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Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2022-08-10Sala Consulta y Servicio CivilOSCAR DARIO AMAYA NAVASRad. 11001030600020180003400CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿Para efectos de darle continuidad inmediata a la ejecución del citado Contrato de Consultoría 043 de 2013 y asegurar así la indispensable Auditoría a las Reclamaciones y Recobros que permanentemente formulan las IPS y las EPS por la prestación de sus servicios de salud, amén de las específicas particularidades de dicho Contrato, resulta válido que los montos de dinero que deban pagarse al Contratista se aseguren mediante los movimientos presupuestales que deba realizar ADRES, sin que para ello deba acudir a la figura de la ‘adición del valor del contrato’? No
No es válido que los montos de dinero que deban pagarse al contratista del contrato 043 de 2013, se aseguren mediante movimientos presupuestales sin acudir a la adición del contrato. En este contrato es irrelevante la forma en que fue pactado su valor (indeterminado pero determinable), pues la administración concretó el objeto contractual al fijar el plazo de ejecución sujeto a dos límites, el que ocurra primero: (i) un límite presupuestal, en donde el plazo va hasta el agotamiento de la disponibilidad presupuestal que ampara el valor del contrato, y (ii) un límite temporal (48 meses y 15 días contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio) en donde el plazo vence el 31 de diciembre de 2017.
También resuelve:¿En el caso concreto del Contrato de Consultoría 043 de 2013, tiene aplicación el límite cuantitativo que para la ‘adición del valor de los contratos’…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve si avoca para fines de unificación del artículo 271 CPACA2022-11-10Sección Tercera (Subsección C)GUILLERMO SANCHEZ LUQUERad. 05001233100019990215101ACCION CONTRACTUAL
¿Se avoca el conocimiento con el fin de unificar jurisprudencia en cuanto a los efectos que produce la ausencia de salvedades? Sí
El conocimiento es avocado con el fin de unificar jurisprudencia en cuanto a los efectos que produce la ausencia de salvedades cuando las partes pactan suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual o acuerdan contratos adicionales durante la ejecución del contrato estatal. La Sala ha identificado dos criterios jurisprudenciales en este sentido: una posición que sostiene que quien esté afectado por la alteración de las condiciones económicas del contrato debe consignar la reclamación o salvedad al momento de suscribir esos acuerdos, y otra que considera que la ausencia de salvedades no impide una decisión de fondo ni constituye un requisito para el reconocimiento de pretensiones, siempre y cuando se analice el acuerdo de las partes y su alcance para definir el litigio.síntesis automática
¿Se incumplió el contrato y se presentó desequilibrio económico del contrato originado por la mayor permanencia en la obra? No
El contratista no puede excusarse en dificultades financieras de la entidad contratante para no entregar la obra convenida, ya que el pago está supeditado al efectivo avance de la obra y el contratista debe asumir los costos asociados a la ejecución para luego exigir la debida contraprestación; en este caso, la entidad reconoció dificultades financieras, pero estas no alteraron el objeto contractual ni disminuyeron el tamaño del proyecto, por lo que el contratista no puede solicitar un restablecimiento de la ecuación económica del contrato que desconozca la solución acordada entre las partes, lo cual contraviene la buena fe y el respeto del acto propio. Además, la ausencia de salvedades en los documentos de prórroga del plazo no impide el análisis de los reclamos económicos de las partes, ya que no existe fundamento legal que imponga tal actuación como presupuesto para reclamar, y el silencio del contratista al momento de suscribir los documentos de prórroga no puede interpretarse como una renuncia tácita de su derecho a reclamar. En este caso, la Sala confirmó la sentencia de primera instancia y condenó a la parte demandante a asumir las costas procesales de la segunda instancia, incluidas las agencias en derecho.síntesis automática
También resuelve:¿La ausencia de salvedades cuando se pactan suspensiones o modificaciones del contrato, impide el análisis de los reclamos económicos de las partes?¿Procede la condena en costas en segunda instancia contra la parte demandante?
¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales, tratándose de contratos susceptibles de liquidación que no se liquidaron por las partes, inicia a contabilizarse a partir del vencimiento del plazo para hacerlo? Sí
El contratista no puede promover una acción de controversias contractuales después de que caduque el plazo para hacerlo, que comienza a contabilizarse a partir del vencimiento del plazo para liquidar el contrato, según dispone el artículo 136 numeral 10 del Código Contencioso Administrativo. Este plazo es ininterrumpido y no se ve afectado por la prolongación de las tratativas entre las partes para lograr un acuerdo para la liquidación del contrato, como lo establece la Ley 640 de 2001. La Sala reitera la importancia de cumplir con los plazos legales para la liquidación del contrato y la presentación de la demanda, lo que implica que cualquier acción presentada fuera de estos plazos será declarada extemporánea y, por lo tanto, caducará la acción de controversias contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción de controversias contractuales?¿La parte demandante está reclamando reconocimientos por fuera del contrato?
¿Está obligado el juez a valorar el fondo de las pretensiones formuladas en la demanda, aunque no se hubieren consignado salvedades contractuales durante la ejecución del contrato? Sí
El juez está obligado a valorar el fondo de las pretensiones formuladas en la demanda, incluso cuando no se hayan consignado salvedades contractuales durante la ejecución del contrato, ya que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha unificado la posición de que es necesario analizar las pretensiones presentadas, independientemente de la existencia de salvedades en los negocios jurídicos celebrados entre las partes. Esta nueva interpretación implica que el juez debe determinar el alcance de los acuerdos celebrados durante la ejecución del contrato para evaluar su relación con lo reclamado judicialmente, lo que modifica la obligación previa de consignar salvedades en otrosíes, prórrogas o adicionales.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta aplicable una sentencia de unificación jurisprudencial proferida con posterioridad a la sentencia de primera instancia y a la interposición del recurso de apelación?¿Tiene validez jurídica la renuncia de derechos realizada por un contratista en el marco de un contrato estatal, cuando dicha renuncia no ha sido impuesta ni condicionada?¿Tienen validez los acuerdos celebrados en el marco de un contrato estatal que establece la renuncia del contratista a la reclamación judicial?
¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción, considerando que, en casos de controversias contractuales, cuando se trata de contratos de ejecución sucesiva en el tiempo, como el de interventoría, se entiende que a la entidad estatal le es imponible o exigible como deber legal proceder con la liquidación, por lo que, el término de caducidad se debe computar desde de la terminación del plazo contractual, teniendo en cuenta sus respectivas adiciones? Sí
La entidad estatal es imponible como deber legal para proceder con la liquidación en contratos de ejecución sucesiva en el tiempo, como el de interventoría. Por lo tanto, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales debe computarse desde la terminación del plazo contractual, considerando sus respectivas adiciones. En el caso en estudio, el contrato terminó el 18 de septiembre de 2004, y el término de caducidad comenzó a contarse a partir del 19 de marzo de 2005, con una duración de 2 años, lo que significa que la demanda fue presentada fuera del plazo legal.síntesis automática
También resuelve:¿Para el cómputo de la caducidad de la acción de controversias contractuales, resulta aplicable el término de 20 años previsto en el artículo 55 de la Ley 80 de 1993?
