Titulación de la relatoría 44.148 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / EFECTOS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / NORMATIVIDAD DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / EFECTOS DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ALCANCE DEL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ALCANCE DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Cuál es la naturaleza jurídica de la caducidad de la acción en el proceso contencioso administrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
Reiteradamente, la jurisprudencia de esta Corporación ha explicado que la caducidad corresponde a una figura jurídica de orden público, a través de la cual el legislador limita bajo parámetros razonables el espacio temporal en que toda persona puede acceder a la jurisdicción en ejercicio de su derecho de acción, evitando que las situaciones jurídicas respecto de las cuales exista una controversia permanezcan indefinidas en el tiempo; de manera que, una vez transcurrido el límite temporal dentro del cual es posible ejercer el derecho de acción, la caducidad opera como medio extintivo del mismo. De esta forma, el fenómeno de la caducidad y su eventual configuración corresponde a un presupuesto del derecho de acción, invariable, irrenunciable, improrrogable e insubsanable, sujeto únicamente a la ocurrencia del hecho definido en la ley y el consecuente paso del tiempo, y que, por tanto, debe ser analizado por el juez al momento de dictar sentencia como verificación de un elemento esencial y preexistente para poder decidir el fondo del asunto. (…) [L]a jurisprudencia estimó que, en tanto la caducidad de la acción repercute en el ejercicio del derecho de acceder a la administración de justicia, resultaba necesario adoptar un criterio que permitiera establecer el cómputo de la caducidad bajo una concepción integral de la relación contractual, concluyendo que resultaba más adecuado tomar como referente la fecha de terminación del contrato si éste no requería de liquidación, o la de la suscripción de la liquidación, en caso contrario. En este sentido, se diferenció entre aquellos contratos que requieren ser liquidados de aquellos que no, explicitando que en los primeros la caducidad de la acción debe iniciar su cómputo desde la suscripción del acta bilateral, la ejecutoria del acto administrativo de liquidación unilateral o, de ser el caso, desde el vencimiento del plazo para efectuarla. (…) Posteriormente, la Ley 446 de 1998 positivizó el criterio antes expuesto, partiendo de la distinción entre aquellos contratos que deben -o no- ser liquidados. De esta forma, el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, mantuvo que el término de caducidad sería de dos (2) años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto a la caducidad de la acción, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2017, rad. 57932, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; del 9 de mayo de 2012, rad. 21906, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; del 17 de agosto de 2017. rad. 51667, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; del 3 de marzo de 1989, rad. 5453; del 22 de junio de 1995, rad. 9965 y del 1 de agosto de 2000, rad. 11816.
FUENTE FORMAL:
LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44
ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONDICIONES DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CADUCIDAD DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / PLAZO PARA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿Cuáles son los términos para la liquidación del contrato estatal?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l Decreto Ley 222 de 1983 no precisó el tiempo dentro del cual debía agotarse la etapa de liquidación de los contratos; por ello, fue la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación la que determinó que la liquidación del contrato por mutuo acuerdo debía realizarse dentro de un término plausible o razonable de cuatro (4) meses, contado a partir del vencimiento del plazo del contrato, momento a partir del cual la entidad contratante debía proceder con la liquidación unilateral ; posteriormente añadió que la administración tenía competencia para liquidar el contrato en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo para la liquidación bilateral, término que tomó de la figura del silencio administrativo. Con posterioridad, y tal como ocurrió con el término de caducidad de la acción contractual, el legislador adhirió a los lineamientos antes indicados pero ahora en relación con los términos que debían observar las partes para la liquidación del contrato, de forma que la Ley 80 de 1993 acogió como fórmula para suplir la voluntad de las partes en la materia, el término de cuatro (4) meses para la liquidación bilateral y, luego, la Ley 446 de 1998 ya citada y que modificó con su artículo 44 el artículo 136 del CCA, adoptó el período sucesivo de dos (2) meses para la liquidación unilateral. No obstante, fijados los plazos para la liquidación bilateral o unilateral por la jurisprudencia y posteriormente por el legislador, surgió también la discusión en relación con (i) su naturaleza, esto es, si tales plazos eran de carácter perentorio o preclusivo, o si por el contrario eran solo indicativos, así como respecto (ii) la repercusión o no, en el término de caducidad, de la liquidación realizada por fuera de tales plazos (liquidación extemporánea).
