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¿Se encontró demostrada la excepción de inexistencia del título de recaudo por haberse desvirtuado la autenticidad del acta de liquidación ? Sí
El contratista no puede demandar ejecutivamente un título de recaudo cuando se desvirtúa la autenticidad del documento que lo sustenta, como en este caso la acta de liquidación, ya que la autenticidad es un requisito esencial para que el título sea considerado válido y confiable, junto con la obligación clara, expresa y exigible que debe constar en él. La Sala revoca la sentencia de primera instancia y declara probada la excepción de inexistencia del título ejecutivo, terminando así el proceso ejecutivo y ordenando el levantamiento de las medidas cautelares. Además, se condena al ejecutante en costas, incluyendo agencias en derecho equivalentes al uno por ciento del valor revocado en segunda instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la condena en costas en el proceso ejecutivo?
¿Los socios de una sociedad de responsabilidad limitada, que se encuentra en liquidación obligatoria, deben responder por el incumplimiento de un contrato celebrado por la sociedad y, de no ser así, es procedente el enriquecimiento sin justa causa? No
El contratista no responde subsidiariamente por el incumplimiento de un contrato celebrado por una sociedad de responsabilidad limitada en liquidación obligatoria, ya que no se probó que el patrimonio de la sociedad fuera insuficiente para cubrir las obligaciones y que el crédito del demandante hubiera sido reconocido en el trámite de liquidación. Además, la entidad estatal no asumió las obligaciones de la sociedad bajo condiciones que no se cumplieron, por lo que no puede ser responsabilizada por el incumplimiento. La acción de enriquecimiento sin justa causa no procede porque el desplazamiento patrimonial tiene una causa jurídica y el contratante tiene otras acciones contractuales para reparar la situación. Esta decisión modifica la jurisprudencia anterior y limita la responsabilidad de los socios en casos de liquidación obligatoria de sociedades.síntesis automática
También resuelve:¿Persona, sujeto de derechos y personalidad jurídica son conceptos análogos?¿El abuso del derecho se presenta cuando el ejercicio de una prerrogativa otorgada por la ley se realiza en forma contraria a su propia finalidad?¿La acumulación de pretensiones en contra de un mismo demandado procede, siempre que el juez sea competente para conocerlas todas…
¿Es posible otorgar eficacia probatoria a la prueba aportada en medio magnético por el demandante, considerando que, pese a que la entidad demandada refutó de manera general su contenido, para atacar a través de la figura del desconocimiento la presunción de autenticidad que opera sobre el documento, no bastaba con que la parte en contra de la cual se aduce manifieste de manera general e injustificada que no le consta que el documento corresponda a quien la otra lo haya atribuido, sino que debe expresar los motivos que la llevan a hacer esa afirmación? Sí
El contratista puede otorgar eficacia probatoria a la prueba aportada en medio magnético, incluso cuando la entidad demandada refuta de manera general su contenido, siempre y cuando esta última exprese los motivos que la llevan a desconocer el documento, en lugar de hacerlo de manera general e injustificada. La presunción de autenticidad que opera sobre el documento no se desvirtúa simplemente por la falta de una certificación o constancia de autenticidad, y la entidad demandada debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 272 del Código General del Proceso para desconocer un documento. Esta regla reitera la importancia de la buena fe en la valoración de la prueba documental y matiza la interpretación de la figura del desconocimiento en el contexto de la prueba en medio magnético, lo que implica que las entidades estatales deben justificar adecuadamente cualquier refutación de la autenticidad de los documentos presentados en el proceso.síntesis automática
También resuelve:¿La base de datos aportada en medio magnético por el demandante, acredita que la liquidación unilateral del contrato de aseguramiento realizada por el Municipio es nula por falsa motivación…¿En vigencia del C.P.A.C.A., resulta procedente condenar en costas en segunda instancia a la parte vencida en el proceso, esto es, a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?
