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PERJUICIO MATERIAL

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Consejo de Estado Providencia

La Subsección resolverá el problema jurídico

Sentencia — Sentencia 2024-04-24 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 88001233100020110001501 ACCION CONTRACTUAL
¿Se cumplen los presupuestos de procedencia de la demanda para estudiar de fondo el caso en concreto? Sí
La Subsección resolverá el problema jurídico… , habida consideración de la competencia que le asiste para ello, en atención a lo dispuesto por los artículos 129 y 132.5 del Código Contencioso Administrativo (en lo sucesivo “CCA”), y al ejercicio oportuno que de la acción de controversias contractuales realizaron los accionantes, de conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 136.10 del CCA. De igual manera, debido a que tanto FONADE como Órbita Arquitectura e Ingeniería S.A. y C&C Arquitectura e Ingeniería S.A. (quienes conformaron la UT &C Órbita Beisbol) se encuentran legitimados en la causa por pasiva y por activa, toda vez que son los extremos de la relación contractual que suscitó la controversia bajo análisis en esta sede judicial.
También resuelve: ¿Demostró FONADE los perjuicios que afirma le fueron causados, con ocasión del incumplimiento contractual en que incurrió la UT C&C Orbita Béisbol…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El asunto a resolver por el juez de segunda instancia recae sobre la procedencia de la suspensión o terminación del contrato

Sentencia — Sentencia 2022-09-14 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 25000233600020160136001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El asunto a resolver por el juez de segunda instancia recae sobre la procedencia de la suspensión o terminación del contrato de prestación de servicios de datos sin la autorización de la Comisión de Regulación de Comunicaciones? Sí
El contratista no puede suspender o terminar unilateralmente un contrato de prestación de servicios de datos sin la autorización previa de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, ya que dicha entidad tiene la facultad de regular y autorizar las desconexiones de proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, conforme a la Resolución CRC 3101 de 2011. En este caso, la entidad estatal y el contratista interpusieron recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, argumentando que el contrato de prestación de servicios de datos no constituía una relación de acceso regulada por la CRC y que la Resolución no prohíbe la terminación del contrato por vencimiento del plazo. Sin embargo, la Sala estableció que el contrato en cuestión estaba sujeto a la Resolución CRC 3101 de 2011, lo que implica que la desconexión o terminación del contrato requería la autorización de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Esta regla reitera y matiza precedentes anteriores, reforzando la necesidad de que las partes consulten a la CRC antes de tomar decisiones que afecten la prestación de servicios de telecomunicaciones.síntesis automática
También resuelve: ¿Dentro de las competencias asignadas a la Comisión de Regulación de Comunicaciones está la de autorizar la desconexión de los proveedores de redes y servicios y dictar las medidas previas que se… ¿Al contrato de prestación de servicios de datos suscrito entre Avantel y Colombia Móvil le eran aplicables las disposiciones contenidas en la Resolución CRC 3101 de 2011? ¿Se acreditó un incumplimiento del contrato por parte de Colombia Móvil al proceder con la desconexión del acceso a la red cuando el plazo del contrato se encontraba vigente y sin esperar que Avantel…
Consejo de Estado Providencia

¿Debe pronunciarse el juez de segunda instancia sobre aquellas pretensiones declarativas de la demanda, que no se desarrollan ni analizan en la sentencia de primera instancia, o que no son objeto de reparo por el demandante?

Sentencia — Sentencia 2022-11-18 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000232600020090003701 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Debe pronunciarse el juez de segunda instancia sobre aquellas pretensiones declarativas de la demanda, que no se desarrollan ni analizan en la sentencia de primera instancia, o que no son objeto de reparo por el demandante? No
El juez de segunda instancia no debe pronunciarse sobre pretensiones declarativas de la demanda que no fueron desarrolladas ni analizadas en la sentencia de primera instancia y que no fueron objeto de reparo por el demandante, lo que implica que la Sala no realizará ningún pronunciamiento al respecto y que la parte demandante debe presentar reparos específicos para que el juez de segunda instancia se pronuncie sobre dichas pretensiones. En otro caso, la Sala determina que la captura ilegal del demandante constituye una falla en el servicio, dado que no existían elementos de prueba suficientes que permitieran inferir su participación en los delitos investigados, lo que lleva a la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad. Asimismo, la Sala establece que la culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad del Estado no se configura en este caso, ya que no se evidenció que el demandante realizara conductas dentro del proceso penal que pudieran ser determinantes para sufrir la privación de la libertad. Finalmente, la Sala confirma la existencia de la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación por privación injusta de la libertad, al evidenciar la falta de legalidad en la captura y la posterior detención del demandante, sin que se hayan cumplido los requisitos previstos en la ley.síntesis automática
También resuelve: ¿En el presente caso se configuró falla en el servicio, puesto que se presentó una captura ilegal, en cuanto no existe ningún medio de prueba que permita inferir la participación del demandante en… ¿La culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad del Estado, se configura siempre que se pruebe que el demandante realizó conductas dentro del proceso penal que pudieron ser… ¿Debe atribuirse responsabilidad patrimonial a la Fiscalía General de la Nación, ya que fue la entidad que adelantó la orden de allanamiento en la que el demandante fue capturado…
SIN DECISION
Tribunal Administrativo de Cundinamarca Providencia

