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Auto interlocutorio sin estado — AUTO INADMITIENDO LA DEMANDA2024-07-10SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección A)ANDREW JULIAN MARTINEZ MARTINEZRad. 25000233600020240024600ACCION CONTRACTUAL
¿La demanda cumple los requisitos establecidos en el CPACA para ser admitida? No
El contratista no cumple los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) para que su demanda sea admitida, ya que no acredita adecuadamente la conciliación prejudicial y no plantea una controversia clara respecto a las obligaciones del contrato, limitándose a solicitar la liquidación judicial del acuerdo de cooperación. La Sala determina que la falta de una controversia específica sobre las obligaciones del contrato impide la procedencia del medio de control de controversias contractuales, y advierte que el apoderado de la entidad demandante debe adecuar la pretensión de la demanda y justificar el objeto de la controversia sobre el alcance del cumplimiento de las obligaciones que incidieron en el balance final del acuerdo de cooperación. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre la necesidad de plantear una controversia clara y específica para que proceda este medio de control, lo que implica que los demandantes deben presentar una demanda que cumpla con todos los requisitos formales y sustanciales establecidos en la ley.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-10-24Sección Tercera (Subsección A)JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZRad. 25000233600020240065801LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe rechazarse la demanda de controversias contractuales, por no agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial cuando la medida cautelar solicitada no tiene carácter patrimonial y ambas partes en conflicto son entidades públicas? Sí
El contratista debe agotar el trámite de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad para presentar una demanda de controversias contractuales cuando ambas partes en conflicto son entidades públicas, incluso si la medida cautelar solicitada no tiene carácter patrimonial, ya que la suspensión provisional de actos administrativos no afecta directamente el patrimonio de las partes y no califica como medida cautelar patrimonial. En este caso, la entidad demandante no cumplió con el requisito de conciliación extrajudicial, lo que llevó a la confirmación del auto que rechazó la demanda por falta de agotamiento del procedimiento conciliatorio, reiterando la jurisprudencia existente sobre la obligatoriedad de la conciliación en casos entre entidades públicas y la naturaleza no patrimonial de las medidas cautelares de suspensión provisional.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de súplica2023-04-19Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 08001233100020100039602ACCION CONTRACTUAL
¿La parte actora puede volver a presentar nueva demanda ante la Jurisdicción Contencioso Administrativo, a pesar de que esta Jurisdicción declaró la nulidad de todo lo actuado, por existir pacto arbitral y ante el archivo de éste en la justicia arbitral por el no pago de honorarios y gastos de arbitramento? Sí
Cuando un proceso de controversias contractuales termina en la jurisdicción contenciosa por la existencia de un pacto arbitral, la parte puede presentar una nueva demanda una vez cesadas las funciones del tribunal arbitral, sin que la fecha de presentación inicial produzca efectos frente a esa nueva demanda. La regla se apoya en que la firmeza del auto que declaró la nulidad de lo actuado terminó el proceso ante la jurisdicción, y en que la consideración relativa a la fecha inicial de la demanda solo tenía relevancia dentro del trámite arbitral. Por ello, la nueva demanda debe presentarse luego de cesadas las funciones del tribunal arbitral. En el asunto, la Sala reitera que la fecha inicial de la demanda no incide en la discusión actual y rechaza el argumento según el cual el proceso nunca terminó ante la jurisdicción. En la práctica, la parte cuyo proceso se trasladó al arbitraje debe esperar la cesación de funciones del tribunal para presentar nuevamente su demanda.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el recurso de súplica contra la decisión emitida en Sala contra el auto que declara la nulidad de todo lo actuado, por existir pacto arbitral?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-03-30Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZRad. 19001233300020170053001LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuáles son los presupuestos para determinar la competencia del Consejo de Estado para resolver el recurso de apelación de autos que ponen fin al proceso? Sí
El contratista debe cumplir con los requisitos previstos en la Ley 1437 de 2011 para interrumpir el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, entre los cuales se incluye la presentación de la demanda en el plazo establecido y el agotamiento de la conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación. Si el proceso termina por prosperar la excepción de cláusula compromisoria, la interrupción de la prescripción se torna ineficaz y la parte demandante debe promover el proceso arbitral dentro de los veinte días hábiles siguientes a la terminación del proceso, de lo contrario operará la caducidad. Si la demanda se presenta fuera del plazo dispuesto, el tribunal declarará probada la excepción de caducidad, reafirmando la importancia de cumplir rigurosamente con los plazos y requisitos legales para ejercer el medio de control.síntesis automática
