Titulación de la relatoría 15.690 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
APELACIÓN DE LA SENTENCIA / RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / REQUISITOS DE LA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / CARGA ARGUMENTATIVA DE LA IMPUGNACIÓN / CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO DE APELACIÓN / PRINCIPIO DE SUSTENTACIÓN SUFICIENTE / CARGA DE LAS PARTES EN LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA MATERIAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / PRINCIPIO DISPOSITIVO / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA
Problema jurídico:
¿La competencia del ad quem se circunscribe a las razones de inconformidad o juicios de reproche invocados por el apelante en relación con la situación creada por el fallo de primera instancia y, a los aspectos que estén íntimamente relacionados con ellos, de manera que la tarea de confrontación entre los argumentos del apelante y los aspectos de la decisión de primer grado, que son atacados por esta vía, es la que determina la competencia material del juez de segunda instancia?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como ha sido expuesto por esta Subsección, la ley impone al apelante la carga de atacar los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la providencia recurrida, no solo con base en que la decisión es contraria a sus intereses, sino bajo la exposición y sustentación de las razones por las cuales considera que lo fallado en primera instancia no corresponde en derecho a la decisión acertada, argumentos que, por tanto, delimitan el marco al que debe sujetarse el juez al revisar la sentencia recurrida. (...) De esta forma, conforme a lo dispuesto por el artículo 367 del CPC, la competencia del ad quem se circunscribe a las razones de inconformidad o juicios de reproche invocados por el apelante en relación con la situación creada por el fallo de primera instancia y a los aspectos que estén íntimamente relacionados con ellos, de manera que la tarea de confrontación entre los argumentos del apelante y los aspectos de la decisión de primer grado, que son atacados por esta vía, es la que determina la competencia material del juez de segunda instancia. (...) En el caso concreto, (...) sobre la verdadera disertación del Tribunal de primera instancia en relación con las razones que le llevaron a negar la pretensión de nulidad del acto de liquidación unilateral, la parte actora no sustentó bajo el recurso interpuesto verdaderos argumentos tendientes a desestimarlas, carga que no se satisface con la sola indicación de disenso frente a la providencia recurrida, con la solicitud de que se revoque la decisión, o con la simple reiteración de las razones expuestas en el curso de la primera instancia, como se presentó en el caso concreto, de manera que la Sala también se abstendrá de pronunciarse sobre el particular, atendiendo a la competencia del superior y a los principios dispositivo y de congruencia. (...) Como consecuencia de lo expuesto, la Sala solo se pronunciará respecto de la pretensión relativa a la declaratoria de nulidad del acto bilateral de terminación del contrato por cuenta de los vicios del consentimiento aducidos por la parte actora, donde en realidad confluyen los motivos de inconformidad de la sociedad demandante, previo análisis y definición del término la caducidad de la acción contractual para tal fin, y solamente, en la medida que la demanda se hubiere interpuesto oportunamente.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la competencia del juez de segunda instancia, consultar providencia de 9 de febrero de 2012, Exp. 21060, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 6 de abril de 2018, Exp. 46005, C.P. Danilo Rojas Betancourth; de 4 de marzo de 2022, Exp. 66390, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 20 de mayo de 2022, Exp. 53800, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 367
PRESUPUESTO PROCESAL / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / PODER OFICIOSO DEL JUEZ / DECLARACIÓN OFICIOSA DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES / RESOLUCIÓN DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES / COMPETENCIA DEL JUEZ / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
Problema jurídico:
