elementos como presupuestos de prosperidad de la acción. En el caso, la providencia niega las pretensiones porque no se acreditó la conducta del agente como determinante del daño. En la práctica, la entidad debe probar los tres presupuestos, obligación, pago y conducta del agente, antes de que prospere la repetición.síntesis automática
También resuelve:¿Dada la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron la condena en contra del Estado, resulta aplicable al presente proceso de repetición la Ley 678 de 2001?¿Los documentos aportados al proceso son suficientes para acreditar el pago efectivo de la condena a favor de la víctima del daño que se demanda en repetición?¿Se acreditó que el señor demandado en repetición actuó con violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho en los hechos que dieron lugar a la condena por la cual se pretende repetir…
¿Debe aplicarse la Ley 678 de 2001 al caso sub examine, teniendo en cuenta que los hechos que sustentaron la condena en contra del demandante ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la misma? No
Esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos. En ese orden, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior. Pero si ocurrieron con posterioridad, será la ley citada la que rija el análisis del dolo o la culpa grave del demandado y no las nociones generales aplicables en el régimen anterior… Por ende, como en este caso los hechos que sustentaron la condena en contra de… [demandante] ocurrieron el veintiuno (21) de junio de mil novecientos noventa y tres (1993), la Ley 678 de 2001 no es aplicable a los aspectos sustanciales de este asunto.
También resuelve:¿Los documentos allegados por la demandante acreditan el pago efectivo de la condena judicial?¿Se configuró culpa grave o dolo por parte de los demandados en el caso sub examine, por haber actuado de forma imprudente en los hechos en que perdió la vida una persona?¿Procede la condena en costas procesales en el caso sub examine en cuanto la parte demandada no intervino en segunda instancia?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de queja2023-10-30Sección Tercera (Subsección C)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 50001233300020190030202LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Podía el juez, en ejercicio de la facultad de dirección y ordenación de la audiencia de práctica del testimonio, negar la incorporación de unas cartas exhibidas por la testigo en audiencia de pruebas, por lo que fue bien denegado el recurso de apelación en el caso concreto? Sí
El juez, en la audiencia de testimonio, puede negar la incorporación de documentos que el testigo exhibe durante su declaración, porque la práctica del testimonio no es una oportunidad adicional para aportar documentos que la parte omitió allegar en las oportunidades probatorias. Una razón es que las normas procesales determinan cuándo las partes pueden aportar y solicitar pruebas, y la carga de aportar los documentos que tienen en su poder, según los artículos 212 y 173 del CPACA y 167 del Código General del Proceso. Otra razón es que los soportes documentales que el testigo puede adjuntar, según el numeral 6 del artículo 221 del CGP, forman parte del testimonio y no sustituyen una prueba documental, de modo que el juez debe verificar si se cumple el supuesto permitido. En el caso, el juez negó la incorporación de unas cartas exhibidas por la testigo, y el Consejo de Estado declaró bien denegado el recurso de apelación contra esa decisión, porque la providencia no reabría una fase probatoria precluida. Su consecuencia práctica es que las cartas que se quieran aportar deben presentarse en la oportunidad probatoria y no en la práctica del testimonio.síntesis automática
¿Es posible otorgar eficacia probatoria a la prueba aportada en medio magnético por el demandante, considerando que, pese a que la entidad demandada refutó de manera general su contenido, para atacar a través de la figura del desconocimiento la presunción de autenticidad que opera sobre el documento, no bastaba con que la parte en contra de la cual se aduce manifieste de manera general e injustificada que no le consta que el documento corresponda a quien la otra lo haya atribuido, sino que debe expresar los motivos que la llevan a hacer esa afirmación? Sí
El contratista puede otorgar eficacia probatoria a la prueba aportada en medio magnético, incluso cuando la entidad demandada refuta de manera general su contenido, siempre y cuando esta última exprese los motivos que la llevan a desconocer el documento, en lugar de hacerlo de manera general e injustificada. La presunción de autenticidad que opera sobre el documento no se desvirtúa simplemente por la falta de una certificación o constancia de autenticidad, y la entidad demandada debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 272 del Código General del Proceso para desconocer un documento. Esta regla reitera la importancia de la buena fe en la valoración de la prueba documental y matiza la interpretación de la figura del desconocimiento en el contexto de la prueba en medio magnético, lo que implica que las entidades estatales deben justificar adecuadamente cualquier refutación de la autenticidad de los documentos presentados en el proceso.síntesis automática
También resuelve:¿La base de datos aportada en medio magnético por el demandante, acredita que la liquidación unilateral del contrato de aseguramiento realizada por el Municipio es nula por falsa motivación…¿En vigencia del C.P.A.C.A., resulta procedente condenar en costas en segunda instancia a la parte vencida en el proceso, esto es, a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?
