Titulación de la relatoría 12.374 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETIVO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / TEORÍA DE LOS ACTOS ENCADENADOS / ACTO ADMINISTRATIVO ENCADENADO / NORMA ESPECIAL
Problema jurídico:
¿Cuál es la pauta del inicio del conteo del término de caducidad en asuntos de controversias contractuales cuando existen decisiones encadenadas de la Administración que subsisten de forma independiente a la liquidación del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l cómputo del término de caducidad para el caso de los contratos que requieren liquidación comienza a contabilizarse una vez ésta ocurra, o cuando venza el plazo otorgado para su realización, en tanto la misma constituye prueba principal del estado económico del contrato, al contener los balances, acuerdos, así como las deudas y acreencias vigentes entre las partes con ocasión de su ejecución. Si bien la Sala comparte la pauta antes referida, lo cierto es que ésta no es aplicable a todos los casos en que los contratos requieran liquidación, pues, habrá de decirse de una vez que, esta regla tiene justificación en aquellos asuntos en que existe una relación directa y próxima entre los motivos que generan controversia y la liquidación del contrato, es decir, se debe tratar de aspectos cuyo estado de ejecución y balance son propios de una valoración final, por cuanto su medida de determinación puede variar de cara a la proyección que tengan en la ejecución del contrato. Con importantes matices la jurisprudencia de esta Corporación reconoce en la teoría de los actos encadenados, aquella relación existente entre dos actos definitorios, esto es, aquellos que contienen una decisión sustancial con efectos jurídicos diversos entre sí pero que, siendo diferentes, son secuenciales el uno con el otro. (…) Con sustento en la anterior teoría, se ha reconocido la existencia de una relación encadenada o secuencial entre actos que contienen decisiones diversas, donde el cómputo de la caducidad puede llevase al último de ellos, como ocurre v. gr entre el acto que declara la caducidad contractual y el de liquidación unilateral , pues su conexidad se expresa en que, el segundo -el de la liquidación unilateral- se expide como consecuencia del primero y sólo a partir de la expedición de este último se concreta el efecto financiero directo de la caducidad impuesta, razón por la cual el inicio del plazo para demandar se contabiliza sólo desde la firmeza del acto de liquidación, esto es, el supuesto normativo consagrado en numeral 10, literal d) del artículo 136 del CCA. (…) [E]n los casos en que la relación secuencial o concatenada no existe entre las decisiones de la Administración, la oportunidad para ejercer el derecho de acción corre de forma independiente para cada una de éstas, por tratarse de actos que, se itera, no son correlativos, es decir, no perviven en estrecha conexión sustantiva con el otro. (…) En efecto, el Legislador al conservar la premisa general del plazo de caducidad consagrada desde la expedición del Decreto 01 de 1984 y distinguirla de los escenarios específicos que desarrolló a través de la Ley 446 de 1998 en torno a la liquidación del negocio jurídico, reconoció la existencia de eventos y razones que pueden dar lugar a una controversia de esta naturaleza y que no tienen una relación estrecha y consecuencial con la liquidación del contrato, y para estos casos dispuso el conteo de la caducidad desde que acontecen los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento al debate; por tanto, desconocer lo consagrado en tal premisa dejaría sin contenido dicha previsión, de modo que razonar en orden a identificar los eventos que perviven de forma independiente a la liquidación del contrato y, en caso de contienda judicial, aplicar el término de caducidad de la pauta normativa en cuestión, armoniza y se corresponde con el mandato del Legislador al haber distinguido, en una norma especial y de orden público, entre tales hipótesis, la configuración del fenómeno de la caducidad.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca del término de caducidad en la acción de controversias contractuales, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de agosto de 2000, rad. 11816, C. P. Jesús María Carrillo Ballesteros; sentencia de 13 de noviembre de 2013, rad. 31755, C. P. Mauricio Fajardo Gómez, auto de 2 de julio de 2021, rad. 66495, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; providencia de 5 de octubre de 2016, rad. 49820, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico. Además sobre la naturaleza de la liquidación contractual, consultar sentencia de 3 de agosto de 2000, rad. 17979, C. P. María Elena Giraldo Gómez; y sentencia de 30 de agosto de 2001, rad. 16256, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL D, LEY 446 DE 1998