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136, DECRETO LEY 222 DE 1983, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44, LEY 80 DE 1993
CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA / OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PLAZO PERENTORIO
Problema jurídico:
¿La liquidación del contrato estatal determina el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales?
Respuesta al problema jurídico: Si
Respecto del primer asunto discutido, es decir, la naturaleza perentoria o meramente indicativa de los plazos de cuatro (4) y dos (2) meses para la liquidación bilateral y unilateral, si bien en concepto No. 1453 de 6 de agosto de 2003 la Sala de Consulta y Servicio Civil dictaminó que los plazos establecidos en la legislación para la liquidación unilateral eran de carácter perentorio y preclusivo, la postura mayoritaria de la Corporación sostuvo lo contrario, es decir, aseveró que no se perdía la competencia para liquidar el contrato a pesar de que hubieren transcurrido los referidos seis (6) meses siguientes al vencimiento del plazo contractual. Así, la facultad para liquidar el contrato unilateral y bilateralmente estuvo llamada a subsistir durante los dos (2) años siguientes al vencimiento de la obligación de liquidar unilateralmente, que no es otro que el término de caducidad para el ejercicio de la acción contractual, “…pues en tal caso habrá caducado cualquier acción que las partes pudieran promover con fundamento en el contrato” , o antes de la notificación del auto admisorio de la demanda formulada en ejercicio de la acción contractual, lo primero que ocurriere. (…) [E]n relación con la repercusión en el término de caducidad de la liquidación realizada por fuera los plazos para la liquidación bilateral y unilateral, la Sección Tercera de esta Corporación se dividió en dos posiciones: La primera de ellas, señalaba que la liquidación realizada por fuera de dicho término no repercute en el término de caducidad, de forma que si la liquidación es efectuada vencidos los términos antes indicados, pero dentro del término de dos (2) años que la ley confiere para el ejercicio oportuno de la acción, las partes pueden presentar las reclamaciones judiciales que estimen necesarias solo hasta el vencimiento de la fracción subsistente del término de dos (2) años que la ley ha dispuesto para el ejercicio de la acción. Por otra parte, se sostenía que el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales siempre se contaba a partir del acta de liquidación bilateral o del acto administrativo de liquidación unilateral, sin que para el efecto interesara el momento de su suscripción, siempre que se hubiera realizado antes del vencimiento de los dos (2) años previstos para el ejercicio oportuno de la acción (…) Esta disparidad de criterios fue finalmente resuelta por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, quien mediante auto de unificación del 1 de agosto de 2019 estableció de forma unificada que, en el evento en que la liquidación bilateral del contrato se haya practicado luego de vencido el término pactado o supletorio para su adopción por mutuo acuerdo (4 meses) y del período para proferirla unilateralmente (2 meses), pero dentro de los dos (2) años posteriores al vencimiento del plazo para la liquidación unilateral, el término de caducidad de la acción contractual inicia a partir del día siguiente al de la firma del acta de liquidación de mutuo acuerdo del contrato.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la liquidación del contrato y el término de caducidad, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 16 de agosto de 2001, rad. 14384; del 30 de marzo 1996, rad. 11759; del 22 de junio de 2000, rad. 12723; del 22 de febrero de 2001, rad. 13682; del 29 de enero de 1988, rad. 3615; del 16 de noviembre de 1989, rads. 3265 y 3461; del 13 de julio de 2000, rad. 12513; del 13 de junio de 2013, rad. 25439, C. P. Enrique Gil Botero; del 13 de junio de 2013, rad. 24054; del 24 de julio de 2013, rad. 42002; auto del 9 de septiembre de 2013, rad. 47610; providencia del 16 de julio de 2015, rad. 53161, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; del 15 de septiembre de 2011, rad. 41154; del 1 de agosto de 2019, rad. 62009, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas y los conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil No. 1453 de 6 de agosto de 2003; 1230 del 1 de diciembre de 1999 y 1365 de 31 de octubre de 2001.
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / CONTENIDO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA / REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD POR SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL
Problema jurídico:
¿La demanda fue presentada por fuera del término de dos años siguientes a la liquidación del contrato estatal?
