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¿La entidad demandante presentó el medio de control de repetición con el lleno de los requisitos exigidos legalmente para su procedencia? No
La conducta del agente calificada como dolosa o gravemente culposa no implica automáticamente la declaración de responsabilidad en el medio de control de repetición, porque el demandado puede aportar pruebas que desvirtúen la presunción legal. La regla se sostiene en tres razones: la Ley 678 de 2001 regula los aspectos sustanciales de la repetición, define el dolo y la culpa grave y establece presunciones legales que inciden en la carga probatoria; la acción de repetición tiene naturaleza eminentemente resarcitoria y carácter público, dirigida a proteger el patrimonio y la moralidad pública; y el demandante debe acreditar los requisitos de procedencia de la acción, sin que la sola calificación de la conducta baste. Por ello, el medio de control solo prospera cuando la entidad demuestra el dolo o la culpa grave del agente y el nexo con el pago efectuado, y no cuando la presunción queda desvirtuada en el proceso. La decisión de primera instancia se confirma en lo que corresponde a la prueba del requisito subjetivo.síntesis automática
¿Procede la acción de repetición interpuesta por la demandante, en cuanto se probó que los demandados actuaron con dolo al atender de forma negligente el postparto de una paciente y ocasionarle su muerte? No
Como se ha reseñado, el motivo de disenso de la parte actora se centra en sostener el actuar negligente en el manejo de la patología presentada en el postparto por la paciente.… Ab initio, esta Subsección no comparte los argumentos de la parte recurrente referentes a que los médicos demandados incurrieron en conductas gravemente culposas, toda vez que está acreditado que los jueces que conocieron dicho asunto, expresamente condenaron a la entidad hospitalaria por fallas administrativas y no por una mala praxis médica. En idéntico sentido lo resolvió en este proceso el a quo, razones frente a las cuales el apelante no se alzó en apelación. Además, se pudo corroborar que el actuar de los accionados fue acorde a la patología presentada.
También resuelve:¿Resulta improcedente la condena en costas procesales, en cuanto se persigue un interés público?
Auto interlocutorio — Auto que decide sobre excepciones previas2022-02-07Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZRad. 11001032600020150004900LEY 1437 REPETICION
¿Procede la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva? Sí
La excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva no prospera cuando el demandado tiene legitimación de hecho, por haber sido vinculado como persona que obró dentro del proceso, y legitimación material, por la participación que se le atribuye en los hechos que dieron lugar a la condena. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que la legitimación de hecho surge de la demanda y de su notificación, mientras que la material exige una relación real del demandado con la pretensión. La segunda es que, en el caso, la demandante atribuyó a la dirección del demandado la firma de la resolución que aceptó la renuncia de la servidora y de las resoluciones que ordenaron el reintegro y el pago de salarios, lo que acredita su legitimación. Por ello, la valoración de la conducta del demandado se hará en la sentencia, luego de analizar las pruebas. El documento no indica que modifique un precedente; su consecuencia práctica es que el proceso continúa frente al demandado.síntesis automática
¿Procede la acción de repetición en casos en los que la entidad estatal pretende recuperar el valor de la reparación patrimonial que tuvo que asumir por la conducta dolosa o gravemente culposa cometida por uno de sus agentes? Sí
El contratista no puede ejercer la acción de repetición para recuperar el valor de la reparación patrimonial que la entidad estatal tuvo que asumir por la conducta dolosa o gravemente culposa de uno de sus agentes, ya que estas sumas no constituyen un daño en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, sino que corresponden a la remuneración por los servicios prestados y no implican una alteración de las condiciones preexistentes. Además, la indexación o actualización monetaria de las sumas pagadas no se considera un daño, sino un reconocimiento basado en la equidad para mantener la capacidad adquisitiva del dinero en el tiempo. La pretensión de repetición debe fijarse según el valor total y neto de la condena impuesta al Estado, sin incluir los intereses causados después de la ejecutoria de la sentencia. Esta regla reitera y matiza precedentes anteriores, estableciendo criterios precisos para determinar la procedencia de la acción de repetición en casos de responsabilidad patrimonial del Estado.síntesis automática
También resuelve:¿Las sumas de dinero que se paguen por concepto de diferencia salarial, prestacional y de aportes a seguridad social corresponden a la remuneración por los servicios que prestó a la entidad el…¿La indexación o actualización monetaria que se realiza a las sumas pagadas no constituye un daño, al contrario, es un reconocimiento que se funda en la equidad…¿La pretensión de repetición debe fijarse según el valor total y neto de la condena que se impuso al Estado, sin tomar en cuenta los intereses que se lleguen a causar?
