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ESTUDIOS PREVIOS EN LA CONTRATACIÓN DIRECTA

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Consejo de Estado Providencia

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y el Consejo de Estado conocen de las controversias sobre validez de contratos de prestación de servicios por cuantía.

Sentencia — Sentencia 2025-08-11 Sección Tercera (Subsección C) ADRIANA POLIDURA CASTILLO Rad. 25000233600020150197201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en virtud de la cuantía? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de las controversias relativas a la validez de contratos de prestación de servicios celebrados por entidades públicas, conforme al artículo 104 del CPACA. En la presente providencia, la Sala determinó que el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para desatar los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia dictada por el tribunal administrativo, en atención a la vocación de doble instancia del proceso y dado que la pretensión de mayor valor formulada en la demanda superaba los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la presentación de la demanda.síntesis automática
También resuelve: ¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro del término legal? ¿Dependiendo de la tipología contractual, se define la modalidad de selección? ¿El acuerdo de voluntades celebrado por las partes se enmarca en la tipología contractual de prestación de servicios?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios no tienen carácter retroactivo

Sentencia — Sentencia 2022-09-22 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 25000232600020040186601 ACCION CONTRACTUAL
¿Conforme al momento de la presentación de la demanda, en el caso concreto, cuando ya se había adjudicado y firmado el contrato, procedía la acción de controversias contractuales? Sí
El contratista puede presentar una acción de controversias contractuales incluso después de que se haya adjudicado y firmado el contrato, siempre que la demanda se presente dentro del plazo legal para solicitar la nulidad absoluta del contrato, que es de dos años a partir de su perfeccionamiento. Esta regla se sostiene en que las normas procesales no son retroactivas y que los actos administrativos precontractuales pueden ser demandados dentro de los treinta días siguientes a su notificación, mientras que la nulidad del contrato debe solicitarse dentro del plazo de dos años desde su celebración. La Sala reitera la jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de controversias contractuales en estos casos, lo que permite a los contratistas defender sus intereses legales incluso después de la firma del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿La demanda de los actos precontractuales fue presentada antes de los treinta días siguientes a su notificación y la nulidad del contrato se solicitó dentro de los dos años siguientes a su… ¿Tienen valor probatorio las copias simples adjuntadas a la demanda? ¿Los documentos pueden ser publicos o privados, del primero se presume su autenticidad y el mérito probatorio de los mismoslo asigna el juez, luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La elaboración de estudios previos es una obligación legal en todos los procesos de selección

Sentencia — Sentencia 2023-06-20 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 05001233300020130029501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La elaboración de estudios previos es una obligación legal en todos los procesos de selección de los contratos sometidos al régimen jurídico del Estatuto General de Contratación y omitir la realización de estos vicia de nulidad el negocio jurídico? Sí
La elaboración de los estudios previos es una obligación legal de ineludible cumplimiento en todos los procesos de selección, incluida la contratación directa, y su omisión sustenta la nulidad absoluta del negocio jurídico. La regla se apoya en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, que imponen esos estudios como condición previa a la celebración de los contratos estatales, y en que la necesidad y la conveniencia de enajenar el bien deben quedar determinadas en ellos. Además, la identificación errónea de la norma violada no altera la causa de la pretensión, de modo que el análisis no vulnera el debido proceso ni el principio de congruencia. En el asunto, la pretensión de nulidad absoluta del contrato de aporte y venta de un predio se fundó en la ausencia de esos estudios, y la Sala modificó la sentencia apelada. En la práctica, la entidad que contrata sin estudios previos expone el negocio a la nulidad absoluta, aun si la parte demandante invoca mal la norma aplicable.síntesis automática
También resuelve: ¿El Juez en segunda instancia está facultado para referirse a los aspectos que sean objeto del recurso de apelación? ¿Para la celebración del contrato de enajenación de bien inmueble, el Alcalde necesitaba la autorización expresa del Concejo Municipal? ¿Era obligatorio que previo a la celebración del contrato se agotara el procedimiento de selección abreviada?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

El fenómeno de la caducidad y su eventual configuración corresponde a un presupuesto del derecho de acción