Respuesta al problema jurídico: No
[D]e conformidad con lo estipulado en el contrato, las partes podían proceder a la liquidación bilateral del contrato hasta el 27 de noviembre de 2009, mientras que el IDU estaba facultado para hacerlo de manera unilateral hasta el 27 de enero de 2010. Por tanto, los dos (2) años para que operara la caducidad de la acción, trascurrirían a partir del 28 de enero de 2010, hasta el 28 de enero de 2012, momento en el cual: (i) de no haberse realizado la liquidación del contrato antes de esa fecha, la acción habría caducado para el 29 de enero de 2012; o (ii) de haberse liquidado el contrato entre ese lapso, la acción caducaría dos (2) años después de su celebración. Reposa en el expediente el acta de recibo final y liquidación del contrato suscrita el 23 de enero de 2012, en la que las partes dejan constancia de los aspectos más relevantes de la ejecución del contrato y consignaron algunas salvedades. De lo anterior se puede concluir que el acta de liquidación fue suscrita dentro del periodo de caducidad de la acción contractual. En consecuencia, el periodo de caducidad de la acción iniciaría su conteo desde el día 24 de enero de 2012, hasta el 24 de enero de 2014, según se ha explicado. Como la demanda fue presentada el 27 de noviembre de 2013, se concluye que se hizo de manera oportuna. Por tanto, la Sala encuentra que le asiste la razón al demandante. En consecuencia, la decisión de primera instancia será revocada y se procederá al estudio de las pretensiones planteadas en la demanda.
DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CONCEPTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ADECUACIÓN DE LA DEMANDA / ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Cuáles son las diferencias entre el incumplimiento contractual y el desequilibrio económico del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
El incumplimiento contractual tiene origen en la conducta antijurídica de un contratante, es decir, en el proceder contrario a las obligaciones contraídas al suscribir el acuerdo de voluntades que, de cara a su connotación y relevancia, generan insatisfacción en el acreedor de la obligación incumplida. Por tanto, dado que el incumplimiento contractual corresponde a la inejecución por parte del deudor de las prestaciones convenidas por causas que le son imputables, la pretensión de incumplimiento contractual resulta procedente cuando las obligaciones pactadas en la convención -a cargo de cualquiera de las partes- no fueron atendidas, o lo fueron de forma tardía o imperfecta, circunstancia que determina una infracción al derecho de crédito derecho del acreedor derivado del contrato, y en consecuencia, activa la responsabilidad contractual del deudor. De esta forma, se ha entendido que los principales elementos estructurantes de la responsabilidad contractual son, por un lado, el contrato como fuente de obligaciones, del otro, el incumplimiento imputable al deudor y, asociado a los anteriores, el daño que se causa por la inejecución contractual. Por su parte, el desequilibrio económico surge ante una modificación sustancial de la simetría prestacional originalmente pactada por razones ajenas a la conducta del contratista, en tanto tiene génesis en la existencia de circunstancias sobrevenidas, o se presenta como consecuencia del ejercicio legítimo de los actos de autoridad de la administración, cuyo impacto es capaz de romper la medida de equivalencia recíproca en que se fundaron las mutuas prestaciones de los contratantes, es decir, la ecuación contractual acordada. Bajo este espectro de posibilidades, estima la Sala en esta oportunidad, que caben aún las hipótesis en las que a pesar del conocimiento y experiencia del contratista, solo se pudieren advertir con posterioridad a la suscripción del contrato la existencia de graves fallas en su estructuración técnica, económica o financiera, con incidencia en los elementos estructurales del acuerdo de voluntades, como las prestaciones, el precio y el plazo, y de paso, con efectos en el sinalagma contractual; pues ante estas hipótesis, reclama un lugar y efecto la tutela de la confianza, vertida en el consenso de las voluntades, que sin oponerse a las bases de la teoría del error, llama a considerar un centro autónomo de imputación de responsabilidad en consideración a la frustración de las expectativas de quien concurre con el Estado a coadyuvar la consecución de sus fines, bajo condiciones generadoras de un daño propiciado por la negligencia de la autoridad pública en la estructuración de las bases del contrato. Por sus efectos patrimoniales, el incumplimiento contractual se aleja del restablecimiento de la ecuación económica del contrato, en tanto el primero de los referidos se inscribe en el marco de la responsabilidad patrimonial por antijuridicidad de la conducta de cara al débito obligacional, lo que conduce a la reparación integral de los perjuicios que provengan del comportamiento contrario a derecho del contratante incumplido, tanto patrimoniales como extrapatrimoniales, tal como lo disponen los artículos 1546 y 1613 a 1616 del Código Civil, en armonía con el 16 de la Ley 446 de 1998. A su turno, cuando se fractura el equilibrio económico, se abre paso el restablecimiento del sinalagma económico pactado al momento de proponer o contratar, es decir, la Administración se verá obligada a llevar a su contratista a un punto de no pérdida -eventos de imprevisión-, precisándose que, en los casos de ejercicio del ius variandi deberán reconocerse los mayores gastos y las utilidades dejadas de percibir (artículos 14, numeral 1º y 16 de la Ley 80 de 1993), mientras que en el llamado hecho del príncipe, es procedente una indemnización integral de perjuicios, pues éste ha sido considerado como una modalidad de responsabilidad sin culpa de la entidad contratante. De acuerdo con lo anterior, se incurre en una imprecisión conceptual y contraria a la naturaleza y esencia de las cosas, cuando se identifican indistintamente el incumplimiento contractual y el rompimiento del equilibrio económico del contrato.