¿Debe mantenerse el reconocimiento de perjuicios por mayor permanencia en obra cuando dicha situación fue regulada mediante modificaciones contractuales que contemplaron sus efectos económicos, ya que la parte demandante actúa como apelante único, lo que impide revocar lo concedido en primera instancia? Sí
El contratista no puede obtener indemnización por perjuicios adicionales derivados de una mayor permanencia en obra cuando dicha situación fue previamente regulada mediante modificaciones contractuales que contemplaron sus efectos económicos, especialmente si la entidad demandante actúa como apelante único, lo que impide revocar lo concedido en primera instancia. La Sala establece que las prórrogas y adiciones celebradas entre las partes, que regularon los efectos económicos de la mayor permanencia en obra, deben ser respetadas, evitando así desconocer los negocios jurídicos celebrados para superar dificultades durante la ejecución del contrato. Esta decisión modifica la jurisprudencia existente, reforzando la autonomía de la voluntad en la contratación estatal y la irrevocabilidad de la sentencia cuando hay apelante único, lo que implica que los valores reconocidos en primera instancia por estos conceptos deben mantenerse.síntesis automática
También resuelve:¿Vulnera la Superintendencia los derechos contractuales de la Unión Temporal al negarse al pago de las facturas por obras ejecutadas, con base en la expiración de la vigencia presupuestal…¿Resulta procedente modificar la liquidación judicial del contrato reconociendo un saldo a favor de la Unión Temporal por concepto de obras ejecutadas no pagadas…¿Impide la prosperidad parcial de los recursos de apelación en segunda instancia la imposición de condena en costas, conforme al artículo 188 del CPACA y al numeral 1 del artículo 365 del CGP?
¿Para que se reconozcan los gastos incurridos con ocasión de un contrato, debe demostrarse la existencia de una obligación de reconocer y pagar dichos gastos –cuyas fuentes pueden ser, entre otras, la responsabilidad patrimonial, el enriquecimiento sin causa o la excesiva onerosidad sobrevenida? Sí
El hecho de haber incurrido en gastos con ocasión de un contrato no conduce automáticamente a su reconocimiento y pago. Quien los reclama debe demostrar la existencia de una obligación de reconocerlos y pagarlos, cuya fuente puede ser la responsabilidad patrimonial, el enriquecimiento sin causa o la excesiva onerosidad sobrevenida. Esta regla se apoya en el artículo 1757 del Código Civil, que impone probar las obligaciones o su extinción a quien alega aquellas o esta. Por ello, la prueba de los desembolsos es insuficiente si no se acredita la fuente de la obligación. En el caso concreto las pruebas documentales aportadas no demostraron los gastos en que incurrieron los integrantes de la unión temporal con ocasión del contrato de prestación de servicios, porque esos gastos se reclamaban como consecuencia de otro concepto. Por ello la sentencia fue confirmada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la reclamación de gastos contractuales exige probar la obligación de pagarlos.síntesis automática
También resuelve:¿Las partes del contrato de prestación de servicios en ejercicio de su autonomía privada, acordaron realizar la modificación al contrato…¿A juicio del demandante, para la fecha de celebración del contrato de prestación de servicios la SAE debía contar con un Plan de Manejo Ambiental aprobado por Coralina?¿En la invitación a contratar se establecía que para la ejecución del objeto contractual debía aprobarse el Plan de Manejo Ambiental que estaba en elaboración por parte de un tercero?
¿Cuáles son los factores que determinan la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia respecto de asuntos relativos a controversias contractuales? Sí
La competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para conocer de una controversia contractual depende de dos factores que concurren en el caso: que sea parte una entidad pública, conforme al inciso segundo del artículo 104 del CPACA, y que el proceso tenga vocación de doble instancia por razón de la cuantía, según el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. La regla se apoya en dos razones. La primera es que la entidad territorial demandada participó en el contrato del otrosí, lo que activa la jurisdicción contencioso administrativa. La segunda es que la pretensión mayor excedía los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de presentación de la demanda. Como obiter dictum, la providencia advierte que la caducidad de la pretensión de nulidad de una resolución, declarada en la audiencia inicial y no apelada, quedó como cosa juzgada, de modo que la primera instancia no podía volver sobre ese punto. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Está facultado el juez de segunda instancia para pronunciarse sobre pretensiones decididas en curso de la audiencia inicial por vía de excepción pero decididas en la sentencia de primera instancia?¿Quiénes se encuentran legitimados en la causa por activa para demandar la nulidad absoluta del contrato estatal?¿Cuál es la oportunidad para formular pretensiones alusivas a la nulidad absoluta de la modificación contractual por vía de las controversias contractuales?