También resuelve:¿Cuáles son los requisitos para la suspensión del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales?¿Se entiende ineficaz la interrupción del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando el proceso termine por haber prosperado la excepción de compromiso o cláusula…¿Está probada la excepción de caducidad del medio de control de controversias contractuales?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2023-10-17Sección Tercera (Subsección A)MARTA NUBIA VELASQUEZ RICORad. 25000233600020220021501LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Está configurada la caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
Para las pretensiones contractuales, el término de caducidad de dos años comienza a correr desde el día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que sirven de fundamento, conforme al literal j del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, de modo que el rechazo de la demanda procede cuando ese término se encuentra vencido. Una razón es que el medio procedente era el de controversias contractuales y no el de nulidad, por lo que el cómputo debe hacerse con la regla contractual. Otra razón es que las fechas en que los demandantes pidieron la revocatoria directa del acto revelaron su conocimiento y su disenso frente a la resolución, y desde esos hechos el término venció antes de la presentación de la demanda. En el caso, aun si el cómputo se contara desde la inscripción de la resolución en el registro minero, la demanda habría sido extemporánea, por lo que la Subsección confirmó el auto que rechazó la demanda. Su consecuencia práctica es que la revocatoria directa no suspende la caducidad de la acción contractual y su fecha puede marcar el conocimiento del acto.síntesis automática
También resuelve:¿Los señores Alfredo Garzón Niño [hijo] y Paola Rocío Garzón Niño [hija] no eran ajenos a la relación contractual, pues para al momento en que presentaron la demanda objeto de análisis -8 de febrero…
¿Puede concluirse, con base en el análisis probatorio realizado, que el dictamen pericial carece de idoneidad técnica y sustento fáctico suficiente para acreditar con certeza los perjuicios alegados por el contratista? Sí
El contratista no puede acreditar con certeza los perjuicios alegados por la insuficiencia y falta de idoneidad técnica del dictamen pericial, que no discrimina ingresos propios de los recibidos en nombre de terceros, omite considerar estados financieros y oferta económica, y carece de soporte documental para costos de nómina y arrendamientos. Además, la prolongación del contrato por prórrogas adicionales no fue probada como causante de perjuicios ciertos. La entidad no incurrió en omisión de decreto de prueba de oficio, y la condena en abstracto no procede por la ausencia de prueba del perjuicio, lo que implica que la entidad estatal no está obligada a indemnizar por perjuicios no acreditados.síntesis automática
También resuelve:¿Debe rechazarse la imposición de una condena en abstracto cuando no se ha acreditado la existencia cierta del perjuicio y la parte demandante no cumplió con su carga probatoria conforme al artículo…¿Procede la condena en costas de la parte apelante por habérsele resuelto de manera negativa el recurso de apelación?
¿El cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales inicia a partir del vencimiento del plazo convenido para liquidar el contrato bilateralmente? Sí
El contratista debe iniciar el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales a partir del vencimiento del plazo convenido para liquidar el contrato bilateralmente, conforme al artículo 164-2-j del CPACA, que establece un plazo de dos meses adicionales a partir de este vencimiento para iniciar el proceso, seguido de dos años para presentar la demanda. En contratos de derecho privado, el contratista no tiene derecho a reclamar el restablecimiento de la ecuación financiera previsto para contratos estatales, salvo que demuestre el incumplimiento del contrato y la afectación del equilibrio económico, lo cual no se acredita solo con la aportación de facturas sin soporte de actividades ejecutadas. Además, la prueba pericial solicitada en el proceso debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 212 del CPACA para ser procedente, incluyendo la oportunidad de su solicitud y su utilidad para demostrar el incumplimiento o el cumplimiento de las obligaciones contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿El restablecimiento de la ecuación financiera es procedente en los contratos regidos por el derecho privado?¿La simple aportación de facturas acredita el cumplimiento de las obligaciones contractuales para sustentar la solicitud de perjuicios materiales?¿La prueba pericial solicitada en el proceso cumplia los requisitos para su procedencia?
