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¿La E.S.P. ejerció de manera injustificada la facultad de terminación unilateral del contrato? Sí
La Subsección resolverá desfavorablemente el recurso de apelación presentado por Genmas S.A. E.S.P. y confirmará la sentencia de primera instancia. Lo manifestado por [la contratante en los términos de referencia] otorgó certeza a la contratista de que el dinero de la construcción estaba garantizado, dado que se señaló que su financiación provendría de recursos propios de la entidad. Genmas S.A. E.S.P. ejerció de manera injustificada la facultad de terminación unilateral del contrato, debido a que no acreditó la circunstancia económica de la empresa que alegó como fundamento para el ejercicio de la prerrogativa contractual, por lo que se materializó su incumplimiento del negocio jurídico.
También resuelve:¿Lo convenido correspondió a un contrato de obra a precios unitarios que fue suscrito con el objetivo de desarrollar las obras civiles de una central hidroeléctrica…¿El perfeccionamiento del negocio se dio con la suscripción del documento correspondiente por las partes, en el que la accionante se obligó a construir las obras civiles de la central hidroeléctrica?¿La potestad de terminación unilateral del contrato se ejerció sin justa causa, por lo que la conducta de la contratante constituyó un incumplimiento del contrato?
¿La actividad contractual de la Empresa Social del Estado demandada se rige por el derecho privado, pero puede utilizar de forma discrecional las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto General de Contratación de la administración pública? Sí
El contratista puede solicitar la declaración de incumplimiento del contrato estatal cuando la entidad demandada ejerza la terminación unilateral sin justificar adecuadamente su decisión ni garantizar el derecho de defensa del contratista, ya que aunque la terminación unilateral por decisión autónoma no está sujeta al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP), la entidad debe actuar de manera transparente y justa. La Sala reitera que el ejercicio de la terminación unilateral debe respetar el debido proceso y el derecho de defensa, y que la falta de claridad en la terminación unilateral puede generar un escenario injusto para el contratista, lo que implica que la entidad debe exponer las razones que sustentan su decisión para permitir una discusión efectiva ante el juez del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse el incumplimiento del contrato estatal por el ejercicio abusivo de la facultad de terminación unilateral por parte la Empresa Social del Estado demandada…¿Debe reconocerse el pago de la cláusula penal pecuniaria a favor del contratista, pero de forma proporcional en virtud del cumplimiento parcial de las prestaciones por parte de la administración?¿Deben reconocerse perjuicios adicionales al pago de la clausula penal pecuniaria, esto es, por encima de su valor, dado el incumplimiento parcial del contrato por la administración?
¿Los actos administrativos demandados dieron por terminado unilateralmente el contrato, por lo que debe entenderse que la entidad estatal ejerció la facultad de terminación unilateral prevista en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993? No
El contratista no puede impugnar la terminación del contrato por vencimiento del plazo pactado, ya que los actos administrativos de Corpoguarjira indican que el contrato finalizó por el vencimiento del plazo de ejecución, no por una terminación unilateral, y el plazo inicial de 16 meses, prorrogado por nueve meses más, había expirado antes de la fecha de expedición de dichos actos. Además, el contrato celebrado entre Corpoguarjira y Acuavalle, a pesar de ser denominado convenio interadministrativo, es en realidad un contrato interadministrativo de obra sometido al estatuto general de contratación estatal, por lo que Corpoguarjira tiene competencia para declarar el incumplimiento del contrato y hacer efectiva la cláusula penal mediante actos administrativos, conforme al artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que permite a las entidades declarar el incumplimiento del contrato luego de su terminación y hacer efectiva la cláusula penal, siempre y cuando dicha facultad haya sido pactada en el contrato, como en este caso. Esto implica que la entidad estatal puede adoptar decisiones contractuales en conformidad con el régimen jurídico aplicable a los contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿En el contrato administrativo suscrito entre las partes, al ser un contrato cuyo régimen jurídico no era el derecho privado sino el contemplado en el estatuto general de la contratación estatal…
