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Consejo de Estado Providencia

Concurso de méritos: Sentencia

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Fecha
2022-09-19
Radicado
41001233100019950838501
Número interno
38206
Ponente
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
SOCIEDADES CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. Y CONSTULTORES REGIONALES ASOCIADOS LTDA.
Demandado
CONSULTORIA COLOMBIANA S.A., CONSULTORES REGIONALES ASOCIADOS LTDA

Síntesis de la providencia

Concurso de méritos: Sentencia

Lo que dijo la Sala

Sea lo primero precisar que el concurso privado de méritos para contratar los estudios de factibilidad y aprovechamiento de la hidroeléctrica del Quimbo (contrato de consultoría) fue iniciado y adelantado por el ICEL, organismo que, para la época de los hechos, se constituía como un establecimiento público adscrito al Ministerio de Obras Públicas". Así pues, atendiendo a la naturaleza jurídica del convocante, el régimen normativo aplicable al concurso referido era el contenido en el Decreto 222 de 1983, que en su artículo 1° establecía que los contratos que celebre o pretendan celebrar los Establecimientos Públicos se someterían a las reglas contenidas en ese estatuto contractual.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El concurso privado de méritos para contratar los estudios de factibilidad y aprovechamiento de la hidroeléctrica del Quimbo, iniciado por el ICEL como establecimiento público, estaba sujeto al Decreto 222 de 1983. La Sala reitera la aplicación de este decreto, que establece que los contratos celebrados por los establecimientos públicos se someten a las reglas del Estatuto General de Contratación. Además, la Sala valora las copias simples presentadas, considerando que no fueron tachadas de falsas y su validez no fue controvertida. En cuanto a la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo, la Sala determina que es competente, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. La acción de reparación directa es procedente para reclamar perjuicios por responsabilidad precontractual derivadas de la presunta omisión de suscribir un contrato, y su caducidad debe contarse a partir del momento en que se abrió una nueva licitación pública con objeto análogo.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El régimen normativo aplicable al concurso privado de méritos para contratar los estudios de factibilidad y aprovechamiento de la hidroeléctrica del Quimbo, era el contenido en el Decreto 222 de 1983?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 222 de 1983, art. 1

También resuelve

  • ¿Procede la valoración de las copias simples ya que obraron a lo largo del proceso, sin que fueran tachadas de falsas, ni su validez fuera controvertida?
  • ¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo?
  • ¿La acción de reparación directa es procedente para reclamar perjuicios por pretensiones de responsabilidad precontractual derivadas de la presunta omisión de suscribir un contrato?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Descriptores temáticos

CONCURSO DE MÉRITOS LICITACIÓN PRIVADA CONTRATOS DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO HIDROELÉCTRICA PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL QUIMBO ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA PROCESO DE DOBLE INSTANCIA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA CRITERIOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA ACTO PRECONTRACTUAL RESPONSABILIDAD EN EL ACTO PRECONTRACTUAL RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL FALTA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA CONTEO DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA CONTRATO DE CONSULTORÍA LICITACIÓN PÚBLICA APERTURA DE LICITACIÓN PÚBLICA UTILIDAD DEL CONTRATO ESTATAL SITUACIÓN JURÍDICA NO CONSOLIDADA INEXISTENCIA DEL NEGOCIO JURÍDICO FALTA DE CERTEZA DE LA OCURRENCIA DEL DAÑO CULPA IN CONTRAHENDO NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

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Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón
Titulación de la relatoría 10.612 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