En el informe correspondiente al mes de junio se evidencia el cumplimiento del objeto contractual

Sentencia — Sentencia 2026-06-26 SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección B) FRANKLIN PEREZ CAMARGO Rad. 25307333300220210017501 ACCION CONTRACTUAL
¿Hay lugar a declarar la nulidad de las resoluciones por medio de las que se declaró el incumplimiento del contrato de prestación de servicios (...) por i) violación al debido proceso ii) falta de competencia para declarar la terminación unilateral, iii) desproporción de la sanción y iv) falta de motivación respecto del incumplimiento e indebida aplicación de la condición resolutoria? Sí
El contratista puede solicitar la nulidad de las resoluciones que declaran el incumplimiento del contrato de prestación de servicios por falsa motivación, violación al debido proceso, falta de competencia y desproporción de la sanción, si se demuestran irregularidades en la motivación y en el análisis de las obligaciones cumplidas por la contratista. La Sala establece que la entidad debe individualizar claramente el incumplimiento y evaluar las situaciones reales antes de tomar una decisión como la terminación del contrato, y que la falta de motivación adecuada y la falsa motivación son causales de nulidad. La corporación reitera la importancia de la motivación correcta en los actos administrativos y la necesidad de evaluar adecuadamente el cumplimiento contractual antes de declarar el incumplimiento, lo que implica que las entidades deben ser más precisas en sus fundamentos y considerar las herramientas legales disponibles para la corrección de situaciones problemáticas antes de tomar medidas drásticas.síntesis automática
Consejo de Estado Providencia

La entidad acogió esas observaciones no solo frente a la inhabilidad sino a la puntuación por la experiencia específica

Sentencia — Sentencia 2023-11-01 Sección Tercera (Subsección C) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000232600020050240101 ACCION CONTRACTUAL
¿Acreditó el recurrente que presentó la mejor propuesta de conformidad con el informe de evaluación de la demandada? No
El informe de evaluación de propuestas, elaborado por el comité asesor, es un documento preliminar que no obliga a la entidad ni confiere derechos a los proponentes, porque puede ser corregido, aclarado o modificado, conforme al artículo 26 numeral 5 de la Ley 80 de 1993. Una razón es que la calificación contenida en el informe no es definitiva y solo la adjudicación resuelve el orden de elegibilidad. Otra razón es que en el caso el informe fue objeto de observaciones sobre la experiencia específica del proponente y sobre una inhabilidad por sanción, y la entidad acogió esas observaciones, por lo que el puntaje reclamado no era estable. En el asunto, el proponente sostenía que el mayor puntaje del informe lo convertía en la mejor propuesta, pero no demostró que, una vez recalificada su oferta, habría mantenido esa posición, y la licitación fue declarada desierta y adjudicada a otro oferente que cumplió los requisitos. La Sala confirmó la negación de las pretensiones. La providencia cita jurisprudencia reiterada de la Sección; su consecuencia práctica es que el proponente que pretende la adjudicación debe acreditar una calificación definitiva y no solo un puntaje del informe preliminar.síntesis automática
También resuelve: ¿La mayor calificación del proponente fue un hecho aceptado por la demandada y debe considerarse como una confesión? ¿La calificación de las propuestas realizada por el Tribunal se ajustó a los criterios del pliego y por ello la oferta de la parte demandante debía quedar en primer lugar y ser la adjudicataria del… ¿La parte demandante acreditó los perjuicios derivados de los señalamientos de la entidad demandanda, sobre una presunta inhabilidad para contratar con el Estado que se configuró en otro proceso de…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Se configuró la causal de impedimento frente a uno de los consejeros de la Sección Tercera