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca del equilibrio económico del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de agosto de 2020, C. P. María Adriana Marín, rad. 46057.
FUENTE FORMAL:
LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 16, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14 NUMERAL 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 16, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1546, 1613, 1614, 1615, 1616
PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / ETAPA PRECONTRACTUAL / PRINCIPIOS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL / RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL / OBLIGACIONES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL / ESTUDIOS PREVIOS EN LA CONTRATACIÓN DIRECTA / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / FALTA DE PRUEBA / OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA / DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO / TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / PRESUPUESTOS DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA / PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA / DEBERES DEL JUEZ / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ALTERACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / FORMULACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INTERPRETACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / PROTECCIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO
Problema jurídico:
¿Cuál es el alcance del principio de planeación en la etapa precontractual?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como es reconocido, el principio de planeación, propio de la etapa precontractual, impone a las entidades públicas adelantar las actuaciones necesarias para garantizar que todo contrato esté precedido de los estudios de orden técnico, financiero, jurídico y económico requeridos para determinar la conveniencia y viabilidad del objeto a contratar, incluyendo los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad, las características del bien o servicio, así como los costos y recursos requeridos para la celebración y ejecución del contrato. Por tanto, siendo claro que la planeación se sitúa en un momento previo a la celebración del contrato, su eventual inobservancia o indebida ejecución no es un asunto que se proyecte frente a la exigencia en el débito obligacional derivado de lo pactado, y por ende, debatible bajo la pretensión del incumplimiento contractual, pues como se observa, su génesis se sitúa en un momento previo a la concreción de las voluntades (consenso) como regla de conducta a la entidad pública en la etapa precontractual, mas no a la inejecución de una obligación cuya fuente sea el acuerdo de voluntades. Con la anterior precisión, conceptualmente no disputa la Sala que el desconocimiento del principio de planeación pueda tener efectos en uno o varios de los elementos estructurantes del contrato -como sus condiciones técnicas, el precio y el plazo-, caso en el cual, al tratarse en estricto sentido de un reproche por error, insuficiencia o variación de las bases y elementos estructurales del contrato, el contratista tiene el deber de acreditarlas, sea porque afecten la validez del contrato o algunos de sus elementos estructurantes, o porque se presentan los presupuestos indispensables para que se abra paso al derecho a que se revisen las condiciones materiales de ejecución del negocio jurídico. En este sentido, si el fundamento de la reclamación del contratista consiste en que solo una vez iniciada la ejecución pudo identificar que las condiciones técnicas, los plazos o los precios no correspondían a la realidad al haberse desconocido el principio de planeación, solo podrá alegar en contra de su experiencia, o la existencia de algún vicio del consentimiento o un desequilibrio -cuando no se esté en presencia de un error-, pero no un incumplimiento contractual, pues en este caso no se trata de una obligación negocial explícita o implícita incumplida de la contraparte derivada del objeto contractual, sino de una discusión respecto de los elementos estructurales del negocio jurídico. Por tanto, distinto a lo planteado por la parte actora en la demanda, no es procedente la acción y eventual declaratoria de incumplimiento del contrato estatal, por una configuración indebida de sus elementos estructurales a causa de una violación del principio de planeación. (…) aunque la pretensión de restablecimiento del equilibrio económico no puede ser confundida con