Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de aclaración de providencias2023-10-19Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 25000233600020160195402LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede aclarar la sentencia cuando lo resuelto no ofrece motivo de duda, se declaró la caducidad de la acción? No
La aclaración de una sentencia no procede cuando lo resuelto no ofrece motivo de duda, y la adición tampoco procede cuando la sentencia ya resolvió todas las pretensiones condenatorias, porque el trámite no puede usarse para modificar la decisión. Sobre la petición de adición, la Sala advirtió que sí resolvió sobre todas las pretensiones condenatorias de la demanda. La razón es que la parte resolutiva declaró la caducidad de la acción de controversias contractuales, y esa decisión incluye la pretensión de nulidad y las demás pretensiones consecuenciales, de modo que no existe duda que justifique aclarar. Además, la solicitud pretendía en realidad modificar la decisión adoptada, lo que excede el alcance de la adición. En el caso, la Subsección negó las solicitudes de aclaración y de adición. Su consecuencia práctica es que la parte que discrepa de la declaratoria de caducidad debe recurrir la decisión por los medios ordinarios y no pedir aclaración o adición para cambiarla.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la solicitud de adición de la sentencia cuando se advierte que se resolvió sobre todas las pretensiones condenatorias de la demanda…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de aclaración de providencias2024-02-05Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000233600020130039602ACCION CONTRACTUAL
¿En garantía del principio de seguridad jurídica las sentencias son irreformables o inmutables por el juez que las profiere; sin embargo, de manera excepcional y para casos expresamente establecidos, le es válido al funcionario judicial la facultad de aclararlas, corregirlas o adicionarlas? Sí
Las sentencias son irreformables por el juez que las profiere, y que solo de manera excepcional pueden aclararse, corregirse o adicionarse en los casos que la ley prevé, de modo que la adición procede únicamente para resolver asuntos que la ley ordena decidir y que no fueron tratados. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el artículo 285 del Código General del Proceso dispone la inmutabilidad de las sentencias y la aclaración solo cuando contienen conceptos o frases que ofrecen verdadero motivo de duda en la parte resolutiva. Segunda, el artículo 287 del mismo código permite la adición cuando se omitió un pronunciamiento obligatorio, siempre que la solicitud se formule dentro del término de ejecutoria. Tercera, en el caso la sentencia no decidió sobre el fondo porque declaró la caducidad de la acción, de modo que no había un asunto omitido que completar con la nulidad por falta de competencia. La providencia niega la aclaración y la adición. La consecuencia práctica es que la solicitud de adición no puede utilizarse para reabrir un pronunciamiento sobre pretensiones que no fueron resueltas por haberse declarado la caducidad.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente aclarar o adicionar la sentencia para pronunciarse sobre el cargo de nulidad por falta de competencia de la autoridad para expedir los actos administrativos demandados…¿Resulta procedente aclarar o adicionar la sentencia para pronunciarse sobre la condena en costas impuesta en primera instancia?
¿Cuáles son los presupuestos para el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando una de las partes es una empresa que presta un servicio público y el contrato se rige por el derecho privado? Sí
El contratista no puede ejercer la acción de controversias contractuales fuera del término legalmente establecido, que en este caso es de dos años contados a partir del vencimiento del plazo para la liquidación del contrato, según lo pactado por las partes. La entidad estatal, aunque preste servicios públicos y el contrato se rija por el derecho privado, sigue siendo considerada como un sujeto del derecho administrativo, por lo que la jurisdicción contencioso administrativa es competente para conocer del caso. La Sala reitera que la caducidad de la acción es de orden público y puede ser declarada de oficio por el juez, independientemente de que la parte demandante no haya solicitado la liquidación del contrato. Esta regla implica que los contratistas deben ser rigurosos en el cómputo de los plazos para presentar sus demandas, teniendo en cuenta todos los términos pactados en el contrato, para evitar la caducidad de la acción.síntesis automática
También resuelve:¿Se debe tener el cuenta el término pactado para la liquidación del contrato para el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales así en la demanda no se haya…¿Cuáles son los presupuestos de procedencia de la condena en costas?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-08-11Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 05001233300020240071601LEY 1437 REPETICION
¿El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra un auto proferido en primera instancia que rechazó la demanda por configuración de la caducidad del medio de control de repetición, y éste debe ser resuelto por la Sala? Sí
El auto de primera instancia que rechaza la demanda por haber operado la caducidad del medio de control de repetición es apelable ante el Consejo de Estado, y la decisión sobre la apelación corresponde a la Sala y no al magistrado ponente. La regla se apoya en los artículos 125 y 243 del CPACA, modificados por la Ley 2080 de 2021, que determinan la autoridad que resuelve la impugnación según la naturaleza de la providencia, y en el numeral 1 del artículo 243, que hace apelable el auto que rechaza la demanda, en concordancia con el artículo 244. En el caso, el tribunal rechazó la demanda por caducidad del medio de control de repetición, y el Consejo de Estado confirma esa decisión. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, el recurso contra el rechazo de una demanda de repetición por caducidad debe interponerse y sustentarse dentro de los términos legales, y su resolución se adopta en Sala.síntesis automática
También resuelve:¿La caducidad es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción?¿Operó el fenómeno de la caducidad del medio de control de repetición interpuesto y, en consecuencia, resulta procedente el rechazo de la demanda?