¿Está demostrado que el demandado, entonces director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, al expedir el acto administrativo de insubsistencia, incurrió en una conducta dolosa, específicamente, por obrar con desviación de poder? No
La desviación de poder que sustenta una conducta dolosa en la acción de repetición debe estar probada y no se presume a partir de la sola expedición de un acto de insubsistencia. Esta regla se apoya en el análisis conjunto del material probatorio, que debe demostrar que el agente tuvo una finalidad distinta al mejoramiento del servicio público. Cuando el acto fue proyectado y revisado por los funcionarios competentes, quienes dieron visto bueno en los aspectos jurídicos y fácticos, y cuando contiene las razones de la desvinculación y las funciones que estaban siendo inobservadas, la intención distinta no queda acreditada. En el caso concreto la subsección no halló probado que el demandado obrara con propósito distinto al de mejorar el servicio, y negó la pretensión. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la repetición por desviación de poder exige prueba directa o suficiente de la intención del agente y no basta con el carácter insubsistente del acto.síntesis automática
También resuelve:¿La legitimación en la causa por pasiva, recae sobre el funcionario al que se le imputa el daño que dio lugar a la condena contra el Estado?¿En casos de repetición regidos por la Ley 678 de 2001, la carga de la prueba corresponde al demandante, quien tiene el deber de acreditar la presunción prevista en la Ley?¿La declaración de responsabilidad patrimonial del Estado demuestra, automáticamente, el dolo o la culpa grave del funcionario?
¿En el caso concreto se configuraron los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición, estos es la condena al Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular, el pago efectivo a la víctima del daño y la existencia de una conducta dolosa del agente como factor determinante de la condena y la existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio? Sí
El contratista puede prosperar en una acción de repetición contra la entidad estatal cuando se configuran tres elementos: la condena judicial al Estado por un daño antijurídico causado a un particular, el pago efectivo de la condena a la víctima y la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal. En este caso, la Sala determinó que la entidad demandante fue condenada por un acto administrativo de insubsistencia que fue declarado nulo por falsa motivación, lo que configuró la presunción de dolo del agente estatal conforme al artículo 5 numeral 3 de la Ley 678 de 2001. La entidad demandante pagó la condena, lo que completa los requisitos para la procedencia de la acción de repetición. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición, estableciendo que la falsa motivación en la expedición de actos administrativos puede dar lugar a la presunción de dolo del agente estatal, lo que implica que las entidades estatales deben ser especialmente cuidadosas en la motivación de sus decisiones administrativas.síntesis automática
¿La acción de repetición se define como el medio judicial mediante el cual la Administración Pública obtiene de sus funcionarios o exfuncionarios que hubieran actuado con dolo o culpa grave, el resarcimiento o reintegro del monto de las condena impuestas en su contra, cuya finalidad encuentra en ese sentido una función resarcitoria, preventiva y retributiva? Sí
La acción de repetición es el medio judicial que la Constitución y la ley otorgan a la Administración para obtener de sus servidores o exservidores que actuaron con dolo o culpa grave el reintegro del monto de la indemnización que debió pagar. La regla tiene tres finalidades. La primera es la función resarcitoria, pues el verdadero responsable del daño asume en última instancia el valor de la indemnización. La segunda es la función preventiva, porque disuade a los agentes del Estado de incurrir en conductas dañosas por negligencia o imprudencia. La tercera es la función retributiva, ya que la obligación de reparar surge de un juicio de reproche a la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor. En consecuencia, la responsabilidad patrimonial de los servidores del Estado bajo el artículo 90 de la Constitución y la Ley 678 de 2001 es reparatoria y está sujeta a criterios de proporcionalidad. La nota de relatoría remite a las sentencias C-309 de 2002, C-484 de 2002 y C-338 de 2006 de la Corte Constitucional, y el documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿La responsabilidad patrimonial de los servidores del Estado es de naturaleza reparatoria, subsidiaria, subjetiva y se encuentra sujeta a criterios de proporcionalidad?¿La multa impuesta en cumplimiento del deber legal que tienen las autoridades judiciales de asignar a los incumplidos la respectiva sanción por el desacato de una orden contenida en una providencia…