¿La entidad demandante logró demostrar la culpa grave del demandado, como uno de los presupuestos para que prospere la acción de repetición? Sí
El contratista debe probar la culpa grave del demandado para que prospere la acción de repetición, lo cual implica demostrar no solo la violación manifiesta de la ley sino también la inexcusable naturaleza de la conducta del agente. La entidad demandante debe acreditar con pruebas suficientes que la conducta del demandado fue gravemente culposa, más allá de la simple responsabilidad patrimonial del Estado. Además, para acreditar el pago de la condena en la acción de repetición, el contratista puede presentar documentos expedidos por funcionarios públicos, como certificados del pagador o tesorero, que demuestran el cumplimiento del pago, siempre y cuando no sean objetados o tachados de falsos por la parte contraria. Este precedente reitera la necesidad de una carga probatoria rigurosa para ambas condiciones, lo que implica que las partes deben presentar pruebas concluyentes para que la acción de repetición tenga éxito.síntesis automática
También resuelve:¿Se encuentra acreditado el pago efectivo de la condena a partir de los documentos que allegó la parte demandada?
Auto interlocutorio — Auto que decide sobre excepciones previas2025-07-01Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 11001032600020200001000LEY 1437 REPETICION
¿Al presente asunto le resultan aplicables el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el Código General del Proceso, por ser las disposiciones procesales vigentes a la fecha de presentación de la demanda? Sí
El contratista no puede prosperar en la excepción previa de inepta demanda en un medio de control de repetición, ya que las copias simples de documentos que dan cuenta del proceso original gozan de eficacia probatoria y se presumen auténticas, salvo que la parte contraria las tache de falsas. Además, los documentos elaborados por las entidades públicas son válidos y tienen capacidad probatoria para acreditar el pago de la condena, lo que permite subsanar la irregularidad procesal sin necesidad de declarar la demanda inepta. Esta decisión reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la valoración de documentos públicos y la libertad probatoria en la acreditación del pago, lo que implica que las entidades estatales deben aceptar la validez de los documentos elaborados por ellas mismas para acreditar el cumplimiento de sus obligaciones.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente declarar configurada la excepción de inepta demanda del medio de control de repetición, a pesar de haberse acreditado: i) una debida acumulación de pretensiones; y…
¿El director encargado de la Corporación Autónoma Regional del Cauca desvirtuó la presunción de dolo del numeral 1 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001, por haber expedido un acto administrativo que fue anulado por desviación de poder? Sí
La Corporación conoce en única instancia de la acción de repetición contra los directores de entidades del orden nacional, de acuerdo con el artículo 149 numeral 13 del CPACA y el parágrafo 1 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. La presunción de dolo por desviación de poder se desvirtúa cuando el agente demuestra que el acto de insubsistencia se fundó en un análisis previo de gestión y no en una represalia. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que la decisión fue producto de la revisión de la gestión de los funcionarios, en ejercicio de la facultad nominadora del director encargado. La segunda es que la orden de redactar la resolución fue anterior a la fecha en que se recibió la comunicación que se alegaba como motivo de represalia. La tercera es que el acto se expidió en ejercicio de la facultad discrecional del nominador. En consecuencia, la Sala niega las pretensiones de la demanda de repetición, porque la parte demandada desvirtuó la presunción de dolo. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia del medio de control de repetición contra funcionarios públicos que hayan dado lugar a una codena contra el Estado?¿El término de caducidad del medio de control de repetición empezó a contar desde el pago de la condena impuesta al Estado?¿Conforme a la figura de subrogación, la Corporación Autónoma Regional está legitimada por activa para demandar en repetición el pago de la condena impuesta en el proceso de nulidad y…
¿Procede la cláusula penal de forma proporcional al cumplimiento del contrato? Sí