¿Aun cuando la oportunidad de la acción no fue un asunto discutido en la primera instancia, ni en el recurso, el juez está facultado para pronunciarse respecto de todos los aspectos que, de conformidad con la ley, deben ser estudiados aún sin que medie petición de parte, asuntos dentro de los que se encuentra la caducidad de la acción?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]s importante recordar aun cuando la oportunidad de la acción no fue un asunto discutido en la primera instancia ni en el recurso, el juez está facultado para pronunciarse respecto de todos los aspectos que, de conformidad con la ley, deben ser estudiados aún sin que medie petición de parte. Dentro de estos aspectos se encuentran la caducidad de la acción, criterio ratificado en sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de esta Sección el 6 de abril de 2018 (...).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la posibilidad del juez de analizar los presupuestos procesales de la acción, consultar providencias de 6 de abril de 2018, Exp. 46005, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / DERECHO DE ACCIÓN / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CARGA DE LAS PARTES EN LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / INTERÉS GENERAL / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / PROTECCIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿La caducidad representa una figura jurídica de orden público que impone un límite máximo y perentorio dentro del cual se debe ejercer el derecho de acción, que busca garantizar la seguridad jurídica y proteger el interés general, que corre indefectiblemente y no se interrumpe, ni se suspende salvo determinados eventos, y que debe ser declarado de oficio por el juez ante su observancia en el proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisprudencia de esta Corporación ha explicado que la caducidad corresponde a una figura jurídica, de orden público, a través de la cual el legislador limita bajo parámetros razonables el espacio temporal en que toda persona puede acceder a la jurisdicción en ejercicio de su derecho de acción, evitando que las situaciones jurídicas respecto de las cuales exista una controversia permanezcan indefinidas en el tiempo; por tanto, una vez transcurrido el límite temporal dentro del cual es posible ejercer el derecho de acción, la caducidad opera como medio extintivo del mismo. (...) Es por ello que esta figura, como institución procesal de orden público, apunta a la protección de un interés general representado en la seguridad jurídica, la confianza legítima y el debido proceso, determinando que el derecho al acceso a la administración de justicia exige, a su vez, un ejercicio oportuno y diligente de la acción, por lo que en aquellos casos en que la misma se ha configurado, no puede iniciarse válidamente la causa judicial ante la pérdida de la facultad de acceder a la jurisdicción. (...) De esta forma, el fenómeno de la caducidad y su eventual configuración, corresponde a un presupuesto del derecho de acción, invariable, irrenunciable, improrrogable e insubsanable, sujeto únicamente a la ocurrencia del hecho definido en la ley y el consecuente paso del tiempo, y que, por tanto, es susceptible de ser analizado y advertido de oficio en la sentencia como verificación de un elemento esencial y preexistente para poder decidir el fondo del asunto, tal como es dispuesto por el artículo 164 del CCA aplicable al presente asunto.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el fenómeno jurídico de la caducidad, consultar providencias de 9 de mayo de 2012, Exp. 21906, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 7 de febrero de 2013, Exp. 0833-10, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; de 19 de julio de 2017, Exp. 57932, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; de 17 de agosto de 2017, Exp. 51667, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 164
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REGULACIÓN NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / PROCEDENCIA DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / TERMINACIÓN DEL CONTRATO / ACTO JURÍDICO BILATERAL / CONTRATO BILATERAL / NULIDAD RELATIVA / NULIDAD RELATIVA DEL CONTRATO ESTATAL / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA / VICIOS DEL CONSENTIMIENTO / VICIOS DEL CONTRATO / SOLICITUD DE NULIDAD / DECLARACIÓN OFICIOSA DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / PODER OFICIOSO DEL JUEZ / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / NORMATIVIDAD DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
Problema jurídico:
¿En los casos en los que se demanda la nulidad relativa del acto bilateral de terminación del contrato, como la derivada del vicio del consentimiento adquirido a partir de las conductas engañosas de la otra parte en la suscripción del negocio jurídico; el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales, debe iniciar a partir de la fecha de las modificaciones y no desde de la celebración del negocio jurídico primigenio, por lo, en el presente caso, verificado el cumplimiento del término legal, debe declararse de oficio la caducidad de la acción?