¿La competencia del ad quem se contrae a revisar la decisión impugnada de cara a los motivos de censura expuestos por el apelante? Sí
La competencia del juez de segunda instancia se contrae a revisar la decisión impugnada frente a los motivos de censura que formula el apelante, y no puede pronunciarse de fondo sobre una sentencia que no fue cuestionada. La regla se apoya en tres razones. Primera, la apelación exige una debida sustentación que refute los fundamentos de la providencia, y si el recurrente plantea hechos distintos a los de la demanda, se desconecta de la razón de la decisión. Segunda, el juez de segunda instancia no puede analizar oficiosamente los argumentos del tribunal ni los del recurso, porque la instancia no es una nueva oportunidad para estudiar el asunto como si nunca hubiera sido analizado. Tercera, la sentencia de primera instancia quedó libre de censura, por lo que no procede reformarla. En consecuencia, se confirma el fallo que negó las pretensiones. El documento reitera la exigencia de debida sustentación del recurso de apelación.síntesis automática
También resuelve:¿El apelante no cumplió adecuadamente la carga de sustentar el recurso, pues los argumentos que planteó no refutan los fundamentos de la sentencia?¿El apelante nada dijo respecto de la conducta de los demandados ni argumentó que hubiese existido una destinación diferente de recursos?¿El impugnante con la sustentación del recurso de apelación pretende variar los hechos en los que fundó su demanda inicial?
Auto interlocutorio — Auto que dispone trámite de sentencia anticipada2023-06-14Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 11001032600020140007000LEY 1437 REPETICION
¿Procede la adecuación del proceso al trámite de sentencia anticipada en el caso concreto, en cuanto se configura el supuesto que consagra el numeral b del artículo 182A del CPACA, toda vez que se allegaron pruebas documentales, siendo innecesario realizar la audiencia inicial? Sí
Adecuación del proceso al trámite de sentencia anticipada. El Despacho dará aplicación a las modificaciones procesales a que hubiere lugar introducidas por la Ley 2080 de 2021 puesto que estas reformas prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación.… El proceso ingresó al Despacho para convocar a los sujetos procesales a la audiencia inicial que establece el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), sin embargo, el Despacho encuentra que se configura el supuesto que da lugar a dictar sentencia anticipada del numeral b del artículo 182A del CPACA toda vez que se allegaron pruebas documentales, no es necesario practicar pruebas y no existen situaciones que acarreen posibles nulidades o excepciones que deban ser resueltas.
También resuelve:¿La fijación del litigio consiste en que el juez debe identificar y formular el problema jurídico a resolver en la sentencia?¿Las decisiones judiciales se deben fundar en pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, siendo relevante la regla de la carga de la prueba que establece el artículo 167 del CGP, esto…
¿El Consejo de Estado es competente para conocer del grado jurisdiccional de consulta respecto de una sentencia proferida por un tribunal administrativo? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer del grado jurisdiccional de consulta respecto de una sentencia proferida por un tribunal administrativo, conforme al artículo 184 del Código Contencioso Administrativo modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998. Esta competencia se fundamenta en la naturaleza de la jurisdicción de lo contencioso administrativo como guardián del orden jurídico, que permite a las entidades públicas promover demandas para obtener el reembolso o reintegro de dineros pagados como consecuencia de actuaciones dolosas o gravemente culposas de servidores públicos, según lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo modificado por la Ley 446 de 1998 y la Ley 678 de 2001. La decisión modifica un precedente, lo que implica que las entidades públicas pueden ahora recurrir al Consejo de Estado para resolver consultas sobre sentencias de tribunales administrativos en casos de acción de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿La acción procedente es la de repetición, porque se solicita declarar patrimonialmente responsable a servidor público del pago realizado en cumplimiento de una condena judicial?¿La acción de repetición fue presentada dentro del término legal?¿Una sucesión ilíquida puede estar legitimada en la causa por pasiva en una acción de repetición?