El contratista incumple el contrato cuando no ejecuta la obra en su totalidad, por lo que la cláusula penal es aplicable de forma proporcional al grado de cumplimiento, tal como lo determinó el tribunal en primera instancia. La entidad estatal no incurrió en incumplimiento ni en fuerza mayor que justifique la exención del contratista de su responsabilidad contractual. Además, el dictamen pericial presentado por la aseguradora no cumple con los requisitos legales para ser valorado, ya que no se acompañaron los documentos que acrediten la idoneidad y experiencia del perito ni los que le sirven de fundamento. Esta decisión reitera la necesidad de cumplir con los requisitos legales para la valoración de los dictámenes periciales y subraya la importancia de la proporcionalidad en la aplicación de la cláusula penal en casos de incumplimiento parcial.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación contra una sentencia proferida en primera instancia por un Tribunal Administrativo?¿En los contratos que requieran liquidación, el término de caducidad de dos años de la acción de controversias contractuales comenzará a contar a partir de los dos meses siguientes al vencimiento del…¿El dictamen aportado por la Aseguradora cumple con los requisitos establecidos el artículo 226 del CGP?
¿Procede la liquidación del contrato estatal en sede judicial ante la no liquidación del mismo ni bilateral ni unilateralmente? Sí
La liquidación de los contratos estatales se define como aquella actuación posterior a la terminación normal o anormal del contrato, mediante la cual se busca determinar si existen prestaciones, obligaciones o derechos a cargo o en favor de cada una de las partes, para, de ésta forma, realizar un balance final o un corte definitivo de las cuentas derivadas de la relación negocial, definiéndose quién le debe a quién y cuanto, es decir, que con dicha actuación se finiquita y se obtiene el paz y salvo de la relación negocial. La liquidación judicial es así el balance o corte de cuentas económico que realiza el juez sobre un determinado contrato estatal dentro de un proceso judicial y, que sólo resulta procedente en tanto no se haya realizado la liquidación bilateral, ni unilateral del respectivo contrato estatal celebrado.
También resuelve:¿Procede el reintegro de dineros correspondiente a un mayor valor devuelto y que no hacia parte del contrato interadministrativo?¿Procede la compensación entre las partes ante un saldo insoluto que no proviene de la obligación contractual?
¿Se acreditó la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor público demandado en repetición? No
El contratista no acredita la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor público demandado en repetición, ya que la indebida formulación de los cargos en la demanda impide aplicar la presunción del artículo 5 numeral 3 de la Ley 678 de 2001, y las pruebas presentadas no demuestran una conducta sumamente descuidada o caprichosa del servidor. La Sala revoca la sentencia impugnada y niega las pretensiones de la demanda, lo que implica que el medio de control de repetición no prospera en ausencia de la culpa grave del servidor público.síntesis automática
También resuelve:¿La Constitución Política prevé que en los casos en los que el Estado es obligado a reparar un daño debe repetir contra su agente cuando la condena ha sido el resultado de una conducta dolosa o…¿El certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla con esas funciones en el que conste que la entidad realizó el pago, es prueba suficiente para su acreditación?¿Teniendo en cuenta que los hechos se refieren a las supuestas actuaciones de los demandados que tuvieron lugar en el año 2006, época en la que ya estaba vigente la Ley 678 de 2001…
¿Se acreditó que el rechazo de la propuesta presentada por Conconcreto SA fue ilegal y/o arbitraria? No
La entidad estatal adjudicadora rechaza de manera legal y fundada la propuesta presentada en un proceso de selección cuando el oferente omite reportar información relevante y veraz exigida en el pliego de condiciones. La corporación judicial confirma la sentencia apelada al comprobar que el proponente no acreditó adecuadamente la experiencia específica requerida para la construcción del puente sobre la quebrada Servitá en Meta, lo cual impedía asignar el puntaje pretendido. Con base en los principios de transparencia y el respeto a las reglas de la contratación estatal, la sala aplica el principio nemo auditur propriam turpitudinem allegans y desestima las pretensiones de nulidad formuladas contra el acto de adjudicación.síntesis automática
También resuelve:¿La adjudicación del contrato de obra a la Unión Temporal Puentes del Meta fue ilegal por el hecho de haberse tenido en cuenta la experiencia de la sociedad Augusto Ruiz Corredor y Cia Ltda…¿Se configuró un exceso ritual manifiesto en la decisión de declarar desistida la práctica de una prueba pericial?