¿Prospera el cargo de apelación según el cual los otrosíes y adicionales al contrato no contemplaron el pago de cifra alguna de dinero al contratista en compensación por los problemas e imprevistos sufridos? No
Resulta claro que la estipulación de una contraprestación monetaria en favor de alguna de las partes de un litigio presente o futuro no es uno de los elementos o requisitos de la transacción. En consecuencia, no prospera el cargo del recurso de apelación según el cual los otrosíes y adicionales al contrato No. 5214792 de 2014 no “contempl[aron] [el] pago de cifra alguna de dinero al contratista en compensación por los problemas e imprevistos sufridos.”
También resuelve:¿Se probó la excepción de mérito de transacción por todos los valores causados antes del 14 de octubre y el 14 de noviembre de 2014?¿Los funcionarios y empleados judiciales deben ser diligentes en la sustanciación de los asuntos a su cargo, sin perjuicio de la calidad de los fallos que deban proferir conforme a la competencia que…¿El juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio?
¿Hay lugar a otorgarle efectos jurídicos a la denominada segunda adición y primera prórroga del contrato No. 15 de 2015 y por lo tanto a entender que el contrato estuvo vigente hasta diciembre del 2015, pese a no haber sido suscrita por la entidad por escrito? No
El contratista no puede obtener efectos jurídicos para la segunda adición y primera prórroga del contrato No. 15 de 2015, ya que no fue suscrita por la entidad estatal por escrito, lo que es requisito indispensable para el perfeccionamiento de contratos estatales y sus modificaciones, independientemente de que estén sometidos a un régimen contractual exceptuado del Estatuto General de Contratación. La Sala establece que los contratos estatales y sus modificaciones deben respetar los principios de publicidad y control fiscal, por lo que la existencia de contratos o modificaciones contractuales meramente consensuales no cumple con estos principios. La entidad estatal debe contar con el soporte documental que permita a los entes de control realizar efectivamente el control fiscal, por lo que la falta de firma por parte de la entidad implica que no se cumplió con las formalidades necesarias para que la adición y prórroga tuvieran efectos legales. Esta decisión reitera la necesidad de que los contratos estatales y sus modificaciones estén debidamente formalizados por escrito y suscritos por las partes, lo que implica que el contratista solo puede reclamar las prestaciones que se materializaron durante el plazo original del contrato, es decir, entre el 30 de marzo y el 30 de septiembre de 2015.síntesis automática
También resuelve:¿Los valores reclamados por la parte actora no están amparadas en contrato estatal alguno, y además no se encuentra plenamente acreditado el cumplimiento de los servicios presuntamente adeudados?¿Procede el reconocimiento de los servicios presuntamente prestados sin respaldo contractual y cobrados mediante las facturas 428, 432 y 433, a título de enriquecimiento sin justa causa?
El reconocimiento del valor total de un contrato de interventoría solo procede cuando el interventor acredita previamente que cumplió a cabalidad el acuerdo de voluntades que sustenta la pretensión, de modo que, si solo se prueba el impago de determinadas facturas, la condena se limita a ese incumplimiento parcial. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la pretensión de pago del valor total depende de un presupuesto previo, el cumplimiento de las obligaciones del contrato, que debe acreditarse antes de estudiar la reclamación completa. Segundo, cuando el único cargo que prospera es el impago de ciertas facturas, los demás reproches quedan desestimados y el alcance de la condena se circunscribe a las sumas adeudadas. La providencia modifica la sentencia apelada, declara el incumplimiento parcial de la entidad contratante frente al pago de esas facturas, reconoce el derecho al pago con intereses de mora y deniega las demás pretensiones; en la práctica, el interventor debe probar el cumplimiento de sus obligaciones para reclamar el valor total del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿El IDU actuó diligentemente respecto del interventor ante el incumplimiento del contrato de obra vigilado por aquel?¿El IDU incumplió la obligación de pago de las facturas de la fase de interventoría de estudios y diseños del contrato?¿El interventor incumplió las obligaciones de elaborar debidamente los informes de interventoría de la fase de construcción?