Sentencia — Sentencia 2022-11-23 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 25000232600020080015801 ACCION CONTRACTUAL
¿Se configuró la causal de impedimento frente a uno de los consejeros de la Sección Tercera, de haber intervenido como apoderado de la contraparte en procesos judiciales anteriores? Sí
El contratista no puede solicitar la prórroga automática del contrato de concesión porque esta fue pactada como una alternativa subordinada al cumplimiento de requisitos específicos establecidos en el Acuerdo 41 de 1993, que no fue aportado al expediente. Además, la entidad estatal no incurrió en falta de jurisdicción al conocer del caso, ya que la renuncia tácita a la cláusula compromisoria se produjo antes de la jurisprudencia que exige una renuncia expresa. Por último, se acepta el impedimento del consejero de la Sección Tercera por haber actuado como apoderado de la contraparte en procesos judiciales anteriores, lo que configura la causal prevista en el numeral 12 del artículo 141 del Código General del Proceso. Estas decisiones reafirman las reglas sobre la interpretación de cláusulas contractuales, la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa y las causales de impedimento de los funcionarios judiciales.síntesis automática
También resuelve: ¿Ante la procedencia de la renuncia tácita a la cláusula compromisoria, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo guarda competencia para conocer de la presente acción contractual ejercida… ¿La prórroga automática fue pactada en el contrato como una alternativa sometida a la voluntad de las partes y al cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo 41 de 1993? ¿Ante la dificultad para determinar el monto de los perjuicios materiales sufridos por la parte actora por cuenta de la inhabilidad sobreviniente consecuencia de la declaratoria de caducidad del…
SIN DECISION
Consejo de Estado Providencia

Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar la indemnización de perjuicios por la muerte

Sentencia — Sentencia 2024-03-13 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 85001233100020110000701 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar la indemnización de perjuicios por la muerte de un motociclista en un accidente de tránsito, ocasionado al caer en un hueco existente en la vía? Sí
El contratista presenta oportunamente la acción de reparación directa para demandar la indemnización de perjuicios por la muerte de un motociclista en un accidente de tránsito, ocasionado al caer en un hueco existente en la vía, siempre que la demanda se interponga dentro del plazo de dos años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho. En este caso, la víctima falleció el 16 de octubre de 2009, la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 25 de junio de 2010, y la demanda se interpuso el 4 de febrero de 2011, dentro del plazo legal. La Sala modificó la jurisprudencia anterior sobre la caducidad de la acción, otorgando mayor seguridad jurídica y protegiendo el derecho de acceso a la justicia, lo que implica que los plazos para presentar la demanda deben ser estrictamente respetados para evitar la pérdida del derecho de accionar.síntesis automática
También resuelve: ¿Los demandantes se encuentran legitimados en la causa por activa para reclamar la reparación de perjuicios ocasionados por la muerte de la víctima en un accidente de tránsito… ¿El Instituto Nacional de Vías (Invías) está legitimado en la causa por pasiva, pero no el Ministerio de Transporte, ni el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, Inco… ¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico y su imputación?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

La declaratoria de incumplimiento se efectuó en la Resolución

Sentencia — Sentencia 2022-01-26 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 15001233100020020020401 ACCION CONTRACTUAL
¿Los actos administrativos que declararon unilateralmente el incumplimiento y la caducidad del contrato fueron expedidos sin competencia y en consecuencia procede su nulidad, en razón a que esta facultad de la Administración fue suprimida temporalmente cuando entró en vigencia la Ley 80 de 1993 y derogó el Decreto 222 de 1983? Sí
El contratista puede solicitar la nulidad de los actos administrativos que declaran unilateralmente el incumplimiento y la caducidad del contrato, cuando estos se expiden sin la competencia legal correspondiente, ya que la Ley 80 de 1993 derogó temporalmente la facultad de las entidades para declarar incumplimientos y caducidades hasta la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007. Además, la entidad pierde su competencia para declarar la caducidad una vez vencido el plazo pactado para la ejecución del contrato. Asimismo, el debido proceso debe garantizarse en todas las actuaciones administrativas, permitiendo al afectado ejercer su derecho de contradicción y defensa. Estas reglas implican que los actos administrativos que no respetan estas garantías y competencias pueden ser declarados nulos, protegiendo así los derechos del contratista en el marco de la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve: ¿Para la procedencia de la declaratoria de caducidad del contrato es necesario que el plazo pactado para su ejecución esté vigente, porque de haber finalizado… ¿El derecho al debido proceso debe garantizarse en las actuaciones administrativas y conlleva a que el afectado pueda ejercer su derecho de contradicción y defensa? ¿Ante la ausencia de pruebas sobre el detrimento patrimonial y la falta de acreditación de los perjuicios materiales, procede la negativa de las pretensiones económicas o la condena en abstracto?
Consejo de Estado Providencia