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el caso concreto, si bien la parte actora solicita que se declare la nulidad de la terminación bilateral del contrato celebrada el 27 de febrero de 2007 por “falsa motivación”, como fundamento fáctico de esa pretensión explicó que accedió y concurrió a la terminación del negocio jurídico con ocasión de maniobras engañosas, por lo que del contenido y sentido de la demanda, sin duda, el fundamento de la anulación que se solicitó en la pretensión estudiada consiste en la alegada existencia de un vicio del consentimiento, a partir del cual, se habría constreñido y engañado a la Unión Temporal contratante para terminar anticipadamente el negocio jurídico. (...) Para resolver el cargo así considerado, es importante señalar que el contrato estatal puede ser objeto de adiciones o modificaciones posteriores acordadas por las partes, convenciones que corresponden a verdaderos negocios jurídicos cuya validez puede verse comprometida o afectada por vicios que configuran nulidad absoluta o relativa, tal como se predica en el caso concreto en relación con el acuerdo de voluntades en el que las partes dieron por terminado anticipadamente el contrato de concesión de servicios educativos. (...) En lo que respecta a la acción contractual en el caso concreto, y respecto de la pretensión estudiada, el artículo 136 del CCA, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, aplicable a los procesos iniciados a partir del 8 de julio de 1998 y hasta el 2 de julio de 2012 , conservó la premisa general que traía el Decreto 01 de 1984 desde su expedición, previendo que en las acciones relativas a contratos el plazo para demandar es de 2 años, “que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento”, con la adición, a renglón seguido, de un listado de eventos específicos sobre la forma de contabilizar dicho plazo. (...) En dicho listado, concretamente respecto de la pretensión de nulidad relativa del negocio jurídico, como ocurre en el caso concreto, donde se alega que el vicio radica en el consentimiento adquirido a partir de las conductas engañosas de la otra parte, el literal f) del numeral 10 del artículo 136 antes reseñado dicta que la demanda será oportuna si es presentada “dentro de los dos (2) años, contados a partir de su perfeccionamiento”; disposición que debe ser atendida al momento de hacer el cómputo de la caducidad en este asunto con fundamento en esa regla especial imperativa y de orden público, dispuesta además por el legislador en plena coherencia con el término de saneamiento de la nulidad relativa conforme a lo establecido por los artículos 46 de la Ley 80 de 1993 y 900 del CCo. (...) Ahora, en lo referente al perfeccionamiento del negocio jurídico viciado por nulidad relativa para efectos del cómputo del término de caducidad, cuando se incurre en el vicio con ocasión de una adición o modificación del contrato, como ocurre en el caso en que las partes deciden terminarlo, la caducidad deberá contarse en cuanto a esas modificaciones a partir de la fecha de las mismas y no a partir de la celebración del negocio jurídico primigenio, pues de aceptarse esto último se “desprotegería los intereses de la sociedad y del Estado en la transparencia de la gestión administrativa y de la observancia rigurosa del principio de legalidad”. (...) En el presente asunto, la terminación de común acuerdo del contrato fue celebrada el 27 de febrero del año 2007, de manera que la parte actora debía interponer la acción para pretender la nulidad relativa de ese negocio jurídico, a más tardar, el día 27 de febrero del año 2009; sin embargo, la demanda fue radicada el 16 de octubre de 2009, y, en consecuencia, fue extemporánea. (...) Finalmente, es importante indicar que aun cuando la parte actora también solicitó la nulidad del acto de liquidación unilateral del contrato, tal pretensión no tiene la entidad de variar el cómputo del término de caducidad de la específica y autónoma reclamación por nulidad relativa del acto bilateral de terminación, pues el legislador distinguió expresamente, entre diversos escenarios, que en este último caso específico el conteo de la caducidad debe realizarse desde el perfeccionamiento del negocio jurídico viciado. Por tanto, desconocer lo consagrado en esa premisa, dejaría sin contenido tal previsión sin fundamento jurídico alguno, especialmente cuando en el caso concreto los eventos aducidos por la parte actora como constitutivos de vicios del consentimiento -centrados en su voluntad de terminar el contrato- y su solución judicial -al generarse en un evento contractual consolidado y autónomo-, no pendía ni debía postergarse a la liquidación del contrato. (...) En tanto está acreditada la configuración de la caducidad de la acción respecto de la pretensión de nulidad relativa del acto de terminación bilateral del contrato, la Sala modificará parcialmente la providencia recurrida y la declarará probada de oficio, y de conformidad con lo expuesto al definir el objeto de la apelación, la confirmará en relación con la negatoria de las demás pretensiones de la demanda.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la caducidad de la acción de nulidad de los contratos estatales, consultar providencia de la Corte Constitucional, C-709 de 2001.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 900, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 46
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Expediente: 660012331000-2009-00181-01 (58063)
Demandante: Corporación Empresarial Nace S.A.
