Titulación de la relatoría 14.681 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COMPETENCIA / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / CUANTÍA DE LA DEMANDA / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / DETERMINACIÓN DE COMPETENCIA / PRIMERA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL JUZGADO ADMINISTRATIVO / NULIDAD / NULIDAD PROCESAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA / NULIDAD SANEABLE / CONTROL DE LEGALIDAD / TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER / SILENCIO DE LA PARTE DEMANDANTE / SILENCIO DE LA PARTE DEMANDADA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia la demanda de repetición promovida por el PAR del Instituto de Seguros Sociales, pese a que la cuantía no superó los 500 SMLMV para la fecha en la que se presentó el escrito inicial?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y el inciso 1° del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. En punto a la competencia del medio de control de repetición, la Sala observa que la cuantía del medio de control de repetición se estimó en la suma de $111.525.960, la cual, según lo dispuesto en el numeral 9° del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011, no supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el 2015, año en el cual se presentó la demanda. Por lo anterior, la competencia para conocer del presente asunto recaería en los Juzgados Administrativos. Sin embargo, en el trámite del proceso las partes no objetaron la competencia del referido Tribunal en los momentos procesales oportunos, es decir, en la admisión de la demanda y la audiencia inicial. No obstante, el a quo realizó los respectivos controles de legalidad con el fin de sanear de posibles nulidades el asunto, conforme a lo dispuesto en el artículo 207 del CPACA sin que las partes se pronunciaran al respecto, por lo que la competencia del Tribunal Administrativo de Santander fue prorrogada por el silencio de las mismas. Por lo anterior, se concluye que esta Corporación es competente para conocer en segunda instancia del sub lite, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo de los artículos 16 y 139 del CGP.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la prorrogabilidad e improrrogabilidad de la competencia, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 23 de febrero de 2022, exp. 53408, C.P. Nicolás Yepes Corrales.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 9, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 207, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 139, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 16, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 INCISO 1
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REGULACIÓN NORMATIVA / NORMA POSTERIOR / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / INTEGRACIÓN NORMATIVA / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / VIGENCIA DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / APLICACIÓN DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / NORMA VIGENTE / INICIACIÓN DEL PROCESO / CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA JUDICIAL / PAGO DE CONDENA JUDICIAL / FECHA DE PAGO DE CONDENA JUDICIAL / EJECUCIÓN DE CONDENA / SENTENCIA EN FIRME
Problema jurídico:
¿Al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código Contencioso Administrativo, dado que el pago de la condena de reparación directa fue efectuado con anterioridad al 2 de julio de 2012?
Respuesta al problema jurídico: Si
[P]or tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 2012, le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). En estos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se rigen por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código General del Proceso (CGP), en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados. No obstante, en virtud del artículo 308 del CPACA, los procesos iniciados con anterioridad al 2 de julio de 2012 se rigen hasta su culminación por el “régimen jurídico anterior”, lo que quiere decir que el cumplimiento de las sentencias judiciales no se supedita al régimen existente en el momento en que se profieren, sino al vigente para la fecha en la que inicia el proceso, salvo disposición legal en contrario. En consecuencia, para efectos de contabilizar el plazo con que contaba la entidad pública para proceder al pago de la condena que le fue impuesta en el proceso de reparación directa, se tendrá en cuenta lo establecido en el inciso 4° del artículo 177 del CCA, según el cual las condenas podrán ser ejecutables 18 meses después de que la sentencia quede en firme.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la entrada en vigencia del Código General del Proceso, consultar el auto de unificación del Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, proferido el 25 de junio de 2014, exp. 49.299, C.P. Enrique Gil Botero.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 306, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 308
COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / REITERACIÓN DE SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL / APLICABILIDAD DE LA REGLA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL
Problema jurídico:
¿Cuentan con valor probatorio las copias simples de los documentos allegados al proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala considera que se debe dar mérito probatorio a las copias simples aportadas al proceso, conforme al precedente jurisprudencial de la Sala Plena de la Sección Tercera, que estableció que es posible apreciar las copias si las mismas han obrado a lo largo del plenario y han sido sometidas a los principios de contradicción y de defensa de las partes, conforme a los principios de lealtad procesal y buena fe que deben conducir toda la actuación judicial.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el valor probatorio de las copias simples, consultar la sentencia de unificación del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 28 de agosto de 2013, exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero.