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / PODER OFICIOSO DEL JUEZ / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO / DETERMINACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL / REVOCATORIA DE LA SENTENCIA / TEORÍA DE LOS ACTOS ENCADENADOS / ACTO ADMINISTRATIVO ENCADENADO / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
Problema jurídico:
¿Al estar las pretensiones de la demanda relacionadas con el incumplimiento de unas metas adicionales en venta, el conteo de la caducidad debió realizarse a partir de la liquidación del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]ste es un caso que impone que el conteo de la caducidad de la acción se haga en los términos de la premisa general contenida en el numeral 10 del artículo 136 del CCA –esto es, “a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento” –, dado que el asunto que acá se discute no está ligado o concatenado a la liquidación del contrato, pues el conflicto se suscitó respecto al cumplimiento de unas metas adicionales en ventas, cuyos beneficios fueron parte de una política de bonificación establecida por la contratante para el segundo semestre del año 2008, los cuales no conllevaban, por sí solos, una inobservancia del plan de compras pactado en el negocio jurídico, pues en nada modificaron los planes de compras fijados en el contrato; y por tanto, su resolución no debía trasladarse hasta la terminación y liquidación del mismo; de ello no hay duda. (…) [D]ado que el origen de los reproches esgrimidos por la actora se concreta en las modificaciones que, afirma, introdujo el Acuerdo 3 de 2009 al Plan de Bonificación Comercial para el segundo semestre de 2008, la caducidad debe contabilizarse desde el momento en que Populares Ltda. conoció dicho Acuerdo. (…) Populares Ltda. conoció el contenido del Acuerdo 3 de 2009, al menos, desde el oficio del 2 de abril de ese año, razón por la cual el término de dos años para demandar empezó a correr desde el 3 de abril de 2009 y se extendió hasta el 3 de abril de 2011; sin embargo, dado que el 22 de septiembre de 2009 la demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 28 Judicial II delegada ante el Tribunal Administrativo de Caldas, a partir de ese día se suspendió el término de caducidad, es decir, restando 559 días para que ocurriera este fenómeno jurídico. El término de caducidad se reanudó el 23 de diciembre de 2009, día siguiente al cumplimiento de los 3 meses de que trata el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, pues el vencimiento de dicho plazo ocurrió antes de la expedición de la constancia sobre la falta de acuerdo entre los interesados. De esta forma, la interesada tenía hasta el 5 de julio de 2011 para instaurar la demanda, lo cual aconteció el 1 de agosto de 2011, es decir, fuera del plazo previsto en la ley para tal fin. (…) Por consiguiente y en aplicación del artículo 164 del CCA, se revocará la sentencia proferida por el a quo y, en su lugar, se declarará, de oficio que, en este asunto, operó el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL D, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 164
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / EFECTOS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / NORMATIVIDAD DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CLASES DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO / OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Cuáles son las hipótesis sobre el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales respecto a las particularidades del caso y el contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a caducidad es el instituto procesal por cuya virtud, se sancionan los eventos en que determinadas acciones judiciales no son promovidas en los plazos específicos fijados por la ley; de manera que, una vez transcurrido el límite temporal dentro del cual es posible ejercer el derecho de acción, la caducidad se revela como medio extintivo del mismo. Este fenómeno jurídico, de orden público, se caracteriza por ser indisponible e irrenunciable, es decir, cuando el juez encuentre probados los supuestos