¿El contrato para la introducción y comercialización de licores, celebrado entre el departamento de Valle del Cauca y la sociedad demandante, estaba regido por la Ley 80 de 1993 y debió haber estado precedido de un procedimiento licitatorio para la selección del contratista? Sí
Cuando el departamento celebra contratos para la introducción y comercialización de licores en desarrollo del monopolio de arbitrio rentístico, esos contratos están regidos por la Ley 80 de 1993 y la selección del contratista debe hacerse por un procedimiento competitivo, como la licitación pública. La regla se apoya en tres razones. Primera, el artículo 63 de la Ley 14 de 1983 y el artículo 123 del Decreto 1222 de 1986 permiten celebrar esos negocios dentro de las normas de contratación vigentes. Segunda, el Consejo de Estado ha concluido que, desde la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993, el departamento debe ceñirse a esa ley, al no existir un régimen especial para la selección de los contratistas. Tercera, a falta de una regla específica, la modalidad de selección de contratistas particulares por parte del departamento era la licitación. En consecuencia, la providencia revoca la decisión que había considerado el contrato regido por el derecho privado. El documento reitera esa línea sobre el régimen de estos contratos.síntesis automática
También resuelve:¿Los actos administrativos demandados mediante los cuales se declaró la terminación unilateral del contrato, al haberse celebrado contra expresa prohibición legal o constitucional por la pretermisión…¿Debe declararse la nulidad absoluta del contrato para la introducción y¿En vigencia del C.P.A.C.A. y del Código General del Proceso, resulta procedente condenar en costas en segunda instancia a la parte a quien se le resuelve parcialmente favorable el recurso de…
¿Son nulos los actos administrativos que, con base en la competencia del inciso segundo del artículo 45 de la Ley 80 de 1993, terminaron unilateralmente un contrato de distribución de licor, con fundamento en que se firmó contra expresa prohibición legal -numeral 2 art. 44 de la Ley 80 de 1993- porque no se tenía registro sanitario, se afectó el postulado de selección objetiva, el contratista no estaba inscrito en el registro de proponentes y contrató sin capacidad para obligarse? No
El contratista no puede ser objeto de terminación unilateral del contrato por nulidad absoluta basada en la falta de registro sanitario, la violación del principio de selección objetiva, la ausencia de inscripción en el registro de proponentes o la falta de capacidad para obligarse, ya que estas circunstancias no constituyen una prohibición expresa legal o constitucional que genere la nulidad del contrato. La falta de motivación detallada y la ausencia de una prohibición expresa en la norma aplicada implica la nulidad del acto administrativo que termina unilateralmente el contrato. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, matizando la interpretación restrictiva de las causales de nulidad en contratos estatales, lo que implica que las entidades estatales deben fundamentar con rigor legal y constitucional cualquier terminación unilateral basada en la nulidad absoluta del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Por regla general, los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 de ese estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes?¿La legitimación en la causa es de hecho y material?¿El liquidador debe elaborar un inventario de los procesos judiciales de la entidad en liquidación?