¿El permitir aportar un documento subsanable sobre los pagos oportunos al sistema de seguridad social vulnera las reglas de la licitación? No
La certificación de estar al día con el sistema de seguridad social y parafiscales es un requisito de control para evitar la evasión, y no una inhabilidad para contratar con el Estado. Esta regla se apoya en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuya redacción no establece expresamente una inhabilidad, y en el carácter taxativo de las inhabilidades, que no admite interpretación extensiva o analógica. Por ello, la entidad puede habilitar al proponente que aporta un documento subsanable sobre los pagos oportunos al sistema de seguridad social, sin infringir las reglas de la licitación. En el caso concreto la resolución de adjudicación no adolece de nulidad, porque el proponente seleccionado fue habilitado en esos términos. La sentencia fue confirmada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la falta de un documento subsanable de seguridad social no conduce, por sí sola, a la inhabilidad del proponente.síntesis automática
También resuelve:¿Si el contratista se encuentra al día y no aportó el medio de prueba, podrá allegarlo, pero en caso de que se encuentre incumplido, deberá ser rechazado y no podrá ser adjudicatario?¿Está demostrado que las reglas del proceso impusieran como causal de rechazo la ausencia de prueba del pago de parafiscales?¿La selección objetiva del contratista es un principio y deber fundamental en la actividad contractual Estatal que orienta todos los procesos de selección?
¿Puede un juez de segunda instancia pronunciarse de fondo si el apelante no presenta reparos concretos contra la sentencia de primera instancia? No
El juez de segunda instancia no puede pronunciarse de fondo si el apelante no presenta reparos concretos contra la sentencia de primera instancia, ya que la carga argumentativa del recurso de apelación requiere que el recurrente no se limite a reiterar los argumentos expuestos en la demanda, sino que debe presentar una fundamentación específica que permita al tribunal del segundo grado delimitar su competencia. En este caso, la Sala confirmó la sentencia de primera instancia al constatar que el apelante no cumplió con esta carga argumentativa, lo que implica que el juez de segunda instancia no puede revisar el fondo del asunto. Esta decisión reitera la importancia de la carga argumentativa en el recurso de apelación y limita la competencia del juez de segunda instancia cuando no se cumplen con los requisitos legales.síntesis automática
También resuelve:¿Es válida la liquidación unilateral de un convenio interadministrativo si se realiza dentro del término de dos años posterior a la expiración del plazo contractual?¿Puede considerarse debidamente motivada una resolución de liquidación unilateral sustentada en el informe de supervisión, sin que medie pronunciamiento previo de la Contraloría General?¿Procede la condena en costas contra el recurrente al no haber prosperado la apelación?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El contratista puede interponer recurso de apelación ante el Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo en primera instancia, dado que el Consejo de Estado es competente para conocer estos recursos de acuerdo con el artículo 129 del Decreto Ley 1 de 1984, y su competencia también se fundamenta en la cuantía de la pretensión, conforme al artículo 20 numeral 2 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 132 numeral 8 del Decreto Ley 1 de 1984. La Sala reitera esta posición, lo que implica que los recursos de apelación contra sentencias de primera instancia serán conocidos por el Consejo de Estado siempre que se cumplan con los requisitos de competencia y cuantía establecidos en la normativa vigente.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente la acción de controversias contractuales para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene del incumplimiento de un contrato?¿Para el cómputo de la caducidad de la acción de controversias contractuales, resulta aplicable el término de 20 años previsto en el artículo 55 de la Ley 80 de 1993?¿Procede la valoración de la copia simple de documento?
¿Procede la liquidación del contrato estatal en sede judicial ante la no liquidación del mismo ni bilateral ni unilateralmente? Sí
La liquidación de los contratos estatales se define como aquella actuación posterior a la terminación normal o anormal del contrato, mediante la cual se busca determinar si existen prestaciones, obligaciones o derechos a cargo o en favor de cada una de las partes, para, de ésta forma, realizar un balance final o un corte definitivo de las cuentas derivadas de la relación negocial, definiéndose quién le debe a quién y cuanto, es decir, que con dicha actuación se finiquita y se obtiene el paz y salvo de la relación negocial. La liquidación judicial es así el balance o corte de cuentas económico que realiza el juez sobre un determinado contrato estatal dentro de un proceso judicial y, que sólo resulta procedente en tanto no se haya realizado la liquidación bilateral, ni unilateral del respectivo contrato estatal celebrado.
También resuelve:¿Procede el reintegro de dineros correspondiente a un mayor valor devuelto y que no hacia parte del contrato interadministrativo?¿Procede la compensación entre las partes ante un saldo insoluto que no proviene de la obligación contractual?