¿Procede declarar fundado el impedimento, para conocer del presente asunto, manifestado por uno de los magistrados de la subsección C, consistente en tener un vínculo en el segundo grado de afinidad con el apoderado de la parte demandante? Sí
El magistrado de la subsección C declara fundado su impedimento para conocer del asunto, basado en el segundo grado de afinidad con el apoderado de la parte demandante, conforme al numeral 3 del artículo 141 del Código General del Procedimiento Administrativo Contencioso, lo que implica su apartamiento del conocimiento del caso. Además, la Sala determina que el medio de control de controversias contractuales no es adecuado para solicitar la liquidación judicial de un acuerdo conciliatorio aprobado judicialmente, ya que este acuerdo adquiere la naturaleza de una decisión judicial con fuerza vinculante y no puede ser objeto de debate posterior, lo cual contraviene los principios de seguridad jurídica y estabilidad de las decisiones judiciales. Esto implica que cualquier incumplimiento del acuerdo conciliatorio debe ser ventilado mediante el proceso ejecutivo.síntesis automática
También resuelve:¿En el presente caso resulta procedente acudir al medio de control de controversias contractuales a efectos de solicitar la liquidación judicial del acuerdo conciliatorio celebrado entre las partes…¿Procede condenar en costas en segunda instancia a la Unión Temporal demandante, por resultar vencida en esta instancia, al resultar prospero el recurso de apelación interpuesto por la Empresa de…
¿Operó la caducidad del medio de control de controversias contractuales interpuesto para demandar el desequilibrio e incumplimiento de un contrato sometido a derecho privado, respecto del cual no se pactó liquidación? No
El contratista puede interponer un medio de control de controversias contractuales para demandar el desequilibrio e incumplimiento de un contrato sometido al derecho privado, incluso cuando no se pactó liquidación, siempre que la demanda se presente dentro del término legal de dos años contados desde la terminación del contrato, sin que opere la caducidad del medio de control. La Sala no considera que las salvedades en el acta de liquidación sean un requisito legal para ejercer la acción de controversias contractuales en contratos de derecho privado, y reitera que en estos casos la teoría de la imprevisión, y no el restablecimiento del equilibrio económico, es la norma aplicable para revisar el contrato ante circunstancias imprevistas que dificulten su cumplimiento en forma extrema, sin que esto permita modificar el pacto inicial.síntesis automática
También resuelve:¿Las salvedades en el acta de liquidación son un requisito legal para el ejercicio de la acción de controversias contractuales en contratos de derecho privado?¿Las normas sobre desequilibrio económico del contrato previstas en la Ley 80 de 1993, resultan aplicables a contratos estatales de derecho privado?¿El arancel y los impuestos aplicables sobre el producto objeto de suministro, constituyeron la ocurrencia de circunstancias extraordinarias…
¿Las salvedades en el acta de liquidación son requisito para el ejercicio de la acción de controversias contractuales en contratos de derecho privado? No
El contratista no necesita incluir salvedades en el acta de liquidación para ejercer la acción de controversias contractuales en contratos de derecho privado, ya que la ley no establece este requisito. La entidad estatal cumplió con sus obligaciones contractuales al pagar de acuerdo a los precios unitarios pactados, y la modificación de precios en otros contratos no es aplicable en este caso, ya que cada acuerdo tiene fuerza de ley para las partes involucradas. Además, la teoría de la imprevisión no aplica a contratos de derecho privado, por lo que el contratista no puede modificar el acuerdo inicial por circunstancias sobrevinientes. Este fallo confirma la sentencia de primera instancia y reitera que en contratos de derecho privado, el acuerdo de voluntades es vinculante y no permite la modificación del contrato por imprevistos, a diferencia de los contratos estatales donde el cumplimiento del objeto es de interés general.síntesis automática
También resuelve:¿El acuerdo celebrado entre las partes tiene fuerza de ley para ellas?¿En los contratos estatales el cumplimiento de su objeto es de interés general¿La revisión judicial del contrato de derecho privado procede cuando el desequilibrio de las prestaciones es producido por una circunstancia que las partes no pudieron prever al momento de su…
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer del asunto, conforme al artículo 104 del CPACA, y el Consejo de Estado para resolver el recurso de apelación, según lo dispuesto en los artículos 150 y 152 del mismo código, dado que la cuantía supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de las controversias derivadas de un convenio interadministrativo en el que intervienen entidades públicas, y el Consejo de Estado resuelve la apelación contra la sentencia del tribunal cuando la cuantía de la demanda supera el límite del numeral 5 del artículo 152 del CPACA. La regla se apoya en el artículo 104 del CPACA, que atribuye la competencia por la naturaleza pública de las partes, y en los artículos 150 y 152 del mismo código, que fijan la competencia para la segunda instancia. Así, la doble instancia se activa por la cuantía de la demanda, medida a la fecha de su presentación. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, en controversias entre entidades públicas que superan la cuantía legal, el recurso de apelación contra la sentencia del tribunal debe tramitarse ante esta Corporación y no ante otro tribunal de la jurisdicción.síntesis automática