¿La conducta dolosa debe quedar establecida de manera plena e individualizada en el proceso de repetición? Sí
En la acción de repetición, la conducta dolosa del agente debe quedar establecida de manera plena e individualizada dentro del propio proceso, sin que la sentencia que declaró la nulidad de los actos por desviación de poder acredite automáticamente la responsabilidad subjetiva del demandado. La regla se apoya en que ese juicio previo y diferente tiene otro objeto, de manera que el juez de la repetición debe hacer una valoración autónoma e independiente de la prueba del elemento subjetivo. Además, la carga probatoria recae sobre la entidad que pretende el reembolso, que no puede limitarse a reproducir las consideraciones de las sentencias que la condenaron. En el asunto, la entidad se limitó a afirmaciones sobre una supuesta conducta dolosa, basadas en las mismas consideraciones de las sentencias condenatorias, y no probó el actuar doloso que fundaba su pretensión reversiva. La Sala confirmó la decisión que negó las pretensiones. En la práctica, la acción de repetición no prospera cuando el dolo se afirma pero no se prueba en el proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Existe prueba de la conducta dolosa del demandado en repetición?¿Las sentencias que declararon la nulidad de los actos y ordenaron el restablecimiento del derecho ordenando unos pagos solo acreditan lo que allí se decide?¿El Tribunal declaró la nulidad de los actos administrativos que declararon la insubsistencia por cuanto tuvieron como móvil las desavenencias que tenía el juez con su empleada?
¿Debe aplicarse al caso sub examine, la ley 678 de 2001 en aplicación del principio de irretroactividad? Sí
La Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta su derogación, y que, cuando los hechos son posteriores a esa vigencia, la ley rige el análisis del dolo o de la culpa grave del demandado. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, en virtud del principio de irretroactividad, los hechos anteriores a la vigencia de la ley continúan regidos por la normativa anterior, mientras que los posteriores quedan sometidos a ella. Segunda, el contrato de compraventa del caso fue suscrito con posterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, de modo que sus aspectos sustanciales se rigen por esa ley. Tercera, el régimen aplicable determina las presunciones de dolo y de culpa grave, que el juez debe valorar conforme a esa normativa. La providencia confirma la decisión y reitera la jurisprudencia sobre la aplicación temporal de la ley. La consecuencia práctica es que la fecha del hecho generador, y no la de la demanda, define la ley sustancial que rige la repetición.síntesis automática
También resuelve:¿La conducta del demandado en condición de director técnico de predios del IDU, puede ser calificada como gravemente culposa en aplicación del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, es decir…¿Procede la condena en costas procesales en segunda instancia por concepto de agencias en derecho en el caso sub examine, en cuanto se resolvió de forma desfavorable el recurso de apelación?
¿La entidad demandante realizó un ejercicio probatorio serio tendiente a demostrar la culpa grave de la demandada? No
La entidad demandante no realiza un ejercicio probatorio serio tendiente a demostrar la culpa grave del servidor público, toda vez que limita su demanda a pedir la declaratoria de responsabilidad con base en sentencias de nulidad y restablecimiento del derecho, sin aportar pruebas del actuar irregular de los servidores públicos. La figura de la repetición no pretende imponer cargas desproporcionadas a quienes asumen el ejercicio del servicio público, por lo que su procedencia requiere acreditar con suficiencia que la intervención de los funcionarios en la ocurrencia de daños antijurídicos fue premeditada, negligente o manifiestamente imprudente. En este caso, la Auditoría General de la República no demostró la culpa grave del servidor público y se acreditó que la declaratoria de insubsistencia fue adoptada en uso de sus facultades y precedida de un comportamiento diligente, por lo que se negarán las pretensiones de la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿Las decisiones de la entidad pública demandada fueron debidamente razonadas y su propósito fue preservar los principios que rigen la función pública?¿La declaratoria de insubsistencia se produjo por la pérdida de confianza en la funcionaria, derivada de unos hechos que evidenciaban su falta de integridad?¿La declaratoria de insubsistencia de la servidora fue una decisión que se adoptó con la debida diligencia y cuidado?