El oferente, señaló un 15% por concepto de AUI

Sentencia — Sentencia 2023-11-01 Sección Tercera (Subsección C) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 66001233100020100016701 ACCION CONTRACTUAL
¿La demandante en su oferta determinó un porcentaje en el que cuantificó la utilidad y los demás componentes de Administración, Imprevistos y Utilidad? Sí
Cuando el oferente discrimina en su propuesta un AIU que incluye administración, imprevistos y utilidad, el porcentaje así fijado no puede reconocerse como ganancia exclusiva, pues el AIU es un concepto que agrupa esos componentes y que no tiene porcentajes mínimos ni máximos legales. Una razón es que la propuesta distribuyó el presupuesto e identificó costos directos, luego señaló un valor por AIU lo que muestra que cuantificó expresamente sus componentes. Otra razón es que el documento complementario de la oferta indicó que el 15 por ciento incluía los costos administrativos, las pólizas, los impuestos y los riesgos del contrato, de modo que el oferente tenía claro que ese porcentaje cubría la administración y los imprevistos. En el caso, la Sala negó la pretensión que pedía reconocer el 15 por ciento como utilidad. Según la providencia, el AIU que se introduce en el valor total de la oferta es de uso frecuente en los contratos de tracto sucesivo y cada empresa fija su estructura de costos conforme a sus condiciones; su consecuencia práctica es que el proponente debe desglosar cada componente del AIU en su oferta si pretende que se le reconozca como utilidad.síntesis automática
También resuelve: ¿La demandante puede desconocer el porcentaje global para el AIU, fijado en la oferta? ¿El porcentaje de administración correspondía al monto total que la entidad pagaría por el contrato? ¿Es posible aplicar el criterio de equidad para disgregar en partes iguales el valor global del AIU fijado por el demandante?
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

Resulta procedente declarar el incumplimiento del Contrato constructor operador

Sentencia — Sentencia 2022-11-23 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 25000233600020170135401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Resulta procedente declarar el incumplimiento del Contrato constructor operador, dado que el municipio desatendió algunas de las obligaciones a su cargo; y negar las pretensiones de condena, considerando que la demandante no acreditó los perjuicios generados por tales incumplimientos, ni los presupuestos para la aplicación de las sanciones estipuladas en el contrato? Sí
El contrato constructor operador puede ser declarado incumplido si la entidad estatal desatendió sus obligaciones, como la entrega formal de bienes y la gestión de licencias y permisos. La demandante debe acreditar perjuicios y presupuestos para la aplicación de sanciones. En este caso, el municipio no cumplió con varias obligaciones, pero los perjuicios no fueron demostrados y los presupuestos necesarios no fueron acreditados, por lo que la pretensión de condena fue negada.síntesis automática
SIN DECISION
Consejo de Estado Providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-06-10 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 54001233100020020038001 ACCION CONTRACTUAL
¿Si las partes acuerdan una suspensión o una modificación del contrato y no plantean salvedades a su cumplimiento, con ello están determinando que ese negocio jurídico se hará en esas condiciones, pues resultaría contrario al principio de buena fe y la prohibición de venir contra los actos propios, permitir que una parte prevalezca en juicio desconociendo que prestó su voluntad en la celebración de un negocio jurídico, sin advertir a su contraparte que aceptaba con reserva lo que estaba firmando? Sí
El contratista no puede desconocer los efectos de las salvedades no expresadas en las actas de suspensión o modificación del contrato, pues resultaría contrario al principio de buena fe y a la prohibición de venir contra los actos propios. En el presente caso, el contratista suscribió actas de suspensión sin indicar que estas causarían mayores costos por disponibilidad de personal, maquinaria y aumento de costos administrativos, circunstancias que ahora reclama. Las partes acordaron las suspensiones para superar dificultades y viabilizar la ejecución del contrato, por lo que el contratista no puede sorprender a su contraparte con situaciones que nunca fueron puestas de presente. La jurisprudencia reitera que el interesado debe indicar a su contraparte si la respectiva modificación, adición, prórroga o suspensión lo afecta, especialmente cuando se llegan a acuerdos para superar las dificultades. Por lo tanto, el contratista no puede desconocer sus propios actos para ahora pretender mayores costos por las suspensiones que firmó sin protesta alguna, sin reservas o salvedades en relación con sus intereses o derechos.síntesis automática
También resuelve: ¿En lo que respecta a los intereses de mora por el incumplimiento en los pagos al contratista, dado que las partes nada pactaron en relación con el término que tenía la entidad demandada para… ¿La entidad demandada debe responder patrimonialmente por los perjuicios materiales alegados en la demanda, causados por el proceso de cobro coactivo adelantado contra la contratista y por el remate… ¿Resulta procedente el reconocimiento de perjuicios morales a favor del representante legal de la contratista, derivados del incumplimiento del pago de las obligaciones de la entidad contratante…
Consejo de Estado Providencia