¿Se configuró la caducidad de la acción de controversias contractuales, al haber transcurrido más de dos años desde la liquidación bilateral del contrato y la presentación de la demanda? Sí
En el presente asunto, la Sala observa que el acta de liquidación bilateral fue suscrita entre las partes contratantes el 17 de diciembre de 2008, por lo que el término de caducidad de la acción empezó a correr el día siguiente y, en principio, se extendería hasta el 18 de diciembre de 2010.
También resuelve:¿En lo contratos que requieren liquidación, la caducidad de la acción contractual empieza a contar desde la suscripción del acta de liquidación, sea bilateral o unilateral?¿La cuantía es un factor para determinar la competencia en lo contencioso administrativo?¿En el presente caso operó la renuncia tácita al pacto arbitral, toda vez que la jurisprudencia vigente al momento de iniciar el proceso disponía que el silencio de las partes al presentar la demanda…
¿La caducidad corresponde a una figura jurídica de orden público, a través de la cual el legislador limita el espacio temporal en que puede accederse a la jurisdicción en ejercicio del derecho de acción? Sí
El contratista no puede acceder a la jurisdicción para ejercer su derecho de acción una vez que ha transcurrido el límite temporal establecido por la ley, ya que la caducidad es una figura jurídica de orden público que limita el espacio temporal en que se puede ejercer el derecho de acción, protegiendo así la seguridad jurídica y el debido proceso. En el caso específico, la demanda fue presentada catorce años después de la configuración de la caducidad, lo que la hace inadmisible, ya que el cómputo del término de caducidad se rige por la ley vigente al momento de iniciarse el plazo, no por la que esté en vigor al momento de presentar la demanda. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre la aplicación del artículo 40 de la Ley 153 de 1887 para determinar la norma aplicable al cómputo del término de caducidad, lo que implica que las partes deben ser conscientes de la importancia de presentar sus demandas dentro del plazo establecido por la ley vigente al momento de la ocurrencia del hecho que da lugar a la acción.síntesis automática
También resuelve:¿Se presentó de forma oportuna la declaración de nulidad absoluta del contrato de comodato 045 del 19 de abril de 1990, celebrado entre el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y la Cooperativa…¿Procede la condena en costas en los eventos en que no prospera la demanda?
¿Los agentes de policía demandados mediante acción de repetición actuaron con dolo y/o culpa grave al propinar agresiones físicas y psicológicas a la víctima, mientras estuvo detenido en la XVIII Estación de Policía de Bogotá? Sí
Los agentes de policía que, con acciones u omisiones, permiten o ejecutan agresiones físicas y psicológicas contra una persona detenida actúan con dolo o culpa grave y deben responder en la acción de repetición por el pago de la condena. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el auxiliar de policía aceptó ser quien directamente torturó y agredió al menor detenido. La segunda es que el patrullero permitió esos vejámenes sin intervenir para proteger los derechos del menor, de modo que ambos, con sus acciones y omisiones, causaron el daño antijurídico que la entidad debió resarcir. En el caso concreto, la Sala modificó la sentencia del tribunal y condenó a cada uno de los demandados a pagar a favor de la Nación la suma de $221.356.400, al constatar que actuaron con dolo en los hechos ocurridos el 9 de febrero de 2009. Como obiter dictum, la providencia recuerda que los plazos de caducidad son perentorios y de orden público. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Qué normas sustanciales y procesales se aplican a la acción de repetición por hechos ocurridos con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001?¿Cuáles son los requisitos de procedencia de la acción de repetición?¿En qué casos se presume el dolo o la culpa grave del agente del Estado en la acción de repetición?