Demandado: Municipio de Dosquebradas
Acción: Controversias contractuales (Artículo 87 del CCA)
Asunto: Sentencia de segunda instancia
Surtido el trámite de ley sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
Se pide declarar (i) la n ulidad del acto bilateral de terminación y (ii) la nulidad del
acto de liquidación unilateral, así como (iii) la declaratoria de incumplimiento de la
entidad contratante. El contratista demandante afirma que los actos están viciados
de nulidad por ilegalidad y por falsa motivación, toda vez que la entidad se valió de
maniobras engañosas para que el contratista accediera a la terminación. Con
ocasión del incumplimiento sustentado en los mismos hechos, solicitó la
indemnización de los perjuicios causados.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la sentencia ya indicada , proferida el 7 de septiembre de
2015. En ésta, se negaron las súplicas de la demanda cuyas pretensiones, hechos
principales y fundamentos de derecho son los siguientes:
La demanda
2. El 16 de octubre de 2009 1, la sociedad Corporación Empresarial Nace S.A.
interpuso demanda 2 bajo la acción de controversias contractuales en contra del
Municipio de Dosquebradas, con el fin de que se declare que el ente territorial
incumplió el contrato No. 215 de 2006, así como la nulidad de los siguientes actos
derivados de éste por “ilegalidad y falsa motivación”:
(i) Acta del 27 de febrero de 2007, mediante la cual las partes terminaron de
común acuerdo el contrato.
(ii) Resolución No. 941 del 27 de septiembre de 2007, acto administrativo
mediante el cual la Entidad contratante liquidó unilateralmente el contrato, así como
1 Cuaderno No. 1, folios 49 y 50.
2 Cuaderno No. 1, folios 10 a 49.
Radicación: 660012331000-2009-00181-01 (58063)
Actor: Corporación Empresarial Nace S.A.
Demandado: Municipio de Dosquebradas
Referencia: Controversias contractuales
2
del acto administrativo que resolvió el recurso de reposición interpuesto en su contra
(Resolución No. 1277 del 19 de diciembre de 2007).
3. Como consecuencia de lo anterior, la parte actora solicitó el reconocimiento
y pago de los perjuicios causados por valor de ocho mil seiscientos cincuenta y un
millones novecientos sesenta y seis mil ochocientos cinco pesos (8.651.966.805)3.
4. El fundamento fáctico de la demanda es, en síntesis, el siguiente:
(i) El 18 de septiembre de 2006 se celebró entre la entidad demandada y la
Unión Temporal Proyectamos Colombia, conformada por la sociedad demandante
y la Corporación Educativa para la Tecnología y el Trabajo "Liceo Porvenir", el
contrato de concesión de servicios escolares No. 215 de 2006.
(ii) La ejecución del contrato inició el 21 de septiembre de 2006, según acta de
la misma fecha, a partir de lo cual, considerando lo avanzado del período lectivo, la
Unión Temporal contratista comenzó en coordinación con las autoridades
educativas involucradas los ajustes correspondientes a la modificación del
calendario escolar y la prestación del servicio, así como con los prelimina res para
la construcción de un nuevo Centro Educativo.
(iii) Afirma que posteriormente, la entidad contratante "en un acto de mala fe
contractual, por causas ajenas al contratista, insistió de distintas maneras con el fin de lograr
la terminación bilateral del contrato, a lo que se accedió a causa de maniobras engañosas,
que viciaron el consentimiento del Gerente de la Unión Temporal Proyectamos Colombia,
concluyéndose con la suscripción del acta sin No. de 27 de Febrero de 2007, falsamente
motivada, incurriendo en errores de hecho, dándose por terminado el contrato No.
215/2006, por mutuo acuerdo".
(iv) Las maniobras engañosas del municipio contratante, que en su concepto
determinan una falsa motivación, se describieron en los siguientes términos por la
demandante:
a) El municipio prometió cancelar el valor de la Tercera Acta,
correspondiente al mes de diciembre de 2006, pero retuvo su pago a fin
de que se accediera a la terminación bilateral del contrato. Suscrita la
terminación bilateral el contratista finalmente re cibió un cheque para el
pago del acta, pero éste resultó sin fondos y después se le dio orden de
no pago.
b) La entidad territorial se comprometió a pagar los servicios prestados en
los meses de febrero y marzo de 2007 dentro de los diez (10) días
siguientes a la firma del documento de terminación, pero no lo hizo.
c) Contribuyó también a viciar la voluntad de los contratistas, la acción penal
iniciada por la Fiscalía Ocho Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito
de Dosquebradas en contra de varias personas, entre las cuales se
encontraba el representante legal de la sociedad contratista, quien
resultó condenado mediante sentencia del 6 de agosto de 2009 -proferida
3 Cuaderno No. 1, folio 39.
Radicación: 660012331000-2009-00181-01 (58063)
Actor: Corporación Empresarial Nace S.A.