Se configuró responsabilidad patrimonial por riesgo excepcional por parte del Ejército Nacional en el ejercicio

Sentencia — Sentencia 2024-05-20 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 76001233300020140116001 LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿Se configuró responsabilidad patrimonial por riesgo excepcional por parte del Ejército Nacional en el ejercicio de una actividad legítima y lícita, ocasionando la muerte de un civil por un disparo que sufrió proveniente de un proyectil con arma de fuego de dotación oficial ocurrida en una intervención militar, causando un daño a la víctima y rompiendo el equilibrio frente a las cargas públicas? Sí
El Estado, en su calidad de responsable patrimonial, asume la reparación del daño causado por el uso de armas de dotación oficial durante la ejecución de una actividad legítima y lícita, siempre que se demuestre la existencia de un riesgo excepcional que excede razonablemente el asumido por las víctimas y que este se materialice en un daño concreto. La Sala confirma que la entidad pública no puede eximirse de responsabilidad alegando diligencia en el actuar, sino que debe probar la existencia de una causa extraña como fuerza mayor o hecho exclusivo de la víctima o de un tercero. En este caso, la evidencia probatoria demuestra la intervención armada del Ejército Nacional y el uso de armas de fuego, lo que configura el riesgo excepcional y la responsabilidad patrimonial del Estado, independientemente de la existencia de una falla del servicio. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la teoría del riesgo excepcional y su aplicación en casos de uso de armas de dotación oficial, implicando que el Estado debe reparar los daños causados en operativos militares que rompen el equilibrio frente a las cargas públicas.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe otorgarse valor probatorio a las pruebas documentales y testimoniales trasladadas del proceso penal militar y disciplinario allegadas al expediente contencioso administrativo? ¿La declaración de responsabilidad patrimonial del Estado en el caso concreto, encuentra soporte en los principios de equidad y solidaridad? ¿Procede el reconocimiento de perjuicios morales a favor de los demandantes con ocasión de la muerte de un civil por un disparo que sufrió proveniente de un proyectil con arma de fuego de dotación…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

En cambio, cuando los acuerdos guarden silencio sobre el asunto reclamado, sin que de sus cláusulas se deduzca intención alguna de abandonar esa diferencia, el camino para el estudio de fondo permanece expedito, y el contratista conserva su derecho a hacer valer sus reclamaciones en la liquidación del contrato y, si es del caso, en sede judicial.

Sentencia — Sentencia 2026-03-13 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020180121302 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La ausencia de salvedades o reclamaciones expresas por parte del contratista en los acuerdos modificatorios de un contrato estatal constituye un impedimento procesal o sustancial de base legal que derive en la improcedencia automática de futuras reclamaciones judiciales? No
La ausencia de salvedades o de reclamaciones expresas del contratista en los acuerdos modificatorios de un contrato estatal no constituye un impedimento procesal ni sustancial que haga improcedentes de manera automática las reclamaciones judiciales posteriores. La regla se sostiene en tres razones: el silencio de las partes al suscribir modificaciones no puede interpretarse como renuncia a reclamar, conforme a la unificación de la Sala Plena de 27 de julio de 2023, que superó el precedente que exigía la reserva expresa; el principio de buena fe no habilita al juez para crear requisitos de procedencia no previstos en la ley; y el juez debe examinar el contenido y el contexto de los acuerdos para determinar si regularon la diferencia económica reclamada. Por ello, la declaración de extemporaneidad con base en la ausencia de glosas constituye un error de juicio. La providencia de primera instancia se confirma en la parte que resolvió el fondo.síntesis automática
También resuelve: ¿La suscripción de adiciones en valor y prórrogas en tiempo que guardan silencio sobre compensaciones económicas o que no contienen cláusulas de finiquito expreso… ¿Para la procedencia del reconocimiento de perjuicios se debe examinar la acreditación de cada rubro reclamado a la luz del material probatorio aportado por quien lo reclama? ¿Se acreditaron los perjuicios derivados de la ejecución de mayores cantidades y actividades diferenciales al objeto inicialmente pactado en el contrato?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El conteo de la caducidad debe incluir dos meses contados a partir del plazo para la liquidación bilateral.