La controversia gira alrededor de la pretensión de declaratoria de rompimiento del equilibrio económico de un contrato de obra. El a quo declaró que operó la caducidad de la acción de controversias contractuales.
También resuelve:¿El término de caducidad es perentorio y preclusivo, pues corre sin prórrogas y sin interrupciones, y sólo se suspende con la presentación de solicitud de conciliación extrajudicial?¿Las partes pueden liquidar el contrato de común acuerdo, o la administración hacerlo de manera unilateral, hasta el vencimiento del término de caducidad de la respectiva acción contractual?¿La liquidación debe incluir no solo las generalidades del contrato, sino de manera especial, el balance técnico, económico, financiero, administrativo y jurídico del contrato, y los ajustes…
¿Cuál es la pauta del inicio del conteo del término de caducidad en asuntos de controversias contractuales cuando existen decisiones encadenadas de la Administración que subsisten de forma independiente a la liquidación del contrato? Sí
El cómputo del término de caducidad para la acción de controversias contractuales comienza a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento, salvo que la controversia esté directamente relacionada con la liquidación del contrato, en cuyo caso el plazo se inicia una vez concluida la liquidación o vencido el plazo para su realización. La Sala establece que cuando las decisiones administrativas subsisten de forma independiente a la liquidación del contrato, el cómputo de la caducidad debe realizarse desde la ocurrencia de los hechos que dan origen a la controversia, lo que armoniza con la norma especial del artículo 136, numeral 10, literal d) del Código Contencioso Administrativo. Esta regla matiza la jurisprudencia anterior y permite una aplicación más flexible del cómputo del plazo de caducidad en función de la naturaleza de los hechos que generan la controversia, evitando una aplicación rígida que podría dejar sin efecto controversias legítimas.síntesis automática
También resuelve:¿Al estar las pretensiones de la demanda relacionadas con el incumplimiento de unas metas adicionales en venta, el conteo de la caducidad debió realizarse a partir de la liquidación del contrato?¿Cuáles son las hipótesis sobre el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales respecto a las particularidades del caso y el contrato?
¿Se debe aplicar la Ley 1437 de 2011 y el Código General del Proceso a las demandas instauradas con posterioridad al 2 de julio de 2012? Sí
El contratista debe aplicar la Ley 1437 de 2011 y el Código General del Proceso a las demandas instauradas con posterioridad al 2 de julio de 2012, ya que estas disposiciones procesales regirán tanto la interposición de recursos como la práctica de pruebas, audiencias y notificaciones en curso. Además, el Código General del Proceso se integra al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) para regular los procesos iniciados después de dicha fecha, aunque los procesos anteriores se rigen por el régimen jurídico vigente al momento de su inicio, según lo dispuesto en el artículo 308 del CPACA. Esto implica que la entidad pública cuenta con 18 meses para cumplir con la condena impuesta en un proceso de reparación directa, contados desde que la sentencia quede en firme, conforme al inciso 4° del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. Esta regla reitera la aplicación de las normas procesales vigentes al momento de la interposición de la demanda, garantizando la seguridad jurídica y la eficiencia del tráfico procesal.síntesis automática
También resuelve:¿El llamamiento en garantía con fines de repetición dentro del proceso de reparación directa produce el efecto de cosa juzgada respecto de la conducta del agente llamado por la entidad pública?