CONCURSO DE MÉRITOS / LICITACIÓN PRIVADA / CONTRATOS DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO / HIDROELÉCTRICA / PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL QUIMBO / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN Problema jurídico: ¿El régimen normativo aplicable al concurso privado de méritos para contratar los estudios de factibilidad y aprovechamiento de la hidroeléctrica del Quimbo, era el contenido en el Decreto 222 de 1983? Respuesta al problema jurídico: Si Sea lo primero precisar que el concurso privado de méritos para contratar los estudios de factibilidad y aprovechamiento de la hidroeléctrica del Quimbo (contrato de consultoría) fue iniciado y adelantado por el ICEL, organismo que, para la época de los hechos, se constituía como un establecimiento público adscrito al Ministerio de Obras Públicas". Así pues, atendiendo a la naturaleza jurídica del convocante, el régimen normativo aplicable al concurso referido era el contenido en el Decreto 222 de 1983, que en su artículo 1° establecía que los contratos que celebre o pretendan celebrar los Establecimientos Públicos se someterían a las reglas contenidas en ese estatuto contractual. FUENTE FORMAL: DECRETO 222 DE 1983 - ARTÍCULO 1 COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN Problema jurídico: ¿Procede la valoración de las copias simples ya que obraron a lo largo del proceso, sin que fueran tachadas de falsas, ni su validez fuera controvertida? Respuesta al problema jurídico: Si Los documentos allegados al expediente en copia simple y que, como lo resaltó el recurrente, no fueron tenido en cuenta por el Tribunal a quo, serán valorados en esta instancia, de conformidad con lo dispuesto por la jurisprudencia unificada de la Sección Tercera, toda vez que estas obraron a lo largo del proceso, sin que fueran tachadas de falsas, ni su validez fuera controvertida. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la valoración de las copias simples, consultar sentencia de unificación de 28 de agosto de 2013, Exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero. COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA Problema jurídico: ¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Respuesta al problema jurídico: Si Conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo (CCA), la Sala es competente para conocer y resolver el presente asunto, por tratarse de algunas inconformidades planteadas en un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo, en un proceso con vocación de doble instancia. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129 ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CRITERIOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ACTO PRECONTRACTUAL / RESPONSABILIDAD EN EL ACTO PRECONTRACTUAL / RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL / FALTA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿La acción de reparación directa es procedente para reclamar perjuicios por pretensiones de responsabilidad precontractual derivadas de la presunta omisión de suscribir un contrato? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l Tribunal a quo estimó que la acción procedente para reclamar perjuicios por pretensiones de responsabilidad precontractual derivadas de la presunta omisión de suscribir un contrato es la de reparación directa. Afirmación que la Sala comparte plenamente, pues tanto la jurisprudencia de antaño que analizó lo concerniente a la etapa de formación del contrato en vigencia del Decreto 222 de 1993 como la jurisprudencia unificada actual así lo determina. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la procedencia de la acción de reparación para reclamar perjuicios por pretensiones de responsabilidad precontractual, consultar sentencia de 8 de febrero de 1985, Exp. 2748 y auto de unificación de 1 de agosto de 2019, Exp. 62009, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. FUENTE FORMAL: DECRETO 222 DE 1993 PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ACTO PRECONTRACTUAL / RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL / RESPONSABILIDAD EN EL ACTO PRECONTRACTUAL / FALTA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE CONSULTORÍA / LICITACIÓN PÚBLICA / APERTURA DE LICITACIÓN PÚBLICA Problema jurídico: ¿La caducidad de la acción de reparación directa, por pretensiones de responsabilidad precontractual derivadas de una eventual omisión de suscribir un contrato de consultoría cuyo proceso de selección se adelantó bajo un concurso privado de méritos regido por los Decretos 222 y 1522 de 1983, debe contarse a partir del momento en que se abrió una nueva licitación pública con objeto análogo porque anteriormente subsistía la expectativa de contratar? Respuesta al problema jurídico: Si El plazo bienal de caducidad de la acción de reparación directa corrió desde el treinta y uno (31) de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995), día