fácticos que conducen a su configuración, debe declararla de oficio y sin considerar la voluntad, aquiescencia o pedido de las partes, ni la etapa o instancia en que avanza el proceso. Además, por su naturaleza objetiva (dado que opera por el solo transcurso del tiempo) se explica que su término sea perentorio y preclusivo, pues corre sin prórrogas y sin interrupciones, y únicamente se suspende con la presentación de solicitud de conciliación extrajudicial, de conformidad con lo prescrito en la Ley 640 de 2001. Ahora bien, el análisis y aplicación de esta figura impone, en el caso particular, acudir a los preceptos contenidos en el numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, aplicable a los procesos iniciados a partir del 8 de julio de 1998 y hasta el 2 de julio de 2012 , norma que conservó, en relación con los contratos, la premisa general que traía el Código Contencioso Administrativo –Decreto 01 de 1984 - desde su expedición, puesto que prevé que en las acciones relativas a contratos el plazo para demandar es de 2 años (…) Así, en las hipótesis específicas añadidas a la premisa de la norma, se estableció que: (i) en los contratos de ejecución instantánea los 2 años se cuentan desde el cumplimiento o cuando debió cumplirse el objeto contractual; (ii) en el caso de los contratos que no requieran liquidación la oportunidad debe establecerse desde que se terminó el contrato por cualquier causa; y (iii) en los que requieren ser liquidados la oportunidad se contabiliza, así: a) si la liquidación era efectuada de común acuerdo, desde la firma del acta, b) si la liquidación era efectuada unilateralmente, desde la ejecutoria del acto que la aprobara, y, c) si la liquidación no era efectuada dentro del término convencional o legal, desde el incumplimiento de esa obligación. A su vez, precisa que si se pide la nulidad absoluta o relativa del contrato esto debe acontecer dentro de los 2 años siguientes a su perfeccionamiento y, en el caso de nulidad absoluta, este plazo se puede extender por el término de vigencia del contrato si éste es superior a 2 años, sin que en ninguna circunstancia supere los 5 años contados a partir de su perfeccionamiento.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca del cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de agosto de 2006 rad. 15323; del 7 de marzo de 2012, rad. 22734 y del 10 de agosto de 2000, rad 11816, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44, LEY 640 DE 2001
Texto extraído del PDF oficial 62.626 caracteres
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., once (11) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 170012331000201100350 01 (56.558)
Demandante: Populares Ltda.
Demandado: Industria Licorera de Caldas
Acción: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Subsecció n A de la Sección Tercera del Consejo de Estado a
resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.
En el pr esente asunto evidencia la Sala , ab initio, que al estudiar los presupuestos
procesales de la acción , se encuentra configurado el fenómeno jurídico de la
caducidad, razón por la cual, desde ahora , anuncia que así será declarado
oficiosamente, en atención a lo dispuesto en el primer inciso del numeral 10 del
artículo 136 del CCA ; circunstancia que, a su vez, marca el rumbo metodológico en
el que se estructura esta providencia.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la decisión proferida el 20 de noviembr e de 2015 por el Tribunal
Administrativo de Caldas, en la cual se resolvió (se transcribe co nforme obra en el
texto original):
“PRIMERO: Declarar no probada la excepción de ‘caducidad de la acción
contractual’ propuesta por la INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS , de
conformidad con lo expuesto ut supra.
“SEGUNDO: Declarar probada las excepciones de ‘indebida pretensión de la
demanda’ y ‘presunción de legalidad de los actos administrativos’ propuesta
por la INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS.
“TERCERO: Denegar las pretensiones de la demanda.
“CUARTO: Sin costas por lo brevemente expuesto.
Radicación: 170012331000201100350 01 (56.558)
Demandante: Populares Ltda.
Demandado: Industria Licorera de Caldas
Asunto: Controversias contractuales
2
“QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, liquídense los gastos de proceso,
devuélvanse los remanentes si los hubiere y archívense las diligencias ,
previas las anotaciones pertinentes en el programa informático ‘Justicia Siglo
XXI’”1.