¿Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
El contratista no puede interponer un medio de control de controversias contractuales si ha transcurrido el plazo de caducidad, que en este caso se computa desde el vencimiento del plazo para la liquidación bilateral del convenio interadministrativo, sin tener en cuenta el término de dos meses para la liquidación unilateral que no fue pactado expresamente en el convenio ni puede ser supletoriamente aplicado por el EGCAP. La caducidad del medio de control se configura si la demanda se presenta después del plazo establecido, sin importar si se ha agotado el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, salvo cuando quien demanda es una entidad pública. La Sala confirmó la sentencia que declaró probada la caducidad del medio de control, reiterando la importancia de cumplir rigurosamente con los plazos legales para el ejercicio de los recursos contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿La Sala es competente para conocer los recursos de apelación presentados en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo?¿El medio de control de controversias contractuales es el idóneo para perseguir la declaratoria de incumplimiento del convenio interadministrativo y su liquidación judicial?¿Los convenios y contratos interadministrativos son acuerdos suscritos entre entidades del Estado con diferencias que tienen implicaciones esenciales frente al régimen que les resulta aplicables y la…
Sentencia — Sentencia2023-06-28Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 11001032600020220019600LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El recurso extraordinario de anulación tiene por objeto única y exclusivamente el estudio de posibles errores procesales? Sí
El recurso extraordinario de anulación contra un laudo arbitral tiene por objeto únicamente el estudio de posibles errores procesales, de modo que no permite revisar los criterios, las valoraciones probatorias ni las interpretaciones que el tribunal arbitral hizo de la materia controvertida. La regla se apoya en el inciso final del artículo 42 de la Ley 1563 de 2012, que margina expresamente esos aspectos del alcance del recurso. Además, el cargo que reprocha la motivación con que el tribunal resolvió un punto de la controversia desnaturaliza la finalidad de la anulación y no puede prosperar por esa vía. En el asunto, el cargo planteaba un reproche a la motivación del tribunal, y la Sala lo despachó desfavorablemente y no encontró configurada la causal del numeral 2 del artículo 41. En la práctica, las críticas de fondo al laudo deben formularse por la vía que la ley ofrece para ellas y no por el recurso de anulación.síntesis automática
También resuelve:¿Como a juicio de la convocante, la demanda se presentó oportunamente, resulta claro que este punto no podrá ser objeto de análisis en sede del recurso de anulación por considerarse como un vicio in…¿La causal de anulación por la caducidad de la acción fue instituida con el fin de garantizar la seguridad jurídica en cabeza de las partes del litigio?¿En opinión del recurrente, la visita buscaba determinar si el contratista cumplió con la totalidad de las observaciones formuladas por el municipio de Garagoa frente a la entrega de la obra?
¿Debe conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo de una controversia relacionada con un contrato de seguro si el demandado es una entidad estatal y aun cuando esta no sea parte del contrato? Sí
El juez contencioso administrativo aplica un criterio eminentemente orgánico para determinar su competencia en los litigios donde intervienen entidades públicas, con independencia de que dichas entidades no figuren formalmente como parte en el respectivo contrato de seguro. En los términos del artículo 82 del Decreto-ley 01 de 1984, modificado por la Ley 1107 de 2006, la jurisdicción está instituida para juzgar controversias originadas en la actividad de las entidades estatales, de modo que la naturaleza de los sujetos en el litigio define la asignación del asunto, aun cuando la entidad estatal asuma la condición de asegurada o beneficiaria de la póliza única de cumplimiento sin ser parte directa del contrato de seguro celebrado entre el tomador y el asegurador.síntesis automática
También resuelve:¿Opera la caducidad de la acción contencioso administrativa para cuestionar la validez de un contrato de seguro de cumplimiento…¿Es procedente la acción de nulidad contra actos administrativos contractuales proferidos durante la ejecución de un contrato estatal…¿Puede excluirse la responsabilidad del asegurador en un contrato de seguro de cumplimiento por la existencia de dolo, culpa grave o actos potestativos del contratista o del tomador?