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente2025-08-22Sección Tercera (Subsección A)JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZRad. 25000233600020200038801LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La jurisdicción de lo contencioso-administrativo es competente para conocer de una controversia derivada de un contrato celebrado por una entidad pública con carácter de institución financiera, vigilada por la Superintendencia Financiera, dentro del giro ordinario de sus negocios? No
El contratista no puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo para resolver una controversia derivada de un contrato celebrado con una entidad pública que actúa como institución financiera y está vigilada por la Superintendencia Financiera, siempre y cuando el contrato se encuentre dentro del giro ordinario de los negocios de la entidad financiera. Esta regla se fundamenta en que la falta de jurisdicción y la incompetencia por factores subjetivo y funcional son improrrogables, generando una nulidad insanable. En el caso del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), su naturaleza como establecimiento de crédito y entidad pública vigilada por la Superintendencia Financiera cumple con los requisitos del artículo 105 del CPACA, excluyendo así la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa para conocer de controversias contractuales que correspondan al giro ordinario de sus negocios. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la competencia funcional y subjetiva, limitando la jurisdicción contencioso-administrativa en casos específicos de entidades financieras estatales.síntesis automática
También resuelve:¿El Fondo Nacional del Ahorro (FNA), en su calidad de establecimiento de crédito de naturaleza especial y entidad pública vigilada por la Superintendencia Financiera…¿El contrato celebrado entre el FNA y la Entidad de Certificación Digital corresponde al giro ordinario de los negocios de la entidad?¿Se debe declarar la nulidad del fallo de primera instancia por falta de competencia, y remitir el expediente al juez competente conforme al factor territorial?
¿Conforme al momento de la presentación de la demanda, en el caso concreto, cuando ya se había adjudicado y firmado el contrato, procedía la acción de controversias contractuales? Sí
El contratista puede presentar una acción de controversias contractuales incluso después de que se haya adjudicado y firmado el contrato, siempre que la demanda se presente dentro del plazo legal para solicitar la nulidad absoluta del contrato, que es de dos años a partir de su perfeccionamiento. Esta regla se sostiene en que las normas procesales no son retroactivas y que los actos administrativos precontractuales pueden ser demandados dentro de los treinta días siguientes a su notificación, mientras que la nulidad del contrato debe solicitarse dentro del plazo de dos años desde su celebración. La Sala reitera la jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de controversias contractuales en estos casos, lo que permite a los contratistas defender sus intereses legales incluso después de la firma del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda de los actos precontractuales fue presentada antes de los treinta días siguientes a su notificación y la nulidad del contrato se solicitó dentro de los dos años siguientes a su…¿Tienen valor probatorio las copias simples adjuntadas a la demanda?¿Los documentos pueden ser publicos o privados, del primero se presume su autenticidad y el mérito probatorio de los mismoslo asigna el juez, luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto?
¿Se configuró el fenómeno preclusivo de la caducidad? Sí
El término de caducidad para la acción de repetición se cuenta desde el día siguiente al vencimiento del plazo que tenía la entidad para pagar la condena, y si el pago se realiza fuera de ese plazo, el término de dos años corre desde el día siguiente a la fecha límite de pago. La regla se apoya en el término de dieciocho meses que el artículo 177 del Decreto 01 de 1984 fijaba para cumplir la condena, contado desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia, y en el artículo 164 literal l de la Ley 1437 de 2011, que establece el término de dos años para demandar. Por ello, el pago tardío no prorroga el plazo para repetir sino que lo desplaza al vencimiento del plazo legal. En el asunto, la entidad realizó el último pago después del término legal y la demanda se presentó vencido el plazo de dos años, por lo que la Sala declaró configurado el fenómeno de la caducidad y negó las pretensiones. En la práctica, la entidad que paga tarde la condena debe calcular la caducidad de la repetición desde la fecha límite de pago y no desde el pago efectivo.síntesis automática
También resuelve:¿El pago de los perjuicios fue cancelado al apoderado de los demandantes a través del despacho judicial que conoció del proceso por vía ejecutiva?¿El mérito probatorio de los documentos públicos lo asigna el juez luego de la apreciación de las pruebas en conjunto?¿La caducidad, dado su carácter de orden público, es indisponible y puede ser declarada de oficio por el juez?
¿El demandante en la acción de repetición acreditó que la conducta desplegada por el demandado comportara una actuación gravemente culposa? No
A la luz del exiguo material probatorio, la Sala concluye que no se acreditó que la conducta desplegada por el ex funcionario [del Incoder] comportara una actuación gravemente culposa. En este caso, en contravía de las exigencias que requiere la prueba del elemento subjetivo de la acción de repetición, el demandante se limitó a consignar afirmaciones en torno a una supuesta conducta gravemente culposa con base en las mismas consideraciones expuestas por el tribunal administrativo en la sentencia que condenaron al Instituto, dejando de probar la presunción de culpa grave con base en la cual soportó la pretensión reversiva. Por consiguiente, se confirmará la decisión impugnada que negó las pretensiones de la demanda.
