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CULPA IN COTRAHENDO,RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL,EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS – Régimen jurídico aplicable,Derecho privado,Autonomía negocial,Competencia del juez de lo contencioso administrativo,Ordenamiento jurídico atribuido a las E.S.P,Actividad contractual,Responsabilidad adicional frente al Estado,Actividad c – Mes: julio – Año: 2018…
También resuelve:Empresa de servicios públicos domiciliarios: régimen jurídico aplicable, derecho privado, autonomía negocial, competencia del juez de lo contencioso administrativoCulpa in cotrahendo: contratación de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, normativaResponsabilidad precontractual: improcedencia, naturaleza extracontractual, principio de legalidad y buena fe
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en virtud de la cuantía? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer de un recurso de apelación contra una sentencia de primera instancia emitida por un tribunal administrativo, siempre que la cuantía de la demanda supera los 500 SMLMV al momento de su presentación, conforme a lo establecido en los artículos 129, 132-6 y 181 del Código Contencioso Administrativo. En el caso particular, el Consejo revocó la decisión del tribunal al determinar que la cuantía de la demanda superaba el umbral legal, lo que le confería competencia para resolver el recurso de apelación. Además, la corporación reiteró su jurisprudencia sobre la facultad del juez de adecuar la acción en casos excepcionales, siempre y cuando no se afecte el derecho de defensa del demandado y no haya variación en la causa petendi o en las pretensiones de la demanda. Asimismo, el Consejo estableció que los actos precontractuales emitidos por entidades sometidas al derecho privado, como Ecopetrol, no constituyen actos administrativos, sino actos de gestión contractual, por lo que la acción de reparación directa es el mecanismo adecuado para demandar responsabilidad bajo las reglas de la culpa in contrahendo.síntesis automática
También resuelve:¿Excepcionalmente, el juez administrativo puede adecuar la acción, siempre que el derecho de defensa del demandado no se vea afectado?¿Los actos precontractuales emitidos por una entidad sometida al derecho privado constituyen actos administrativos?¿La acción de reparación directa es adecuada para demandar la responsabilidad precontractual de las entidades sujetas a régimen exceptuado, y, en caso de haberse acudido a una acción inadecuada…
Paz y salvo provisional,Tesorería Municipal Subsanabilidad de las ofertas,Principios Economía y Selección,Derivada de un daño antijurídico,Daño in contrahendo e in contrahendo,Fundamentos – Mes: junio – Año: 2014…
¿Los contratos de estabilidad tributaria se perfeccionaron por no haberlos celebrado dentro de los dos meses siguientes a la solicitud? No
El contratista no puede perfeccionar un contrato de estabilidad tributaria por el silencio administrativo de la DIAN, ya que este no implica un acuerdo tácito entre las partes, y la entidad no aceptó la propuesta inicial del contratista, por lo que no se configuró un contrato válido. Además, la DIAN presentó un proyecto de contrato que no fue aceptado por el contratista, por lo que no se estableció una obligación contractual. La Sala reitera que, en ausencia de un contrato, no procede la nulidad de actos administrativos relacionados con la publicación del contrato y la devolución de tributos pagados, y que el contratista debe demandar la indemnización de perjuicios por la configuración de responsabilidad precontractual, si es que existen. Este precedente reitera la importancia de la voluntad expresa de las partes para la perfección del contrato y la necesidad de reclamar indemnización por perjuicios en caso de configurarse la responsabilidad precontractual.síntesis automática
También resuelve:¿Por regla general, los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 de ese estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes?¿Aunque no se perfeccione el contrato, en la etapa preparatoria se originan deberes precontractuales cuya observancia es relevante?¿La oferta, como acto voluntario y unilateral propio de la formación del contrato, constituye un acto que tiene efectos jurídicos?
¿Está obligado el juez a valorar el fondo de las pretensiones formuladas en la demanda, aunque no se hubieren consignado salvedades contractuales durante la ejecución del contrato? Sí
El juez está obligado a valorar el fondo de las pretensiones formuladas en la demanda, incluso cuando no se hayan consignado salvedades contractuales durante la ejecución del contrato, ya que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha unificado la posición de que es necesario analizar las pretensiones presentadas, independientemente de la existencia de salvedades en los negocios jurídicos celebrados entre las partes. Esta nueva interpretación implica que el juez debe determinar el alcance de los acuerdos celebrados durante la ejecución del contrato para evaluar su relación con lo reclamado judicialmente, lo que modifica la obligación previa de consignar salvedades en otrosíes, prórrogas o adicionales.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta aplicable una sentencia de unificación jurisprudencial proferida con posterioridad a la sentencia de primera instancia y a la interposición del recurso de apelación?¿Tiene validez jurídica la renuncia de derechos realizada por un contratista en el marco de un contrato estatal, cuando dicha renuncia no ha sido impuesta ni condicionada?¿Tienen validez los acuerdos celebrados en el marco de un contrato estatal que establece la renuncia del contratista a la reclamación judicial?