Demandado: Municipio de Dosquebradas
Referencia: Controversias contractuales
3
por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira - por el delito de
falsedad en documento público.
d) Se indujo al contratista a que constituyera una nueva Unión Temporal
incorporando como socios a los colegios contratistas directos que venían
prestando con el municipio el mismo servicio, para, bajo esa figura,
continuar prestando el servicio educativo con el ánimo de conjurar los
posibles perjuicios ocasionados por la terminación de la concesión. Si
bien el municipio abrió el proceso licitatorio y la nueva Unión Temporal
presentó propuesta, el municipio dio por terminado el proceso licitatorio
anticipadamente.
(v) Indicó que la entidad territorial incluyó en el acto bilateral de terminación,
como fundame ntos del mismo, la " existencia de cupos y aulas disponibles ", la
“imposibilidad de asumir costos de 3000 alumnos" y la “renuencia del contratista a seguir
con la ejecución ”, aseveraciones que a su juicio son falsas, toda vez que en el
proceso licitatorio se allegaron estudios previos y actualizados sobre los gravísimos
problemas educativos del municipio, además de lo cual, nunca se manifestó por
parte del contratista la intención de terminar el contrato, sino que, por el contrario,
adelantó las gestiones fi nancieras y logísticas necesarias para dar cumplimiento a
sus obligaciones contractuales. En tal sentido, insistió que la terminación del
contrato fue realmente producto de manipulaciones del ente contratante.
(vi) Explicó que, terminado el contrato y al no existir acuerdo entre las partes, el
municipio tomó la decisión de liquidarlo unilateralmente a través de la Resolución
941 del 27 de septiembre de 2007, decisión contra la cual se interpuso recurso de
reposición, resuelto mediante Resolución 1277 del 19 de diciembre de el mismo
año.
(vii) Finalmente, aseguró que el contratista incurrió en gastos por la suma de ocho
mil seiscientos cincuenta y un millones novecientos sesenta y seis mil ochocientos
cinco pesos ($8.651.966.805), los cuales no fueron compensados.
La admisión de la demanda y la defensa
5. Admitida la demanda 4 y notificado el auto admisorio 5, el Ministerio Público
guardó silencio y el Municipio de Dosquebradas 6 se opuso a la totalidad de las
pretensiones a partir de las excepciones que denominó: (i) convención o mutuo
acuerdo, (ii) buena fe en materia contractual, (iii) incorrecta formulación de
objeciones del acta de liquidación y (iv) enriquecimiento sin causa; ex cepciones
fundamentadas esencialmente en que:
(i) Los motivos invocados en el documento de terminación bilateral del contrato
obedecieron a los informes técnicos suministrados por los diferentes estamentos de
la administración municipal acerca de la realidad de la educación en el Municipio,
mas no en juicios de valor o apreciaciones como asegura el actor.
4 Auto del 20 de noviembre de 2008. Cuaderno No. 1, folios 52 y 53.
5 Cuaderno No. 1, folios 53 reverso y 56.
6 Cuaderno No. 1, folios 112 a 129.
Radicación: 660012331000-2009-00181-01 (58063)
Actor: Corporación Empresarial Nace S.A.
Demandado: Municipio de Dosquebradas
Referencia: Controversias contractuales
4
(ii) El municipio actuó a lo largo del proceso contractual con la debida
transparencia, ética y lealtad. Adicionalmente, no le es dable al actor argüir en esta
instancia una falsa motivación, casi tres años después de haber emitido su voluntad,
sin que en dicha oportunidad haya hecho reparo alguno respecto a la terminación
del contrato.
(iii) En la interposición de los recursos de ley frente al acto de liquidación
unilateral, el contratista no presentó de manera clara ni expresa razones de
inconformidad frente al balance final económico del contrato, sino que se limitó a
hacer afirmaciones que, de ninguna manera, desvirtuaron los hechos que dieron
lugar a la determinación.
(iv) No le asiste razón al demandante al reclamar unas altas sumas de dinero por
conceptos inexiste
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