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las controversias sobre contratos del Estado, dada la naturaleza del asunto y en consideración a la cuantía del proceso? Sí
Las controversias sobre contratos del Estado corresponden a la jurisdicción de lo contencioso administrativo conforme al artículo 104 del CPACA, y la segunda instancia procede cuando la cuantía del proceso supera los 500 SMLMV. La regla se apoya en que el contrato fue celebrado por una entidad de naturaleza pública, un establecimiento público del orden departamental, lo que confirma el carácter público del asunto. Además, la vocación de doble instancia depende de la cuantía del proceso, que en este caso superaba el monto legal para el año de la controversia. En el asunto, el contrato de arrendamiento celebrado por el instituto fue objeto de controversia y la Sala asumió la competencia para resolver la apelación contra la sentencia de primera instancia. La Sala modificó la sentencia apelada. En la práctica, el contrato de arrendamiento de una entidad pública llega a la jurisdicción contenciosa cuando supera la cuantía de la doble instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente el medio de control de controversias contractuales para demandar el incumplimiento del contrato de arrendamiento…¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para solicitar la declaratoria del incumplimiento de un contrato de arrendamiento?¿El departamento del Atlántico está legitimado en la causa por pasiva en el presente proceso de controversias contractuales…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2025-08-15Sección Tercera (Subsección A)JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZRad. 25000233600020210032501LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Para la fecha de presentación de la solicitud de pruebas en segunda instancia, había fenecido el término para pedirlas? Sí
El contratista no puede solicitar pruebas en segunda instancia una vez vencido el término legal, que según el artículo 212 del CPACA, corre hasta la ejecutoria del auto que admite el recurso, lo que en este caso ocurrió del 5 al 7 de febrero de 2025, antes de la fecha de la solicitud probatoria. Aunque el solicitante argumenta que la prueba se refiere a un hecho sobreviniente, la preclusión establece que las actuaciones deben efectuarse en el tiempo dispuesto, evitando transgresiones al derecho de contradicción y defensa. Además, el documento que pretende acreditar el archivo de la investigación penal no es un elemento de juicio determinante para desvirtuar el fundamento de la terminación unilateral del contrato, ya que la cláusula en cuestión solo requiere el indicio del delito, no su comisión efectiva. Por último, el auto que niegue el decreto o la práctica de pruebas es susceptible de ser controvertido mediante recurso de súplica, directamente o como subsidiario de la reposición, según lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 246 del CPACA.síntesis automática
También resuelve:¿El documento que se pretende hacer valer no es un elemento de juicio determinante, ya que solo acredita el archivo de la investigación penal?¿El auto que niegue el decreto o la práctica de pruebas es susceptible de ser controvertido mediante recurso de súplica?
¿Queda el juez relevado del estudio de fondo del recurso de apelación, cuando en primera instancia se declara la nulidad del acto de terminación unilateral del contrato, con fundamento en dos motivos, siendo el primero suficiente para tal declaración y el apelante solo se fundamenta en el segundo, por argumentación insuficiente del recurso? Sí
El juez de segunda instancia queda relevado del estudio de fondo del recurso de apelación cuando en primera instancia se declara la nulidad del acto de terminación unilateral del contrato con dos motivos, siendo el primero suficiente para tal declaración, y el apelante solo se fundamenta en el segundo, por argumentación insuficiente del recurso, lo que implica que la decisión de primera instancia mantiene su validez. Además, la nulidad del acto de terminación unilateral no garantiza automáticamente el reconocimiento de perjuicios, los cuales deben estar acreditados y demostrarse que su ocurrencia fue consecuencia directa del acto anulado. Asimismo, no procede la reclamación de indemnización de perjuicios morales a favor de los socios de la sociedad demandante cuando la demanda fue presentada por la sociedad como persona jurídica autónoma. Finalmente, el reconocimiento de mejoras necesarias al bien arrendado no procede cuando estas, junto con las mejoras útiles, se incluyeron en el acto de liquidación del contrato y el actor no probó que se hubiera superado ese valor.síntesis automática