¿El permitir aportar un documento subsanable sobre los pagos oportunos al sistema de seguridad social vulnera las reglas de la licitación? No
La certificación de estar al día con el sistema de seguridad social y parafiscales es un requisito de control para evitar la evasión, y no una inhabilidad para contratar con el Estado. Esta regla se apoya en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuya redacción no establece expresamente una inhabilidad, y en el carácter taxativo de las inhabilidades, que no admite interpretación extensiva o analógica. Por ello, la entidad puede habilitar al proponente que aporta un documento subsanable sobre los pagos oportunos al sistema de seguridad social, sin infringir las reglas de la licitación. En el caso concreto la resolución de adjudicación no adolece de nulidad, porque el proponente seleccionado fue habilitado en esos términos. La sentencia fue confirmada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la falta de un documento subsanable de seguridad social no conduce, por sí sola, a la inhabilidad del proponente.síntesis automática
También resuelve:¿Si el contratista se encuentra al día y no aportó el medio de prueba, podrá allegarlo, pero en caso de que se encuentre incumplido, deberá ser rechazado y no podrá ser adjudicatario?¿Está demostrado que las reglas del proceso impusieran como causal de rechazo la ausencia de prueba del pago de parafiscales?¿La selección objetiva del contratista es un principio y deber fundamental en la actividad contractual Estatal que orienta todos los procesos de selección?
¿La decisión de descalificación de la propuesta contractual obedeció a una ruptura intempestiva y carente de razón? No
Constituye un motivo válido para descalificar una propuesta en un proceso de selección que una persona con cargo directivo en la entidad contratante tenga relación familiar con el representante de la firma proponente, pues la prohibición de favorecimiento aplica aunque la dependencia en la que se desempeña no tenga relación con la contratación. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la presencia de un servidor público del nivel directivo con esa relación familiar basta para activar la prohibición, con independencia de que su dependencia no intervenga en el objeto contratado. Segundo, la descalificación no vulnera el principio de buena fe contractual cuando la decisión no obedece a una ruptura intempestiva ni carece de razón y no sorprende al participante, pues en tal caso no se rompen las tratativas, que deben respetarse conforme a los pliegos y a la ley. La providencia deniega las pretensiones de la demanda y confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, el aspirante que incurre en una prohibición legal puede ser descalificado sin que ello implique una ruptura de las tratativas precontractuales.síntesis automática
También resuelve:¿La incompatibilidad en estudio era adecuada si se dirigía a los familiares de aquellas personas que gozaran de poder de decisión de adjudicar un contrato?¿La incompatibilidad en estudio resulta conteste con la clasificación y nomenclatura de cargos de la EPM y era viable su aplicación en el presente asunto?¿La calidad de servidores públicos de las entidades estatales mixtas la ostentan sus representantes legales y los funcionarios de los niveles directivo…
25000233600020190067101 de 20262026-06-26Sección TerceraRad. 25000233600020190067101
El contratista no puede recurrir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para impugnar los actos precontractuales emitidos por 4-72, ya que estos se rigen por el derecho privado y no por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, conforme a lo establecido en la Ley 489 de 1998 y la Ley 1150 de 2007. La entidad 4-72, al ser una sociedad pública vinculada al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se rige por las normas aplicables a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, por lo que sus procesos precontractuales deben analizarse a través del medio de control de reparación directa. La Sala reitera la jurisprudencia que establece que las entidades excluidas del EGCAP, como 4-72, no están sujetas a los medios de control propios del derecho administrativo, sino que deben interpretarse y resolverse conforme al derecho privado, lo que implica que los actos precontractuales no son susceptibles de nulidad y deben ser revisados desde la perspectiva de la responsabilidad precontractual y la buena fe.síntesis automática