Sentencia — Sentencia2022-08-16Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 11001032600020220007400LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral en el que intervenga una entidad pública? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral en el que intervenga una entidad pública, conforme al artículo 46 de la Ley 1563 de 2012, que establece la competencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo para estos casos. La decisión arbitral es vinculante para las partes contratantes al ser resultado de la autonomía de la voluntad, desplazando la jurisdicción estatal y adoptando un modelo propio basado en el pacto arbitral. El recurso de anulación contra laudo arbitral es extraordinario y debe estar fundamentado en errores in procedendo, no permitiendo la apelación por el principio de permanencia de la decisión arbitral. La caducidad de la acción contractual es una causal de anulación del laudo arbitral, garantizando el principio de seguridad jurídica.síntesis automática
También resuelve:¿La decisión contenida en el laudo arbitral es vinculante para las partes contratantes al ser el resultado de una manifestación de la autonomía de la voluntad al someter sus conflictos a particulares…¿En virtud del principio de permanencia de la decisión arbitral, contra el laudo sólo procede el recurso de anulación que tiene un carácter extraordinario y debe estar fundamentado en errores in…¿La caducidad de la acción contractual es una causal de anulación del laudo arbitral tendiente a garantiza el principio de seguridad jurídica?
¿El Consejo de Estado es competente para conocer del proceso iniciado en ejercicio de la acción de repetición? Sí
Cuando una entidad pública es condenada al pago de perjuicios por actuación dolosa o gravemente culposa de sus servidores, la acción de repetición que promueve para obtener el reintegro de lo pagado corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de la apelación contra la sentencia del tribunal. La regla se apoya en tres razones. Primera, el artículo 90 de la Constitución y el artículo 20 de la Ley 678 de 2001 definen la repetición como una acción patrimonial contra el servidor, ex servidor o particular investido de función pública que haya dado lugar al reconocimiento indemnizatorio. Segunda, esta clase de debates está adscrita a la jurisdicción por el artículo 129 del CCA, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, y por el artículo 7 de la Ley 678 de 2001. Tercera, la competencia se define porque se trata de una apelación contra una sentencia de tribunal dentro de un proceso de repetición. La providencia confirma la decisión y el documento no indica si cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente la acción de repetición para solicitar el reembolso de dineros pagados por una entidad pública producto de una condena judicial?¿La demanda fue presentadas dentro del término de caducidad estipulado para la acción de repetición?¿La norma aplicable en casos de la acción de repetición se determina por la vigente al momento de la ocurrencia de los hechos que llevaron a la condena de la entidad estatal?
Sentencia — Sentencia2021-12-07Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 11001032600020210019100LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La Sección Tercera del Consejo de Estado tiene jurisdicción y competencia para resolver el recurso extraordinario de anulación cuando se trata de recursos de anulación de laudos arbitrales originados en asuntos en los que intervenga una entidad pública? Sí
El contratista puede interponer un recurso extraordinario de anulación contra un laudo arbitral cuando intervenga una entidad pública en el contrato, conforme a la Ley 1563 de 2012, que otorga al Consejo de Estado competencia en única instancia para resolver estos recursos. La Sección Tercera del Consejo de Estado tiene jurisdicción para conocer de estos recursos siempre y cuando se cumplan los requisitos de procedibilidad establecidos en la normativa arbitral, como la interposición de recursos judiciales contra el auto que asume competencia y la presentación del recurso dentro del plazo legal. Este recurso tiene como finalidad controvertir el laudo por errores in procedendo, no por errores in iudicando, lo que limita la revisión del fondo del asunto. La regla reitera la competencia del Consejo de Estado en estos casos y establece los límites de la revisión judicial del laudo arbitral.síntesis automática
También resuelve:¿Es competente el Consejo de Estado en única instancia por tratarse de un recurso contra laudo arbitral proferido en virtud de una controversia contractual entre una entidad pública y una unión…¿La interposición de recursos judiciales contra el auto que asume competencia es un requisito de procedibilidad del recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral frente a la causal 2 de…¿A través del recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral pueden cuestionarse errores in iudicando?
¿Procede la acción de reparación directa cuando el daño proviene de un hecho imputable a la administración de justicia? Sí
El contratista puede interponer una acción de reparación directa cuando el daño proviene de un hecho imputable a la administración de justicia, conforme al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, que establece esta como el medio idóneo para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado. La caducidad de la acción de reparación directa es un límite al derecho de acción y una garantía del principio de seguridad jurídica, operando por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial, consolidando los derechos de los actores jurídicos y limitando el ejercicio del derecho de acción. En casos de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha indicado que el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho u omisión, considerando el conocimiento del daño por parte del demandante, lo que implica que la acción debe ejercerse en tiempo, dentro del término de dos años, de lo contrario, el juez puede declarar de oficio la caducidad de la acción.síntesis automática
También resuelve:¿La caducidad es un límite al derecho de acción y una garantía al principio de seguridad jurídica e interés general?¿Debe declararse de oficio la caducidad de la acción de reparación directa por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en el caso sub examine…¿Debe declararse la caducidad de la acción de reparación directa por error jurisdiccional en el caso sub examine, teniendo en cuenta que, la demanda se presentó de forma oportuna?
