Radicado: 41001-23-31-000-1995-08385-01 (38206)
Demandante: Consultoría Colombia S.A. y otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Radicado número:
Demandantes:
Demandados:
Referencia:
41001-23-31-000-1995-08385-01 (38206)
Consultoría Colombiana S.A. y Consultores Regionales
Asociados Ltda.
Instituto Colombiano de Energía Eléctrica; Electrificadora
del Huila S.A.; y Central Hidroeléctrica de Betania S.A.
Acción de controversia contractuales
Tema: Responsabilidad precontractual.
Subtema 1: Incumplimiento de a obligación de suscribir un contrato.
Subtema 2: Concurso privado oe méritos regido por el Decreto 222 de 1983.
Subtema 3: Reiteración jurisprudencial del valor probatorio de las copias simples.
Subtema 4: Caducidad de la acción de reparación directa.
Subtema 5. El daño resarcible o indemnizable en la responsabilidad precontractual.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida por E I Tribunal Administrativo del Huila, el 10 de noviembre de
2009, en la que declaró probada la caducidad de la acción de reparación directa y,
subsecuentemente, se inhibió para resolver el fondo del asunto.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 22 de junio de 1984, el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica (ICEL) abrió un
concurso privado de méritos —en vigencia del Decreto 222 de 1983— para contratar
los estudios de factibilidad del proyecto hidroeléctrico del Quimbo. En desarrollo del
concurso, se presentaron cuatro propuestas, ubicándose la del consorcio integrado
por las sociedades accionentes en el primer orden de elegibilidad, lo que les otorgó
derecho a negociar la oferta económica. No obstante, el ICEL aplazó la negociación,
debido a que el sector eléctrico del país estaba atravesando una crisis financiera, por
lo que solo fue hasta el 26 de agosto de 1988 que la reanudó, citando al interesado a
diversas reuniones.
El 27 de junio de 1989, luego de que las partes llegaran a un acuerdo sobre el precio
del contrato en ciernes, la junta directiva del ICEL autorizó al director para suscribirlo,
pero condicionó dicho actuar a la consecución de las apropiaciones necesarias para
su financiamiento. Sin embargo, durante el trámite de las gestiones de financiación,
el ICEL entró en proceso de restructuración, viéndose obligado a transferir, mediante
el convenio administrativo 181 de 1992, el proyecto y los aportes correspondientes a
la Electrificadora del Huila S.A., para que continuara con su ejecución, estipulándose
en el convenio que se respetaría el orden de elegibilidad aprobado años atrás.
El 8 de marzo de 1993, los interesados en la ejecución de los estudios mencionados
celebraron una reunión, en la que decidieron: (i) que el entonces ministro de Minas
y Energía consultara a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la Republica "si
se encuentra vigente la selección de la firma declarada elegible por el ICEL en
1985 conforme las normal de contratación y si, entonces, se le debe adjudicar los
estudios de factibilidad"; y (ii) que el proceso de selección lo adelantaría la Central
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Hidroeléctrica de Betania S.A. (CHB), "siempre y cuando el convenio firmado con
ICEL para la administración de los recursos de la Nación lo permita".
El 5 de mayo de 1995, el gerente de la CHB, apoyándose en el concepto rendido
por el secretario jurídico de la Presidencia, decidió no continuar con el proceso de
selección previamente adelantado por el ICEL y abrir un nuevo concurso de méritos
—esta vez público y regido por la Ley 80 de 1993— para contratar los estudios de
factibilidad del proyecto hidroeléctrico del Quimbo. Este huevo proceso culminó con
la adjudicación del contrato a un consorcio diferente al conformado por los actores.
II. ANTECEDENTES
2.1. El veintiséis (26) de octubre de mil novecientos noventa y cinco (1995)1,
Consultoría Colombiana S.A. y Consultores Regionales Asociados Ltda. presentaron
demanda en ejercicio de la acción de controversias Contractuales, en contra del
Instituto Colombiano de Energía Eléctrica (en adelante', "ICEL''), la Electrificadora
del Huila S.A. E.S.P. (en lo sucesivo, "Electrohuila") y la Central Hidroeléctrica de
Betania S.A. (en adelante, "CHB"), con las pretensiones que, por lo relevantes para
un análisis posterior, se pasan a transcribir:
«PRIMERA.- Se declare que [las entidades demandadas] incumplieron la
obligación de celebrar con [los accionantes] el qontrato para la realización
de los estudios de factibilidad técnica del proyectó "El Quimbo".
SEGUNDA.- Que, como consecuencia de lo anterior, [las entidades
demandadas] son solidariamente responsables de indemnizar a [los
accionantes] los perjuicios de toda naturaleza que, con dicho
incumplimiento, les han causado, y que se les condene al pago
correspondiente, incluyendo el daño emergente y los intereses moratorios a
la tasa más alta legamente permitida [...].