También resuelve:Régimen jurídico de 4-72: derecho privado, Ley 489 de 1998 artículos 85, 86 y 93, Ley 1150 de 2007 artículo 14, régimen de contrataciónAplicación de posición de unificación jurisprudencial para las empresas de servicios públicos domiciliarios: medio de control, interpretación, reparación directa, responsabilidad precontractualResponsabilidad precontractual de las entidades estatales con régimen de contratación de derecho privado: vulneración al principio de buena fe, desconocimiento de los deberes de conducta, reconocimiento de perjuicios, Código de Comercio artículo 863
25000232600020100041102 de 20252026-02-16Sección TerceraRad. 25000232600020100041102
El contratista debe probar adecuadamente el incumplimiento de las reglas y términos del procedimiento de selección por parte de la entidad y que, de haber sido aplicadas correctamente, su oferta hubiera sido la seleccionada para celebrar el contrato, de lo contrario, la Sala revocará la decisión de primera instancia y negará las pretensiones de la demanda por falta de prueba del daño alegado, reafirmando la importancia de cumplir con la carga probatoria en controversias contractuales.síntesis automática
También resuelve:Medios de control: nulidad, cca artículo 84, no tiene término de caducidad, nulidad y restablecimiento del derechoEscogencia indebida de la acción: relación directa con la causa petendi, adecuación de la acción por parte del juez, protección del derecho de defensa del demandado, acción no haya caducadoActos precontractuales y medio de control procedente: sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado, aplica para entidades con régimen de contratación sometido al derecho privado, medio de control, reparación directa
¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso en virtud de la naturaleza FONTUR como patrimonio autónomo conformado por capital público? Sí
Cuando un patrimonio autónomo de naturaleza pública, conformado con capital público y que ejerce funciones de la misma naturaleza, adopta decisiones dentro de un procedimiento de selección, sus actuaciones pueden ser controvertidas ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en razón del criterio orgánico del artículo 104 del C.P.A.C.A. La regla se sostiene en dos razones: el patrimonio carece de personería jurídica pero administra recursos públicos provenientes de una contribución parafiscal, de un impuesto y de asignaciones del presupuesto general, y está sujeto a las directrices del ministerio sectorial. En el caso, la adjudicación de una invitación abierta adoptada por ese patrimonio fue controvertida, y el Consejo de Estado asumió la competencia en segunda instancia porque la mayor cuantía de la demanda superaba los 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según el numeral 3 del artículo 152 del C.P.A.C.A. El documento cita conceptos y sentencias sobre la capacidad de los patrimonios autónomos para ser parte, pero no señala que reitere o unifique precedente; la consecuencia práctica es que la competencia se determina por la naturaleza pública del capital y no por la personería jurídica del administrador.síntesis automática
También resuelve:¿El acto de adjudicación en los contratos regulados por el derecho privado tiene la naturaleza de acto administrativo?¿El medio de control de reparación directa es el idóneo para demandar la responsabilidad precontractual de las entidades sujetas a régimen exceptuado?¿FONTUR como patrimonio autónomo se encuentra legitimada en la causa por pasiva al proferir el acto del cual se deriva el daño por el que se demanda?
¿Con la expedición de los actos 11900-2014-6884 del 29 de diciembre de 2014, 10200-2014-1137 del 30 de diciembre de ese año y 11900-2015-0454 del 4 de febrero de 2015, la demandada desconoció el principio de buena fe y, por consiguiente, incurrió en responsabilidad precontractual? Sí
El contratista no puede reclamar responsabilidad precontractual por la terminación de una invitación pública, ya que la entidad estatal actuó conforme a los términos inicialmente establecidos y conocidos por el contratista, cumpliendo así con el principio de buena fe. La Sala reitera que la responsabilidad precontractual no se activa cuando la entidad cumple con los deberes inherentes a la buena fe contractual. Además, el Consejo de Estado determina que los actos y contratos de las empresas de servicios públicos domiciliarios se rigen por el derecho privado, salvo excepciones legales, por lo que la terminación de la invitación pública no constituye un acto administrativo susceptible de nulidad. En consecuencia, el medio de control adecuado es la reparación directa, conforme al artículo 140 de la Ley 1437 de 2011, al no tratarse de un acto administrativo sino de actuaciones negociales precontractuales.síntesis automática
También resuelve:¿De acuerdo con la normatividad vigente, procede la condena en costas a quien resulta vencido en el proceso o se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?