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONCEPTO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / OPORTUNIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / OPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / REVOCATORIA DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿El medio de control de repetición se ejerció de manera oportuna, es decir, dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al pago total de la condena o conciliación efectuada por la entidad o desde el vencimiento del plazo establecido en el inciso 4° del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo?
Respuesta al problema jurídico: No
Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. Asimismo, conviene precisar que, en virtud del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, dado que el término de caducidad empezó correr en vigencia del artículo 11 de la Ley 678 de 2001, el cual señala que la acción de repetición caducará dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total de la condena o conciliación efectuado por la entidad o a más tardar desde el vencimiento del plazo de 18 meses de que trata el inciso 4° del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, está probado que: i) la sentencia del 6 de abril de 2011, mediante la cual la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado condenó al Instituto de Seguros Sociales a pagar perjuicios morales y materiales a (...) [los demandantes del proceso de reparación directa], quedó ejecutoriada el 26 de mayo de 2011 (...); ii) que el pago de la obligación contenida en la referida sentencia se llevó a cabo el 29 de febrero de 2012 (...); y, iii) que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del CCA, los dieciocho meses con los que contaba la entidad demandante para pagar la obligación aludida, fenecieron el 26 de noviembre de 2012. En estas condiciones, se precisa que el evento que ocurrió primero fue el pago de la condena. Así las cosas, se tiene que la caducidad de los dos años para ejercer el derecho de acción inició su contabilización el 1°de marzo de 2012 (día siguiente al pago de la sentencia) y finalizó el 1° de marzo de 2014. En consecuencia, al haber sido presentada la demanda de repetición el 16 de marzo de 2015, es claro que el medio de control de repetición fue promovido de manera extemporánea. Como consecuencia de todo lo anterior, la Sala revocará la sentencia del 30 de octubre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la demanda, y en su lugar declarará la caducidad del medio de control, pues se evidencia que el medio de control de repetición no se presentó de forma oportuna.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los plazos establecidos por el legislador para ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial, consultar la sentencia de la Corte Constitucional C-394 del 22 de mayo de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Sobre el control del derecho de acción que ejercen los términos establecidos por el legislador, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, proferida el 23 de febrero de 2006, exp. 6871-05, C.P. Tarsicio Cáceres Toro. Sobre la caducidad como sanción de las acciones judiciales ejercidas fuera del término legal, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 30 de enero de 2013, exp. 24879, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Asimismo, ver la sentencia de la Corte Constitucional, C-574 del 14 de octubre de 1998, M.P. Antonio Barrera Carbonell. Sobre el contenido del numeral 9 del artículo 136 del CCA, consultar la sentencia de la Corte Constitucional, C-832 del 8 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Sobre la exequibilidad del primer inciso del artículo 11 de la Ley 678 de 2001, consultar la sentencia e la Corte Constitucional, C-394 del 22 de mayo de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177 INCISO 4, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40, LEY 678 DE 2011 - ARTÍCULO 11
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / CURADOR AD LITEM / NOMBRAMIENTO DEL CURADOR AD LITEM / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / FALTA DE PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / FALTA DE PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Resulta procedente imponer costas y agencias en derecho a la parte demandante por haber sido vencida en el proceso, cuando el demandado estuvo representado por un curador ad litem que desempeñó el cargo en forma gratuita?
Respuesta al problema jurídico: No
[De conformidad con lo establecido en los artículo 188 del CPACA y 365 del CGP], no se fijarán costas y agencias en derecho de segunda instancia, toda vez que el demandado estuvo representado por curador ad litem, quien desempeñó el cargo en forma gratuita como defensor de oficio de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 7° del artículo 48 del CGP.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la improcedencia de las costas procesales cuando los demandados estuvieron representados por curador ad litem, consultar las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferidas el 8 de octubre de 2021, exp. 61022, C.P. Guillermo Sánchez Luque; y, el 4 de mayo de 2022, exp. 58501, C.P. Martin Bermúdez Muñoz.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 48 NUMERAL 7