Sentencia — Sentencia 2022-12-12 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020130206401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuál es la naturaleza jurídica de la caducidad de la acción en el proceso contencioso administrativo? Sí
La caducidad de la acción es una figura de orden público que limita el tiempo en que se puede acceder a la jurisdicción, y constituye un presupuesto del derecho de acción que es invariable, irrenunciable, improrrogable e insubsanable, por lo que el juez debe verificarla al dictar sentencia. La regla se apoya en tres razones. Primera, la caducidad evita que las situaciones jurídicas controvertidas permanezcan indefinidas en el tiempo. Segunda, en los contratos la caducidad se computa desde la terminación del contrato si no requiere liquidación, o desde la suscripción de la liquidación si la requiere, y desde el vencimiento del plazo para liquidar, según el caso. Tercera, la Ley 446 de 1998 positivizó este criterio y fijó un término de dos años contados desde el día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que sirven de fundamento. En consecuencia, el juez debe examinar la caducidad como elemento esencial antes de decidir el fondo. El documento reitera la jurisprudencia sobre la naturaleza de la caducidad.síntesis automática
También resuelve: ¿Cuáles son los términos para la liquidación del contrato estatal? ¿La liquidación del contrato estatal determina el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales? ¿La demanda fue presentada por fuera del término de dos años siguientes a la liquidación del contrato estatal?
SIN DECISION
Consejo de Estado Providencia

Los negocios jurídicos que encubren contratos onerosos bajo la apariencia de comodato con objeto ilícito están viciados de nulidad absoluta.

Salvamento voto — Salvamento de voto 2026-08-24 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 76001233300020210046801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe declararse la nulidad absoluta de un negocio jurídico celebrado bajo la apariencia de un contrato de comodato cuando se demuestra que encubría un contrato oneroso, contenía cláusulas de exclusividad con objeto y causa ilícita, y fue suscrito en desconocimiento de los principios y procedimientos de contratación pública? Sí
La entidad estatal y el contratista tienen el deber de observar estrictamente los principios de contratación pública, de modo que cualquier negocio jurídico que encubra prestaciones onerosas bajo la apariencia de contratos gratuitos infringe el ordenamiento jurídico. En este salvamento de voto se cuestiona la decisión mayoritaria que revocó la sentencia absolutoria y declaró la nulidad absoluta de un contrato atípico que simulaba ser un comodato para obligar a una ESE a adquirir suministros y reactivos con cláusulas de exclusividad. Se advierte que la ausencia de gratuidad desnaturaliza el comodato conforme a los artículos 1501 y 2200 del Código Civil, y que la celebración de estos acuerdos sin los estudios previos exigidos y en desconocimiento de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 410 de 1971 y las normas sobre objeto y causa ilícita genera la nulidad total del vínculo contractual afectado.síntesis automática
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: Aclaración voto

Aclaración voto — Aclaración de voto 2025-09-18 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 25000233600020180111402 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Era procedente que el juez analizara las pretensiones relacionadas con los mayores costos por estudios detallados de riesgos y el reajuste de precios unitarios con fundamento en el artículo 868 del Código de Comercio, aun cuando la demandante en reconvención no invocó expresamente dicha norma en su libelo, considerando el principio de congruencia y el derecho al debido proceso? No
Si bien comparto que el negocio se gobernó por las normas de derecho privado, lo que tornaba inaplicable el restablecimiento del equilibrio económico del contrato del régimen general, estimo que las pretensiones relacionadas con ello solo podían ser valoradas a la luz del Código de Comercio, si así lo hubiese invocado la demanda de reconvención. (frente a las pretensiones relacionadas con los mayores costos por la elaboración de los estudios detallados de riesgos y el reajuste de precios), dado que la defensa de la demandada no se estructuró en función de ello y, por ende, tampoco pudo rebatirlo. En todo caso, ello no impacta el sentido de la decisión que confirmó la improsperidad de las reclamaciones sustentadas en los mayores costos por la elaboración de los estudios detallados de riesgos y en el reajuste de los precios unitarios pactados. En los anteriores términos aclaro mi voto consignado en favor de la decisión.