¿Cuál es la pauta del conteo del término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo que negó la solicitud de suscripción del contrato estatal de estabilidad jurídica? Sí
El contratista debe contar con cuatro meses a partir de la notificación del acto administrativo que niega la solicitud de suscripción del contrato estatal de estabilidad jurídica para ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que implica que la caducidad de esta acción vence cuatro meses después de la notificación. Además, el acto administrativo que niega la suscripción del contrato estatal de estabilidad jurídica puede ser nulo por falsa motivación si no se demuestran adecuadamente las razones que justifican la importancia y el carácter determinante de la decisión de inversión en relación con las normas e interpretaciones administrativas vinculantes, conforme a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y el documento CONPES. Asimismo, la negativa a la suscripción del contrato no viola el derecho a la igualdad si el contratista no aporta pruebas comparativas que demuestren que otras empresas similares obtuvieron contratos de estabilidad jurídica bajo condiciones equivalentes. Estas reglas reiteran y matizan precedentes existentes, proporcionando mayor claridad sobre los requisitos y procedimientos para la suscripción de contratos de estabilidad jurídica y la protección de los derechos de los contratistas en la etapa precontractual.síntesis automática
También resuelve:¿Son nulos por falsa motivación los actos administrativos que negaron la suscripción del contrato estatal de seguridad jurídica conforme a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y documento…¿Son nulos los actos administrativos por violación al derecho a la igualdad al haber negado la suscripción del contrato estatal de seguridad jurídica…¿Cuál es el criterio de procedencia para la condena en costas en asunto regido por el CPACA?
¿Se debe confirmar la decisión del Tribunal consistente en declarar la nulidad de la Resolución, al evidenciarse que el recurso de apelación no se opuso a todos los cargos que motivaron la nulidad de tal acto administrativo? Sí
La Sala confirmará la decisión del Tribunal consistente en declarar la nulidad de la Resolución… . Lo anterior, toda vez que tal determinación fue adoptada por el Tribunal luego de acceder a todos los cargos de nulidad formulados por… [la demandante] –por “expedición irregular o vicio de procedimiento”, por “desconocimiento al debido proceso” y por “falsa motivación”–, y que, en su recurso de apelación, el departamento de Cundinamarca únicamente se opuso a lo decidido por el Tribunal frente a los cargos de nulidad por “expedición irregular o vicio de procedimiento” y por “falsa motivación”, y guardó silencio en relación con el cargo de nulidad por “desconocimiento al debido proceso”.
También resuelve:¿Resulta procedente la nulidad por expedición irregular o vicio de procedimiento del acto administrativo que revoca el acto de apertura de un proceso de selección…¿El acto administrativo que revoca el acto de apertura del proceso de selección, se encuentra viciado de nulidad por falsa motivación…¿Resulta procedente la condena por concepto de restablecimiento del derecho dada la nulidad del acto administrativo que revoca el acto de apertura del proceso de selección, cuando se observa que…
¿El régimen normativo aplicable al concurso privado de méritos para contratar los estudios de factibilidad y aprovechamiento de la hidroeléctrica del Quimbo, era el contenido en el Decreto 222 de 1983? Sí
El concurso privado de méritos para contratar los estudios de factibilidad y aprovechamiento de la hidroeléctrica del Quimbo, iniciado por el ICEL como establecimiento público, estaba sujeto al Decreto 222 de 1983. La Sala reitera la aplicación de este decreto, que establece que los contratos celebrados por los establecimientos públicos se someten a las reglas del Estatuto General de Contratación. Además, la Sala valora las copias simples presentadas, considerando que no fueron tachadas de falsas y su validez no fue controvertida. En cuanto a la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo, la Sala determina que es competente, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. La acción de reparación directa es procedente para reclamar perjuicios por responsabilidad precontractual derivadas de la presunta omisión de suscribir un contrato, y su caducidad debe contarse a partir del momento en que se abrió una nueva licitación pública con objeto análogo.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la valoración de las copias simples ya que obraron a lo largo del proceso, sin que fueran tachadas de falsas, ni su validez fuera controvertida?¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo?¿La acción de reparación directa es procedente para reclamar perjuicios por pretensiones de responsabilidad precontractual derivadas de la presunta omisión de suscribir un contrato?