la del incumplimiento contractual, pues, a riesgo de ser reiterativo, mientras el origen de esta última es el proceder contrario a las obligaciones contraídas en el acuerdo de voluntades y el desequilibrio económico surge del deber legal de la entidad pública de mantener la simetría prestacional originalmente pactada, cuando ésta se vea afectada por razones ajenas a la conducta de los contratantes, y aún por la causa que se ha explicado; ello no constituye un obstáculo para resolver de fondo el conflicto en aplicación del principio iura novit curia, conforme al cual, corresponde al juez la aplicación correcta del derecho. Por tanto, la Sala adecuará y estudiará la pretensión, bajo el entendido de que lo solicitado es la declaratoria del desequilibrio económico del contrato originado por la vulneración del principio de planeación por parte de la entidad contratante, medida que en manera alguna significa una vulneración del debido proceso de la contraparte, puesto que se ajusta integralmente a la causa petendi invocada en la demanda.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la teoría de la imprevisión, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de junio de 2022, rad. 53299, C. P. José Roberto Sáchica Méndez y respecto a la adecuación de las pretensiones en la acción contractual, consultar sentencia del 13 de noviembre de 2018, rad. 55230, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / DEBERES DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL / DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Se configuró una afectación a la ecuación económica derivada de una indebida estructuración y planeación del contrato de consultoría?
Respuesta al problema jurídico: No
[M]ientras está acreditado que el contrato estuvo precedido de los estudios para definir su necesidad, condiciones, alcance y valor, el actor se limitó a cuestionar la gestión de la entidad contratante en la etapa precontractual, pero omitió aportar pruebas que acreditaran su dicho, ya que no obran en el expediente las pruebas que permitan a la Sala determinar que en los estudios previos se definieron condiciones o aspectos carentes de sustento para ser contemplados en el contrato conforme a lo establecido en el Acuerdo Distrital, o que difirieran de lo finalmente pactado y ejecutado con ocasión del contrato finalmente celebrado, como tampoco información que permita considerar que tales bases estuvieron errada o falsamente sustentadas. (…) [S]i bien está acreditado que el contrato fue objeto de modificaciones durante su ejecución con ocasión de los trámites necesarios para obtener las aprobaciones de las empresas de servicios públicos así como para atender requerimientos técnicos y nuevas necesidades prediales, esa sola circunstancia no determina que la entidad demandada hubiese impactado el cumplimiento de las obligaciones que le imponen el principio de planeación, pues no se allegó medio de prueba tendiente a demostrar que tales circunstancias fueran producto de su desconocimiento o que hubieren excedido las vicisitudes y particularidades sobrevinientes propias del negocio jurídico celebrado y aún de la experiencia y nivel de conocimiento que como contratista especializado en estos asuntos debían tener los integrantes del consorcio contratista; de hecho, tales modificaciones contractuales lo que evidencian es que ante la ocurrencia de las circunstancias descritas por la parte actora y por solicitud suya, la entidad adoptó las medidas necesarias para superarlas ajustando las condiciones del negocio jurídico de común acuerdo con quien hoy la demanda. (…) [A]l solicitar y suscribir las modificaciones al negocio jurídico, el contratista nunca manifestó que las razones que las sustentaban estuvieren ligadas a una falencia en las actividades de planeación y estructuración del contrato, de cara a la planificación del proyecto. De esta forma, la parte actora no acreditó que el contrato no estuviere precedido de los estudios de orden técnico, financiero y jurídico requeridos para determinar su viabilidad económica y técnica, donde se estableció la conveniencia y necesidad del objeto a contratar, tal como se concluyó en el Acuerdo Distrital 180 de 2005; o, que el contrato, o que las demoras en las aprobaciones de las empresas de servicios públicos y demás situaciones sobrevinientes que exigieron modificar algunas condiciones iniciales del negocio jurídico, tuvieran origen en que el IDU no hubiese estudiado, planeado y presupuestado el proyecto con la debida antelación, o que tales exigencias no podían ser consideradas por el proponente y posterior contratista, habido consideración de su acreditada experiencia en los asuntos comprendidos dentro del objeto del contrato. (…) [E]stá acreditado que la entidad demandada atendió sus deberes precontractuales con la elaboración oportuna y puesta en conocimiento de los interesados de los estudios y documentos previos necesarios para la ejecución del objeto contractual, frente a los cuales el contratista guardó silencio, y no probó que durante la ejecución se revelara que fueren producto de la improvisación, negligencia o errada discrecionalidad de la entidad contratante. Por lo tanto, la Sala no accederá a la pretensión asociada al reconocimiento de perjuicios por transgresión del principio de planeación.