El anterior proveído resolvió la demanda cuyas (i) pretensiones, (ii) hechos
principales y (iii) fundamentos de derecho son los siguientes:
Pretensiones
2. El 1 de agosto de 2011 2, la sociedad Populares Ltda. presentó demanda, en
ejercicio de la acción de controversias contractuales, contra la Industria Licorera de
Caldas3 –en adelante ILC 4-, con el fin de obtener las siguientes declaraciones y
condenas (se transcribe conforme obra):
“PRIMERA: Que ent re la INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS y la sociedad
POPULARES LTDA. se suscribió el contrato No. 1979 de 1993, ‘cuyo objeto es
la venta por parte de la LICORERA al CONTRATISTA, con entregas periódicas
mensuales, de manera exclusiva, de los licores que produce para que dicho
contratista posteriormente los venda a los consumidores en el Departam ento de
Santander, en las cuantías y precios que se indican en el contrato’.
“SEGUNDA: Que desde la celebración del contrato y hasta la fecha, la sociedad
POPULARES LTDA. ha obrado como distribuidor exclusivo en el Departamento
de Santander de los productos elaborados por la INDUSTRIA LICORERA DE
CALDAS, de conformidad con el contrato No. 1979 de 1993, así como las
adiciones y modificaciones posteriormente introducidas al contrato original.
“TERCERA: Que la INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS, incumplió sus
obligaciones contractuales, pues, en desarrollo del contrato No. 1979 de 1993
suscrito con la empresa POPULARES LTDA., de sus prórrogas, modificaciones
y de todos los actos contractuales de ejecución estaba obligada a reconocer a la
sociedad POPULARES LTDA. la suma de un mil doscientos millones de pesos
($1.200.000.000), representados en la bonificación de 281.399 unidades de licor
de 750 c.c. o su equivalente, correspondient es al plan de bonificaciones
implementado por la demandada durante el año 2008.
“CUARTA: Que la INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS, en desarrollo del
contrato No. 1979 de 1993 suscrito con la empresa POPULARES LTDA., de sus
prórrogas, modificaciones y de los actos contractuales de ejecución entregue a la
sociedad POPULARES LTDA. la bonificación de unidades de licor (281.399
unidades de 750 c.c. o su equivalente) correspondiente al año 2008, en entregas
parciales, en un plazo no inferior a noventa (90) días conta dos a partir de la
fecha de ejecutoria del correspondiente fallo definitivo.
“QUINTA: Que la INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS disponga la elaboración
de una nota crédito a favor de POPULARES LTDA. por el valor en fábrica de los
productos materia de la bonificación a los precios vigentes a 31 de diciembre de
1 Folio 55 del cuaderno principal.
2 Folio 1 del cuaderno 1.
3 En los términos de la Orden anza 282 de 1998, expedida por la Asamblea Departamental de Caldas, la Industria
Licorera de Caldas es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, del orden departamental, dotada de
personería jurídica, con autonomía administrativa y financiera, vincula da a la Secretaría de Hacienda del
Departamento de Caldas.
4 Sigla autorizada, según el artículo 1 de la Ordenanza 282 de 1998, dictada por la Asamblea Departamental de
Caldas, por medio de la cual se modifican los estatutos básicos u orgánicos de la Industria Licorera de Caldas.
Radicación: 170012331000201100350 01 (56.558)
Demandante: Populares Ltda.
Demandado: Industria Licorera de Caldas
Asunto: Controversias contractuales
3
2008, para facilitar a POPULARES LTDA. realizar el pago del impuesto al
consumo.
“SEXTA: Que a título de indemnización, se condene a la INDUSTRIA
LICORERA DE CALDAS a pagar a la sociedad POPULARES LTDA. el valor de
los perjuicios de orden material, como reparación del daño causado, los cuales
ascienden razonadamente a la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y
OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL PESOS ($488.197.000),
discriminados como se detalla en el respect ivo acápite de la demanda, o de
conformidad con lo que resulte probado en el proceso.