También resuelve:¿Los perjuicios por el acto de terminación unilateral del contrato que se declara nulo deben estar acreditados, así como, el hecho de que su ocurrencia fue consecuencia directa del acto anulado…¿Resulta procedente la reclamación de indemnización de perjuicios morales a favor de cada uno de los socios que integraban la sociedad demandante cuando quien hizo parte del litigio fue la sociedad…¿Procede el reconocimiento de mejoras necesarias al bien arrendado cuando estas, junto con las mejoras útiles, se incluyeron por la entidad en el acto de liquidación del contrato y el actor no probó…
¿El concesionario debió probar que durante el plazo de ejecución realizó inversiones en bienes reversibles, esperando amortizarlos y obtener una remuneración hasta el fin del plazo inicialmente estipulado, en los términos pactados en el contrato? Sí
El concesionario debe probar que durante el plazo de ejecución realizó inversiones en bienes reversibles, esperando amortizarlos y obtener una remuneración hasta el fin del plazo inicialmente estipulado, en los términos pactados en el contrato, ya que la falta de evidencia de estas inversiones y su amortización impide que el concesionario reclame por los ingresos anuales restantes de la concesión. Además, la terminación unilateral del contrato no genera automáticamente un derecho a indemnización, sino que debe demostrarse el daño efectivamente causado y la existencia de perjuicios morales, lo cual requiere una carga probatoria suficiente. La decisión administrativa debe contener una descripción detallada de las exigencias del servicio público que dieron lugar a la terminación unilateral, y no puede ejercerse veladamente la cláusula de caducidad sin un fundamento legal claro. Esta sentencia reitera y matiza precedentes sobre la terminación unilateral de contratos de concesión, estableciendo que la administración debe cumplir con los requisitos legales y contractuales para terminar unilateralmente un contrato, y que el concesionario debe demostrar adecuadamente cualquier reclamación por daños y perjuicios.síntesis automática
También resuelve:¿La imposibilidad de establecer la existencia del daño efectivamente causado al concesionario impide que sea beneficiario de lo que quedaba de la concesión?¿La decisión atacada contiene una descripción detallada de las exigencias del servicio público que dieron lugar a la terminación unilateral?¿La auditoría se limitó a determinar el aspecto de la explotación económica de la concesión estableciendo los ingresos para unas vigencias?
¿De conformidad con la normatividad vigente para la época de los hechos, procede la terminación unilateral del contrato de comodato celebrado con un particular y por el tiempo de 6 años? si Sí
El contratista no procede a solicitar restituciones mutuas cuando se declara oficiosamente la nulidad absoluta del contrato de comodato y no existen pruebas de las mismas, ya que la ley establece que para exigir restituciones mutuas debe demostrarse que se han realizado las devoluciones de bienes y pagos conforme a lo pactado. La entidad estatal termina unilateralmente el contrato de comodato celebrado con un particular por seis años, dado que este se celebró contra la prohibición legal de la Ley 9 de 1989, que limita el plazo máximo a cinco años. La nulidad absoluta del contrato se declara de oficio por la violación de la ley, y no se considera saneada por prescripción, ya que la interrupción de la prescripción extintiva se produjo dentro del término legal. Esta sentencia reitera la jurisprudencia sobre la terminación unilateral de contratos estatales y la declaración de nulidad absoluta por incumplimiento de requisitos legales, lo que implica que los contratos que violan disposiciones legales pueden ser declarados nulos y terminados unilateralmente por la administración.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente declara de manera oficiosa la nulidad absoluta del contrato de comodato por haberse celebrado sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley?¿Proceden las restituciones mutuas por haberse declarado de manera oficiosa la nulidad absoluta del contrato de comodato y sin que exista prueba?¿Procede o no la acumulación de las pretensiones formuladas por la parte demandante de conformidad con lo establecido en el artículo 82 del C.P.C.?