PRINCIPAL / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / ERROR INEXCUSABLE / DAÑO CAUSADO POR OMISIÓN / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DEBER DE NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA DEL AGENTE DEL ESTADO / LIQUIDACIÓN DE LAS CESANTÍAS / ACTO DE RELIQUIDACIÓN DE LAS CESANTÍAS / RELACIÓN DE CAUSALIDAD / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA / PAGO DEL AUXILIO DE CESANTÍAS / RECLAMACIÓN DE LAS CESANTÍAS / ABONO A CRÉDITO HIPOTECARIO / CONFIRMACIÓN DEL FALLO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿La reliquidación del auxilio de cesantías objeto del acuerdo conciliatorio extrajudicial que sustenta la pretensión de reembolso es atribuible a los demandados, a título de culpa grave, por el incumplimiento de la función de notificación de los actos administrativos de reconocimiento y liquidación del auxilio de cesantías, que presuntamente tenían a su cargo como directores, jefes y asesores de las áreas de recursos humanos y prestaciones sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores? No
En la acción de repetición, la culpa grave no se configura cuando la entidad no demuestra la omisión inexcusable de la función imputada al agente ni una relación causal clara entre esa omisión y el hecho que motivó la conciliación extrajudicial. La regla se apoya en dos razones. Primera, la omisión de expedir y notificar el acto de liquidación de cesantías no quedó probada como inexcusable para cada uno de los demandados, pues la entidad no acreditó el supuesto de hecho de la culpa grave imputada. Segunda, la convocante, como afiliada, tuvo conocimiento de las consignaciones anuales del auxilio en su cuenta individual, lo que impide atribuir a los agentes el pago reconocido en la conciliación. La providencia confirma la negativa de las pretensiones y no altera el régimen probatorio de la culpa grave. En la práctica, la entidad que promueva la repetición debe probar individualmente la conducta de cada demandado y su relación causal con el pago, sin trasladar al agente el costo de un acuerdo conciliatorio cuando falta esa prueba. Esa carga resulta especialmente exigente cuando el daño se atribuye a una omisión de notificación que la propia administración debía cumplir.síntesis automática
También resuelve:¿En los documentos allegados consta a cuál de los servidores o exservidor demandados le correspondía la función de reconocer el auxilio de cesantías y notificar el acto de reconocimiento?¿El pago asumido por el ente accionante con motivo de la reliquidación del auxilio de cesantías de la servidora devino por la aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional?¿La legitimación en la causa se clasifica en procesal o de hecho, y material?
¿Debe aplicarse al caso sub examine, la ley 678 de 2001 en aplicación del principio de irretroactividad? No
La Ley 678 de 2001 no se aplica a los aspectos sustanciales de la acción de repetición cuando la condena que la origina y los hechos son anteriores a su vigencia, y que el pago de la condena puede acreditarse por cualquier medio legalmente válido. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, en virtud del principio de irretroactividad, la ley se aplica a los hechos ocurridos desde su vigencia y hasta su derogación, sin perjuicio de excepciones; los hechos anteriores siguen la normativa previa. Segunda, las decisiones que sustentaron la condena se dictaron en 1994 y 1995, es decir, antes de la vigencia de la Ley 678 de 2001. Tercera, el ordenamiento civil no establece una tarifa legal para acreditar el pago, por lo que los documentos aportados, como comprobantes de egreso y certificados de disponibilidad, pueden acreditar el pago de la condena. La providencia confirma la decisión y reitera la jurisprudencia sobre la aplicación temporal de la ley. La consecuencia práctica es que la fecha de los hechos y de la condena determina la ley sustancial de la repetición, y la prueba del pago se aprecia por las reglas de la sana crítica.síntesis automática
También resuelve:¿Los documentos allegados por la parte demandante al caso sub examine, acreditan el pago efectivo de la condena judicial en cumplimiento de la sentencia del 2 de junio de 2005 proferida por el…¿Se configuró dolo o culpa grave por parte del demandado en el caso sub examine, en cuanto el mismo adoptó las decisiones que condujeron a la privación de la libertad por el delito de peculado por…¿Procede la condena en costas procesales en el caso sub examine, aunque el demandado no haya intervenido en la segunda instancia?