siguiente a la fecha en la que los accionantes tuvieron certeza de que el concurso en el que habían sido seleccionados no iba a continuar, hasta el treinta y uno (31) de marzo de mil novecientos noventa y siete (1997). Por consiguiente, con la presentación de la demanda el veintiséis (26) de octubre de mil novecientos noventa y cinco (1995), la acción de reparación directa fue incoada oportunamente; conclusión esta que permanecería inalterada incluso si este plazo fuera contado a partir de los veinte (20) días anteriores al dieciséis (16) de mayo de mil novecientos noventa y cinco (1995), cuando fue abierta definitivamente la licitación pública por el mismo objeto del concurso privado con el que el consorcio actor resultó beneficiado, al ser aquel el momento en el que —según el artículo 30.3 del Decreto 222 de 1983— debía publicarse el primer aviso de la apertura de la licitación en periódicos de amplia circulación nacional. FUENTE FORMAL: DECRETO 222 DE 1983 - ARTÍCULO 30 NUMERAL 3 LICITACIÓN PRIVADA / FALTA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE CONSULTORÍA / UTILIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / SITUACIÓN JURÍDICA NO CONSOLIDADA / INEXISTENCIA DEL NEGOCIO JURÍDICO / FALTA DE CERTEZA DE LA OCURRENCIA DEL DAÑO / CULPA IN CONTRAHENDO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Se ocasionó a las sociedades accionantes, cuya propuesta técnica fue seleccionada en el primer orden de elegibilidad dentro de un concurso privado de méritos regido por los Decretos 222 y 1522 de 1983, un daño resarcible por la no suscripción del contrato objeto del concurso? Respuesta al problema jurídico: Si [C]oncluye la Sala que, los actores nunca tuvieron el derecho cierto a la suscripción del contrato de consultoría en ciernes como adjudicatarios del concurso privado de méritos DECP-002-94. Las sociedades demandantes únicamente tenían, pues, una expectativa sobre la suscripción del negocio jurídico proyectado. Así pues, al no existir un negocio jurídico ni el derecho cierto a su suscripción — como el que se desprende del acto de adjudicación— para la Sala el caso puesto a consideración se debería resolver desde la perspectiva de la responsabilidad precontractual, cuyo fundamento normativo se encuentra en el artículo 863 del Código de Comercio (CCo). (...) se reitera que las pretensiones formuladas por las sociedades accionantes van encaminadas únicamente a reclamar los perjuicios que se habrían derivado del incumplimiento de la relación negocial proyectada, sin que en el petitum se pueda observar que estas además hubieran solicitado el reembolso de los gastos realizados con vistas a la celebración del contrato frustrado (daño emergente) o las pérdidas de otras oportunidades de contratar con terceros (lucro cesante). En tales condiciones, forzoso resulta concluir que el daño alegado en la demanda, es decir, la afectación al patrimonio derivado de la utilidad dejada de percibir como consecuencia de la presunta omisión de la administración en suscribir un contrato de consultoría, no encuadra con las indemnizaciones procedentes en el estadio de la responsabilidad precontractual y, por consiguiente, no resulta resarcible. Por ende, como las demandantes no pretendieron la condena al pago del perjuicio resarcible en eventos de rompimiento antijurídico de las negociaciones precontractuales, que atribuyen a la demandada como fundamento de su petitum, ni enfocaron su esfuerzo probatorio en la demostración de tal daño resarcible, es claro que la responsabilidad in contrahendo no se configura en este asunto. En consecuencia, la Sala se abstendrá de analizar, por improcedente, si en efecto la administración, en cabeza de las demandadas, omitió cumplir dentro del concurso privado de méritos DECP-002-84 con los deberes genéricos que se derivan de la buena fe en la fase preliminar de la formación del contrato, conforme a los artículos 90 de la Constitución Política y 863 del Código de Comercio. En cambio, revocará la sentencia proferida por el a quo y, en su lugar, negará las pretensiones de la demanda. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la expectativa sobre la suscripción del contrato, consultar sentencia de 5 de julio de 1990, Exp. 5556, C.P. Julio César Uribe Acosta. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 863 IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Se acreditó actuación temeraria de las partes que conlleve a la condena en costas? Respuesta al problema jurídico: No No hay lugar a la imposición de costas debido a que en el presente asunto no se evidenció actuación temeraria de las partes, condición exigida por el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, para proceder de esta forma. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la condena en costas, consultar sentencia de 18 de febrero de 1999, Exp 10775, C.P. Ricardo Hoyos Duque. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55