¿Para el estudio de la existencia del desequilibrio económico del contrato, se requiere que exista o se solicite su liquidación? ¿Se demostró el desequilibrio económico contractual? No
El contratista no necesita solicitar la liquidación del contrato para que la entidad estatal o el juez estudien la existencia de un desequilibrio económico, ya que la ley permite que se pronuncien sobre este aspecto sin dicha petición. Sin embargo, en este caso, no se demostró la existencia de un desequilibrio económico contractual, por lo que la entidad estatal no está obligada a restablecer el equilibrio financiero del contrato. La Sala confirmó la sentencia de primera instancia, lo que implica que el contratista no puede obtener el restablecimiento del equilibrio económico sin acreditar adecuadamente la existencia de un desequilibrio financiero.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales fue presentada de manera oportuna?¿El restablecimiento de la ecuación contractual es un derecho previsto a favor del contratista que tiene como condición para su reconocimiento que se presenten situaciones imprevistas no imputables…
¿La acción de controversias contractuales se presentó dentro de los 2 años contados a partir del vencimiento del término para liquidar bilateral o unilateralmente el convenio interadministrativo No. 1128 del 18 de julio de 2005? Sí
El contratista presenta la acción de controversias contractuales dentro de los dos años contados a partir del vencimiento del término para liquidar bilateral o unilateralmente el convenio interadministrativo, siempre que no se haya establecido un plazo específico para la liquidación unilateral y el legislador no haya previsto un término distinto. En este caso, el convenio interadministrativo No. 1128 del 18 de julio de 2005 estipuló que la liquidación se efectuaría de común acuerdo dentro de los cuatro meses siguientes a su terminación, y que, vencido este plazo, el Invías procedería a liquidarlo de forma unilateral sin señalar un término específico. La Sala, de conformidad con su jurisprudencia, consideró que el plazo de dos meses previsto en el literal (d) del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo es aplicable en ausencia de un plazo específico para la liquidación unilateral. Así, el término para liquidar el convenio bilateralmente venció el 1° de mayo de 2008, mientras que el plazo para liquidarlo unilateralmente expiró el 2 de julio de 2008, permitiendo que la acción de controversias contractuales se presentara dentro del plazo legal, reiterando la jurisprudencia sobre el cómputo del término de caducidad en este tipo de casos.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente valorar los documentos que fueron aportados al proceso en copia simple, si los mismos no fueron tachados de falsos?¿Cuentan con mérito probatorio las declaraciones que rindieron los testigos, a pesar de que uno de ellos desconoce lo acontecido en el marco del convenio interadministrativo y de que los demás no…¿El acuerdo de voluntades celebrado entre el INVÍAS y el municipio de Puerto Inírida tiene las características propias de un convenio interadministrativo…
¿Cuál es el régimen normativo aplicable a los contratos celebrados por Ecopetrol? Sí
El contratista no está sujeto al régimen normativo de contratación estatal cuando celebra contratos con Ecopetrol, ya que la Ley 1118 de 2006 establece que las actuaciones de Ecopetrol se rigen exclusivamente por el derecho privado, descartando la posibilidad de pactar cláusulas excepcionales y la competencia para expedir actos administrativos. Por ende, las comunicaciones o actos jurídicos contractuales emitidos por Ecopetrol no son considerados actos administrativos, por lo que la jurisdicción de lo contencioso administrativo no tiene competencia para pronunciarse sobre su validez. Además, en contratos regidos por el derecho privado celebrados por Ecopetrol, la entidad debe acreditar la habilitación legal o contractual de su contraparte para terminar el contrato unilateralmente, lo cual no se cumplió en el caso analizado. Asimismo, la carga probatoria de demostrar que el contratista está incurso en un conflicto de intereses que le impide ejecutar el contrato recae sobre Ecopetrol, evidencia que no fue aportada en el proceso. Este precedente reitera y matiza la aplicación del régimen contractual de Ecopetrol, limitando la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa y estableciendo las cargas probatorias en contratos privados celebrados por la entidad.síntesis automática
También resuelve:¿Las comunicaciones o actos jurídicos contractuales emitidas por Ecopetrol SA llamados a producir efectos jurídicos, son actos administrativos?¿En el contrato que se rige por el derecho privado celebrado por Ecopetrol, quién tiene la carga procesal de demostrar la habilitación legal o contractual de su contraparte para terminar el contrato…¿A quién le corresponde probar que el contratista está incurso en un conflicto de intereses que le impide ejecutar el contrato?