También resuelve:¿Conforme al artículo 141 del CPACA, el medio de control idóneo para reclamar el incumplimiento y solicitar la liquidación judicial del convenio interadministrativo No. 2112 de 2013 es el de…¿El Invías y el municipio de San Pedro están legitimados en la causa por activa y por pasiva, respectivamente, por ser partes del convenio interadministrativo objeto de la litis?¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, en contratos que requieren liquidación, se cuenta a partir del vencimiento del plazo para liquidar el contrato…
¿Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
El contratista no puede interponer un medio de control de controversias contractuales si ha transcurrido el plazo de caducidad, que en este caso se computa desde el vencimiento del plazo para la liquidación bilateral del convenio interadministrativo, sin tener en cuenta el término de dos meses para la liquidación unilateral que no fue pactado expresamente en el convenio ni puede ser supletoriamente aplicado por el EGCAP. La caducidad del medio de control se configura si la demanda se presenta después del plazo establecido, sin importar si se ha agotado el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, salvo cuando quien demanda es una entidad pública. La Sala confirmó la sentencia que declaró probada la caducidad del medio de control, reiterando la importancia de cumplir rigurosamente con los plazos legales para el ejercicio de los recursos contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿La Sala es competente para conocer los recursos de apelación presentados en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo?¿El medio de control de controversias contractuales es el idóneo para perseguir la declaratoria de incumplimiento del convenio interadministrativo y su liquidación judicial?¿Los convenios y contratos interadministrativos son acuerdos suscritos entre entidades del Estado con diferencias que tienen implicaciones esenciales frente al régimen que les resulta aplicables y la…
¿Los contratos de concesión para la prestación del servicio público de aseo están sometidos al régimen del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública? Sí
El contratista no incluye la cláusula de reversión en contratos de concesión de servicios públicos, ya que estos no implican la explotación de bienes del Estado, sino la prestación de un servicio en un área de servicio exclusivo. Según el artículo 32 numeral 4 de la Ley 80 de 1993, la cláusula de reversión se aplica a la concesión de bienes, no a servicios públicos. En este caso, el contrato celebrado por la entidad territorial con Atesa para la prestación del servicio público de aseo no contempla la reversión, ya que la prestación del servicio no es monopolística y puede ser realizada por cualquier operador en un sistema de libre mercado. La entidad contratante debe evaluar la conveniencia de incluir la cláusula de reversión en función del valor presente neto del contrato, considerando que la prestación del servicio no implica la explotación de bienes estatales. La Sala reitera que la cláusula de reversión no es aplicable en contratos de concesión de servicios públicos, lo que implica que el contratista no está obligado a incluirla en dichos contratos.síntesis automática
También resuelve:¿En el contrato de concesión del servicio público de aseo se debe tener por incluida la cláusula de reversión?¿La amortización de sumas de dinero en el contrato debe ser expresamente pactada?¿La cláusula de reversión es de la esencia de todos los contratos de concesión?
¿La ausencia de salvedades o reclamaciones expresas por parte del contratista en los acuerdos modificatorios de un contrato estatal constituye un impedimento procesal o sustancial de base legal que derive en la improcedencia automática de futuras reclamaciones judiciales? No
La ausencia de salvedades o de reclamaciones expresas del contratista en los acuerdos modificatorios de un contrato estatal no constituye un impedimento procesal ni sustancial que haga improcedentes de manera automática las reclamaciones judiciales posteriores. La regla se sostiene en tres razones: el silencio de las partes al suscribir modificaciones no puede interpretarse como renuncia a reclamar, conforme a la unificación de la Sala Plena de 27 de julio de 2023, que superó el precedente que exigía la reserva expresa; el principio de buena fe no habilita al juez para crear requisitos de procedencia no previstos en la ley; y el juez debe examinar el contenido y el contexto de los acuerdos para determinar si regularon la diferencia económica reclamada. Por ello, la declaración de extemporaneidad con base en la ausencia de glosas constituye un error de juicio. La providencia de primera instancia se confirma en la parte que resolvió el fondo.síntesis automática
También resuelve:¿La suscripción de adiciones en valor y prórrogas en tiempo que guardan silencio sobre compensaciones económicas o que no contienen cláusulas de finiquito expreso…¿Para la procedencia del reconocimiento de perjuicios se debe examinar la acreditación de cada rubro reclamado a la luz del material probatorio aportado por quien lo reclama?¿Se acreditaron los perjuicios derivados de la ejecución de mayores cantidades y actividades diferenciales al objeto inicialmente pactado en el contrato?