También resuelve:¿Se probó que el demandado hubiese obrado de manera imprudente y negligente para la adopción de la decisión que declaró insubsistente el nombramiento?¿Se probó una conducta gravemente culposa imputable al demandado?¿Los documentos obrantes en el proceso acreditan que el INCODER pagó la totalidad de la obligación impuesta?
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos? Sí
El contratista puede recurrir al Consejo de Estado en segunda instancia contra las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos, ya que este organismo es competente para conocer los recursos de apelación en virtud del artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y por superar la cuantía establecida en el artículo 20.2 del Código de Procedimiento Civil. Además, la acción de controversias contractuales es el medio idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado por incumplimiento contractual, según los artículos 50 y 51 de la Ley 80 de 1993 y 87 del Código Contencioso Administrativo. Asimismo, las controversias derivadas del incumplimiento del contrato se rigen por la prescripción de 20 años, conforme a la interpretación del artículo 55 de la Ley 80 de 1993 y la jurisprudencia del Consejo de Estado. Por último, el mérito probatorio de los documentos públicos o privados lo determina el juez en función de la apreciación global de las pruebas y las reglas de la sana crítica, según el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se alegan perjuicios por incumplimiento de un…¿Las controversias derivadas del incumplimiento del contrato o la responsabilidad civil de los servidores públicos se rigen por la prescripción de la acción de 20 años?¿El mérito probatorio de los documentos públicos o privados los asigna el juez?
¿Procede la prelación de fallo en razón de la naturaleza del asunto, por ser una repetición en contra de un exfuncionario público? Sí
Cuando el Estado es obligado a reparar un daño, debe repetir contra su agente si la condena fue resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa, y para que prospere la acción deben concurrir cuatro presupuestos: la condena del Estado a reparar un daño antijurídico, el pago efectivo a la víctima, la calidad de agente estatal del demandado y la conducta dolosa o gravemente culposa como factor determinante de la condena. La regla se apoya en el artículo 90 de la Constitución Política y en el desarrollo legal de la Ley 678 de 2001 y de la Ley 1437 de 2011. Las razones que la sostienen son que la jurisprudencia de la corporación ha exigido de manera unánime esos presupuestos, que el pago efectivo es el hecho que hace nacer el derecho de repetir, y que el dolo o la culpa grave deben ser el factor determinante de la condena. En el caso, la sala verificó la concurrencia de los presupuestos y la sentencia fue confirmada. El documento no señala que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la ausencia de cualquiera de los cuatro presupuestos impide la prosperidad de la repetición.síntesis automática
También resuelve:¿La responsabilidad de un agente estatal demandado en repetición requiere la constatación de la concurrencia de cuatro presupuestos, a saber: la obligación resarcitoria a cargo del Estado…¿Los documentos aportados al proceso son suficientes para acreditar el pago efectivo de la condena a favor de la víctima del daño que se demanda en repetición?¿Debe declararse la responsabilidad patrimonial de los agentes de policía demandados en repetición, por la muerte de un civil en un operativo policivo en el que estos participaron?