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de los procesos de controversias contractuales iniciados para demandar los actos mediante los cuales se da por terminado y se liquida de forma unilateral un contrato estatal? Sí
La competencia en segunda instancia para conocer de los procesos de controversias contractuales en que se demanda la nulidad de los actos mediante los cuales la entidad pública da por terminado y liquida unilateralmente un contrato estatal corresponde al Consejo de Estado, conforme al artículo 104 del CPACA y a la cuantía que fija el numeral 5 del artículo 152. Una razón es que el artículo 104 atribuye a la jurisdicción las controversias originadas en actos, contratos y hechos sujetos al derecho administrativo en los que intervienen entidades públicas, y la demanda controvertía la terminación y las resoluciones de liquidación unilateral de un contrato interadministrativo. Otra razón es que la cuantía de las pretensiones superaba los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que da vocación de doble instancia. En el caso, la parte actora reclamó el daño emergente y el lucro cesante derivados de la terminación y la liquidación unilateral, y la Sala modificó la decisión de primera instancia. Su consecuencia práctica es que la vía de controversias contractuales es la adecuada para impugnar la terminación y liquidación unilateral cuando la cuantía supera el umbral legal.síntesis automática
También resuelve:¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar la nulidad de los actos que terminaron y liquidaron unilateralmente un contrato…¿La Asociación de Universidades Públicas del Eje Cafetero para el Desarrollo Regional constituye una persona jurídica sin ánimo de lucro de derecho público…¿El acuerdo de voluntades celebrado entre la Secretaría de Educación Distrital y la Red Alma Mater constituye un contrato estatal, que encuadra en la definición de un contrato interadministrativo?
¿Tienen merito probatorio las copias simples de documento? Sí
El contratista puede presentar copias simples de documentos como pruebas en un proceso, ya que el Consejo de Estado, en fallo de unificación, ha establecido que estas tienen mérito probatorio. Esta decisión modifica la posición anterior que rechazaba el valor probatorio de las copias simples, permitiendo que el juez las valore según las reglas de la sana crítica y en el contexto de la apreciación de todas las pruebas presentadas. En el caso específico, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de 28 de agosto de 2013, exp. 25022, determinó que las copias simples son admisibles como pruebas, lo que implica que en la práctica, los contratistas pueden utilizar este tipo de documentos para respaldar sus alegatos sin necesidad de presentar el original.síntesis automática
También resuelve:¿El mérito probatorio de los documentos lo asigna el juez, luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto?¿Puede ser valorada por el juez una declaración extrajuicio que no fue ratificada?¿Debe aplicarse además del derecho privado, la Ley 80 de 1993 al contrato de obra donde fue parte el Municipio de Rionegro?
¿Una entidad estatal está facultada para revocar de manera unilateral el acto administrativo de adjudicación de un contrato estatal?
El acto de adjudicación es un acto administrativo de carácter definitivo y de alcance particular que manifiesta la voluntad de la entidad de contratar con un oferente determinado. Por regla general, es irrevocable y obligatorio tanto para la entidad contratante como para el adjudicatario, de modo que, una vez expedido, termina el proceso de selección y decide de manera definitiva sobre la celebración del contrato. Esta característica se explica porque la adjudicación es el momento en que nace para las partes la obligación de celebrar el contrato, aunque el acto no produzca por sí mismo las obligaciones y derechos del contrato. Según el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007, en la licitación pública la adjudicación se hace, en general, en audiencia pública, en la que los interesados pueden pronunciarse sobre las observaciones al informe de evaluación antes de la decisión. El acto debe motivarse de forma razonada y suficiente y notificarse al adjudicatario y comunicarse a los demás oferentes. En consecuencia, la entidad no puede revocar unilateralmente el acto de adjudicación por regla general, salvo que el ordenamiento jurídico lo permita de manera expresa.síntesis automática