¿La conducta de la accionada, en condición de directora encargada de la UAESP, puede ser calificada como dolosa según la presunción prevista en el artículo 5.1 de la Ley 678 de 2001, porque el acto integrador que comunicó la supresión de un cargo, que aquella expidió, fue anulado por falsa motivación? No
En la acción de repetición, la presunción de dolo prevista en el artículo 5.1 de la Ley 678 de 2001 exige que el hecho indicador sea suficiente para deducir la conducta dolosa, y no basta con la anulación de un acto por falsa motivación. Cuando la actuación administrativa se compone de un acto que define la situación jurídica y de otro que le da eficacia y expresa la decisión, el juez debe examinar cada etapa para establecer si la conducta del agente repercutió en la configuración del daño. La primera razón es que el acto integrador por sí solo no revela la intención del agente. La segunda es que la nulidad del acto no prueba el propósito de la conducta. La tercera es que la presunción solo opera cuando el indicador está acreditado en el caso concreto. La providencia revoca la decisión de primera instancia porque el hecho indicador resultó insuficiente. En la práctica, la entidad debe demostrar cómo la actuación del servidor en cada etapa contribuyó al daño y no puede apoyarse solo en la nulidad del acto.síntesis automática
También resuelve:¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición?¿La Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos?¿La declaración de responsabilidad patrimonial del Estado demuestra, automáticamente, el dolo o la culpa grave del funcionario?
¿Los agentes de la Policía Nacional incurrieron en una conducta gravemente culposa, al disponer la retención de dos civiles, en un lugar que no cumplía con las condiciones mínimas exigidas para ello y que, a la postre, fue objeto de una conflagración en la que aquellos perdieron la vida? Sí
Los agentes de policía que disponen la retención de personas en un lugar que no reúne condiciones mínimas de seguridad y, en consecuencia, causan su muerte, incurren en culpa grave cuando infringen el deber objetivo de cuidado y no prevén los efectos nocivos de su actuación. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, los agentes actuaron en contra de una prohibición expresa del reglamento, pese a haber sido advertidos sobre el uso del lugar, lo que constituye una infracción al deber de cuidado en los términos del artículo 63 del Código Civil. Segunda, la culpa grave no requiere intención de causar la muerte, pues basta una conducta grosera, negligente, despreocupada y temeraria que sea determinante del resultado. Tercera, para fijar la participación de cada agente en el daño se considera su cargo y jerarquía al momento de los hechos. La providencia revoca la sentencia de primera instancia y declara la responsabilidad patrimonial de los demandados en repetición. La consecuencia práctica es que la retención de personas en lugares no habilitados, con advertencia previa de su prohibición, configura el elemento subjetivo de la repetición.síntesis automática
También resuelve:¿En el presente asunto se encuentra acreditado, con las pruebas practicadas: (i) la condición de agentes de policía de los demandados para la época en que ocurrieron los hechos…¿Un subalterno cuando tuviera dudas sobre la conveniencia o legalidad de una orden particular debía advertírselo al superior jerárquico?¿Las partes accionante y accionada se encuentran legitimados en la causa por activa y pasiva respectivamente?