TÉRMINO DEL CONTRATO / AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / MODIFICACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / DECLARACIÓN DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / DEBERES DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL / PAGO AL CONTRATISTA / ADICIÓN AL CONTRATO ESTATAL / ADICIÓN AL CONTRATO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Debe reconocerse un pago adicional al pactado en el contrato en favor del contratista por las ampliaciones en el plazo de ejecución del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a intención de las partes con la suscripción de los otrosíes y adiciones, fue adoptar las medidas necesarias para garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones del contratista por cuenta de los mismos conceptos ahora reclamados, esto es, las variaciones y demoras ocasionadas por las aprobaciones de las empresas de servicios públicos y la necesidad de una mayor gestión predial; con ocasión de ello, las partes convinieron modificar las fechas de entrega de los productos a desarrollar, ampliar el plazo de ejecución y adicionar el valor del contrato; estos ajustes y reconocimientos fueron realizados conforme a las propias solicitudes del contratista, y en las ampliaciones del plazo, expresamente se indicó que no generarían mayores valores a cargo del IDU. Tales modificaciones contractuales, especialmente, la ampliación del plazo contractual con la indicación de que no generarían sobrecostos a ser reconocidos por el IDU, corresponden a acuerdos válidos y exigibles, decididos por las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad en consonancia con el principio de buena fe (artículos 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil), con el fin de superar las circunstancias descritas por la parte actora para sustentar sus pretensiones. Por tanto, está acreditado que durante la ejecución del negocio jurídico, se plantearon y definieron remedios directos frente a los efectos de los asuntos ahora reclamados, mediante acuerdos concretos, en aras de anticiparse a la construcción de reclamaciones posteriores y evitar extender la controversia hasta su definición vía litigiosa, como ahora se pretende por la parte actora. Estos acuerdos tienen pleno entendimiento a la luz de los artículos de sus artículos 4° numerales 3 y 9, 5º numeral 1, 25° numeral 5 y 28° de la Ley 80 de 1993, a partir de los cuales se insta a las partes del contrato estatal a adoptar las medidas necesarias, mediante la firma de pactos sobre cuantía, condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses, para garantizar su corrección ante los múltiples escenarios y vicisitudes que se pueden presentar durante la ejecución del negocio jurídico; tal como se presentó en el caso concreto, donde las partes, al modificar las fechas límite de los entregables, adicionar el valor del contrato y ampliar el plazo de ejecución, expresando que ello no generaría otros conceptos susceptibles de ser reclamados, autorregularon su relación contractual bajo las condiciones y medidas que estimaron necesarias y suficientes para garantizar la debida ejecución del objeto pactado. Así las cosas, en tanto la adopción de estos pactos se fundó en el ejercicio de la autonomía de la voluntad de la parte actora, es claro que ahora no puede desconocer su contenido y pretender un reconocimiento sobre estos, pues en el curso de la ejecución contractual, manifestó su voluntad y consentimiento con la justificación, alcance y efectos de las modificaciones celebradas, sin que ahora pueda desconocerlas, pues, como todo negocio jurídico, tales acuerdos son ley para las partes (art. 1602, Código Civil) y solo pueden invalidarse por consentimiento de esas mismas partes o por causas legales. (…) [L]a Sala declarará probada la excepción denominada “el contrato es ley para las partes” propuesta por la demandada, principio consagrado positivamente en nuestro ordenamiento (art. 1602 del CC) y a partir del cual, no es admisible que la demandante reclame por vía judicial sobrecostos que desconocen y contravienen lo estipulado por ella en los otrosíes y adicionales, negocios jurídicos que suscribió libremente. Resulta en consecuencia improcedente, en el caso concreto, el reconocimiento de los costos adicionales reclamados con fundamento en la mayor permanencia y disponibilidad durante la ejecución del contrato.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 871, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 28, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4 NUMERAL 3, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4 NUMERAL 9, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 1, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602, 1603
EQUILIBRIO DEL CONTRATO / EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA / CONTRATO ESTATAL A PRECIO GLOBAL / PRECIO GLOBAL DEL CONTRATO ESTATAL / APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / FALTA DE PRUEBA