También resuelve:Audiencia de adjudicación: características, licitación pública, obligatoriedad, audiencia públicaActo de adjudicación: naturaleza jurídica, acto administrativo, obligaciones, característicasRevocación directa: naturaleza jurídica, excepción aplicable, inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente, el acto de adjudicación se obtuvo por medios ilegales
¿El contratista incumplió el contrato y no demostró la excepción de contrato no cumplido que justifique dicho incumplimiento? Sí
El contratista incumple el contrato y no demuestra la excepción de contrato no cumplido que justifique dicho incumplimiento, por lo que la entidad estatal puede declarar la terminación unilateral y aplicar la cláusula penal pecuniaria pactada, sin necesidad de emitir un acto administrativo. La Sala modifica la sentencia al establecer que las facultades unilaterales no están prohibidas en contratos regidos por el derecho privado, siempre y cuando no se ejerzan mediante acto administrativo. Además, reitera que en derecho común es posible pactar una cláusula penal con función de apremio, y que para que prosperara la excepción de contrato no cumplido, el contratista debía demostrar que los incumplimientos de la entidad estatal generaron directamente sus propios incumplimientos, lo cual no se probó en este caso. Esta decisión implica que las partes deben cumplir rigurosamente con las condiciones estipuladas en el contrato para ejercer sus facultades unilaterales y que la excepción de contrato no cumplido requiere una conexión directa entre los incumplimientos alegados.síntesis automática
También resuelve:¿La formulación de pretensiones como principales y subsidiarias tiene como objeto indicarle al juzgador cuál es la declaración que el demandante solicita que se resuelva en primer lugar?¿En derecho privado, las facultades unilaterales están prohibidas?¿En derecho común es posible pactar una cláusula penal con función de apremio?
¿La decisión del liquidador en el proceso de liquidación de la ESE Francisco de Paula Santander relativa a la terminación unilateral del contrato de asociación no. 0678 de 2006, constituye un acto administrativo contractual, por lo que debe declararse la excepción de falta de jurisdicción al existir pacto de una cláusula compromisoria en el negocio jurídico? No
El liquidador en el proceso de liquidación de la ESE Francisco de Paula Santander emite actos administrativos que no son contractuales, por lo que no caen bajo la competencia de un tribunal arbitral ni pueden ser objeto de una acción de controversias contractuales. Esto se debe a que la terminación del contrato de asociación no. 0678 de 2006 fue una decisión derivada de la orden de supresión y liquidación de la ESE, no de una decisión unilateral de las partes o de un conflicto contractual. Por tanto, la decisión del liquidador no constituye un acto administrativo contractual, y la excepción de falta de jurisdicción por pacto de cláusula compromisoria no prospera. Esto implica que las acciones basadas en la terminación del contrato por parte del liquidador deben ser abordadas a través de otros mecanismos legales distintos a la controversia contractual.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales es la idónea para demandar la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales el liquidador de la ESE Francisco de Paula Santander comunicó la…
54001233300020170063301 de 20252025-10-21Rad. 54001233300020170063301
El contratista puede solicitar la nulidad de un acta de terminación unilateral del contrato estatal si esta adolece de vicios como la falsa motivación, especialmente cuando no se demuestra que el contrato haya reportado beneficio alguno a la entidad estatal. La terminación unilateral del contrato estatal debe fundamentarse en causales específicas establecidas en la Ley 80 de 1993, como la configuración de causales de nulidad absoluta del contrato, y debe ser motivada debidamente por la entidad. En este caso, la Sala revocó la sentencia del tribunal y declaró la nulidad del acta de terminación del contrato, al constatar que no se probó el restablecimiento del derecho solicitado y que el contrato era absolutamente nulo, lo que implica que las entidades estatales deben ser cautelosas al terminar unilateralmente contratos y asegurar que dicha terminación cumpla con los requisitos legales establecidos.síntesis automática
También resuelve:Terminación unilateral del contrato estatal: potestad excepcional, artículos 14 y 17 Ley 80 de 1993Terminación unilateral: diferencias entre artículo 14 y 17 Ley 80 de 1993, causales de nulidad absoluta, Ley 80 de 1993 artículo 45Resolución del contrato: estipulación de común acuerdo, responsabilidad contractual