Sentencia — Sentencia 2022-06-10 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 25000233600020150202901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales inicia a partir del vencimiento del plazo convenido para liquidar el contrato bilateralmente? Sí
El contratista debe iniciar el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales a partir del vencimiento del plazo convenido para liquidar el contrato bilateralmente, conforme al artículo 164-2-j del CPACA, que establece un plazo de dos meses adicionales a partir de este vencimiento para iniciar el proceso, seguido de dos años para presentar la demanda. En contratos de derecho privado, el contratista no tiene derecho a reclamar el restablecimiento de la ecuación financiera previsto para contratos estatales, salvo que demuestre el incumplimiento del contrato y la afectación del equilibrio económico, lo cual no se acredita solo con la aportación de facturas sin soporte de actividades ejecutadas. Además, la prueba pericial solicitada en el proceso debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 212 del CPACA para ser procedente, incluyendo la oportunidad de su solicitud y su utilidad para demostrar el incumplimiento o el cumplimiento de las obligaciones contractuales.síntesis automática
También resuelve: ¿El restablecimiento de la ecuación financiera es procedente en los contratos regidos por el derecho privado? ¿La simple aportación de facturas acredita el cumplimiento de las obligaciones contractuales para sustentar la solicitud de perjuicios materiales? ¿La prueba pericial solicitada en el proceso cumplia los requisitos para su procedencia?
Consejo de Estado Providencia

No puede un juez extender los efectos de una cláusula penal contractual a una parte distinta de aquella

Sentencia — Sentencia 2025-07-18 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 81001233900020180001901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede un juez extender los efectos de una cláusula penal contractual a una parte distinta de aquella en cuyo favor fue expresamente pactada, con base en la naturaleza de contrato de adhesión? No
El contratista no puede extender los efectos de una cláusula penal contractual a una parte distinta de aquella en cuyo favor fue expresamente pactada, con base en la naturaleza de contrato de adhesión, ya que la cláusula penal se estableció únicamente en favor de la entidad estatal y no es posible modificar la voluntad de las partes mediante interpretación judicial. Asimismo, el reconocimiento de perjuicios por la utilidad esperada por el contratista por encima de los topes establecidos no prospera si no se acredita con pruebas documentales, y el tribunal desestima la afirmación genérica de los apelantes sin evidencia sustancial. Sin embargo, es procedente el reconocimiento de los salarios pagados para la ejecución del contrato por parte del contratista, siempre y cuando estén debidamente probados y tengan relación directa con la ejecución del contrato, circunstancia que no aplica para gastos relacionados con la liquidación e indemnización por la terminación unilateral de contratos laborales. Finalmente, la compra del código fuente del software no se acredita adecuadamente sin la presentación de la factura correspondiente, lo que implica que el valor probatorio del comprobante de egreso es insuficiente para acreditar la causación del gasto.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede el reconocimiento de los perjuicios por la utilidad esperada por el contratista por encima de los topes para este tipo de indemnización? ¿Procede el reconocimiento como perjuicio material de los salarios pagados para la ejecución del contrato por parte del contratista? ¿Se acreditó en debida forma el gasto de la compra del código fuente del software que se implementaría en la ESE con ocasión al contrato?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

A la par de lo anterior es de señalar que la tipificación del contrato de consultoría determina