Problema jurídico:
¿En el negocio jurídico se configuró un desequilibrio en el balance económico por un mayor alcance del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
De la lectura de los argumentos esbozados por el consultor y de las pruebas recaudadas, se puede evidenciar que durante la ejecución del contrato efectivamente fueron necesarias modificaciones a los productos entregados, las cuales, tal y como el mismo demandante lo afirma, obedecieron a las aprobaciones y condiciones generales de las actividades a su cargo, que dependían del visto bueno de las empresas de servicios públicos. Sin embargo, no es posible concluir que dichas exigencias hayan superado el alcance inicial del contrato como lo afirmó en su comunicación SEINSE 038-10-118, ya que no obran en el proceso elementos probatorios, como la propuesta, los pliegos, el anexo técnico o los términos de referencia, a partir de los cuales pueda determinarse que esas actividades desbordaban las obligaciones asumidas por el consultor al suscribir el contrato, mucho más, atendiendo a la modalidad de precio acordada -global fijo-. (…) el contrato fue celebrado bajo la modalidad de precio global fijo sin reajustes, por lo que su valor incluía todos los costos directos e indirectos para la ejecución de la obra, y en ese orden, le correspondía al contratista precaver un margen de solvencia que le permitiera asumirlos, tales como el posible incremento de las cantidades de obra inicialmente previstas; sin embargo, no se acreditó en el proceso que, a pesar de haber realizado tales previsiones, las cantidades ejecutadas las hubiesen excedido afectando la equivalencia de las prestaciones pactadas de forma real, grave y significativa, pero además, con ocasión de circunstancias imprevistas o por causas atribuibles a la administración por la expedición de actos en ejercicio legítimo de su autoridad, lo cual de hecho no fue aducido en la demanda. Por tanto, en adición a lo expuesto, la Sala encuentra que los supuestos fácticos bajo los cuales se pretende fundar un desequilibrio en el balance económico del contrato por un mayor alcance del contrato, no se ajustan a aquellos que pueden determinar su ocurrencia. En este orden de ideas, no procede la reclamación presentada, puesto que la actora incumplió la carga de probar las razones en las que sustentó su solicitud.
FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / COSTOS ESTIMADOS / COSTOS DIRECTOS DEL CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / INEFICACIA DEL DICTAMEN PERICIAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / REQUISITOS DE CARGA DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿Se acreditaron mayores costos en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista que provocaron la ruptura del equilibrio económico del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]l actor manifestó que debió incurrir en mayores gastos como consecuencia de los mayores costos que implicó el cumplimiento de las obligaciones a su cargo por las particularidades que tenía cada uno de los proyectos, particularidades que no fueron advertidas en el alcance inicial del negocio jurídico. Indicó que por ello se vio obligado a ejecutar mayores alcances físicos de diseño (…) [S]i bien el actor asoció esta causal al rompimiento del equilibrio económico del contrato, no lo soportó probatoriamente, toda vez que no demostró que efectivamente hubiese incurrido en unos sobrecostos, su cuantía, el impacto económico generado por cada una de esas circunstancias, ni que las mismas no fueron compensadas con los reconocimientos económicos realizados por la entidad contratante a su favor; tampoco se acreditaron las causas de las variaciones y las razones por las cuales éstas superaron el alea normal del contrato, no siendo suficiente para ello la comunicación del contratista reclamando por estos conceptos con posterioridad a su terminación, única prueba obrante en el expediente en relación con esta pretensión. Por su parte, el dictamen pericial contable practicado en el proceso tuvo por objeto exclusivo describir y tasar “los sobrecostos administrativos, financieros y otros indirectos derivados de la mayor permanencia en obra” , de manera que no refiere, y mucho menos acredita, la causa, existencia y cuantía de los presuntos sobrecostos causados por cuenta de los mayores alcances alegados. Además, se reitera, no obra en el proceso la propuesta, el anexo técnico, o los términos de referencia que determinaban el alcance inicial de las obligaciones a cargo del contratista, lo que impide establecer si lo argumentado por el demandante en efecto correspondió a un mayor alcance físico en los diseños, o si en realidad, fueron ajustes necesarios para efectos de cumplir con el alcance previsto desde el proceso de selección. Por tanto, no procede la reclamación presentada.