Texto extraído del PDF oficial 84.621 caracteres
Radicado: 41001-23-31-000-1995-08385-01 (38206) Demandante: Consultoría Colombia S.A. y otro CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS Bogotá, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintidós (2022) Radicado número: Demandantes: Demandados: Referencia: 41001-23-31-000-1995-08385-01 (38206) Consultoría Colombiana S.A. y Consultores Regionales Asociados Ltda. Instituto Colombiano de Energía Eléctrica; Electrificadora del Huila S.A.; y Central Hidroeléctrica de Betania S.A. Acción de controversia contractuales Tema: Responsabilidad precontractual. Subtema 1: Incumplimiento de a obligación de suscribir un contrato. Subtema 2: Concurso privado oe méritos regido por el Decreto 222 de 1983. Subtema 3: Reiteración jurisprudencial del valor probatorio de las copias simples. Subtema 4: Caducidad de la acción de reparación directa. Subtema 5. El daño resarcible o indemnizable en la responsabilidad precontractual. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por E I Tribunal Administrativo del Huila, el 10 de noviembre de 2009, en la que declaró probada la caducidad de la acción de reparación directa y, subsecuentemente, se inhibió para resolver el fondo del asunto. I. SÍNTESIS DEL CASO El 22 de junio de 1984, el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica (ICEL) abrió un concurso privado de méritos —en vigencia del Decreto 222 de 1983— para contratar los estudios de factibilidad del proyecto hidroeléctrico del Quimbo. En desarrollo del concurso, se presentaron cuatro propuestas, ubicándose la del consorcio integrado por las sociedades accionentes en el primer orden de elegibilidad, lo que les otorgó derecho a negociar la oferta económica. No obstante, el ICEL aplazó la negociación, debido a que el sector eléctrico del país estaba atravesando una crisis financiera, por lo que solo fue hasta el 26 de agosto de 1988 que la reanudó, citando al interesado a diversas reuniones. El 27 de junio de 1989, luego de que las partes llegaran a un acuerdo sobre el precio del contrato en ciernes, la junta directiva del ICEL autorizó al director para suscribirlo, pero condicionó dicho actuar a la consecución de las apropiaciones necesarias para su financiamiento. Sin embargo, durante el trámite de las gestiones de financiación, el ICEL entró en proceso de restructuración, viéndose obligado a transferir, mediante el convenio administrativo 181 de 1992, el proyecto y los aportes correspondientes a la Electrificadora del Huila S.A., para que continuara con su ejecución, estipulándose en el convenio que se respetaría el orden de elegibilidad aprobado años atrás. El 8 de marzo de 1993, los interesados en la ejecución de los estudios mencionados celebraron una reunión, en la que decidieron: (i) que el entonces ministro de Minas y Energía consultara a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la Republica "si se encuentra vigente la selección de la firma declarada elegible por el ICEL en 1985 conforme las normal de contratación y si, entonces, se le debe adjudicar los estudios de factibilidad"; y (ii) que el proceso de selección lo adelantaría la Central Radicado: 41001-23-31-000-1995-08385-01 (38206) Demandante: Consultoría Colombia S.A. y otro Hidroeléctrica de Betania S.A. (CHB), "siempre y cuando el convenio firmado con ICEL para la administración de los recursos de la Nación lo permita". El 5 de mayo de 1995, el gerente de la CHB, apoyándose en el concepto rendido por el secretario jurídico de la Presidencia, decidió no continuar con el proceso de selección previamente adelantado por el ICEL y abrir un nuevo concurso de méritos —esta vez público y regido por la Ley 80 de 1993— para contratar los estudios de factibilidad del proyecto hidroeléctrico del Quimbo. Este huevo proceso culminó con la adjudicación del contrato a un consorcio diferente al conformado por los actores. II. ANTECEDENTES 2.1. El veintiséis (26) de octubre de mil novecientos noventa y cinco (1995)1, Consultoría Colombiana S.A. y Consultores Regionales Asociados Ltda. presentaron demanda en ejercicio de la acción de controversias Contractuales, en contra del Instituto Colombiano de Energía Eléctrica (en adelante', "ICEL''), la Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. (en lo sucesivo, "Electrohuila") y la Central Hidroeléctrica de Betania S.A. (en adelante, "CHB"), con las pretensiones que, por lo relevantes para un análisis posterior, se pasan a transcribir: «PRIMERA.- Se declare que [las entidades demandadas] incumplieron la obligación de celebrar con [los accionantes] el qontrato para la realización de los estudios de factibilidad técnica del proyectó "El Quimbo". SEGUNDA.- Que, como consecuencia de lo anterior, [las entidades demandadas] son solidariamente responsables de indemnizar a [los accionantes] los perjuicios de toda naturaleza que, con dicho incumplimiento, les han causado, y que se les condene al pago correspondiente, incluyendo el daño emergente y los intereses moratorios a la tasa más alta legamente permitida [...]