¿Debe negarse el reconocimiento de sobrecostos y gastos por mayor permanencia en obra cuando las partes ya acordaron expresamente, mediante suspensiones, prórrogas y otrosíes, que dichos eventos no generarían pagos adicionales al precio pactado? Sí
El juez niega el reconocimiento judicial de sobrecostos y gastos por mayor permanencia en obra pública cuando las partes contratantes acuerdan expresamente, mediante actas de suspensión, prórrogas y otrosíes, que dichos eventos modificatorios no generarán pagos adicionales al precio inicialmente pactado. En este proceso de controversias contractuales, la decisión se fundamenta en los principios constitucionales de pacta sunt servanda y previsibilidad, así como en la rigurosa distribución del riesgo contractual establecida en la matriz negocial, distribuyendo las agencias en derecho entre los integrantes del consorcio según su exacto porcentaje de participación.síntesis automática
También resuelve:¿En los contratos estatales sometidos a un régimen especial distinto del general, el contratista posee un derecho implícito a la preservación del equilibrio económico del contrato…¿Debe imponerse condena en costas a la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación, fijando las agencias en derecho conforme a criterios objetivos y distribuyéndolas entre…
¿Es competente el Consejo de Estado para conocer del recurso de apelación interpuesto por ambos extremos procesales contra la sentencia proferida el 23 de julio de 2021 por el Tribunal Administrativo de Casanare? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por ambos extremos procesales contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, dado que el artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece su jurisdicción sobre controversias que involucran entidades públicas, como el INVIAS, y que superan la cuantía mínima legal para ser tramitados en segunda instancia. Además, la Sala reitera que en contratos que requieren liquidación, los términos de caducidad son los previstos en el artículo 164, numeral 2, literal j) del CPACA, lo que implica que la controversia debe surgir durante la vigencia del contrato y no haber sido solventada en sede administrativa, incluso después de la liquidación. Esto implica que la operabilidad de la caducidad varía según la naturaleza del contrato y las circunstancias posteriores a su ejecución y liquidación, protegiendo así la estabilidad de la relación contractual y la eficacia del medio de control de controversias contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿Los contratos de ejecución instantánea y aquellos que requieran liquidación tienen en común la previsión de que los respectivos contratos hayan terminado en el momento en que se pretenda demandar…¿La operabilidad de la caducidad es distinta cuando se trata de un contrato pasible de liquidación, el conflicto es relativo a obligaciones o situaciones posteriores a su ejecución…¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales se debe contabilizar a partir de la caída o derrumbe del puente Orquídea 1, evento ocurrido el 29 de octubre de 2019?