ELEMENTOS DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / INEXISTENCIA DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / OBJETO DEL CONTRATO / DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / COBRO DE LO NO DEBIDO
Problema jurídico:
¿Se presentó enriquecimiento sin causa en la ejecución del contrato en favor de la entidad contratante?
Respuesta al problema jurídico: No
[N]o es posible predicar la ausencia de causa en las prestaciones ejecutadas y que fundamentan el supuesto enriquecimiento sin causa, toda vez que todas las reclamaciones de la parte actora están sustentadas y cobijadas bajo el marco de ejecución del contrato de consultoría, lo que descarta la presencia de la pretendida figura. En este sentido, los aspectos reclamados por el demandante se refieren a la ejecución de actividades amparadas bajo un contrato debidamente acreditado en el proceso, sin que se hubiere demostrado otra ejecución al margen de dicho negocio jurídico, o probado circunstancia de apremio en la que el contratista hubiera sido compelido a la ejecución de objeto diverso al que se comprometió. Por las razones señaladas, en tanto y en cuanto la parte actora no acreditó lo contrario, la Sala declarará probada la excepción de “inexistencia del desequilibrio económico del contrato”. Adicionalmente, dado que la parte actora no probó la existencia, cuantía y origen de ninguno de los sobrecostos reclamados, como tampoco la configuración de un enriquecimiento sin causa, la Sala también absolverá favorablemente la excepción de “cobro de lo no debido” propuesta por la parte pasiva.
APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS A FAVOR DE ENTIDAD PÚBLICA / CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVIDAD DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Cuál es el criterio de procedencia para la condena en costas en vigencia del CPACA?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con lo consagrado en el artículo 188 del CPACA y con la disposición especial del artículo 365 del CGP, la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a quien se le imponen, toda vez que en el régimen actual, dicha condena se determina con fundamento en un criterio netamente objetivo , en este caso frente a la parte que ha resultado vencida, “siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”. En el presente caso se observa que el IDU, como parte demandada, atendió el proceso de manera diligente y oportuna, pues contaba con apoderado que asumió su representación judicial, gestión que se estima suficiente para que se disponga a su favor la fijación de agencias en derecho en la liquidación de las costas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 365 y 366 del CGP. El artículo 365 ejusdem, en el numeral 4, dispone que cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que dispone el artículo 366 del CGP. El Acuerdo 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda , establece en su artículo tercero que en la fijación de las tarifas en los asuntos contencioso administrativos, debe tenerse en cuenta la naturaleza, la calidad y la duración útil de la gestión realizada por el apoderado, así como la cuantía de la pretensión y demás circunstancias relevantes. A su vez, el artículo 4 del Acuerdo consagró que las tarifas máximas de agencias en derecho deben establecerse en salarios mínimos o en porcentajes relativos al valor de las pretensiones de la demanda reconocidas o negadas en la sentencia.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto al criterio objetivo en la condena en costas, cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación de 31 de mayo de 2022, rad. 11001-03-15-000-2021-11312-00 (IJ), C. P. Rocío Araújo Oñate y sentencia de la Corte Constitucional, sentencia C-157 de 2013, M. P. Mauricio González Cuervo.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 4, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 4, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, 366