¿Cuál es el juez competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal dentro del medio de control de controversias contractuales? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por un Tribunal Administrativo en el marco del medio de control de controversias contractuales, siempre y cuando la cuantía del contrato lo imponga. La competencia del Consejo de Estado en segunda instancia se regula por la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), y se aplica a los casos en que una de las partes es una entidad territorial. Además, la Sala determina que la entidad pública incurre en incumplimiento del contrato cuando desatiende sus deberes de planeación, como en el caso de no disponer de los terrenos necesarios para la ejecución del contrato de obra pública. Asimismo, la omisión de las partes en plantear salvedades durante la ejecución del contrato no constituye un beneplácito en las omisiones de la administración, sino que debe analizarse en función de las circunstancias particulares del caso y la valoración probatoria. Estas decisiones reiteran y matizan precedentes sobre competencia judicial, incumplimiento contractual y valoración probatoria en contratación estatal, lo que implica una mayor precisión en la interpretación y aplicación de la normativa vigente.síntesis automática
También resuelve:¿Cuál es la pauta del conteo de la caducidad de la acción de controversias contractuales frente a un contrato liquidado bilateralmente bajo la vigencia del CCA?¿Incurre en incumplimiento del contrato la entidad pública que desatiende los deberes de planeación?¿La omisión de las partes en plantear las salvedades en la ejecución del contrato constituye un beneplácito en las omisiones de la administración?
¿El régimen jurídico del contrato es de derecho privado por tener relación con el desarrollo del objeto social de Ecopetrol? Sí
Los actos jurídicos, contratos y actuaciones necesarias para administrar y desarrollar el objeto social de una empresa industrial y comercial del Estado constituida como sociedad de economía mixta se rigen exclusivamente por el derecho privado, sin importar el porcentaje del aporte estatal en el capital. La regla se apoya en el artículo 6 de la Ley 1118 de 2006 y en la evolución normativa de la entidad, desde su creación por la Ley 165 de 1948 hasta su escisión mediante el Decreto 1760 de 2003, que la dejó como sociedad pública por acciones con capital totalmente estatal y regida por sus propios estatutos. Estos antecedentes muestran que el régimen privado opera como excepción aplicable a las actividades industriales y comerciales de la entidad. En el asunto, el contrato celebrado en 2015 se consideró regido por el derecho privado, y la Sala confirmó la decisión. En la práctica, las controversias sobre contratos de esa naturaleza se resuelven conforme al derecho privado y no según el régimen general de contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿El tribunal en primera instancia omitió pronunciarse respecto a las pretensiones de incumplimiento contractual derivadas de la ejecución del contrato?¿Se acreditó que la mayor permanencia de la obra fue una consecuencia del incumplimiento de la entidad demandada?¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
¿El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión? Sí
El juez de segunda instancia resuelve la apelación únicamente sobre los reparos concretos formulados por el apelante, sin perjuicio de pronunciarse de oficio sobre las cuestiones necesarias para decidir el mérito, como la caducidad, la falta de legitimación en la causa o la indebida escogencia de la acción. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el artículo 320 del Código General del Proceso, aplicable en segunda instancia por remisión del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, limita el objeto del recurso a los reparos concretos del apelante. Segunda, el artículo 328 del mismo código restringe la competencia del juez de segunda instancia a los argumentos expuestos por el apelante, salvo las decisiones oficiosas que la ley prevé. Tercera, los alegatos de conclusión no son la oportunidad para formular pretensiones ni plantear o reformular cargos del recurso, de modo que el cargo propuesto en esa etapa no se estudia. La providencia confirma la decisión y no analiza el cargo introducido en los alegatos. La consecuencia práctica es que los argumentos nuevos, incluidos los que se presentan en los alegatos de conclusión, no sustituyen los reparos del recurso de apelación.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales se interpuso dentro de la oportunidad prevista por la Ley?¿Los incumplimientos de las obligaciones contractuales que condujeron a la imposición de la multa desaparecieron debido a las modificaciones contractuales realizadas por las partes?¿El Tribunal se equivocó al valorar los testimonios practicados, o por valorar documentos que no fueron mencionados durante el procedimiento administrativo de imposición de la multa?
