Titulación de la relatoría 17.457 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales?
Respuesta al problema jurídico: Si
[P]ara la Sala resulta claro que en el asunto sub judice, a efectos de computar el plazo de la caducidad del medio de control, no es procedente tener en cuenta el término de los dos (2) meses de la liquidación unilateral del contrato, no solamente porque las partes no lo pactaron expresamente en el convenio, sino también porque en virtud de la naturaleza del acuerdo de voluntades y ante la falta de pacto inequívoco y expreso, no es dable acudir de forma supletiva a las previsiones contenidas en el EGCAP sobre este particular. Así las cosas, la caducidad deberá contabilizarse a partir del vencimiento del plazo que tenían las partes para liquidar de forma bilateral el convenio. En tal sentido, en el presente caso se tiene que el convenio finalizó el 30 de diciembre de 2014, momento a partir del cual empezó a correr el término para su liquidación bilateral, que se extendió hasta el 30 de abril de 2015, por lo que el plazo de caducidad del medio de control de controversias corrió entre el 30 de abril de 2015 y el 30 de abril de 2017. En consecuencia, para la fecha en que se radicó la demanda, esto es, para el 12 de mayo de 2017, ya había vencido el término para su presentación en tiempo, de conformidad con lo establecido en el artículo 164, numeral 2, literal j), numeral v), del CPACA, sin que para tal efecto sea menester tener en cuenta el agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, toda vez que, además de que en el proceso no se acreditó que la entidad demandante hubiera adelantado dicho trámite, lo cierto es que la misma no resulta obligatoria cuando quien demanda es una entidad pública -como ocurre en el presente caso-, según lo previsto en el artículo 613 del CGP. Por lo anterior, se confirmará la sentencia de primera instancia que declaró probada la caducidad del medido de control de controversias contractuales.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el cómputo de la caducidad del medio de control de controversias contractuales y la liquidación del convenio, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 22 de octubre de 2021, rad. 52001-23-33-000-2017-00598-01(65978), C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 613
COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA
Problema jurídico:
¿La Sala es competente para conocer los recursos de apelación presentados en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA, vigente a la fecha de presentación de la demanda, pues el convenio interadministrativo […] fue suscrito por el Ministerio del Interior y el municipio de Mocoa, es decir, por dos entidades públicas. Por su parte, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 18 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, de conformidad con el artículo 150 y el numeral 5 del artículo 152 del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso, en razón a que la pretensión mayor de la demanda excedió los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de interposición del libelo introductorio.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 5
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿El medio de control de controversias contractuales es el idóneo para perseguir la declaratoria de incumplimiento del convenio interadministrativo y su liquidación judicial?
Respuesta al problema jurídico: Si
En virtud de lo previsto en el artículo 141 del CPACA, cualquiera de las partes de los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su nulidad, se ordene su revisión, se declare el incumplimiento, se anulen los actos administrativos contractuales, se condene a quien se considere responsable a indemnizar los perjuicios y/o se liquide el contrato, entre otras declaraciones y condenas. El legislador también previó que el Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrían solicitar la nulidad absoluta del contrato, la que también puede ser declarada de oficio por el juez. Bajo el anterior contexto, en el presente caso el medio de control procedente es el de controversias contractuales, por cuanto en el libelo introductorio se pretende la declaratoria de incumplimiento del convenio interadministrativo […] y su liquidación judicial.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141
DIFERENCIA ENTRE CONTRATO Y CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CLASES DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONVENIO DE COOPERACIÓN / CONVENIO DE COLABORACIÓN / CONVENIO DE ASOCIACIÓN / FINALIDAD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / REQUISITOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / FINALIDAD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / REQUISITOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ PARA DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA
Problema jurídico:
¿Los convenios y contratos interadministrativos son acuerdos suscritos entre entidades del Estado con diferencias que tienen implicaciones esenciales frente al régimen que les resulta aplicables y la ejecución de su objeto?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido reiteradamente que, aunque tanto el convenio como el contrato interadministrativo son manifestaciones de la voluntad que involucran a dos entidades públicas, ambos son diferentes […]. [E]l convenio, cimentado sobre la base de un ánimo colaborativo y en criterios asociativos y de cooperación, debe estar desprovisto de una contraprestación y/o remuneración, por lo que en tal escenario no existe una contraposición de intereses entre los sujetos que lo suscriben, aunque puede haber un contenido patrimonial, pero no dirigido a retribuir al asociado, sino con el fin de propiciar objetivos comunes. En efecto, los convenios administrativos están basados en el mandato del artículo 95 de la Ley 489 de 1998, que permite, en virtud de la colaboración que debe preponderar entre las entidades del Estado, la posibilidad de “cooperar” mediante la celebración de convenios interadministrativos […]. Entre tanto, los convenios interadministrativos están sometidos a los principios constitucionales y legales de la actividad contractual del Estado, como lo son la transparencia, planeación, buena fe y economía, entre otros, así como a los principios de la función administrativa del artículo 209 constitucional; empero, las reglas de la Ley 80 de 1993 y sus reformas -Estatuto General de Contratación de la Administración Pública - EGCAP- no son de aplicación automática a tales convenios, pues dicha normativa se encarga prevalentemente de prever el régimen de las relaciones contractuales de contenido patrimonial y oneroso, de ahí que en cada caso deba analizarse cuando puede proceder considerar esa normativa de cara a los acuerdos convencionales. Por su parte, los contratos administrativos, en tanto especie del género contrato estatal, traen consigo el hecho de prestaciones correlativas a cargo de los sujetos negociales, de ahí que las relaciones negociales no se encuentran sujetas a un objetivo común, pues mientras la contratante busca el cumplimiento de un