¿Cuál es la naturaleza jurídica de la caducidad de la acción en el proceso contencioso administrativo? Sí
La caducidad de la acción es una figura de orden público que limita el tiempo en que se puede acceder a la jurisdicción, y constituye un presupuesto del derecho de acción que es invariable, irrenunciable, improrrogable e insubsanable, por lo que el juez debe verificarla al dictar sentencia. La regla se apoya en tres razones. Primera, la caducidad evita que las situaciones jurídicas controvertidas permanezcan indefinidas en el tiempo. Segunda, en los contratos la caducidad se computa desde la terminación del contrato si no requiere liquidación, o desde la suscripción de la liquidación si la requiere, y desde el vencimiento del plazo para liquidar, según el caso. Tercera, la Ley 446 de 1998 positivizó este criterio y fijó un término de dos años contados desde el día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que sirven de fundamento. En consecuencia, el juez debe examinar la caducidad como elemento esencial antes de decidir el fondo. El documento reitera la jurisprudencia sobre la naturaleza de la caducidad.síntesis automática
También resuelve:¿Cuáles son los términos para la liquidación del contrato estatal?¿La liquidación del contrato estatal determina el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales?¿La demanda fue presentada por fuera del término de dos años siguientes a la liquidación del contrato estatal?
¿Se ejerció de forma oportuna el medio de control de acción de reparación directa dentro del término de caducidad previsto en el artículo 164 del CPACA, en observancia de la fecha del daño, la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial y la fecha de radicación de la demanda? Sí
El contratista debe presentar oportunamente la acción de reparación directa dentro del término de dos años previsto en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contados desde la ocurrencia del daño o desde que el demandante tuvo o debió tener conocimiento de este, siempre que demuestre la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. En este caso, la acción se ejerció dentro del plazo legal, ya que el daño se produjo el 15 de marzo de 2015, la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 29 de julio de 2016 y la demanda se radicó el 15 de diciembre de 2016, cumpliendo así con el requisito temporal para ejercer el medio de control. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos legales para evitar la caducidad de la acción y asegurar la estabilidad y certeza del derecho.síntesis automática
También resuelve:¿Se encuentran, en forma debida, legitimadas en la causa por activa las personas que integran el núcleo familiar de la víctima del daño antijurídico, y por pasiva las entidades estatales demandadas…¿Puede declararse la responsabilidad extracontractual del Estado cuando se acredita la existencia de un daño antijurídico que la víctima no tenía el deber jurídico de soportar y cuya causación es…¿Puede imputarse responsabilidad extracontractual al Estado por los daños causados por la acción de grupos armados insurgentes…
¿Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
El contratista puede interponer una acción de controversias contractuales ante el Consejo de Estado en segunda instancia por razón de la cuantía, conforme a la competencia de la jurisdicción administrativa para conocer de litigios derivados de contratos administrativos y la disposición del artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. La acción de controversias contractuales es procedente cuando la fuente del daño es el acto de liquidación del contrato, y el término para formular las pretensiones relativas a los contratos caduca en dos años desde la ocurrencia de los motivos de hecho o derecho que le sirven de fundamento. Además, las copias simples y los documentos aportados por los testigos tienen mérito probatorio en el proceso contencioso administrativo, según la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Esta decisión modifica precedentes anteriores, reforzando la competencia del Consejo de Estado en controversias contractuales de alto valor económico y la admisibilidad de ciertos medios de prueba en estos procesos.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales es procedente cuando la fuente del daño es el acto de liquidación del contrato?¿El término para formular las pretensiones relativas a los contratos caduca en dos años de ocurridos los motivos de hecho o derecho que le sirvan de fundamento?¿Los documentos en copia simple tienen mérito probatorio en el proceso contencioso administrativo?