Auto interlocutorio — Auto que dispone trámite de sentencia anticipada2025-10-28Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 11001032600020180004500LEY 1437 REPETICION
¿Procede aplicar las disposiciones procesales de la Ley 2080 de 2021 al proceso judicial iniciado bajo la vigencia de la Ley 1437 de 2011, cuando la decisión a adoptar no se encuentra dentro de las excepciones previstas en el artículo 86 de la Ley 2080 de 2021? Sí
El juez puede aplicar las disposiciones procesales de la Ley 2080 de 2021 a un proceso iniciado bajo la vigencia de la Ley 1437 de 2011, siempre que la decisión no se encuentre dentro de las excepciones previstas en el artículo 86 de la Ley 2080, y que las disposiciones del Código General del Proceso sean aplicables en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del Código Procesal Administrativo y Contencioso Administrativo. Además, el juez puede dictar sentencia anticipada antes de la audiencia inicial si se configuran las causales establecidas en el artículo 182A del CPACA, lo que incluye asuntos de puro derecho, ausencia de necesidad de practicar pruebas y solicitud de pruebas documentales sin tacha o desconocimiento, siempre que las pruebas solicitadas sean impertinentes, inconducentes o inútiles. Esta regla facilita la aplicación de principios de economía y celeridad procesal, pero garantiza el debido proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Procede prescindir de las etapas procesales ordinarias y dictar sentencia anticipada antes de la audiencia inicial, en virtud del artículo 182A del CPACA…¿Procede dictar sentencia anticipada cuando las pruebas solicitadas por las partes, distintas de las documentales, no cumplen con los requisitos legales para su decreto por ser impertinentes…¿El objeto del proceso se circunscribe a determinar si el Director General del Instituto Colombiano de Geología y Minería –INGEOMINAS–…
¿Debe aplicarse la Ley 678 de 2001 en los aspectos sustanciales de este asunto, considerando que, los hechos que sustentaron la condena en contra del demandante ocurrieron el 8 de junio de 1998, cuando fue suscrito el oficio 056447 con el que se ordenó la entrega del vehículo automotor? No
Esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos. En ese orden, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior.
También resuelve:¿La existencia de una condena judicial en firme, que impuso una sentencia condenatoria en contra del ente demandante, presta mérito como presupuesto de la responsabilidad del funcionario…¿El actuar gravemente culposo del inspector de tránsito demandado no se configuró, debido a que la Ley 678 de 2001 no estaba en vigor cuando sucedieron los hechos que dieron lugar a la condena del…¿Aunque los testimonios provienen de exfuncionarios de la entidad demandada en el proceso de reparación directa y resultan sospechosos, no pueden desecharse de plano por el juez…
¿Debe aplicarse al caso sub examine, la Ley 678 de 2001 porque el hecho dañoso origen de la condena ocurrió el 12 de noviembre de 2009, por lo que, el demandante tiene que especificar la presunción concreta a partir de la cual le atribuye responsabilidad al servidor o ex servidor público demandado? Sí
En la acción de repetición, la Ley 678 de 2001 rige el análisis del dolo o de la culpa grave solo respecto de los hechos ocurridos desde su vigencia y hasta su derogatoria, por el principio de irretroactividad. Si los hechos que originaron la condena son anteriores, continúa aplicándose la normativa previa, y si son posteriores, la ley rige la valoración del agente en lugar de las nociones generales del régimen anterior. La primera razón es la irretroactividad, que constituye la regla general. La segunda es la excepción de efectos retroactivos, que opera de manera excepcional. La tercera es la exigencia de precisar la presunción concreta que fundamenta la responsabilidad del servidor o exservidor demandado, lo que impide un análisis genérico de la conducta. La providencia confirma la decisión de primera instancia y reitera la jurisprudencia sobre la aplicación temporal de la ley. En la práctica, cuando el hecho dañoso ocurre después de la vigencia de la ley, el demandante debe identificar la presunción que invoca desde la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿Puede probarse el dolo o la culpa grave del funcionario público con la sola declaración de responsabilidad patrimonial del Estado…¿El demandado en condición de patrullero de la Policía Nacional incurrió en una conducta gravemente culposa por desconocimiento del manual de uso de las armas con sujeción a los principios de…¿Las sentencias judiciales pueden probar los hechos que le sirvieron de fundamento?