¿Los actos precontractuales proferidos en procesos contractuales regulados por el derecho privado tienen la naturaleza de acto administrativo? No
El contratista no puede impugnar los actos precontractuales proferidos en procesos contractuales regulados por el derecho privado como actos administrativos, ya que estos no tienen la naturaleza de acto administrativo y su revisión se realiza conforme a las reglas del derecho privado, incluyendo la garantía de buena fe y la autonomía de la voluntad. Esta posición reiterada por la Sección Tercera del Consejo de Estado implica que los actos precontractuales de las empresas de servicios públicos domiciliarios no son susceptibles de nulidad por vía administrativa, sino que se evalúan en términos de incumplimiento de obligaciones derivadas del contrato privado.síntesis automática
También resuelve:¿La propuesta presentada por la sociedad futura fue modificada al cumplir con el requerimiento de aclaración?¿La empresa contratante modificó arbitrariamente el cronograma del proceso de selección?¿La decisión emitida por el comité evaluador respecto a la elección de la propuesta transgredió el pliego de condiciones?
¿La propuesta de la demandante fue indebidamente rechazada y el Contrato debió adjudicársele a ella? Sí
La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda. En este caso está demostrado que el Hospital no respetó las condiciones establecidas para celebrar el contrato porque (i) la oferta presentada por Tienken fue indebidamente rechazada en tanto sí estaba autorizada para ofrecer los productos de Piemca y sí cumplía los requisitos técnicos exigidos en los términos de referencia; y (ii) Tienken tenía derecho a la adjudicación del Contrato porque, conforme con lo previsto en los términos de referencia, presentó el ofrecimiento económico más beneficioso para la entidad. No obstante lo anterior, no está demostrado el perjuicio material reclamado, esto es, la utilidad que habría obtenido en caso de que el contrato le hubiera sido adjudicado.
También resuelve:¿Por tratarse de un proceso de selección de una entidad no sometida al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública…¿El medio de control de reparación directa fue interpuesto dentro del término establecido en la ley?¿El incumplimiento de la obligación por parte de la entidad estatal, al abrir la convocatoria pública y no respetar las condiciones obligatorias y vinculantes establecidas en los términos de…
¿Se probó que la conducta de los servidores públicos fue realizada con culpa grave? No
Al no estar probado el hecho que permite tener por cierto que la conducta fue realizada con culpa grave, es deber de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. acreditar dicha calificación, y no compete a los funcionarios derrumbar la presunción legal. Más allá del expediente contractual… , no existen elementos de juicio que permitan calificar la conducta de los funcionarios [demandados] como ajena a las finalidades del Estado o como una violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho. Sobre todo… que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. limitó su actuación a asegurar en la demanda que los servidores tenían conocimiento de la irregularidad en que incurrieron y de su comportamiento omisivo, sin allegar prueba alguna que corroborara tales afirmaciones.
También resuelve:¿La entidad demandante probó que los demandados procedieron de manera dolosa o gravemente culposa?¿Está probado que los diseños elaborados por la firma consultora hayan determinado la inclusión de un túnel?¿La entidad aduce de los servidores demandados el conocimiento de la irregularidad en que incurrían y el comportamiento omisivo?
¿Se presentó incumplimiento de los deberes derivados de la buena fe exenta de culpa, la lealtad y la corrección que orientan las fases de negociación previas? Sí
El contratista no puede demostrar la responsabilidad precontractual de la entidad estatal si no demuestra que su oferta era la mejor y que la entidad prefirió celebrar el negocio jurídico con otra persona, conforme al principio de buena fe y lealtad contractual que rige las fases de negociación previas. En este caso, la entidad permitió al proponente completar su propuesta en aspectos que las reglas de participación habían señalado como obligatorios e insubsanables, lo que configuró un incumplimiento de los deberes derivados de la buena fe exenta de culpa y la lealtad contractual. La entidad, al no seguir las reglas que había establecido para determinar cuál era el mejor oferente, incurrió en responsabilidad precontractual por culpa in contrahendo, lo que impidió que el proceso de selección continuara de manera justa y transparente. Esta decisión reitera la importancia de que las entidades públicas cumplan con las reglas que establecen unilateralmente para evaluar las ofertas y seleccionar al mejor proponente, garantizando así la seriedad y la integridad del proceso de contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿La entidad podía, después de recibir todas las ofertas, permitir al proponente completar su propuesta en aspectos obligatorios e insubsanables?¿El proponente debe demostrar que su oferta era la mejor y que no obstante ser así la entidad prefirió celebrar el negocio jurídico con otra persona?¿La intención de la entidad era invitar a que se presentaran propuestas para estudiarlas de acuerdo con las reglas que estableció?