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de recurso de apelación presentado contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo, en un proceso de controversias contractuales que gira en torno a un contrato celebrado por el demandado Instituto de Desarrollo Urbano IDU? Sí
Cuando la controversia gira en torno a un contrato celebrado por un establecimiento público adscrito a un distrito, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente y, si se apela la sentencia de un tribunal administrativo, el Consejo de Estado conoce de la segunda instancia según la estimación de las pretensiones. La regla se apoya en tres razones: el artículo 104 del C.P.A.C.A. atribuye la competencia a la jurisdicción por el criterio orgánico de la entidad contratante; el artículo 150 del mismo código asigna a la corporación la apelación de las sentencias de los tribunales; y los artículos 152 y 157 fijan la cuantía con base en lo estimado en la demanda. En el caso, el contrato de interventoría fue celebrado por un instituto de desarrollo urbano y la corporación confirmó su competencia para la segunda instancia. El documento no indica que reitere, unifique o matice precedente; la consecuencia práctica es que la competencia en segunda instancia depende de la entidad contratante y de la cuantía estimada en la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar el desequilibrio económico del contrato de intervention…¿Las comunicaciones proferidas por la entidad contratante para dar respuesta al contratista respecto de su solicitud de restablecimiento del equilibrio económico del contrato son actos…¿El presunto daño sufrido por el contratista se debió a su propia conducta, pues suscribió varios negocios jurídicos (otrosíes y adiciones) sin dejar en ellos reclamaciones o salvedades fundadas en…
¿Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer del proceso en segunda instancia por razón de la cuantía? Sí
El contratista puede acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para solicitar la nulidad de un acto administrativo previo a la celebración del contrato y el consecuente restablecimiento del derecho, mientras que el medio de control de controversias contractuales es adecuado para cuestionar las actuaciones durante la ejecución y liquidación del contrato estatal, incluyendo la nulidad absoluta del mismo. El Consejo de Estado es competente para conocer del proceso en segunda instancia por razón de la cuantía, siempre y cuando ésta supere los umbrales establecidos por la Ley 1437 de 2011, lo que implica que los casos que superen dichos límites pueden ser revisados en dos instancias, garantizando una mayor seguridad jurídica y efectividad en la protección de los derechos de los contratistas.síntesis automática
También resuelve:¿Cuál es medio de control procedente de acuerdo con la fuente del daño y las pretensiones de la demanda?¿Procede la acumulación de pretensiones de controversias contractuales con las de nulidad y restablecimiento del derecho?¿Quienes se encuentran legitimados para promover las pretensiones contra el acto de adjudicación y frente a la nulidad absoluta del contrato?
¿La prestación de los servicios públicos domiciliarios se encuentra enmarcada en un régimen propio, específico y especializado, en el que se determinó que a los actos y a los contratos de los prestadores se les aplica el derecho privado? Sí
Los actos y los contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios se rigen, como regla general, por el derecho privado, pues la prestación de estos servicios está sometida a un régimen propio, específico y especializado que se separa del marco clásico de la función pública. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, la Ley 142 de 1994 definió un régimen de intervención, regulación y control de los servicios públicos domiciliarios que dota de autonomía a ese concepto frente a la función pública. Segundo, para resolver dificultades de interpretación o vacíos normativos la ley acude a sus principios generales sin distinguir si el prestador es público, privado o mixto, de modo que todos quedan sujetos en iguales condiciones. Tercero, el legislador excluyó de forma expresa la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública a estos prestadores, salvo que la ley disponga otra cosa, de modo que sus actos contractuales no contienen prerrogativas de poder público que den lugar a actos administrativos. La providencia unifica el criterio sobre el régimen aplicable; en la práctica, el derecho privado es la regla general y solo cede cuando la ley autoriza expresamente un ámbito normativo diverso.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta legalmente admisible que cuando una entidad estatal celebra un contrato que se rige por las normas del derecho privado, se pacten cláusulas cuya ejecución corresponda a una de ellas…¿Los actos unilaterales que emite una entidad estatal en desarrollo de contratos regidos por el derecho privado, como los proferidos por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios…¿Debe unificarse la jurisprudencia del Consejo de Estado para definir la naturaleza de los actos jurídicos adoptados por los prestadores de servicios públicos domiciliarios con motivo de su actividad…
¿Cuál es la naturaleza jurídica de la caducidad de la acción en el proceso contencioso administrativo? Sí
La caducidad de la acción es una figura de orden público que limita el tiempo en que se puede acceder a la jurisdicción, y constituye un presupuesto del derecho de acción que es invariable, irrenunciable, improrrogable e insubsanable, por lo que el juez debe verificarla al dictar sentencia. La regla se apoya en tres razones. Primera, la caducidad evita que las situaciones jurídicas controvertidas permanezcan indefinidas en el tiempo. Segunda, en los contratos la caducidad se computa desde la terminación del contrato si no requiere liquidación, o desde la suscripción de la liquidación si la requiere, y desde el vencimiento del plazo para liquidar, según el caso. Tercera, la Ley 446 de 1998 positivizó este criterio y fijó un término de dos años contados desde el día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que sirven de fundamento. En consecuencia, el juez debe examinar la caducidad como elemento esencial antes de decidir el fondo. El documento reitera la jurisprudencia sobre la naturaleza de la caducidad.síntesis automática
También resuelve:¿Cuáles son los términos para la liquidación del contrato estatal?¿La liquidación del contrato estatal determina el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales?¿La demanda fue presentada por fuera del término de dos años siguientes a la liquidación del contrato estatal?