“SEPTIMA: La condena respectiva será actualizada en virtud de lo previsto en el
artículo 178 del C.C.A., reajustándola en su valor, tomando como base la
variación del ín dice de precios al consumidor, y se reconocerán los intereses
legales desde la fecha en que se hicieron exigibles -1 de junio de 2009 - hasta
cuando se le de cabal cumplimiento a la sentencia que le ponga fin al proceso,
de acuerdo con los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A.
“OCTAVA: Que se condene a la demandada INDUSTRIA LICORERA DE
CALDAS al pago de las costas y agencias en derecho a que haya lugar de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 393 del Código de Procedimiento
Civil.
“NOVENA: Que la entidad descentralizada debe dar cumplimiento a la sentencia
que ponga fin a este proceso en el término de treinta (30) días calendarios,
profiriendo la resolución correspondiente en la cual se adopten las medidas
necesarias para su cabal ejecución, especialmente las de apropiar las reservas
presupuestales que garanticen el pago de los perjuicios (artículos 174, 176 y 177
del C.C.A.)”5.
Hechos relevantes
3. Como supuestos fácticos, la parte actora indicó que suscribió el contrato 1979 de
1993 con la Industria Licorera de Caldas –ILC-, cuyo objeto es “la venta por parte de
la licorera al contratista, con entregas periódicas mensuales, de manera exclusiva, de
los licores que produce para que dicho contratista posteriormente los venda a los
consumidores en el Departamento de Santander ” y que dicho negocio jurídico se ha
extendido por un lapso ininterrumpido de 18 años –contados al momento de
presentación de la demanda – a través de diversas modificaciones, adiciones y
prórrogas, tiempo en el cual Populares Ltda. se ha consolidado como una de las más
importantes comercializadoras de licores en el oriente del país.
4. En desarrollo de sus políticas comerciales, el Consejo Directivo de la ILC expidió
el Acuerdo 21 del 21 de julio de 2008, mediante el cual a utorizó un plan de
bonificaciones por venta de productos para el segundo semestre de 2008 , cuyo
cumplimiento daba lugar al reconocimiento de una bonificación en unidades de licor,
que se haría mediante nota de crédit o de cartera, expedida a partir del 1 de
septiembre de 2008, que podía ser usada hasta el 30 de mayo de 2009 , quedando
Populares Ltda. obligada únicamente al pago de los impuestos de las unidades de
licor que correspondieran al beneficio.
5 Folios 3 y 4 del cuaderno 1.
Radicación: 170012331000201100350 01 (56.558)
Demandante: Populares Ltda.
Demandado: Industria Licorera de Caldas
Asunto: Controversias contractuales
4
Indicó que, con el propósito de acceder a las bonifi caciones ofrecidas, Populares
Ltda. desplegó las actividades comerciales y financieras necesarias para lograr las
metas de las compras fijadas por la licorera.
5. Señaló que, posteriormente, la ILC profirió el Acuerdo 3 de enero de 2009, que
modificó el Acuerdo 21 de 2008, al cual se había acogido la sociedad actora para
promocionar los productos entre agosto y diciembre de 2008. En virtud de la referida
modificación, la ILC reconoció a Populares Ltda . una bonificación de 249.649
unidades de licor de 750 c.c. o su equivalente; no obstante, mediante oficio del 8 de
mayo de 2009, la sociedad contratista comunicó a la contratante su inconformidad
con la bonificación concedida, pues, en virtud de las condiciones bajo las cuales se
acogió desde un comienzo, le c orrespondía un reconocimiento por la cantidad de
281.399 unidades de 750 c.c. o su equivalente.
6. Afirmó que, mediante oficio del 18 de mayo de 2009,
Se muestran los primeros 10.000 caracteres. El PDF oficial tiene el texto completo.