PRIMERA SUBSIDIARIA A LA PETICIÓN SEGUNDA.- Que se condene a
las demandadas al pago de la indemnización correspondiente por concepto
del daño emergente junto con la corrección rmonetaria y el costo de
oportunidad desde cuando se causó el perjuicio hasta la fecha de la
indemnización efectiva.
SEGUNDA SUBSIDIARIA A LA PETICIÓN SEGUNDA.- Que se condene a
las demandadas al pago de la indemnización correspondiente por concepto
del daño emergente junto con la corrección monetaria e intereses bancarios
corrientes [...1.
TERCERA.- Que se actualice el valor del daño emergente, determinado de
acuerdo con la pretensión anterior, teniendo en cuenta la variación del IPC
o al por mayor.
CUARTA.- Que para efectos de la condena solicitada en la petición
segunda, el daño emergente se valore por las sumas que las demandantes
hubieran recibido como rendimientos normales derivados de la ejecución de
los estudios de factibilidad técnica del proyecto "Él Quimbo", conforme a los
términos de referencia del concurso de méritos DECP-002-084 abierto por
ICEL y a las propuestas técnicas y económicas presentadas por las
sociedades demandantes dentro de dicho concurso, incluyendo las sumas
1 Folios 4 a 105 del cuaderno 1.
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por concepto de utilidades u honorarios y aquellos otros ingresos que
conforme a su propuesta habrían destinado dichas empresas a la
amortización de costos fijos.
QUINTA.- Que para los efectos de la condena solicitada en la petición
segunda, el lucro cesante se valore por el costo financiero o costo de
oportunidad derivado del daño emergente durante el periodo comprendido
entre la época de causación del daño emergente y la fecha de su
indemnización efectiva, para lo cual, a falta de mejor prueba específica, se
deberá aplicar la tasa del interés bancario corriente.
PRETENSIÓN SUBSIDIARIA A LA PETICIÓN QUINTA.- Que para los
efectos de la condena solicitada en la petición segunda, el lucro cesante se
valore mediante la aplicación, sobre el valor del daño emergente
actualizado y para el periodo comprendido entre la época de su causación y
la fecha de su pago efectivo, de la tasa de interés que el Tribunal determine
como aquella que compensa plenamente el perjuicio consistente en no
haber recibido en la oportunidad prevista los ingresos provenientes de la
ejecución del contrato y, consecuentemente, en no haberle podido dar a
ese dinero una destinación productiva.
SEXTA.- Que se condene a las entidades demandadas al pago de las cifras
que se decreten [...) por concepto de costas judiciales».
2.2. El 29 de febrero de 19962, el Tribunal admitió la demanda y, luego, notificó
el auto admisorio en debida forma3.
2.3. Dentro del término de fijación en lista, la CHB4, Electrohuila5 y el ICEL6
contestaron la demanda, con oposición a todas las pretensiones en ella formuladas.
Como argumentos defensivos, adujeron, grosso modo, que el proceso de selección
adelantado por el ICEL bajo la modalidad de concurso privado de méritos (regulado
por los Decretos 222 y 1522 de 1983) no culminó con la adjudicación material del
contrato, pues en este solo se adoptó un orden de elegibilidad sin que se acordaran
las condiciones económicas, por lo que la entidad que terminó dirigiendo el proceso
contractual, CHB, no estaba obligada a respetar el orden de elegibilidad mencionado
y mucho menos a suscribir con los accionantes el negocio proyectado. Además, las
últimas dos codemandadas propusieron como excepciones previas: (i) la caducidad
de la acción, (ii) la indebida escogencia de la acción o la improcedencia de la acción
incoada; y (iii) la falta de legitimación en la causa por activa.
2.4. El 19 de marzo de 19997, la autoridad judicial de primera instancia abrió a
pruebas el proceso, y una vez concluida la etapa probatoria, que se prorrogó por
aproximadamente nueve años, corrió traslado a las partes y al Ministerio Público
para que aquellas alegaran de conclusión y este rindiera concepto de fondo8.
2.5. Dentro del término de traslado, Electrohuila5 y la parte actora" alegaron de
conclusión, con reiteración de lo argumentado en oportunidades anteriores. Los
demás sujetos procesales y el Ministerio Público guardaron silencio.
2 Folio 257 del cuaderno 1.
3 Folios 300 y 389 del cuaderno 1.
4 Folios 390 a 408 del cuaderno 1.
5 Folios 1 a 166 del cuaderno 2.
Folios 217 a 224 del cuaderno 2.
Folios 420 a 421 y 438 a 440 del cuaderno 1.
Folio 325 del cuaderno 3.
9 Folios 326 a 333 del cuaderno 3.
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2.6. El 10 de noviembre de 200911, el Tribunal dictó fallo de primera instancia
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