Sentencia — Sentencia 2023-03-31 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020150235001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se configuró el vicio de falsa motivación respecto de las resoluciones enjuiciadas –la 5488 del 15 de mayo de 2013 y la 10604 del 12 de agosto de ese mismo año, proferidas por el Ministerio de Educación Nacional-, por cuanto las razones aducidas en sus fundamentos se alejaron de la realidad probatoria que enmarcó el origen y la ejecución del negocio jurídico? Sí
Cuando los requerimientos de la entidad contratante son sucesivos y no delimitados y hacen inejecutable un contrato de consultoría, los actos que los sustentan adolecen de falsa motivación. La regla parte de distinguir el contrato de consultoría del de prestación de servicios, pues la Ley 80 de 1993 define el primero para estudios, diseños y asesoría técnica, interventoría y dirección de obras, actividades de marcada índole técnica que se seleccionan por concurso de méritos, mientras que el segundo se orienta a la administración o funcionamiento de la entidad. Segunda razón: la motivación de un acto debe corresponder a la realidad probatoria que enmarcó el origen y la ejecución del negocio jurídico. Tercera, en el caso, la entidad, con requerimientos de ajuste metodológico no delimitados y sucesivos, provocó que el contrato fuera inejecutable. Por ello se revocó la sentencia apelada y se declaró la nulidad de los actos. La providencia reitera la distinción entre ambas tipologías, que la Corporación ha adoptado de forma mayoritaria.síntesis automática
También resuelve: ¿El monto de la liquidación de la condena en abstracto podrá superar la estimación razonada de la cuantía, los límites establecidos en las pretensiones y en el precio ofertado por el actor en la… ¿La Sala discrepa en reconocer el monto solicitado, porque (i) se refiere al valor total del contrato y en el expediente obra prueba que la entidad canceló la suma correspondiente a $143.388.72270… ¿Se probó la existencia de una afectación moral en cabeza de los integrantes del consorcio actor, obran medios probatorios que así lo demuestren?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-03-02 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 25000233600020140047601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuál es el régimen normativo aplicable a los contratos celebrados por Ecopetrol? Sí
El contratista no está sujeto al régimen normativo de contratación estatal cuando celebra contratos con Ecopetrol, ya que la Ley 1118 de 2006 establece que las actuaciones de Ecopetrol se rigen exclusivamente por el derecho privado, descartando la posibilidad de pactar cláusulas excepcionales y la competencia para expedir actos administrativos. Por ende, las comunicaciones o actos jurídicos contractuales emitidos por Ecopetrol no son considerados actos administrativos, por lo que la jurisdicción de lo contencioso administrativo no tiene competencia para pronunciarse sobre su validez. Además, en contratos regidos por el derecho privado celebrados por Ecopetrol, la entidad debe acreditar la habilitación legal o contractual de su contraparte para terminar el contrato unilateralmente, lo cual no se cumplió en el caso analizado. Asimismo, la carga probatoria de demostrar que el contratista está incurso en un conflicto de intereses que le impide ejecutar el contrato recae sobre Ecopetrol, evidencia que no fue aportada en el proceso. Este precedente reitera y matiza la aplicación del régimen contractual de Ecopetrol, limitando la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa y estableciendo las cargas probatorias en contratos privados celebrados por la entidad.síntesis automática
También resuelve: ¿Las comunicaciones o actos jurídicos contractuales emitidas por Ecopetrol SA llamados a producir efectos jurídicos, son actos administrativos? ¿En el contrato que se rige por el derecho privado celebrado por Ecopetrol, quién tiene la carga procesal de demostrar la habilitación legal o contractual de su contraparte para terminar el contrato… ¿A quién le corresponde probar que el contratista está incurso en un conflicto de intereses que le impide ejecutar el contrato?
Consejo de Estado Providencia

El término de caducidad de la acción de reparación directa empezó a contar desde que los demandantes tuvieron conocimiento del daño