¿Para la procedencia del medio de control de repetición se debe acreditar la obligación reparatoria a cargo del Estado; el pago de la obligación reparatoria y; que la conducta dolosa y/o gravemente culposa del agente haya determinado el daño antijurídico por el cual se condenó al Estado? Sí
En el medio de control de repetición, la procedencia de la acción exige acreditar la obligación reparatoria a cargo del Estado, el pago efectivo de esa obligación y que la conducta dolosa o gravemente culposa del agente haya determinado el daño antijurídico por el que se condenó al Estado. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el artículo 90 de la Constitución prevé la repetición cuando la condena es resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa, y el desarrollo legal se encuentra en el Decreto-ley 01 de 1984 y en la Ley 678 de 2001. Segunda, la jurisprudencia ha sido unánime en exigir estos tres elementos como presupuestos de prosperidad de la acción. En el caso, la providencia niega las pretensiones porque no se acreditó la conducta del agente como determinante del daño. En la práctica, la entidad debe probar los tres presupuestos, obligación, pago y conducta del agente, antes de que prospere la repetición.síntesis automática
También resuelve:¿Dada la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron la condena en contra del Estado, resulta aplicable al presente proceso de repetición la Ley 678 de 2001?¿Los documentos aportados al proceso son suficientes para acreditar el pago efectivo de la condena a favor de la víctima del daño que se demanda en repetición?¿Se acreditó que el señor demandado en repetición actuó con violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho en los hechos que dieron lugar a la condena por la cual se pretende repetir…
¿La acción de repetición debe presentarse en el término de dos años contados a partir del día siguiente a la fecha en que se realice el pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de dieciocho meses, de lo contrario, se configura caducidad, en el presente caso, la demanda se radicó de forma oportuna? Sí
El contratista debe presentar la acción de repetición en el término de dos años contados a partir del día siguiente a la fecha en que se realice el pago, o a más tardar desde el vencimiento del plazo de dieciocho meses, de lo contrario se configura caducidad; en este caso, la demanda se radicó oportunamente. La entidad demandante no puede valerse de las presunciones de dolo o culpa grave establecidas en la Ley 678 de 2001 si los hechos ocurrieron antes de su entrada en vigencia, por lo que debe acreditar la culpa grave del demandado. Todo documento público aportado como prueba se presume auténtico y puede otorgarse valor probatorio, como en el caso en que se aportó un comprobante de egreso de contabilidad para demostrar el pago de la condena. Las excepciones de aplicación del principio de no retroactividad de la ley y del principio de buena fe como agente del Estado no constituyen hechos nuevos que enerven las pretensiones de la demanda, sino que son argumentos jurídicos contra su prosperidad. El demandante en la acción de repetición tiene la obligación de probar la conducta gravemente culposa del demandado siempre que no sean aplicables las presunciones de la Ley 678 de 2001, lo cual no ocurrió en este caso debido a la inactividad probatoria de la entidad demandante.síntesis automática
También resuelve:¿Cuándo los hechos por los que se demanda a través de la acción de repetición ocurren antes de la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001…¿Todo documento público que se allegue como prueba se presume auténtico, por lo cual, es posible otorgarle valor probatorio, como en el caso concreto…¿Las excepciones de aplicación del principio de no retroactividad de la ley y aplicación del principio de buena fe como agente del Estado que interpuso el demandado en el asunto bajo análisis…
¿Cuáles son los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición? Sí
El contratista debe cumplir los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición contra el Estado, que incluyen la existencia de una condena judicial por responsabilidad patrimonial del Estado, el pago efectivo a la víctima del daño y la demostración de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal. La Sala ha establecido que la condena judicial debe ser clara y que el pago debe ser acreditado mediante documentos públicos como certificados del tesorero, que se presumen auténticos. Además, la entidad actora debe especificar la causal de la presunción de dolo o culpa grave para permitir que los demandados ejerzan su derecho de defensa y contradicción. Estas reglas reiteran y matizan precedentes anteriores, proporcionando mayor claridad sobre los requisitos y la carga probatoria necesaria para la acción de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿La existencia de una condena judicial impuesta contra una entidad pública por responsabilidad patrimonial del Estado es un requisito de la acción de repetición?¿El certificado del tesorero es prueba idónea para acreditar el pago de la condena en la acción de repetición?¿En la acción de repetición, es deber de la entidad actora expresar la causal de presunción de dolo o culpa grave en orden a permitir que los demandados tengan la oportunidad de ejercer su derecho de…
¿El incumplimiento de la unión temporal era grave y podía conducir a la paralización del contrato? Sí
El contratista puede enfrentar la paralización del contrato si incumple de manera grave las condiciones mínimas de calidad y eficiencia en la prestación del servicio, como lo evidencian las deficiencias operativas y técnicas que afectan directamente la calidad del producto y la prestación del servicio público. En este caso, la unión temporal instaló luminarias que no cumplían con las especificaciones técnicas y generaban un perjuicio para la comunidad, lo que llevó a la entidad estatal a declarar la caducidad del contrato debido a la gravedad del incumplimiento. La Sala confirmó que las pruebas presentadas no permitían concluir que el contratista estuviera cumpliendo con sus obligaciones, y que la gravedad de los incumplimientos era tal que podían conducir a la paralización del contrato, reafirmando la importancia de cumplir con los estándares de calidad y eficiencia en la prestación de servicios públicos.síntesis automática
También resuelve:¿Según las pruebas la unión temporal había incurrido en diferentes deficiencias operativas y técnicas?¿De la lectura completa de los informes se colige que ambos se inclinaron por reconocer el incumplimiento de la concesión?¿La caducidad procede ante el incumplimiento de las obligaciones del contratista que afecte de manera grave la etapa de ejecución del contrato?