fin estatal a su cargo, la contratista actúa en procura de ese fin, pero a cambio de una retribución patrimonial por el cumplimiento de la satisfacción de la prestación a la que se obliga, por lo que son bilaterales, onerosos y conmutativos. Adicionalmente, los contratos interadministrativos se encuentran sometidos por la Ley 80 de 1993 y sus reformas y la Ley 1150 de 2007 dispuso en el literal c) del numeral 4 de su artículo 2 […]. [E]sta Corporación ha concluido que, en ocasiones, la suscripción de convenios o contratos administrativos cuando se encuentran proscritos para determinados casos y aun así se perfeccionan puede llevar a su nulidad absoluta, verbi gracia por aspectos como un objeto ilícito o, a su vez, por situaciones como una expresa prohibición constitucional y legal, lo que evidencia que el juez cuenta con herramientas para, incluso de oficio, retirar ese tipo de decisiones del ordenamiento jurídico por su carácter de espurio y transgresor de los mandatos de selección objetiva. En suma, los convenios y contratos interadministrativos son acuerdos suscritos entre entidades del Estado con diferencias que tienen implicaciones esenciales frente al régimen que les resulta aplicables y la ejecución de su objeto, de ahí que cuando aquellos son impugnados en sede judicial, corresponda develar su alcance real a efectos de verificar que no esté incurso en ninguna circunstancia de nulidad absoluta.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el concepto de convenio, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 22 de octubre de 2021, rad. 52001-23-33-000-2017-00598-01(65978), C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 24 de abril de 2024, rad. 44001-23-40-000-2017-00170-01(67522), C. P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia de 22 de mayo de 2024, rad. 08001-23-33-000-2019-00226-01(67460), C. P. Nicolás Yepes Corrales. En relación con los convenios interadministrativos, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de octubre de 2024, rad. 70001-23-33-000-2017-00174-01(63983), C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Sobre los convenios administrativos, cita: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 26 de julio de 2016, rad. 11001-03-06-000-2015-00102-00, C. P. Álvaro Namén Vargas. Respecto de los contratos administrativos, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 21 de mayo de 2021, rad. 25000-23-36-000-2015-01315-01(57822), C. P. José Roberto Sáchica Méndez. Con relación la celebración de contratos en estricto sentido bajo el velo de convenios y sus consecuencias, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de septiembre de 2022, rad. 76001-23-31-000-2006-03473-01(67731), C. P. Alberto Montaña Plata; sentencia de 31 de marzo de 2023, rad. 76001-23-31-000-2006-03284-01(58623), C. P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 209, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 2 NUMERAL 4 LITERAL C, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 95, LEY 80 DE 1993
ACUERDO DE VOLUNTADES / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / FINALIDAD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / REQUISITOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN
Problema jurídico:
¿El acuerdo de voluntades celebrado entre el Ministerio del Interior y el Municipio comporta las características propias de convenio interadministrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala advierte que el acuerdo de voluntades celebrado entre el Ministerio del Interior y el Municipio comporta las características propias de convenio interadministrativo en virtud de lo establecido por el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, dado que su objeto consistió en aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la gobernabilidad y la seguridad ciudadana a través de la construcción de infraestructura, mediante la ejecución del proyecto denominado “ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA-CIC en el Municipio de MOCOA – EL PROGRESO (PUTUMAYO)”. […] [L]a Subsección considera que la estructuración, confección y el diseño del convenio objeto de debate, en efecto, está edificada sobre un ánimo colaborativo de las entidades públicas que lo suscribieron, lo cual encaja perfectamente en el criterio asociativo y de cooperación que subyace a todo convenio interadministrativo, así como en el plano de horizontalidad en el que interactúan y se interrelacionan los extremos convencionales.
FUENTE FORMAL:
LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 95
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / EFECTOS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN
Problema jurídico:
¿La caducidad es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con el propósito de otorgar seguridad jurídica y de evitar la parálisis del tráfico jurídico, dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general , estableció en el proceso contencioso administrativo unos plazos para ejercer oportunamente los medios de control judicial, que resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. […] La caducidad […] es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. Cabe precisar que la caducidad no admite suspensión, salvo que se presente una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo previsto en las Leyes 446 de 1998, 640 de 2001 y 2220 de 2022; tampoco admite renuncia y, de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el concepto de caducidad, cita: Corte Constitucional, sentencia C-394 de 2002; sentencia C-832 de 2001; sentencia C-574 de 1998; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 23 de febrero de 2006, rad. 6871-05, C. P. Tarsicio Cáceres Toro.
FUENTE FORMAL:
LEY 2220 DE 2022, LEY 446 DE 1998, LEY 640 DE 2001
CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / EXONERACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN GRADUAL DE LA TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas en segunda instancia y la exoneración de agencias en derecho?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA -adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021- y en los numerales 1 y 8 del artículo 365 del CGP, procede la condena en costas a cargo de la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación, siempre y cuando “en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”. Bajo este entendido, se condenará en costas en segunda instancia a la demandante, pues interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia y aquel no prosperó, y su liquidación la hará de manera concentrada el a quo, en los términos de los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso. Para tal efecto, el Tribunal a quo deberá tener en cuenta que en esta instancia no se fijarán agencias en derecho, dado que la parte demandada no intervino en segunda instancia, de tal manera que aquellas no se entienden causadas.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la causación de agencias en derecho en segunda instancia, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de marzo de 2021, rad. 51034, C. P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 47