¿Al declarar el incumplimiento parcial del contrato, la Aerocivil actuó con desviación de poder, e incurrió en violación del principio de buena fe y la obligación de cooperación estipulada en el contrato, por no acceder a las solicitudes de prórroga necesarias para que el contratista cumpliera con el objeto contractual, al considerar que no era viable exceder la vigencia fiscal para la cual estaba presupuestado el pago de ese negocio jurídico? No
Para dar respuesta al primer problema jurídico planteado, corresponde a la Sala determinar si la Aerocivil actuó con desviación de poder, vulneró el principio de buena fe y faltó a la obligación de cooperación estipulada en el contrato, al declarar el incumplimiento parcial del contrato 1000097-OK-2010, a través de las resoluciones 06260 de 2012 y 0442 de 2013, sin haber accedido a las prórrogas requeridas y necesarias para que el contratista hubiera podido cumplir con el objeto contractual, bajo el argumento de que no era posible exceder la vigencia fiscal para la cual había sido presupuestado el pago del negocio jurídico.… En relación con el vicio de desviación de poder,… el demandante se limitó a argumentar que los actos demandados habrían sido expedidos con desviación de poder, o con ausencia o falsa motivación, porque el ente contratante no habría informado el inicio de dos procedimientos sancionatorios…
También resuelve:¿Las Resoluciones 06260 de 2012 y 0442 de 2013, con las cuales la Aerocivil declaró el incumplimiento parcial del contrato 1000097-OK-2010, impuso pena pecuniaria…¿En el procedimiento sancionatorio iniciado por la Aerocivil fue vulnerado el debido proceso por no garantizarse el derecho de contradicción y defensa del contratista…¿La liquidación del contrato estatal es una etapa que está destinada para que las partes acuerden los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y, si no se logra arreglo en ello…
¿Está probado que la mayor permanencia del contratista en obra por las suspensiones del contrato, hubiera generado un rompimiento del equilibrio económico del contrato por sobrecostos? No
El contratista que reclame sobrecostos por una mayor permanencia en obra debido a las suspensiones del contrato debe acreditar costos adicionales a los previstos en el contrato que efectivamente afecten su patrimonio, pues la sola presencia de personal, equipos y maquinaria en la obra no demuestra por sí misma el desequilibrio. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, cuando el contratista renuncia a los costos por el tiempo adicionado, solo pueden revisarse los sobrecostos causados después de agotado el plazo original y durante los periodos de suspensión. Segundo, los gastos que el contratista afronta por actividades connaturales a sus obligaciones no constituyen sobrecostos reclamables. Tercero, cuando las suspensiones tienen origen, en parte, en riesgos asignados al contratista según la matriz de riesgos del contrato, como la demora en el trámite de licencias ambientales, el reclamo no prospera. La providencia confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, el contratista debe demostrar costos efectivamente incurridos y ajenos a los riesgos que le fueron asignados.síntesis automática
También resuelve:¿El silencio de una de las partes, frente a las modificaciones o adiciones del contrato, constituye una renuncia automática e inmediata a la posibilidad de formular reclamaciones en un proceso…¿Conforme al principio de buena fe contractual, el juez debe abstenerse de pronunciarse sobre las estipulaciones acordadas por las partes en relación con las prórrogas del contrato…¿Para que la mayor permanencia en obra configure una ruptura del equilibrio financiero del contrato, es necesario acreditar un incumplimiento del contratante o la ocurrencia de un riesgo imprevisible…
¿Aunque se estableció en el pliego de condiciones y en el contrato de interventoría que la normativa que regía el negocio jurídico era la contenida en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y sus reformas, al contrato le aplicaba la Ley 142 de 1994 y el derecho privado por tratarse de un negocio jurídico celebrado por una entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios, por lo que, en consecuencia, en el sub lite no se puede emplear la teoría del desequilibrio económico del contrato? Sí
En el contrato de interventoría que regía servicios públicos, la normativa aplicable es la Ley 142 de 1994 y el derecho privado, aunque en el pliego y en el contrato se haya pactado el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 3 de la Ley 689 de 2001, somete los contratos de las empresas de servicios públicos al derecho privado, salvo las excepciones que la propia norma establece. Segunda, la cláusula de sujeción al estatuto general de contratación no altera el régimen legal que la ley impone a este tipo de contratos. En el caso, la providencia confirma que el contrato se rige por el régimen de servicios públicos y el derecho privado. En la práctica, la entidad que contrate un servicio público debe verificar el régimen legal aplicable antes de invocar el estatuto general de contratación para resolver las controversias.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó el incumplimiento del contrato de interventoría por parte de la sociedad Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.…¿Se acreditaron sobrecostos no cubiertos por la extensión del contrato de interventoría, que deban ser reconocidos a favor del contratista?¿En vigencia del CPACA y del Código General del Proceso, hay lugar a condenar en costas a quien se le resuelve de manera desfavorable el recurso de apelación?