¿Se reúnen los requisitos para la procedencia del medio de control de repetición y si la conducta de los demandados fue gravemente culposa por violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho, al no pagar al proveedor las facturas por el suministro de insumos médicos, lo que dio lugar al cobro del capital e intereses de mora mediante proceso ejecutivo? No
La culpa grave del agente no se presume por el solo hecho de que la entidad haya debido pagar una obligación, sino que debe demostrarse que el servidor omitió con negligencia la gestión de recursos disponibles o desconoció de manera manifiesta normas de derecho presupuestal. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la entidad debe acreditar que el presupuesto estaba disponible para pagar la deuda y que, pese a ello, los agentes omitieron su pago. Segunda, no se probó negligencia en la gestión de las obligaciones ni una utilización deficiente de los recursos financieros, ni una falta de organización del sistema contable o de costos. Tercera, sin esos supuestos no se configura la presunción de culpa grave del numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001. La providencia confirma la negativa de la repetición. La consecuencia práctica es que el retraso en el pago de facturas que dio lugar a una ejecución judicial no basta para repetir contra los gerentes, si no se prueba la disponibilidad presupuestal y la conducta gravemente negligente.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia del medio de control repetición interpuesto por condenas contra el Estado en virtud de actuaciones dolosas o gravemente culposas…¿El término de caducidad del medio de control de repetición empezó a contar desde el pago efectivo de la condena?¿La legitimación en la causa por activa en los procesos de repetición, recae sobre la entidad pública que asumió el pago de la condena judicial impuesta por el actuar doloso o gravemente culposo de…
¿Puede la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado alterar el turno estricto de decisión para proferir fallo anticipado en un proceso de repetición, con fundamento en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, el artículo 63A de la Ley 270 de 1996 y el Acta n.º 15 del 5 de mayo de 2005, en razón de la naturaleza del asunto y de la prelación temática definida por la Sección? Sí
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado puede alterar el turno estricto de decisión para proferir fallo anticipado en un proceso de repetición, basándose en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, el artículo 63A de la Ley 270 de 1996 y la Acta 15 del 5 de mayo de 2005, en virtud de la naturaleza del asunto y la prelación temática definida por la Sección. Esta facultad permite priorizar casos de repetición contra exfuncionarios públicos, contribuyendo a la celeridad procesal y a la descongestión de despachos judiciales, sin desconocer el principio de autonomía judicial.síntesis automática
También resuelve:¿Al existir una condena judicial firme impuesta al Estado y acreditar que el exservidor público actuó con dolo o culpa grave en la producción del daño…¿Debe declararse la responsabilidad patrimonial personal del demandado en la acción de repetición, cuando se encuentra acreditado que el DAPRE pagó el capital de la condena impuesta en el proceso de…¿Debe prosperar el medio de control de repetición contra el exdirector del DAPRE, al estar acreditada su calidad de agente estatal para la época de los hechos y configurarse el supuesto de la…
¿La muerte de varios soldados de la compañía Amperio en hechos ocurridos el 6 de septiembre de 1996, es imputable al demandado a título de culpa grave? No
La acción de repetición exige probar, además de la condena o conciliación y del pago efectivo de la suma, que el demandado tuvo la calidad de servidor público y que su conducta fue dolosa o gravemente culposa conforme a las normas vigentes en el momento de los hechos, y que la ocurrencia del daño en un operativo militar no basta, por sí sola, para imputarle culpa grave. Una razón es que la entidad acreditó la conciliación judicial aprobada, el pago efectivo mediante certificados de tesorería y la calidad de servidor público del teniente que tenía a cargo la compañía, de modo que los primeros presupuestos se cumplieron. Otra razón es que el cuarto presupuesto, que exige demostrar una conducta gravemente culposa o dolosa del agente, no se acreditó, pues la muerte de los soldados se produjo en una emboscada y no se demostró una actuación del demandado que pudiera calificarse así. En el caso, la Sala revocó la decisión de primera instancia y negó las pretensiones. Su consecuencia práctica es que la existencia del pago y de la calidad de servidor no bastan para la repetición si no se prueba la culpa grave del agente en su propia conducta.síntesis automática
También resuelve:¿Cuáles son los presupuestos de procedencia de la acción de repetición?¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad de la acción de reparación directa?¿Cómo se determina la normatividad aplicable a la acción de repetición?