¿Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar la muerte de un civil ocasionada por el uso imprudente e irresponsable de armas de dotación oficial, en el contexto de la ejecución de la orden de operaciones “Nórdico” por tropas Ejército Nacional, en la vereda Maracaibo de Rioblanco – Tolima? Sí
Aunque la caducidad no se haya discutido en el proceso ni fuera alegada por las partes, el ejercicio oportuno de la acción es un presupuesto procesal que debe examinarse de oficio. Los plazos que el legislador establece para cada medio de control son razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, de modo que su vencimiento sin que el interesado presente la solicitud judicial extingue el derecho de accionar y consolida las situaciones pendientes. La finalidad de estos plazos es otorgar seguridad jurídica y evitar que las situaciones queden indefinidas en el tiempo. En el caso concreto, la acción de reparación directa por la muerte de un civil fue presentada dentro del término legal, y la sentencia fue modificada. Como consecuencia práctica, la oportunidad de la acción de reparación directa debe verificarse de oficio en los procesos de daños con ocasión de operaciones militares, aun cuando la caducidad no haya sido discutida.síntesis automática
También resuelve:¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico y su imputación?¿Dentro de las modalidades de ejecución extrajudicial se incluyen los comúnmente denominados “falsos positivos”, caracterizados porque, una vez ocurrido el homicidio de las víctimas…¿El empleo de la fuerza y las armas de fuego por agentes del Estado, debe conciliarse con el debido respeto de los derechos humanos, atendiendo los principios de necesidad, proporcionalidad…
¿La prueba del pago en la acción de repetición puede acreditarse con documentos públicos? Sí
La prueba del pago en la acción de repetición puede acreditarse con documentos públicos, pues los expedidos por las entidades públicas tienen plena validez y capacidad probatoria, sin perjuicio de la tacha de falsedad o de la controversia que la parte contraria pueda promover. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el pago consiste en la ejecución de la prestación que extingue la obligación, y puede demostrarse por cualquier medio idóneo. La segunda es que las certificaciones firmadas por el tesorero o las constancias de recibido que expiden las entidades públicas son documentos públicos del tipo que el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil reconoce como válidos. En el caso concreto, el municipio demandante aportó una certificación firmada por su tesorero y una constancia de recibido, que demuestran el pago parcial de la suma acordada en la conciliación. El documento reitera un criterio que la Corporación sostiene desde 2013, y no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Es posible ejercer la acción de repetición para solicitar el reintegro de pagos parciales realizados por la entidad pública en virtud de una condena judicial o una conciliación?¿En qué eventos se configura la culpa grave?¿Se acreditó la culpa grave del exalcalde demandado en repetición?