¿Se configuró la excepción de cosa juzgada por identidad de partes, de objeto y de causa? Sí
El contratista no puede volver a plantear pretensiones que ya fueron objeto de pronunciamiento en un proceso anterior, configurándose la excepción de cosa juzgada por identidad de partes, de objeto y de causa, cuando en la sentencia previa se resolvió sobre el incumplimiento del contrato y los efectos de las adiciones y prórrogas sin salvedades, lo que implica que cualquier reclamación adicional o la liquidación judicial del contrato sin reconocimiento de sumas adicionales no puede ser revisada nuevamente. La Sala modifica la jurisprudencia existente al precisar que los efectos de la cosa juzgada no alcanzan a la pretensión de liquidación judicial del contrato ni a la de enriquecimiento sin causa, pero sí a las pretensiones relacionadas con el reconocimiento de sumas adicionales, lo que implica que en casos futuros, si se cumplen los requisitos de identidad, no se podrá repetir la discusión de las mismas cuestiones ya decididas.síntesis automática
También resuelve:¿Se confirma la decisión del a quo de liquidar el contrato sin saldo a favor ni a cargo de las partes?¿Cuando en una sentencia se ha resuelto sobre un todo del que forma parte la cosa materia de la nueva demanda, existirá sin duda identidad de objeto?¿Si las pretensiones formuladas en el presente caso y en el otro proceso fueron distintas, ello no puede ser motivo para descartar el requisito de identidad de objeto para la configuración de la…
¿Existen saldos a favor de alguna de las partes con ocasión de la ejecución del contrato de concesión que les generen saldo a favor? No
El contrato de concesión no permite la devolución de saldos a favor de ninguna de las partes durante su ejecución, salvo que las partes manifiesten estar a paz y salvo hasta una fecha específica, en la que se amplía el plazo del contrato. En este caso, el dictamen judicial no fue detallado y preciso, por lo que no tiene eficacia probatoria. Además, la parte demandante no puede desconocer sus actos propios al reclamar incumplimientos de obligaciones respecto de las cuales manifestó estar a paz y salvo. La renuncia del concesionario a cualquier acción judicial derivada del contrato en el acta de acuerdo también impide estudiar reclamaciones del demandante respecto a incumplimientos posteriores. Las entidades estatales están autorizadas para celebrar contratos que permitan la autonomía de la voluntad y se requieran para el cumplimiento de los fines estatales.síntesis automática
También resuelve:¿Las pretensiones no se ajustan a la buena fe contractual, pues lo que pretende el demandante es desconocer sus actos propios al reclamar el incumplimiento de obligaciones respecto de las cuales…¿Como el concesionario renunció a cualquier acción judicial derivada del contrato en el acta de acuerdo, tampoco es posible estudiar las reclamaciones del demandante respecto a posibles…¿Las entidades están autorizadas para celebrar los contratos y acuerdos que permita la autonomía de la voluntad y que se requieran para el cumplimiento de los fines estatales?