. PRIMERA SUBSIDIARIA A LA PETICIÓN SEGUNDA.- Que se condene a las demandadas al pago de la indemnización correspondiente por concepto del daño emergente junto con la corrección rmonetaria y el costo de oportunidad desde cuando se causó el perjuicio hasta la fecha de la indemnización efectiva. SEGUNDA SUBSIDIARIA A LA PETICIÓN SEGUNDA.- Que se condene a las demandadas al pago de la indemnización correspondiente por concepto del daño emergente junto con la corrección monetaria e intereses bancarios corrientes [...1. TERCERA.- Que se actualice el valor del daño emergente, determinado de acuerdo con la pretensión anterior, teniendo en cuenta la variación del IPC o al por mayor. CUARTA.- Que para efectos de la condena solicitada en la petición segunda, el daño emergente se valore por las sumas que las demandantes hubieran recibido como rendimientos normales derivados de la ejecución de los estudios de factibilidad técnica del proyecto "Él Quimbo", conforme a los términos de referencia del concurso de méritos DECP-002-084 abierto por ICEL y a las propuestas técnicas y económicas presentadas por las sociedades demandantes dentro de dicho concurso, incluyendo las sumas 1 Folios 4 a 105 del cuaderno 1. 2 Radicado: 41001-23-31-000-1995-08385-01 (38206) Demandante: Consultoría Colombia S.A. y otro por concepto de utilidades u honorarios y aquellos otros ingresos que conforme a su propuesta habrían destinado dichas empresas a la amortización de costos fijos. QUINTA.- Que para los efectos de la condena solicitada en la petición segunda, el lucro cesante se valore por el costo financiero o costo de oportunidad derivado del daño emergente durante el periodo comprendido entre la época de causación del daño emergente y la fecha de su indemnización efectiva, para lo cual, a falta de mejor prueba específica, se deberá aplicar la tasa del interés bancario corriente. PRETENSIÓN SUBSIDIARIA A LA PETICIÓN QUINTA.- Que para los efectos de la condena solicitada en la petición segunda, el lucro cesante se valore mediante la aplicación, sobre el valor del daño emergente actualizado y para el periodo comprendido entre la época de su causación y la fecha de su pago efectivo, de la tasa de interés que el Tribunal determine como aquella que compensa plenamente el perjuicio consistente en no haber recibido en la oportunidad prevista los ingresos provenientes de la ejecución del contrato y, consecuentemente, en no haberle podido dar a ese dinero una destinación productiva. SEXTA.- Que se condene a las entidades demandadas al pago de las cifras que se decreten [...) por concepto de costas judiciales». 2.2. El 29 de febrero de 19962, el Tribunal admitió la demanda y, luego, notificó el auto admisorio en debida forma3. 2.3. Dentro del término de fijación en lista, la CHB4, Electrohuila5 y el ICEL6 contestaron la demanda, con oposición a todas las pretensiones en ella formuladas. Como argumentos defensivos, adujeron, grosso modo, que el proceso de selección adelantado por el ICEL bajo la modalidad de concurso privado de méritos (regulado por los Decretos 222 y 1522 de 1983) no culminó con la adjudicación material del contrato, pues en este solo se adoptó un orden de elegibilidad sin que se acordaran las condiciones económicas, por lo que la entidad que terminó dirigiendo el proceso contractual, CHB, no estaba obligada a respetar el orden de elegibilidad mencionado y mucho menos a suscribir con los accionantes el negocio proyectado. Además, las últimas dos codemandadas propusieron como excepciones previas: (i) la caducidad de la acción, (ii) la indebida escogencia de la acción o la improcedencia de la acción incoada; y (iii) la falta de legitimación en la causa por activa. 2.4. El 19 de marzo de 19997, la autoridad judicial de primera instancia abrió a pruebas el proceso, y una vez concluida la etapa probatoria, que se prorrogó por aproximadamente nueve años, corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que aquellas alegaran de conclusión y este rindiera concepto de fondo8. 2.5. Dentro del término de traslado, Electrohuila5 y la parte actora" alegaron de conclusión, con reiteración de lo argumentado en oportunidades anteriores. Los demás sujetos procesales y el Ministerio Público guardaron silencio. 2 Folio 257 del cuaderno 1. 3 Folios 300 y 389 del cuaderno 1. 4 Folios 390 a 408 del cuaderno 1. 5 Folios 1 a 166 del cuaderno 2. Folios 217 a 224 del cuaderno 2. Folios 420 a 421 y 438 a 440 del cuaderno 1. Folio 325 del cuaderno 3. 9 Folios 326 a 333 del cuaderno 3. Radicado: 41001‘23-31-000-1995-08385-01 (38206) Demandante: Consultoría Colombia S.A. y otro 2.6. El 10 de noviembre de 200911, el Tribunal dictó fallo de primera instancia

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=410012331000199508385011100103