Sentencia — Sentencia 2022-08-22 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000232600020090015501 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿El término de caducidad de la acción de reparación directa empezó a contar desde que los demandantes tuvieron conocimiento del daño, el cual tuvo origen en la providencia judicial que dejó sin efectos la aprobación del remate y los derechos sobre el bien inmueble? Sí
El contratista puede iniciar la acción de reparación directa dentro de los dos años posteriores a que tuvo conocimiento del daño, que en este caso se originó con la providencia judicial que dejó sin efectos la aprobación del remate y los derechos sobre el bien inmueble, independientemente de que no fuera notificado formalmente del acto. La entidad estatal, en este caso la Rama Judicial, está legitimada por pasiva cuando se le imputa el daño causado por la administración de justicia. Las pruebas documentales presentadas en copia simple gozan de pleno valor probatorio si no han sido tachadas de falsas y han estado a disposición de la parte contraria, según la jurisprudencia del Consejo de Estado. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre el cómputo del término de caducidad y la valoración de la prueba documental, lo que implica que los contratistas tienen mayor flexibilidad para ejercer su acción de reparación directa y que los documentos presentados de manera oportuna y regular son válidos para acreditar el daño antijurídico y su imputación al Estado.síntesis automática
También resuelve: ¿La legitimación en la causa por pasiva recae sobre la Rama Judicial por ser la entidad a la que se le imputa el daño? ¿Las pruebas documentales aportadas en copia simple gozan de pleno valor probatorio por cumplir con el principio de contradicción y no haber sido tachadas de falsas? ¿El daño antijurídico y la imputación de éste al Estado, son elementos que deben acreditarse para la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Era una obligación a cargo del Invías poner a disposición de la contratista los bienes inmuebles

Sentencia — Sentencia 2025-09-19 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 70001233300020150052401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Era una obligación a cargo del Invías poner a disposición de la contratista los bienes inmuebles sobre los cuales debía construirse el puente sobre el arroyo? Sí
El contratista no es responsable de poner a disposición los bienes inmuebles sobre los cuales debe construirse la obra, siendo esta obligación del contratante, en este caso el Invías, conforme a la cláusula vigesimoquinta del contrato y el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. La Sala considera que la gestión predial es una obligación del contratante, quien debe poner a disposición del contratista los bienes inmuebles necesarios para la ejecución de la obra. Esta regla reitera la responsabilidad del contratante en la gestión predial y la puesta a disposición de los bienes inmuebles, lo que implica que el contratista puede reclamar prórrogas y mayor permanencia en obra en caso de retardo por parte del contratante en la entrega de los bienes necesarios.síntesis automática
También resuelve: ¿Para las partes era pacífico que a la entidad estatal le correspondía poner a disposición de su contratista los bienes inmuebles sobre los cuales debía construirse la obra contratada? ¿Se tiene por acreditada la causa que la accionante alegó ocasionó la mayor permanencia en obra por el retardo en la puesta a disposición suya, por parte del Invías… ¿Las partes contratantes, en ejercicio de su autonomía privada, llegaron a un acuerdo respecto a las consecuencias patrimoniales que para el contratista podían derivarse de la mayor duración del…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Las sanciones que puede generar el incumplimiento del contratista, de ninguna manera pueden ser impuestas de plano por parte de la Administración.

Sentencia — Sentencia 2023-09-04 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 05001233100019970125702 ACCION CONTRACTUAL
¿El debido proceso en procedimientos administrativos sancionatorios de naturaleza contractual, implica el deber de hacer partícipe al sujeto destinatario de tales decisiones en el trámite previo a la expedición del acto administrativo, junto con la posibilidad de ser oído y de ejercer el derecho de defensa y contradicción? Sí
El contratista tiene derecho a ser parte del trámite previo a la expedición de un acto administrativo sancionatorio de naturaleza contractual, lo que incluye la posibilidad de ser oído y ejercer el derecho de defensa y contradicción, en virtud del debido proceso, que se erige como garantía fundamental tanto en el ámbito judicial como administrativo, aunque con alcances diferenciados. Este derecho es esencial en procedimientos sancionatorios contractuales, donde las decisiones pueden generar afectaciones significativas en los derechos del contratista y deben armonizarse con el interés público del contrato estatal. La jurisprudencia modifica la interpretación anterior, reforzando que la declaratoria de caducidad del contrato, como sanción extrema, no debe ser una decisión sorpresiva, sino que debe permitir al contratista ejercer su derecho de defensa y adecuar su conducta a los compromisos contractuales, salvaguardando así las garantías del debido proceso y evitando la paralización de la obra o servicio contratado.síntesis automática
También resuelve: ¿Tratándose de la declaratoria de caducidad del contrato, el ejercicio de esta facultad impone que no resulte una decisión sorpresiva para el afectado… ¿Los actos que declararon la caducidad de un contrato de obra suscrito con una empresa de servicios públicos, se encuentran viciados de nulidad por vulnerar los derechos al debido proceso… ¿Hay lugar a reconocer perjuicios morales a favor de la sociedad demandante o de sus socios, por la declaratoria irregular de la caducidad del contrato estatal y la inhabilidad
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