¿Conforme al momento de la presentación de la demanda, en el caso concreto, cuando ya se había adjudicado y firmado el contrato, procedía la acción de controversias contractuales? Sí
El contratista puede presentar una acción de controversias contractuales incluso después de que se haya adjudicado y firmado el contrato, siempre que la demanda se presente dentro del plazo legal para solicitar la nulidad absoluta del contrato, que es de dos años a partir de su perfeccionamiento. Esta regla se sostiene en que las normas procesales no son retroactivas y que los actos administrativos precontractuales pueden ser demandados dentro de los treinta días siguientes a su notificación, mientras que la nulidad del contrato debe solicitarse dentro del plazo de dos años desde su celebración. La Sala reitera la jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de controversias contractuales en estos casos, lo que permite a los contratistas defender sus intereses legales incluso después de la firma del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda de los actos precontractuales fue presentada antes de los treinta días siguientes a su notificación y la nulidad del contrato se solicitó dentro de los dos años siguientes a su…¿Tienen valor probatorio las copias simples adjuntadas a la demanda?¿Los documentos pueden ser publicos o privados, del primero se presume su autenticidad y el mérito probatorio de los mismoslo asigna el juez, luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto?
¿La acción de repetición fue incoada oportunamente, esto es, dentro del término ce caducidad de dos (2) años señalados en la norma? Sí
La acción de repetición tiene un término de caducidad de dos años que se cuenta desde el día siguiente al pago de la condena o, a más tardar, desde el vencimiento de los dieciocho meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia. La regla se apoya en tres razones. Primera, cuando la nulidad del acto administrativo se declara bajo la vigencia de la Ley 678 de 2001, el plazo corre conforme a esa ley, según su artículo 11. Segunda, la norma del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo fija el plazo de dieciocho meses para cumplir la sentencia, contado desde su ejecutoria. Tercera, en el caso el pago se realizó el 20 de diciembre de 2007, antes del vencimiento de ese plazo, de modo que el término de dos años se extendía hasta el 21 de diciembre de 2009. Como la demanda se radicó el 17 de junio de 2008, fue incoada oportunamente. En consecuencia, la sentencia se confirma. El documento reitera la jurisprudencia sobre el cómputo de este término.síntesis automática
También resuelve:¿Debe aplicarse la Ley 678 de 2001 en el caso concreto, considerando que los hechos que sustentaron la condena en contra de la Universidad de la Amazonia ocurrieron con anterioridad a la vigencia de…¿Puede otorgarse valor probatorio a las copias simples que se alleguen al proceso, siempre que se garanticen los principios de contradicción y defensa de los sujetos procesales…¿Debe otorgarse valor probatorio a los documentos públicos que se allegaron al proceso, los cuales acreditan el cumplimiento del presupuesto de procedibilidad de la acción de repetición…
¿Es procedente reconocer la reclamación del demandante por los sobrecostos originados por mayor permanencia en la obra, a pesar de que las partes en el marco de la autonomía de la voluntad, pactaron que la entidad no sería responsable por el retraso en el suministro de proyectos y el listado para domiciliarias, ni la ampliación del plazo derivada de esa circunstancia y decidieron que el contratista no realizaría reclamaciones por este motivo? No
El contratista no puede reclamar por sobrecostos originados por una mayor permanencia en la obra, cuando las partes en el marco de la autonomía de la voluntad pactaron que la entidad no sería responsable por el retraso en el suministro de proyectos y el listado para domiciliarias, ni por la ampliación del plazo derivada de esa circunstancia, y decidieron que el contratista no realizaría reclamaciones por este motivo. La intención de las partes, claramente exteriorizada en el contrato, prevalece y no es posible interpretar el contrato de manera que vaya en contra de lo acordado por los contratantes. Esta regla reitera la importancia de la autonomía de la voluntad en la contratación estatal y la necesidad de respetar la intención de las partes, lo que implica que los contratistas deben cumplir con los acuerdos pactados y renunciar a cualquier reclamación en los términos acordados.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó que la demandada incumplió el pago de las actas de reajuste reclamadas, según lo pactado por las partes en el contrato de obra pública…¿El desplazamiento patrimonial alegado por el demandante, que tiene origen en el contrato de obra pública, perseguido a través de la acción de controversias contractuales…¿La jurisdicción Contencioso Administrativa conoce de las controversias derivadas de los contratos administrativos?